MODULO 7 – OPORTUNIDAD REGLADA

MODULO 7 – OPORTUNIDAD REGLADA

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OPORTUNIDAD REGLADA

 

1. SALIDAS ALTERNATIVAS

El poder punitivo que ejerce el Estado a efectos de imponer sanciones a los ciudadanos en materia penal afectan directamente los derechos fundamentales como la vida, la libertad, la integridad física, la salud pública , la propiedad, , la seguridad común . En ésta perspectiva el Estado se convierte en un protector de estos bienes y a contrario sensu al tomar sanciones contra los responsables también afecta bienes del responsable del hecho delictual.

El poder penal del Estado se ejerce a través de órganos de persecución concretamente el Ministerio Público que tiene que seguir hasta sus ultimas consecuencias a aquellas personas que han cometido un acto antijurídico, tipificado como delito en el Código Sustantivo Penal. Sin embargo a éste propósito es bueno diferenciar el interés de la víctima cuando es afectada por un delito, cuando se trata de delitos patrimoniales a la víctima lo que le interesa lo que quiere es que se le pague el daño ocasionado, es decir el resarcimiento inmediato del daño causado, a la víctima en éstos casos no le interesa seguir un proceso penal , que el imputado vaya a la cárcel, lo que le interesa es que de una vez por todas se le repare el daño ocasionado. Existen casos que la persona tiene sentencia y va a la cárcel y sin embargo no repara el daño ocasionado, esto no le sirve a la víctima.

Las Salidas Alternativas lograrán que la víctima en el complejo mundo social en el cual vivimos, logren y tengan la posibilidad de acceder a soluciones racionales e inmediatas, a su propio conflicto, debemos entender que el conflicto es de la víctima y que el Estado a expropiado ése conflicto a la víctima y lo ha dejado indefensa sin poder conciliar y sin poder decidir sobre su propio conflicto.

2. PRINCIPIO DE LEGALIDAD

El Ministerio Público debe cumplir a cabalidad con el principio de legalidad, es decir de obligatoriedad en la persecución penal o de irretractabilidad en su actuación. Sin embargo así como los órganos jurisdiccionales se encuentran congestionados con sus expedientes los fiscales tampoco pueden cumplir objetivamente con éstas sus obligaciones, motivo por el cual es necesario que exista una selección de los casos que realmente ameritan una investigación seria, de aquellos que pueden ser solucionados a través de salidas alternativas por ser casos de escasa relevancia social.

Otra reflexión que cabe hacerse es la siguiente porque las denuncias presentadas en la anterior Policía Técnica Judicial no eran remitidas a los órganos jurisdiccionales, por estadísticas, ahora sabemos que el 80% eran resueltas en ésa instancia, es decir que la policía actuaba como conciliadora, como juez, como fiscal etc, y lograba dar solución al conflicto penal sin que éste pase a la instancia jurisdiccional. El problema estriba que esta manera de actuar creaba una corrupción en la Policía Técnica Judicial. De otro lado debemos ser enfáticos y claros al decir que tampoco eran de conocimiento del fiscal.

En nuestra administración de justicia con la aplicación del antiguo Código de Procedimiento Penal se constato que los tribunales se encontraban congestionados con los expedientes, es decir la carga procesal era tan alta e intensa que ningún juez podía estar al día aunque hubiese trabajado las 24 horas del día y no era muchas veces por negligencia sino por el SISTEMA DE JUSTICIA que teníamos. En éste sentido se evidenció que los jueces de Instrucción en lo Penal manejan alrededor de 1.000.00 expedientes motivo por el cual era muy difícil que pudiesen estar al día en sus casos, por tanto se volvió un mito la administración de justicia pronta y cumplida y a contrario sensu lo que teníamos era una retardo de justicia “kafkiano”, horrible de entender.

Este es uno de los motivos fundamentales por los cuales se regula las SALIDAS ALTERNATIVAS AL JUICIO, es decir son verdaderos modos que impiden llegar a un juicio oral, contradictorio con sentencia y logran solucionar el problema sin necesidad de tener que afrontar un juicio y sin llevar mas carga procesal a los juzgados.

3. CLASES DE SALIDAS ALTERNATIVAS

Las salidas alternativas que consigna el Código de Procedimiento Penal son las siguientes: 1.) Oportunidad Reglada 2) Suspensión Condicional del Proceso 3) Conciliación 4) Procedimiento Abreviado .

