MÓDULO 4 – PROCESO SUMARIO DE CONOCIMIENTO

MÓDULO 4 – PROCESO SUMARIO DE CONOCIMIENTO

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MÓDULO 4 – PROCESO SUMARIO DE CONOCIMIENTO

 

De acuerdo a lo establecido en el Capítulo I, Título I, Libro Segundo del Código del Procedimiento Civil, tres son los procesos de conocimiento; el proceso ordinario, sumario y sumarísimo, haciéndose necesario, por razones de método, partir del concepto de lo que es un proceso de conocimiento, para luego referirnos a los procesos su Aplicarmarios que son de competencia del Juez Instructor conforme lo establece el inc. 1) del Art. 317 del C.P.C. e inc. 1) Art. 177 de la Ley de Organización Judicial.


 

1. Proceso de Conocimiento. Concepto.

 

Son los procesos tipo regulados en nuestras leyes procesales, por los que se tramitan todas las cuestiones que no tienen señalado un cause especial. No son objeto de un procedimiento especial. El criterio adoptado para diferenciar a las tres clases de proceso de conocimiento es predominantemente cuantitativo según se puede establecer de los Arts. 316, 317 y 318 del Código de Procedimiento Civil, Art. 134, 177 y 198 de la Ley de Organización Judicial y Resolución de Sala Plena de la E.C.S.J.N. de fecha 24 de octubre de 2001 modificatoria de su similar de fecha 6 de mayo de 1994.

Contrariamente los procesos especiales son los que tienen señalada una tramitación especial y propia. A manera de ejemplo citamos: los procesos ejecutivos, los procesos interdictos, voluntarios, desalojo, etc.

2. Proceso Sumario de Conocimiento. Concepto

 

Son procesos de conocimiento por lo tanto contenciosos, donde existen una serie de limitaciones impuestas por la Ley, con el fin de abreviar el plazo de tramitación que pueden estar referidas a la prueba como a la recurribilidad de sus resoluciones. Revelan una más acentuada aplicación de los principios de concentración y celeridad. Este proceso ha sido establecido para tramitar acciones reales, personales y mixtas cuyo monto sea de Bs. 1…. hasta 60.000. Ej. Acción reivindicatoria, cobro por daños y perjuicios, usucapión, resolución y rescisión de contrato, etc. Cuya cuantía no supere los 60.000 Bs.

 

3. Caracteres

 

El proceso sumario de conocimientos es:

 

1) Un proceso contencioso, existe el contradictorio entre las partes, es litigioso, admite la disputa entre las partes sobre derechos o cosas.

2) Es abreviado, porque no sólo se reducen los plazos en relación a los señalados para el ordinario, sino que omite algunas actuaciones procesales para achicar el proceso, como el caso de la etapa de conclusiones.

 

4. Estructura del Proceso

 

Partimos señalando los aspectos comunes que se dan entre los procesos ordinarios y sumarios de conocimiento.

 

Ambos son:

- Contenciosos

- En ambos proceden las medidas precautorias como preparatorias.

- Los requisitos que se deben cumplir para proponer la demanda (intrínsecos y extrínsecos), son los mismos y que están señalados en el Art. 327 del Código de Procedimiento Civil.

- En ambos, la sentencia que se dicta es definitiva y hace cosa juzgada material, es decir no admiten la posibilidad de un proceso posterior para su revisión.

- En ambos procesos procede el recurso de casación.

- Se admite la reconvención con la contestación a la demanda aunque difieren sobre el contenido de ésta. En el proceso sumario de conocimiento la demanda reconvencional sólo es procedente cuando las pretensiones formuladas derivan de la misma relación procesal o son conexas con las invocadas en la demanda (Art. 480 C.P.C.)

 

5. Demanda

 

De acuerdo al principio dispositivo, el proceso sumario de conocimiento debe iniciarse mediante demanda cumpliendo los requisitos señalados en el Art. 327 del Código de Procedimiento Civil, por aplicación del Art. 479 – I, los que por razones de sistematización se los agrupa y describen brevemente; considerando que la demanda es el acto básico del proceso porque instaura y se constituye en su base jurídica y es condición de la sentencia.

 

a) Requisitos relativos a los sujetos

 

El órgano jurisdiccional. En la demanda se debe indicar el Juez o Tribunal ante quien se interpone, se tiene en cuenta las diferentes reglas sobre competencia, según las clase de acción que se plantee (Art. 327 – 1 del C.P.C.). En este caso concretamente debe estar dirigido: Señor Juez de Instrucción de Turno en lo Civil. En el caso de provincias: “Señor Juez de Instrucción de la Provincia Oropeza”, si hay más de un juzgado, se debe agregar: “de Turno”.

 

Individualización del actor o demandante. Ese requisito se cumple aportando los datos relativos al nombre completo, (nombres propios y apellidos) datos del documento de identidad, ocupación, estado civil, domicilio real y procesal. Si se actúa a través de mandatario, además debe estar individualizado el mandatario. En el caso de personas colectivas. Se individualiza al representante legal que comparece (inc. 2 – Art. 327).

 

Individualización del demandado. Se deben señalar los mismos datos indicados para el actor. En caso de personas desconocidas se debe señalar esta situación en forma expresa. (art. 327 – 4 C.P.C.)

 

El juez debe exigir en el caso de mujeres casadas, se las individualice con sus nombres propios.

 

Este requerimiento adquiere importancia al momento de calificar el proceso para saber entre quienes ha quedado establecida la relación jurídica procesal, también a los efectos de la excepción de litispendencia y cosa juzgada, amén de la importancia práctica que tiene para que ambas partes sepan con quien o entre quienes se litiga y para conocimiento del Tribunal, en las excusas y recusaciones, tacha de testigos, etc.

 

Es muy frecuente que las partes se conformen sólo con señalar sus nombres y la expresión “hábil por derecho”, lo que es insuficiente para individualizar a la parte. El juez debe exigir los datos necesarios que permitan diferenciar a la parte de otras personas con quienes pueden darse algunos atributos comunes (homónimos) dando lugar a errores con la consiguiente nulidad de obrados.

 

b) Requisitos relativos al objeto

 

El actor determina lo que pide (petitum). Objeto inmediato de la petición: condena, declaración o constitución de un estado jurídico nuevo Ej.: en una acción por daños y perjuicios, la condena al pago; en una acción negatoria la declaración de inexistencia de derechos, cargas o gravámenes sobre el bien de propiedad de actor, en una demanda interdicta de retener la posesión, el cese de los actos perturbadores y amparo de la posesión, etc.

Objeto mediato: entrega de una cosa, pago de una determinada suma de dinero o deshacer lo hecho en una acción interdicta de obra nueva perjudicial. Con los ejemplos anteriores: el pago de la suma establecida en concepto de daños y perjuicios; la entrega de la casa en una acción reivindicatoria o cerrar una vista directa (inc., 5) Art. 327 C.P.C.).

 

Este requisito de contenido de la demanda, también se refiere a la exposición de los fundamentos de hecho (causa petendi) de la petición. Se deben exponer los fundamentos fácticos que han dado lugar a la demanda, afirmaciones, acaecimientos, actos, negocios, hechos en que el actor funda su pretensión, pero sólo aquellos que sean relevantes e inmediatos Ej.: en una acción por pago de daños y perjuicios ocasionados por animales o construcciones quien y cuando se han producido, en qué consisten, en qué medida perjudican y dañan esos hechos, etc.; en el caso de una acción por cumplimiento de obligación, dónde y cómo se ha generado esa obligación y el incumplimiento. Al respecto se tienen 2 teorías: La teoría de la Sustanciación y la Teoría de la individualización. La primera exige el detalle de los hechos invocados y la segunda sólo exigen la exposición de la relación jurídica sustancial que liga a las partes.

 

El inc. 6 del Art. 327 del Código de Procedimiento civil manda que los hechos en que se funda la demanda sean expuestos con claridad y precisión.

 

Fundamentos jurídicos: denominados también fundamentos de derecho o afirmaciones de tipo normativo. Consiste en la calificación jurídica de los acontecimientos de hecho en que se funda la pretensión y que la justifican jurídicamente. En el campo del puro derecho, el Tribunal puede suplir a las partes. Los fundamentos jurídicos que exponen las partes no vinculan al Tribunal en cambio los fundamentos fácticos no pueden ser modificados por el Juez (iura novit curia). Consiguientemente, el juez puede corregir el error de derecho de las partes cuanto este se pone en evidencia, en este caso, con el texto de la demanda. Ej.: si por el contenido de la demanda se infiere que ésta es por acción de nulidad y la parte demanda anulabilidad con cita errónea del texto legal, el juez puede corregir este error o suplir la omisión, porque a él le corresponde establecer la verdadera calificación jurídica.

 

Medios de prueba. Con la demanda se deben presentar todos los medios de prueba:

 

a) Los que fundan el derecho y la demanda. Ej.: en una acción reivindicatoria el título de propiedad; en una acción de divorcio, el certificado de matrimonio.

 

b) Los meramente probatorios de la demanda, Ej.: en la acción reivindicatoria, un certificado de DD.RR. sobre tradición decenal, en la acción de divorcio por adulterio, una carta de amor dirigida al demandado por un tercero.

 

c) Documentos habilitantes de la personería. Ej.: El poder notariado si la parte comparece a través de apoderado, en el caso de las personas colectivas los documentos que acrediten su representación (acta de constitución de la sociedad, elección del Directorio y representantes, estatutos que demuestran facultades del representante). La resolución sobre nombramiento de tutor si se representa a un incapaz, etc. De acuerdo a lo establecido en el anteproyecto del Código del Proceso Civil, luego constituirá documento de presentación obligatoria, el que acredite la medida de conciliación previa.

 

Si la parte no tiene a su disposición la prueba, excepto la prueba que fundamenta su derecho y la habilitante que debe ser presentada necesariamente con la demanda, debe individualizarla indicando su contenido, lugar, archivo y oficina pública o persona en poder de quien se encontrare (Art. 330 C.P.C.), para ser presentadas en el período probatorio, caso contrario no será ya admitida.

 

Determinación de la cuantía, en forma precisa. Si no es posible, se puede señalar estimativamente. En la práctica de los tribunales se han unificado criterios para establecer la cuantía de los bienes inmuebles sobre su valor catastral por lo que se debe exigir el certificado respectivo. (Inc. 8 art. 327 C.P.C.)

 

c) Requisitos relativos al acto

 

Tratándose de requisitos de forma, pueden ser observados por el mismo funcionario judicial (secretario o actuario). Entre éstos se señalan: el encabezamiento, firmas del actor o apoderado (en caso la impresión digital) y abogado, redacción en idioma español, redactado a máquina o manuscrito fácilmente legible, la suma o síntesis y el número de copias según el número de demandados (Arts 92 – 95 C.P.C.).

