MODULO 2 – MEDIDAS PRECAUTORIAS

MODULO 2 – MEDIDAS PRECAUTORIAS

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MEDIDAS PRECAUTORIAS

 

1. Concepto

Es el proceso encaminado, dirigido al dictado de una providencia (providencia cautelar), que dispondrá la adopción de una medida (medida cautelar) cuya finalidad será la de evitar el incumplimiento o la inejecución de otra resolución judicial fundamentalmente la sentencia definitiva, a dictarse en el proceso principal (E. Tarigo).

Dice Calamandrei que la medida provisional de cautela “es la anticipación provisoria de ciertos efectos de la providencia definitiva, encaminada a prevenir el daño que podrá derivar del retardo de la misma”.

 

Para Podetti las medidas cautelares son las que tienden a asegurar los elementos formativos del proceso (pruebas); los elementos materiales que en él se discuten o han de servir para satisfacer la obligación reconocida (bienes) y a preservar de daño o los sujetos del interés sustancial, mediante su guarda y a la satisfacción de sus necesidades urgentes.

 

Todos estos conceptos tienen en común, el señalar una anticipación de lo que ha de venir por motivos de precaución y a la vez dar una cierta idea de interinidad de estas medidas que son adjetivadas con diversos calificativos: medidas de seguridad, precautorias, preliminares o previas o preparatorias, preventivas, provisionales, de conservación de cautela o cautelares.

 

2. Finalidad

 

Con el riesgo de que no sea suficientemente genérica la finalidad que se señalaba y que no cubra todas las medidas precautorias o cautelares, se puede decir que la finalidad de las mismas es: facilitar un proceso principal garantizando la eficacia de sus resultados, adoptar precauciones, cautelas o aseguramiento frente a la posible ineficacia de la sentencia del proceso principal.

 

En general tienden a prevenir posibles perjuicios a los sujetos de un litigio o de un posible litigio o más precisamente a los titulares o presuntos titulares de un derecho subjetivo material, que eventualmente puede ser   actuado ante la jurisdicción y, por otro lado a que la función jurisdiccional se pueda cumplir ejecutando lo decidido, restableciendo el orden jurídico, con el menor daño o menoscabo en los bienes y en las personas (Podetti).

 

3. Caracteres de lo cautelar

 

Se hace preciso sistematizar y examinar las características que la generalidad de la doctrina señala como genéricas de las medidas precautorias consideradas un anticipo de la garantía jurisdiccional y como tales un accesorio, o instrumento o elemento de otro proceso.

 

Enumeración.-

 

1) La provisionalidad o provisoriedad y temporalidad

2) Mutabilidad

3) Tiene por finalidad evitar el periculum in mora

4) Instrumentalidad o subsidiaridad

5) Son admisibles en todo proceso

6) Caducidad

7) Generan responsabilidad para quien las solicita

8) Son de tramitación unilateral

9) Anticipación de la ejecución

 

 

1) La provisionalidad o provisoriedad.- Las medidas precautorias son siempre provisorias, subsisten mientras duran las circunstancias que las determinan y si éstas cesaren se podrá requerir su levantamiento.

 

Las medidas precautorias establecidas en el Código de Procedimiento Civil tienen esta característica. Al respecto el Art. 175 dice: “Las medidas precautorias subsistirán mientras duraren las circunstancias que las determinaron, y cualquier momento en que ellas cesaren se podrá disponer su levantamiento”.

 

Los efectos de las providencias cautelares son de duración temporal, limitada. Al tiempo que transcurre entre el dictado de la providencia precautoria hasta el dictado del fallo definitivo se limita los efectos de lo cautelar. De ahí que se diga que los efectos de la medida precautoria son temporalmente limitados, además de provisorios.

 

2) Mutabilidad.- Vinculada a esta característica, se encuentra la relativa a la flexibilidad del proceso cautelar y la mutabilidad de la medida cautelar. La flexibilidad consiste en la facultad que tiene el órgano judicial para determinar el tipo de medida adecuada a las circunstancias del caso, y por otro lado, la facultad que tienen las partes para pedir en cualquier momento la modificación de la medida o medidas dispuestas.

