MODULO 2 – GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

MODULO 2 – GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

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GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

 

1. CARACTERES GENERALES

En la historia de la humanidad se evidencia una continua violación de los derechos humanos. En esta tesitura si partimos del Derecho Romano que es fuente de nuestra legislación vemos que se encuentra plasmado en la ley de las XII Tablas, la Ley del Talión “ojo por ojo y diente por diente”, es decir que los propios ciudadanos podían hacerse justicia por su propia cuenta, de otro lado existía una discriminación entre ciudadanos y no ciudadanos. A propósito existe en los “Hechos de los Apóstoles” un pasaje mediante el cual el apóstol Pablo en su calidad de ciudadano romano pide que previamente se le efectúe un juicio, en parte dice: “es licito juzgar a un ciudadano romano sin previo juicio?”; demuestra que los no ciudadanos podían ser juzgador sin ningún juicio lo que al presente se denomina SIN EL DEBIDO PROCESO.

Durante la Edad Media la humanidad fue absorbida por la religión cristiana instancia en la cual la teología con “la Summa Teológica” de Santo Tomas, domina todo el pensamiento de la época, de otro lado el Feudalismo nace como una Institución cuyos caballeros, son dueños y señores de sus feudos donde administra justicia creando el vasallaje, existían feudos que se vendían junto con los siervos de la gleba, es decir con los trabajadores convertidos en siervos que no podían cambiar su situación y eran vendidos como actualmente se vende en el oriente de nuestro país, terrenos con cabezas de ganado.

Todo cambiará a partir de la Revolución Francesa de 1789 con movimientos e ideas culturales de la Ilustración con representantes como Robespierre, Montesquieu con el “Espíritu de las Leyes” que propone la separación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Rosseau con obras como el “Emilio” y el “Contrato Social” y sobretodo en materia penal con la obra del conde CESARE BECCARIA, “DE LOS DELITOS Y DE LAS PENAS”, en cuyo contenido se humaniza por primera vez el derecho penal.

Se debería estudiar por separado el pensamiento de Beccaria, hombre de la Ilustración que nunca ejerció la abogacía y que en un tiempo record de aproximadamente 6 meses escribió su obra por el año 1740, sin embargo tiene páginas donde habla de la eliminación de la tortura y la implantación de verdaderos derechos para cualquier sindicado de un delito.

2. EL ESTADO DE INOCENCIA LA CARGA PROBATORIA

Nuestra Constitución Política del Estado, junto al Nuevo Código de Procedimiento Penal, establecen claramente que todas las personas que habitan en nuestro territorio tienen un estado de inocencia, es decir, que a los efectos de una denuncia penal y su posterior proceso penal se debe PRESUMIR SU INOCENCIA; la misma que pierde validez desde el momento que exista una sentencia con calidad de cosa juzgada. Este estado de inocencia es una protección para todas las personas, nosotros lo comparamos con la armadura que llevaba puesta el famoso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, es decir que todos estamos envueltos con una armadura, la misma que nos protege permanentemente.

En esta tesitura, nuestro Código de Procedimiento Penal, establece que la carga de la prueba corresponde a la parte acusadora, quien debería destruir el estado de inocencia, motivo por el cual la persona sindicada o acusada de un determinado delito no tiene que probar su inocencia ya que se encuentra garantizada en la Carta Magna, tampoco tiene obligación de presentar pruebas de descargos, y esto se debe considerar desde el momento de la detención en la audiencia de medidas cautelares en el juicio hasta la sentencia, reiteramos que la carga de la prueba es una obligación que tiene la parte acusadora.

Los Tratados Internacionales también mantienen ésta línea, al respecto citamos el Art. 9 de LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DEL LOS DERECHOS HUMANOS “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se prueba su culpabilidad, conforme a ley y al juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para la defensa” de otro lado el Pacto de San José de Costa Rica dice:”Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad Art. 8”. (Se adjunta la parte pertinente).

Analizadas ambas normas internacionales rescatamos el principio de inocencia como un logro universal. Las garantías que se deben otorgar a un imputado, a efectos de su defensa, son de cumplimiento obligatorio bajo alternativa de que se declare la nulidad del proceso o se impugne el mismo al término.