Todas estas salidas alternativas buscan poner fin al conflicto penal antes de ir a un juicio descongestionando por tanto la carga procesal de los juzgados quienes deberán conocer casos de suma gravedad y que no tengan otra salida.

3.a MOTIVACIONES DE LA PORTUNIDAD REGLADA

Hemos manifestado supra que el principio de LEGALIDAD, tiene por objeto la persecución a través del Ministerio Público de la persona que haya cometido un hecho punible, desde su inicio hasta la obtención de una sentencia a través de un órgano jurisdiccional. El conocimiento del hecho punible puede ser a través de cualquier medio, oral, escrito, querella, acción directa. Es decir que la irretractabilidad es uno los principios que debe seguir el Ministerio Público cuando inicia la investigación hasta su conclusión

A contrario sensu, tenemos el principio de OPORTUNIDAD REGLADA, que es la base de las salidas alternativas, es decir tiene por objeto evitar la una persecución penal por motivos de “política criminal”, es decir prescinden de una persecución en determinada clase de delitos con la intervención del órgano jurisdiccional.

En otras palabras estamos ingresando a un terreno donde se deben seleccionar los casos, evidentemente, debemos entender que no es los mismo seguir un proceso en contra de una persona que robo una gallina, siguiendo la etapa preparatoria con la intervención del fiscal y la policía, luego ingresar al juicio con la intervención el órgano jurisdiccional, sentencia y los recursos correspondientes. Es decir están actuando todos los recursos humanos del Ministerio Público y del Poder Judicial, por un delito de robo de una gallina que puede tener un precio de Bs. 50.00. Sin embargo debemos llegar al convencimiento que por un principio de economía procesal, tanto el Ministerio Público como el órgano jurisdiccional deberán abocarse a los delitos de mayor gravedad que a la ciudadanía le aqueja, como ser los desfalcos millonarios producidos en un Banco, los delitos de malversación de fondos de Instituciones Públicas que bordean los millones de dólares y no trabajar por el robo de una gallina que es de Bs. 50.00 a éste propósito y es el motivo de que se hayan creado en el Derecho Procesal Comparado las Salidas Alternativas y como su representante genuino la OPORTUNIDAD REGLADA.

De otro lado debemos considerar que al tratar de las Salidas Alternativas y en el caso que no ocupa la OPORTUNIDAD REGLADA, no significa de ninguna manera que sea el Ministerio Público quien resuelva definitivamente la prescindencia de la persecución, a contrario sensu será el Juez de Instrucción en lo Penal la autoridad única llamada por ley que podrá o no extinguir la acción penal según el caso presentado por el fiscal. Es decir de ninguna manera se obvio el poder jurisdiccional y su debida intervención para su actuación directa en las salidas alternativas.

3.b OPORTUNIDAD REGLADA

El Fiscal en la fase preparatoria, en determinados hechos punibles, puede prescindir del principio de legalidad ,es decir puede prescindir de continuar la persecución penal de uno o varios hechos delictuales , de uno o varios de los partícipes en el mismo, en éste sentido el Art. 21 del Código de Procedimiento Penal claramente expresa los casos

3.c ESCASA RELEVANCIA

Cuando se trate de un hecho punible que tenga escasa relevancia social por la afectación mínima del bien jurídico protegido. Es decir nos estamos referidos aquellos delitos denominados de BAGATELA, de mínima implicancia en la seguridad ciudadana y en la mínima afectación del bien jurídico protegido… De otro lado también se debe considerar al imputado, es decir una persona que cometió un determinado robo que puede ser por motivos de necesidad, imaginemos una madre que roba un litro de leche para dar de beber a sus hijos por extrema necesidad. Es decir en el delito siempre existan dos partes de un lado la víctima y del otro el imputado, motivo por el cual debemos hacer referencia a los móviles que le impulsaron a efectuar éste tipo de hecho punibles, que sin embargo no tienen trascendencia dentro la política criminal que sigue el Estado,

El Juez de Instrucción en lo Penal una vez señalada la audiencia deberá considerar los presupuestos de la norma y en caso de que de curso al mismo deberá dictar un Auto Interlocutorio a través del cual EXTINGUE LA ACCION PENAL PUBLICA, casos en lo cuales también favorece a los participes en el hecho delictual.

