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Hernán Guachalla Mamani, funcionario de la discoteca Duo e imputado por presunta violación a una cliente de este centro nocturno, solicitó al Ministerio Público ser sometido a una prueba de ADN para demostrar su inocencia.

Según una propuesta de diligencia presentada por la defensa de Guachalla ante el Ministerio Público, el imputado  solicitó que se verifique si su ADN corresponde al mismo que se colectó en las muestras de la víctima de violación.

Solicito requiera conforme al artículo 204 y 209 del C. Pr. Penal se designe perito en biología forense a uno del IDIF a fin que previa terna y juramento emita el siguiente dictamen: Si el ADN correspondiente a mi persona Hernán Guachalla Mamani corresponde al que se ha colectado en las muestras de la víctima Laura Banina Botron Saldivia, de nacionalidad argentina, indica parte del requerimiento.

Asimismo, ERBOL accedió al certificado de trabajo emitido por la discoteca Duo en favor de Guachalla Mamani y en el mismo se asegura que el ahora acusado cumple la función de cajero.

Karla Sofía Paz, identificada como propietaria de la discoteca Duo, asegura en el documento que Guachalla Mamani demostró responsabilidad, capacidad, eficiencia y puntualidad durante el tiempo que trabajó.

Imputación contra Guachalla

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El gabinete de ministros aprobó la mañana de hoy el decreto que reglamenta el funcionamiento del Centro Internacional de la Quinua. El objetivo es promover la investigación científica, innovación tecnológica y formación de recursos humanos, informó la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo.

El presente decreto tiene el objetivo de reglamentar a la Ley 395, del 26 de agosto de 2013, para la implementación y funcionamiento del Centro Internacional de la Quinua, manifestó Achacollo.

Para la implementación del centro se contó con la aprobación de los ministros de Agricultura de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y del Mercado Común del Sur (Mercosur).

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El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) constitucionaliza el respeto a la vida desde la concepción, con lo que le dice no a la despenalización del aborto en Bolivia, sin embargo, exhorta a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) desarrollar una ley para establecer una política pública sobre este tema, reveló a Erbol Digital una fuente de esa instancia judicial.

De acuerdo con los datos obtenidos, la sentencia constitucional ya está firmada y sólo se espera que la disidencia exprese sus argumentos.

El marzo de 2012, la diputada del MAS, Patricia Mancilla, firmó un recurso abstracto de inconstitucionalidad contra 13 artículos del Código Penal, cinco de ellos referidos explícitamente contra el aborto. El recurso fue elaborado por un abogado que recibió sus honorarios de parte de la ONG IPAS de Estados Unidos.

Según la fuente consultada por ERBOL, la sentencia constitucional se enmarca en la Legislación Internacional vigente. En este caso se tomó en cuenta la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su artículo 4.1 establece que Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.  Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción.  Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.

La Convención señalada fue ratificada por Bolivia en 1993 y debe ser respetada de acuerdo con lo establecido en el artículo 13.IV de la Constitución, que indica: Los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia.

La sentencia constitucionaliza el respeto a la vida desde la concepción, pero también exhorta a la Asamblea Legislativa Plurinacional trabajar en una ley para establecer una política pública sobre el aborto, señaló la fuente vinculada al TCP y anunció que la sentencia será conocida en los próximos días.

La normativa boliviana establece que es procedente el aborto en casos de violación y cuando la vida de la madre está en peligro, precisamente, a causa del embarazo. 

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El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) determinó que el aborto legal ya no estará sujeto a un fallo judicial, según la sentencia 0206/14 que se conoció este viernes en la ciudad de Sucre, pero que sin embargo constitucionaliza el respeto a la vida desde la concepción. 

El presidente del TC, Ruddy Flores, en la lectura de este instrumento jurídico explicó sus alcances y aclaró las condiciones para su aplicación. El único requisito para que sea aplicado el aborto impune comprende presentar la denuncia ante las autoridades competentes, dijo. 

Con cuatro votos a favor de los magistrados varones, la sentencia entra en vigencia desde hoy. Dos representantes mujeres respaldaron su despenalización y una indicó que la Asamblea Legislativa Plurinacional debería encargarse de revisar este tema. 