 

En esta clase de procesos y en una correcta interpretación del Art. 479 – II del Código de Procedimiento Civil teniendo en cuenta su naturaleza abreviada, toda la prueba de la que intentare valerse el actor, deber ser presentada con la demanda, constituyéndose ésta en una carga legal.

 

6. Control de la demanda

 

Una vez presentada la demanda, el órgano jurisdiccional tiene a su cargo el control de la misma para establecer si es admisible. El primer control lo realiza el actuario, quien está facultado para observar el cumplimiento de los requisitos de forma de la demanda: Firmas, copias en el número que sea necesario, adhesión de timbre, si el ingreso corresponde a ese despacho, etc.

 

Superado este control, el Juez a quien fue asignado el caso, tiene a su cargo el segundo control de la demanda, especialmente en lo que se refiere a los requisitos de contenido, además de los requisitos de la pretensión, cuyo análisis requiere mayor estudio (admisibilidad y fundabilidad de la pretensión) y que el tiempo y la brevedad no lo permiten en esta oportunidad. Este control debe hacerse teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

 

1. Proponibilidad

2. Competencia

3. Requisitos de la demanda

4. Prueba que se debe adjuntar a la demanda

 

Proponibilidad

 

Si la demanda es manifiestamente improponible, debe ser rechazada in límine, Ej.: Si se demanda divorcio por mutuo consentimiento, porque esta  acción no es procedente según las causales de divorcio establecidas en el Código de Familia vigente en Bolivia; si se demanda cumplimiento de una obligación generada en un contrato ilícito, como sería el caso de demandar el pago por el transporte de droga o si se demanda interdicto de recobrar para desalojar un inquilino, reconvención en una acción de desalojo.

 

Competencia

 

Admitirá el Juez la demanda si es competente en razón de la materia, cuantía, territorio, con la salvedad de la competencia de razón del territorio que es prorrogable (Art. 28 L.O.J.). En caso de no ser competente, remitirá el expediente al juez considerado competente.

 

Requisitos de la Demanda

 

Si la demanda no cumple con todos los requisitos de contenido, debe ser observada con la debida fundamentación, esto es explicando cuáles son y otorgando plazo para que se subsanen las observaciones u omisiones. Puede darse el caso también  de una demanda contradictoria, la observación debe estar dirigida a que se subsane esa contradicción haciendo que la petición se redacte en forma correcta, clara y precisa además de congruente con los demás requisitos, especialmente con la fundamentación fáctica. Ej.: se debe pedir que se concrete la demanda si se plantea resolución de contrato y cumplimiento; si se demanda enriquecimiento ilegítimo y daños y perjuicios. En una demanda por acción reivindicatoria se tiene el siguiente ejemplo:

 

Sucre, octubre 1º de 2001

 

Con carácter previo a la admisión de la demanda, se dispone que la actora de cumplimiento a lo siguiente: Requisitos omitidos en la demanda.

 

a) Señalar el domicilio preciso del demandado Juan Carlos Artigas (inc. 4 del Art. 327 del C.P.C.)

b) Individualizar la cosa demandada indicando la extensión superficial y colindancias.

 

Al efecto se concede el plazo de 3 días, bajo apercibimiento de tener por no presentada la demanda (Art. 333 del C.P.C.).

 

Fdo. Juez.  Ante mi – Actuario

 

El plazo que se otorga es importante porque permite al juez agilizar la tramitación de la causa o dar por retirada la demanda aplicando los principios de celeridad, impulso procesal y de preclusión.

 

Prueba

 

La demanda no puede ser admitida si no se presenta la prueba que funda el derecho y los habilitantes. Ej.:

 

Sucre, octubre 1º de 2001

 

Se demanda cumplimiento de una obligación pecuniaria y no obstante no se presentó el documento que pruebe la existencia de esa obligación y siendo la prueba del derecho invocado por el actor debe ser presentada con la demanda, por lo tanto, se requiere este documento para admitir la demanda, concediéndose el plazo de dos días al actor para que cumpla con este requerimiento judicial, caso contrario se tendrá por no presentada la demanda (Art. 333 C.P.C.)

 

Fdo. Juez Ante mí – Actuario

 

El tercer control de la demanda está a cargo del demandado, a través del planteamiento de excepciones previas; impersonería si no se ha presentado el documentos habilitante de quien demanda a nombre de otra persona; oscuridad, imprecisión o contradicción de la demanda; si el juez es incompetente, la excepción de incompetencia, etc.

 

Ej. Resolución de la admisión de demanda:

 

 

 

Sucre, octubre 4 de 2001

 

Admitida la demanda para ser tramitada de acuerdo a las normas establecidas para el proceso sumario de conocimiento en el Capítulo I, Título III del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil.- Traslado al demandado…………….. por el plazo de 5 días improrrogables a quién se hace conocer que si no comparece se proseguirá la causa en su rebeldía.

 

Al otrosí ………….. etc. ..

 

Fdo. Juez  Ante mi – Actuario

 

En el caso del citado por edictos, se deberá indicar expresamente lo siguiente, inmediatamente después de admitir la demanda. “Traslado al demandado a quién se hace conocer que de no comparecer en el plazo de 30 días desde la primera publicación del edicto, la causa proseguirá con el defensor de oficio a nombrar según lo establecido en el Art. 124 – IV del C.P.C.”

 

Esta forma de proveer obedece a la garantía de la defensa porque la demanda y providencia está dirigida a la persona del demandado quién no está obligado a tener conocimiento jurídico y hasta que sea asesorado por un letrado.

 

7. Modificación y Ampliación de la demanda

 

De acuerdo a lo establecido en el Art. 332 del C.P.C., la demanda puede ser modificada o ampliada únicamente hasta antes de contestada la demanda por los efectos que señala el Art. 353. La providencia que dé curso a esta petición puede ser la siguiente:

 

Sucre, octubre 4 de 2001

 

Téngase por modificada (o ampliada) la demanda de fjs. ……….. en los términos del memorial que precede. Traslado al demandado, por el plazo de 5 días.

 

 

Fdo. Juez Ante mí – Actuario

 

8. Citación al Demandado

 

Las distintas situaciones que pueden presentarse, según el o los demandados tengan su domicilio en sede del Juzgado o en lugar distante a éste o se trate de personas cuyo domicilio no es conocido o en caso de personas desconocidas, están reguladas en el Capítulo VI, Título III Libro Primero del Código de Procedimiento Civil.

 

Admitida la demanda, el primer acto de comunicación al demandado se debe cumplir en el plazo de 24 horas. Esta citación puede ser personal, por cédula, por comisión o mediante edicto (Arts. 120, 121, 122, 123, 124 C.P.C.).

 

Esta diligencia se debe cumplir en día y hora hábil tal como lo señala el Art. 143 del C.P.C., salvo el caso de habilitación expresa que debe autorizar el juez mediante providencia según lo señalado en el Art. 144 del mismo Código.

 

Cualquier error en la diligencia y que provoque indefensión, puede ser impugnado por la parte perjudicada, mediante incidente. Es necesario a este respecto tener presente el principio del finalismo, es decir no dar curso a la nulidad, si el acto o diligencia aún con defectos, ha cumplido su finalidad.- En la práctica de Tribunales se ha podido observar que es muy frecuente que el juez comisionado para cumplir una diligencia, niegue ejecutar la comisión cuando el demandado no es habido con el argumento que no fue comisionado para realizar la citación por cédula. Este error debe ser superado, por el mejor servicio de la justicia. Si bien el juez comisionante puede proveer esta situación, comisionando el cumplimiento de la diligencia en la forma que sea necesaria y como se presente la situación, es decir indicar que si no es encontrado el demandado se cite por cédula de acuerdo a lo señalado en el Art. 121 del Código de Procedimiento Civil, la omisión de esta forma de resolución no puede perjudicar la diligencia y el comisionado debe dar curso a la citación por cédula, en cumplimiento correcto del Art. 121 del C.P.C., que dice: Si el que debe ser citado, no fuera encontrado en su domicilio …. etc.

 

Por el principio de impulso procesal de oficio, la diligencia de citación, debe ser cumplida aún sin instancia de parte.

 

9. Actitudes del demandado

 

El demandado, una vez citado o en conocimiento de la demanda puede, eventualmente: no comparecer, comparecer y allanarse a la demanda, oponer excepciones previas, asumir una actitud de mera expectativa, contestar y negar la demanda, confesar o deducir reconvención.

 

Comparecencia: En opinión del tratadista Tarigo, la comparecencia constituye una operación procesal que se traduce en una declaración que hace la parte de su identidad, de su domicilio y de su defensor y es mediante tal declaración que una persona se constituye en parte del proceso.

 

Esta actividad inicial está regulada en nuestra legislación a través de los Arts. 131, 101 y 68 del Código de Procedimiento Civil (mera comparecencia: apersonamiento y contestación de demanda)

 

 

Así constituido el demandado en plazo hábil no podrá ser declarado rebelde, quedará liberado de sus consecuencias y se hace disponible para el Tribunal y al adversario con todas las razones y pruebas que provee al proceso, al igual que el actor.

 

Incomparecencia del demandado: No obstante la  carga de comparecer, el demandado puede no dar cumplimiento al emplazamiento.

 

Si el demandado con domicilio conocido es citado y no comparece, corresponde ser declarado rebelde a petición de parte o de oficio, así lo dispone el Art. 68 del Código de Procedimiento Civil que dice: “La parte con domicilio conocido que siendo debidamente citado, no compareciere durante el plazo de la citación o abandonare el juicio después de haber comparecido, será declarada rebelde a pedido de la otra o de oficio,… etc”

 

Por el texto de esta disposición legal, se puede establecer que los requisitos para la procedencia de la rebeldía son los siguientes:

 

a. Que, el demandado haya sido citado en su domicilio.

b. La incomparecencia del demandado al proceso dentro de 5 días (más el plazo de la distancia) tal como lo señalan los Arts. 479 – I, 482 y 68 del Código de Procedimiento Civil.

 

En este caso no es necesario esperar la petición de parte, la rebeldía del demandado debe ser declarada de oficio inmediatamente vencido el término del emplazamiento.

 

El plazo de 5 días es perentorio e improrrogable, por lo tanto al solo vencimiento caduca el derecho del demandado para contestar la demanda. Este plazo es computable por días, a partir del día siguiente hábil del día en que fue cumplida la diligencia, transcurre ininterrumpidamente y vence el último momento hábil del 5º día respectivo, así éste sea feriado (domingo). Arts. 139 –I, 140, 141, 142 y 142 Código de Procedimiento Civil.

