LEY No. 1600 – LEY DEL SISTEMA DE REGULACIÓN SECTORIAL (SIRESE)

LEY No. 1600 – LEY DEL SISTEMA DE REGULACIÓN SECTORIAL (SIRESE)

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LEY No. 1600 – LEY DEL SISTEMA DE REGULACIÓN SECTORIAL (SIRESE)

DEL 28 DE OCTUBRE DE 1994

Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente Ley:

EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL,

DECRETA:

LEY DEL SISTEMA DE REGULACION SECTORIAL

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1º.(CREACION Y OBJETIVO). Créase el Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE), cuyo objetivo es regular, controlar y supervisar aquellas actividades de los sectores de telecomunicaciones, electricidad, hidrocarburos, transportes.shtml, aguas y las de otros sectores que mediante ley sean incorporados al Sistema y que se encuentren sometidas a regulación conforme a las respectivas normas legales sectoriales, asegurando que:

a) Las actividades bajo su jurisdicción operen eficientemente, contribuyan al desarrollo de la economía nacional y tiendan a que todos los habitantes de la República puedan acceder a los servicios;

b) Tanto los intereses de los usuarios, las empresas y demás entidades reguladas, cualesquiera fuera su forma y lugar de organización o constitución, como los del Estado, gocen de la protección prevista por ley en forma efectiva; y

c) La potestad de regulación estatal se ejerza estrictamente de acuerdo con la ley.

ARTICULO 2º (ORGANOS, NATURALEZA Y DOMICILIO). El Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE), como parte del Poder Ejecutivo, bajo tuición del Ministerio de

Hacienda y Desarrollo Económico, estará regido por la Superintendencia General y las Superintendencias Sectoriales, de acuerdo a lo establecido en la presente Ley y otras normas legales sectoriales y tendrán su domicilio principal en la ciudad de La Paz.

La Superintendencia General y las Superintendencias Sectoriales, como órganos autárquicos, son personas jurídicas de derecho público, con jurisdicción nacional, autonomía de gestión técnica, administrativa y económica.

ARTICULO 3º (RECURSOS FINANCIEROS). Las actividades de los órganos del SIRESE se financiarán mediante tasas y otros recursos que se establecerán en las normas legales sectoriales respectivas.

TITULO II

DE LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DEL SIRESE

ARTICULO 4º (REPRESENTACION, NOMBRAMIENTO Y ESTABILIDAD). La Superintendencia General del SIRESE estará dirigida y representada por el Superintendente General, que será designado por el Presidente de la República, de terna propuesta por dos tercios de votos de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. El Superintendente General tendrá un período de funciones de siete años, no pudiendo ser reelegido sino pasado un tiempo igual al que hubiese ejercido su mandato.

El Superintendente General ejercerá sus funciones a tiempo completo y dedicación exclusiva, con excepción del ejercicio de las funciones docentes universitarias. Será suspendido de sus funciones únicamente en los casos que determina el inciso b) del artículo 6º de la presente ley y se restituirá en sus funciones si descarga su responsabilidad. Podrá ser destituido únicamente en virtud de sentencia ejecutoriada por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y gozará de caso de corte, de acuerdo al inciso f) del artículo 118 de la Constitución Política del Estado, o por los casos previstos en el inciso d) del artículo 6º- de la presente ley, debidamente comprobados.

ARTICULO 5º (REQUISITOS). Para ser Superintendente General se requiere tener la nacionalidad boliviana, poseer titulo universitario y tener por lo menos diez (10) años de experiencia profesional.

ARTICULO 6º. (PROHIBICIONES). No podrá ser nombrado, ni ejercer el cargo de Superintendente General:

a) El que tuviese conflicto de interés, relación de negocios o participación directa o indirecta en cualesquiera de las empresas que realicen actividades sujetas a la regulación del SIRESE;

b) El que tuviese auto final de instrucción que disponga procesamiento penal o resolución por la que se atribuya responsabilidad administrativa o civil conforme a la ley;

c) El que hubiese sido condenado a penas privativas de libertad por la comisión de delitos dolosos, hasta cinco años después de cumplida la condena impuesta;

d) El que tuviese relación de parentesco de consanguinidad, en línea directa o colateral, o de afinidad, hasta el segundo grado inclusive, con el Presidente o el vicepresidente de la República, o con los Superintendentes Sectoriales.

ARTICULO 7º (FUNCIONES). La Superintendencia General del SIRESE tendrá las siguientes funciones:

a) Conocer y resolver, de manera fundamentada, los recursos jerárquicos contra las resoluciones de los Superintendentes Sectoriales de acuerdo a la presente ley, las normas legales sectoriales y las normas procesales aplicables;

b) Fiscalizar y emitir opinión sobre la eficiencia y eficacia de la gestión de los Superintendentes Sectoriales, y del adecuado control de las personas naturales o jurídicas que realicen actividades reguladas de acuerdo a la presente ley y las normas legales sectoriales;

c) Conocer y resolver aquellos asuntos que sean puestos en su conocimiento por los Superintendentes Sectoriales, no pudiendo conocer otros asuntos, de oficio ni a solicitud de parte interesada presentada en forma directa;

d) Adoptar las medidas administrativas y disciplinarias que sean necesarias para que los Superintendentes Sectoriales cumplan sus funciones de acuerdo con esta ley, las normas legales sectoriales y la legislación general que les sean aplicables, libres de influencias indebidas, de cualquier origen;

e) Considerar y aprobar los proyectos de normas internas de la Superintendencia General y de las Superintendencias Sectoriales;

f) Considerar y aprobar las políticas salariales y de recursos humanos del SIRESE, así como la estructura general administrativa de cada Superintendencia Sectorial en base a las propuestas elevadas por las mismas;

g) Considerar y aprobar o modificar, de manera fundamentada, los presupuestos elaborados por las Superintendencias Sectoriales, para su incorporación al presupuesto del SIRESE;

h) Elaborar el presupuesto consolidado del SIRESE y presentarlo al Poder Ejecutivo, para su consideración e incorporación al proyecto de presupuesto General de la Nación, que deberá ser presentado a consideración del Poder Legislativo.

i) Dirimir y resolver los conflictos de competencias que se susciten entre los Superintendentes Sectoriales;

j) Realizar los actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus responsabilidades.

TITULO III

DE LAS SUPERINTENDENCIAS SECTORIALES

ARTICULO 8º .(COMPOSICION, NOMBRAMIENTO Y ESTABILIDAD). Cada Superintendencia Sectorial estará dirigida y representada por un Superintendente Sectorial, que será designado por el Presidente de la República, de las ternas propuestas por dos tercios de votos de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. El Superintendente Sectorial tendrá un período de funciones de cinco años, no pudiendo ser reelegido si no pasado un tiempo igual al que hubiese ejercido su mandato.

Los Superintendentes Sectoriales ejercerán sus funciones a tiempo completo y dedicación exclusiva, con excepción de la función docente universitaria. Las normas relativas a la suspensión, restitución y destitución del Superintendente General establecidas en el artículo 4º de la presente ley son de aplicación a los Superintendentes Sectoriales.

ARTICULO 9º. (REQUISITOS y PROHIBICIONES). Para ser Superintendente Sectorial se requiere tener la nacionalidad boliviana, poseer título universitario y tener experiencia profesional por lo menos de diez (10) años. Las prohibiciones y normas del artículo 6º de la presente ley son de aplicación a los Superintendentes Sectoriales.

ARTICULO 10º-. (ATRIBUCIONES). Son atribuciones generales de los Superintendentes Sectoriales, además de las especificas establecidas en las normas legales sectoriales, las siguientes:

a) Cumplir y hacer cumplir la presente ley, las normas legales sectoriales y sus reglamentos, asegurando la correcta aplicación de sus principios, políticas y objetivos;

b) Promover, en el marco de la ley, la competencia y la eficiencia en las actividades de los sectores regulados por SIRESE e investigar posibles conductas monopólicas, anticompetitivas y discriminatorias en las empresas y entidades que operan en dichos sectores, cuando considere que pueden ir en contra del interés público, de acuerdo con el Titulo V de la presente ley;

c) Otorgar, modificar y renovar las concesiones, licencias, autorizaciones y registros, y disponer la caducidad o revocatoria de los mismos en aplicación de la presente ley, las normas legales sectoriales y reglamentos correspondientes;

En caso de concesiones, licencias, autorizaciones y registros relacionados a dos o más sectores regulados por las normas legales sectoriales, los mismos serán otorgados en forma conjunta por los Superintendentes Sectoriales que corresponda.

d) Vigilar la correcta prestación de los servicios por parte de las empresas y entidades bajo su jurisdicción reguladora y el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, incluyendo la ejecución del plan de inversiones comprometido y el mantenimiento de sus instalaciones;

e) Aprobar y publicar precios y tarifas de acuerdo a las normas legales sectoriales, vigilando su correcta aplicación y asegurando que la información sustentatoria esté disponible para conocimiento de personas interesadas;

f) Intervenir las empresas y entidades bajo su jurisdicción reguladora y designará los

interventores, según lo dispongan las normas legales sectoriales;

g) Aplicar sanciones en los casos previstos por las normas legales sectoriales y por los contratos de concesión y licencia;

h) Conocer y procesar, las denuncias y reclamos presentados por los usuarios, las empresas y entidades reguladas y los órganos competentes del Estado, en relación a las actividades bajo jurisdicción de SIRESE

i) Conocer y resolver, de manera fundamentada, en primera instancia los recursos de revocatoria que le sean presentados de acuerdo con la presente ley, las normas legales sectoriales y las normas procesales aplicables;

j) Proponer al Poder Ejecutivo, normas de carácter técnico y dictaminar sobre los reglamentos relativos a su sector, informando al Superintendente General;

k) Realizar los actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus responsabilidades.