Sin embargo un aspecto que no se debe olvidar es que el imputado tiene que haber reparado el daño ocasionado, es decir pagar el monto o firmado un acuerdo con la víctima en éste sentido, o afianzado suficientemente con esa reparación.

Finalmente debemos considerar que la víctima o la víctima querellante en la audiencia de Oportunidad Reglada pueden no estar de acuerdo con el pago que haya efectuado el imputado y puede suscitar OPOSICION, en éstos casos tiene abierto el camino para presentar la CONVERSION DE ACCIONES, y por sus propios medios continuar el proceso penal sin la participación del fiscal. Entendemos que ésta conversión de acciones debe efectuarse en la misma audiencia de OPOTUNIDAD REGLADA, por lo siguientes 1) El Juez al dictar el Auto Interlocutorio ya extingue la acción penal pública, en ésta tesitura si a posteriori, la víctima pide la conversión de acciones, necesariamente será ante el mismo juez que dicto el Auto correspondiente, es decir por el principio de inmediación es mejor que sea en la propia audiencia para que en un mismo Auto el Juez disponga la extinción de la Acción de la Acción Penal Pública y la continuación de la Acción Penal Privada al haberse producido la conversión de acciones. De otro lado podría darse lugar a confusiones si a posteriori, el imputado presenta como EXCEPCION la EXTINCION DE LA ACCION PENAL, producida, sin que consigne en el mismo la conversión de acciones.

4. PENA NATURAL

En los casos en los cuales el imputado haya sufrido a consecuencia del hecho, un daño físico o moral más grave que la pena por imponerse. Existen casos en los cuales el imputado sufre a consecuencia del hecho delictual un daño en su salud, el mismo, que puede manifestarse en su estética o en un deterioro de su salud incluso que sea irreversible.

Últimamente en nuestro país, a través de la prensa nos hemos enterado de casos en los cuales las juntas de vecinos se hacen justicia por sus propias manos, en éste sentido debemos considerar la situación de un imputado que es descubierto in fraganti robando en un domicilio particular, y que es encontrado por tanto con las manos en la masa, a cuya consecuencia es flagelado por los vecinos, recibiendo lesiones gravísimas, en éste caso el imputado ya ha sufrido una pena natural de carácter biológico en su humanidad, de otro lado el propietario ya ha recuperado el televisor, cuerpo del delito, es decir ya se encuentra resarcido el daño ocasionado; por tanto es inútil someterlo a un doble suplicio a través de un proceso penal a una persona que ya ha recibido su pena natural.

El daño moral se puede presentar cuando un padre de familia al salir con su automóvil de su garaje, no ve que un niño familiar se encontraba jugando detrás del automóvil y al dar marcha atrás colisiona, y lo deja herido, sin embargo al trasladarlo a la clínica los médicos no pueden salvar su vida; en éste caso el padre de familia no quería matar a nadie, es un accidente que le causará una pena moral natural por el resto de su vida, en ésta tesitura, sería inhumano nuevamente someterlo a un proceso penal de los hombres, para sancionarlo por “X” años de prisión, es decir que en ésta parte el Código de Procedimiento Penal se HUMANIZA.

Al momento de dictar el Auto Interlocutorio de Extinción de la Acción Penal el Juez de Instrucción en lo penal deberá tomar en cuenta los mismos requisitos señalados supra, es decir, reparación el daño, acuerdo con la víctima, afianzamiento.

5. SATURACION DE LA PENA

Cuando la pena que se espera por el delito de cuya persecución se prescinde carece de importancia, en consideración a una pena ya impuesta por otro delito. En éste caso nos estamos refiriendo a una persona que ya tiene una sentencia con la calidad cosa juzgada, sin embargo por un azar de la vida incurre nuevamente en una conducta delictual, sin embargo la pena que se le deberá imponer carece de relevancia con la ya impuesta, es decir es menor a la ya impuesta.

En éste sentido podemos considerar una persona que cometió asesinato que se encuentra purgando su pena en la Penitenciaria de San Roque, una noche roba una radio a pilas de otro presidiario, en caso de que se le siga el proceso penal la pena será de 1 a 5 años es decir menor a los 30 años que viene purgando, en ésta tesitura es irracional, seguirle un proceso penal que no tendrá ninguna trascendencia en relación a la pena que viene ya sufriendo.

