Ley 348 – edición: 494nec

Ley 348 – edición: 494nec

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LEY N 348

LEY DE 9 DE MARZO DE 2013

EVO MORALES AYMA

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

D E C R E T A :

LEY INTEGRAL PARA GARANTIZAR

A LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

TTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPTULO NICO

MARCO CONSTITUCIONAL, OBJETO, FINALIDAD,

ALCANCE Y APLICACIN

ARTCULO 1. (MARCO CONSTITUCIONAL). La presente Ley se funda en el mandato constitucional y en los Instrumentos, Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Bolivia, que garantizan a todas las personas, en particular a las mujeres, el derecho a no sufrir violencia fsica, sexual y/o psicolgica tanto en la familia como en la sociedad.

ARTCULO 2. (OBJETO Y FINALIDAD). La presente Ley tiene por objeto establecer mecanismos, medidas y polticas integrales de prevencin, atencin, proteccin y reparacin a las mujeres en situacin de violencia, as como la persecucin y sancin a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien.

ARTCULO 3. (PRIORIDAD NACIONAL).

I. El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicacin de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas ms extremas de discriminacin en razn de gnero.

II. Los rganos del Estado y todas las instituciones pblicas, adoptarn las medidas y polticas necesarias, asignando los recursos econmicos y humanos suficientes con carcter obligatorio.

III. Las Entidades Territoriales Autnomas, en el marco de sus competencias y responsabilidades constitucionales, asignarn los recursos humanos y econmicos destinados a la implementacin de polticas, programas y proyectos destinados a erradicar todas las formas de violencia hacia las mujeres.

ARTCULO 4. (PRINCIPIOS Y VALORES). La presente Ley se rige por los siguientes principios y valores:

1. Vivir Bien. Es la condicin y desarrollo de una vida ntegra material, espiritual y fsica, en armona consigo misma, el entorno familiar, social y la naturaleza.

2. Igualdad. El Estado garantiza la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el respeto y la tutela de los derechos, en especial de las mujeres, en el marco de la diversidad como valor, eliminando toda forma de distincin o discriminacin por diferencias de sexo, culturales, econmicas, fsicas, sociales o de cualquier otra ndole.

3. Inclusin. Tomar en cuenta la cultura y origen de las mujeres, para adoptar, implementar y aplicar los mecanismos apropiados para resguardar sus derechos, asegurarles el respeto y garantizar la provisin de medios eficaces y oportunos para su proteccin.

4. Trato Digno. Las mujeres en situacin de violencia reciben un trato prioritario, digno y preferencial, con respeto, calidad y calidez.

5. Complementariedad. La comunin entre mujeres y hombres de igual, similar o diferente forma de vida e identidad cultural que conviven en concordia amistosa y pacficamente.

6. Armona. Coexistencia y convivencia pacfica entre mujeres y hombres, y con la Madre Tierra.

7. Igualdad de Oportunidades. Las mujeres, independientemente de sus circunstancias personales, sociales o econmicas, de su edad, estado civil, pertenencia a un pueblo indgena originario campesino, orientacin sexual, procedencia rural o urbana, creencia o religin, opinin poltica o cualquier otra; tendrn acceso a la proteccin y acciones que esta Ley establece, en todo el territorio nacional.

8. Equidad Social. Es el bienestar comn de mujeres y hombres, con participacin plena y efectiva en todos los mbitos, para lograr una justa distribucin y redistribucin de los productos y bienes sociales.

9. Equidad de Gnero. Eliminar las brechas de desigualdad para el ejercicio pleno de las libertades y los derechos de mujeres y hombres.

10. Cultura de Paz. Las mujeres y hombres rechazan la violencia contra las mujeres y resuelven los conflictos mediante el dilogo y el respeto entre las personas.

11. Informalidad. En todos los niveles de la administracin pblica destinada a prevenir, atender, detectar, procesar y sancionar cualquier forma de violencia hacia las mujeres, no se exigir el cumplimiento de requisitos formales o materiales que entorpezcan el proceso de restablecimiento de los derechos vulnerados y la sancin a los responsables.

12. Despatriarcalizacin. A efectos de la presente Ley, la despatriarcalizacin consiste en la elaboracin de polticas pblicas desde la identidad plurinacional, para la visibilizacin, denuncia y erradicacin del patriarcado, a travs de la transformacin de las estructuras, relaciones, tradiciones, costumbres y comportamientos desiguales de poder, dominio, exclusin opresin y explotacin de las mujeres por los hombres.

13. Atencin Diferenciada. Las mujeres deben recibir la atencin que sus necesidades y circunstancias especficas demanden, con criterios diferenciados que aseguren el ejercicio pleno de sus derechos.

14. Especialidad. En todos los niveles de la administracin pblica y en especial aquellas de atencin, proteccin y sancin en casos de violencia hacia las mujeres, las y los servidores pblicos debern contar con los conocimientos necesarios para garantizar a las mujeres un trato respetuoso, digno y eficaz.

ARTCULO 5. (MBITO DE APLICACIN).

I. La presente Ley rige en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia y en los lugares sometidos a su jurisdiccin.

II. Las autoridades y servidores pblicos de todos los rganos, Instituciones Pblicas, Entidades Territoriales Autnomas y la sociedad civil, tienen la obligacin de hacerla cumplir, bajo responsabilidad penal, civil y administrativa.

III. No reconoce fuero ni privilegio de ninguna clase, su aplicacin es preferente respecto a cualquier otra norma para los delitos establecidos en la presente Ley.

IV. Las disposiciones de la presente Ley sern aplicables a toda persona que por su situacin de vulnerabilidad, sufra cualquiera de las formas de violencia que esta Ley sanciona, independientemente de su gnero.

ARTCULO 6. (DEFINICIONES). Para efectos de la aplicacin e interpretacin de la presente Ley, se adoptan las siguientes definiciones:

1. Violencia. Constituye cualquier accin u omisin, abierta o encubierta, que cause la muerte, sufrimiento o dao fsico, sexual o psicolgico a una mujer u otra persona, le genere perjuicio en su patrimonio, en su economa, en su fuente laboral o en otro mbito cualquiera, por el slo hecho de ser mujer.

2. Situacin de Violencia. Es el conjunto de circunstancias y condiciones de agresin en las que se encuentra una mujer, en un momento determinado de su vida.

3. Lenguaje no Sexista. Es el uso de palabras y mensajes escritos, visuales, simblicos y verbales no discriminatorios por razn de sexo.

4. Presupuestos Sensibles a Gnero. Son aquellos que se orientan con carcter prioritario a la asignacin y redistribucin de recursos hacia las polticas pblicas y toman en cuenta las diferentes necesidades e intereses de mujeres y hombres, para la reduccin de brechas, la inclusin social y econmica de las mujeres, en especial las que se encuentran en situacin de violencia y las que son ms discriminadas por razn de procedencia, origen, nacin, pueblo, posicin social, orientacin sexual, condicin econmica, discapacidad, estado civil, embarazo, idioma y posicin poltica.

5. Identidad Cultural. Es el conjunto de valores, visiones, tradiciones, usos y costumbres, smbolos, creencias y comportamientos que da a las personas sentido de pertenencia.

6. Agresor o Agresora. Quien comete una accin u omisin que implique cualquier forma de violencia hacia la mujer u otra persona.

7. Integridad Sexual. Es el derecho a la seguridad y control sexual del propio cuerpo en el concepto de la autodeterminacin sexual.

ARTCULO 7. (TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES). En el marco de las formas de violencia fsica, psicolgica, sexual y econmica, de forma enunciativa, no limitativa, se consideran formas de violencia:

1. Violencia Fsica. Es toda accin que ocasiona lesiones y/o dao corporal, interno, externo o ambos, temporal o permanente, que se manifiesta de forma inmediata o en el largo plazo, empleando o no fuerza fsica, armas o cualquier otro medio.

2. Violencia Feminicida. Es la accin de extrema violencia que viola el derecho fundamental a la vida y causa la muerte de la mujer por el hecho de serlo.

3. Violencia Psicolgica. Es el conjunto de acciones sistemticas de desvalorizacin, intimidacin y control del comportamiento, y decisiones de las mujeres, que tienen como consecuencia la disminucin de su autoestima, depresin, inestabilidad psicolgica, desorientacin e incluso el suicidio.

4. Violencia Meditica. Es aquella producida por los medios masivos de comunicacin a travs de publicaciones, difusin de mensajes e imgenes estereotipadas que promueven la sumisin y/o explotacin de mujeres, que la injurian, difaman, discriminan, deshonran, humillan o que atentan contra su dignidad, su nombre y su imagen.

5. Violencia Simblica y/o Encubierta. Son los mensajes, valores, smbolos, conos, signos e imposiciones sociales, econmicas, polticas, culturales y de creencias religiosas que transmiten, reproducen y consolidan relaciones de dominacin, exclusin, desigualdad y discriminacin, naturalizando la subordinacin de las mujeres.

6. Violencia Contra la Dignidad, la Honra y el Nombre. Es toda expresin verbal o escrita de ofensa, insulto, difamacin, calumnia, amenaza u otras, tendenciosa o pblica, que desacredita, descalifica, desvaloriza, degrada o afecta el nombre, la dignidad, la honra y la reputacin de la mujer.

7. Violencia Sexual. Es toda conducta que ponga en riesgo la autodeterminacin sexual, tanto en el acto sexual como en toda forma de contacto o acceso carnal, genital o no genital, que amenace, vulnere o restrinja el derecho al ejercicio a una vida sexual libre segura, efectiva y plena, con autonoma y libertad sexual de la mujer.

8. Violencia Contra los Derechos Reproductivos. Es la accin u omisin que impide, limita o vulnera el derecho de las mujeres a la informacin, orientacin, atencin integral y tratamiento durante el embarazo o prdida, parto, puerperio y lactancia; a decidir libre y responsablemente el nmero y espaciamiento de hijas e hijos; a ejercer su maternidad segura, y a elegir mtodos anticonceptivos seguros.

9. Violencia en Servicios de Salud. Es toda accin discriminadora, humillante y deshumanizada y que omite, niega o restringe el acceso a la atencin eficaz e inmediata y a la informacin oportuna por parte del personal de salud, poniendo en riesgo la vida y la salud de las mujeres.

10. Violencia Patrimonial y Econmica. Es toda accin u omisin que al afectar los bienes propios y/o gananciales de la mujer, ocasiona dao o menoscabo de su patrimonio, valores o recursos; controla o limita sus ingresos econmicos y la disposicin de los mismos, o la priva de los medios indispensables para vivir.

11. Violencia Laboral. Es toda accin que se produce en cualquier mbito de trabajo por parte de cualquier persona de superior, igual o inferior jerarqua que discrimina, humilla, amenaza o intimida a las mujeres; que obstaculiza o supedita su acceso al empleo, permanencia o ascenso y que vulnera el ejercicio de sus derechos.

12. Violencia en el Sistema Educativo Plurinacional. Es todo acto de agresin fsica, psicolgica o sexual cometido contra las mujeres en el sistema educativo regular, alternativo, especial y superior.

13. Violencia en el Ejercicio Poltico y de Liderazgo de la Mujer. Entindase lo establecido en el Artculo 7 de la Ley N 243, Contra el Acoso y la Violencia Poltica hacia las Mujeres.

14. Violencia Institucional. Es toda accin u omisin de servidoras o servidores pblicos o de personal de instituciones privadas, que implique una accin discriminatoria, prejuiciosa, humillante y deshumanizada que retarde, obstaculice, menoscabe o niegue a las mujeres el acceso y atencin al servicio requerido.

15. Violencia en la Familia. Es toda agresin fsica, psicolgica o sexual cometida hacia la mujer por el cnyuge o ex-cnyuge, conviviente o ex-conviviente, o su familia, ascendientes, descendientes, hermanas, hermanos, parientes civiles o afines en lnea directa y colateral, tutores o encargados de la custodia o cuidado.

16. Violencia Contra los Derechos y la Libertad Sexual. Es toda accin u omisin, que impida o restrinja el ejercicio de los derechos de las mujeres a disfrutar de una vida sexual libre, segura, afectiva y plena o que vulnere su libertad de eleccin sexual.

17. Cualquier otra forma de violencia que dae la dignidad, integridad, libertad o que viole los derechos de las mujeres.

TTULO II

POLTICAS PBLICAS E INSTITUCIONALIDAD

CAPTULO I

POLTICAS PBLICAS

ARTCULO 8. (POLTICAS PBLICAS). Es responsabilidad del Estado, con carcter intersectorial y presidido por el Ente Rector, adoptar y coordinar la ejecucin de los mandatos de la presente Ley, en toda poltica pblica y Plan Nacional que involucre la prevencin de la violencia hacia las mujeres, su atencin y proteccin.

ARTCULO 9. (APLICACIN). Para la aplicacin de la presente Ley, los rganos del Estado, las Entidades Territoriales Autnomas e Instituciones Pblicas, en el marco de sus competencias y responsabilidades respectivas, debern:

1. Adoptar, implementar y supervisar protocolos de atencin especializada, en las diferentes instancias de atencin, para el restablecimiento de los derechos de mujeres en situacin de violencia.

2. Crear, fortalecer y sostener servicios de atencin y proteccin para mujeres en situacin de violencia.

3. Crear y sostener servicios de atencin y reeducacin integral especializada para los agresores, as como otras medidas destinadas a modificar su comportamiento.

4. Adoptar medidas concretas de accin y responsabilidades claras y especficas, con el nivel de atencin y prioridad que requiere la preservacin de la vida, la seguridad y la integridad de las mujeres.

5. Articular los instrumentos, polticas, servicios y acciones interinstitucionales vinculadas, para la prevencin, atencin, sancin y erradicacin de la violencia contra las mujeres.

ARTCULO 10. (PLANIFICACIN). Los rganos del Estado, las Instituciones Pblicas y las Entidades Territoriales Autnomas, en el marco de sus respetivas competencias, atribuciones, funciones y capacidades, incorporarn en sus estrategias, planificacin operativa anual y presupuestaria, las acciones y los recursos suficientes y necesarios para la aplicacin de la presente Ley, y contarn con el personal idneo para su implementacin. Centrarn sus acciones y recursos en la atencin especial a las mujeres en situacin de violencia y a las que estn en condiciones de vulnerabilidad, de manera prioritaria en el rea rural.