 

A manera de ejemplo se tiene la siguiente resolución sobre declaratoria de rebeldía:

 

Sucre, octubre 6 de 2001

fue citado legalmente con la demanda y, habiendo transcurrido el plazo Vistos: Consta en la diligencia de fs….. que el demandado Juan Pérez de 5 días (más el de la distancia) sin que hubiere comparecido ni contestado la demanda, de acuerdo a lo establecido en el Art. 68 del CPC, se declara su rebeldía con los efectos que señala el Art. 69 del citado procedimiento. Esta resolución será notificada en el domicilio señalado, las posteriores se cumplirán en Actuaría del juzgado. En caso de comparecer debe pagar la multa de la rebeldía que se fija en Bs. …… a depositar a favor del Poder Judicial y tomará la causa en el estado que se encuentre. Regístrese.

 

El efecto más importante de la declaratoria de rebeldía, además de las notificaciones posteriores, medidas precautorias y la continuación del proceso es, la presunción de verdad respecto a los hechos lícitos afirmados por el actor en su demanda, siempre que no aparezcan desmentidos por la prueba aportada por el mismo actor (Art. 69 CPC).

 

Incomparecencia del demandado citado por edictos: Como no existe certeza sobre el conocimiento de la demanda por parte del citado, una vez cumplidos los 30 días desde la primera publicación del edicto y realizadas las 3 publicaciones, se debe nombrar defensor de oficio para que  represente al citado. No corresponde la rebeldía del citado por edictos, ni del defensor porque este último no es parte esencial en el proceso como lo señala el Art. 50 del Código de Procedimiento Civil.

 

El defensor a quien se debe dar traslado de la demanda, puede contestar y asumir defensa. Su comparecencia es necesaria para aceptar esta designación, siendo su principal obligación, el hacer llegar a conocimiento del interesado, la existencia de la demanda. Se debe otorgar plazo para que manifieste su aceptación, vencido este y ante su silencio se lo debe sustituir para acelerar el procedimiento.

 

De acuerdo a lo establecido en el Art. 103 – 3 de la Ley de Organización Judicial, las Cortes Superiores de Distrito designan a los defensores oficiales, por lo tanto para evitar lo que se da frecuentemente, la no aceptación por parte de otros profesionales, se debe nombrar defensor oficial en el caso concreto a un defensor designado por la Corte Superior de Distrito así se evitan esos trámites dilatorios.

 

Respuesta de expectativa: La comparecencia del demandado también puede ser con respuesta de expectativa, y que consiste en reservar su respuesta definitiva para después de producida la prueba, cuando no se ha tenido participación personal en los hechos alegados en la demanda (caso del heredero) y no se tuvo la posibilidad inmediata de informarse sobre los hechos. Esta situación no está contemplada en la legislación procesal vigente, pero fue acogida en el anteproyecto en su Art. 153.

 

Otra actitud de no contestación de la demanda se tiene en el caso de la comparecencia del demandado oponiendo excepciones previas aunque en el caso del proceso sumario de conocimiento, opuestas éstas sin contestar la demanda, precluye este derecho a la contestación porque deben ser presentadas juntas (Art. 481 CPC)

 

10. Excepciones Previas.

 

Según lo dispone el Art. 481 del CPC las excepciones previas se rigen por las mismas normas del proceso ordinario de conocimiento con la diferencia que deben ser opuestas en forma conjunta con la contestación a la demanda.

En general las excepciones son el poder jurídico contrapuesto al poder de la acción, son la oposición o contrafigura de la acción, a través de la excepción se plantea una alegación de hechos distintos a la mera negación de los hechos afirmados en la demanda. También se dice que la excepción es cualquier defensa,  o contraderecho a la acción.

 

Guasp señala que la excepción es la “Declaración de voluntad por la que se reclama del órgano jurisdiccional y frente al actor, la no actuación o la no aceptación de la pretensión de éste”. Su función es permitir, posibilitar la formulación de la oposición a la pretensión.

 

Estas excepciones deben oponerse todas juntas al contestar la demanda para ser resueltas con carácter previo a la sentencia de ahí que también se diga que son de previo y especial pronunciamiento.

 

Englobadas bajo la denominación de previas el Art. 336 del CPC enumera las siguientes:

 

1) Incompetencia.

2) Incapacidad o impersonería del demandante o demandado o de sus apoderados.

3) Litispendencia.

4) Oscuridad, contradicción o imprecisión en la demanda.

5) Citación previa al garante de evicción.

6) Demanda interpuesta antes de ocurrido el vencimiento del término o el cumplimiento de la condición.

7) Cosa juzgada.

8) Transacción.

9) Prescripción, cuando pudiere resolverse como de puro derecho.

10) Conciliación.

11) Desistimiento del derecho.

 

Según el tratadista Couture, en nuestros países la clasificación de las excepciones es la que distingue entre dilatorias, perentorias y mixtas.

 

Esta clasificación obedece a su finalidad procesal, sus relaciones con el proceso, según tiendan a postergar la contestación de la demanda, que la ataquen directamente provocando una defensa sobre el fondo, o que mediante una simple cuestión previa se procure la liquidación total del juicio.

 

Siguiendo al mismo autor, excepciones dilatorias, son aquellas que tienden a dilatar o postergar la contestación de la demanda: incompetencia, litispendencia, defecto formal de la demanda, etc.

 

Excepciones perentorias son las que se emiten sobre el fondo mismo del asunto y se deciden en la sentencia definitiva: pago, compensación, novación y la llamada habitualmente exceptio sine actione agit, etc.

 

Las mixtas son aquellas que teniendo carácter previo a la contestación sobre el fondo, proponen una defensa que, siendo acogida, pone fin a éste. Se dice que habitualmente tienen la forma de las dilatorias y el contenido de las perentorias. Son la cosa juzgada y la transacción.

 

Como se puede observar, esta clasificación, está comprendida en la enumeración del citado Art. 336.

 

11. Excepciones dilatorias.

 

Son excepciones de carácter procesal, porque versan sobre el proceso y no sobre el derecho material alegado por el actor. Tienden a eliminar en forma previa, ciertas cuestiones que embarazarían en lo futuro el desarrollo del proceso y por ello se dice también que tienen un carácter acentuadamente preventivo para economizar esfuerzos inútiles y por ello mismo deben ser resueltas en forma previa a toda otra cuestión (Couture).

 

En nuestra legislación esta clase de excepciones están señaladas en los incisos. 1 al 6 del Art. 336, la denominación de dilatorias ha sido eliminada y solo aparecen bajo la denominación de previas.

 

En opinión del tratadista Tarigo, estas excepciones u oposiciones dilatorias constituyen la defensa en que se objeta un elemento de la pretensión de tal naturaleza que, si la oposición prospera, el ataque pierde su eficacia actual, pero no puede reproducirse, no mata pero hiere el fundamento de la pretensión.

 

Según la doctrina, en nuestro procedimiento las excepciones previas de carácter dilatorio o procesal señaladas en los incisos 1 al 6 del Art. 336 deben ser planteadas todas juntas con la prueba que se requiere y sea pertinente para acreditar lo que se tiene afirmado, en el plazo de cinco días desde la citación con la demanda.

 

En el caso del citado por edictos, se considera que este plazo está incluido en los treinta días que tiene el demandado para contestar la demanda, luego será el defensor oficial el que tenga a su cargo la defensa a través de esta clase de excepciones, más aun si el Juez en calidad de director del proceso está facultado para poner en relieve y señalar las consecuencias procesales, aunque no medie la excepción previa, respecto de ellas como el caso de la excepción de: incompetencia absoluta del tribunal, litispendencia, falta de representación o de personería del actor o su representante, caducidad, cosa juzgada y transacción.

 

La resolución interlocutoria que se pronuncie sobre las excepciones previas procesales (dilatorias o procesales), es susceptible del recurso de reposición con apelación alternativa con el efecto diferido según se tiene del Art. 24 – 1) de la Ley de Abreviación Procesal Civil. No obstante, esta generalización es perjudicial en el caso de la excepción de incompetencia y debería haberse mantenido el recurso con  efecto devolutivo.

 

A manera de ejemplo se han redactado en el Curso de Capacitación Inicial resoluciones de excepciones previas (procesales) de las cuales se transcriben en este texto dos. Una relativa a la excepción de citación al garante de evicción que por su naturaleza jurídica amerita dos resoluciones, luego del traslado al actor y otra de excepción de incompetencia por razón del territorio. Las que se transcriben a continuación:

 

Sucre, 24 de octubre de 2001

 

VISTOS: La excepción previa de INCOMPETENCIA en razón de territorio, formulada por MARCELA ARCE TAPIA por memorial de fecha 15 de octubre de 2001 (fs….); los antecedentes del proceso, se establecen los siguientes extremos:

Que por memorial de fecha 15 de octubre del presente año MARCELA ARCE TAPIA – al momento de responder a la demanda– formula la excepción previa de INCOMPETENCIA en razón de territorio, arguyendo que esta Autoridad no es competente para el conocimiento de esta causa, sino el Juez de Instrucción de la ciudad de Tarija, a quien pide sean remitidos los antecedentes, al margen de que la nombrada no acepta la prórroga de competencia. Los argumentos sustentados son: a) el documento de compromiso de pago, adjunto a la demanda, fue suscrito en la ciudad de Tarija; b) que el cumplimiento debió realizarse en aquella ciudad, y c) que su domicilio es, de igual manera en la ciudad de Tarija. Funda dicha excepción previa en la previsión contenida por al Art. 10 inc. 2) del Código de Procedimiento Civil y 32 del la Constitución Política del Estado.

Que corrida en traslado la excepción previa citada, conforme dispone el Art. 338 – I del Código de Procedimiento Civil, la misma no mereció respuesta por la parte actora, correspondiendo por ello su consideración y resolución.

CONSIDERANDO: Que el artículo 10 inciso 2) del Código de Procedimiento Civil, establece que: “… (será competente) en las demandas por acciones personales, el Juez del domicilio del demandado, el del lugar donde debe cumplirse la obligación, o donde fue suscrito el contrato,  A ELECCIÓN DEL DEMANDANTE”.

Siendo el presente proceso sumario, por una acción de carácter personal resulta totalmente aplicable la norma citada, correspondiendo realizar el siguiente análisis.

1. Que el documento base de la presente acción, referente al compromiso de pago de la suma de Bs. 1300.- efectivamente fue suscrito en la ciudad de Tarija en las oficinas de la Unidad de Conciliación Ciudadana y Familia N° 1 de aquella ciudad, en fecha 25 de agosto del 2000.

2. Por otra parte, revisado el texto de dicho documento, se advierte que la obligación de pago, debió hacerse efectiva en las oficinas de dicha Unidad Policial, que –como se dijo– se halla desarrollando sus actividades en la ciudad de Tarija.