 

La mutabilidad se debe entender en su doble sentido: en cuanto pueden ser sustitutivas a pedido del demandado y en cuanto deben ajustarse al fin de la cautela, adaptándose lo más ceñidamente posible, a las necesidades del caso.

 

En efecto, quien obtuvo la medida, puede pedir que ésta sea ampliada, mejorada o sustituida. El juez dará curso siempre que la solicitud se encuentre debidamente justificada y no esté cumpliendo adecuadamente la función de garantizar la ejecución y efectivización del fallo (Art. 176-I del C.P.C.).

 

La ampliación consiste en el aumento del monto por el cual se decretó la medida. La mejora en el acrecimiento de los bienes cautelados.

 

Por su parte quien está afectado por la medida puede pedir: la sustitución de una medida precautoria, por otra, que le resulte menos perjudicial, siempre que ésta garantice suficientemente el derecho del acreedor. La sustitución por otros bienes del mismo valor es otra de las facultades del deudor, así como la reducción del monto por el cual la medida precautoria ha sido trabada.

 

Presentada la solicitud, se resolverá previo traslado a la otra parte por el plazo de 5 días o menos, según las circunstancias (complejidad del asunto, justificaciones, el derecho que se garantiza, perjuicio, excesos, etc.) Art. 176 – II. C.P.C.

 

Para evitar perjuicios o gravámenes innecesarios al titular de los bienes, el juez también puede limitar la medida precautoria solicitada o disponer otra diferente, según la importancia del derecho que se intentare proteger (Art. 170 C.P.C.). En estos casos el juez debe obrar con prudencia frente a una solicitud que puede ser manifiestamente exorbitante o inapropiada, en cuyo caso puede hacer uso de la facultad señalada en el artículo citado a tiempo de proveer la solicitud, en cuyo momento sólo cuenta con los elementos de juicio unilateralmente aportados por el actor. Una vez decretada la medida, cumplida y notificada, sólo puede dar curso a la solicitud de limitación o sustitución, a pedido del afectado.

 

Según Palacio, la sustitución consiste en la transformación de la medida decretada en otra menos enérgica, sea en el reemplazo del bien o bienes originalmente afectados por otro u otros de valor equivalente. La reducción consiste en, la disminución de la cuantía por la cual se trabó la medida o en la desafectación de uno o de alguno de los bienes sobre los cuales se decretó la medida.

 

Cualquiera sea la resolución sobre los aspectos precedentemente analizados, se debe resolver correlativamente la contracautela.

 

3) Tiene por finalidad evitar el periculum in mora.- Otra de las características de las medidas cautelares es que tienen por finalidad evitar el periculum in mora, es decir el peligro del ulterior daño marginal que podría derivar del retardo de la sentencia definitiva que resulta ser inevitable a causa de la necesaria duración del proceso. En nuestro sistema este retardo puede resultar mas frecuente por tratarse de un sistema predominantemente escrito.

 

4) Instrumentalidad o subsidiaridad.- Son un accesorio, instrumento o elemento de otro proceso. Esta característica la encontramos en el texto de los Art. 156 y 169 del C.P.C… Se dice que son un accesorio, un instrumento o elemento de otro proceso por que se otorga en consideración al hecho que ha de esclarecerse o actuarse mediante las formas regulares que aseguran la defensa en juicio, es decir, en un proceso donde se actuará ese derecho, o para asegurar la posibilidad misma o integridad de ese proceso (principal).

 

Para Calamandrei, esta es la nota verdaderamente típica de la providencia cautelar, la cual no constituye un fin en si misma, sino que está ineludiblemente preordenada al dictado de una ulterior providencia definitiva, el resultado práctico de la cual asegura preventivamente. Con relación al derecho sustancial, la tutela cautelar es mediata: mas que a hacer justicia, contribuye a garantizar el eficaz funcionamiento de la justicia.

Esta subsidiaridad  puede aparecer también como una providencia incidental cuando la medida ha sido decretada dentro del proceso principal.

