MODULO 7 – PROCEDIMIENTOS VOLUNTARIOS

MODULO 7 – PROCEDIMIENTOS VOLUNTARIOS

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PROCEDIMIENTOS VOLUNTARIOS

 

 

JURISDICCIÓN VOLUNTARIA Y CONTENCIOSA

Se dice que la denominación  jurisdicción contenciosa  es la propiamente dicha, y se ejercita para la  composición de un conflicto cuando hay controversia, disputa o discusión y por ello se requiere la intervención del órgano jurisdiccional para componer el conflicto, mientras que la jurisdicción voluntaria se ejercita a solicitud de una o más personas para dar legalidad a una actuación o precisión a un derecho, sin que exista desacuerdo al hacer tal solicitud.

Por eso se dice  que la jurisdicción voluntaria es la serie de procedimientos judiciales seguidos    sin oposición de partes y en los cuales la decisión que el juez profiere no causa perjuicio a persona conocida.

 

1. CONTENIDO

La jurisdicción voluntaria  es de carácter documental, probatorio, fiscalizador.  Tiende a suplir una prueba, a dar notoriedad a un hecho, a requerir una demostración fácilmente accesible a todos.

En sentido estricto, en la jurisdicción voluntaria no se tiene partes, sino interesados. El peticionante o pretensor no pide nada contra nadie, porque frente a su petición no  tiene  ningún adversario, éste surge  cuando se opone a la pretensión del peticionante si se cree lesionado por esa pretensión  y así el procedimiento de voluntario se transforma en contencioso.

La resolución  que se dicta en esta clase de procesos siempre es bajo responsabilidad de quien hace la petición.  No hay  etapa  de conocimiento para averiguar la verdad,  por  lo tanto, el juez solo conoce  la verdad que le dicen los interesados, y se limita a la verificación  externa, unilateral, formal.

Diferencia Proceso: Contencioso – Voluntario

La diferencias más importantes entre  el proceso contenciosos y el procedimiento voluntario se presenta a través  de los siguientes cuadros:

 

 

 

2 Procedimientos  Voluntarios

Nuestra legislación  procesal señala los siguientes procedimientos  voluntarios en su art. 639:

 

La declaratoria de herederos.

La renuncia de herencia y la aceptación  con beneficio  de inventario.

La apertura, comprobación  y protocolización  de testamento.

Los inventarios.

La división  de herencia y de otros bienes comunes.

La mensura y deslinde.

La rendición de cuentas.

La  declaratoria de ausencia y presunción de muerte.

Los bienes vacantes y mostrencos.

La oferta de pago y consignación.

 

3. REGLAS  COMUNES A TODOS LOS PROCEDIMIENTOS VOLUNTARIOS.

 

3.1. Competencia

 

Son los jueces instructores en materia civil, quienes tienen competencia para conocer de los procedimientos voluntarios, mientras no resultaren contenciosos, así lo establecen los Arts. 177-3 de la Ley de Organización Judicial y 640 del C.P.C. excepto el de oferta de pago o consignación que debe plantearse según la cuantía.

 

3.2. Oposición

 

A través de la oposición que se suscite, el proceso voluntario se transforma, total o parcialmente en un proceso contencioso.

 

La oposición es el acto cuyo objeto consiste en que no se lleve a efecto lo que otros se proponen, vaya esto en perjuicio de uno mismo o de otro.

 

La oposición puede tener origen en le interés legítimo de uno de los interesados que se ve afectado por la pretensión extra contenciosa del peticionante o en una discrepancia entre los propios peticionarios.

 

La oposición puede consistir en el rechazo definitivo, total o parcial de la pretensión extra contenciosa o en la paralización temporal de ésta y a ello se refiere el Art. 641 del C.P.C. cuando dice: “el opositor se considera como demandado que hubiere opuesto excepciones, siempre que su oposición no importe reconvención…, etc.”.

 

Así configurada la oposición como excepción o reconvención, debe cumplir con los mismos requisitos de la pretensión contenciosa, en cuanto se refiere a su proponibilidad, admisibilidad y fundabilidad: sujetos, capacidad, legitimación y competencia; objeto: idóneo y posible, expuesto en términos claros y positivos; y causa Ej.: motivos de discrepancia. Cumplidos estos requisitos, la oposición sin perjuicio de la resolución final que corresponde a cada procedimiento, da lugar a la declaratoria de contención y según la cuantía o por disposición de la Ley, debe ser remitido al juez competente o continuar su tramitación como proceso contencioso en el mismo juzgado con el respectivo traslado de la oposición al demandante.

 

3.3. Resolución

 

En ésta clase de procesos voluntarios, las resoluciones son siempre de mera declaración no condenan ni constituyen nuevos derechos.

 

El juez da curso o niega la autorización o declaración con los elementos que tiene a la vista y en rigor no existe juzgamiento en sentido jurídico, por eso se dice que el pronunciamiento que se expide es de carácter documental, probatorio, fiscalizador. Siempre se expiden “sin perjuicio” de los derechos de terceros o “salvando los derechos” de éstos para un proceso posterior. Esta clase de procesos concluyen con auto definitivo que no hacen cosa juzgada, así hubieren sido confirmados por el superior, en caso de haber sido apelados.