Sin embargo debemos tener sumo cuidado con aquellas personas que han sido beneficiada con un perdón judicial o la suspensión condicional de la pena, en éste caso estas personas nunca ingresaron a un recinto penitenciaria a efecto de cumplir su sentencia condenatoria; sin embargo pueden cometer nuevo delito, en cuyo caso no serán beneficiados, con éste artículo puesto que no está sufriendo ninguna pena.

6. PERDON JUDICIAL

En los casos que sea previsible el PERDON JUDICIAL . Es decir aquellos delitos cuyo máximo de privación de libertad llega a los DOS AÑOS , según reza el Art. 368 del Código de Procedimiento Penal, sin embargo se debe también considerar que el artículo mencionado se refiere a la persona que haya cometido un primer delito, en ésta te tesitura, no tendrían que ser beneficiadas las personas que estén cometiendo un segundo o tercer delito.

La fundamentación es obvia, ya que la persona será sometida a un proceso y finalmente al dictarse la sentencia, será beneficiada del perdón judicial en cuyo caso no ingresara a un recinto penitenciario, es decir antes de seguir el proceso penal con todas sus formalidades, se puede arribar a un acuerdo con la víctima y evitar pérdida de tiempo. Se debe tomar en cuenta que en éste caso deben existir los requisitos señalados supra, es decir , reparación el daño, acuerdo con la víctima o afianzamiento.

7. DELITOS CON PENA MAS GRAVOSA

Cuando la pena que se espera carezca de importancia en consideración a las de otros delitos, o a la que se le impondría en un proceso tramitado en el extranjero y sea procedente la extradición solicitada. En el caso que nos ocupa nos encontramos en presencia de una persona que cometió un delito en Bolivia, sin embargo la misma persona cometió ya otro delito con anterioridad en otro país con el cual nuestra República tiene un tratado de EXTRADICION; circunstancia que hace viable que sea juzgado en el extranjero. De otro lado se debe considerar que el delito cometido en el extranjero es de mayor gravedad que el cometido en nuestro país, Ej si la persona cometió delitos de genocidio que es de lesa humanidad, y en Bolivia comete un delito de robo, evidentemente el delito mayor es el GENOCIDIO, motivo por el cual es justo que sea juzgado en el extranjero por el delito grave cometió, máxime que ya se encuentra el trámite de Extradición a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo éste artículo tiene que ser bien interpretado puesto que puede lograr una sentencia de inocencia en el extranjero, o se le puede imponer una pena mínima que no este de acorde al delito cometido en Bolivia, motivo por el cual quedará en suspenso la aplicación del CRITERIO DE OPORTUNIDAD REGLADA, hasta que se conozca a ciencia cierta la sentencia con calidad de cosa juzgada,

En casos de que no satisfaga las condiciones por las cuales se suspendió el ejercicio de la acción penal pública el juez puede reanudar su trámite correspondiente

8. EFECTOS

Ya indicamos supra que el Auto Interlocutorio que dicta el juez EXTINGUE LA ACCION PENAL, sin embargo debemos considerar que existen excepciones que tratamos en los cuales puede quedar suspendida temporalmente la extinción de la acción penal verbigracia, cuando se trate de un delito cometido en el extranjero, pendiente de la sentencia ejecutoriada.

Sin embargo también debemos considerar aquellos casos en los cuales las partes tienen un ACUERDO, el problema estriba, cuando el juez ya dicto un Auto Interlocutorio extinguiendo la acción penal y sin embargo el beneficiado NO CUMPLE CON EL ACUERDO. En estos casos es imposible reanudar la acción penal ya que el Auto Interlocutorio es definitivo, motivo por el cual nunca mas se podrá reanudar la acción penal por parte de la víctima. En ésta tesitura debemos dar solución al problema planteado, es decir la víctima únicamente puede dirigirse a los órganos jurisdiccionales de materia Civil para pedir la ACCION REPARADORA.

Para terminar el tema, decir que la Oportunidad Reglada únicamente se puede presentar en la Etapa Preparatoria y la única autoridad que puede conocer es el Juez de Instrucción en lo Penal.