3. IN DUBIO PRO REO

La Constitución Política del Estado en su Art.16 reza SE PRESUME LA INOCENCIA DEL ENCAUSADO MIENTRAS NO SE PRUEBE SU CULPABILIDAD, este principio es la otra cara de la medalla “IN DUBIO PRO REO”. Siendo la presunción de inocencia un estado del que gozan todos los habitantes sometidos a las normas jurídicas de nuestro territorio, para destruir el mismo es necesario que mediante pruebas legales, se pruebe su culpabilidad a través de un debido proceso con sentencia ejecutoriada, por autoridad competente. Sin embargo no toda prueba puede demostrar la participación en un hecho delictual del imputado, ya que las mismas pueden ser insuficientes o adquiridas en forma ilegal; es decir que la prueba debe ser plena de modo que pueda convencer al tribunal de justicia sin ningún tipo de duda; ante la existencia de “duda”, la prueba no es plena y se debe tomar en cuenta el principio de LA DUDA RAZONABLE, motivo por el cual el juzgador no puede condenar a ningún imputado.

A través de la vigencia del nuevo Código de Procedimiento Penal, la defensa en su estrategia puede no presentar ninguna prueba, ya que la obligación de probar corresponde a la acusación y no a la defensa, sería contradictorio probar su inocencia que ya se encuentra inserto en la Carta Magna, en ésta tesitura la defensa durante la sustanciación del juicio puede abocarse exclusivamente a crear la DUDA RAZONABLE, con lo cual puede lograr una sentencia absolutoria.

De lo expresado supra podemos afirmar que la duda amerita siempre una absolución ya que el objeto del Derecho es la PERSONA como fin en sí misma y nuestra sociedad, que pertenece a la cultura de occidente que tiene pilares fundamentales con el respeto de los derechos humanos, deberá considerar justa una absolución de un culpable a la CONDENA DE UN INOCENTE.

4. NON BIS IN IDEM

Este principio no se encuentra expresamente regulado en la Constitución Política del Estado, sin embargo se debe considerar que en relación a las garantías, el Art. 35 expresa claramente que las declaraciones derechos y garantías constitucionales, no pueden ser entendidos como negación de otros derechos y garantías que tienen su asidero legal en la misma soberanía del pueblo.

De otro lado debemos considerar que el N.C.P.P. establece claramente este principio en su Art. 4 que a la letra dice “NADIE SERÁ PROCESADO NI CONDENADO MAS DE UNA VEZ POR EL MISMO HECHO, AUNQUE SE MODIFIQUE SU CALIFICACIÓN O SE ALEGUEN NUEVAS CIRCUNSTANCIAS, es decir que una persona cuando fue sometida a un proceso con todas las garantías y como consecuencia existe una sentencia con calidad de COSA JUZGADA y nunca mas puede ser perseguida por el mismo hecho.

Este principio es importante ya que con el anterior Código que era inquisitivo, se daban situaciones en las cuales con facilidad cambiaban el tipo penal y nuevamente una persona que ya tenía una sentencia ejecutoriada se encontraba en la difícil coyuntura de afrontar nuevamente un proceso penal.

5. NEMO TENETUR

En la Constitución Política del Estado se encuentra reflejado este principio en su Art. 14 que reza “NI SE LE PODRÁ OBLIGAR A DECLARAR CONTRA SI MISMO EN MATERIA PENAL”. Es decir que un imputado no puede auto incriminarse de la comisión de un delito, que se debe extender también a los parientes consanguíneos hasta el cuarto grado inclusive, o afines hasta el segundo de acuerdo al cómputo civil.

De éste principio constitucional se extrae el derecho que tiene todo imputado de un delito de guardar silencio sin que éste hecho sea considerado en su contra. Alberto Binder en su obra Introducción al Derecho Procesal Penal expresa que la defensa material se materializa guardando silencio o a contrario sensu declarando, sin embargo si decide declarar las mismas deben considerarse como su legítimo derecho de defensa, en ésta tesitura cuando un imputado se encuentra declarando en la etapa preparatoria podría también no decir su nombre, ya que tiene incluso el derecho de decir mentiras sin que las mismas puedan considerarse a contrario sensu en su contra. Este es el motivo por el cual las resoluciones judiciales no pueden tener asidero legal en las únicas declaraciones del inculpado.

6. LA DETENCIÓN PREVENTIVA

El N.C.P.P. establece claramente que durante el procedimiento, el imputado deberá gozar de su derecho a la libertad, esta libertad la mantendrá hasta el momento que exista una sentencia condenatoria con la calidad de cosa juzgada, instancia en la cual deberá cumplir su condena. Es decir durante el proceso se debe presumir su inocencia y sólo podrá ser detenido en forma EXCEPCIONAL y en los casos que corresponda.