TITULO IV

CONCESIONES, LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y REGISTROS

ARTICULO 11º. (CONCESIONES y LICENCIAS). Las concesiones de servicios públicos y las licencias cuando corresponda, se otorgarán mediante resolución administrativa y a nombre del Estado, por el respectivo Superintendente Sectorial, de acuerdo a las normas legales sectoriales y demás disposiciones legales en vigencia.

Cuando las personas naturales o jurídicas, o los órganos competentes del Estado demuestren razonablemente que han sido perjudicados en sus intereses legítimos o en sus derechos, por la otorgación de una concesión o licencia, podrán impugnar la resolución administrativa correspondiente en los términos y bajo las condiciones señaladas por la presente ley, otras disposiciones legales vigentes y las normas procesales aplicables.

Las resoluciones que otorguen concesiones o licencias deberán ser publicadas e inscritas en un registro público, conforme a las normas legales sectoriales.

ARTICULO 12º. (PROHIBICIONES). Ninguna concesión ni licencia será otorgada a personas individuales o colectivas, cuyos socios, asociados, accionistas, directores, síndicos, representantes legales o apoderados tengan relación de parentesco de consanguinidad o de afinidad, hasta el segundo grado inclusive, con el Superintendente General del SIRESE y el respectivo Superintendente Sectorial.

ARTICULO 13º. (DECLARATORIA DE CADUCIDAD O REVOCATORIA). Las concesiones y licencias otorgadas por las Superintendencias Sectoriales podrán ser declaradas caducadas o revocadas únicamente por las causales establecidas en las normas legales sectoriales, mediante resolución administrativa emitida por la respectiva Superintendencia Sectorial. Esta resolución administrativa no será efectiva mientras el titular de la concesión o licencia no haya agotado los recursos previstos por la Presente ley con sujeción a las normas procesales aplicables.

ARTICULO 14º-. (AUTORIZACIONES y REGISTROS). Las autorizaciones y registros serán tramitadas, otorgadas y revocadas o canceladas de acuerdo a lo establecido en las normas legales sectoriales.

TITULO V

DISPOSICIONES ANTIMONOPOLICAS Y DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

ARTICULO 15º. (ALCANCES). Salvo por lo dispuesto por las normas legales sectoriales respectivas, las empresas y demás entidades que realicen actividades en los sectores de telecomunicaciones, electricidad, hidrocarburos, transportes.shtml y aguas y de otros sectores que fueran incorporados a los alcances de la presente ley, adecuarán sus actividades a principios que garanticen la libre competencia, evitando actos que la impidan, restrinjan o distorsionen.

ARTICULO 169-. (ACUERDOS ANTICOMPETITIVOS). Las empresas y entidades que realicen actividades en los sectores regulados por la presente ley, quedan prohibidas de participar en convenios, contratos decisiones y prácticas concertadas, cuyo propósito o efecto fuere impedir, restringir o distorsionar la libre competencia por medio de:

a) La fijación conjunta, directa o indirecta de precios;

b) El establecimiento de limitaciones, repartición del control de la producción, los mercados, fuentes de aprovisionamiento o las inversiones; o

c) El desarrollo de otras prácticas anticompetitivas similares.

ARTICULO 17º .(PRACTICAS ABUSIVAS).Queda prohibido a las empresas o entidades sujetas a regulación bajo la presente ley, realizar prácticas abusivas que tuvieran el propósito o efecto de perjudicar a sus competidores clientes y usuarios, conduciendo a situaciones anticompetitivas en la concurrencia a uno o más mercados. Dichas prácticas abusivas podrán consistir en:

a) La imposición directa o indirecta de precios de compra o de venta u otras condiciones comerciales no equitativas;

b) La limitación de la producción, de las fuentes de aprovisionamiento, de los mercados, o del desarrollo técnico, en perjuicio de los consumidores;

c) La aplicación de condiciones desiguales para operaciones equivalentes, que signifiquen para los clientes y usuarios una situación de desventaja;

d) Subordinar la suscripción de contratos a la aceptación por la contraparte de obligaciones adicionales que, por su naturaleza, o según las prácticas comerciales, no sean inherentes al objeto de dichos contratos.

e) Exigir que quien solicite la provisión de un servicio regulado, asuma la condición de socio o accionista.

ARTICULO 18º. (PROHIBICION DE FUSIONES ENTRE COMPETIDORES). Quedan prohibidas las fusiones de empresas y entidades competidoras sujetas a regulación bajo la presente ley, cuando las fusiones tengan como efecto establecer, promover y consolidar una posición dominante en algún mercado especifico.

A los efectos de esta ley, se entiende que una empresa o entidad tiene una posición dominante en el mercado, si como oferente o demandante de un determinado tipo de bienes o servicios regulados, es la única dentro del mercado o, cuando sin ser la única, no está expuesta a una competencia sustancial en el mismo.

ARTICULO 19º.(EXCLUSION).previo dictamen fundamentado del Superintendente Sectorial, mediante Resolución Suprema correspondiente, podrán quedar excluidas de la prohibición establecida en el artículo 18º de esta ley, las fusiones que contribuyan a la mejora de la producción o distribución de bienes y servicios regulados o a promover el progreso técnico o económico, en beneficio de los consumidores y usuarios y que no conlleven la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de la producción afectada.

ARTICULO 20º. (NULIDAD DE PACTOS). Los convenios, contratos y acuerdos adoptados en infracción de las disposiciones del presente Título serán nulos de pleno derecho y no causarán efecto legal alguno.

ARTICULO 21º.(SANCIONES). Las transgresiones a las prohibiciones establecidas en el presente Título serán sancionadas de acuerdo a las normas legales sectoriales.

TITULO VI

IMPUGNACIONES Y RECURSOS

ARTICULO 22º .(RECURSO DE REVOCATORIA). Las resoluciones pronunciadas por los Superintendentes Sectoriales podrán ser impugnadas, por cualquier persona natural o jurídica, o los órganos competentes del Estado, cuando demuestren razonablemente que han sido perjudicados en sus intereses legítimos o en sus derechos, interponiendo recurso de revocatoria ante la misma Superintendencia Sectorial, en los términos y bajo las condiciones y requisitos señalados por las normas procesales aplicables.

Los recursos que se interpongan contra las resoluciones que dispongan cualquier intervención tendrán efecto devolutivo.

ARTICULO 23º. (RECURSO JERARQUICO). En los términos y bajo las condiciones y requisitos establecidos en las normas procesales aplicables, las resoluciones denegatorias a los recursos de revocatoria pronunciadas por los Superintendentes Sectoriales, podrán ser impugnadas en recurso jerárquico ante la Superintendencia General del SIRESE, la cual se pronunciará mediante resolución administrativa, la misma que agotará el procedimiento administrativo, quedando expedita la vía jurisdiccional contenciosa conforme a ley.

TITULO VII

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

ARTICULO 24º. (APLICACION DEL TITULO V). Las disposiciones contenidas en el Título V de la presente ley entrarán en vigencia en los plazos que establezcan las respectivas normas legales sectoriales.

ARTICULO 25º (FINANCIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL SIRESE) . De ser necesario, durante los dos primeros años de actividad del SIRESE, el Gobierno Central incluirá dentro de su presupuesto anual una apropiación destinada a solventar los gastos de establecimiento y operación del sistema creado por la presente ley.

ARTICULO 26º. (PERIODO DE FUNCIONES DE LOS PRIMEROS SUPERINTENDENTES SECTORIALES). Los primeros Superintendentes Sectoriales serán designados por un período de diez (10) años. Sin embargo, cada año, a partir del 31 de diciembre del año 2000, uno de los Superintendentes Sectoriales originales será sustituido, mediante sorteo.

ARTICULO 27º.(REGLAMENTACION) El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley.

ARTICULO 28º (DEROGACIONES). Quedan derogadas todas las disposiciones contrarias a la presente ley.