 

5) Son admisibles en todo proceso.- Son procedentes en todo tipo de proceso. Esta característica se infiere en el caso de nuestro ordenamiento, pues no excluye a ningún proceso cuando se tenga que pedir medidas preparatorias de las enumeradas en la primera disposición legal citada o en otras no típicas que tienden a asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia.

 

6) Caducidad.- Entendida la caducidad como la institución particular, que mediante el transcurso de un tiempo limitado, extingue un derecho, haciendo que carezca ya de toda existencia, en el caso de las medidas cautelares constituye una característica que se hace efectiva de pleno derecho si no se presenta la demanda principal en el plazo que señala la ley. Este plazo procesal para cumplir un acto procesal, la presentación de la demanda principal, está señalado en el Art. 177 del C.P.C. que establece la caducidad de toda medida precautoria que se hubiese hecho efectiva antes del proceso, si tratándose de obligaciones exigibles, no se interpusiese la demanda dentro de los cinco días vigentes de la ejecución, generando responsabilidad al pago de costas / daños y perjuicios. Este plazo corre ininterrumpidamente y solo se suspende por la vacación judicial (Art. 141.C.P.C.).

 

La caducidad opera desde que ella se produce en adelante, pero no ataca la validez ni la eficacia de la medida precautoria  en el periodo comprendido entre la providencia que la ordena y la caducidad operada.

 

Existe un vacío respecto al plazo en el caso de obligaciones no exigibles, lo que no obsta que el juez tenga que señalar un plazo para no mantener indefinidamente la medida cautelar, pues ésta sólo tiene un carácter temporal y provisorio.

 

7) Generan responsabilidad para quienes la solicitan.- El Art. 173 del C.P.C. dispone que la medida precautoria sólo podrá dictarse bajo responsabilidad de la parte solicitante, lo que supone la aplicación del principio dispositivo. Esta disposición no excluye el caso que la medida sea dictada de oficio en los casos que expresamente lo autorice la Ley como es el caso del proceso ejecutivo donde, a tiempo de intimar de pago se puede expedir el mandamiento de embargo aún sin petición de parte de acuerdo al Art. 491-III del citado procedimiento.

 

Esta responsabilidad también ya en forma correcta es atribuible a quien obtuvo la medida con abuso o exceso en su derecho para obtener (Art. 178 del C.P.C.).

 

8) Son de tramitación unilateral.- Sólo en base al título o prueba documental que el actor ha acompañado a su demanda sin oír, sobre la solicitud a la contraparte (inaudita altera pars), el juez puede dictar la medida precautoria autorizándola y haciéndola eficaz, ello obedece a que su  función es garantizar la efectividad del derecho, no obsta la circunstancia de que el demandado (futuro) pueda oponerse.

 

9) Anticipación de la ejecución.- Porque precisamente, se propone eliminar el daño que podría derivar del retardo de la resolución principal, y por ello, se anticipa a esa ejecución para hacerla efectiva. La medida precautoria se constituye en una garantía anticipada para asegurar y hacer posible la ejecución del fallo del proceso principal, cuyo proceso puede no estar abierto aún. Estas medidas por lo tanto son anteriores a la sentencia de remate (garantía jurisdiccional). Art. 156 C.P.C… Por último podemos decir que, las medidas precautorias no son precluyentes, sino son procedentes en determinado momento, no impiden que puedan decretarse en otro, excepto el caso de caducidad, que impide proponerla meramente por la misma causa (Art. 177-II. C.P.C.)

 

4. Enumeración de las medidas precautorias

 

a) En la doctrina:

Ø Depósito

Ø Prohibición de inmorar

Ø Anotación preventiva de la litis

Ø Los embargos y secuestros

Ø La designación de veedor o auditor

Ø La intervención.

 

b) Medidas cautelares típicas en nuestro Código de Procedimiento Civil. (Art. 156 y 167)

Ø Anotación preventiva

Ø Embargo preventivo

Ø Secuestro

Ø Intervención judicial

Ø Prohibición de celebrar actos o contratos sobre bienes determinados

Ø Prohibición de innovar

 

El Art. 169 prevé otras medidas cautelares que podrían denominarse atípicas pero que fueren aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia, evitando un perjuicio inminente o irreparable.