Al respecto el N.C.P.P. en su Art. 233 expresa claramente cuáles son los requisitos de la detención preventiva, es decir la imputación formal que debe efectuar el fiscal, la petición fundamentada de detención preventiva solicitada por la fiscalía o en su defecto por el querellante, y los elementos de convicción de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad.

Es decir que excepcionalmente se podrá ordenar la detención preventiva siendo la regla la libertad de las personas que por un azar de la vida pueden encontrarse sometidas a un proceso penal.

También la doctrina considera que el principio de inocencia se encuentra ligado a la libertad de las personas, en esta tesitura no es factible una detención preventiva, la misma que puede convertirse en un anticipo de una condena, veamos el caso de una persona que es sometida a una detención preventiva y a posteriori es absuelta a través de una sentencia; el tiempo que se le privó de libertad, el estigma social que significa estar en una penitenciaria tanto desde el punto de vista social como familiar es un daño que nadie le puede pagar, convirtiéndose en una víctima de un sistema inquisitivo que, el N.C.P.P. quiere evitar.

7. LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

El Art. 9 de la Constitución Política del Estado establece una garantía fundamental que está relacionada con el debido proceso, ya que expresa claramente, que nadie puede ser detenido, arrestado ni puesto en prisión previo cumplimiento de las FORMAS ESTABLECIDAS POR LEY, debiendo cualquier autoridad sujetarse a la misma, de otro lado expresa que el mandamiento debe ser emitido por autoridad competente, en otras palabras nos estamos refiriendo a los fiscales y jueces.

Este artículo se lo debe interpretar en concordancia con el Art. 16 de la Constitución Política del Estado, referente al debido proceso, afirmando claramente que nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido juzgado previamente y condenado a través de una sentencia emitida por juez competente.

8. INCOMUNICACIÓN

La Carta Magna en su Art. 9 numeral II establece que la Incomunicación solamente debe ser por 24 horas y en casos que sean graves, esta norma se encuentra también en el Art. 231 del Código de Procedimiento Penal, con los mismos fundamentos, debiendo sin embargo ponerse en conocimiento del Juez de Instrucción en lo Penal a efectos de su ratificación.

9. DELITO IN FRAGANTI

Cuando una persona sea encontrada in fraganti en la comisión de un hecho delictual podrá ser detenida por cualquier ciudadano, con el único objeto de ser puesto a disposición de la autoridad competente a efectos de que le tome su declaración, se debe entender que la única autoridad competente es el Juez de Instrucción en lo Penal quien le deberá tomar su declaración y disponer su situación procesal aplicando alguna medida cautelar si existen los requisitos o a contrario sensu disponiendo su inmediata libertad.

En éste punto la Constitución expresa “delincuente”, que en una reforma constitucional deberá ser suprimida por la palabra “persona” que se encuentra en la comisión de un delito “in fraganti”, ya que el adjetivo “delincuente” está contra el principio de inocencia, puesto que estaríamos a priori presumiendo su culpabilidad.

El mencionado artículo se encuentra en concordancia con el Art.227 del N.C.P.P con el aditivo de que la policía deberá necesariamente poner a disposición del fiscal dentro las 8 horas siguientes, este término es el máximo ya que deberá ponerlo a disposición del fiscal a la brevedad posible que puede ser a la media hora.

10. TORTURAS

La Carta Magna claramente prohíbe la tortura en su Art. 12, como corolario de ello prohíbe las coacciones, exacciones, violencias físicas o morales, el mencionado artículo también se encuentra traducido en el N.C.P.P. en el Art. 13 que expresamente prohíbe la tortura al no darle ningún valor probatorio.

Al respecto debemos indicar que en la época de la Ilustración, hombres como el varón Cesare Beccaria en su obra “De los Delitos y las Penas”, ya se oponía tenazmente a las torturas.

11. COMISIONES ESPECIALES

La Carta Magna prohíbe expresamente la conformación de COMISIONES ESPECIALES para atribuirse funciones de juzgamiento. En otras palabras el conocimiento y juzgamiento de cualquier caso sólo puede efectuarse a través de los órganos judiciales legítimamente constituidos con anterioridad al hecho, principio que también se conoce como el juez natural.

En nuestro país lamentablemente se pretendió crear comisiones especiales para juzgar a determinadas personas con desconocimiento de la Constitución y desconocimiento de las garantías humanas. Módulo Nº 2

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