ARTCULO 11. (SISTEMA INTEGRAL PLURINACIONAL DE PREVENCIN, ATENCIN, SANCIN Y ERRADICACIN DE LA VIOLENCIA EN RAZN DE GNERO – SIPPASE).

I. El Ente Rector tendr a su cargo el Sistema Integral Plurinacional de Prevencin, Atencin, Sancin y Erradicacin de la Violencia en razn de Gnero – SIPPASE, que reorganiza todo el sistema de atencin integral a las mujeres en situacin de violencia y la informacin de los servicios pblicos y privados, que se inscribir en un registro nico sobre la violencia en razn de gnero. La informacin de datos que este sistema genere ser de carcter reservado.

II. La entidad responsable de este registro podr emitir certificaciones sobre antecedentes de los agresores, denuncias, actuacin de servidoras y servidores pblicos, y sobre toda informacin que pueda servir para la prevencin, atencin, proteccin y sancin de casos individuales, a slo requerimiento fiscal u orden judicial.

III. Toda la informacin registrada en este sistema, ser derivada al Instituto Nacional de Estadstica para su procesamiento y difusin, conforme a indicadores elaborados de forma conjunta, con enfoque de derechos humanos y de las mujeres, desagregados al menos por sexo, edad y municipio.

ARTCULO 12. (FORMACIN). Los rganos del Estado, el Ministerio Pblico e Instituto de Investigaciones Forenses, la Polica Boliviana, la Defensora del Pueblo, las Fuerzas Armadas, la Procuradura General del Estado, la Escuela de Gestin Pblica Plurinacional, la Escuela de Jueces del Estado, las Entidades Territoriales Autnomas y toda otra entidad pblica o que preste servicios pblicos, en el mbito de sus respectivas competencias, adoptarn y desarrollarn programas de formacin especfica relativos a la cultura contra la violencia, igualdad y no discriminacin por razn de sexo y sobre equidad de gnero, entre otros, los cuales debern ser permanentemente actualizados y sern aplicados a todo el personal, independientemente de su jerarqua, sin excepcin y con carcter obligatorio.

ARTCULO 13. (ACCESO A CARGOS PBLICOS).

I. Para el acceso a un cargo pblico de cualquier rgano del Estado o nivel de administracin, sea mediante eleccin, designacin, nombramiento o contratacin, adems de las previstas por Ley, se considerar como un requisito inexcusable el no contar con antecedentes de violencia ejercida contra una mujer o cualquier miembro de su familia, que tenga sentencia ejecutoriada en calidad de cosa juzgada. El Sistema Integral Plurinacional de Prevencin, Atencin, Sancin y Erradicacin de la Violencia en razn de Gnero – SIPPASE certificar los antecedentes referidos en el presente Artculo.

II. Para la designacin en cargos pblicos que tengan relacin con la atencin, proteccin, investigacin y sancin de casos de mujeres en situacin de violencia, se requerir adems, la formacin o experiencia probada en materia de gnero y/o derechos de las mujeres.

ARTCULO 14. (POLTICAS SECTORIALES). El Ente Rector del nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autnomas, de acuerdo a sus respectivas competencias, adoptarn medidas especficas destinadas a erradicar toda forma de violencia contra las mujeres y establecer un nuevo marco social para garantizar el respeto y una vida digna y libre de violencia, para cuyo efecto se establecen con carcter indicativo, no excluyente de otros que pudieran adoptarse, los siguientes programas:

1. De prevencin en los mbitos estructural, individual y colectivo que consolide una nueva cultura de respeto a las mujeres, a su dignidad y derechos.

2. De formacin, especializacin, sensibilizacin y capacitacin de todas aquellas personas que realicen la atencin a mujeres en situacin de violencia.

3. De orientacin e informacin a las mujeres para su revalorizacin como sujetos de derechos y acceso a instancias de atencin y proteccin.

4. De atencin y proteccin a mujeres en situacin de violencia, y a los integrantes de su familia en situacin de riesgo.

5. De comunicacin para de construir los estereotipos sexistas y los roles asignados socialmente a las mujeres, promoviendo la autorregulacin de los medios de comunicacin en cuanto a la publicidad que emiten, el uso irrespetuoso y comercial de la imagen de las mujeres.

6. De orientacin, atencin y rehabilitacin a los agresores para promover los valores que adopta esta Ley y lograr cambios de comportamiento para el respeto efectivo de los derechos de las mujeres y evitar la reincidencia.

ARTCULO 15. (PARTICIPACIN Y CONTROL SOCIAL). Las organizaciones sociales y de mujeres de la sociedad civil, ejercern la participacin y control social en el marco de la Ley correspondiente, participando en el diseo, evaluacin y gestin de las polticas pblicas de prevencin, atencin y proteccin a las mujeres y la calidad de los servicios especializados, pblicos y a los privados que presten servicios bsicos o que administren recursos fiscales en todos los niveles del Estado.

CAPTULO II

INSTITUCIONALIDAD

ARTCULO 16. (ENTE RECTOR). El Ministerio de Justicia, en el marco de sus competencias y atribuciones es el Ente Rector responsable de coordinacin, articulacin y vigilancia de la aplicacin efectiva y cumplimiento de la presente Ley.

El Ente Rector tendr a su cargo el Sistema Integral Plurinacional de Prevencin, Atencin, Sancin y Erradicacin de la Violencia en razn de Gnero – SIPPASE; asimismo, dicho Ente Rector coordinar la realizacin de polticas integrales de prevencin, atencin, sancin y erradicacin de la violencia hacia las mujeres, tanto en el nivel central y las Entidades Territoriales Autnomas.

Se asignarn los recursos necesarios, humanos y econmicos, para el cumplimiento de sus atribuciones, en el marco de la presente Ley. Todas las instancias del rgano Ejecutivo, con competencias vinculadas a los derechos de las mujeres y la problemtica de violencia y los servicios de prevencin, atencin y sancin de la violencia hacia las mujeres, coordinarn sus acciones con el Ministerio de Justicia, a travs del mecanismo ms adecuado y con jerarqua suficiente definido por el rgano Ejecutivo.

El Ministerio de Justicia rendir un informe anual ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, sobre el avance y cumplimiento de la presente Ley.

TTULO III

PREVENCIN, ATENCIN Y PROTECCIN

CAPTULO I

PREVENCIN DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

ARTCULO 17. (CRITERIOS DE PREVENCIN).

I. A los efectos de aplicacin de la presente Ley, el nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autnomas crearn y adoptarn las medidas de prevencin que sean necesarias para modificar los comportamientos individuales y sociales violentos y aquellos que toleran, naturalizan y reproducen la violencia, bajo tres criterios de accin:

1. Prevencin Estructural. Comprende todas aquellas medidas de carcter integral destinadas a modificar las actitudes, prcticas, reacciones, acciones y omisiones que tienen como efecto y consecuencia la violencia contra las mujeres, as como su sustitucin por actitudes en el comportamiento individual, de pareja, familiar, comunitario, social y estatal, a travs de la sensibilizacin y educacin en el seno de la familia, en la escuela y otros niveles acadmicos, en el trabajo, los centros de atencin de la salud, las comunidades indgenas originario campesinas y afrobolivianas, organizaciones polticas y sindicales, organizaciones sociales y cualquier otro mbito de interaccin social.

2. Prevencin Individual. Se refiere a las medidas destinadas a fortalecer y empoderar a cada mujer y promover sus habilidades de identificar toda posible manifestacin de violencia o agresin hacia ella y enfrentarla de manera asertiva, con el propsito de adelantarse a su expresin o concrecin y evitar que se produzca o contine.

3. Prevencin Colectiva. Son medidas destinadas a prevenir la violencia y proteger a las mujeres a travs de sus organizaciones, instituciones o cualquier colectividad a la que pertenezcan por afinidad (sindicatos, juntas vecinales, gremios, comunidades, naciones, pueblos indgena originario campesinos, interculturales y afrobolivianas).

II. Se deber priorizar la prevencin en los mbitos familiar, comunitario, educativo, de la salud, laboral y comunicacional.

III. Las Entidades Territoriales Autnomas, en el marco de sus respectivas competencias y el ejercicio de las facultades legislativas, reglamentarias y ejecutivas en la materia, incorporarn mecanismos para la prevencin de la violencia, as como la atencin y proteccin a las mujeres en situacin de violencia.

ARTCULO 18. (PREVENCIN COMUNITARIA). Las autoridades indgena originario campesinas y afrobolivianas, adoptarn en las comunidades en las que ejercen sus funciones, las medidas de prevencin que consideren ms adecuadas bajo los tres criterios de accin establecidos para evitar todo acto de violencia hacia las mujeres, con la participacin de stas en su planificacin, ejecucin y seguimiento, respetando sus derechos. Ninguna norma o procedimiento propio de las naciones y pueblos indgena originario campesinas podr vulnerar los derechos reconocidos en la Constitucin Poltica del Estado y el bloque de constitucionalidad.

ARTCULO 19. (MEDIDAS EN EL MBITO EDUCATIVO).

I. El Ministerio de Educacin tiene la obligacin y responsabilidad de adoptar las siguientes medidas:

1. Incorporar estrategias y programas de prevencin e intervencin integral contra la violencia hacia las mujeres en las polticas pblicas de educacin.

2. Incorporar el enfoque de gnero, los principios y valores establecidos en esta Ley, el respeto pleno a los derechos humanos y la formacin en resolucin pacfica de conflictos en la currcula educativa en todos los niveles, incluidas las escuelas superiores de formacin docente y universidades, para contribuir a una cultura de respeto en el mbito familiar, comunitario, escolar, laboral y social, como una prctica diaria.

3. Crear en las unidades educativas un centro de atencin psicolgica, con especialidad obligatoria en violencia, en convenio con universidades pblicas o privadas para la atencin psicolgica de las y los estudiantes que viven en familias en situacin de violencia.

4. Garantizar el traspaso inmediato a las unidades educativas que correspondan, de las hijas e hijos de mujeres en situacin de violencia, si se produce un cambio de domicilio.

5. Formular y ejecutar una poltica de prevencin del acoso sexual en el sistema educativo.

6. Elaborar reglamentos y un protocolo nico para el tratamiento de denuncias de todas las formas de violencia escolar y acoso sexual, mecanismos de proteccin y atencin especializada a nias, nios y adolescentes vctimas.

7. Prohibir como textos de estudio, materiales educativos con contenidos sexistas, mensajes violentos y discriminatorios hacia las mujeres, y promover la elaboracin y difusin de material educativo con enfoque de equidad de gnero, en particular de igualdad de derechos entre mujeres y hombres.

8. Otras acciones necesarias para la erradicacin de la violencia y la generacin del respeto mutuo.

II. Las polticas que adopte el Ministerio de Educacin en materia de prevencin, proteccin y tratamiento de la violencia en el sistema educativo, sern coordinadas con el Ente Rector.

III. El personal docente, administrativo o de apoyo profesional que, habiendo detectado una situacin de violencia no la hubiera reportado, ser pasible a las sanciones legales que correspondan.

ARTCULO 20. (MEDIDAS EN EL MBITO DE SALUD).

I. El Ministerio de Salud y Deportes, tiene la responsabilidad de adoptar las siguientes medidas, dirigidas a garantizar a las mujeres en situacin de riesgo o de violencia, el acceso a los servicios de salud, su tratamiento y proteccin, como un problema de salud pblica:

1. Incorporar estrategias y programas de promocin, prevencin e intervencin integral en el marco de la Poltica de Salud Familiar Comunitaria Intercultural, con el propsito de garantizar la lucha contra la violencia hacia las mujeres en las Polticas Pblicas de Salud.

2. Incluir e implementar la Norma Nacional de Atencin Clnica, el protocolo nico de deteccin, atencin y referencia de la violencia y sus efectos, incluyendo todas las formas de violencia fsica, violencia en servicios de salud, psicolgica y sexual contemplados en la presente Ley, con enfoque intercultural y de gnero.

3. Disear y ejecutar planes de capacitacin, informacin y sensibilizacin sobre promocin, prevencin y tratamiento integral a mujeres que sufren violencia; al personal profesional, auxiliar y administrativo de los servicios de salud pblicos, de los entes gestores de la seguridad social a corto plazo y de servicios privados, para garantizar su actuacin oportuna y adecuada en la deteccin, prevencin, atencin y proteccin a las mujeres.

4. Garantizar que el Sistema de Salud Pblico, seguro social a corto plazo y privado, responda con atencin mdica y psicolgica de emergencia, tratamiento inmediato para el restablecimiento de la salud fsica y emocional de las mujeres que se encuentran en situacin de riesgo y/o violencia; en la prestacin de salud gratuita para la atencin de mujeres vctimas de violencia al momento de la implementacin del Seguro Universal de Salud, quedando prohibida la negacin de atencin.

5. Elaborar e implementar mecanismos para la deteccin y reporte de potenciales casos de violencia que pudieran sufrir mujeres que recurran a los servicios de salud pblicos, seguro social a corto plazo y servicios privados.

6. Referir o derivar a las mujeres en situacin de violencia o riesgo inminente a los servicios especializados de atencin mdica, psicolgica y de proteccin.

7. Respetar las decisiones que las mujeres en situacin de violencia tomen en ejercicio de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos, en el marco de la normativa vigente.

8. Generar y difundir informacin permanente y actualizada sobre los derechos sexuales y derechos reproductivos, prevencin y tratamiento de infecciones de transmisin sexual, VIH/SIDA, hemorragias durante el primer trimestre de embarazo, embarazos no planificados y de todas las formas de violencia sexual.

9. El personal mdico del Sistema de Salud Pblico, seguro social a corto plazo y servicios privados, debern extender de oficio, de forma obligatoria, gratuita y en papel corriente, un certificado mdico a mujeres que requieran atencin por dao fsico o sexual emergente de actos de violencia, debiendo derivarse a las instancias competentes la respectiva valoracin del dao psicolgico. El mdico forense con carcter prioritario deber homologar los certificados mdicos extendidos en casos de violencia contra las mujeres y establecer el grado de impedimento.

10. Adoptar normas, polticas y programas dirigidos a prevenir y sancionar la violencia en servicios de salud y cualquier otra forma de violencia contra las mujeres en los servicios de salud, ejercida por cualquier funcionario de los servicios de salud pblicos, seguro social a corto plazo y servicios privados.

11. Promover la investigacin cientfica para la adopcin de exmenes y tratamientos mdicos menos invasivos, dolorosos o agresivos.