 

5. Presupuestos generales de las medidas cautelares

 

Del contexto de las normas relativas a las medidas precautorias, se derivan los presupuestos a que deben sujetarse estas medidas con el objeto de establecer su procedencia.

 

1) Verosimilitud Presunción del derecho (fumus bonis iuris).- Consiste en la exigencia, no de la certidumbre absoluta de la existencia del derecho a ser protegido, sino solamente su probabilidad o su verosimilitud, no es necesaria la certeza del derecho, sino sólo su apariencia. La declaración de certeza de la existencia del derecho es la función del proceso principal, no del cautelar, solo entonces se podrá comprobar realmente si aquella probabilidad que fue una hipótesis en el proceso cautelar, corresponde con la realidad.

 

La existencia y vigencia de la medida cautelar está ligada al dictado de la resolución del proceso principal porque si en éste se declara  que el derecho no existe, la medida precautoria desaparece porque la apariencia o hipótesis en que la misma se basaba, se habrá demostrado como ilusoria. Si por el contrario en el proceso principal se declara la existencia del derecho, la medida precautoria dejará su lugar a los efectos definitivos de aquella.

 

Si bien nuestra legislación no prevé la posibilidad de obtener en forma sumaria la comprobación de la existencia del derecho o al menos proporcionarse su verosimilitud a que se presuma su existencia, nada obsta a que se proceda a recibir esa información sumaria (Art. 32 PCE.)

 

2) Peligro en la demora (periculum in mora).- Este es un presupuesto específico y propio de las medidas cautelares, siendo por lo tanto, exigible. Constituye su razón de ser jurídica y de hecho. La medida precautoria exige en forma simultanea al anterior presupuesto, la existencia de un peligro de lesión o frustración del derecho y la justificación de la existencia de ese peligro que debe ser objetivo, calificado según criterios racionales y atendidas las reglas de la experiencia, y no en mero temor subjetivo del actor. Es necesario que se acredite la existencia de hechos ciertos, concretos, de los cuales derive ese peligro o ese riesgo. Ejemplo: deudor sin domicilio conocido, intento de enajenar, ocultar o transportar bienes o disminución notable. El peligro puede apreciarse en la propia conducta o actitud actual del obligado que hace prever su conducta futura y que puede apreciase por indicios o hechos sintomáticos probados. Se hace necesario además determinar si la medida precautoria solicitada es idónea, apta, apropiada para enfrentar y desvanecer ese peligro o si es excesiva. Se debe balancear el perjuicio que puede producir la medida cautelar, con el daño que implicaría sino se adopta la medida en el anteproyecto del C.P.C. este presupuesto está expresamente señalado en su Art. 365-II.

 

3) Contracautela.- Es la acción, la garantía, la seguridad real o personal que en su oportunidad debe ofrecer y prestar quien solicita la medida precautoria, en previsión de los daños y perjuicios que se pueden derivar a consecuencia de la medida.

 

La exigibilidad de este presupuesto está prevista en el Art. 173 del C.P.C. (373 del Anteproyecto). Esta acción debe ser real y efectiva, no bastando la alegación y aún la prueba de la solvencia acreditada de quien pide la medida cautelar.

 

Excepcionalmente quedan exentos de esta garantía: el Estado, las municipalidades, o un beneficiario de gratuidad.

 

En cualquier estado del proceso, quien es dueño de los bienes afectados con la media cautelar, podrá pedir que se mejore la contracautela, si prueba sumariamente que ésta es insuficiente (Art. 174 C.P.C.). Siendo presupuesto, debe constituirse antes del cumplimiento de la medida cautelar.

 

4) Sentencia simultánea o posterior del proceso principal.- (Art. 156).-  Por que  se otorgan supeditadas a lo que se resuelva en el proceso principal o definitivo, que puede ser contemporáneo o posterior. Las medidas cautelares presuponen o anuncian otro proceso, aún cuando no siempre éste llegue a iniciarse.