 

 

 

OPORTUNIDAD REGLADA

(Complemento)

1. LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y DE OPORTUNIDAD

Entre los principios relativos al objeto del proceso, se presentan cuatro principios concebidos como pares dicotómicos. En efecto, por un lado se encuentra el binomio legalidad-oportunidad; y, por otro, el inquisitivo-acusatorio.

Para efectos del presente trabajo de investigación sólo nos abocaremos al análisis del binomio legalidad-oportunidad, porque de este último deriva el Procedimiento Abreviado.

El profesor alemán de la Universidad de Munich, Claus Roxin, sostiene que el principio de legalidad enuncia, por un lado, que la fiscalía debe realizar investigaciones cuando existe la sospecha de que se ha cometido un hecho punible y, por otra parte, que está obligada a formular la acusación cuando después de las investigaciones sigue existiendo esa sospecha vehemente. Su antítesis teórica está constituída por el principio de oportunidad, que autoriza a la fiscalía a decidir entre la formulación de la acusación y el sobreseimiento del procedimiento, aun cuando las investigaciones conducen, con probabilidad rayana en la certeza, al resultado de que el imputado ha cometido una acción punible [1].

1.1 EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD

Desde el punto de vista del objeto del proceso, debe entenderse el principio de legalidad no como el referido al apotegma liberal del Derecho Penal sustantivo esbozado por Feuerbach en el clásico “nullum crimen, nulla poena sine lege praevia”[2], sino como la obligación inexcusable que tiene el Estado, en virtud del “ius puniendi” de perseguir todas aquellas acciones y omisiones que se encuentren típicamente descritas en la parte especial del Código Penal para someterlas a consideración del órgano jurisdiccional en busca de la imposición de la pena correspondiente.

2 Feuerbach acuñó esta expresión como complemento de su teoría de la prevención general intimidadora de la pena. En efecto, para Feuerbach la pena debe cumplir una función de coacción psicológica a fin de que los ciudadanos se aparten del delito. Para que el pena pueda cumplir tal fin, se considera necesario que los delitos y las penas estén descritos en la ley, ya que sin esta previa descripción y determinación de la norma-precepto y de la norma sanción, el potencial delincuente no conocería su existencia y, por ende, no estaría motivado por la coacción psicológica que la pena representa.

Sobre este principio, el profesor cubano Juan Mendoza Díaz, dice lo siguiente: “El principio de legalidad, conocido también como principio de necesidad, se basa esencialmente en la obligación que le viene impuesta al Estado de perseguir toda aquella conducta que revista características de delito según los elementos de tipicidad contenidos en la legislación penal vigente, de forma tal que no es dable dejar a la voluntad de ninguna institución o individuo los criterios de persecución, sino que ésta debe operar con carácter automático. Mientras exista la norma penal que considere como delito una determinada acción u omisión, el órgano represivo está en la obligación de perseguirlo; obligación que se extiende hasta el final del proceso, pues una vez iniciada la investigación y conocimiento de un hecho presumiblemente delictivo, ninguna autoridad está facultada para paralizar discrecionalmente el cauce procesal del asunto” [3].

El nuevo Código de Procedimiento Penal boliviano recoge el principio de legalidad procesal en el Art. 21, bajo el nomen iuris de “obligatoriedad” y especifica que la Fiscalía tendrá la obligación de ejercer la acción penal pública en todos los casos que sea procedente. Al respecto el Art. 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley 2175 de 13 de febrero de 2001), prevé que el Ministerio Público, bajo su responsabilidad, promoverá de oficio la acción penal pública, toda vez que tenga conocimiento de un hecho punible y existan suficientes elementos fácticos para verificar su comisión, y que el condicionamiento de la acción penal pública a instancia de parte, no impedirá al Ministerio Público realizar los actos imprescindibles para conservar los elementos de prueba, siempre que no afecten el interés de la víctima; por lo que la acción penal pública no se puede suspender, interrumpir o hacer cesar, salvo en los casos y bajo las formas expresamente previstas por ley.

1.2 EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD

El principio de oportunidad se opone al de legalidad procesal, porque el órgano titular de la acción pública penal está autorizado para ejercerla o no, determinando o no el sobreseimiento del imputado o truncando el juicio penal ordinario o común.