12. Promover la participacin comunitaria activa de mujeres y hombres en todos los establecimientos de salud pblicos, seguro social a corto plazo y los privados que presten servicios bsicos o que administren recursos fiscales en todos los niveles del Estado, para ejercer control social en el cumplimiento de las medidas sealadas en esta Ley.

13. Ampliacin de la atencin a las vctimas de violencia fsica o sexual contra las mujeres como prestacin del rgimen de seguridad social a corto plazo.

14. Otras acciones necesarias en el mbito de la atencin de la salud, que contribuyan a la erradicacin de todas las formas de violencia hacia las mujeres.

II. Los servicios de salud de todos los niveles, pblicos, seguridad social y servicios privados, tienen obligacin de atender, bajo responsabilidad, a toda mujer que solicite atencin mdica y psicolgica, as como reportar casos probables o comprobados de violencia contra las mujeres que atiendan, enviando una copia firmada del registro del caso al Ente Rector, para su inclusin al Sistema Integral Plurinacional de Prevencin, Atencin, Sancin y Erradicacin de la Violencia en razn de Gnero – SIPPASE, dentro de las 48 horas de conocidos los hechos.

ARTCULO 21. (MEDIDAS EN EL MBITO LABORAL).

I. El Ministerio de Trabajo Empleo y Previsin Social, debe adoptar las siguientes medidas destinadas a garantizar el respeto a las mujeres:

1. Mecanismos legales y administrativos, y polticas pblicas que garanticen el ejercicio de los derechos laborales de las mujeres y el acceso al trabajo digno, libre de cualquier forma de violencia, asegurando la misma remuneracin que a los hombres por un trabajo de igual valor, tanto en el sector pblico como en el privado.

2. Adoptar medidas para evitar la imposicin de requisitos para el acceso a un puesto de trabajo, ascenso, salario o estabilidad en el empleo, que generen discriminacin por razones de sexo, edad, apariencia fsica, estado civil o condicin de maternidad. Deber prohibirse, de manera expresa, la presentacin de pruebas de laboratorio, prueba de VIH/SIDA, de embarazo, entrevistas sobre decisiones o situaciones personales u otras de cualquier otra ndole que afecte una decisin ms all de la idoneidad.

3. Regulacin y sancin del despido injustificado de las mujeres por su estado civil, embarazo, situacin de violencia, edad, condiciones fsicas, nmero de hijas o hijos o cualquier forma que implique discriminacin laboral; debiendo garantizar la estabilidad laboral segn normativa vigente.

4. Proteccin contra toda forma de acoso sexual o acoso laboral, y adopcin de procedimientos internos y administrativos para su denuncia, investigacin, atencin, procesamiento y sancin.

5. Adopcin de una poltica de formacin permanente, sensibilizacin, fortalecimiento y capacitacin al personal de conciliacin e inspeccin del trabajo, para la adecuada atencin de denuncias presentadas por mujeres, sobre todo si se encuentran en situacin de violencia.

6. En coordinacin con el Ministerio de Salud y Deportes, una poltica para la atencin mdica y psicolgica especializada, oportuna y gratuita en el rgimen de seguridad social a toda mujer que hubiera sido sometida a cualquier forma de violencia en el mbito laboral.

7. En coordinacin con los servicios de atencin y proteccin para priorizar el acceso, permanencia y ascensos de las mujeres en situacin de violencia, a un empleo digno, incluyendo mecanismos especficos en la poltica nacional de empleo, programas especiales de empleo y la bolsa de trabajo, programas de formacin, capacitacin y actualizacin especfica, garantizando una remuneracin sin brechas de discriminacin.

8. Adopcin de un sistema de flexibilidad y tolerancia en los centros de trabajo para mujeres que se encuentren en situacin de violencia, garantizando sus derechos laborales, a sola presentacin de la resolucin de alguna medida de proteccin, en el marco del Artculo 35 de la presente Ley.

9. Adopcin de normas que permitan compatibilizar la vida laboral y familiar de las personas que trabajan, a fin de permitir un mayor equilibrio entre mujeres y hombres en ambos mbitos.

10. Todas las acciones necesarias para la erradicacin de la violencia contra las mujeres.

II. En caso de vulneracin de estos derechos, la mujer en situacin de violencia laboral podr recurrir a las instancias administrativa o judicial que corresponda para que sus derechos sean restablecidos, le sea reparado el dao, se apliquen sanciones al agresor, y si corresponde, a los responsables de la atencin y proteccin que incumplieron sus funciones.

ARTCULO 22. (MEDIDAS EN EL MBITO DE LA COMUNICACIN). El Ministerio de Comunicacin, en el mbito de sus competencias, adoptar la siguiente medida:

Diseo e implementacin de una estrategia nacional de comunicacin, que incluya campaas en medios masivos, dirigida a informar y sensibilizar sobre las causas, formas y consecuencias de la violencia contra las mujeres, as como a desestructurar estereotipos patriarcales de subordinacin y desvalorizacin de las mujeres, considerando la diversidad cultural y destinando para este fin los mismos recursos que asigna a la publicidad sobre temas estratgicos para el desarrollo nacional.

ARTCULO 23. (OBLIGACIN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIN). Los medios de comunicacin adoptarn las siguientes medidas:

1. Adoptar los Cdigos de tica y otras medidas de autorregulacin, en relacin a la difusin de contenidos discriminatorios vinculados a la violencia hacia las mujeres o que refuerzan o justifican la tolerancia, o que atenten contra los derechos de las mujeres.

2. Destinar, en el marco de la responsabilidad social, un espacio mnimo gratuito para la difusin de mensajes que promuevan los valores establecidos en la presente Ley.

3. Difundir informaciones relativas a la violencia contra las mujeres de forma objetiva, precautelando la defensa de su autonoma, libertad, dignidad, privacidad y derechos, de sus hijas e hijos, restringiendo toda exposicin grfica que constituya humillacin, exposicin pblica y/o degradante.

CAPTULO II

ATENCIN A MUJERES EN SITUACIN DE VIOLENCIA

ARTCULO 24. (SERVICIOS DE ATENCIN INTEGRAL).

I. Las universidades y centros de formacin superior pblicos crearn programas y servicios gratuitos destinados a la prevencin de la violencia hacia las mujeres, la atencin y rehabilitacin de mujeres en situacin de violencia, asesora profesional especializada e integral. Las universidades y centros de formacin incluirn programas acadmicos adecuados para lograr estos propsitos.

II. Los programas y servicios de atencin sern organizados, coordinados y fortalecidos en cada municipio con cargo a su presupuesto anual, como instancias de apoyo permanente a los Servicios Legales Integrales Municipales y las Casas de Acogida y Refugio Temporal. La atencin que presten dichos servicios deber ser prioritaria, permanente, especializada y multidisciplinaria. Actuarn de manera coordinada con todas las instancias estatales de garanta, en especial con la Polica Boliviana, el rgano Judicial e instituciones de salud.

III. Todo servicio de atencin deber ser extensivo a las hijas e hijos de la mujer en situacin de violencia y a otras personas dependientes en condiciones de riesgo.

IV. Los Servicios de Atencin Integrales debern promover, asesorar y apoyar la permanente formacin y actualizacin de su personal, con el objetivo de asegurar que desde su rea y especialidad, trabajen conjuntamente desde la visin, el enfoque y el lenguaje que la Ley establece respecto a la violencia.

V. Los Servicios de Atencin Integrales adoptarn las medidas necesarias en cuanto a infraestructura, equipamiento y recursos humanos, que garanticen que las mujeres en situacin de violencia no sern sometidas a revictimizacin.

ARTCULO 25. (CASAS DE ACOGIDA Y REFUGIO TEMPORAL). Las Entidades Territoriales Autnomas, en el marco de sus competencias y sostenibilidad financiera, tienen la responsabilidad de crear, equipar, mantener y atender Casas de Acogida y Refugio Temporal para mujeres en situacin de violencia en el rea urbana y rural. Debern contar con personal multidisciplinario debidamente capacitado y especializado en atencin a mujeres en situacin de violencia; la administracin deber disear e implementar una estrategia de sostenibilidad. Para el cumplimiento de lo establecido en el presente Artculo, podrn establecerse acuerdos y convenios intergubernativos e interinstitucionales.

ARTCULO 26. (SERVICIOS).

I. Las Casas de Acogida y Refugio Temporal prestarn a las mujeres los siguientes servicios de acuerdo a las necesidades y la evaluacin permanente:

1. Acoger, proteger y atender de forma gratuita, a mujeres en situacin de violencia, a sus hijas e hijos y cualquier familiar que se encuentre bajo su dependencia y est en riesgo.

2. Estimular y promover el empoderamiento de las mujeres en situacin de violencia, facilitando su acceso a la educacin, capacitacin laboral y trabajo.

3. Coordinar con los servicios de atencin y los centros de salud pblica y privada, la atencin mdica de las mujeres y sus familiares en situacin de violencia.

4. Aplicar la poltica nacional y la poltica local que hubiera adoptado la entidad territorial autnoma correspondiente, en coordinacin con el Ente Rector y las organizaciones e instituciones de mujeres.

5. Proporcionar a las mujeres la atencin interdisciplinaria necesaria para su recuperacin fsica y psicolgica, que les permita participar, de manera gradual, en la vida pblica, social y privada.

6. Dar informacin a las mujeres sobre los procedimientos legales, las instituciones que prestan los servicios interdisciplinarios gratuitos que requieran para su restablecimiento y cualquier tema de su inters, vinculado a su situacin.

II. Asimismo, estas Casas de Acogidas y Refugio Temporal prestarn a las mujeres y, en su caso, a sus hijas e hijos los siguientes servicios especializados y gratuitos:

1. Hospedaje y alimentacin.

2. Programas reeducativos integrales para promover cambios de actitudes y valores para su integracin gradual y participacin plena en la vida social y privada, que le permita independencia respecto al agresor.

3. Capacitacin en el desarrollo de habilidades, tcnicas y conocimientos para el desempeo de una actividad laboral o productiva.

4. Acceso prioritario al sistema de colocacin de empleo, en caso de que lo soliciten.

III. La autoridad a cargo de cada casa podr coordinar la atencin privada de cualquiera de los servicios mencionados.

ARTCULO 27. (RESERVA). Las Casas de Acogida y Refugio Temporal se constituyen en refugio seguro para las mujeres en situacin de violencia, por tanto su localizacin no podr ser revelada, salvo a personas autorizadas para acudir a ellos. Se garantizar el anonimato y privacidad de las mujeres acogidas.

ARTCULO 28. (PERMANENCIA). Las mujeres que recurran a las Casas de Acogida y Refugio Temporal no podrn permanecer en ellas ms de tres meses, a menos que por la gravedad de la violencia sufrida o debido a condiciones especiales que as lo justifiquen por persistir su inestabilidad fsica, psicolgica o una situacin de riesgo, se requiera prolongar este tiempo. En este caso excepcional, previa evaluacin conjunta del personal interdisciplinario conformado al menos por el personal mdico, psicolgico y jurdico asignado por los servicios de atencin a la Casa de Acogida, podr determinarse la permanencia de la mujer hasta su completo restablecimiento.

ARTCULO 29. (PROMOTORAS COMUNITARIAS). Las mujeres que hubieran superado su situacin de violencia, o aquellas que deseen asumir este compromiso, se podrn constituir voluntariamente en redes promotoras de apoyo a mujeres que todava se encuentran en tal situacin, generando grupos de solidaridad y proteccin articulados a los servicios pblicos de atencin. La Entidad Territorial Autnoma brindar a las promotoras capacitacin en resolucin pacfica de conflictos, nociones de psicologa, consejera y cualquier otro tema de inters para este fin.

ARTCULO 30. (CASA COMUNITARIA DE LA MUJER). En el rea rural, las mujeres organizadas podrn definir la creacin de Casas Comunitarias de la Mujer, para lo cual el Gobierno Autnomo Municipal dotar de la infraestructura necesaria. Las que estn articuladas a la red de promotoras comunitarias en las distintas comunidades que atendern y realizarn las tareas de orientacin, prevencin y deteccin de casos de violencia, podrn suscribir convenios con autoridades pblicas e instituciones privadas.

ARTICULO 31. (REHABILITACIN DE AGRESORES).

I. La rehabilitacin de los agresores, por orden de la autoridad jurisdiccional competente, ser dispuesta por orden expresa, con el objetivo de promover cambios en su conducta agresiva. La terapia no sustituir la sancin impuesta por los hechos de violencia.

II. Los servicios de rehabilitacin podrn organizarse mediante acuerdos intergubernativos, tanto en el mbito urbano como rural, en centros ya existentes o en el lugar donde el agresor cumple una sancin penal. En ningn caso, la terapia se prestar junto a la mujer agredida.

III. Los responsables de estos servicios, debern reportar el inicio, el cumplimiento o incumplimiento del programa o terapia por parte del agresor a la autoridad jurisdiccional competente y al Sistema Integral Plurinacional de Prevencin, Atencin, Sancin y Erradicacin de la Violencia en razn de Gnero – SIPPASE.

CAPTULO III

MEDIDAS DE PROTECCIN

ARTCULO 32. (FINALIDAD).

I. Las medidas de proteccin tienen por objeto interrumpir e impedir un hecho de violencia contra las mujeres, o garantizar, en caso de que ste se haya consumado, que se realice la investigacin, procesamiento y sancin correspondiente.

II. Las medidas de proteccin son de aplicacin inmediata, que impone la autoridad competente para salvaguardar la vida, la integridad fsica, psicolgica, sexual, derechos patrimoniales, econmicos y laborales de las mujeres en situacin de violencia y los de sus dependientes.

ARTCULO 33. (REVICTIMIZACIN). Los procedimientos judiciales o administrativos de proteccin a mujeres en situacin de violencia debern aplicar el principio de trato digno contenido en la presente Ley, bajo responsabilidad en casos de inobservancia.

ARTCULO 34. (DENUNCIA EN PROCESO JUDICIAL). Si durante la tramitacin de un proceso la jueza o el juez tuviera conocimiento de actos de violencia en contra de una mujer, tiene obligacin, bajo responsabilidad, de remitir los antecedentes del hecho al Ministerio Pblico para su tramitacin por la va penal. Los jueces en materia familiar adoptarn las medidas de proteccin que considere adecuadas para garantizar la vida e integridad de la mujer, sus hijas e hijos que estuvieran en riesgo.