3. Por el certificado de residencia adjunto a la demanda, emitido por la División de Registros y Archivos dependiente de la Policía Nacional de la ciudad de Tarija, se advierte que la demandada MARCELA ARCE TAPIA, tiene como domicilio y residencia actual en la Calle de las Flores n° 109 de la ciudad de Tarija, documento este que tiene todo el valor probatorio consignado en el Art. 1296 del Código Civil.

Con estos antecedentes, esta Autoridad resulta incompetente –en razón de territorio- para conocer la presente causa, siendo su similar de Instrucción en lo Civil de la ciudad de Tarija, el competente bajo las reglas de competencia establecidas por el Art. 10 del Código de Procedimiento Civil, debiendo considerar, además, la previsión normativa constitucional establecida en el Art. 31 de la Constitución Política del Estado, más si no se da el presupuesto señalado en el Art. 28 de la Ley de Organización Judicial.

POR TANTO: Se declara PROBADA la excepción previa de incompetencia formulada por MARCELA ARCE TAPIA, disponiendo la remisión de antecedentes del presente proceso ante el Sr. Juez de Instrucción de Turno en lo Civil de la ciudad de Tarija, con la debida nota de Cortesía. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

 

EXCEPCIÓN DE CITACIÓN PREVIA AL GARANTE DE EVICCIÓN – PRIMERA RESOLUCIÓN

 

Sucre, octubre 21 de 2001

VISTOS: La excepción previa de citación al garante de evicción planteada a fs…., por parte del demandado….. sustanciada la misma con el traslado de fs….., sin que se hubiera contestado se considera y resuelve:

CONSIDERANDO: Esta excepción previa enumerada en el Art. 336-5)

 

del CPC tiene por objeto dar aviso al llamado a evicción a fin de que

tome intervención en el proceso, si así lo desea, porque no se le puede obligar a comparecer, por ser facultativo para el citado,  asumir o no la defensa del citante. En caso de comparecer tendrá el citado todas las facultades y cargas procesales que le corresponda según sustituya al citante o coadyuve con él, tomando la causa en el estado en que se encuentre.

De acuerdo a lo establecido en el Art. 627 del CC el comprador está facultado para llamar a su vendedor a evicción en la oportunidad de plantear excepciones previas.

En este caso concreto, la demandada…………………… llama a evicción a su vendedor……………………………………… cuya relación comprador – vendedor consta en la Escritura (Privada o Pública N° 50/89) adjunta a fs………….., llamado que se hizo en término hábil.

Que, en base a estos antecedentes se tienen que se cumplen los presupuestos procesales establecidos para la procedencia de la excepción propuesta; según lo establecido en los Arts. 75 y 76 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: Declarando procedente la excepción de citación previa al garante de evicción planteada a fs….. por parte de………………………….., se dispone:

Citar de evicción a ……………….. para que en el término de 5 días exprese: a) si toma el lugar del citante asumiendo defensa; b) no acepta la citación y queda fuera de la causa; o c) queda en la causa coadyuvando a la citante, siéndole oponible la sentencia.

La carga de la citación la tiene la citante.

Vencido el plazo concedido al citado, vuelva a despacho para la resolución que corresponda según la actitud que asuma el citado. REGÍSTRESE.

 

SEGUNDA RESOLUCIÓN

 

Sucre, octubre 25 de 2001

VISTOS: La resolución de fs….. y en vista que el citado de evicción, no obstante el plazo transcurrido, no se ha pronunciado, con la finalidad de precluir etapas procesales y bajo el principio de impulso procesal y lo establecido en el Art. 77 del Código de Procedimiento Civil, se resuelve:

No habiéndose manifestado el citado de evicción si toma el lugar del citante o no acepta la citación o si finalmente queda fuera de la causa o coadyuva al citante, se lo tiene por excluido de esta acción, con todos los efectos jurídicos sustanciales y procesales que implica esta situación en condición de vendedor del bien que es objeto de este proceso sumario por reivindicación del bien inmueble.

 

Que, estando excluido de este proceso el citado de evicción, la

excepcionista………………. debe continuar como parte demandada, con todas las obligaciones y derechos que tiene por esa calidad. REGÍSTRESE.

 

12. Excepciones Perentorias.

 

No son defensas sobre el proceso, sino sobre el derecho. Constituyen la defensa de fondo sobre el derecho cuestionado. Toman también el nombre de hechos extintivos de las obligaciones en los asuntos de ésta índole: pago, compensación, novación, etc. Cuando se invoca alguna circunstancia que obsta al nacimiento de la obligación, también lleva el nombre de ésta: dolo, fuerza, error, etc. (Couture)

 

Guasp citado por Tarigo las conceptualiza como la oposición o resistencia frente a los elementos fundamentales de la pretensión de carácter procesal o sustancial que, de triunfar sobre aquella, determina su total ineficacia. Expresada gráficamente puede decirse que matan el fundamento de la pretensión.

 

Puede decirse, muy genéricamente, que estas excepciones son todas aquellas que denuncian la inexistencia de un hecho básico constitutivo de la pretensión o que afirman la presencia de un hecho básico destructivo de la pretensión, sea ese hecho impeditivo, modificativo o extintivo (caducidad y prescripción).

 

Algunas de estas excepciones también se encuentran englobadas en la enumeración del Art. 336 inc. 7 al 11) bajo la denominación de previas con similar plazo de proposición que las previas procesales (Art.338 C.P.C.).

 

De acuerdo a lo establecido en el Art. 342 del C.P.C., las excepciones de los inc. 7 al 11) son previas, pero también pueden ser opuestas como perentorias al contestar  también la demanda, pero serán resultados en sentencia. Todas las otras excepciones perentorias que puede invocar el demandado contra las pretensiones del actor, según los señala el citado Art. 342, pueden ser: La excepción de pago, compensación, novación, dolo, fuerza, error, caducidad, falta de legitimación para obrar manifiesta, etc.

 

La resolución que corresponde  si se tramitan como previas, es un auto definitivo del cual procede la apelación en el efecto suspensivo. (Art. 339 del C.P.C.).

 

La doctrina incluye en la clasificación, a las excepciones mixtas. Procesalmente funcionan como las dictatorias y en caso de ser acogidas producen el efecto de las perentorias. A través de ellas no se discute ni se dilucida el derecho mismo, ponen fin al juicio pero no mediante un pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia del derecho, sino merced al reconocimiento de una situación jurídica que hace innecesario entrar a analizar el fondo mismo del derecho (Couture). Se señalan a la cosa juzgada y transacción como excepciones mixtas.

 

Nuestra legislación ha eliminado esta denominación y ha incluido a estas excepciones en las previas del Art. 336, con posibilidad de plantearlas como perentorias según lo señala el Art. 342.

 

En las prácticas del Curso Inicial, se han tramitado y resuelto esta clase de excepciones perentorias sobre la base de casos reales que están a disposición de los participantes.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.- RESPUESTAS DE AQUIESCENCIA

 

Respuesta de aquiescencia significa consentir, admitir, en este caso, lo que se tiene afirmado por el actor en su demanda.

 

Son varias las respuestas de aquiescencia que pueda dar el demandado:

 

1) La primera, admitiendo los hechos. Esta clase de respuesta se da cuando el demandado admite como verídicos los hechos afirmados por el actor en su demanda y por el contrario, niega, los fundamentos de derecho y la fundabilidad de su pretensión. Consecuencia de la importancia de esta clase de contestación, es la limitación del objeto de la prueba, porque los hechos admitidos no necesitan ser probados. Ej. Si en una demanda por daños y perjuicios ocasionado por animales, el demandado admite como verídicos los siguientes hechos: que los animales son de su propiedad, estaban bajo su responsabilidad y que han entrado al fundo del vecino, ocasionando daños, éstos hechos ya no serán objeto de prueba.

 

2) Confesión: Si el demandado contesta confesoriamente la demanda, se produce el relevo de prueba según lo señala el Art. 347 del C.P.C.  y por lo tanto, sin más trámite se debe dictar sentencia.

 

Pero esta confesión que resulta ser espontánea, debe cumplir ciertos requisitos para producir este efecto tan trascendental: Debe referirse a hechos personales del demando y sobre los cuales tenga capacidad de disposición, que sea cumplida personalmente por el demandado o por su apoderado con mandato especial y expreso, que el confesante sea persona capaz y que le sea desfavorable y favorable al actor (Art. 1321 del C.C.).

 

3) Allanamiento: Esta forma de contestación no está prevista expresamente en nuestra legislación procesal vigente, pero no significa que el caso no se da. El juez, una vez presentado el caso debe resolver según lo señala el Art. 1º y 193 del Código de Procedimiento Civil. Sí está ya previsto en el anteproyecto.

 

El allanamiento a la demanda consiste en el reconocimiento de su fundamento y la aceptación de la pretensión contenida en la misma.

 

La aceptación a la pretensión, hace innecesario el proceso y el juez debe dictar inmediatamente la sentencia. Ej.: si la pretensión del actor es que se le escriture la compra – venta de una casa y el demandado acepta otorgar esa escritura de transferencia el juez debe dictar sentencia, sin más trámite.

Se exceptúan los casos en que la cuestión objeto del proceso sea de orden público, si se trata de derechos indisponibles para las partes o si los hechos en que se funda la demanda no pueden ser probados por confesión.

 

Ej. En el caso de la declaración de unión libre o de hecho en el que no basta la voluntad coincidente de las partes, sino que se requiere el desarrollo del proceso para que en sentencia, el tribunal pueda decretar la comprobación y existencia de esa unión.

 

Otro ejemplo: Si se demanda la reivindicación de un bien que es de uso público como es un área verde, así el demandado, que en este caso será la Municipalidad, se allane a la pretensión del actor, el juez no puede resolver de inmediato, debe tramitarse la causa y una vez desarrollado todo el proceso, el juez resuelve.

 

4) Allanamiento a la pretensión material.-  Se da cuando a la pretensión procesal (allanamiento a la pretensión), que es sólo una declaración de voluntad, se suma un acto concreto, un acto de disposición. Ej.: si a la declaración de voluntad de escriturar la transferencia, se adhiere a la contestación de la demanda ese documento de transferencia. O en el caso de la entrega de una casa, se hace entrega de las llaves. En este caso no es necesaria ni la sentencia y el juez debe dictar una resolución inmediata para liberar al demandado de esa obligación y dar por concluido el proceso.

 

Un ejemplo práctico se tiene a través del siguiente memorial y resolución:

 

Señor Juez de Instrucción Primero en lo Civil de la Capital

Contesta allanándose a la demanda

 

Margoth Torrico Farfán, mayor de edad, casada, abastecedora, con domicilio en esta ciudad en calle Junín Nº 200, en el proceso sumario por cumplimiento de obligación que ha promovido Francisco Matos Mealla ante usted con todo respeto expongo y pido.