El presidente del TC, Ruddy Flores, volvió a exhortar para que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) desarrolle una ley para establecer una política pública sobre este tema. 

La presidenta de la Asociación de Defensa de la Vida y la Familia (ADVIF), Roxana Gonzales, indicó que con esta sentencia se dio paso a una imposición de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para quitar el fallo judicial. 

Con la excusa de una violación se está dando paso al aborto libre. Vamos a analizar profundamente para ver si conviene o no, peor de inicio no estamos de acuerdo, dijo a Aclo de Erbol. 

Antecedentes

En marzo de 2012, la diputada del MAS, Patricia Mancilla, firmó un recurso abstracto de inconstitucionalidad contra 13 artículos del Código Penal, cinco de ellos referidos explícitamente contra el aborto. 

El recurso fue elaborado por un abogado que recibió sus honorarios de parte de la ONG IPAS de Estados Unidos. 

Según una fuente consultada por ERBOL, la sentencia constitucional se enmarca en la Legislación Internacional vigente. 

En este caso se tomó en cuenta la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su artículo 4.1 establece que Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. 

Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. 

La Convención señalada fue ratificada por Bolivia en 1993 y debe ser respetada de acuerdo con lo establecido en el artículo 13.IV de la Constitución, que indica: Los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia. 

La sentencia constitucionaliza el respeto a la vida desde la concepción, pero también exhorta a la Asamblea Legislativa Plurinacional trabajar en una ley para establecer una política pública sobre el aborto, señaló la fuente vinculada al TCP y anunció que la sentencia será conocida en los próximos días. La normativa boliviana establece que es procedente el aborto en casos de violación y cuando la vida de la madre está en peligro, precisamente, a causa del embarazo.

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El designado futuro canciller chileno, Heraldo Muñoz, aseguró que la futura administración de la presidenta Michelle Bachelet buscará la mejor relación con Bolivia, aunque anticipó que un obstáculo claro en esa predisposición es la demanda jurídica boliviana interpuesta ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en busca de una salida soberana al Pacífico.

El presidente Evo Morales expresó ayer en Cuba que no perdió la esperanza de reconducir el diálogo bilateral con Bachalet, quien asumirá la presidencia de su país el 11 de marzo, en busca de una resolución a la demanda marítima, incluso antes de llegar a un fallo en ribunales internacionales. La Paz debe presentar este 2014 los alegados de su memoria o argumentos jurídicos en la CIJ.

Muñoz asumirá en marzo la conducción de la Cancillería chilena. Nosotros quisiéramos tener la mejor relación con Bolivia, lamentablemente eso no ha ocurrido en el pasado, evidentemente que aquí hay un obstáculo claro, que es la demanda que se ha presentado. Habrá que ver en su momento qué es lo que se hace, señaló durante una entrevista en el programa chileno Ahora Noticias.

La administración boliviana busca que el tribunal internacional obligue a Santiago a negociar una salida soberana al Pacífico, apoyada en los derechos expectaticios que creó en sus aperturas a negociar una solución.

El designado Canciller evitó responder la consulta periodística de si el gobierno de Bachelet estaría dispuesto a negociar una salida marítima para Bolivia. Yo no puedo decir ni sí ni no en este momento; no es un tema que haya conversado con la Presidenta (electa) todavía, nos corresponde estar en el Gobierno a partir del 11 de marzo; no me quiero anticipar a una situación que por lo demás está cruzada por una demanda (en la CIJ), insistió en la entrevista, que fue reproducida por Erbol.

Chile perdió por un reciente fallo del tribunal internacional parte de su territorio marítimo a favor de Perú. La sentención sólo reconoció a favor de Santiago 80 millas de las 200 millas que reclamó el demandante.

Muñoz explicó que la demanda boliviana es sustancialmente diferendo a la que presentó Perú, porque apunta a que Chile se obligue a negociar, de modo que aquí no hay una controversia de límites.

Morales y Bachelet, en su primer gobierno, acordaron en 2006 una agenda sin exclusiones que incluyó el tema del mar, no obstante no hubo avances en la resolución de las aspiraciones bolivianas.

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