 

5) Idoneidad de la medida cautelar para conjurar el peligro, necesidad de la medida.- Surge de los Art. 169 y 170 del C.P.C. en cuanto señalan como facultad del Juez el disponer las medidas más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia y disponer la medida según la importancia del derecho que se intentare proteger. Por lo tanto no se trata solo de la apreciación de la necesidad de la medida, sino de una determinada medida que sea necesaria frente a la existencia del peligro invocado por parte de quien la pide. La medida a adoptar debe ser apta, idónea, apropiada para enfrentar y desvanecer ese peligro.

 

Forma del Procedimiento.- Trámites comunes.-

 

La variedad  de medidas precautorias hacen imposible someterlas a un proceso común, sólido para todas ellas. Ello no obsta destacar algunas características comunes en el procedimiento y en sus efectos. Estas características comunes pueden referirse a la intervención de los sujetos, a la prueba, a la resolución y a los recursos.

 

La primera que se puede señalar, es la celeridad con que deben ser resueltas y ejecutadas. Son de tramitación sumaria y su ejecución es inmediata.

 

Competencia.- Aunque no lo dice expresamente el Código de Procedimiento Civil, teniendo en cuenta la accesoriedad de la medida cautelar, ésta es de competencia del juez que interviene o ha de intervenir en el proceso donde se actuará el derecho asegurado, regla que se aplica a la competencia en razón del territorio como de la materia y en su caso de la cuantía (Art. 118 L.O.J), de manera que si el Juez es incompetente debe abstenerse de decretar la medida precautoria, pero si la ordena, la medida es válida y debe ser remitida al Juez tenido por competente porque no se da el caso de prórroga de competencia, salvo el caso señalado en el Art. 28 de la L.O.J. (Art. 366 del anteproyecto del C.P.C.)

 

Legitimación y personería.- ¿Quién es el legitimado para pedir medidas precautorias?, sin duda el titular del derecho que necesita ser asegurado, mediante el anticipo de la garantía jurisdiccional (Legitimación sustantiva activa). La misma legitimación sustantiva activa y pasiva que se exige para el proceso principal, se debe exigir para el procedimiento cautelar. En caso de representación, se aplican las mismas reglas del proceso principal.

 

Demanda y prueba.- Diferente será la solicitud o demanda si se presenta antes o en el curso de la instancia principal, dentro del proceso principal o separadamente de él.

 

Si la medida cautelar se pide antes y en consecuencia separadamente del proceso principal, será necesario que la demanda reúna los requisitos comunes a todo acto de proposición inicial: Requisitos de forma y contenido, documentos que deben acompañarse y ofrecer la prueba sobre los presupuestos de la medida que se solicita.

 

Si se solicita durante el curso del proceso principal, pero separadamente de él, será suficiente que se certifique la personería porque se dará el trámite de un incidente y valen los domicilios denunciados en el proceso. Forma no prevista en nuestra legislación. Si se solicita dentro del proceso principal, aún sea en la demanda, bastará plantear la solicitud expresa y la invocación de las disposiciones legales y circunstanciales del caso que autorizan la medida, además de los presupuestos que deben ser cumplidos.

 

En el memorial se deberá expresar el derecho que se pretende asegurar y la medida que se pide, la disposición normativa en que se funda y el cumplimiento de los requisitos que corresponde, en particular, a la medida requerida (Art. 364 y 365 del AP.  C.P.C.)

 

Resolución.-Las medidas cautelares deben ser ordenadas por autos donde se debe exponer sumariamente los fundamentos: individualizarse la medida que se autoriza, su extensión, las personas o cosas sobre las cuales recae, la contracautela que ha de otorgarse, la forma de su cumplimiento y las facultades del ejecutor, según corresponda

 

En caso de haberse pedido, habilitar día y hora y lugar para el cumplimiento o ejecución de la media.

 

También y según su prudente arbitrio, el juez podrá disponer medida cautelar  distinta a la solicitada, si considera que aquella es suficiente (Art. 170 C.P.C. y 368 AP. C.P.C.)

 

Recursos.- la resolución que admite o deniega una medida cautelar será recurrible mediante reposición y apelación subsidiaria.