Remítase al Poder Ejecutivo para fines constitucionales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO SUPREMO Nº 24505 DE 21 DE FEBRERO DE 1997

REGLAMENTARIO A LA LEY 1600 (SIRESE)

 

 

TITULO I

OBJETO, PRINCIPIOS Y NORMAS COMUNES

CAPITULO I

OBJETO

 

ARTICULO 1.- (Objeto) El presente reglamento tiene por objeto normar, dentro el a´mnito de

competencia d ela Superintendencia General y de las superintendencias sectoriales del Sistema de

Regulación Sectorial (SIRESE, los procedimientos de audicencia pública, de infracciones y sanciones,

así como de recursos administrativos.

 

CAPITULO II

PRINCIPIOS

 

ARTICULO 2.- (Principios). A los fines de los procedimientos previstos en el presente reglamento,

salvo disposición expresa de las normas legales sectoriales previstas en la Ley SIRESE, se adoptan

los siguientes principios:

Impulso de oficio. Es el inicio y desarrollo de las actuaciones administrativas sin necesidad de

instancia de parte.

Economía. Es la simplificación, agilización y concentración de los actos procesales.

Informalismo. Es la exención de requisitos formales subsanables.

Debido proceso. Es el derecho de las partes a exponer sus pretensiones y defensas, ofrecer y

producir pruebas pertinentes, presentar alegatos, obtener resoluciones fundamentadas e interponer

recursos.

Publicidad. Es el libre acceso al conocimiento de las actuaciones administrativas.

 

CAPITULO III

NORMAS COMUNES

 

ARTICULO 3.- (Ambito de aplicación). Las disposiciones comunes señaladas en los artículos

siguientes se aplican al presente reglamento, salvo disposición expresa d elas normas legales

sectoriales aplicables.

 

ARTICULO 4.- (Competencia). Los superintendentes declinarán competencia en cuestiones no

comprendidas en el marco de sus atribuciones en razón de la materia y el grado.

 

ARTICULO 5.- (Conflictos de competencia).

I. Si un Superintendente Sectorial, de oficio o a pedido de parte, se declara:

1. Incompetente, remitirá las actuaciones al que considere competente, dentro de los dos (2)

días siguientes. Si éste niega su competencia, elevará las actuaciones al Superintendente General

dentro del mismo plazo.

2. Competente, solicitará al que considere incompetente su inhibitoria y la remisión de

actuaciones. Si el órgano requerido mantuviere su competencia, elevará las actuaciones administrativas

al Superintendente General, sin más trámite y máximo dentro de los dos (2) días siguientes a la

solicitud.

II. El Superintendente General resolverá los conflictos de competencia sin otra substanciación

que el dictamen legal y si fuere necesario con el dictamen técnico que el caso requiera, dentro de

los diez (10) días siguientes a la recepción de actuaciones.

 

ARTICULO 6.- (Imputación de funciones). La substanciación de procedimientos estará a cargo

de funcionarios a los que se atribuya esta función, conforme a los reglamentos internos aprobados

por el Superintendente General.

 

ARTICULO 7.- (Parte y Denunciante).

I. Podrá intervenir como parte en los procedimientos la persona natural o jurídica, pública o

privada que invoque un derecho subjetivo o interés legítimo.

II. Podrá intervenir como denunciante cualquier persona, sin necesidad de acreditar interés

personal y directo en relación al hecho o acto que motiva su intervención.

 

ARTICULO 8.- (Representación).

I. La parte o el denunciante podrán actuar por sí o mediante representantes legales o apoderados,

debidamente acreditados.

II. Los usuarios podrán efectuar reclamaciones personalmente o por otro en su nombre, con

poder notariado.

III. Los Superintendentes podrán exigir de oficio o a pedido de parte la unificación de la

representación, cuando intervengan varias partes con intereses comunes. El representante será

designado por las partes en el plazo de cinco días siguientes a la intimación. Caso contrario, el

Superintendente designará de entre ellas al representante común.

 

ARTICULO 9.- (Domicilio especial).

I. Toda persona, a los efectos de los procedimientos establecidos en el presente reglamento,

debe fijar domicilio especial en el primer escrito o acto en que intervenga. El domicilio se constituirá

dentro el radio urbano del asiento de la respectiva Superintendencia u Oficina Regional respectiva.

II. Si no se fijara domicilio especial, se tendrá como tal la Secretará de la Superintendencia u

Oficina Regional respectiva.

 

ARTICULO 10.- (Días y horas hábiles). Toda actuación se realizará en horas y días hábiles

administrativos, salvo que los Superintendentes, de oficio o a pedido de parte, habiliten aquellos

que no lo fueren.

 

ARTICULO 11.- (Plazos)

I. Se computarán los plazos a partir del día hábil administrativo siguiente al de la notificación

o publicación, según los casos y se contará en días hábiles administrativos.

Los Superintendentes podrán disponer de oficio o a pedido de parte, antes del vencimiento

de un plazo, su ampliación, siempre que no resulten perjudicados derechos de terceros.

II. Se ampliará en cinco (5) días, los plazos fijados para actuaciones que deban realizar personas

domiciliadas en distritos diferentes al del asiento de las Superintendencias.

III. Los plazos se cumplirán la primera hora hábil del día siguiente a su vencimiento.

 

ARTICULO 12.- Notificaciones). Se notificará únicamente las resoluciones definitivas y las

resoluciones que dispongan citaciones y emplazamientos, las que se sujeten la causa y prueba, y

las confieran vistas o traslados, conforme al siguiente régimen:

1. Las resoluciones que dispongan el traslado de reclamaciones y cargos serán notificadas con

arreglo a las normas sobre citaciones establecidas en el Código de Procedimiento Civil.

2. Las resoluciones definitivas y las que expresamente determinen los Superintendentes, serán

notificadas por cédula en los domicilios especiales.

3. Las demás resoluciones serán notificadas en la Secretará de las Superintendencias, los días

martes y viernes, con arreglo a las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Civil.

 

ARTICULO 13.- (Requisitos formales y calificación de procedimientos).

I. Advertida la omisión de requisitos formales subsanables, la parte será intimada a subsanarlos

dentro el plazo perentorio que se fije al efecto, bajo apercibimiento de rechazo de la reclamación

o recurso.

II. Los Superintendentes calificarán y determinarán el procedimiento que corresponda a la

naturaleza de la cuestión planteada, si las partes incurrieren en error en su aplicación o designación.

 

ARTICULO 14.-(Acumulación de actuaciones). Los Superintendentes podrán disponer la

acumulación de actuaciones en asuntos conexos que puedan tramitarse y resolver conjuntamente.

 

ARTICULO 15.- (Caducidad de actuaciones) Los Superintendentes dispodrán de oficio o a

pedido de parte y de no mediar rezones de interés público, la caducidad y archivo de actuaciones,

después de transcurridos treinta (30) días de paralizado el trámite por causa imputable a laparte

actora. Declarada la caducidad, las partes podrán ejercer sus pretensiones en un nuevo trámite

administrativo y tendrán la facultad de hacer valer las pruebas ya producidas, dentro de los sesenta

(60) días siguientes a su declaración.

 

ARTICULO 16.- (Desistimiento). Las partes podrán desistir de sus peticiones y pretensiones, en

cuyo caso los Superintendentes dispondrán, de no mediar rezones de interés público, la conclusión

de las actuaciones y el archivo del expediente.

 

ARTICULO 17.- (Medidas Urgentes). Los Superintendentes podrán disponer según las

circunstancias, de oficio o a pedido de parte, las medidas urgentes más idóneas para atender

emergencias y evitar perjuicios a los usuarios.

 

ARTICULO 18.- (Sanciones).

I. En los casos que no existan sanciones previstas en las normas legales sectoriales, los

Superintendentes podrán aplicar sanciones pecuniarias en caso de incumplimiento de sus resoluciones.

Aplicarán analógicamente, a este efecto, las disposiciones sobre sanciones pecuniarias compulsivas

y progresivas establecidas en el Código de Procedimiento Civil.

II. La resolución que imponga sanciones pecuniarias fijará el plazo y modalidades de su

cumplimiento.

III. Los montos cobrados por imposición de sanciones pecuniarias tendrán el destino establecido

en las normas legales sectoriales o, si dichas normas no contienen previsión al respecto, los montos

constituirán recursos propios de la respectiva superintendencia.

 

ARTICULO 19.- (Prueba).

I. Los Superintendentes podrán requerir y ordenar la producción de informes, dictámenes y

pruebas que consideren necesarios.

II. La admisión y producción de pruebas se sujetará a criterios de amplitud, flexibilidad e

informalismo y se estará en la duda de su admisión y producción.

III. Las pruebas serán valoradas por los Superintendentes de acuerdo al principio de la sana

crítica o valoración razonada de la prueba,

 

ARTICULO 20.- (Medidas para mejor proveer).

Los Superintendentes podrán contratar servicios externos de personas individuales o colectivas,

nacionales o extranjeras, como medida para mejor proveer. Estas contrataciones se sujetarán al

procedimiento de la contratación por excepción establecido en las normas básicas del Sistema de

Administración de Bienes y Servicios, en razón a que los procedimientos y plazos ordinarios de

contratación son incompatibles con la celeridad y urgencia que requieren los trámites establecidos

en el presente reglamento.