ARTCULO 35. (MEDIDAS DE PROTECCIN). Las medidas de proteccin que podr dictar la autoridad competente son las siguientes:

1. Ordenar la salida, desocupacin, restriccin al agresor del domicilio conyugal o donde habite la mujer en situacin de violencia, independientemente de la acreditacin de propiedad o posesin del inmueble, y ordenar que el agresor se someta a una terapia psicolgica en un servicio de rehabilitacin.

2. Prohibir al agresor enajenar, hipotecar, prendar, disponer o cambiar la titularidad del derecho propietario de bienes muebles o inmuebles comunes.

3. Disponer la asistencia familiar a favor de hijas, hijos y la mujer.

4. Prohibir al agresor acercarse, concurrir o ingresar al domicilio, lugar de trabajo o de estudios, domicilio de las y los ascendientes o descendientes, o a cualquier otro espacio que frecuente la mujer que se encuentra en situacin de violencia.

5. Restituir a la mujer al domicilio del cual hubiera sido alejada con violencia, cuando ella lo solicite, con las garantas suficientes para proteger su vida e integridad.

6. Prohibir al agresor comunicarse, intimidar o molestar por cualquier medio o a travs de terceras personas, a la mujer que se encuentra en situacin de violencia, as como a cualquier integrante de su familia.

7. Prohibir acciones de intimidacin, amenazas o coaccin a los testigos de los hechos de violencia.

8. Suspender temporalmente al agresor del rgimen de visitas y convivencia con sus hijas e hijos.

9. Realizar el inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad comn o de posesin legtima.

10. Disponer la entrega inmediata de objetos y documentos personales de la mujer y de sus hijas e hijos o dependientes.

11. Retener los documentos de propiedad de bienes muebles o inmuebles, mientras se decide la reparacin del dao.

12. Disponer la tolerancia o reduccin del horario de trabajo de la mujer que se encuentra en situacin de violencia, sin que se vean afectados sus derechos laborales y salariales.

13. Ordenar la anotacin preventiva de los bienes sujetos a registro del agresor, as como el congelamiento de cuentas bancarias para garantizar las obligaciones de asistencia familiar.

14. Velar por el derecho sucesorio de las mujeres.

15. Disponer la remocin del agresor de acoso sexual en el medio laboral.

16. Disponer medidas para evitar la discriminacin en la seleccin, calificacin, permanencia y ascenso en su fuente laboral.

17. Restringir, en caso de acoso sexual, todo contacto del agresor con la mujer, sin que se vean afectados los derechos laborales de la mujer.

18. Disponer cualquier medida cautelar de proteccin a las mujeres que se encuentran en situacin de violencia sealada en el Cdigo de Procedimiento Penal y el Cdigo de Procedimiento Civil.

19. Todas las que garanticen la integridad de las mujeres que se encuentran en situacin de violencia.

ARTCULO 36. (PROTECCIN A NIAS Y NIOS). Si a consecuencia de un delito de feminicidio cometido por el cnyuge o conviviente, quedaran hijas e hijos menores de edad hurfanos, stos sern puestos de inmediato bajo custodia de los abuelos u otro familiar cercano por lnea materna, con el acompaamiento de la Defensora de la Niez y Adolescencia en tanto se establezca la guarda legal, debiendo acceder toda la familia al sistema de proteccin de vctimas y testigos del Ministerio Pblico y al sistema de atencin que esta Ley prevee.

ARTCULO 37. (ALERTA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES).

I. El rgano Ejecutivo, a travs del Ente Rector, declarar alerta contra la violencia en un rea o sector determinado a nivel nacional, segn sea el caso, con relacin a mbitos especficos en los que se detecte un ndice alarmante de casos de violencia hacia las mujeres, expresada en cualquiera de sus formas. En este caso, todas las instancias con responsabilidad y competencia debern activar medidas, acciones y recursos de emergencia para afrontar el problema de manera eficiente y resolverlo, preservando los derechos de las mujeres.

II. La declaratoria de alerta contra la violencia hacia las mujeres, se emitir cuando:

1. Se registre un alto ndice de delitos contra la vida, la libertad y la integridad fsica, psicolgica o sexual de las mujeres en un territorio determinado.

2. Se detecte un mbito especial en el que se reporten casos de violencia contra las mujeres y que como consecuencia impida el ejercicio pleno de sus derechos humanos.

III. Las Entidades Territoriales Autnomas, tambin podrn declarar alerta de violencia en toda o en parte de sus respectivas jurisdicciones.

ARTCULO 38. (ATENCIN EN CASO DE ALERTA). Cuando se declare la alerta contra la violencia hacia las mujeres, el Ente Rector adoptar las siguientes medidas inmediatas y obligatorias:

1. Establecer una comisin conformada por un equipo tcnico interinstitucional y multidisciplinario especializado que realice el seguimiento respectivo, presidido y financiado por la entidad responsable.

2. Implementar con carcter intensivo las acciones de prevencin, atencin y proteccin, para afrontar y reducir los casos de violencia en el mbito o la zona objeto de la alerta, debiendo las Mximas Autoridades Ejecutivas de entidades e instituciones pblicas y de Entidades Territoriales Autnomas, reasignar los recursos econmicos que se requieran para ejecutar acciones que demanden la atencin de la alerta, aplicando para tal fin el mismo procedimiento que el determinado para la declaracin de situaciones de emergencia.

3. Elaborar reportes especiales sobre los avances logrados, mediante un monitoreo permanente que permita determinar las condiciones de las mujeres respecto a la violencia y evaluar los mecanismos de atencin y proteccin, as como el acceso de las mujeres a los mismos, que incluya recomendaciones para su fortalecimiento.

4. Difundir para conocimiento pblico el motivo de la alerta contra la violencia hacia las mujeres y la zona territorial o mbito que abarcan las medidas a implementar.

ARTCULO 39. (DURACIN). La alerta contra la violencia hacia las mujeres subsistir en tanto prevalezcan las causas que dieron lugar a su declaratoria, pero no podr prolongarse por ms de un (1) ao.

ARTCULO 40. (RESPONSABILIDAD). En caso de que al cabo de este tiempo no hubieran cambiado las condiciones de riesgo para las mujeres, se evaluarn las acciones de las entidades responsables de la aplicacin de las medidas de emergencia determinadas a fin de establecer responsabilidades por omisin e incumplimiento de funciones en el marco de la normativa vigente, que determinen responsabilidades administrativas, civiles y penales.

ARTCULO 41. (ATENCIN EN COMUNIDADES INDGENA ORIGINARIO CAMPESINAS).

I. Las autoridades de las comunidades indgena originario campesinas y afrobolivianas, adoptarn medidas de atencin y proteccin a mujeres en situacin de violencia, en el marco de sus competencias y de sus normas y procedimientos propios, con participacin de las mujeres que ejercen cargos de autoridad, y con participacin y control social comunitario.

II. Todos los casos de violencia sexual, feminicidio y delitos anlogos sern derivados a la jurisdiccin ordinaria, de conformidad a la Ley de Deslinde Jurisdiccional.

III. Las autoridades indgena originario campesinas podrn derivar los casos conocidos a las Casas Comunitarias de la Mujer, para que la mujer en situacin de violencia reciba la atencin apropiada.

IV. Los casos que sean atendidos y resueltos sern reportados al Sistema Integral Plurinacional de Prevencin, Atencin, Sancin y Erradicacin de la Violencia en razn de Gnero – SIPPASE, para su correspondiente registro.

TTULO IV

PERSECUCIN Y SANCIN PENAL

CAPTULO I

DENUNCIA

ARTCULO 42. (DENUNCIA).

I. Todo hecho de violencia contra las mujeres podr ser denunciado por la vctima o cualquier otra persona que conozca de un delito, ante las siguientes instancias:

1. Polica Boliviana.

2. Ministerio Pblico.

II. A fin de promover la denuncia, se podr acudir a las siguientes instituciones:

1. Servicios Legales Integrales Municipales.

2. Defensoras de la Niez y Adolescencia, cuando la persona agredida sea menor de 18 aos.

3. Servicios Integrados de Justicia Plurinacional.

4. Servicio Plurinacional de Defensa de la Vctima.

5. Autoridades indgena originario campesinas, cuando corresponda.

III. Conocida la denuncia, sta deber ser remitida de inmediato al Ministerio Pblico cuando constituya delito, excepto en el caso del pargrafo II numeral 5, y consiguientemente, reportada al Sistema Integral Plurinacional de Prevencin, Atencin, Sancin y Erradicacin de la Violencia en razn de Gnero – SIPPASE.

ARTCULO 43. (OBLIGACIONES). Las instancias de recepcin, investigacin y tramitacin de denuncias, debern brindar a las mujeres el apoyo y un trato digno y respetuoso, acorde a su situacin, facilitando al mximo las gestiones que deban realizar. En consecuencia, adems de las obligaciones conferidas por Ley, debern:

1. Asesorarlas sobre la importancia y la forma de preservar las pruebas.

2. Proveerles informacin sobre los derechos que tienen y aquellos especiales que la Ley les reconoce y sobre los servicios gubernamentales y no gubernamentales disponibles para su atencin y tratamiento.

3. Solicitar la atencin que la mujer requiera, a los Servicios de Atencin Integral.

4. Elaborar un informe que contenga todos los elementos que hubiera conocido, detectado o determinado, que sirvan para el esclarecimiento de los hechos, para anexarlo a la denuncia.

5. Absolver toda consulta, duda o requerimiento de informacin que la mujer o sus familiares necesiten o demanden, as como proporcionar la que adicionalmente considere necesaria para garantizar su proteccin.

ARTCULO 44. (PERSONAL INTERDISCIPLINARIO ESPECIALIZADO). El personal responsable de la recepcin, investigacin y tramitacin de denuncias deber ser especializado o tener experiencia laboral en derechos humanos, derechos de las mujeres o en atencin a situaciones de violencia de gnero.

ARTCULO 45. (GARANTAS). Para asegurar el ejercicio de todos sus derechos y su efectiva proteccin, el Estado garantizar a toda mujer en situacin de violencia:

1. El acceso a la justicia de manera gratuita, real, oportuna y efectiva, mediante un debido proceso en el que sea oda con las debidas garantas y dentro un plazo razonable.

2. La adopcin de decisiones judiciales ecunimes e independientes, sin sesgos de gnero o criterios subjetivos que afecten o entorpezcan la valoracin de pruebas y la consiguiente sancin al agresor.

3. El acceso a servicios de proteccin inmediata, oportuna y especializada, desde el momento en que el hecho constitutivo de violencia se ponga en conocimiento de las autoridades ordinarias o indgena originario campesinas y afrobolivianas.

4. Orientacin y asistencia jurdica inmediata, gratuita y especializada.

5. Una atencin con calidad y calidez, apoyo y acogida para lograr su recuperacin integral a travs de servicios multidisciplinarios y especializados.

6. El acceso a informacin clara completa, veraz y oportuna sobre las actuaciones judiciales, policiales y otras que se realicen con relacin a su caso, as como sobre los mecanismos y procedimientos contemplados en la presente Ley y otras normas concordantes.

7. La proteccin de su dignidad e integridad, evitando la revictimizacin y maltrato que pudiera recibir de cualquier persona responsable de su atencin, tratamiento o de la investigacin del hecho.

8. La averiguacin de la verdad, la reparacin del dao y prevencin de la reiteracin de los actos de violencia.

9. Acceso a la atencin que requieran para su recuperacin fsica y psicolgica, en los servicios pblicos, seguro social a corto plazo y servicios privados, especialmente tratamiento profilctico para prevenir infecciones de transmisin sexual, VIH/SIDA y anticoncepcin de emergencia, de forma inmediata y oportuna.

10. El acceso a servicios de atencin y proteccin inmediata, oportuna y especializada por parte de autoridades judiciales, policiales, Ministerio Pblico, administrativas, indgena originario campesinas, as como del personal de salud.

ARTCULO 46. (PROHIBICIN DE CONCILIAR).

I. La conciliacin est prohibida en cualquier hecho de violencia contra las mujeres, que comprometa su vida e integridad sexual. Ninguna institucin receptora de denuncias ni su personal, podr promover la conciliacin ni suscripcin de ningn tipo de acuerdo entre la mujer y su agresor, bajo responsabilidad.

II. En los casos no previstos en el pargrafo anterior, el Ministerio Pblico deber imponer las medidas de seguridad que sean necesarias a fin de preservar la integridad fsica, psicolgica y sexual de las mujeres.

III. No se reconoce la conciliacin bajo presin a la vctima o para evitar carga procesal, bajo responsabilidad funcionaria.

IV. Excepcionalmente la conciliacin podr ser promovida nicamente por la vctima, slo por nica vez y no siendo posible en casos de reincidencia.

ARTCULO 47. (APLICACIN PREFERENTE DE DERECHO). En caso de conflicto o colisin entre derechos individuales y colectivos, se dar preferencia a los derechos para la dignidad de las mujeres, reconocidos en los tratados internacionales de Derechos Humanos, en la Constitucin Poltica del Estado y en la presente Ley.

ARTCULO 48. (SERVICIOS INTEGRADOS DE JUSTICIA PLURINACIONAL).

I. Los Servicios Integrados de Justicia Plurinacional dependientes del Ministerio de Justicia, reciben denuncias y brindan orientacin y patrocinio legal gratuito, debern aplicar un enfoque de derechos humanos a mujeres en situacin de violencia.

II. El Ministerio de Justicia deber crear e implementar progresivamente estos servicios en todo el pas.

ARTCULO 49. (SERVICIO PLURINACIONAL DE DEFENSA A LA VCTIMAS). El Servicio Plurinacional de Defensa a la Vctima, como institucin descentralizada bajo tuicin del Ministerio de Justicia, apoyar a mujeres en situacin de violencia carentes de recursos econmicos, mediante patrocinio legal gratuito y apoyo psicolgico para garantizar su acceso a la administracin de justicia y la sancin a los agresores. Para el cumplimiento de esta finalidad, este servicio ejercer sus funciones en atencin a lograr la solucin ms favorable a la vctima.

ARTCULO 50. (SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES).

I. Los Gobiernos Autnomos Municipales tienen la obligacin de organizar estos servicios o fortalecerlos si ya existen, con carcter permanente y gratuito, para la proteccin y defensa psicolgica, social y legal de las mujeres en situacin de violencia, para garantizar la vigencia y ejercicio pleno de sus derechos. Para su funcionamiento, asignarn el presupuesto, infraestructura y personal necesario y suficiente para brindar una atencin adecuada, eficaz y especializada a toda la poblacin, en especial aquella que vive en el rea rural de su respectiva jurisdiccin.