 

Igual recurso procede contra la providencia que modifica la medida. La apelación será concedida con efecto devolutivo, (Art. 370 del A.P.C.P.C.)

 

El código vigente no contiene disposición especial al respecto, por lo tanto se debe estar a la naturaleza interlocutoria de la resolución.

 

Ejecución de medidas precautorias.- El Tribunal debe cuidar porque las medidas cautelares decretadas no resulten inútiles.

 

Según el trámite que corresponda, según su especie y la naturaleza de los bienes sobre los que han de recaer: anotación de registros, notificación a terceros o a los propios litigantes, incautación de bienes, etc. Se deben ejecutar con sigilo y celeridad. Para evitar su frustración se puede recurrir al auxilio de la fuerza pública, allanamiento de domicilio (Art. 159 C.P.C.), habilitación de días, hora y lugar si fuera necesario  (en caso de resistencia).

 

Gastos y costos.- La medida cautelar como actuación judicial o en su ejecución produce en ocasiones gastos causídicos o costas. ¿A cargo de quien estará el pago de estos gastos y costas? En principio están a cargo de quien las solicitó. Pero desde el momento que el demandado se opone a la media existe controversia, la impartición de costas se determinará conforme con la suerte de la medida, se impondrán al vencido.

 

Si la medida obtenida resulta en definitiva sin objeto, al desestimarse su pretensión en el proceso principal o simplemente hubiese caducado se debe indemnizar al demandado los daños y perjuicios que sean consecuencia directa de dicha medida a lo que se suma el pago de costas.

 

Mutabilidad.- Ya nos hemos referido precedentemente a esta característica. Las medidas cautelares subsisten mientras duren las circunstancias que las determinaron. Puede ser ampliada, disminuida o cambiada cuando resulta insuficiente o excesiva o no adecuada a sus fines (Art. 175 C.P.C.).

 

Caducidad.- Las medidas cautelares caducan o se extinguen o pierden sus efectos por voluntad de quien las pidió, por las causas señaladas por la Ley y por sentencia desestimatoria dictada en el proceso principal. Los diversos modos de conclusión extraordinaria del proceso como es el caso del desistimiento, allanamiento del demandado a la obligación principal, la transacción y la conciliación pueden poner fin a cualquier medida cautelar en la cual no esté interesado el orden público, como es la guarda de un presunto interdicto considerado peligroso (Art. 177 C.P.C. y 364 A.P.C.P.C).

 

 

DIVERSAS MEDIDAS PRECAUTORIAS

(Típicas)

 

Sin pretender agotar todas las posibilidades que se pueden presentar en cada una de las medidas cautelares señaladas y autorizadas expresamente en nuestra Ley Procesal, se hará una rápida mención a cada una de ellas:

 

1. Anotación Preventiva. Concepto

 

Conocida también con el denominativo de anotación de litis, es la medida cautelar que tiene por objeto asegurar la publicidad de los procesos relativos a bienes inmuebles o muebles registrables, frente a la eventualidad de que las sentencias que sobre ellos recaigan hayan de ser opuestas a terceros adquirientes del bien litigioso a cuyo favor se constituya un derecho real.

Esta medida no impide la libre disposición del bien litigioso, pero quien obtiene o adquiere la constitución de un derecho real sobre el bien litigioso no tendrá a su favor la presunción de buena fe.

Requisitos:

a) Debe ser solicitada y dispuesta una vez planeada la demanda litigiosa o simultanea con ella. Así resulta también del texto del Art. 157 del C.P.C. que dice: “Quien demandare la propiedad de inmuebles o la….. podrá pedir la anotación preventiva…. etc.”

b) Derecho verosímil

c) Contracautela

 

Procedimiento

Se cumple mediante el libramiento de una ejecutoría y notificación al Registrador de bienes inmuebles o muebles (Art. 1552, 1542-2 y 1547-II del C.C.).

 

2. Embargo preventivo. Concepto

 

Es la medida cautelar  en cuya virtud se afectan e inmovilizan uno o varios bienes de quien es o ha de ser demandando en un proceso de conocimiento o de ejecución, con miras a asegurar la eficacia práctica o el resultado de tales procesos. (Palacio).