 

3.4. Recursos

 

Considerando que en ésta clase de procedimientos el juez no juzga ni prejuzga y que las resoluciones que se dictan siempre pueden ser reconsideradas en otro proceso posterior, se plantea el problema de saber si contra estas resoluciones procede el recurso de apelación.

 

Ante la interrogante si éstas resoluciones pueden causar agravio, podemos responder que ésta posibilidad existe cuando la pretensión del peticionante es desechada. En consecuencia si no es procedente el recurso de apelación, la única posibilidad de enmendar ése agravio es el proceso posterior.

 

El recurso de apelación permite obtener una resolución de segundo grado, con menor desgaste de energía y costo y con mayor prontitud que a través del proceso posterior, por lo tanto no existe ningún óbice para admitir el recurso de apelación de éstas resoluciones.

 

El Código de Procedimiento Civil vigente no contiene disposiciones expresas al respecto, por lo que sobre la base a las consideraciones precedentes y tomando en cuenta que lo que no está prohibido está permitido (Art. 32 de la C.P.E.), fundado en el más amplio derecho de defensa y por el principio de economía procesal, se concluye que es procedente el recurso de apelación contra las resoluciones que dan por concluidos los procedimientos voluntarios siendo aplicable al caso lo dispuesto en el Art. 224-3) del C.P.C. y en el plazo de diez días (Art. 220-1) C.P.C.).

 

3.5. Procedimiento

 

Una vez establecidas las reglas comunes de ésta clase de procedimientos, se hace imposible señalar un solo procedimiento, por que tratándose de procedimientos especiales, cada uno de ellos tiene el propio y exclusivo.

 

Solo se tratarán algunos de ellos en consideración a que son tramitados con mas frecuencia.

 

4. PROCESO SUCESORIO

 

Partiendo del concepto que la sucesión es la transmisión de los derechos activos y pasivos que componen la herencia de una persona muerta, a la persona que sobrevive a la cual la ley o el testador llama para recibirla, se puede establecer que hay dos clases de sucesión: la sucesión legítima o ab-intestato y la testamentaria.

 

La primera se da cuando sólo es deferida por la ley y testamentaria cuando es deferida por la voluntad del hombre manifestada a través de un testamento válido.

 

La herencia también puede ser declarada vacante, cuando el causante no tuviese herederos y no hubiere dejado testamento (Art. 1111 del C.C.)

 

Este proceso tiene por objeto determinar el patrimonio transmisible y las personas que habrán de heredarlo.

 

La sucesión tiene lugar entre ascendientes, descendientes y cónyuge supérstite,  éstos continúan en la posesión de la herencia (Art. 1007 del C.C.), una vez producida la muerte del causante, sin ninguna formalidad ni intervención de los jueces.

 

Esto no excluye la necesidad de tramitar el respectivo proceso para transmitir los bienes que ha dejado el causante, pues la declaratoria judicial de herederos es requisito para inscribir los bienes registrables en los registros correspondientes.

 

4.1. Competencia

 

De acuerdo a las reglas establecidas en el Art. 10 del C.P.C. es competente el juez instructor en lo civil, del último domicilio del causante o donde se hallaren cualquiera de los bienes sucesorios.

 

SUCESIÓN AB – INTESTATO (Cap. II – Tít. IV – Libro Cuarto del C.P.C.)

 

4.2. Demanda

 

Este proceso podrá ser iniciado por cualquiera de los herederos y en cualquier tiempo. (Art. 642 del C.P.C.).

 

En la demanda se deben cumplir con todos los requisitos señalados en el Art. 643 del C.P.C.:

 

1) Presentar la partida de defunción del causante.

2) Adjuntar los documentos que acrediten el grado de parentesco de los demandantes con el causante.

3) El nombre o nombres de los otros coherederos que hubieren.

 

En el escrito se debe mencionar la fecha de defunción del causante y el vínculo de parentesco que les unía con el causante.

 

Para efectos de competencia se debe señalar el último domicilio del causante, se debe también exigir que se denuncien los bienes que forman la masa hereditaria, a los efectos del registro correspondiente. Todas las solicitudes serán acumuladas, para dictar una sola resolución (Art. 644 del C.P.C).

 

4. Resolución

 

De no existir ninguna observación a la demanda y presentadas las pruebas que se hizo mención precedentemente y una vez cumplidos estos requisitos citado el fiscal y el Organismo Protector del Menor (Defensoría de la Niñez) si se da el caso de menores de edad, el juez dictará la respectiva resolución mediante auto fundamentado, declarando herederos a quienes hubiesen acreditado su derecho. Se salvará los derechos de terceros y se resolverán la oposición u  oposiciones que se hubieren presentado (Art. 645 C.P.C.)