 

ARTICULO 21.- (Resoluciones).

I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, el lugar y

fecha de su emisión, la firma de la autoridad que las expide y la decisión expresa, positiva y precisa

de las cuestiones planteadas.

Las resoluciones precedidas por audiencias públicas contendrán, en su fundamentación,

expresa valoración de los elementos de juicio producidos en las mismas.

Las resoluciones de mero trámite no requerirán fundamentación.

II. Las resoluciones de alcance general producirán sus efectos, a partir del día siguiente al de

su publicación. Las de carácter particular, a partir del día siguiente al de la notificación al interesado.

III. Las resoluciones gozan de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria y los Superintendentes,

en su mérito podrán ejecutarlas por sus propios medios, con el auxilio de la fuerza pública si fuere

necesario.

IV. Las resoluciones dictadas en los procedimientos de infracciones y sanciones contendrán las

modalidades de su ejecución y, en su caso, el plazo para cumplirlas.

Según los casos, su aplicación tendrá carácter general o particular

 

ARTICULO 22.- (Rectificación y aclaración de resoluciones).

I. Los Superintendentes podrán rectificar, en cualquier momento, los errores materiales y

numéricos, sin alterar sustancialmente la resolución definitiva.

II. Los Superintendentes podrán aclarar, a pedido de parte y dentro los tres días siguientes a

su notificación, contradicciones, ambigüedades y suplir omisiones, sin alterar sustancialmente la

resolución definitiva. La aclaración se resolverá dentro los cinco (5) días siguientes a su presentación.

La solicitud de aclaración interrumpirá el plazo para interponer los recursos de revocatoria

y jerárquico.

 

TITULO II

AUDIENCIA PUBLICA

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

 

ARTICULO 23.- (Ambito de aplicación). La audiencia pública se realizará opcionalmente

en procedimientos.

1. Motivados por hechos relacionados con las disposiciones antimonopólicas y de defensa de

la competencia, establecidas en el Título V de la Ley 1600 (SIRESE).

2. De fijación y/o aprobación de tarifas, y

3. Para el ejercicio de otras atribuciones regulatorias de interés general

 

ARTICULO 24.- (Oportunidad y efectos).

I. Las audiencias públicas, cuando corresponda, se tramitarán en forma incidental al proceso

principal, antes de dictarse la resolución definitiva.

II. Los plazos del proceso principal quedarán suspendidos desde la primera publicación de la

convocatoria hasta la cancelación o clausura de la audiencia.

 

ARTICULO 25.- (Concurrencia). Podrán concurrir a la audiencia:

1. Cualquier persona en calidad de asistente y, previa habilitación expresa, las que aporten

informes técnicos, estudios especializados y cualquier otro instrumento de similar naturaleza.

2. Los titulares de concesiones, licencias y registros a los que pueda afectar la resolución a

dictarse.

 

ARTICULO 26.- (Convocatoria).

I. La convocatoria emitida por la superintendencia sectorial señalará: a) la causa y el objeto

de la audiencia; b) el lugar donde los interesados podrán conocer antecedentes, desde el día siguiente

a la primera publicación, sufragando los gastos reproducción; c) el funcionario encargado de la

habilitación de participantes y de preparación de la audiencia; d) el lugar, fecha y hora para la

habilitación de participantes; y e) el lugar, fecha y hora de su realización.

II. La convocatoria se publicará durante dos (2) días continuos en un periódico de circulación

nacional, por lo menos con diez (10) días de anticipación a la fecha de habilitación de participantes.

III. Los titulares de concesiones, licencias y registros a los que pudiera afectar la resolución,

serán también citados mediante la convocatoria ya especificada.

 

ARTICULO 27.- (Prohibición). El Superintendente y los funcionarios que intervengan en

la substanciación de audiencias no podrán sostener reuniones privadas con participantes en

la audiencia y titulares de concesiones, licencias y registros involucrados, desde su convocatoria

y hasta la dictación de la resolución.

 

CAPITULO II

PREPARACION DE LA AUDIENCIA

 

ARTICULO 28.- (Habilitación de participantes). El día y hora señalados en la convocatoria,

el funcionario designado habilitará entre los presentes, a las personas que podrán concurrir

a la audiencia en calidad de participantes. Se rechazará la habilitación solicitada, si los

documentos presentados no reúnen las condiciones exigidas por el artículo 25 de este

reglamento.

 

ARTICULO 29.- (Informe de habilitación). Concluida la habilitación, el funcionario

designado elaborará un informe en el que se conste la relación de antecedentes y nómina

de participantes habilitados, el orden de participación y la documentación admitida.

 

ARTICULO 30.- (Ausencia de participantes). La audiencia podrá cancelarse, en caso de

ausencia de personas habilitadas en calidad de participantes.

 

CAPITULO III

CELEBRACION Y CLAUSURA DE LA AUDIENCIA PUBLICA

 

ARTICULO 31.- (Instalación) El Superintendente instalará la audiencia el día y hora

señalados en la convocatoria, previa verificación de asistencia de participantes.

 

ARTICULO 32.- (Desarrollo)

I. El Superintendente presidirá la audiencia y actuará como moderador, adoptando las medidas

necesarias para garantizar el orden y podrá requerir el auxilio de la fuerza pública, si fuere necesario.

II. Instalada la audiencia, se dará lectura a la convocatoria y al informe de habilitación. Acto

seguido se invitará a los participantes por orden alfabético, a exponer sus opiniones sobre el asunto

que motivó la audiencia.

III. Los participante tendrán el derecho al uso de la palabra por tiempos iguales, lapsos que

serán establecidos por el Superintendente.

IV. El Superintendente podrá disponer, de oficio a pedido de parte, por razones justificadas, la

suspensión de la audiencia por un plazo máximo de tres (3) días.

 

ARTICULO 33.- (Clausura). Concluida la intervención de los participantes y de los titulares

de concesiones, licencias y registros, el Superintendente declarará clausurada la audiencia,

debiendo procederse a la elaboración del acta correspondiente.

 

TITULO III

PROCEDIMIENTOS DE RECLAMACIONES Y OTROS

CAPITULO I

RECLAMACION DE USUARIOS

SECCION I

RECLAMACION DIRECTA

 

ARTICULO 34.- (Presentación de la reclamación a la empresa).

I. El usuario presentará su reclamación ala empresa o entidad regulada, antes de presentarla

a la Superintendencia Sectorial.

II. La reclamación será presentada en forma escrita o verbal dentro los treinta (30) días siguientes

al conocimiento del hecho, acto u omisión que la motiva.

 

ARTICULO 35.- (Individualización de la reclamación). La empresa o entidad individualizará

la reclamación, asignándole un número correlativo, y la transcribirá en formularios aprobados

por las superintendencia. Además, llevará un registro de todas las reclamaciones recibidas.

 

ARTICULO 36.- (Resolución de la reclamación). En casos de interrupción del servicio

o alteraciones graves derivadas de su prestación, la empresa o entidad resolverña la reclamación

en los plazos establecidos en las normas legales sectoriales. Resolverá la reclamación, a

falta de plazos, dentro de los tres (3) días siguientes a su recepción.

 

SECCION II

RECLAMACION ADMINISTRATIVA

 

ARTICULO 37.- (Presentación de la reclamación administrativa).

I. El usuario podrá plantear una reclamación administrativa a la superintendencia sectorial

competente, en caso de que la empresa o entidad regulada no resuelva la reclamación directa en

el plazo señalado en este reglamento o haya dispuesto su rechazo.

II. La solicitud será presentada de manera escrita o verbal, acreditando la reclamación directa,

presentada en forma previa ante la empresa o entidad regulada, mediante la presentación del número

asignado o expresando, en su defecto, las rezones que hubieran impedido obtenerlo. La reclamación

verbal se asentará en documento escrito.

 

ARTICULO 38.- (Calificación de la reclamación y formulación de cargos). Recibida

la reclamación, la superintendencia sectorial determinará su competencia, declinándola si

los hechos que motivan la reclamación no constituyen infracción a las normas legales

sectoriales vigentes.

Admitida su competencia, la superintendencia sectorial calificará la reclamación y, en su

mérito, formulará cargos contra la empresa o entidad reclamada.

 

ARTICULO 39.- (Traslado y contestación). La superintendencia correrá el traslado de

la reclamación y los cargos a la empresa o entidad reclamada, pafra que los conteste y, en

su caso, presente prueba documental y ofrezca la restante, dentro los cinco (5) días siguientes

a su notificación.

 

ARTICULO 40.- (Prueba). Contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo, la

superintendencia sectorial podrá disponer la producción de la prueba que estime pertinente,

fijando plazo común, con noticia de partes, que excederá de quince (15) días.

 

ARTICULO 41.- (Alegatos). Producida la prueba, la superintendencia sectorial pondrá las

actuaciones a disposición de las partes, para que aleguen sobre lo actuado dentro de los cinco

(5) días siguientes a su notificación.