II. En el marco de sus competencias, los Gobiernos Autnomos Municipales, a travs de los Servicios Legales Integrales Municipales, tendrn las siguientes responsabilidades respecto a las mujeres en situacin de violencia:

1. Organizar, coordinar y fortalecer Servicios de Atencin Integral, con cargo a su presupuesto anual, como instancias de apoyo permanente.

2. Prestar servicios de apoyo psicolgico, social y legal.

3. Brindar terapia psicolgica especializada individual y grupal con enfoque de gnero.

4. Orientar respecto a los procedimientos para denunciar ante instancia administrativa, policial o judicial en materias penal, familiar, laboral, civil o cualquier otra en la que sus derechos sean menoscabados como consecuencia de hechos de violencia.

5. Intervendr de manera inmediata ante la denuncia de un hecho de violencia contra una mujer.

6. Brindar patrocinio legal gratuito en instancias administrativas, policiales y judiciales para la prosecucin de los procesos hasta conseguir una sentencia firme.

7. Promover la difusin, defensa y ejercicio de los derechos de las mujeres con la participacin activa de las y los ciudadanos.

8. Desarrollar acciones de prevencin, en coordinacin con instituciones pblicas, privadas y organizaciones de mujeres.

9. Solicitar, a travs de la autoridad competente, la adopcin judicial de medidas provisionales, medidas cautelares y medidas de proteccin inmediata, coordinando su cumplimiento con las Casas de Acogida, instituciones de apoyo y de atencin en salud.

10. Realizar visitas domiciliarias de apoyo y seguimiento e informes sociales.

11. Derivar al Ministerio Pblico, de forma inmediata, los casos que constituyan delito, con los informes correspondientes.

12. Promover la suscripcin de acuerdos de asistencia familiar y su homologacin por autoridad competente.

13. Elaborar informes mdicos, psicolgicos, sociales y legales de oficio o a requerimiento de la interesada, del Ministerio Pblico o de la autoridad judicial que conozca el hecho de violencia.

14. Reportar todas las denuncias recibidas, el procedimiento aplicado y el resultado final del caso, ante el Sistema Integral Plurinacional de Prevencin, Atencin, Sancin y Erradicacin de la Violencia en razn de Gnero –SIPPASE.

15. Cuanta accin sea necesaria para la defensa y proteccin de las mujeres en situacin de violencia.

ARTCULO 51. (CAPACITACIN). Los Gobiernos Autnomos Municipales adoptarn un sistema de capacitacin permanente para su personal sobre Derechos Humanos, en especial de las mujeres, enfoque de gnero y medidas de accin positiva y, para quienes son responsables directos de su atencin, incluirn adems formacin bsica en psicologa de la mujer maltratada.

ARTCULO 52. (AUTORIDADES INDGENA ORIGINARIO CAMPESINAS).

I. A los efectos de la presente Ley sern aplicables los mbitos de vigencia establecidos en la Ley de Deslinde Jurisdiccional, en casos de surgir conflictos de intereses se remitir el caso a la jurisdiccin ordinaria.

II. En caso de conflicto de competencias entre la jurisdiccin indgena originaria campesina y la ordinaria, ste se resolver segn lo dispuesto en el Cdigo Procesal Constitucional.

III. La conciliacin se podr realizar en el marco de lo establecido en el Artculo 46 de la presente Ley.

CAPTULO II

INVESTIGACIN

ARTCULO 53. (FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA).

I. Se crea la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, como organismo especializado de la Polica Boliviana encargado de la prevencin, auxilio e investigacin, identificacin y aprehensin de los presuntos responsables de hechos de violencia hacia las mujeres y la familia, bajo la direccin funcional del Ministerio Pblico, en coordinacin con entidades pblicas y privadas. Su estructura, organizacin y procedimientos sern establecidos de acuerdo a reglamento y contarn con cuatro niveles de actuacin.

II. Se garantiza la permanencia de las y los investigadores especiales, conforme al Artculo 80 de la Ley del Ministerio Pblico.

ARTCULO 54. (PLATAFORMA DE ATENCIN Y RECEPCIN DE DENUNCIAS). La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, en su nivel de atencin y recepcin de denuncias, tendr las siguientes funciones:

1. Recibir denuncias de mujeres en situacin de violencia o de terceros que conozcan el hecho.

2. Practicar las diligencias orientadas a la individualizacin de los autores y partcipes, asegurar su comparecencia, aprehenderlos de inmediato en caso de delito flagrante y ponerlos a disposicin del Ministerio Pblico, en el plazo mximo de ocho (8) horas.

3. En caso de flagrancia, socorrer a las personas agredidas y a sus hijas e hijos u otros dependientes, aun cuando se encuentren dentro de un domicilio, sin necesidad de mandamiento ni limitacin de hora y da, con la nica finalidad de prestarles proteccin y evitar mayores agresiones.

4. Levantar acta sobre los hechos ocurridos, para lo cual debern recoger informacin de familiares, vecinos u otras personas presentes.

5. Reunir y asegurar todo elemento de prueba.

6. Decomisar las armas y los objetos utilizados para amenazar y agredir, ponindolos a disposicin del Ministerio Pblico.

7. Orientar a las vctimas sobre los recursos que la Ley les confiere y los servicios de atencin y proteccin existentes a su disposicin.

8. Conducir a la persona agredida a los servicios de salud, promoviendo su atencin inmediata.

9. Levantar inventario e informar al Juez o Ministerio Pblico.

10. Si la mujer en situacin de violencia lo solicita, acompaarla y asistirla mientras retira sus pertenencias personales de su domicilio u otro lugar, evitando la retencin de cualquier efecto o documentos personales y llevarla donde ella indique o a una casa de acogida o refugio temporal.

11. Hacer seguimiento a la mujer por setenta y dos (72) horas, con el fin de garantizar la eficacia de la proteccin brindada a la mujer en situacin de violencia y las otras personas que estuvieran en riesgo.

ARTCULO 55. (UNIDADES MVILES CONTRA LA VIOLENCIA). La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, en su atencin mvil, contar con equipo y personal especializado para la recepcin de denuncias y el auxilio inmediato, en coordinacin con las y los Fiscales de Materia, en el lugar donde se suscite el hecho, priorizando su accin en el rea rural.

ARTCULO 56. (SERVICIOS DESCONCENTRADOS).

I. La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, en las Estaciones Policiales Integrales o lugares donde la Polica Boliviana preste servicios, tendr personal especializado para atender denuncias de violencia, diligencias investigativas y otros bajo la direccin del Ministerio Pblico.

II. Todas las diligencias realizadas por estos servicios sern remitidas al nivel de investigacin y tendrn valor de prueba.

ARTCULO 57. (DIVISIN DE DELITOS DE VIOLENCIA). Adems de las funciones generales que las normas vigentes y la Polica Boliviana le asignan para la investigacin de delitos, esta divisin tiene las siguientes funciones especficas:

1. Coordinar y ejecutar procedimientos operativos legales en vigencia y la investigacin de delitos contra la vida, contra la integridad corporal y la salud, contra la libertad sexual, de violencia econmica y patrimonial, y otros que constituyan violencias contra las mujeres.

2. Recibir las diligencias realizadas en intervencin policial preventiva, denuncias y querellas, a travs de la plataforma de atencin y recepcin de denuncias, actos que tendrn calidad de prueba.

ARTCULO 58. (MEDIDAS DE ACTUACIN).

I. La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia adecuar sus actuaciones a los protocolos que se adopten para la recepcin de denuncias, atencin inmediata y remisin de casos de violencia contra las mujeres. De forma obligatoria, adoptar las siguientes medidas de actuacin:

1. Asistir, orientar y evaluar la atencin y proteccin que deber prestarse a las mujeres en situacin de violencia a travs de un equipo multidisciplinario.

2. Respetar y proteger la dignidad, la intimidad y los derechos de las mujeres en situacin de violencia.

3. Evitar el contacto, careo o cualquier tipo de proximidad de la mujer con su agresor.

4. Realizar acciones de coordinacin con todas las instancias del sistema integral de atencin a mujeres en situacin de violencia.

5. Evitar toda accin que implique revictimizacin, bajo responsabilidad.

6. Organizar y disear campaas de prevencin y orientacin a la ciudadana, a travs de las organizaciones de la sociedad civil, con el fin de disminuir los ndices de violencia contra las mujeres.

II. Ninguna funcionaria o funcionario policial negar el auxilio y apoyo a mujeres en situacin de violencia alegando falta de competencia, aunque no forme parte de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia.

ARTCULO 59. (INVESTIGACIN DE OFICIO).

I. La investigacin se seguir de oficio, independientemente del impulso de la denunciante. Toda denuncia deber ser obligatoriamente remitida al Ministerio Pblico y reportada al Sistema Integral Plurinacional de Prevencin, Atencin, Sancin y Erradicacin de la Violencia en razn de Gnero – SIPPASE, indicando el curso que ha seguido.

II. Cuando exista peligro inminente para la integridad fsica de las personas protegidas por la Ley, el cumplimiento de las formalidades no se convertir en impedimento para la intervencin oportuna de la polica.

ARTCULO 60. (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO). La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, en todos sus niveles de actuacin, ser provista, con prioridad, de personal especializado y multidisciplinario, infraestructura y equipamiento adecuados, en el marco de la Ley de Seguridad Ciudadana “Para una Vida Segura”.

CAPTULO III

PERSECUCIN PENAL

ARTCULO 61. (MINISTERIO PBLICO). Adems de las atribuciones comunes que establece la Ley Orgnica del Ministerio Pblico, las y los Fiscales de Materia que ejerzan la accin penal pblica en casos de violencia hacia las mujeres, debern adoptar en el ejercicio de sus funciones las siguientes medidas:

1. Adopcin de las medidas de proteccin que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situacin de violencia la mxima proteccin y seguridad, as como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su homologacin y las medidas cautelares previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito.

2. Recoleccin de las pruebas necesarias, como responsable de la investigacin de delitos de violencia en razn de gnero, sin someter a la mujer a pruebas mdicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes que no sean los imprescindibles, debiendo recurrir a mtodos de investigacin alternativa, cientfica y con apoyo de la tecnologa, a fin de averiguar la verdad.

3. En caso de requerirse peritajes tcnicos, no debern ser exigidos a la mujer. En caso de delito flagrante, ser el imputado el responsable de pagar por stos, as como por el tratamiento mdico y psicolgico que la mujer requiera; si fuera probadamente insolvente, se recurrir a los servicios del Sistema de Atencin Integral de su jurisdiccin.

4. Dirigir la investigacin de las instancias policiales responsables de la investigacin de delitos vinculados a la violencia hacia las mujeres, definiendo protocolos y criterios comunes de actuacin, a fin de uniformar los procedimientos, preservar las pruebas y lograr un registro y seguimiento de causas hasta su conclusin, generando estadsticas a nivel municipal, departamental y nacional.

5. Coordinacin de los criterios de actuacin de las diversas instancias de recepcin de denuncias de casos de violencia hacia las mujeres, para lo cual la o el Fiscal General del Estado emitir las correspondientes instrucciones.

6. Elaboracin y presentacin semestral a la o el Fiscal General del Estado, para su consolidacin a nivel departamental y nacional, un informe sobre los procedimientos aplicados y las actuaciones practicadas por el Ministerio Pblico en materia de violencia contra las mujeres y casos que comprometan sus derechos.

7. Requerir la asignacin de patrocinio legal estatal a la mujer en situacin de violencia carente de recursos econmicos.

8. Requerir la interpretacin o traduccin cuando sea necesaria y disponer la asistencia especializada, evitando toda forma de revictimizacin.

9. Cuando corresponda, disponer el ingreso de las vctimas directas e indirectas de delitos que atenten contra su vida, su integridad corporal o su libertad sexual a la Unidad de Atencin y Proteccin a Vctimas y Testigos de Delitos.

10. Remitir una copia de las resoluciones de rechazo y los requerimientos conclusivos a la o el Fiscal Departamental en investigaciones de oficio y presentar ante el Sistema Integral Plurinacional de Prevencin, Atencin, Sancin y Erradicacin de la Violencia en razn de Gnero – SIPPASE, sus informes semestrales, con detalle de todas las causas atendidas, desagregadas al menos por sexo, edad y tipo de delito.

ARTCULO 62. (FISCALES DE MATERIA MVILES). En el rea rural las y los Fiscales de Materia especializados contra la violencia hacia las mujeres debern desplazarse de forma regular y permanente.

ARTCULO 63. (ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO). Las y los Fiscales de Materia contra la violencia hacia las mujeres contarn con personal de apoyo especializado, para proporcionar a cada mujer en situacin de violencia una atencin eficaz y adecuada. En cada Departamento el Ministerio Pblico contar con al menos un equipo de asesoras y asesores profesionales especializados para la investigacin de casos de violencia hacia las mujeres, para lo cual podrn tambin solicitar la colaboracin de organismos e instituciones de derechos humanos y de mujeres.

ARTCULO 64. (MDICOS FORENSES). Se designarn mdicos forenses con especialidad en violencia de gnero, quienes debern atender a las mujeres en situacin de violencia con el mximo respeto, cuidado, calidez y comprensin. Los informes que emita, bajo responsabilidad, debern ser expeditos y oportunos, debiendo evitar en lo posible revisiones mdicas reiteradas e innecesarias.

ARTCULO 65. (CERTIFICADOS MDICOS). Para establecer el estado fsico de la mujer que hubiera sufrido una agresin fsica o sexual, cualquier profesional de salud que preste servicios en instituciones pblicas o privadas acreditadas deber extender un certificado mdico, de acuerdo al protocolo nico de salud integrado al formulario nico que se establezca. Para fines judiciales, este certificado mdico se lo tendr como un indicio respecto a los delitos establecidos en la presente Ley, una vez homologado, adquirir valor probatorio. El certificado deber ser homologado por un experto o una experta forense, quien deber entrevistar en primera instancia a la o el profesional que extendi el certificado, y solamente en caso de que exista necesidad fundada e ineludible, podr practicar otro examen mdico a la mujer.

ARTCULO 66. (ACCESO A DOCUMENTACIN). Toda mujer agredida podr solicitar copias simples o legalizadas de todas las actuaciones contenidas en la investigacin, desde el momento de la denuncia, las cuales debern ser otorgadas en forma expedita, sin notificacin previa y sin costo adicional al de las fotocopias.