 

Esta medida se halla autorizada no solo para asegurar el cumplimiento de  obligaciones de dar sumas de dinero sino obligaciones de dar cantidades de cosas o cosas ciertas y determinas, así como de hacer o de no hacer, pero siempre debe versar sobre un derecho susceptible de exigirse coactivamente, se sea en forma específica o a través de la vía sustitutiva de los daños y perjuicios. En la rendición de cuentas sólo procederá cuando esté cumplida la etapa de la rendición.

Este es el criterio adoptado por nuestra legislación a través del Art. 158 del C.P.C.

 

Requisitos:

En cuanto a los requisitos para su procedencia, se estará a los generales para toda medida precautoria y los señalados en el Art. 158 del C.P.C.

 

Cumplimiento del embargo preventivo.

La traba del embargo se hace mediante mandamiento conforme lo señala el Art.- º159 del C.P.C., siendo aplicables al caso las medidas señaladas para el embargo ejecutivo en los Arts. 497, 500 al 504 del citado código.

 

Una vez ejecutado el embargo, los bienes embargados serán puestos en depósito, tal como lo señala el Art. 160.

 

El mandamiento puede ser registrado en el registro respectivo, si se trata de bienes sujetos a registro (Art. 1552-2 del CC.) y  este registro procede a sola presentación del mandamiento y acta del embargo.

 

Es necesario también hacer mención a los bienes inembargables según lo dispone el Art. 179 del mencionado código y sobre lo cual se trabajó con casos.

 

3. Secuestro. Concepto

 

Es la medida precautoria que tiene por objeto el desapoderamiento material de un bien, cuando el embargo no sea suficiente por si solo para resguardar los derechos del peticionante

 

Palacio marca una importante diferencia entre el embargo preventivo y el secuestro. El secuestro recae sobre cosas ciertas y determinadas acerca de las cuales existe o a de promoverse una controversia judicial, en cambio el embargo preventivo versa sobre cualquier bien que se halle en el patrimonio del deudor, y cuya eventual realización permitirá satisfacer el crédito por el cual se procede.

 

Consiguientemente al momento de proveer la medida se debe tomar en cuenta esta consideración doctrinal para aplicar el Art. 162 del C.P.C.

 

 

El mismo autor señala una segunda diferencia en cuanto a los efectos de las medidas, los bienes embargados pueden ser usados por el deudor, si este ha sido nombrado depositario, tal facultad no existe en el caso del secuestro, porque las cosas afectadas por la medida se ponen en manos de un tercero.

 

Procedimiento:

El secuestro se ejecuta mediante el desapoderamiento de la cosa o cosas sobre las cuales recae la medida, privando a su poseedor o tenedor de la posibilidad de usar o de disponer de aquellas, tal desapoderamiento se hace en vista de un mandamiento expedido por el juez.

 

Improcedencia del secuestro:

De acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, es improcedente el secuestro en dos casos: (Art. 163 del C.P.C.)

 

1) Cuando el demandado tuviere título de propiedad, o

2) Estuviese en posesión por mas de un año.

 

Es suficiente cualquiera de estos dos requisitos. La improcedencia del secuestro puede ser demostrada sumariamente.

 

4. Intervención judicial. Concepto

 

Palacio nos da el siguiente concepto: “Desde un punto de vista general, es la medida cautelar en cuya virtud una persona designada por el juez, en calidad de auxiliar externo de éste, interfiere  en la actividad económica de una persona jurídica o colectiva, sea para asegurar la ejecución forzada o para impedir que se produzcan alteraciones perjudiciales en el estado de los bienes”

 

Esta medida en su modalidad mas simple, tiene por único objeto de que el interventor haga efectivo un embargo ya decretado (interventor recaudador). Se trabajó en este caso

 

Como se desprende del concepto, en la segunda de las finalidades de esta medida se pueden distinguir dos especies de intervención: cuando el interventor solo deba limitarse a fiscalizar o controlar la administración de una sociedad, asociación, ente colectivo o patrimonio  (interventor informante o veedor) o  deba, por el contrario, reemplazar provisionalmente al administrador o administradores de la entidad o bienes de que se trate (interventor administrador) o actuar con ellos en forma conjunta (interventor coadministrador).