 

ARTICULO 42.- ( Resolución). El superintendente sectorial dictará resolución por la que

declarará improbada la reclamación o, en caso de resultar probada, ordenará el cumplimiento

de las normas legales sectoriales infringidas y, en su caso, aplicará la sanción correspondiente,

en los siguientes plazos:

1. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la contestación del traslado o de vencido el plazo

fijado al efecto, cuando no se hubieran producido pruebas.

2. Dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de alegatos o de vencido el plazo

establecido al efecto.

 

CAPITULO II

CONTROVERSIAS O ENTIDADES REGULADAS

 

ARTICULO 43.- (Procedimiento). Las reclamaciones de empresas o entidades reguladas

se sujetarán al procedimiento establecido en la sección anterior, con las siguientes

modificaciones.

1. La empresa o entidad afectada presentará su reclamación por controversia a la superintendencia

sectorial, por escrito y de manera fundada, acompañando la prueba documental y ofreciendo la

restante.

2. Los plazos serán de diez (10) días para contestar el traslado de los cargos de treinta (30)

días como máximo para la producción de prueba, de diez (10) días para presentar alegatos y de

quince (15) días y treinta (30) días, según los casos, para dictar resolución.

 

CAPITULO III

INVESTIGACION A DENUNCIA O DE OFICIO

 

ARTICULO 44.- (Investigación y cargos).

I. La superintendencia sectorial investigará, de oficio o a denuncia de parte, las infracciones

o transgresiones a las normas legales sectoriales vigentes.

En caso de denuncias notoriamente improcedentes dispondrá su archivo, sin ulterior

recurso.

II. Concluida la investigación, la superintendencia sectorial formulará cargos contra el presunto

responsable; caso contrario, dispondrá el archivo de obrados.

 

ARTICULO 45.- (Traslado de los cargos). La superintendencia sectorial correrá traslado

de los cargos al presunto responsable para que los conteste en el plazo de diez (10) días,

computados a partir de su notificación, acompañando prueba documental y ofreciendo la

restante.

 

ARTICULO 46.- (Prueba). La superintendencia sectorial dispondrá la producción de la

prueba que estime pertinente, fijando su plazo con noticia de parte, el que no excederá de

veinte (20) días.

 

ARTICULO 47.- (Alegatos). Producida la prueba o vencido el plazo para su producción,

la superintendencia sectorial decretará la clausura del período probatorio y si lo considera

necesario por la complejidad de los hechos y las pruebas producidas, dará un plazo de cinco

(5) días al interesado para que tome vista del expediente y alegue sobre la prueba producida.

 

ARTICULO 48.- (Resolución). El superintendente sectorial dictará resolución por la que

declarará improbada la investigación o, en caso de resultar probada, ordenará el cumplimiento

de las normas legales sectoriales infringidas y aplicará, en su caso, la sanción correspondiente,

en los siguientes plazos:

1. Dentro de los diez (10) días siguientes a la contestación del traslado de cargos o de vencido

el plazo fijado al efecto, cuando no se hubieran producido pruebas.

2. Dentro de los veinte (20) días siguientes a la presentación de alegatos o de vencido el plazo

establecido al efecto.

 

CAPITULO IV

CADUCIDAD Y REVOCATORIA

 

ARTICULO 49.- (Caducidad y Revocatoria). Salvo disposiciones contrarias de normas legales

sectoriales, la caducidad y revocatoria se sujetarán al siguiente procedimiento:

1. Verificada la infracción sancionada con caducidad o revocatoria, el superintendente sectorial

intimará su cumplimiento, fijando un plazo al efecto. El traslado de la intimación producirá los

mismos efectos que el de los cargos.

Si el concesionario se allanare a la intimación cumpliendo la obligación, se concluirá las

actuaciones sin más trámite. Caso contrario, se proseguirá con el procedimiento de sanciones

hasta el dictado de la resolución correspondiente.

2. La intimación prevista en el parágrafo anterior no será necesaria cuando el superintendente

sectorial decida por la naturaleza del incumplimiento, la inconveniencia de continuar con la ejecución

del contrato. En este caso, se dictará resolución sin más trámite.

 

TITULO IV

RECURSOS ADMINISTRATIVOS

CAPITULO I

DISPOSICIONES COMUNES

 

ARTICULO 50-. (Ambito de aplicación).

I. Los recursos de revocatoria y jerárquico proceden contra toda resolución definitiva de los

superintendentes sectoriales, que cause perjuicio a los derechos subjetivos o intereses legítimos del

recurrente.

Contra las resoluciones interlocutorias simples y de mero trámite, que no impidan totalmente

la conclusión del procedimiento, únicamente procede el recurso de revocatoria ante la misma

autoridad que las dictó.

II. Los usuarios y empresas o entidades reguladas que formulen reclamaciones, no estando

afectados en sus derechos subjetivos o intereses legítimos por la resolución que resuelve la

reclamación, sino por el hecho o acto que la motiva, no están legitimados para interponer, contra

esta resolución, recursos de revocatoria y jerárquico, sin perjuicio de su derecho a iniciar las acciones

judiciales que correspondan.

III. Las sanciones impuestas por titulares de concesiones a usuarios podrán ser objeto de

impugnación mediante el recurso de revocatoria, ante el superintendente secotiral, y del recurso

jerárquico ante el Superintendente General.

 

ARTICULO 51.- (Irrecurribilidad). No se son recurribles las medidas internas, preparatorias de

decisiones administrativas, incluyendo informes y dictámenes, aunque sean de requerimiento

obligatorio.

 

ARTICULO 52.- (Requisitos de presentación). Los recursos se presentarán por escrito, de manera

fundada, especificando la resolución impugnada, dentro el plazo establecido.

 

ARTICULO 53.- (Suspensión de plazos). Si el recurrente no hubiera podido consultar el expediente,

los plazos para interponer recursos quedarán suspendidos, desde la presentación escrita de la solicitud

de vista hasta que aquél sea puesto a su disposición.

 

ARTICULO 54.- (Prueba).

I. El Superintendente podrá disponer la producción de prueba, cuando los elementos de juicio

reunidos en las actuaciones no fueran suficientes para resolver el recurso.

II. Producida la prueba se pondrá a la vista de las partes por cinco (5) días, computables a partir

de su notificación, para que aleguen sobre lo actuado.

 

ARTICULO 55.- (Efectos). Los recursos que interpongan los administrados no suspenderán la

ejecución ni efectos de la resolución impugnada, salvo:

1. Disposición contraria de la ley;

2. Que la misma autoridad que dictó la resolución impugnada o la competente para resolver

el recurso, de oficio o a pedido de parte, por resolución fundada, disponga la suspensión del acto

en los siguientes casos.

2.1. Cuando la resolución sea manifiestamente ilegítima.

2.2. Cuando la ejecución de la resolución causare o pudiere causar graves daños al administrado,

siempre que de la suspensión no resulte perjuicio grave para el interés público.

 

CAPITULO II

RECURSOS DE REVOCATORIA

 

ARTICULO 56.- (Presentación). El recurso de revocatoria se interpondrá ante el mismo

superintendente que dictó la resolución recurrida, dentro de los diez (10) días siguientes a su

notificación y/o publicación.

 

ARTICULO 57.- (Resolución) El superintendente sectorial resolverá el recurso de revocatoria

dentro los treinta (30) días siguientes a su interposición.

 

ARTICULO 58.- (Impugnación jerárquica). Denegado el recurso de revocatoria, el recurrente

podrá interponer el recurso jerárquico. Si al vencimiento del plazo para pronunciarse sobre el recurso

de revocatoria no se dictare la resolución correspondiente, esto producirá los efectos de resolución

denegatoria, habilitando el recurso jerárquico. Si al vencimiento del plazo para pronunciarse sobre

el recurso de revocatoria no se dictare la resolución correspondiente, esto producirá los efectos de

resolución denegatoria, habilitando el recurso jerárquico.

 

CAPITULO III

RECURSO JERARQUICO

 

ARTICULO 59.- (Presentación, remisión y admisión).

I. El recurso jerárquico se interpondrá ante el mismo superintendente sectorial, dentro los diez

(10) días siguientes a la notificación con la resolución denegatoria del recurso de revocatoria o de

vencido el plazo para dictarla.

II. El superintendente sectorial remitirá las actuaciones al Superintendente General dentro de

los dos (2) días siguientes a la interposición del recurso.

III. El Superintendente General admitirá el recurso en el plazo de dos (2) días de recibido el

expediente.

 

ARTICULO 61.- (Alcance de la resolución).

I. La resolución del Superintendente General confirmará o revocará la resolución impugnada.

La revocatoria será procedente únicamente por rezones de ilegitimidad.

II. Cuando corresponda el dictado de una nueva resolución por el superintendente sectorial,

la resolución que decida el recurso jerárquico definirá los criterios de adecuación a derecho a los

que deberá sujetarse.

III. Con carácter excepcional, si existieran fundadas rezones de interés público que lo justifiquen,

el Superintendente General podrá modificar o sustituir la resolución impugnada.