ARTCULO 67. (DIRECCIN FORENSE ESPECIALIZADA). La o el Fiscal General del Estado, en el marco de sus atribuciones, crear y reglamentar dentro el Instituto de Investigaciones Forenses, una direccin especializada en casos de violencia contra las mujeres, con el personal necesario para garantizar su eficaz funcionamiento.

CAPTULO IV

JURISDICCIN ORDINARIA

ARTCULO 68. (JUZGADOS DE MATERIA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES). Se modifican los Artculos 57, 58, 68 y 72 de la Ley N 025, Ley del rgano Judicial, con el siguiente texto:

“Artculo 57. (ATRIBUCIONES DE LAS SALAS EN MATERIA DE FAMILIA, NIEZ Y ADOLESCENCIA). Las atribuciones de las salas en materia de familia, niez y adolescencia son:

1. Conocer en grado de apelacin, las resoluciones dictadas por las juezas y los jueces en materias de familia, niez y adolescencia;

2. Resolver en consulta o en revisin, las resoluciones cuando la Ley as lo determine;

3. Resolver las excusas presentadas por sus vocales y secretarias o secretarios de sala;

4. Resolver las recusaciones formuladas contra sus vocales;

5. Resolver las excusas y las recusaciones contra juezas o jueces en materia de familia, niez y adolescencia y;

6. Otras establecidas por Ley.

Artculo 58. (ATRIBUCIONES DE LAS SALAS EN MATERIA PENAL). Las atribuciones de las salas en materia penal son:

1. Substanciar y resolver conforme a Ley los recursos de apelacin de autos y sentencias de juzgados en materia penal y contra la violencia hacia las mujeres;

2. Resolver las excusas presentadas por sus vocales y secretarias o secretarios de sala;

3. Resolver las recusaciones formuladas contra sus vocales y;

4. Otras establecidas por Ley.

Artculo 68. (SUPLENCIAS). En los casos de excusa y recusacin o cualquier otro impedimento de la jueza o del juez, el proceso pasar a conocimiento del siguiente en nmero de la misma materia y, por impedimento de todos los que corresponden a la misma materia, el orden de suplencias ser el siguiente:

1. De civil y comercial, pasar a los de familia y penal, en ese orden;

2. De familia, pasar a los de materia civil y comercial, y contra la violencia hacia las mujeres, en ese orden;

3. De la niez y adolescencia, pasar a los de materia familiar y contra la violencia hacia las mujeres, en ese orden;

4. De violencia hacia las mujeres, pasar a los de materia penal y familiar, en ese orden;

5. De trabajo y seguridad social, pasar a los de materia civil y comercial, y penal, en ese orden;

6. De administrativo, coactivo fiscal y tributario, pasar a los de materia del trabajo y penal, en ese orden;

7. De penal, pasar a los de materia contra la violencia hacia las mujeres y civil y comercial, en ese orden;

8. De anticorrupcin, pasar a los de materia penal;

9. De ejecucin penal, pasar a los de materia penal;

10. Otras establecidas por Ley.

Artculo 72. (COMPETENCIA DE JUZGADOS DE INSTRUCCIN DE MATERIA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES). Las juezas y los jueces de Instruccin contra la violencia hacia las mujeres tienen competencia para:

1. El control de la investigacin, conforme a las facultades y deberes previstos en la Ley;

2. Emitir las resoluciones jurisdiccionales y de proteccin que correspondan durante la etapa preparatoria y de la aplicacin de criterios de oportunidad;

3. La sustanciacin y resolucin del proceso abreviado;

4. Resolver la aplicacin del proceso inmediato para delitos flagrantes;

5. Dirigir la audiencia de preparacin de juicio y resolver sobre las cuestiones e incidentes planteados en la misma;

6. Decidir la suspensin del proceso a prueba;

7. Decidir sobre las solicitudes de cooperacin judicial internacional;

8. Conocer y resolver sobre la incautacin de bienes y sus incidentes; y

9. Otras establecidas por Ley.

Artculo 72 bis (COMPETENCIA DE JUZGADOS DE SENTENCIA EN MATERIA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES). Las juezas y jueces de sentencia en materia de violencia contra las mujeres, tienen competencia para:

1. Conocer y resolver los juicios por delitos de accin pblica que constituyan violencia contra las mujeres, sancionados con pena privativa de libertad cuyo mximo legal sea de cuatro o menos aos;

2. Aplicar medidas de restriccin y provisionales al agresor, y de asistencia y proteccin a la mujer en situacin de violencia, cuando el hecho no constituya delito;

3. El procedimiento para la reparacin del dao, cuando se haya dictado sentencia condenatoria;

4. Imponer de oficio la aplicacin de medidas de proteccin, que permitan a las mujeres en situacin de violencia su acceso a casas de acogida, separacin temporal de los cnyuges y/o convivientes y prevencin de nuevas agresiones y cualquier otra destinada a resguardar sus derechos;

5. Sancionar el incumplimiento de las rdenes o resoluciones judiciales, emitidas por su juzgado;

6. Sancionar a las y los servidores de apoyo judicial que incurran en maltrato o revictimizacin a mujeres en situacin de violencia y;

7. Otras establecidas por Ley.

Artculo 72 ter. (COMPETENCIA DE TRIBUNALES DE SENTENCIA EN MATERIA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES). Los Tribunales de Sentencia contra la violencia hacia las mujeres tienen competencia para:

1. Conocer la substanciacin y resolucin del juicio penal en todos los delitos de accin pblica que constituyan violencia contra las mujeres, sancionados con pena privativa de libertad mayores a cuatro (4) aos, con las excepciones establecidas en la Ley y;

2. Otras establecidas por Ley.

ARTCULO 69. (DESIGNACIN). Para ser jueza o juez y funcionarias o funcionarios auxiliares de estos juzgados, adems de los requisitos sealados por Ley, se exigir:

1. Especialidad en materia penal y conocimientos de gnero o, alternativamente, de derechos humanos; progresivamente, la exigencia deber llegar a un nivel acadmico que denote especialidad en estos temas.

2. Certificado de suficiencia expedido por el Consejo de la Magistratura, de aptitud psicotcnica para el desempeo del cargo, que permita medir rasgos de personalidad, intereses y valores personales.

ARTCULO 70. (FORMACIN ESPECIALIZADA). La Escuela de Jueces del Estado suscribir convenios con las universidades que puedan organizar cursos de post grado en las especialidades que se requieran para el ejercicio de la funcin judicial, para exigir que quienes aspiren a ser jueces de materia contra la violencia hacia las mujeres cuenten con una especializacin en materia penal con enfoque de gnero y derechos humanos.

ARTCULO 71. (EQUIPO INTERDISCIPLINARIO). Los Juzgados y Tribunales Pblicos de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres, contarn con un equipo interdisciplinario de las reas social y psicolgica especializados en derechos humanos y derechos de las mujeres o con experiencia laboral en la atencin de violencia, emitiendo peritajes tcnicos de carcter integral. Estos servicios podrn ser provistos, con igual valor legal, por profesionales, asignados por los Servicios de Atencin Integral.

ARTCULO 72. (FUNCIONES). Las funciones del equipo interdisciplinario son:

1. Intervenir como especialistas independientes e imparciales en los procesos judiciales, realizando peritajes tcnicos de carcter integral.

2. Implementar el protocolo de atencin para testimonios y declaraciones de nios, nias y adolescentes segn su edad y grado de madurez, de mujeres jvenes y adultas en situacin de violencia a fin de no alterar su proceso de recuperacin mediante la repeticin de interrogatorios, debiendo evitar la revictimizacin.

3. Controlar el cumplimiento de terapias a vctimas, agresores y/o familiares dispuestas por la autoridad judicial, informando el avance, abandono o cumplimiento de las mismas.

ARTCULO 73. (SERVICIOS AUXILIARES). Cuando el caso lo requiera, la jueza, el juez o el tribunal podr ordenar peritajes y otros servicios de asistencia tcnica en otras materias y profesiones que coadyuven a su labor.

ARTCULO 74. (REPORTE DE CAUSAS). El Consejo de la Magistratura, deber reportar al Sistema Integral Plurinacional de Prevencin, Atencin, Sancin y Erradicacin de la Violencia en razn de Gnero – SIPPASE, el movimiento de causas por violencia hacia las mujeres, con carcter trimestral, desglosando toda la informacin, adems de los indicadores regulares, por gnero y edad de las partes, delito, estado del proceso.

ARTCULO 75. (ACCIN DE DEFENSA). Las acciones constitucionales de defensa podrn ser interpuestas por las mujeres, u otras personas en su nombre cuando corresponda, a fin de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos.

TTULO V

LEGISLACIN PENAL

CAPTULO I

SANCIONES ALTERNATIVAS

ARTCULO 76. (APLICACIN DE SANCIONES ALTERNATIVAS).

I. En delitos de violencia hacia las mujeres, siempre que el autor no sea reincidente, se podrn aplicar sanciones alternativas a la privacin de libertad, cuando:

1. La pena impuesta no sea mayor a tres aos, en cuyo caso ser remplazada por una sancin alternativa de las sealadas en la presente Ley.

2. A solicitud del condenado a pena privativa de libertad superior a tres aos que hubiera cumplido al menos la mitad de sta, las sanciones alternativas no podrn superar el tiempo de la pena principal impuesta.

II. La autoridad judicial aplicar una sancin alternativa junto a otras, cuando sea necesario para proteger a la mujer, hijos e hijas o el ncleo familiar en situacin de violencia.

ARTCULO 77. (MULTA). La imposicin de una multa como sancin alternativa o accesoria no sustituye la reparacin a la mujer por el dao causado como efecto de la violencia; no podr ser mayor de trescientos sesenta y cinco das ni comprender para el clculo ms del cincuenta por ciento (50%) del salario del sancionado y cuando el salario es indeterminado, se calcular sobre el cincuenta por ciento (50%) del salario mnimo nacional. El da de privacin equivale a un da multa y es revocable ante el incumplimiento.

Las multas sern destinadas a los Servicios de Atencin Integral a cargo de los Gobiernos Autnomos Municipales, quienes constituirn un fondo y abrirn una cuenta fiscal exclusiva para este propsito, debiendo asignar los recursos con carcter preferente a las Casas de Acogida y Refugio Temporal y costo por servicios de salud. Los fondos no podrn ser destinados a otro fin.

ARTCULO 78. (DETENCIN DE FIN DE SEMANA). Es una limitacin de la libertad que se aplica desde el da viernes a horas 19:00 hasta el da lunes a horas 6:00. A fines de equivalencia, el da de privacin de libertad corresponde a un da de detencin de fin de semana. Podr aplicarse tambin a los das feriados, bajo las mismas condiciones.

ARTCULO 79. (TRABAJOS COMUNITARIOS). El trabajo comunitario consiste en la prestacin de trabajos en favor del Gobierno Autnomo Municipal, que se realizar en fines de semana, feriados y los das hbiles en horarios diferentes a los habituales. Esta sancin se aplicar por un mnimo de un (1) ao que equivale al trabajo de cincuenta y dos (52) semanas, con sus respectivos feriados y das hbiles, y un mximo de hasta ciento cuatro (104) semanas.

El Gobierno Autnomo Municipal deber supervisar y reportar el cumplimiento de la sancin al juzgado competente y al Sistema Integral Plurinacional de Prevencin, Atencin, Sancin y Erradicacin de la Violencia en razn de Gnero – SIPPASE.

ARTCULO 80. (MEDIDAS DE SEGURIDAD). La autoridad judicial en ejecucin de sentencia, cuando se hayan dispuesto sanciones alternativas, aplicar las medidas de seguridad necesarias para proteger a la mujer que se encuentra en situacin de violencia, y a sus hijas e hijos o su ncleo familiar.

ARTCULO 81. (INHABILITACIN). Podr aplicarse la sancin inhabilitacin cuando quien fuera sancionado por delitos de violencia hacia las mujeres ejerza una profesin u ocupacin relacionada con la educacin, cuidado y atencin de personas, independientemente de su edad o situacin, atencin mdica, psicolgica, consejera o asesoramiento, cargo administrativo en universidades o unidades educativas, instituciones deportivas, militares, policiales; suspensin temporal de autoridad paterna por el tiempo que dure la sancin, la clausura de locales y la prdida de licencias. Tiene un lmite temporal de doce aos y no pueden imponerse todas las restricciones de esos derechos en una sola sentencia. Transcurrida la mitad del plazo impuesto, o un mnimo de cinco aos, puede darse la rehabilitacin.

ARTCULO 82. (CUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES). La autoridad judicial podr aplicar un plan de conducta al condenado cuando le sean aplicadas sanciones alternativas que impliquen su libertad total o parcial, en virtud del cual deber cumplir con instrucciones que no podrn ser vejatorias o susceptibles de ofender la dignidad o la autoestima. Pueden modificarse durante la ejecucin de sentencia y no pueden extenderse ms all del tiempo que dure la pena principal. Las instrucciones que se pueden imponer sern:

1. Prohibicin de portar cualquier tipo de arma, en especial de fuego;

2. Abstenerse de asistir a lugares pblicos en los que se expendan bebidas alcohlicas y lenocinios;

3. Abstenerse de consumir drogas o alcohol;

4. Incorporarse a grupos o programas para modificar comportamientos que hayan incidido en la realizacin del hecho;

5. Asistir a un centro educativo o aprender un oficio.

CAPTULO II

DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

ARTCULO 83. (MODIFICACIONES AL CDIGO PENAL). Se modifican los Artculos 246, 254, 256, 267 bis, 270, 271, 272, 308, 308 bis, 310, 312 y 313 del Cdigo Penal, los cuales quedarn redactados con el siguiente texto:

“Artculo 246. (SUBSTRACCIN DE UN MENOR O INCAPAZ). Quien substrajere a un menor de diez y seis aos (16) o a un incapaz, de la potestad de sus padres, adoptantes, tutores o curadores, y el que retuviere al menor contra su voluntad, ser sancionado con privacin de libertad de uno (1) a tres (3) aos.

La misma pena se aplicar si el menor tuviere ms de diez y seis (16) aos y no mediare consentimiento de su parte.

La pena ser agravada en el doble si el delito es cometido por uno de los progenitores con el objeto de ejercer contra el otro cualquier tipo de coaccin.