 

El documento de compromiso firmado ante la Policía con el Sr. Matos, contiene la obligación que debo al actor por concepto de compra – venta de 2 bueyes, suma que en la fecha pago con el depósito de los Bs. 1300, solicitando se de por cumplida la obligación conforme lo establecido en el Art. 351 – 1) del C.P.C., por lo tanto pido que se dicte la resolución pertinente y se ordene el archivo de obrados.

 

Otrosí:- Honorarios

 

Otrosí 2.- Domicilio

Sucre, Octubre 15 de 2001

 

Abogado Interesado

 

Sucre, octubre 17 de 2001

 

Vistos: Según el texto del memorial presentado por la demandada, ésta se allanó a la demanda e inclusive cumplió con la obligación demandada, depositando el importe de la suma que pretendía que se pague a través de este proceso, por lo tanto, no existiendo razón para que este proceso continúe y cumplida su finalidad, se resuelve:

 

1. Declarar extinguida por pago, la obligación contenida en el documento adjunto a la demanda y que consiste en el pago de Bs. 1300, documento que fue suscrito ante la Oficina de conciliación Ciudadana de la Policía Nacional en fecha ………………………………., por lo tanto liberada la deudora y demandada Sra. Margoth Torrico Farfán, según lo señala el Art. 351 –1) del C.C.

2. Como consecuencia, concluido el proceso sumario de conocimiento promovido por Francisco Matos Mealla para el pago de esa obligación, por haber cumplido su finalidad.

3. El depósito efectuado, se hará entrega inmediatamente al actor, para lo que se correrán trámites, por actuaria.

4. Una vez pagada la suma, se dispone el desglose de documentos hago constancia y dejando en su lugar fotocopias y luego el archivo de obrados.

 

Regístrese.

 

RESPUESTAS DE OPOSICIÓN:

 

De dos formas pueden ser las respuestas de oposición del demandado, la primera:

 

1) La contradicción (oposición stricto sensu)

 

El demandado hace una declaración de voluntad por la que reclama del órgano jurisdiccional, frente al actor, la no actuación de la pretensión de éste.

 

Esta oposición o contradicción puede tomar dos formas según la doctrina: la defensa y la excepción.

 

La defensa es la negación directa de las afirmaciones de hecho del actor.

 

En la contradicción por excepción, se incorporan al proceso afirmaciones de hecho distintas a aquéllas afirmaciones de hecho del actor que a su vez resultan negadas también aunque indirectamente.

 

Puede ser por contradicción o por objeción.

 

Ej. de la primera: Si el actor reclama la entrega de su casa que fue arbitriamente ocupada por el demandado y éste contesta afirmando que ocupa la casa porque le fue entregada por el actor en calidad de promesa de venta.

 

Por objeción, Ej.: Admitir que se recibió dinero prestado, pero se pagó.

 

2) La Reconvención, es la segunda forma de respuesta de oposición. Está considerada como un fenómeno de acumulación de pretensiones sucesivas.

 

Es la nueva acción que puede ejercitar el demandado contra el actor pero que en el caso del proceso sumario de conocimiento debe derivar de la misma relación jurídica o fueren conexas con las invocadas en la demanda (Art. 480 C.P.C.)

 

Es una nueva demanda del demandado contra el actor que no tiene por objeto destruir la acción deducida por éste, sino que persigue también la declaración o el reconocimiento de un derecho de la misma o distinta naturaleza del que funda la demanda principal.

 

La formulación de la nueva pretensión amplía el objeto mismo del proceso que ya no está constituido por un litigio, sino por dos y por lo tanto, también por 2 pretensiones.

 

Este instituto tiene como fundamento la economía procesal porque serán dos procesos que se tramitarán simultáneamente y en uno solo y tendrán una resolución.

 

Se señalan como requisitos de su procedencia: (Proceso sumario de conocimiento. Art. 480).

 

a) Que la acción que se deduce en la reconvención, corresponda a la competencia del juez de la cuestión principal (materia).

b) Que ambas pretensiones (principal y reconvencional) sean de igual o análoga materia, conexas entre sí y derivan de la misma relación procesal.

c) Que puedan tramitarse por el mismo procedimiento inicial.

 

Es importante señalar las diferencias entre excepción y reconvención: La excepción tiende a destruir la acción mientras que la reconvención es una nueva acción independiente; en la excepción no varía la posición del demandado, sí varía con la demanda reconvencional porque se convierte en actor.

 

Es muy frecuente en la práctica judicial, plantear la demanda reconvencional sin cumplir los requisitos señalados en el Art. 327 del C.P.C., cuando el Art. 348 del Código citado señala en forma expresa que la reconvención se debe deducir en la forma prescrita para la demanda. Se trata de una nueva acción que genera un nuevo proceso acumulado por lo tanto, se debe exigir el cumplimiento de todos los requisitos de forma y contenido de la demanda principal y se debe sujetar a los mismos trámites de esta  en consecuencia, puede ser observada y puede ser tenida por no presentada si no se subsanan las observaciones (Art. 333 C.P.C.).

 

En cuanto a su admisión, también se deben observar todos los presupuestos señalados precedentemente para la demanda.

 

Debe ser presentada con la contestación a la demanda y una vez admitida y corrida en traslado al actor por el plazo de 5 días, con la respuesta o en su caso declarada su rebeldía lo que corresponde es la calificación del proceso.

 

Sea cual fuere la contestación a la demanda, el demandado deberá cumplir con los requisitos señalados en el Art. 346 del C.P.C., especialmente en lo que se refiere al inc. 2) respecto a los documentos acompañados o citados en la demanda, porque su silencio, evasivas o negativa meramente general podrá estimarse como reconocimiento de la verdad de los hechos a que se refieren dichos documentos, aspecto que deberá ser considerado y resuelto en la sentencia.

 

5. RELACIÓN PROCESAL

 

Una vez presentados los escritos de demanda, reconvención y respuestas de ambos o en su caso declarada la rebeldía y resueltas las excepciones previas si han sido planteadas, queda establecida la relación jurídica procesal, cuyo efecto principal es su inmodificabilidad respecto a los sujetos procesales y al objeto del litigio. (Art. 353 C.P.C.) (etapa de alegaciones ).

 

Sin instancia de partes, el juez debe calificar el proceso . La calificación del proceso en sumario de hecho o puro derecho depende de los hechos afirmados en la demanda, del derecho invocado y que hubieren sido objeto de controversia.

 

Se calificará como de puro derecho cuando el demandado admite en su totalidad los hechos alegados como fundamento de la demanda y se limita a cuestionar la aplicabilidad o alcance de las normas jurídicas invocadas por el actor.

 

Palacio señala que también corresponde calificar como de puro derecho cuando el actor omite el cumplimiento de la carga consistente en ofrecer la prueba en el escrito de demanda, y ésta no es contestada por el demandado.

 

Declarado el proceso como de puro derecho se correrá traslado al demandante por el plazo de 5 días para la réplica, luego al demandado para la dúplica, inmediatamente después, pasará a despacho para resolución. Estos escritos pueden ser renunciados por las partes. (Arts. 482 y 354 – II del C.P.C.).

 

Por el contrario si existen hechos controvertidos, el proceso será calificado como de hecho, se acordará en la misma resolución interlocutoria, el respectivo plazo probatorio no mayor a 20 días y fijará los puntos de hecho a probar, que resultarán de los afirmados en la demanda y controvertidos por el demandado en su contestación.

 

En esa misma resolución se proveerá la prueba y en su caso se señalarán las respectivas audiencias para la producción de la prueba de inspección, confesión o absolución de posiciones y recepción de la prueba testimonial.

 

Por la naturaleza abreviada de este proceso y sobre la base del principio de celeridad y concentración, es recomendable:

 

1) Que la audiencia de conciliación señalada en el Art. 16 de la L.O.J. sea fijada antes de calificar el proceso, pero ante la eventualidad de fracasar esta audiencia, inmediatamente y en el mismo acto se dicte el auto de calificación del proceso, así se evitarían las dilaciones innecesarias que se observan actualmente.

2) Que en el auto de calificación del proceso se disponga la inmediata notificación de las partes para que entre en vigencia el plazo probatorio que es común y por lo tanto entra en vigencia al día siguiente hábil de la última notificación a las partes. De esta manera será posible también señalar la audiencia de recepción de prueba en la misma resolución.

 

Como ejemplo se tiene a continuación una resolución sobre calificación del proceso y  admisión de prueba en sumario de hecho:

 

Sucre, octubre 12 de 2001

 

VISTOS: Integrada la doble relación jurídico procesal entre Félix Álvarez en su condición de actor y  demandado reconvencionalmente y Martha Encinas Pardo como demandada y reconvencionista, con los efectos que señala el Art. 353 del Código de Procedimiento Civil, según lo establecido en el Art. 482 del mismo Código, se califica el proceso en sumario de hecho por existir puntos de hecho controvertidos, se abre plazo probatorio de 20 días y se fijan como puntos de hecho a probar los siguientes:

 

Para la demandada:

 

1) La obligación exigida a través de este proceso ha sido cumplida,

2) El acreedor no le entregó recibo como constancia de ese pago.

 

Al ofrecimiento de prueba de la demandada:

1) Confesión: como lo solicita la demandada, para recibir la confesión judicial del Sr. Félix Álvarez, se señalan las horas 16:00 del día 22 de octubre del presente.

Se le previene que debe comparecer a la hora y fecha señalada, de no hacerlo se le tendrá por confeso.

Notifíquese personalmente al confesante conforme lo señala el Art. 413 del Código de Procedimiento Civil.

2) Testimonial: por aceptada la declaración de los testigos ofrecidos, señalándose audiencia para el día  …… a horas …… del año en curso.

 

Puede expedirse cédula de comparendo para su notificación.

 

Otrosí es.-

Regístrese.

 

No obstante que el juez tiene facultad para rechazar la prueba que resulta impertinente según lo señala el Art. 376 del C.P.C.,  si es admitida, la parte puede objetar.

 

La objeción por las partes debe ser presentada dentro del tercero día, ésta puede estar dirigida:

 

1) A los puntos de hecho a probar

2) A la prueba (Art. 371 y 382 del C.P.C.)

 

Respecto a la prueba los casos sobre impertinencia están señalados expresamente  en el Art. 382 del C.P.C. Contra la resolución que resuelve la objeción, procede el recurso de apelación con efecto diferido según lo señala el Art. 24 de la L.A.P.C.

 

En cuanto a los óbices sobre la prueba, se probarán con la causa principal y resolverán en sentencia (Art. 382 – III).

 

6. LA PRUEBA

 

El tema relativo a la prueba en general, las etapas del proceso probatorio y diferentes medios de prueba están esquematizados a través de los siguientes cuadros, desde la parte general hasta las particularidades de los diversos medios de prueba:

 

 

PRINCIPIOS GENERALES DE LA PRUEBA JUDICIAL

 

1. Principio de la necesidad  de la Prueba y de la prohibición de aplicar el conocimiento privado del Juez sobre los hechos.