 

Dictada la resolución, notificados todos los interesados y pagado el impuesto sucesorio se procederá a la posesión de los herederos en los bienes denunciados como sucesorios. Todos estos actuados serán luego registrados en las respectivas oficinas de registro (DD. RR., Tránsito, etc.)

 

La fianza de resultas a que se refiere el Art. 647 del C.P.C. deben constituir los declarados herederos a favor de los que se creyeren perjudicados, para garantizar las resultas del proceso posterior, la misma que quedará extinguida si el proceso ordinario no es promovido dentro de 30 días de haberse constituido la fianza.

 

5. SUCESIÓN TESTAMENTARIA

 

Cuando el causante hubiese dejado testamento, según sea cerrado o abierto su apertura, comprobación o protocolización, están sujetos a trámites distintos según los señalan los Arts. 652 y siguientes, 659, 660 y 662 del C.P.C.

 

Si el testamento es cerrado, (Art. 1127 C.C.) presentada la demanda con los requisitos señalados en el Art. 652 del C.P.C. (interesado legítimo) al juez del lugar donde fue otorgado y con el certificado de defunción del testador, se convocará a audiencia con emplazamiento de los testigos, notario y persona en cuyo poder se hubiere depositado el pliego testamentario.

 

En la audiencia según lo establecido en el Art. 654, se deben cumplir las siguientes actuaciones: entrega de la cubierta conteniendo el pliego, reconocimiento de la misma, interrogar sobre las facultades mentales del testador y el reconocimiento de las firmas en el acta de la cubierta.

 

Esta declaración se hará bajo juramento o promesa de decir la verdad. Si alguno de los testigos testamentarios no pudiera comparecer por estar ausente o imposibilitado o en caso de haber muerto se comprobará sumariamente y en el mismo trámite si las firmas de los testigos ausentes o impedidos o de los que hubieren fallecido son o no las mismas que aparecen en el testamento y si ellos estuvieron en la fecha y lugar donde se otorgó el testamento. Realizada esta comprobación, se procederá a protocolizar los actuados en una notaría y se agregarán al expediente de comprobación. (Art. 1152 C.C.)

 

Cumplidas estas formalidades previas, se procederá a la apertura y se dará lectura por actuaría. Todo debe constar en acta que deberá ser firmada por el juez, notario y testigos e interesados que estuvieren presentes y quisieran hacerlo.

Inmediatamente después y en el mismo acto se dictará la resolución definitiva (auto definitivo) ordenando la protocolización del testamento y demás actuados en la Notaría de Fe Pública que la parte interesada ocurra (Art. 656 C.P.C.)

 

El procedimiento voluntario se declarará contencioso en los siguientes casos:

 

1. Si se alegare suplantación de la cubierta, alteración del acta labrada en ella, violación de sellos y cierres, o

2. No hubiera acuerdo en la declaración de los testigos sobre la cubierta si es o no la misma que fue o no entregada por el testador al notario, si la entrega fue personal y sobre alteraciones en la cubierta, si todos los testigos estuvieron y presenciaron la entrega del testamento, si suscribieron junto con el testador el acta, si el testador se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales, si sabían que la cubierta contenía el testamento o si dudan o no reconocen las firmas que aparecen en el acta de la cubierta y finalmente si el testador siendo mudo o sordo mudo no dejó constancia escrita que esa cubierta contenía su testamento. Presentada esta situación en el momento que es exhibida la cubierta el juez puede optar:

 

a) Si a su juicio lo alegado carece de fundamento, continuará con el procedimiento hasta dictar la resolución final.

b) Si se dieren algunas de las situaciones precedentemente señaladas y el juez encontrare justificadas las alegaciones, declarará contencioso el procedimiento y una vez notificadas las partes remitirá el expediente al juez de partido para que se de el trámite del proceso ordinario de conocimiento. En este caso no se procederá a la apertura.

 

Los procedimientos para la comprobación y protocolización de los demás testamentos, es similar con algunas variantes en cada caso; excepto el testamento abierto otorgado ante notario y testigos que no necesita comprobación (Art. 658, 659 y 660 del C.P.C.).

 

6. DIVISIÓN DE HERENCIA Y DE OTROS BIENES COMUNES

 

Dividir es partir, separar en partes, de ahí que se utilizarán estas dos denominaciones en forma indistinta.

 

La división es el acto jurídico por el que se concreta la transmisión hereditaria, asignando los bienes recibidos del causante, a cada uno de los herederos en correspondencia exacta a la descripción o la denominación y caracteres, de acuerdo con el inventario si fueren varios y cuantiosos o de otro modo en fracciones o lotes.

 

Bajo el principio que nadie está obligado a permanecer en indivisión (Art. 167 del C.C.), todo heredero o albacea o copropietaria, podrá pedir al juez la división de bienes hereditarios o comunes, acompañando el testamento o el inventario aprobado. Se puede prescindir del inventario si los bienes no son muchos o cuantiosos (Art. 1233 C.C.) y siempre que no exista impedimento en los casos que señalan los Arts. 1235, 1236, 1237, 1238 y 1241 del C.C.