 

ARTICULO 62.- (Impugnación judicial). Resuelto el recurso, quedará expedita la vía contencioso

administrativa, conforme a ley. Si vencido el plazo para pronunciarse sobre el recurso jerárquico

no se dictare la resolución correspondiente, este hecho, producirá los efectos de resolución denegatoria.

 

TITULO IV

DISPOSICIONES FINALES

CAPITULO I

DISPOSICIONES ESPECIALES

 

ARTICULO 63.- (Aplicación). En todo aquello no previsto expresamente en el presente reglamento,

se aplicarán supletoriamente las normas legales sectoriales.

 

ARTICULO 64.- (Aplicación extensiva) Los superintendentes aplicarán en lo pertinente, en el

ejercicio de sus atribuciones, en aspectos o cuestiones que no tenga una regulación expresa, los

principios y normas comunes señalados en el presente reglamento.

 

ARTICULO 65.- (Aplicación del Código de Procedimiento Civil). Se aplicará supletoriamente

el Código de Procedimiento Civil para resolver cuestiones no previstas expresamente, en tanto no

fuere incompatible con el régimen establecido por est reglamento.

 

CAPITULO II

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

 

ARTICULO 66.- (Trámites en curso). Las disposiciones de este reglamento se aplicarán a los

procedimientos y recursos en trámite, sin afectar las actuaciones realizadas y las resoluciones

emitidas en el curso de los mismos.

 

ARTICULO 67.- (Imputación de funciones). Los superintendentes designarán mediante resolución

expresa, aprobada por la Superintendencia General cuando corresponda, los funcionarios responsables

encargados de la tramitación de los procedimientos, hasta que sean puestos en vigencia los reglamentos

de funciones.

 

ARTICULO 68.- (Derogación). Se deroga todas las disposiciones contrarias a este decreto supremo.

El señor Ministro de Estado en el Despacho de Hacienda queda encargado de la ejecución y

cumplimiento del presente decreto supremo.

 

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintiún días del mes de febrero

de mil novecientos noventa y siete años.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO A LA LEY SIRESE

 

DECRETO SUPREMO Nº 24504

DE 21 DE FEBRERO DE 1997

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

 

ARTÍCULO 1.- OBJETO. El presente decreto supremo tiene por objeto reglamentar la ley del Sistema de Regulación Sectorial, ley SIRESE, en cumplimiento de su artículo 27.

ARTÍCULO 2.- JURISDICCION Y COMPETENCIA. La jurisdicción administrativa de las superintendencias general y sectoriales es de carácter nacional.

ARTÍCULO 3.- INTENDENTES. Los superintendentes tienen la facultad de designar intendentes, de acuerdo a sus necesidades y como parte de la estructura general administrativa que apruebe el Superintendente General. Las funciones de los intendentes serán determinadas por el superintendente que los designe y consistirán en materias técnicas y administrativas. En caso de ausencia o impedimento del superintendente por tiempo menor a treinta días, los intendentes continuarán con el despacho diario de la respectiva Superintendencia, sin ejercer las facultades de resolución atribuidas al Superintendente por la Ley SIRESE o las normas legales sectoriales.

ARTÍCULO 4.- SUSPENSION DE FUNCIONES. La suspensión de funciones de los superintendentes, prevista en los artículos 4 y 8 de la ley SIRESE, se efectuará mediante resolución suprema. Esta resolución también designará al interino, quien ejercerá funciones hasta la restitución del titular o hasta que se designe un nuevo superintendente titular por destitución del anterior.

ARTÍCULO 5.- IMPEDIMENTO. En caso de impedimento de un superintendente por más de treinta días, se designará al interino mediante resolución suprema. El interino ejercerá funciones hasta que el impedimento sea superado o hasta que se designe un nuevo superintendente titular por impedimento definitivo del substituido.

ARTÍCULO 6.- AUSENCIA. El superintendente que deba ausentarse temporalmente del territorio de la República debe comunicar tal eventualidad al Ministro de Hacienda. En caso de ausencia de un superintendente por más de treinta días, se designará interino mediante resolución suprema que especificará la causa y el tiempo de la ausencia.

ARTÍCULO 7.- RENUNCIA O FALLECIMIENTO. En caso de renuncia o fallecimiento de un superintendente, se designará un interino mediante resolución suprema, hasta la designación del nuevo titular.

ARTÍCULO 8.- INTERINOS. La designación de interinos de acuerdo a los artículos anteriores, se efectuará tomando en cuenta los requisitos y prohibiciones establecidos en los artículos 5, 6 y 9 de la ley SIRESE.

ARTÍCULO 9.- INFORMACION. Los superintendentes sectoriales podrán requerir la información necesaria de las empresas sujetas a regulación en su sector.

 

CAPITULO II

DE LAS SUPERINTENDENCIAS

ARTÍCULO 10.- FUNCIONES GENERALES DE LOS SUPERINTENDENTES. Cada uno de los superintendentes tiene las siguientes funciones generales:

a) Ejercer la autoridad ejecutiva y administrativa de su respectiva superintendencia.

b) Dictar resoluciones sobre las materias de su competencia.

c) Representar a su respectiva superintendencia ante instituciones públicas o privadas, nacionales e internacionales.

d) Suscribir contratos y convenios para el desarrollo de sus actividades administrativas.

e) Designar y remover al personal de su superintendencia, fijando sus remuneraciones y funciones, de conformidad a las políticas salariales y de recursos humanos del SIRESE debidamente aprobadas por el Superintendente General.

f) Desconcentrar funciones técnico administrativas.

ARTÍCULO 11.- OFICINAS REGIONALES. Cada superintendencia sectorial podrá establecer oficinas regionales, de acuerdo a los recursos presupuestados y como parte del plan operativo anual.

ARTÍCULO 12.- FUNCIONES DE LAS OFICINAS REGIONALES. Las oficinas regionales de cada superintendencia sectorial tienen las siguientes funciones:

a) Recibir solicitudes, reclamaciones, denuncias y recursos, debiendo remitirlos a conocimiento del superintendente sectorial, sin demoras injustificadas.

b) Ofrecer información disponible al público sobre las actividades de la respectiva superintendencia sectorial.

c) Cumplir las funciones descritas anteriormente en favor de otras superintendencias sectoriales que no dispongan de oficinas regionales, previo acuerdo con la superintendencia que estableció dicha oficina.

d) Cumplir las instrucciones emitidas por el superintendente sectorial.

ARTÍCULO 13.- RESERVA DE LA INFORMACION. La información presentada a las superintendencias por las personas, empresas y entidades sujetas a regulación, que tenga relación con aspectos comerciales, tecnológicos y financieros, estará sujeta a reserva y sólo podrá proporcionarse a su titular o a la persona que lo representa legalmente.

La reserva sobre la información mencionada será levantada únicamente:

a) mediante orden judicial motivada, expedida por un Juez competente dentro de un proceso formal y de manera expresa.

b) para emitir los informes ordenados por los jueces o requeridos por otros superintendentes, como parte de procesos y en cumplimiento de las funciones que asigna la ley a dichas autoridades.

c) para emitir los informes solicitados por la administración tributaria sobre un responsable determinado, que se encuentre en curso de verificación impositiva y siempre que el mismo haya sido requerido formal y previamente.

d) para emitir los informes de carácter general que sean requeridos por la Superintendencia General, el Poder Ejecutivo o el poder Legislativo.

La información ya especificada será pública si forma parte de los expedientes de los procesos contenciosos conducidos por la superintendencia correspondiente.

ARTÍCULO 14.- SOLICITUD DE RESERVA. Quien presente a la Superintendencia General o a las superintendencias sectoriales información que considere que debe sujetarse a reserva, podrá solicitar al superintendente respectivo que establezca reserva sobre dicha información. El superintendente podrá declarar, mediante resolución expresa, la sujeción a reserva de la totalidad de la información o de parte de ella. La reserva establecida de la forma indicada sólo podrá levantarse en los casos especificados en el artículo anterior.

ARTÍCULO 15.- CERTIFICACIONES. Los superintendentes podrán emitir certificaciones que contengan información no sujeta a reserva de conformidad a los artículos anteriores.

ARTÍCULO 16.- RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS. Los superintendentes y los funcionarios de las superintendencias, aún después de cesar en sus funciones, están prohibidos de dar a conocer información relacionada con los documentos, informes y actividades de las personas, empresas y entidades sujetas a regulación. El funcionario o empleado que infrinja esta prohibición, será destituido de su cargo, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que correspondan.

ARTICULO 17.- NORMAS SOBRE CONDUCTA DEL SERVIDOR PUBLICO. Cada superintendencia elaborará las normas para la regulación de la conducta de sus servidores públicos, a efectos del debido cumplimiento de los fines previstos en el artículo 29 de la ley SAFCO y en el Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública aprobado por el decreto supremo 23318-A. El Superintendente General aprobará dicha norma, de conformidad con el inciso e) del artículo 7 de la ley SIRESE.