 

 

En cualquier caso, el interventor es un auxiliar del juez, a cuyas directivas debe ceñirse, su designación es siempre privativa de éste e independiente, por lo tanto, de cualquier acuerdo de partes.

 

En nuestro ordenamiento jurídico está excluido el interventor administrador y/o coadministrador (Art. 165 C.P.C.)

 

Condiciones para el desempeño del cargo:

Según nuestra legislación, solo se da el caso del interventor recaudador y del informante o veedor, para lo cual no se requiere que el interventor posea un título profesional o de específicos conocimientos, aunque si se prevé un conflicto de índole jurídico o requiera comprobaciones contables, conviene la designación, en el primer caso de un abogado y en el segundo de un contador, siendo esta calidad la apropiada en casos de intervención que establece nuestra legislación.

 

Designación y determinación de la misión que debe cumplir el interventor:

Mediante providencia, el juez determinará la misión que deba cumplir el interventor, las atribuciones que le asigne y establecerá el plazo que presuntamente puede requerir la superación del estado de cosas denunciado como fundamento de la medida, según lo que señalan los Arts. 165 y 166 del C.P.C.

 

Deberes del interventor:

Ø Desempeñar personalmente el cargo con arreglo a las directivas que le imparta el juez

Ø Presentar informes periódicos (Art. 165-4 del C.P.C) y el final

Ø Todas las demás obligaciones señaladas en el Art. 165 y

Ø Evitar la adopción de toda medida que no sea estrictamente necesaria para el cumplimiento de su función o comprometa su imparcialidad.

 

5. Prohibición de celebrar actos o contratos sobre bienes determinados

 

Concepto: Es la orden jurisdiccional impartida a una de las partes para que se abstenga de celebrar determinado acto o contrato, a mérito de la existencia de una obligación legal o contractual, o bien de exigencias propias de las circunstancias del caso que, mediando verosimilitud del derecho invocado, aconsejan esta conducta a los fines de asegurar la ejecución forzosa de los bienes objeto del proceso.

 

Esta medida que está autorizada en el Art. 168 del C.P.C., se ejecuta a través de una providencia donde el juez debe ordenar la prohibición individualizando lo que sea objeto de ella y disponiendo su inscripción en el registro correspondiente, notificando a los interesados y tercero que señale el ejecutante.

 

Es más, se establece en forma expresa su caducidad, que se opera si dentro de los cinco días de haber sido dispuesta, no se promueve la demanda principal, o cuando se demuestre su improcedencia en cualquier estado del proceso.

 

6. Prohibición de inmorar

 

Esta medida tiende a impedir que se altere, mientras perdura la medida cautelar, la situación de hecho existente desde el momento de que la medida es decretada. Comprende la prohibición de actos materiales: construir, demoler construcciones, cambiar o modificar una casa, cerrar un lote de terreno, adjudicar, dar en arrendamiento, prometer, etc.

 

Para que esta medida sea efectiva, el juez debe comprobar a través de inspección judicial el estado de cosas al momento de decretar la medida, dejando constancia en acta circunstanciada.  Sólo así se podrá comprobar si hubo o no innovaciones hasta el momento que se dicte la resolución definitiva, frente a la posibilidad que ese estado de cosas sea alterado en perjuicio de quien obtiene la medida y no obstante de dictarse ésta.

 

 

MEDIDAS CAUTELARES

(Atípicas)

 

Son las que se quedan a criterio discrecional del juez en casos que lo estime necesario y con la finalidad de evitar que se cause mayores perjuicios, no están definidas por la ley, de ahí que se llamen atípicas y así lo establece el Art. 169 del C.P.C.

 

Entre estas hemos estudiado al: Depósito y protección de personas, suspensión de acuerdos sociales, tutela provisional del menor, intimidad y propia imagen y la protección de la propiedad intelectual (Francisco Ramos,).-

 

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