 

6.1. Forma de la división

 

La partición puede ser hecha por el testador o sobre la base del testamento o inventario aprobado o de no ser necesario este, conforme a lo prescrito en los Arts. 671 y 692 del C.P.C.

 

Si todos los herederos están presentes y son capaces, se puede dividir la herencia en la forma que juzguen conveniente. En éste último caso puede ser extrajudicial y debe existir para ello unanimidad.

 

Otras legislaciones establecen que las particiones extrajudiciales deben ser en escritura pública.

 

La partición judicial es obligatoria cuando entre los herederos hay incapaces, salvo las concertaciones de sus representantes cuando es favorable a sus representados y siempre que el juez hubiere concedido autorización conforme al Código de Familia (Arts. 316 y 470).

 

También es obligatoria la división judicial cuando los herederos mayores y presentes, no se acuerdan en hacer la división privadamente.

 

En caso de la partición convencional, realizada ésta y acordada por unanimidad por los herederos o co-propietarios, la presentarán al juez para su aprobación, sin más trámite. Aprobada se protocolizará ante notario y se procederá a los respectivos registros si se trata de bienes registrables.

 

6. División judicial

 

Presentada la demanda, el juez debe designar al perito partidor, siempre que las partes no se hubieren puesto de acuerdo, y a falta del testamentario ordenará proceder a la partición solicitada con notificación de albacea, herederos o copropietarios, según sea el caso.

 

En la demanda se deben señalar los siguientes datos: Los bienes a dividir (individualizándolos con precisión) quienes son los herederos o copropietarios. (Se deben denunciar todos, Art. 679 C.P.C.) y proponer un perito conforme lo señala el Art. 380 – 4). Caso contrario la demanda debe ser observada para que en plazo prudencial (Ej. dos días) cumpla con estos requisitos, bajo apercibimiento de tener por no presentada la demanda.

 

Mediante resolución, el juez debe señalar al perito los siguientes puntos:

 

1) Entre quienes se debe hacer la división (Art. 679 del C.P.C.)

2) El cómo debe realizar la división una vez establecido el líquido partible.

 

Según testamento o de acuerdo a la calidad de heredero o la porción que le corresponde según el derecho que tienen en copropiedad. (Ej.: la porción que le corresponde como heredero o por derecho de representación). En caso de otros bienes comunes, si son 6 los propietarios, pero uno de ellos tiene mayor porcentaje el juez debe señalar, cuál es esa porción que le corresponde (Ej.: si el bien adquirido por 6 personas, uno tiene un cuarto del bien, mientras que los otros 5 son dueños de las tres cuartas partes, se debe señalar al perito que un cuarto se le debe asignar a X X y que las otras tres cuartas partes se dividan en 5 partes). Estos puntos de pericia desde un punto de vista jurídico los debe dar el juez y no dejar a la discrecionalidad del perito que sólo es un técnico.

PrÁctica

Una resolución elaborada en el Curso Inicial dejará claro lo expuesto:

 

Sucre, noviembre 20 de 2001

 

Se admite la demanda de partición de bienes hereditarios para ser tramitada de acuerdo a las normas establecidas en el Capítulo VI, Título IV, Libro Cuarto del Código de Procedimiento Civil.

Procédase a la división de inmueble que se indica en la demanda.

Cítese a todos los coherederos para que en el plazo de 48 horas manifiesten si están de acuerdo por el perito propuestos por el solicitante. En caso de silencio se tendrá por designado al propuesto en la demanda en la persona del Arq. Leopoldo Villa… (Individualizar conforme al Art. 380 –4) a quien se notificará para su aceptación y juramento. El perito debe realizar la división del siguiente bien inmueble: una casa y terreno de 9000 metros cuadrados situada en …………………. etc. para cuyo efecto se señalan los siguientes puntos de pericia:

1) Indicar la superficie total del terreno y construcciones con indicación de colindancias.

2) Si admite cómoda división según normas administrativas.

3) Tratándose de un bien ganancial, se debe asignar a la cónyuge supérstite (Dña. ………………………) el 50% del bien.

El otro 50% debe ser dividido entre la viuda, sus cuatro hijos y los tres herederos del hijo premuerto. Es decir en seis partes iguales. El 1/6 del hijo premuerto Juaquín Almazán debe ser dividido entre sus tres hijos Oscar, Pedro y Luis Almazán.

4) Se debe adjuntar plano de división.

El informe se debe presentar en el plazo de 5 días.

Otrosí: ………………………..

Al otrosí: ……………………. etc.

 

 

Firm. Juez Ante mí: Actuario

 

 

Por lo tanto se deben establecer las porciones proporcionales a las cuotas respectivas, según cuántos sean lo herederos (Art. 1247 C.C.).

 

3) Que se evite el fraccionamiento de bibliotecas, museos y colecciones similares que tengan importancia histórica, artística o científica (Art. 1247-2 del C.C.).