Es en este sentido que el autor boliviano William Herrera Añez, en su libro “Derecho Procesal Penal” dice lo siguiente: “El novedoso principio de oportunidad, consecuentemente, ha eliminado el otrora monopolio que el Ministerio Público tenía en los delitos de acción pública. El principio de oportunidad autoriza a los titulares de la acción penal, siempre que se cumplan los requisitos previstos en la norma (delitos de escasa relevancia social), a hacer o no uso de su ejercicio, dejando de ejercitar la acción penal, e incluso, una vez iniciado éste, pueden las partes acusadoras obtener un sobreseimiento por razones de política criminal” [4].

Por otro lado, Juan Mendoza Díaz dice que “…en un ordenamiento que esté informado por el principio de oportunidad la autoridad estatal a cargo de la persecución penal tiene facultades para disponer o no el inicio de investigaciones ante el conocimiento de un hecho que esté tipificado en la Ley penal como delito, pudiendo igualmente decidir sobre el destino de las investigaciones que se encuentre en curso; en correspondencia con la amplitud de sus facultades discrecionales es que puede hablarse de oportunidad en sentido estricto o de oportunidad reglada” [5].

El nombrado profesor cubano manifiesta que se ha tratado de ver los orígenes del principio de oportunidad en el espíritu practicista que impera en el proceso anglosajón en el cual es posible que ante la aceptación por parte del acusado de los cargos que se le imputan, pueda llegar a una transacción con el Fiscal, sujeta a aprobación de la corte, lo que se conoce como plea bargaining o plea agreement o negotiated plea. Según él, es necesario distinguir que existen dos modalidades de aplicación del principio de oportunidad; la primera es cuando la renuncia a la persecución penal puede conllevar tanto a la aplicación de una medida pecuniaria administrativa, como de una advertencia al comisor de la actividad delictiva y tal decisión está condicionada por la escasa entidad del delito cometido y las condiciones personales del autor; la segunda modalidad, esencialmente vinculada al modelo anglosajón de la plea bargaining, condiciona la decisión a la existencia de una aceptación del delincuente con relación al delito y su disposición a negociar con la autoridad la pena a imponer, surgiendo las figuras de la “conformidad” y la “negociación” [6].

Para el autor peruano Raúl Peña Cabrera, el principio de oportunidad presenta dos caras, el “guilty plea” -la soberanía para poner término anormal al procedimiento- y, la otra, cuando el sobreseimiento se mantiene como una espada de Damocles o condición suspensiva en tanto el procesado dé cumplimiento a determinadas obligaciones[7].

SU FUNDAMENTO UTILITARIO

Arsenio Oré Guardia, dice que “el fundamento del principio de oportunidad se resume en las consideraciones de utilidad pública o interés social. Con ello se invoca la poca relevancia social que supone la comisión del hecho, la pronta reparación a la víctima, la conveniencia de evitar efectos criminógenos de las penas privativas de libertad de corta duración, la readaptación del delincuente al someterse voluntariamente a un proceso rehabilitador” [8].

El principio de oportunidad también tiene un fundamento de índole político. Su innovación legislativa obedece a la necesidad, no de lucha contra la delincuencia sino de solucionar el problema de saturación laboral de los tribunales de justicia en materia penal.

En efecto, Alberto Bovino señala que “en términos empíricos, la posibilidad de perseguir todos los hechos punibles es irrealizable, pues el programa político de nuestros Estados resulta imposible de alcanzar, dada la cantidad de hechos que podían ser considerados punibles” [9].

Para Rodolfo Kádagand Lovatón, es uno de los caminos recomendados por el Consejo de Ministros de Europa en el ámbito del proceso penal, que conjuntamente con la instauración de la investigación preliminar -sustitutivo de la instrucción o sumario- y con la incorporación de procedimientos simplificados, pretende superar los obstáculos que agobian al sistema penal tradicional. La aplicación del Principio de Oportunidad encuentra fundamento entonces, en consideraciones político-criminales de prevención especial, en tanto se espera que el imputado que se acoja a estos criterios no vuelva a incurrir en alguna infracción penal [10].