2. Principio de la Eficacia Jurídica y Legal de la Prueba.

3. Principio de la Unidad de la Prueba

4. Principio de la Comunidad (o de la adquisición) de la Prueba

5. Principio del Interés Público de la Función de la Prueba

6. Principio de la Lealtad y Probidad o Veracidad de la Prueba

7. Principio de la Contradicción de la Prueba

8. Principio de la Igualdad de Oportunidad para la Prueba

9. Principio de la Publicidad de la Prueba

10. Principio de la Formalidad y Legitimidad de la Prueba

11. Principio de la Preclusión de la Prueba

12. Principios de la Inmediación y de la Dirección del Juez en la producción de la prueba

13. Principio de la Imparcialidad del Juez en la Dirección y apreciación de la Prueba

14. Principio de la Originalidad de la Prueba

15. Principio de la Concentración

16. Principio de la Libertad de la Prueba

17. Principio de la Pertinencia y Conducencia o Idoneidad de Prueba

18. Principio de la Naturalidad y Espontaneidad y Licitud de la Prueba respecto a la persona humana

19. Principio de la obtención coactiva de los medios materiales de prueba

20. Principio de la Apreciación de la Prueba

21. Principio de la Carga de la Prueba y de la Autorresponsabilidad de las partes por su inactividad

22. Principios de la Oralidad de la Escritura

23. Principio Inquisitivo en la Ordenación y Práctica de las Pruebas

INICIATIVA PROBATORIA DEL TRIBUNAL

 

Ya está anunciado que esta actividad del órgano jurisdiccional es la excepción a la regla.

 

Nuestro ordenamiento jurídico procesal en materia civil vigente a partir del año 1976 ha  introducido esta institución en el código de la materia a través del Art. 378 que dice: “Facultad del Juez. El juez dentro del período probatorio o hasta antes de la sentencia, podrá ordenar de oficio, declaraciones de testigos, dictámenes de peritos, inspecciones oculares y toda la prueba que juzgare necesaria y pertinente”. Complementaria a ésta disposición normativa se tiene el Art. 1326 del Código Civil, cuyo texto es el siguiente: “Juramento Supletorio. Cuando la demanda o la excepción no esté plenamente justificada, pero tampoco del todo desprovista de prueba, o cuando no pueda demostrarse en otra forma el valor de la cosa demandada, puede el juez deferir de oficio el juramento, quedando la apreciación final librada a su arbitrio prudente”.

 

En el Anteproyecto se mantiene esta orientación a través del Art. 163 – III que dice:”La carga de la prueba que el presente código atribuye a las partes, no impedirá la iniciativa del juez o tribunal…etc.”.

 

Este protagonismo del juez ha adquirido consenso en la doctrina. Prestigiosos procesalistas uruguayos y concretamente el Dr. Enrique Véscovi además codificador, comenta el Código General del Proceso vigente en ese país desde octubre de 1988, en estos términos: “En el nuevo sistema se establece el principio de que el juez tiene poderes (deberes) de investigar la verdad (dentro de los hechos alegados por las partes) actividad que debe cumplir bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidades y ser sancionado… El juez está en perfectas condiciones de ordenar pruebas y controlar directamente lo que se diligencia… Estos poderes a nuestro juicio no significan sin embargo que, el juez tenga verdadera iniciativa en materia probatoria como la que tiene el juez penal … sino que su labor debe completar, (aclarar, profundizar, aun disponiendo de nuevas diligencias) la actividad de las partes…”

 

Alsina también tiene su opinión sobre el tema en sentido que la facultad del juez para disponer las medidas necesarias para el esclarecimiento de los hechos controvertidos no puede ir a sustituir la reiterada negligencia de los litigantes en la producción de las pruebas.

 

Comparten ésta misma opinión Tarigo y Palacio, que pertenecen a la última generación de procesalistas, éste último se refiere al tema en los siguientes términos: “La mayoría de las leyes procesales, incluso las más firmemente adheridas al principio dispositivo, admiten, en mayor o menor medida, que el material probatorio incorporado al proceso por las partes, sea complementado o integrado por propia iniciativa del órgano jurisdiccional.

 

Cabe pues insistir en la conclusión de que la actividad judicial en materia probatoria reviste carácter complementario con respecto a aquella carga de las partes, y su objetivo consiste en despejar las dudas con que tropieza el convencimiento del juez en aquellos supuestos en que la prueba producida por las partes no sea lo suficientemente esclarecedora” .

 

Esta facultad ordenadora de oficio también ha sido objeto de estudio por parte del profesor José Ovalle Favela en su libro Teoría General del Proceso, p. 137.

 

Consiguientemente, la iniciativa probatoria del tribunal, en nuestra economía procesal, está conforme a la doctrina que sigue la orientación del Código Modelo y en base al cual fue elaborado el Código General del Proceso uruguayo cuyo Art. 39 señala que la carga de la prueba corresponde a quien pretende algo; la distribución de esa carga – dice no obsta a la iniciativa probatoria del Tribunal.

 

Por último, ésta facultad de iniciativa probatoria del tribunal no puede ser usada discrecionalmente, al extremo de romper o poner en riesgo el equilibrio de la igualdad de las partes en el proceso, ni poner en riesgo la imparcialidad que debe observar el juez. La prudencia y mesura con que debe actuar el juez en estas circunstancias, es de vital importancia.

 

Se complementa el análisis transcrito, con algunos casos de jurisprudencia a nivel nacional: “Esta facultad otorgada por la ley a los jueces, está limitada en su ejercicio a la necesidad de complementar la prueba de las partes, cuando ésta no resulta suficiente”. G.J. Nº 541. p. 12.

 

“Los jueces pueden ordenar de oficio la prueba dispuesta por el Art. 378, aunque se encuentre vencido el término probatorio que sólo rige para las partes. G.J. Nº 892, p. 59.

 

“Los jueces pueden ordenar de oficio la prueba sobre hechos que parezcan concluyentes, aún fuera de término”. G.J. Nº 1230, p. 23.

 

LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA

 

Será abordado el tema de:

 

Prueba tasada o legal y la sana crítica

 

De principio ya sentada la finalidad que tiene la prueba, conviene dejar establecido que, cuando la prueba alcanza el convencimiento del juez, es una prueba eficaz; éste resultado se obtiene cuando el juez dicta la sentencia.

 

Concluida la etapa de producción de pruebas la siguiente es el procedimiento probatorio en su valoración, actividad que incumbe al juez en la sentencia.

 

Tres son los sistemas que pueden ayudar al juez en ésta etapa: De la prueba legal o tasada por la ley o tarifa legal como lo califica Devis Echandía, la prueba racional o de la sana crítica y el sistema de la libre convicción o de la prueba libre.

 

Los dos primeros sistemas están legislados en nuestro ordenamiento jurídico siéndole ajeno el tercero.

 

El sistema de la prueba tasada o legal se caracteriza porque sujeta al juez a reglas abstractas preestablecidas en la ley, es la que señala la conclusión que forzosamente debe aceptar en presencia o ante la ausencia de determinados medios de prueba. Dicho de otro modo, es aquella en la que le señala al Juez en forma anticipada, el grado de eficacia que se debe atribuir a determinado medio probatorio. En el Código civil Boliviano estas reglas están dadas para la prueba confesional y documental. Por sana crítica se debe entender como el modo de razonar, como las reglas del entendimiento humano, la equilibrada combinación de reglas lógicas y reglas de la experiencia, sin excesivas abstracciones intelectuales, En nuestro ordenamiento jurídico, son las reglas por las cuales se valora la prueba testimonial, pericial e inspección judicial.

 

El Art. 397 del C.P.C. Vigente a este respecto dice: “Valoración de la prueba. I. Las pruebas producidas en la causa serán apreciadas por el juez de acuerdo a la valoración que les otorgare la ley; pero si ésta no determinare otra cosa, podrá apreciarlas conforme a su prudente criterio o sana crítica”.

 

Mientras que el Anteproyecto en su Art. 165 tiene el siguiente texto: “Apreciación de la Prueba. I. Las pruebas se apreciarán tomando en cuenta la individualidad de cada una de las producidas y su valoración en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, salvo que la ley disponga expresamente una regla de apreciación diversa”,.

 

Este artículo ha sido tomado casi textualmente del Art. 130 del Modelo.

 

En el texto de los Arts. 397 (1286 del C.C.) Y 165 ya citados se puede observar que en el Anteproyecto hay un cambio importante en cuanto a las reglas de valoración de la prueba. El Código vigente señala a la tasación legal como primera regla de valoración y en defecto de ésta, la sana crítica. Mientras que le anteproyecto dice que, la apreciación de la prueba debe hacerse de acuerdo a las reglas de la sana crítica, salvo que la ley disponga expresamente una regla de apreciación diversa. Ello implica que actualmente la regla está dada por un sistema de la prueba tasada y la sana crítica se constituye en un sistema de excepción.

 

Mientras que en el Anteproyecto la regla es la valoración por el sistema de la sana crítica y la excepción lo constituye el sistema de la prueba tasada o legal. Esta posición asumida por el legislador, en el Anteproyecto tiene un innegable avance en esta materia y acorde con las tendencias doctrinales modernas para ir pasando a la historia el sistema de la prueba tasada e ir rechazándola como opina Guasp, para dar paso y plena vigencia a las reglas de la sana crítica.

 

CONCLUSIÓN DE LA CAUSA PARA SENTENCIA

 

Descartada la etapa de conclusiones en este proceso, lo que corresponde es que una vez fenecido el plazo probatorio o concluida la producción de prueba se pronuncie sentencia en el plazo de 20 días, ello no obsta para que las partes puedan presentar sus alegatos, pero sin plazo adicional, ni saca de expediente.

 

Es recomendable que el juez analice el proceso a los efectos de control y saneamiento si el caso lo amerita, en un plazo que no debe exceder las 48 horas, antes que ingrese a despacho con la respectiva constancia para dictar sentencia. (art. 204 – II del C.P.C.).

 

SENTENCIA

 

Es la forma de conclusión ordinaria del proceso. En el proceso sumario de conocimiento la sentencia es definitiva al igual que el proceso ordinario, por lo tanto en cuanto a sus requisitos y estructura formal se halla sujeta a la misma regulación. (Art. 192 C.P.C.).

 

En la sentencia, el órgano jurisdiccional, decide la causa o punto sometido a su conocimiento y ese fallo es susceptible de pasar en autoridad de cosa juzgada por lo tanto no podrá modificarse ulteriormente de oficio a petición de parte.