4) Se indique si hay bienes indivisibles o que no admiten cómoda división

5) La compensaciones que sean necesarias

 

Una vez cumplido el trabajo por el perito partidor y presentado al juez, ilustrado con el plano en el caso de inmuebles, el juez deberá decretar en conocimiento de partes por un plazo que no debe ser mayor a los cinco días para que sea hagan o pidan aclaraciones, explicaciones o complementaciones. Vencido éste plazo y realizada éstas explicaciones o complementaciones, se deberá señalar audiencia para el sorteo del orden y de los lotes o hijuelas. Se puede prescindir del sorteo si hay acuerdo con la asignación por el perito por las partes, en cuyo caso se aprobará la división mediante auto definitivo, ordenándose su protocolización en una notaría de fe pública.

 

Esta aprobación sin sorteo, no podrá darse aun existiendo acuerdo con las asignaciones de lotes si hay menores o incapaces (Art. 673-2 del C.P.C.).

 

En caso de existir bienes indivisibles se iniciará el trámite del remate con el correspondiente avalúo y publicaciones de avisos para distribuir también proporcionalmente entre los herederos o copropietarios, el producto del remate (Art. 676 C.P.C.).

 

Con el registro correspondiente quedará concluido éste procedimiento (Art. 675 del C.P.C.).

 

El procedimiento de división debe concluir en la forma ya prevista, aun exista oposición, por que la resolución es sin perjuicio del derecho, que se pudieran alegar (Art. 680 del C.P.C.). Siendo además irreclamables las particiones realizadas conforme a la Ley y si han transcurrido 8 días desde la aprobación, excepto los casos de denuncia o lesión, dolo o fraude que abren la posibilidad de ser revisados en un proceso ordinario posterior (Art. 676 C.P.C.).

 

7. MENSURA Y DESLINDE Y AMOJONAMIENTO

 

Para el desarrollo de este módulo se hace necesarios tener claro los siguientes conceptos:

 

7.1. MENSURA

 

Es la operación técnica que tiene por objeto la ubicación del título sobre el terreno trazando su forma geométrica en un plano, quedando la expresión gráfica de las indicaciones contenidas en el título, para comprobar si la superficie poseída es la indicada y determinada.

Es la acción de medir y comprobar la exacta superficie.

Típicamente voluntario, no implica la existencia de conflicto alguno con los propietarios colindantes.

Puede haber mensura sin deslinde.

Es a título informativo.

 

7.2. DESLINDE

 

Es el acto por el cual, mediante mensura de dos propiedades contiguas, cuyos límites se hallan confundidos, se establece la línea divisoria entre ellas.

Operación técnica de agrimensura consistente en señalar los límites.

Implica la existencia de conflicto.

No puede haber deslinde sin mensura.

Fija definitivamente la línea de separación de las colindancias.

 

7.3. AMOJONAMIENTO

 

Es el hecho de colocar señales en la línea de separación, una vez efectuado el deslinde.

Colocación de señales (hitos y mojones) para determinar materialmente esos límites.

Puede hacerse por acuerdo de los propietarios o por un juicio de mensura, deslinde o amojonamiento.

 

 

7.4. Procedencia.

 

Art. 682(Demanda) Cuando un propietario considere necesario aclarar en todo o

parte los linderos de su propiedad rústica o urbana no edificada, se presentará al juez con los títulos correspondientes, pidiendo recorrer sus términos y restablecer

los mojones en su caso.

 

Art. 683 (Admisión y señalamiento de audiencia) El juez admitirá la demanda señalando día y  hora para la audiencia con citación del colindante o colindantes indicados por el demandante.

 

1.- Cuando los terrenos colindantes son contiguos. No separados

 

2.- Los límites están confundidos Porque nunca se estableció la línea divisoria Por haber desaparecido los mojones cercos o  piedras

 

3.- Cuando los  fondos pertenecen a distintos propietarios (fondos rústicos)

 

7.5. Finalidad.

 

1.- Que los límites confusos se investiguen.       Estudios  de títulos de ambas propiedades

Mensura de cada propiedad

 

2.-Que se demarquen los Límites colocándose mojones u otras señales

 

7.6. Caracteres.

 

Es una  Acción Real.- Su objeto es determinar los límites del dominio de cada propiedad.

 

Es una Acción Petitoria.- Se discute el derecho a los linderos, a la propiedad, no la posesión.

 

Es imprescriptible.- Se funda en condominio

 

7.7. Iniciación del Procedimiento

 

La acción se inicia con la demanda que presenta el propietario, las misma que debe reunir los requisitos señalados para las demandas en general y en todo lo que sea pertinente, pues las exigencias no son las mismas que para un proceso de conocimiento (Art. 682 C.P.C.). Se debe indicar en forma expresa cuál o cuáles límites se pretende establecer o restablecer y presentar escritura de propiedad.

 

7. Procedimiento

 

Admitida la demanda y sin necesidad de traslado, se debe señalar día y hora de audiencia con citación del o los colindantes indicados por el peticionante. Se debe prevenir que asistan al acto con sus respectivos títulos de propiedad.