Artculo 254. (HOMICIDIO POR EMOCIN VIOLENTA). Quien matare a otra u otro en estado de emocin violenta excusable, ser sancionada(o) con reclusin de dos (2) a ocho (8) aos.

Este tipo penal no proceder en caso de feminicidio.

Artculo 256. (HOMICIDIO-SUICIDIO). La persona que instigare a otra al suicidio o le ayudare a cometerlo, si la muerte se hubiere intentado o consumado, incurrir en reclusin de dos (2) a seis (6) aos.

Si con motivo de la tentativa se produjeren lesiones, la sancin de reclusin ser de uno (1) a cinco (5) aos.

Aunque hubiere mediado consentimiento de la vctima en el doble suicidio, se impondr al sobreviviente la pena de reclusin de dos (2) a seis (6) aos.

Cuando una persona cometa suicidio como consecuencia de una situacin de violencia, la agresora o agresor ser sancionado con privacin de libertad de diez (10) aos.

Si la vctima del delito en cualquiera de los casos del presente Artculo, resultare ser nia, nio o adolescente, la pena ser agravada en dos tercios.

Artculo 267 bis. (ABORTO FORZADO). Quien mediante violencia fsica, psicolgica o sexual contra la mujer le causare un aborto, ser sancionado con reclusin de cuatro (4) a ocho (8) aos.

Artculo 270. (LESIONES GRAVSIMAS). Se sancionar con privacin de libertad de cinco (5) a doce (12) aos, a quien de cualquier modo ocasione a otra persona, una lesin de la cual resulte alguna de las siguientes consecuencias:

1. Enfermedad o discapacidad psquica, intelectual, fsica, sensorial o mltiple.

2. Dao psicolgico o psiquitrico permanente.

3. Debilitacin permanente de la salud o la prdida total o parcial de un sentido, de un miembro, de un rgano o de una funcin.

4. Incapacidad permanente para el trabajo o que sobrepase de noventa das.

5. Marca indeleble o de formacin permanente en cualquier parte del cuerpo.

6. Peligro inminente de perder la vida.

Cuando la vctima sea una nia, nio o adolescente la pena ser agravada en dos tercios tanto en el mnimo como en el mximo.

Artculo 271. (LESIONES GRAVES Y LEVES). Se sancionar con privacin de libertad de tres (3) a seis (6) aos, a quien de cualquier modo ocasione a otra persona un dao fsico o psicolgico, no comprendido en los casos del Artculo anterior, del cual derive incapacidad para el trabajo de quince (15) hasta noventa (90) das.

Si la incapacidad fuere hasta de catorce (14) das, se impondr al autor sancin de trabajos comunitarios de uno (1) a tres (3) aos y cumplimiento de instrucciones que la jueza o el juez determine.

Cuando la vctima sea una nia, nio o adolescente la pena ser agravada en dos tercios tanto en el mnimo como en el mximo.

Artculo 272. (AGRAVANTE). En los casos de los Artculos 267 bis, 270 y 271, la sancin ser agravada en un tercio del mximo o mnimo, cuando mediaren las circunstancias enumeradas en el Artculo 252, exceptuando la prevista en el numeral 1.

Artculo 308. (VIOLACIN). Se sancionar con privacin de libertad de quince (15) a veinte(20) aos a quien mediante intimidacin, violencia fsica o psicolgica realice con persona de uno u otro sexo, actos sexuales no consentidos que importen acceso carnal, mediante la penetracin del miembro viril, o de cualquier otra parte del cuerpo, o de un objeto cualquiera, por va vaginal, anal u oral, con fines libidinosos; y quien, bajo las mismas circunstancias, aunque no mediara violencia fsica o intimidacin, aprovechando de la enfermedad mental grave o insuficiencia de la inteligencia de la vctima o que estuviera incapacitada por cualquier otra causa para resistir.

Artculo 308 bis. (VIOLACIN DE INFANTE, NIA, NIO O ADOLESCENTE). Si el delito de violacin fuere cometido contra persona de uno u otro sexo menor de catorce (14) aos, ser sancionado con privacin de libertad de veinte (20) a veinticinco (25) aos, as no haya uso de la fuerza o intimidacin y se alegue consentimiento.

En caso que se evidenciare alguna de las agravantes dispuestas en el Artculo 310 del Cdigo Penal, y la pena alcanzara treinta (30) aos, la pena ser sin derecho a indulto.

Quedan exentas de esta sancin las relaciones consensuadas entre adolescentes mayores de doce (12) aos, siempre que no exista diferencia de edad mayor de tres (3) aos entre ambos y no se haya cometido violencia o intimidacin.

Artculo 310. (AGRAVANTE). La pena ser agravada en los casos de los delitos anteriores, con cinco (5) aos cuando:

a) Producto de la violacin se produjera alguna de las circunstancias previstas en los Artculos 270 y 271 de este Cdigo;

b) El hecho se produce frente a nias, nios o adolescentes;

c) En la ejecucin del hecho hubieran concurrido dos o ms personas;

d) El hecho se produce estando la vctima en estado de inconsciencia;

e) En la comisin del hecho se utilizaren armas u otros medios peligrosos susceptibles de producir la muerte de la vctima;

f) El autor fuese cnyuge, conviviente, o con quien la vctima mantiene o hubiera mantenido una relacin anloga de intimidad;

g) El autor estuviere encargado de la educacin de la vctima, o si sta se encontrara en situacin de dependencia respecto a ste;

h) El autor hubiera sometido a la vctima a condiciones vejatorias o degradantes.

i) La vctima tuviere algn grado de discapacidad;

j) Si la vctima es mayor de 60 aos;

k) Si la vctima se encuentra embarazada o si como consecuencia del hecho se produce el embarazo;

Si como consecuencia del hecho se produjere la muerte de la vctima, se aplicar la pena correspondiente al feminicidio o asesinato.

Artculo 312. (ABUSO SEXUAL). Cuando en las mismas circunstancias y por los medios sealados en los Artculos 308 y 308 bis se realizaran actos sexuales no constitutivos de penetracin o acceso carnal, la pena ser de seis (6) a diez (10) aos de privacin de libertad. Se aplicarn las agravantes previstas en el Artculo 310, y si la vctima es nia, nio o adolescente la pena privativa de libertad ser de diez (10) a quince (15) aos.

Artculo 313. (RAPTO). Quien con fines lascivos y mediante violencia, amenazas graves o engaos, substrajere o retuviere a una persona, ser sancionada con privacin de libertad de cuatro (4) a ocho (8) aos. La pena ser agravada en un tercio tanto en el mnimo como en el mximo, cuando la vctima sea nia, nio o adolescente.

ARTCULO 84. (NUEVOS TIPOS PENALES). Se incorpora al Cdigo Penal los Artculos 154 bis, 252 bis, 271 bis, 272 bis, 312 bis, 312 ter, 312 quater, bajo el siguiente texto:

“Artculo 154 bis. (INCUMPLIMIENTO DE DEBERES DE PROTECCIN A MUJERES EN SITUACIN DE VIOLENCIA). La servidora o servidor pblico que mediante accin u omisin en ejercicio de una funcin pblica propicie la impunidad u obstaculicen la investigacin de delito de violencia contra las mujeres, recibir sancin alternativa de trabajos comunitarios de noventa (90) das a ciento veinte (120) das e inhabilitacin de uno (1) a cuatro (4) aos para el ejercicio de la funcin pblica.

“Artculo 252 bis. (FEMINICIDIO). Se sancionar con la pena de presidio de treinta (30) aos sin derecho a indulto, a quien mate a una mujer, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. El autor sea o haya sido cnyuge o conviviente de la vctima, est o haya estado ligada a sta por una anloga relacin de afectividad o intimidad, aun sin convivencia;

2. Por haberse negado la vctima a establecer con el autor, una relacin de pareja, enamoramiento, afectividad o intimidad;

3. Por estar la vctima en situacin de embarazo;

4. La vctima que se encuentre en una situacin o relacin de subordinacin o dependencia respecto del autor, o tenga con ste una relacin de amistad, laboral o de compaerismo;

5. La vctima se encuentre en una situacin de vulnerabilidad;

6. Cuando con anterioridad al hecho de la muerte, la mujer haya sido vctima de violencia fsica, psicolgica, sexual o econmica, cometida por el mismo agresor;

7. Cuando el hecho haya sido precedido por un delito contra la libertad individual o la libertad sexual;

8. Cuando la muerte sea conexa al delito de trata o trfico de personas;

9. Cuando la muerte sea resultado de ritos, desafos grupales o prcticas culturales.

“Artculo 271 bis. (ESTERILIZACIN FORZADA). La persona que prive a otra de su funcin reproductiva de forma temporal o permanente sin su consentimiento expreso, voluntario, libre e informado, o de su representante legal en caso de persona con discapacidad intelectual severa, ser sancionada con pena privativa de libertad de cinco (5) a doce (12) aos.

La pena ser agravada en un tercio cuando el delito sea cometido contra una mujer menor de edad o aprovechando su condicin de discapacidad, o cuando concurran las circunstancias previstas en el Artculo 252.

Si el delito se cometiera como parte del delito de genocidio perpetrado con la intencin de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, social, pueblo indgena originario campesino o grupo religioso como tal, adoptando para ello medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo, se aplicar la pena de treinta (30) aos de privacin de libertad sin derecho a indulto.

“Artculo 272 bis. (VIOLENCIA FAMILIAR O DOMSTICA). Quien agrediere fsicamente, psicolgica o sexualmente dentro los casos comprendidos en el numeral 1 al 4 del presente Artculo incurrir en pena de reclusin de dos (2) a cuatro (4) aos, siempre que no constituya otro delito.

1. El cnyuge o conviviente o por quien mantenga o hubiera mantenido con la vctima una relacin anloga de afectividad o intimidad, an sin convivencia.

2. La persona que haya procreado hijos o hijas con la vctima, an sin convivencia.

3. Los ascendientes o descendientes, hermanos, hermanas, parientes consanguneos o afines en lnea directa y colateral hasta el cuarto grado.

4. La persona que estuviere encargada del cuidado o guarda de la vctima, o si sta se encontrara en el hogar, bajo situacin de dependencia o autoridad.

En los dems casos la parte podr hacer valer su pretensin por ante la va correspondiente.

“Artculo 312 bis. (ACTOS SEXUALES ABUSIVOS). Se sancionar con privacin de libertad de cuatro (4) a seis (6) aos, a la persona que durante la relacin sexual consentida, obligue a su pareja o cnyuge a soportar actos de violencia fsica y humillacin.

La pena se agravar en un tercio cuando el autor obligue a su cnyuge, conviviente o pareja sexual a tener relaciones sexuales con terceras personas.

“Artculo 312 ter. (PADECIMIENTOS SEXUALES). Ser sancionada con pena privativa de libertad de quince (15) a treinta (30) aos, quien en el marco de un ataque generalizado o sistemtico contra una poblacin o grupo humano, incurra en las siguientes acciones:

1. Someta a una o ms personas a violacin o cualquier forma de abuso sexual, humillaciones y ultrajes sexuales.

2. Someta a una o ms personas a prostitucin forzada.

3. Mantenga confinada a una mujer a la que se haya embarazado por la fuerza con la intencin de influir en la composicin tnica de una poblacin.

“Artculo 312 quater. (ACOSO SEXUAL).

I. La persona que valindose de una posicin jerrquica o poder de cualquier ndole hostigue, persiga, exija, apremie, amenace con producirle un dao o perjuicio cualquiera, condicione la obtencin de un beneficio u obligue por cualquier medio a otra persona a mantener una relacin o realizar actos o tener comportamientos de contenido sexual que de otra forma no seran consentidos, para su beneficio o de una tercera persona, ser sancionada con privacin de libertad de cuatro (4) a ocho (8) aos.

II. Si la exigencia, solicitud o imposicin fuera ejercida por un servidor pblico en el mbito de la relacin jerrquica que ostenta, ser destituido de su cargo y la pena ser agravada en un tercio.

ARTCULO 85. (DELITOS CONTRA LA FAMILIA). Se modifica el Ttulo VII del Cdigo Penal “Delitos contra la familia”, incorporando el Captulo III denominado “Delitos de violencia econmica y patrimonial”.

“Artculo 250 bis. (VIOLENCIA ECONMICA). Ser sancionada con pena privativa de libertad de dos (2) a cuatro (4) aos, la persona que incurra en alguna de las siguientes conductas:

a) Menoscabe, limite o restrinja la libre disposicin del ingreso econmico de la mujer.

b) Destruya u oculte documentos justificativos de dominio, de identificacin personal, ttulos profesionales o bienes, objetos personales, instrumentos de trabajo de la mujer que le sean indispensables para ejecutar sus actividades habituales.

c) Restrinja o suprima el cumplimiento de sus obligaciones econmicas familiares que pongan en riesgo el bienestar de su cnyuge, hijas e hijos, como medio para someter la voluntad de la mujer.

d) Controle los ingresos o flujo de recursos monetarios que ingresan al hogar mediante violencia psicolgica, sexual o fsica.

e) Impida que la mujer realice una actividad laboral o productiva que le genere ingresos.

Artculo 250 ter. (VIOLENCIA PATRIMONIAL). Quien por cualquier medio impida, limite o prohba el uso, el disfrute, la administracin, la transformacin, o la disposicin de uno o varios bienes propios de la mujer con quien mantenga una relacin de matrimonio o unin libre, ser sancionado con multa de cien (100) hasta trescientos sesenta y cinco (365) das.

Artculo 250 quater. (SUSTRACCIN DE UTILIDADES DE ACTIVIDADES ECONMICAS FAMILIARES). La persona que disponga unilateralmente de las ganancias derivadas de una actividad econmica familiar o disponga de ellas para su exclusivo beneficio personal, en perjuicio de los derechos de su cnyuge o conviviente, ser sancionada con pena de privacin de libertad de seis (6) meses a un (1) ao ms multa de hasta el cincuenta por ciento (50%) del salario del sancionado hasta trescientos sesenta y cinco (365) das.

CAPTULO III

SIMPLIFICACIN DEL PROCEDIMIENTO PENAL

PARA DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

ARTCULO 86. (PRINCIPIOS PROCESALES). En las causas por hechos de violencia contra las mujeres, las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policas y dems operadores de justicia, adems de los principios establecidos en el Cdigo Penal debern regirse bajo los siguientes principios y garantas procesales:

1. Gratuidad. Las mujeres en situacin de violencia estarn exentas del pago de valores, legalizaciones, notificaciones, formularios, testimonios, certificaciones, mandamientos, costos de remisin, exhortos, rdenes instruidas, peritajes y otros, en todas las reparticiones pblicas.