 

Este tema ha sido objeto de un módulo especial, por lo tanto en esta oportunidad sólo se darán algunos lineamientos y directrices que se consideran esenciales para el dictado del fallo.

 

Categóricamente podemos decir que la sentencia no es una pura operación lógica, porque hay en ella muchas otras circunstancias ajenas al simple silogismo. “Los jueces en sus fallos deben aspirar a hacer una obra de justicia, más que una obra de legalidad formal” (Couture).

 

Cuando una solución es justa, decía un magistrado, raramente faltan los argumentos jurídicos que la puedan motivar. El buen juez siempre encuentra el buen derecho para hacer justicia.

 

Frente al caso, el juez para dictar sentencia debe realizar similar análisis que el señalado para admitir la demanda. El primer paso a examinar: si la pretensión debe ser acogida o rechazada. Este es un examen superficial del material proporcionado por el expediente.

 

Si este primer examen es favorable por ser admisible el caso, se debe continuar con el análisis crítico de los hechos aportados por las partes en sus escritos de demanda y contestación, así como de las pruebas producidas  con el propósito de convencer de la verdad al juez. En esta etapa del análisis, el juez actúa como un verdadero historiador para verificar la verdad. Una vez determinados los hechos que han dado origen al conflicto debe esquematizar el resultado de estos hechos en una figura jurídica determinada: compraventa, la lesión, el incumplimiento del contrato, etc. En esta operación se trata de reducir los hechos a especies jurídicas comunes y conocidas mediante un simple esfuerzo de abstracción.

 

Reducidos los hechos a tipos jurídicos, corresponde entrar a la determinación del derecho aplicable. Esta operación consiste en determinar si al hecho reducido o tipo jurídico le es aplicable la norma A o la norma B. Por Ej.: establecer si en el cumplimiento de un contrato, éste puede ser cumplido por el deudor o por un tercero.

 

Esta operación, denominada subsunción consiste en el enlace lógico de una situación particular, específica y concreta, con la previsión abstracta, genérica e hipotética contenida en la ley.

 

En esta etapa de reflexión (motivación) del juez es aplicable el principio iura novit curia, pues bajo este principio “el derecho lo sabe el juez” éste es libre de elegir el derecho que cree aplicable, según su ciencia y conciencia, pero con la limitación que no puede constituirse en un acto discrecional de su voluntad autoritaria, sino un acto reflexivo, emanado del estudio de las circunstancias particulares.

 

Realizada la elección de la norma aplicable, el juez debe decidir y esta decisión debe ser acogiendo o rechazando la demanda. Tal decisión debe ser precisa, clara y concreta y referirse a todas las pretensiones planteadas por las partes y sobre las que hubiere quedado establecida la relación jurídica procesal, excepto el caso señalado en el Art. 343 – II del C.P.C. que dice: “Cuando el juez encontrare probada una excepción perentoria no tendrá obligación de resolver las demás propuestas o alegadas ….. etc.” (Art. 192 C.P.C.)

 

ELABORACIÓN DE LA SENTENCIA

 

La claridad y precisión deben ser los aspectos que caractericen el fallo. Estas características comprende las siguientes reglas que deben observarse a tiempo de elaborar la sentencia: Su texto no debe contener abreviaturas; los datos referentes a fechas, números y cantidades especialmente en la parte considerativa como dispositiva debe consignarse en letras. Se deben evitar las tachaduras, los borrones y entrerrenglones; si resultan necesarios deben ser reelaborados mediante nota expresa al final del documento, antes de las firmas, los márgenes y espacios deben de tal forma que faciliten su lectura y procuren una buena presentación del texto. Evitar expresiones o conceptos innecesarios, palabras grandilocuentes o rebuscadas, la sencillez no debe estar reñida con el buen léxico o vasta cultura al punto de caer en la chabacanería.

 

La precisión y claridad exige la capacidad de síntesis de manera que la extensión del fallo sea la estrictamente necesaria.

 

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA

 

Consiste en la debida relación entre lo pedido en la demanda y la escrito en el fallo y comprende además la debida conformidad que debe haber entre los hechos que sirven de fundamento a lo peticionado y lo resuelto en el fallo.

 

La incongruencia, tal como lo señala el Art. 254 – 4) del C.P.C., es causal de casación. Existe incongruencia en los siguientes casos:

 

a) Cuando el fallo no coincide con lo solicitado por las partes.

b) Cuando no resuelve alguna de las pretensiones oportunamente deducidas (sentencia omisa).

c) Cuando se otorga más de lo pedido (sentencia ultra betita).

d) Cuando contiene disposiciones contradictorias.

 

FUNDAMENTACIÓN

 

El fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación. La fundamentación consiste en la sustentación de la sentencia en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que el juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión.

 

MOTIVACIÓN

 

Este requisito se refiere al proceso intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por él, como conocedor del derecho, a los hechos probados o improbados, previamente seleccionados como relevantes para la solución del caso a través de esta operación lógica el juzgador convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor de los administradores de justicia.

 

EXHAUSTIVIDAD

 

Este requisito exige al juez analizar y considerar todos y cada uno de los extremos litigiosos objeto del debate para ser incluidos en la parte dispositiva del fallo. Es importante que en este análisis se haga tomando en cuenta en forma individual todos y cada uno de los extremos sometidos a debate, pero aquellos que sean relevantes, porque los que fueron negativos a las pretensiones del accionarte, basta englobarlos en una denominación genérica.

 

 

ESTRUCTURA DE LA SENTENCIA

 

En la actual estructura de los fallos a partir de los cursos de capacitación continua para jueces en Bolivia, se observan los siguientes requisitos adecuados a los señalados en el Art. 192 del C.P.C.

1. Identificación:

Del asunto

Del Tribunal

De las partes

2. Parte narrativa

“Resultados”

 

- Síntesis de lo sustancial acaecido en el proceso

- Lo esencial de la demanda

- Rasgos de la contestación – Defensas

- Idem. Reconvención.

 

3. Parte considerativa

a) Relación de hechos relevantes para la resolución del proceso. Sólo aquellos conducentes a la dilucidación de la verdad real y que tienen relación con los extremos sometidos a debate por las partes.

b) Relación y elaboración de hechos probados y no probados, seleccionando los debidamente demostrados con prueba idónea aportada al proceso y que debe ser identificada a través del número de la foja.

c) Consideración del fondo. Operación de subsunción (Fundamentación y motivación).

 

4. Parte resolutiva

a) Se define si proceden o no las peticiones formuladas en la demanda – Reconvención – Contestación de ambos

b) Todos los extremos que fueran objeto de controversia deben consignarse en forma precisa, clara, positiva y completa.

c) Esta declaración, a partir del “por tanto” debe circunscribirse al texto estrictamente necesario, pero sin sacrificar la precisión y claridad (Picado Odio).

 

 

En el curso de Capacitación Inicial del Instituto de la Judicatura, se han elaborado sentencias en diversos casos, siguiendo la estructura anteriormente señalada, una de ellas se transcribe a manera de ejemplo:

 

SENTENCIA Nº 121/1998

Juzgado de Instrucción Quinto en lo Civil de la Capital.-

En la ciudad de Sucre – Bolivia, a los veinticinco días del mes de octubre de mil novecientos noventa y ocho años.-

Proceso sumario de conocimiento sobre Cumplimiento de Contrato de Anticrético con Opción de Venta de un bien inmueble ubicado en el Barrio May Toledo, calle Presidente de Segura Nº 171, que se tramita en este Juzgado instaurado por:

Demandante: Freddy Antonio Arandia Arias, mayor de edad, con domicilio en esta ciudad.

Demandada: Elsa Garrón Solís de Durán, mayor de edad, casada, profesora, con domicilio en el Barrio Municipal s/n de esta ciudad, quien reconviene por la restitución o entrega del bien inmueble objeto de litigio.

RESULTANDO

1. Con base en los hechos que expuso el demandante y las citas de derecho que invocó en su escrito de demanda que corre a foja 4, solicitó que en sentencia se declare lo siguiente:

a) El cumplimiento de la opción de venta del bien inmueble ubicado en la calle Presidente Segura Nº 171, Barrio May Toledo de esta ciudad, por el precio de cinco mil dólares americanos, pactado en el contrato de anticrético suscrito con Elsa Garrón Solíz de Durán, en fecha 12 de julio de 1995;

b) La extensión de la escritura de transferencia del inmueble señalado;

c) La condenación en costas procesales.

2. Por su parte la demandada – reconviniente Elsa Garrón Soliz de Durán, fue citada personalmente el 13 de agosto de 1998, conforme evidencia la diligencia de foja 6, por memorial de foja 8 responde a la demanda y pide que en sentencia se declare lo siguiente:

a) Se declare Probada la excepción perentoria de caducidad;

b) La restitución o entrega del bien inmueble objeto de la litis, por cumplimiento de plazo.

3. Durante la tramitación de la causa se han observado las prescripciones y plazos establecidos por ley, calificándose el proceso como sumario de hecho (auto de foja 17 vuelta), se abre plazo probatorio de 20 días común y perentorio a las partes, se fijan los puntos de hecho a probar, se produce prueba, concluida la etapa probatoria, el proceso se encuentra en estado de resolución.

CONSIDERANDO I

I El demandante expone los fundamentos fácticos y jurídicos de su pretensión en los siguientes términos:

1. Que ha suscrito en fecha 12 de julio de 1995, un contrato de anticresis sobre el bien inmueble ubicado en el Barrio Max Toledo, calle Presidente Segura Nº 171 de esta ciudad, con la demandada Elsa Garrón Soliz de Durán por la suma de $US 3.000.-

2. Que en la cláusula séptima del indicado contrato se ha pactado la opción de venta por parte de la propietaria en el monto de $US 5.000.- y compra por parte del anticresista, haciendo uso de su derecho y en cumplimiento a la cláusula ya indicada deposita la suma de $US 2.000.- (saldo).-

3. Estando cumplido (cancelado) el precio total, solicita el cumplimiento del contrato de fecha 12 de julio de 1995; funda su pretensión en lo establecido por los artículos 291, 303, 331 del Código Civil, 478 y 479 del Código de Procedimiento civil.-

 

II  Admitida la demanda por decreto de fecha 28 de julio de 1998 (foja 5), se cita a la demandada en fecha 13 de agosto de 1998, tal como consta de la diligencia de foja 6, quien comparece y contesta la demanda a foja 8-9, en los siguientes términos:

1. “…la opción de compra reservada a favor del anticresista tenía la vigencia de un  año, vale decir el mismo tiempo de duración del contrato anticrético respecto del año forzoso pactado”, que el contrato ha sido suscrito el 12 de julio de 1995, y que la vigencia de la opción de compra ha vencido el 12 de julio de 1996, habiendo transcurrido más de 3 años, sin que el demandante hubiese ejercido su derecho, por lo tanto la opción de compra ha caducado de acuerdo a lo previsto por el artículo 1514 del Código Civil, ya que los derechos se pierden por caducidad cuando no son ejercidos dentro del término de perentoria observancia fijado para el efecto, opone excepción perentoria de caducidad.-

2. Reconviene por la entrega y restitución del bien inmueble al haber vencido el plazo del contrato, a cuyo efecto acompaña depósito judicial por $US 3.000.- monto con el cual devuelve el capital anticrético; funda sus pretensiones en lo preceptuado por los artículos 1514 y 351 numeral 1) del Código Civil y 480 de su Procedimiento.