 

En la audiencia, de acuerdo a la finalidad que tiene se deben cumplir las siguientes actuaciones:

1.- Se dará lectura a los títulos de propiedad que fueren exhibidos por los interesados citados;

2.- Se escuchará a cada uno de ellos por su orden pero sobre aspectos que sean pertinentes al objeto de la audiencia;

3.-Luego se procederá al recorrido y fijación de linderos o restablecimiento de mojones, si esta operación resulta posible por la información que se tiene hasta ese momento;

4.- Si esta operación no es posible, en el mismo acto de audiencia el juez debe nombrar un perito de oficio para que practique la respectiva mensura, si es necesario de ambos inmuebles o de los inmuebles entre los cuales se realizará el deslinde, se otorgará plazo al perito y se fijará nueva audiencia;

5.- En esta segunda audiencia ya asistido del perito, el juez procederá a fijar la línea divisoria entre las propiedades y colocará los mojones.

 

En acta debe constar por dónde pasa la línea divisoria, señalando referencias, distancias, dirección, etc., no siendo suficiente el sólo informe del perito porque la operación la realiza el juez en audiencia, y de todo lo actuado en ella debe quedar constancia en acta circunstanciada.

 

Se hace necesario dejar la práctica viciosa y dilatoria de señalar audiencias sin ningún resultado y de manera inoficiosa.

 

Si en la primera audiencia no es posible realizar el deslinde, en la segunda esta operación debe ser efectiva, sólo depende del interés y la dirección del Juez.

 

Concluida la operación, aún exista oposición, se debe aprobar el deslinde realizado en audiencia y tales actuados, acta y auto de aprobación – formarán parte de los títulos de propiedad.

 

Los derechos del oposicionista podrán ser objeto de un proceso contencioso. El principio de inmediación en este caso permite la solución pronta y oportuna del caso.

 

8. RENDICIÓN DE CUENTAS

 

8.1. Concepto:

 

Es la obligación que contrae quien ha administrado bienes o quien ha gestionado negocios ajenos.

 

Esta obligación consiste en prestarle al dueño o copropietario de los bienes o intereses administrados o gestionados, una exposición detallada y documentada del trabajo realizado o de las operaciones realizadas y en su caso establecer el saldo deudor o acreedor resultante en contra o a favor del administrador o gestor (Arts. 687 y 689 C.P.C.)

 

8.2. Procedimiento

 

Este procedimiento, cuyo trámite propio y exclusivo está señalado en el Capítulo VIII, Título IV del Libro Cuarto del Código de Procedimiento Civil, está integrado por dos etapas, a las cuales se agrega, eventualmente una tercera.

 

La primera está exclusivamente destinada a establecer la existencia o inexistencia de la obligación de rendir cuentas. Esta comprobación la hace el mismo juez a tiempo de analizar la demanda y la prueba presentada junto a otros requisitos y presupuestos de la solicitud.

 

Superada esta etapa, se tiene la segunda que tiene por objeto la presentación de las cuentas, su justificación y formulación de eventuales impugnaciones concluyendo con la resolución que aprueba las cuentas en tanto se las repute exactas y determinando en su caso, el monto del saldo activo.

 

Esta etapa que es casi simultánea a la primera continúa con la admisión de la demanda, dándose traslado al obligado para que en el plazo de 8 días del emplazamiento, presente las cuentas en términos claros y precisos, acompañando además la documentación pertinente.

 

Nuestra legislación es deficiente respecto al cómo deben ser presentadas las cuentas y eso hace necesario dejar sentado cuándo existe una verdadera rendición de cuentas.

 

Esta no se halla sujeta a fórmulas sacramentales, pero debe contener en forma clara y precisa, las explicaciones y referencias que sean necesarias para ilustrar acerca del procedimiento utilizado y del resultado obtenido en cada operación o gestión, por lo tanto ésta debe ser descriptiva. Es más el cuentadante debe acompañar los comprobantes de cada una de las operaciones efectuadas. Ej. En una rendición de cuentas donde el dueño del negocio ha encomendado la venta de lotes de terreno y pago de los costos de transferencia, se debe indicar en forma expresa, el precio de venta de cada lote de terreno más el documento donde conste el precio de cada una de esas ventas. Los gastos por pago de impuestos, papel sellado, plano, aprobación de plano, etc. Luego se debe establecer cuál es el saldo. Los gastos deben estar respaldados por los respectivos valores o comprobantes de pago, en su caso facturas, debiendo señalar la foja donde se encuentra cada comprobante.

 

Hay casos en los cuales no se acostumbra a pedir recibos, esa partida puede tenerse por justificada si fuere razonable y verosímil.

 

En la práctica se presenta como rendición de cuentas un memorial que dice “presento rendición de cuentas con la documentación adjunta”. Esta forma de presentar cuentas, no es tal y por lo tanto,  se debe inmediatamente, sin traslado a la otra parte tener por no presentadas las cuentas.