Por su parte, Sánchez Velarde sostiene que “a favor de este principio están dos aspectos graves que caracterizan la crisis de la justicia penal, la congestión procesal y la congestión penitenciaria, y tras ello la carencia de una política judicial efectiva, la carencia de funcionarios especializados y el limitado presupuesto para la solución de la crisis de la justicia penal” [11].

2. SISTEMAS DE REGULACION DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD

Se distinguen dos sistemas de regulación del principio de oportunidad: El sistema de oportunidad libre y el sistema de oportunidad reglado.

El sistema de oportunidad libre tiene vigencia en los países anglosajones, como es el caso de los Estados Unidos de Norteamérica. La característica fundamental de este sistema es que el Fiscal ejerce la acusación luego de negociar con el acusado o su representante legal sin sujetarse a ninguna regla preexistente.

Mediante este sistema, el Juez Penal se sustrae al conocimiento de los hechos, y su papel se limita a decidir sobre los términos de una negociación libre que no ha controlado.

El sistema de oportunidad reglado es propio de los países europeos (Alemania, Italia, Francia, Holanda, Portugal, España). La característica de este sistema radica en que la ley prevé los supuestos sobre los cuales el Fiscal puede declinar la persecución penal y decidirse por el archivo del caso.

Este sistema que aparece como un sistema de transacción intraprocesal, como uno de tantos instrumentos jurídicos modernos para obtener la celeridad procesal, es el que se halla más difundido, y en el que los supuestos de aplicación son también más diversos.

Según criterio de Rodolfo Kádagand Lovatón [12], gran parte de la doctrina se inclina a reconocer el principio de oportunidad reglado, pero considera que es necesario el control jurisdiccional de la discrecionalidad del Fiscal; por lo que se deben tener en cuenta los siguientes presupuestos:

a. Aquellos casos que por razones de intrascendencia y eficacia práctica, permitan un desistimiento del ejercicio de la acción penal, presupuestos que habrán de estar objetivados, seleccionados por el legislador y fundamentados por el principio superior de una justicia rápida.

b. Aquellos casos en que por convenir a la reinserción social del imputado, el fiscal anticipando los supuestos de su suspensión de la condena, pueda suspender una acusación sometiendo al acusado a prueba y a ciertas condiciones o reglas de conducta, que de ser incumplidas provocarían un reanudación de la persecución penal, en este caso más justificada en cuanto a comportamiento del imputado revelaría su déficit de resocialización.

 

 

[1] 1 ROXIN, Claus: Derecho Procesal Penal, Traducción del 25a. edición alemana de Gabriela E. Córdova y Daniel R. Pastor, revisada por Julio B. Maier, Editores del Puerto s.r.l., Buenos Aires, 2000, p. 89.

[3] MENDOZA DIAZ, Juan. Lecciones de Derecho Procesal Penal (Nuevo Código de Procedimiento Penal Boliviano), Universidad de La Habana – Cuba, Universidad Autónoma “Juán Misael Saracho”, Tarija – Bolivia, 2001, p. 22.

[4] HERRERA AÑEZ, William: Derecho Procesal Penal (El Nuevo Proceso Penal), Ed. Universitaria, Santa Cruz de la Sierra-Bolivia, 1999, p. 16.

[5] MENDOZA DIAZ, Juan: Ob. Cit. p. 23.

[6] Ibid. p. 23.

[7] PEÑA CABRERA, Raúl: Procesos Penales Especiales, Nuevas tendencias en el proceso penal peruano, Editorial San Marcos, Lima-Perú, 1997, p. 79.

[8] . ORE GUARDIA, Arsenio: Manual de Derecho Procesal Penal, Lima-Perú, Edit. ALTERNATIVAS, 1996, pp. 83-84

[9] . BOVINO, Alberto: El Principio de Oportunidad en el Código Procesal Penal Peruano, en Ius Et Veritas, Revista editada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la P.U.C.P., Año 7, No. 12, 1986, p. 161

[10] . KADAGAND LOVATON, Rodolfo: Manual de Derecho Procesal Penal, Doctrina-Jurisprudencia-Casos Prácticos, Editorial Rodas, Lima-Perú, 200, p. 266

[11] SANCHEZ VELARDE, Pablo: Comentarios al Código Procesal Penal, Edit. Idemsa, Lima-Perú, 1994, p. 131.

[12] KADAGAND LOVATON, Rodolfo: Op. Cit., p. 272.

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