III  Sustanciada la demanda reconvencional y excepción, el demandante opone excepción perentoria de falta de acción y derecho de la demandada.

CONSIDERANDO II

Del análisis de los antecedentes que constan en el expediente respecto de las pretensiones de las partes, se tienen los siguientes:

HECHOS PROBADOS

1. La suscripción de un contrato de anticresis con opción de venta de un bien inmueble ubicado en el Barrio Max Toledo, calle Presidente Segura Nº 171, en fecha 12 de julio de 1995, suscrito con Elsa Garrón de Durán en su calidad de propietaria y Freddy Arandia Arias en su condición de anticresista por el precio de $US 5.000.- (documento que cursa a foja 1).

2. El plazo de la opción de venta pactado fue de un año, computable desde la suscripción del contrato, conforme consta de la cláusula séptima del documento de foja 1.

3. El demandante Freddy Antonio Arandia Arias, no se encuentra en posesión del bien inmueble objeto de la litis, el mismo que se encuentra cerrado y no está ocupado por el actor (véase las declaraciones testificales de fojas 29 y 30).

HECHOS NO PROBADOS

1. Que las partes en conflicto hubiesen renovado el contrato de anticresis suscrito en fecha 12 de julio de 1995.

2. Que por efecto de la no renovación del contrato, se hubiese producido la tácita reconducción del contrato.

3. Las excepciones de falta de acción y derecho de las partes opuestas por ambas partes.

4. Que el actor haya hecho valer su opción de compra dentro del año de plazo computable en el contrato.

Sobre estos aspectos no existe prueba alguna.

CONSIDERANDO III

Con las consideraciones y fundamentos que a continuación se dirán, se tienen los siguientes aspectos de importancia para la resolución de la presente causa:

1. En primer término corresponde puntualizar lo referente al régimen legal aplicable, a partir del cual se pueden establecer conclusiones que hacen al amparo de la demanda reconvencional:

Según el Artículo 450 del Código Civil, “Hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para constituir, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica”. En autos, la relación jurídica entre demandante y demandada surge como emergencia de la suscripción del contrato de anticrético con opción a compra-venta de fecha 12 de julio de 1995.

Conforme determina el Artículo 519 del mismo cuerpo legal, “El contrato tiene fuerza de ley entre las partes contratantes. No puede ser disuelto sino por consentimiento mutuo o por las causas autorizadas por la ley”. Por su parte el Artículo 494-II del mismo cuerpo legal señala:”Toda condición debe cumplirse de la manera que las partes han querido y entendido que se cumpla”. Es decir, el contrato debe cumplirse en el plazo, forma y condiciones pactadas por las partes.

En autos, las partes han suscrito un contrato de anticresis por el monto de $US 3.000.- con opción de venta por parte de la propietaria en el plazo de un año computable a partir de la fecha de suscripción del contrato, es decir, 12 de julio de 1995; expresada en la cláusula séptima que dice: “Este contrato anticrético se firma expresamente con opción de venta por mi parte y compra por parte del anticresista, por el monto ya acordado en caso de venta de $US 5.000.- Esta opción tendrá la vigencia de un año, o sea, el mismo tiempo de duración de este contrato”.-

En el contrato base de la presente acción, necesariamente debe ser interpretado conforme previene el Capítulo IV del Libro Tercero del Código Civil, se debe averiguar cuál ha sido la intención común de las partes y no limitarse al sentido literal de las palabras (artículo 510 del Código Civil). Partiendo de la naturaleza del contrato de anticresis, entendido como “derecho real concedido al acreedor por el deudor, o un tercero por él, poniéndolo en posesión de un inmueble”. Del análisis del documento de fecha 12 de julio de 1995, se establece que el verdadero sentido otorgado por las partes a dicho contrato, es el de préstamo de dinero con entrega de inmueble.

II  El término de vigencia del contrato está pactado en la cláusula tercera que expresa: “El término lo fijamos en un año forzoso y otro voluntario el mismo corre a partir de la firma de este documento”; documento que fue suscrito el 12 de julio de 1995.- De ello se infiere que el plazo que tenía el demandante para ejercer su opción a comprar era de un año, es decir hasta el 12 de julio de 1996, el mismo plazo de duración del contrato, lapso dentro el cual el actor no hizo valer dicha condición.

III  Con referencia a la tácita reconducción alegada por el demandante, corresponde mencionar que en términos forenses, cuando se habla de tácita reconducción, se refiere a una prórroga tácita, que se produce automáticamente y sin determinación previa. La tácita reconducción supone una reproducción del contrato reconducido, inclusive en lo que se refiere al plazo. Resulta oportuno mencionar que este instituto, es aplicable al contrato de locación, ajeno al caso que se juzga.

IV  A objeto de considerar la excepción de caducidad, corresponde realizar el siguiente análisis:

Caducidad según Manuel Osorio, es la “acción y efecto de caducar, acabarse, extinguirse, perder su efecto o vigor, por cualquier motivo, alguna disposición legal, algún instrumento público o privado o algún acto judicial o extrajudicial. La caducidad se puede producir, entre otros motivos, por la prescripción, por el vencimiento del plazo, por falta de uso, por desaparición del documento”.

Según el tratadista Jorge Joaquín  Llambías, la caducidad es un modo de extinción de ciertos derechos en razón de la omisión de su ejercicio durante el plazo prefijado por la ley o la voluntad de los particulares. Con referencia a los derechos a que se refiere la caducidad, la oportunidad de su ejercicio constituye una circunstancia esencial. Los derechos acuerdan un cúmulo de prerrogativas que pueden ser actuadas opcionalmente por su titular, a cuyo efecto se señala un término preciso, que nace originariamente con esa limitación de tiempo, de modo que no se pueden hacer valer después de transcurrido el plazo respectivo.

Con la finalidad de determinar la procedencia de la excepción de caducidad opuesta por la demandada corresponde diferenciar dicho instituto de la prescripción, siguiendo a Llambías: La caducidad extingue el derecho, la prescripción extingue la acción judicial. La prescripción es una institución general, afecta a toda clase de derechos, por el contrario la caducidad no es una institución general, sino particular de ciertos derechos, los cuales nacen con una vida limitada de tiempo.

La prescripción puede verse suspendida o interrumpida en su curso, en tanto que la caducidad no. La prescripción proviene exclusivamente de la ley, la caducidad no se origina sólo en la ley, sino que puede resultar de la convención de los particulares. El plazo también es un signo distintivo entre ambos.

Por su parte el Artículo 1514 del Código Civil, indica: “Los derechos se pierden por caducidad cuando no son ejercidos dentro el término de perentoria observancia fijado para el efecto”.-

El documento base de la presente acción, ha sido suscrito en fecha 12 de julio de 1995, el actor tenía el plazo de un año para hacer valer la opción de compra pactada en la cláusula séptima de dicho instrumento, es decir, hasta el 12 de julio de 1996; dentro la vigencia del mismo, el demandante no hizo uso de ese derecho, no lo ejerció dentro el término fijado con la demandada. La demanda ha sido iniciada el 24 de julio de 1998, computando desde la fecha de suscripción del contrato han transcurrido más de tres años. El demandante pretende ejercer la opción de compra cuando su derecho ya estaba caduco, al sentir de lo previsto por Artículo 1514 del Código Civil.

V Freddy Arandia Arias y Elsa Garrón Soliz de Durán (demandante y demandada respectivamente), han adquirido legitimación procesal para obrar validamente, es decir, les asiste el derecho de accionar ante los Tribunales de Justicia con la finalidad de dar solución a la controversia o conflicto que existe entre partes con origen contractual donde han intervenido los mismos sujetos, que por lo tanto también son los mismos en la relación de derecho sustancial. Por lo expuesto, se concluye que la excepción de falta de acción y derecho no tiene asidero legal alguno. En consecuencia ninguna de las partes ha acreditado dichas excepciones.

Las conclusiones precedentes surgen de la prueba analizada y valorada conforme lo disponen los artículos 1286, 126, 1297, 1321 del Código Civil.

Por último, se establece que la demanda principal no ha sido probada, el actor no dio cumplimiento al Artículo 375 numeral 1 del Código de Procedimiento Civil, no ofreció ni produjo prueba alguna que acredite su pretensión. Por su parte la demandada acreditó la excepción perentoria de  caducidad opuesta a la demanda, así como su demanda reconvencional.

 

POR TANTO

Se declara:

1. Improbada la demanda de foja 4.

2. Improbadas las excepciones perentorias de falta de acción y derecho opuestas por las partes a fojas 8 y 11.

3. probada la demanda reconvencional de entrega de bien inmueble ubicado en el Barrio Max Toledo calle Presidente de Segura Nº 171.

4. Probada la excepción perentoria de caducidad planteada por la demandada a foja 8, en consecuencia sin lugar la venta pactada como opción.

5. Se dispone la devolución de $US 2.000.- Y $US 3.000.- monto que fuera consignado por este como pago del saldo establecido en el contrato y devolución del capital anticrético respectivamente. Sea en ejecución de sentencia.

6. Sin costas por ser juicio doble.

Regístrese y hágase saber.

 

Firmado Juez

Ante mí: Actuario

 

RECURSOS

 

De acuerdo a lo establecido en Art.  482 del Código de Procedimiento Civil, la apelación de sentencia en esta clase de procesos, procede generalmente en el efecto suspensivo y excepcionalmente con efecto devolutivo, así ya lo hemos expuesto y por lo tanto nos remitimos a los señalado en esa oportunidad. Se transcribe también una resolución que concede el recurso de apelación de sentencia elaborado por los participantes del Curso Inicial.

 

 

Sucre, 7 de noviembre de 1998

 

VISTOS: El recurso de apelación planteado por el demandante contra la sentencia de fecha 25 de octubre de 1998, tramitado el mismo de acuerdo a lo establecido en el artículo 227 del Código de Procedimiento Civil, se concede la alzada en el efecto suspensivo conforme previene el parágrafo II del artículo 484 del mismo cuerpo legal, para ante el superior en grado, donde será remitido el expediente, sea con noticia de partes y la correspondiente nota de cortesía. Cúmplase en el plazo señalado por el artículo 230 del citado procedimiento. Anótese.-

 

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