 

Presentadas las cuentas en la forma ya descrita, lo que corresponde es dar traslado al peticionante por el plazo de 8 días. (art. 690 C.P.C.).

 

El peticionante puede asumir las siguientes actitudes:

 

a) Dar su conformidad o no realizar observaciones a las cuentas presentadas, en el plazo concedido, en cuyo caso el juez debe aprobar las cuentas, estableciendo si hay o no saldo. Porque de existir este saldo, se da lugar a la tercera etapa del proceso, cual es el cobro de ese saldo por el procedimiento de ejecución de sentencias.

b) Que el demandante encuentre y denuncie errores de cálculo aritmético o de guarismo en las cuentas presentadas.  En este caso se ordenará su rectificación por un perito nombrado de oficio. Ya rectificadas las cuentas por el perito y luego de poner en conocimiento de los interesados, sin más trámite se dictará resolución aprobando las cuentas, estableciendo en su caso saldos y si el caso amerita, abrir la tercera etapa para el cobro.

 

Si la observación realizada es aceptada por el demandado, se hace innecesaria la rectificación por perito.

 

c) Alegar ilegitimidad o falsedad de alguna partida de cargo o descargo. En este caso, se declarará contencioso el procedimiento para tramitar el proceso por la vía ordinaria ante juez de partido, porque no existe cuantía y por lo tanto es de su competencia (Art. 134 –2) L.O.J.).

 

8.3. Declaratoria de contención  (Art.  693 C.P.C)

 

Dos son los casos y momentos en los que se pueden suscitar contención y por lo tanto dar por concluido el procedimiento voluntario; para continuar el proceso por vía contenciosa:

1) Si presentada la demanda o mejor solicitud, el supuesto obligado probara que no está obligado a rendir cuentas.

2) Presentada la rendición de cuentas, el demandante alegará ilegitimidad o falsedad de alguna partida de cargo o descargo.

 

8. Resolución Final.-   Contenido

 

La resolución final puede ser: a) Aprobando las cuentas cuando no han sido impugnadas o estas son declaradas inadmisibles o no acreditadas;  b) Aprobándolas en forma parcial si han prosperado una o mas impugnaciones y  c)  Rechazándolas. En el primer supuesto la resolución también debe contener condena al pago del saldo activo.

 

9. Oferta de pago y Consignación

 

9.1. Concepto.-

 

Este procedimiento de jurisdicción voluntaria es uno de los medios de extinción de las obligaciones y por lo tanto regulado por el Código Civil, según lo establece el mismo art. 706 del C.P.C.(Art. 351C.C.)

 

La oferta de pago seguida de consignación que es liberatoria, está prevista como un medio sustitutivo del pago para los casos siguientes:

 

a) Si el acreedor a quien se hiciere el ofrecimiento de pago se negare sin razón o rehusare recibir el pago que se le ofrece, o

 

b) Habiendo sido intimado no se presentare a recibir las cosas ofrecidas, el deudor quedará libre de responsabilidad mediante la consignación de la cosa debida.

 

Igual efecto tendrá la oferta y consignación que se hace estando el acreedor ausente o cuando esté incapacitado para recibir el pago en el momento que deban hacerse.

 

Falta de coordinación sobre este tema entre el Código Civil y su procedimiento, el Código Civil trata a la oferta y consignación como distintos periodos de un mismo proceso, mientras que su procedimiento lo trata todo en un sólo periodo, haciendo necesario realizar la compatibilización de ambas disposiciones legales conforme lo señala la ley misma.

 

9.2. Presupuestos.-  (art.  329 y 332 C.C)

 

Son presupuestos de esta forma de oferta y consignación:

 

1. Que la oferta se haga a acreedor capaz de recibir o quién lo represente o este autorizado a recibir el pago y por persona capaz de cumplir válidamente.  (art. 329 – 1 y 2 C.C.).

 

2. Que se hubiere hecho ofrecimiento de pago al acreedor y éste se negare sin razón, a admitirlo. (art.  331 C.C).

 

3. Que la oferta sea legalmente notificada al acreedor intimándole con señalamiento de lugar, día y lugar donde se depositará la cosa  (art. 332 – 1 C. C. ).

 

4. Que la oferta y consignación se ajuste estrictamente a las disposiciones que regulan el pago. Es decir que comprenda la totalidad de la suma adeudada o de las cosas debidas, frutos o intereses, gastos líquidos y una suma suficiente para los no líquidos, con protesta del suplemento de ser necesario y sean entregadas, puestas a disposición del acreedor en el lugar que señale la ley o en su defecto el juez. (art. 329 – 3) y 332 – 2) del C.C.)

 

9.3. Procedimiento

 

La oferta de pago y consignación debe ser real, no de palabra, debe ser efectiva, es decir depositar el dinero y acreditar ese depósito con el respectivo comprobante; depositar las cosas y acreditar con el acta respectiva ese depósito, etc., que ese depósito de las cosas debidas se ponga a disposición de la autoridad ante quien se debe acreditar el ofrecimiento y el anuncio de la consignación. (art.  330  y 338 C.C.  y  708 C.P.C.).