2. Celeridad. Todas las operadoras y operadores de la administracin de justicia, bajo responsabilidad, deben dar estricto cumplimiento a los plazos procesales previstos, sin dilacin alguna bajo apercibimiento.

3. Oralidad. Todos los procesos sobre hechos de violencia contra las mujeres debern ser orales.

4. Legitimidad de la prueba. Sern legtimos todos los medios de prueba y elementos de conviccin legalmente obtenidos que puedan conducir al conocimiento de la verdad.

5. Publicidad. Todos los procesos relativos a la violencia contra las mujeres sern de conocimiento pblico, resguardando la identidad, domicilio y otros datos de la vctima.

6. Inmediatez y continuidad. Iniciada la audiencia, sta debe concluir en el mismo da. Si no es posible, continuar durante el menor nmero de das consecutivos.

7. Proteccin. Las juezas y jueces inmediatamente conocida la causa, dictarn medidas de proteccin para salvaguardar la vida, integridad fsica, psicolgica, sexual, los derechos patrimoniales, econmicos y laborales de las mujeres en situacin de violencia.

8. Economa procesal. La jueza o juez podr llevar a cabo uno o ms actuados en una diligencia judicial y no solicitar pruebas, declaraciones o peritajes que pudieran constituir revictimizacin.

9. Accesibilidad. La falta de requisitos formales o materiales en el procedimiento no deber retrasar, entorpecer ni impedir la restitucin de los derechos vulnerados y la sancin a los responsables.

10. Excusa. Podr solicitarse la excusa del juez, vocal o magistrado que tenga antecedentes de violencia, debiendo remitirse el caso inmediatamente al juzgado o tribunal competente.

11. Verdad material. Las decisiones administrativas o judiciales que se adopten respecto a casos de violencia contra las mujeres, debe considerar la verdad de los hechos comprobados, por encima de la formalidad pura y simple.

12. Carga de la prueba. En todo proceso penal por hechos que atenten contra la vida, la seguridad o la integridad fsica, psicolgica y/o sexual de las mujeres, la carga de la prueba corresponder al Ministerio Pblico.

13. Imposicin de medidas cautelares. Una vez presentada la denuncia, la autoridad judicial dictar inmediatamente las medidas cautelares previstas en el Cdigo Procesal Penal, privilegiando la proteccin y seguridad de la mujer durante la investigacin, hasta la realizacin de la acusacin formal. En esta etapa, ratificar o ampliar las medidas adoptadas.

14. Confidencialidad. Los rganos receptores de la denuncia, los funcionarios de las unidades de atencin y tratamiento, los tribunales competentes y otros debern guardar la confidencialidad de los asuntos que se someten a su consideracin, salvo que la propia mujer solicite la total o parcial publicidad. Deber informarse previa y oportunamente a la mujer sobre la posibilidad de hacer uso de este derecho.

15. Reparacin. Es la indemnizacin por el dao material e inmaterial causado, al que tiene derecho toda mujer que haya sufrido violencia.

ARTCULO 87 (DIRECTRICES DE PROCEDIMIENTO). En todos los procedimientos administrativos, judiciales e indgena originario campesinos, se aplicarn las siguientes directrices:

1. Procedimientos de conciliacin, que se sujetar a lo establecido en el Artculo 46 de la presente Ley.

2. Aplicacin de un protocolo nico de recepcin, registro y tramitacin de la denuncia.

3. Disposicin de medidas de proteccin para salvaguardar a mujeres en situacin de violencia.

4. Obligacin de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sancin de todos los hechos que constituyan violencia hacia las mujeres.

5. Disposicin de terapias de rehabilitacin para el agresor, que en ningn caso sustituirn la sancin.

6. Disposicin de terapias de fortalecimiento para mujeres que estn saliendo del ciclo de violencia.

7. Seguimiento y verificacin del cumplimiento de sanciones y terapias dispuestas por la autoridad competente.

ARTCULO 88. (ATENCIN PERMANENTE). Las y los jueces de Instruccin en materia de violencia hacia las mujeres, por turno, debern estar disponibles las veinticuatro (24) horas para adoptar las medidas de proteccin y restriccin necesarias.

ARTCULO 89. (RESERVA). El proceso por hechos de violencia es reservado, salvo que la propia mujer, previa informacin, libre y oportuna, solicite la total o parcial publicidad. En todos los casos se mantendr en estricta reserva el nombre de la vctima.

ARTCULO 90. (DELITOS DE ORDEN PBLICO). Todos los delitos contemplados en la Presente Ley, son delitos de accin pblica.

ARTCULO 91. (DECLARATORIA DE REBELDA). En los casos de delitos previstos en la presente Ley, se declarar rebelde al imputado cuando no se presente a la primera audiencia sealada por la autoridad jurisdiccional, despus de haber sido notificado legalmente.

ARTCULO 92. (PRUEBA). Se admitirn como medios de prueba todos los elementos de conviccin obtenidos, que puedan conducir al conocimiento de los hechos denunciados. La prueba ser apreciada por la jueza o el juez, exponiendo los razonamientos en que se funda su valoracin jurdica.

ARTCULO 93. (MEDIOS ALTERNATIVOS). Para la presentacin de la prueba, la mujer en situacin de violencia podr decidir si se acoge al procedimiento regular o a los medios optativos siguientes:

1. Prestar declaracin o presentar pruebas por medios alternativos, sin que comparezca ante el juzgado.

2. Aportar pruebas en instancias judiciales sin verse obligada a encontrarse con el agresor.

ARTCULO 94. (RESPONSABILIDAD DEL MINISTERIO PBLICO). Ninguna mujer debe tener la responsabilidad de demostrar judicialmente aquellas acciones, actos, situaciones o hechos relacionados con su situacin de violencia; ser el Ministerio Pblico quien, como responsable de la investigacin de los delitos, rena las pruebas necesarias, dentro el plazo mximo de ocho (8) das bajo responsabilidad, procurando no someter a la mujer agredida a pruebas mdicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes, careos que constituyan revictimizacin.

En caso de requerirse peritajes tcnicos, no debern ser exigidos a la mujer. Si se tratara de delito flagrante, ser el imputado el responsable de pagar por stos; si fuera probadamente insolvente, se recurrir a los servicios gratuitos de los Servicios Integrales de Atencin.

La o el Fiscal deber acortar todos los plazos de la etapa preparatoria hasta la acusacin en casos de violencia contra la mujer por su situacin de riesgo.

ARTCULO 95. (PRUEBA DOCUMENTAL). Adems de otras establecidas por Ley se admitir como prueba documental, cualquiera de las siguientes:

1. Certificado mdico expedido por cualquier institucin de salud pblica o privada, homologado por mdico forense.

2. Informe psicolgico y/o de trabajo social, expedido por profesionales que trabajen en instituciones pblicas o privadas especializadas en la temtica y reconocidas legalmente.

3. Documentos de propiedad de bienes muebles o inmuebles en originales o fotocopias.

4. Minutas o documentos privados.

5. Cartas, mensajes de texto, correos electrnicos u otros obtenidos lcitamente.

6. Cualquier otro documento que conduzca al conocimiento de la verdad.

ARTCULO 96. (VALORACIN DE ANTECEDENTES DE PERSONAS FALLECIDAS). Los antecedentes de vctimas o testigos que no puedan comparecer a la audiencia de juicio oral en razn de su fallecimiento, siempre y cuando consten en actas escritas y recibidas segn procedimiento, sern valoradas como prueba por la autoridad judicial.

ARTCULO 97. (APRECIACIN DE LA PRUEBA). Las pruebas pueden ser presentadas junto a la denuncia, contestacin, audiencia o antes de emitirse la resolucin; la falta de prueba a tiempo de plantear la denuncia o demanda, no impedir la admisin de la misma.

ARTCULO 98. (RESPONSABILIDAD CIVIL). Ejecutoriada la sentencia, la autoridad judicial proceder a la calificacin y reparacin del dao civil.

ARTCULO 99. (TERCERO COADYUVANTE).

I. En cualquier caso de violencia hacia las mujeres, podr intervenir una persona fsica o jurdica, ajena a las partes, que cuente con reconocida experiencia o competencia sobre la cuestin debatida, a fin de que ofrezca argumentos especializados de trascendencia para la decisin del asunto. Su participacin podr ser planteada de oficio, la o el fiscal, por la mujer en situacin de violencia o solicitada por el o la experta.

II. Las opiniones expertas se limitan a una opinin que orientar la comprensin del hecho, podrn presentarse en cualquier momento del proceso, antes de que la sentencia sea dictada y no tendrn calidad de parte ni derecho a cobrar honorarios.

ARTCULO 100. (DENUNCIA O ACUSACIN FALSA). Quien hubiere sido falsamente denunciado o acusado como autor y/o participe en la comisin de un delito contemplado en la presente Ley, podr iniciar la accin correspondiente, con la resolucin fiscal de rechazo de la denuncia o de sobreseimiento, o concluido el proceso con sentencia absolutoria ejecutoriada.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA. Para la implementacin de la presente Ley, todas las instituciones pblicas involucradas debern:

I. Realizar los ajustes necesarios en sus presupuestos institucionales de la gestin 2013; adicionalmente, el Tesoro General de la Nacin asignar recursos a las entidades del nivel central, de acuerdo a disponibilidad financiera y de acuerdo a los plazos establecidos.

II. Para las gestiones posteriores, el Tesoro General de la Nacin asignar recursos necesarios y suficientes a las entidades del nivel central, de acuerdo a disponibilidad financiera para la aplicacin integral de la presente Ley.

III. Las Entidades Territoriales Autnomas, debern asignar los recursos necesarios y suficientes en sus respectivos presupuestos institucionales.

SEGUNDA. Las instituciones pblicas y privadas, cuando corresponda; responsables de la atencin, proteccin y sancin en casos de violencia hacia las mujeres, debern integrar sus respectivos protocolos especficos en un formulario nico para la deteccin y atencin de salud, recepcin de denuncias, registro, tramitacin y seguimiento, del cual cada una emplear la parte que le corresponda y constituir documento legal vlido durante el proceso judicial. Este instrumento deber ser implementado en un plazo no mayor a tres (3) meses.

TERCERA. El Consejo de la Magistratura crear e implementar los juzgados pblicos de materia contra la violencia hacia las mujeres, conforme a un orden de prioridades y necesidades definidas de acuerdo a la carga procesal.

CUARTA.

I. Para la implementacin gradual y progresiva de los juzgados de materia contra la violencia hacia las mujeres, el Consejo de la Magistratura deber, en un plazo no mayor a noventa (90) das:

1. Disear, organizar e iniciar, en la Escuela de Jueces del Estado, la implementacin de cursos de especializacin en materias de gnero, Derechos Humanos y violencia, a fin de contar con el personal judicial capacitado, para la implementacin de los juzgados contra la violencia hacia las mujeres, a cuyo fin destinar de inmediato los recursos econmicos suficientes. Adicionalmente, podr hacer convenios con universidades pblicas o privadas, nacionales o extranjeras, para implementar una maestra para jueces, en esta especialidad.

2. Elaborar los instrumentos necesarios para la calificacin, designacin y evaluacin de juezas, jueces y funcionarias y funcionarios judiciales, a fin de asegurar la designacin de quienes cumplan con los requisitos necesarios para el cumplimiento de esta Ley.

II. En tanto se hace efectiva la Disposicin Transitoria Tercera de la Ley del rgano Judicial, a travs de la implementacin gradual y progresiva de los juzgados contra la violencia contra las mujeres, a partir de la promulgacin de la presente Ley, los jueces de materia penal y de rea rural los juzgados mixtos, conocern y tramitarn con prioridad los procesos por delitos de violencia, aplicando las disposiciones de la presente Ley.

QUINTA. La Fiscala General del Estado, adoptar las medidas necesarias para la creacin de las Fiscalas de Materia especializadas contra la violencia hacia las mujeres y la Direccin Forense Especializada, para que funcionen dentro de los tres (3) meses a partir de la promulgacin de la presente Ley, dentro los cuales debern aprobar todos los instrumentos y protocolos para el cumplimiento de sus funciones.

SEXTA. La Polica Boliviana modificar sus manuales de funciones e implementar la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, en un plazo de tres (3) meses, designando al personal necesario para su funcionamiento en todo el pas.

Todos los recursos humanos, econmicos e infraestructura de las Brigadas de Proteccin a la Familia integrarn la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, conforme a lo establecido en el Artculo 53 de la presente Ley.

SPTIMA. El nivel central del Estado adoptar las medidas necesarias para la creacin, adaptacin y funcionamiento de la institucionalidad prevista por esta Ley, en el plazo de tres (3) meses a partir de su promulgacin. Las Entidades Territoriales Autnomas, podrn adoptar convenios intergubernativos para el cumplimiento de lo establecido en la presente Ley. Los Municipios Tipo A, podrn aplicar de manera gradual las obligaciones que la Ley les asigna.

OCTAVA. Todas las disposiciones que corresponden al Cdigo Penal y al Cdigo de Procedimiento Penal, sern incluidas sin modificaciones en ambas normas cuando se proceda a su modificacin.

DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS

PRIMERA. Se derogan los Artculos 308 Ter (Violacin en Estado de Inconsciencia), 314 (Rapto Impropio), 315 (Con Mira Matrimonial), 316 (Atenuacin), y 317 (Disposicin Comn), del Cdigo Penal.

SEGUNDA. Se Abrogan y Derogan todas las disposiciones contrarias a la presente Ley.

Remtase al rgano Ejecutivo, para fines Constitucionales.

Es dada en la Sala de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los veintisiete das del mes de febrero de dos mil trece aos.

Fdo. Lilly Gabriela Montao Viaa, Lucio Marca Mamani, Claudia Jimena Torres Chvez, Marcelina Chavez Salazar, Marcelo William Elo Chvez, Angel David Cortz Villegas.

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia.

Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los nueve das del mes de marzo del ao dos mil trece.

FDO. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Cspedes, Juan Ramn Quintana Taborga, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Luis Alberto Arce Catacora, Cecilia Luisa Ayllon Quinteros, Daniel Santalla Torrez MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y P. S. E INTERINO DE DEFENSA, Juan Carlos Calvimontes Camargo, Roberto Ivn Aguilar Gmez, Claudia Stacy Pea Claros, Amanda Dvila Torres.

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