 

CAPITULO III

DE LA SUPERINTENDENCIA GENERAL

 

ARTÍCULO 18.- PROPOSICION DE NORMAS. El Superintendente General podrá proponer normas al Poder Ejecutivo relacionadas con el Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE).

ARTÍCULO 19.- FISCALIZACION. Se dispone lo siguiente, para los efectos de la fiscalización establecida en el inciso b) del artículo 7 de la ley SIRESE:

a) Cada superintendencia sectorial presentará a la Superintendencia General un plan operativo anual, conjuntamente con su presupuesto, y que describirá las estrategias y metas que se ejecutarán en la gestión anual. Este plan operativo anual incluirá indicadores apropiados que permitan establecer la eficacia y eficiencia de su gestión.

b) La elaboración de un plan operativo anual deberá considerar tanto el cumplimiento de los objetivos especificados en la ley SIRESE, como en las normas legales sectoriales y en los contratos suscritos con las empresas reguladas.

c) El superintendente sectorial deberá elaborar, al final de cada gestión, un informe sobre el cumplimiento de su plan operativo anual. El superintendente sectorial debe presentar, cada cuatro meses, un informe al Superintendente General sobre el grado de avance del plan operativo anual.

d) La Superintendencia General efectuará su labor de fiscalización mediante auditorías operativas multidisciplinarias y/o cualquier otro medio.

e) El Superintendente General podrá requerir a los superintendentes sectoriales la presentación de informes complementarios o informes específicos, relacionados con actividades de regulación.

f) El Superintendente General emitirá anualmente, de conformidad al inciso b) del artículo 7 de la ley SIRESE, una opinión sobre la eficiencia y eficacia de la gestión de los superintendentes sectoriales y sobre el adecuado control de las personas naturales o jurídicas, que realicen actividades reguladas.

g) La fiscalización a cargo del Superintendente General se efectuará sin interferir, ni asumir responsabilidad de las funciones regulatorias propias de los superintendentes sectoriales.

ARTICULO 20.- ASUNTOS EN CONOCIMIENTO DEL SUPERINTENDENTE GENERAL. Los asuntos que sean puestos en conocimiento del Superintendente General por los superintendentes sectoriales, de conformidad al inciso c) del artículo 7 de la ley SIRESE, serán objeto de resolución, según lo establecido por la citada ley, las normas legales sectoriales y otras aplicables, siempre que no impliquen conflicto de competencia o manifestar opinión antes de asumir conocimiento de una causa.

ARTICULO 21.- NORMAS INTERNAS. Las normas internas de la Superintendencia General y de las superintendencias sectoriales serán consideradas y aprobadas por el Superintendente General, de acuerdo al inciso e) del artículo 7 de la ley SIRESE, dentro del marco de las normas y reglamentos básicos emitidos por los órganos rectores establecidos por la ley 1178 de 20 de julio de 1990 SAFCO y otras normas legales aplicables.

ARTÍCULO 22.- ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS. De conformidad a lo dispuesto por el inciso f) del artículo 7 de la Ley SIRESE, el Superintendente General aprobará las estructuras generales administrativas de su superintendencia y, de cada superintendencia sectorial, en base a las propuestas elevadas por las mismas y asegurando que guarden relación con las necesidades sectoriales.

ARTÍCULO 23.- POLITICA DE RECURSOS HUMANOS. De conformidad con el inciso f) del artículo 7 de la ley SIRESE, el Superintendente General aprobará las políticas salariales y de recursos humanos de su superintendencia y de cada superintendencia sectorial, considerando las propuestas elevadas por éstas y procurando que guarden relación entre sí y con los niveles de las empresas sujetas a regulación. Se aprobará anualmente las políticas mencionadas, como parte de la elaboración de los presupuestos anuales respectivos. Las designaciones y remociones del personal ejecutivo, técnico y de apoyo de todas las superintendencias se efectuarán de acuerdo a reglamento aprobado por el Superintendente General.

ARTÍCULO 24.- ARCHIVO PUBLICO DE LA SUPERINTENDENCIA GENERAL. La Superintendencia General llevará un archivo público, en que cursarán los siguientes documentos:

a) Copias legalizadas de todas las resoluciones del Superintendente General.

b) Copias legalizadas de todas las resoluciones de los superintendentes sectoriales.

c) Copias legalizadas de los recursos de revocatoria planteados en contra de las resoluciones emitidas por los superintendentes sectoriales.

d) Dictámenes emitidos por los superintendentes sectoriales con relación a solicitudes de exclusión.

Los superintendentes sectoriales deben enviar los documentos citados a la Superintendencia General, en un plazo de cinco (5) días de su emisión o recepción.

ARTÍCULO 25.- CERTIFICACIONES POR LA SUPERINTENDENCIA GENERAL. La Superintendencia General emitirá, a solicitud escrita de personas que aleguen un interés legítimo, certificaciones sobre el contenido de la documentación cursante en su registro público. Las solicitudes de certificación formarán parte del registro público de la Superintendencia General. El contenido de las certificaciones no debe versar sobre información sujeta a reserva, según las disposiciones de los artículos 13 y 14 de este decreto.

 

CAPITULO IV

CONCESIONES, LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y REGISTROS

 

ARTICULO 26. OTORGACION CONJUNTA. La otorgación conjunta de concesiones, licencias, autorizaciones y registros relacionados a dos o más sectores regulados por las normas legales sectoriales, a que se refiere el segundo párrafo del inciso c) del artículo 10 de la Ley SIRESE, será resuelta por el Superintendente General, una vez que sea de su conocimiento, en aplicación del inciso c) del artículo 7 de la Ley SIRESE.

ARTÍCULO 27.- RELACIONES DE PARENTESCO. A los fines del artículo 12 de la Ley SIRESE, a tiempo de asumir su cargo, cada superintendente deberá declarar bajo juramento sus relaciones de parentesco de consanguinidad o de afinidad, hasta el segundo grado inclusive. Cualquier modificación en las relaciones de parentesco será también declarada bajo juramento inmediatamente después de producida. Las declaraciones mencionadas serán archivadas en el registro público de la Superintendencia General y en el registro público de la superintendencia sectorial correspondiente.

Los superintendentes designados con anterioridad a la publicación del presente decreto supremo, deberán efectuar la declaración especificada, en el plazo de quince días calendario.

 

CAPITULO V

DISPOSICIONES ANTIMONOPOLICAS Y DE DEFENSA

DE LA COMPETENCIA

 

ARTÍCULO 28.- CONSULTA. Si resulta procedente de conformidad a lo establecido en las normas legales sectoriales, cualquier persona, empresa o entidad que realice actividades en un sector sujeto a regulación de conformidad a la Ley SIRESE, puede presentar una consulta para obtener un pronunciamiento del Superintendente Sectorial con relación a:

a) Un convenio, contrato, decisiones o prácticas concertadas que, en caso de ser ejecutadas, podrían constituir una contravención al artículo 16 de la Ley SIRESE.

b) Una fusión que, en caso de ser ejecutada, podría constituir una contravención al artículo 18 de la Ley SIRESE.

ARTÍCULO 29.- CONTENIDO DE LA CONSULTA. La consulta deberá especificar:

a) Detalle de las personas, empresas o entidades involucradas.

b) La existencia de cualquier relación, directa o indirecta entre las personas, empresas o entidades, y entre estas empresas o entidades con otras que sean competidoras en el mercado específico.

c) La magnitud de las actividades actuales de las empresas o entidades y su participación de mercado, en los mercados afectados por el convenio o fusión.

d) Los fundamentos en que se basa la solicitud.

ARTÍCULO 30.- PUBLICACION DE LA CONSULTA. Dentro de los diez días de la recepción de la consulta, el Superintendente Sectorial deberá publicar una síntesis del contenido de la misma, en dos periódicos de circulación nacional, a costo del interesado, por tres veces discontinuas. La publicación requerirá que cualquier persona cuyos intereses puedan ser afectados, presente su oposición formal y fundamentada contra dicha consulta en el plazo de veinte días, a partir de la tercera publicación.

ARTÍCULO 31.- CONSIDERACION DE LA CONSULTA. El Superintendente Sectorial considerará la consulta y, en su caso, las oposiciones presentadas. Si fuera necesario, el Superintendente podrá abrir un término de prueba de treinta días, en cuya vigencia las partes podrán presentar los medios de prueba que sean pertinentes. Durante el término de prueba, el Superintendente podrá citar a las partes a audiencia y designar peritos de oficio. Vencido el término de prueba y en el plazo máximo de treinta días, el Superintendente Sectorial deberá dictar resolución sobre la consulta.

ARTÍCULO 32.- RESOLUCION SOBRE LA CONSULTA. Cuando el Superintendente Sectorial considere que el acuerdo, contrato, decisión o práctica concertadas, o la fusión propuesta en la consulta, no constituyen una contravención al artículo 16 o al artículo 18 de la Ley SIRESE, o a las normas legales sectoriales, su resolución contendrá un pronunciamiento expreso sobre la inaplicabilidad de dichas disposiciones legales al caso específico.