 

Presentada la demanda ante el juez de la cuantía, con los requisitos para aquella, según lo establecido en el art. 707 del C.P.C. el juez le dará el trámite del proceso sumario.

 

Mediante providencia el juez debe disponer el traslado al acreedor y:

 

a. Si se trata de deuda de dinero, tenerlo por consignado.

b. Si fuere oferta de cosa cierta y determinada, señalar día y hora de audiencia para que se presente el acreedor a recibir las cosas depositadas en calidad de oferta y consignadas.  En su caso proceder a la entrega.

 

Cumplidos estos trámites, hubiere o no contestación a la demanda, el juez dictará resolución declarando válida la oferta de pago y consignación o rechazándola, aplicando en cada caso las disposiciones del Código Civil. (Art.  711 del C.P.C.)

 

Mientras el acreedor no acepta la oferta y consignación o aún no hubiere recaído la declaración judicial dándola por válida por estar bien hechas, podrá el deudor retirar el depósito consignado o cosa, dejando subsistente la obligación. (art. 335 C.C.).

 

La Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en numerosos autos ha sentado jurisprudencia en sentido que este proceso se debe tramitar en proceso sumario de conocimiento, observando las previsiones de los Arts. 478 y siguientes del C.P.C., contemplando los pasos previstos para el proceso de conocimiento, pero sacrificando algunas solemnidades en beneficio de la mayor brevedad.

 

La docente del Área de Civil del Instituto de la Judicatura de Bolivia, Juez de Partido del Distrito de Tarija, no comparte este criterio y considera que se hace necesario hacer una interpretación lógica sistemática de los Arts. 707 y 711 del C.P.C., sin perder de vista la naturaleza jurídica de los procedimientos de jurisdicción voluntaria y la finalidad especial, de este procedimiento específico, y en forma muy breve se exponen los argumentos que permiten opinar el por qué este procedimiento no debe ser tramitado como un sumario de conocimiento:

 

c) Que el art. 707 del Código Procesal se remita al proceso sumario no significa que sea precisamente al sumario de conocimiento, hay procesos sumarios especiales. La disposición legal no dice “sumario de conocimiento”. Sumario significa breve, resumido, compendiado. Es el nombre de ciertos juicios en que se prescinde de algunas formalidades y se tramitan con mayor rapidez.

 

d) En el proceso sumario de conocimiento se pueden admitir todos los medios de defensa que no son propios del voluntario, admitirlos daría lugar a desnaturalizar el procedimiento voluntario, tal es el caso de la reconvención que es inadmisible en el voluntario pero es procedente en el proceso sumario de conocimiento.

 

e) En el proceso voluntario es admisible la oposición si el “demandado” no acepta o se opone a la oferta con posibilidad de convertir el proceso en contencioso para resolver el conflicto, normalmente a través de sentencia. Si el proceso de oferta de pago y consignación se tramita como sumario de conocimiento deberá concluir con sentencia y si se dá el caso de oposición y se tramita como contencioso, se dictará otra sentencia?.

 

f) Si se tramita como proceso sumario de conocimiento se debe calificar el proceso como de puro derecho o de hecho si existen puntos de hecho contradictorios que necesitan prueba. Si se dan estos puntos de hecho contradictorios, acaso el voluntario no se convierte en contencioso?.

 

g) La apertura del término probatorio es una etapa de conocimiento para averiguar la verdad, situación que se daría si se tramita el proceso como sumario del conocimiento. Esta etapa acaso es propia de un proceso voluntario que no tiene por objeto averiguar la verdad, sino resolver en base a la verdad afirmada por los interesados?

 

h) Finalmente, el art. 711 del C.P.C. señala textualmente: “con la contestación a la demanda o sin ella y realizadas o no las audiencias previstas, el juez dictará resolución declarando válida la oferta de pago y consignación o rechazándola…… etc.”

 

Considero que este es el procedimiento sumario que debe dar al proceso voluntario, sin etapa de conocimiento, el juez debe resolver en mérito a la prueba presentada con los escritos de demanda y contestación y sobre la verdad afirmada por las partes, tal como corresponde a esta clase de procedimientos como se ha caracterizado al inicio de este texto.

 

Todos los demás aspectos que puedan surgir de la controversia por oposición del demandado deberán ser objeto del proceso contencioso.

 

Un sumario especial, sin desnaturalizar el procedimiento voluntario que tiene características propias y diferentes a los procesos de conocimiento, es el que corresponde a la oferta de pago y consignación.

 

Esta es la interpretación lógico sistemática que en mi criterio corresponde al texto de los art. 707 y 711 del Código de Procedimiento Civil, porque cada norma jurídica no puede ser interpretada en forma aislada, sino teniendo en cuenta el fin del proceso, su correspondencia y armonía con las demás normas del sistema.

 

 

 

 

 

 


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