ARTÍCULO 33.- EFECTOS POSTERIORES A LA CONSULTA. Si el superintendente sectorial que resolvió una consulta declarando inaplicables las disposiciones de los artículos 16 o 18 de la Ley SIRESE, posteriormente comprueba que los efectos producidos por el acuerdo, contrato, decisión o práctica concertadas, o la fusión efectivamente realizada, no se ajustan a los términos de la consulta y en efecto constituyen una contravención a las disposiciones de la Ley SIRESE o a las normas legales sectoriales, podrá resolver y aplicar todas las medidas que resulten procedentes de conformidad a las normas legales pertinentes.

ARTÍCULO 34.- APLICABILIDAD. Cuando el Superintendente Sectorial considere que el acuerdo, contrato, decisión o práctica concertadas, o fusión propuesta, constituyen en efecto una contravención al artículo 16 o al artículo 18 de la Ley SIRESE o a las normas legales sectoriales, su resolución contendrá un pronunciamiento expreso sobre la aplicabilidad al caso específico de dichas disposiciones legales. Para el caso de fusiones propuestas, la resolución del Superintendente Sectorial deberá disponer que la fusión no podrá efectuarse, a menos que se obtenga una exclusión de conformidad con el artículo 19 de la Ley SIRESE o que las normas legales sectoriales lo permitan.

ARTÍCULO 35.- EXCLUSION. Cualquier persona que pretenda obtener una exclusión de acuerdo con el artículo 19 de la ley SIRESE, debe presentar al superintendente sectorial una solicitud indicando:

a) Detalle de las personas, empresas o entidades involucradas.

b) Relación directa o indirecta, existente entre esas personas, empresas o entidades, y entre ellas y otras competidoras en el mercado específico.

c) Extensión de las actividades actuales de las personas, empresas o entidades involucradas y su participación de mercado en los mercados afectados por el convenio o fusión.

d) Fundamentos en los que se basa la solicitud.

ARTÍCULO 36.- PUBLICACION DE LA SOLICITUD DE EXCLUSION. Dentro los diez (10) días de la recepción de la solicitud de exclusión, el superintendente sectorial debe publicar una síntesis de su contenido, en dos periódicos de circulación nacional, a costo del interesado, por tres veces discontinuas. La publicación requerirá que cualquier persona, cuyos intereses sean afectados, presente su oposición formal y fundamentada contra la solicitud, en el plazo de veinte días desde la tercera publicación.

ARTÍCULO 37.- CONSIDERACION DE LA SOLICITUD DE EXCLUSION. El superintendente considerará la solicitud de exclusión y, en su caso, las oposiciones presentadas. Si fuere necesario, el superintendente podrá abrir un término de prueba de treinta días, en cuya vigencia las partes podrán presentar los medios de prueba pertinentes. Durante el término de prueba, el superintendente podrá citar a las partes a audiencia y designar peritos de oficio. Vencido el término de prueba y dentro del plazo máximo de treinta días, el superintendente sectorial deberá emitir su dictamen sobre la procedencia o improcedencia de la exclusión solicitada.

ARTÍCULO 38.- PROCEDIMIENTO POSTERIOR. El dictamen del superintendente sobre la solicitud de exclusión, acompañado de los originales del expediente, será remitido a conocimiento del ministro competente, para la dictación de la resolución suprema que corresponda.

ARTÍCULO 39.- SOLICITUDES CONCURRENTES. Las personas que se propongan efectuar una fusión podrán presentar una consulta sobre la inaplicabilidad del artículo 18 de la ley SIRESE a la fusión propuesta y, en forma concurrente, una solicitud de exclusión según lo dispuesto por el artículo 19 de la citada ley. Las solicitudes deberán presentarse ante el superintendente sectorial competente, conteniendo la información requerida por los artículos 29 y 35 de este decreto.

ARTÍCULO 40.- PROCEDIMIENTO PARA LAS SOLICITUDES CONCURRENTES. En caso de presentarse solicitudes concurrentes, el superintendente sectorial deberá considerar la consulta en primera instancia, de conformidad con los artículos 30 a 34 de este decreto. Si la consulta resultare denegada, el superintendente sectorial deberá proceder de inmediato a considerar la solicitud de exclusión, sin necesidad de un nuevo término de prueba y emitiendo su dictamen en diez días, computados desde la notificación de la resolución sobre la consulta. El procedimiento posterior se regirá por el artículo 38 de este decreto.

ARTÍCULO 41.- NULIDAD DE FUSIONES. Cualquier fusión ejecutada en contravención a la ley SIRESE, o contraviniendo el presente decreto supremo, que no cuente con una resolución suprema de exclusión, será nula de pleno derecho y no tendrá efecto legal alguno según dispone el artículo 20 de la ley SIRESE. El superintendente tendrá la facultad de emitir las ordenes necesarias para restaurar el estado anterior.

ARTÍCULO 42.- PUBLICIDAD DE LAS RESOLUCIONES Y DICTAMENES. Las resoluciones sobre consultas dictadas por los superintendentes sectoriales y los dictámenes emitidos sobre las solicitudes de exclusión serán publicados por una sola vez en un periódico de circulación nacional, a costa del interesado.

 

CAPITULO VI

RECURSOS FINANCIEROS

ARTÍCULO 43.- RECURSOS FINANCIEROS. Las actividades de las superintendencias sectoriales se financiarán, de conformidad con el artículo 3 de la ley SIRESE, mediante tasas y otros recursos establecidos en las normas legales sectoriales respectivas. Las actividades de la Superintendencia General, incluyendo los bienes y servicios de uso común, se financiarán mediante aportes proporcionales a los ingresos de las superintendencias sectoriales.

ARTÍCULO 44.- ADMINISTRACION DE RECURSOS. Cada superintendencia tiene, como órgano autárquico, autonomía de gestión administrativa sobre sus recursos y ejecución de su propio presupuesto de ingresos y egresos. Para efectos de la presentación determinada en el inciso h) del artículo 7 de la ley SIRESE, la Superintendencia General elevará al Poder Ejecutivo el presupuesto consolidado, manteniendo la autarquía de cada superintendencia.

ARTÍCULO 45.- BIENES Y SERVICIOS DE USO COMUN. La Superintendencia General elaborará un reglamento que normará la administración y utilización de los bienes y servicios de uso común.

ARTÍCULO 46.- CONSIDERACION Y APROBACION DE PRESUPUESTOS. La consideración y aprobación de los presupuestos de las superintendencias se efectuará hasta fines del mes de agosto de cada año, de acuerdo al siguiente procedimiento:

a) La Superintendencia General elaborará su proyecto de presupuesto, asignando a cada superintendencia sectorial el monto de la parte alícuota de sus respectivos ingresos. Dicho proyecto de presupuesto será remitido a conocimiento de cada una de las superintendencias sectoriales.

b) Cada superintendencia sectorial analizará el presupuesto de la Superintendencia General, en el plazo de diez días contados desde su recepción y efectuará sus comentarios y sugerencias.

c) La Superintendencia General, en conocimiento de los comentarios y sugerencias de las superintendencias sectoriales, efectuará la aprobación de su presupuesto en el plazo de diez días, con las modificaciones que el Superintendente General considere necesarias.

d) Aprobado el presupuesto de la Superintendencia General, cada superintendencia sectorial concluirá la elaboración de su plan operativo y su respectivo presupuesto.

e) El plan operativo y el presupuesto de cada superintendencia sectorial serán remitidos a la Superintendencia General, que dictaminará sobre ellos en el plazo de diez días.

f) Con el dictamen de la Superintendencia General, cada superintendencia sectorial aprobará su plan operativo y su presupuesto, remitiéndolos luego a la Superintendencia General, en el plazo de diez días.

g) La Superintendencia General recibirá el presupuesto de cada superintendencia sectorial, que será aprobado o modificado en el plazo de diez días, de manera fundamentada.

ARTÍCULO 47.- MEMORIA ANUAL. Cada superintendencia elaborará una memoria anual, que incluirá sus estados financieros.

ARTÍCULO 48.- DEROGATORIA. Se deroga todas las disposiciones contrarias al presente decreto supremo.

El señor Ministro de Estado en el Despacho de Hacienda queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente decreto supremo.

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintiún días del mes de febrero de mil novecientos noventa y siete años.

FDO. GONZALO SANCHEZ DE LOZADA, Antonio Aranibar Quiroga, Victor Hugo Canelas Zannier, MINISTRO SUPLENTE DE GOBIERNO, Alfonso Erwin Kreidler Guillaux, José Guillermo Justiniano Sandoval, René Oswaldo Blattmann Bauer, Fernando Candia Castillo, Oscar Sandoval Morón, MINISTRO SUPLENTE DE DESARROLLO HUMANO, Moisés Jarmusz Levy, Hugo San Martín Arzabe, Mauricio Balcazar Gutiérrez, Alfonso Revollo Thenier, Jaime Villalobos Sanjinés.

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