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Código Aeronautico Boliviano

6 DE NOVIEMBRE DE 1973

CODIGO AERONAUTICO BOLIVIANO.

GRAL. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Suprema Nº 161475 de fecha 3 de marzo de 1972, se constituyó la Comisión Redactora del Proyecto de CODIGO AERONAUTICO BOLIVIANO.

Que, es impostergable para el país contar con un cuerpo de disposiciones legales y normas compatibilizadas con el progreso tecnológico alcanzado por el transporte aéreo.

Que, el Consejo Nacional de Aeronáiitica ha recomendado al Supremo Gobierno la aprobación del mismo; como también la Subsecretaría de Justicia del Ministerio del Interior, en la necesidad de adoptar una legislación especial dentro del orden jurídico del país.

Que, en consecuencia, es necesaria la vigencia de una ley de fondo, que rija las instituciones y relaciones jurídicas nacidas de la actividad aeronáutica o modificadas por ella.

POR TANTO

EN CONSEJO DE MINISTROS,

DECRETA:

Articulo Unico.- Apruébase el CODIGO AERONAUTICO BOLIVIANO, en sus Diez y Siete Títulos, divididos en Capítulos y Doscientos Setenta y un artículos de que consta.

Los señores Ministros de Estado, en sus respectivos Despachos, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los dieciseis días del mes de noviembre de mil novecientos de mil novecientos setenta y tres años.

CODIGO AERONAUTICO BOLIVIANO

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1º.- La República de Bolivia ejerce soberanía,. plena y exclusiva sobre el espacio aéreo que cubre su territorio.

Art. 2º.- La aeronáutica civil en la Rcpública se rige por las normas de politica aérea, Código Aeronáuticó Boliviano, sus reglamentos, legislación de la materia y convenios internacionales en que Bolivia fuere parte.

Art. 3º- A los efectos del Artículo anterior, se entiende por aeronáutica civil el conjunto de actividades y servicios vinculados con el empleo de aeronaves públicas y privadas, excluidas las militares; sin embargo, se aplicarán también a estas últimas las normas sobre circulación aéréas, responsabilidad y búsqueda, asistencia y salvamento.

Art. 4º- En los casos no previstos en el presente Código y sus reglamentos, se aplicarán los principios generales del Derecho Aeronáutico, los uisos y costumbres y las doctrinas aceptadas en esta materia; si áún existieren dudas en su aplicación; se recurrirá a las leyes análogas y principios generales del Derecho.

Art 5º- El Estado estimulará las actvidades aeronáuticas en el país, dando preferencia en su ejercicio a personas naturales o jurídicas de nacionalidad boliviana, mediante la adopción de medidas de protección y fomento que fueren necesarias para coadyuvar a la conservación e incremento del patrimonio aeronáutico nacional.

Art. 6º- Con los recursos que genera la actividad aeronáutica en el país y otros que podrán incrementarlos, se crea el “Fondo Nacional Autónomo de la Aeronáutica” para el mejoramiento y desarrollo de los Servicios prestados por los organismos aeronáuticos del Gobierno Central, constituidos conforme al Decreto Supremo Nº 10163 de 24 de marzo de 1972 y otros similares que pudieran crearse en el futuro. La utilización de dichos recursos será objeto de reglamentación.

TITULO II

JURISDICCION Y COMPETENCIA

Art. 7º- La aplicación del presente Código y sus reglamentos, así como la sanción de las faltas a las disposiciones de los mismos, es de competencia, en la vía administrativa, de la autoridad aeronáutica.

Art. 8º- Se rigen por las leyes de la República y serán juzgados por sus tribunales:

a) Los hechos ocurridos, los actos realizados y los delitos cometidos a bordo de una aeronave privada boliviana, sobre territorio boliviano, sobre alta mar o en el espacio aéreo que no dependa de la soberanía de ningún Estado;

b) Los hechos ocurridos, los actos realizados y los delitos cometidos a bordo de una aeronave privada boliviana, sobre territorio extranjero, excepto en aquellos casos en que se comprometa la seguridad del Estado subyacente, o se cause daños a las personas o bienes en la superficie.

Art. 9º- Se rigen, asimismo, por las leyes de la República y serán juzgados por sus tribunales los hechos ocurridos, los actos realizados y los delitos cometidos a bordo de una aeronave extranjera, sobre territorio boliviano, en los siguientes casos:

a) Cuando comprometan la seguridad del Estado boliviano;

b) Cuando causen daño a las personas o bienes de terceros en territorio boliviano;

c) Cuando la aeronave hubiere realizado en el territorio nacional el primer aterrizaje posterior al hecho, acto o delito;

d) Cuando infrinjan las leyes o reglamentos de circulación aérea.

Art. 10º-. Los hechos ocurridos, los actos realizados y los delitos cometidos a bordo de una aeronave pública extranjera, sobre territorio boliviano, estarán regidos por la ley del pabellón y serán juzgados por sus tribunales.

TITULO III

CIRCULACION AEREA

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 11º- En el territorio y espacio aéreo bolivianos es libre el despegue, la circulación y el aterrizaje de aeronaves, salvo las obligaciones y limitaciones fijadas en este Código, sus reglamentos y demás disposiciones aeronáuticas vigentes. La autoridad aeronáutica establecerá las normas relativas a circulación aérea.

Art. 12º- Las aeronaves deberán despegar o aterrizar únicamente en los aeródromos designados por la autoridad aeronáutica, excepto en casos de fuerza mayor, funciones sanitarias o búsqueda, asistencia y salvamento, o cuando se trate de aeronaves públicas en ejercicio de sus específicas funciones.

Art. 13º- Ninguna aeronave deberá aterrizar en aeródromos privados sin autorización de su propietario, salvo caso de fuerza mayor. El aterrizaje en ellos no faculta al propietario a impedir la continuación del vuelo.

Art 14º- En los vuelos internarcionales, las aeronaves deberán ingresar o salir del territorio nacional por las rutas determinadas al efecto. El despegue o aterrizaje se efectuará solamente en los aeródromos designados por la autoridad aeronáutica, a los fines de inspección y fiscalización pertinentes.

Art. 15º- Si una aeronave, por razones de fuerza mayor, aterrizare en lugar distinto del aeródromo designado, el comandante o cualquier miembro de la tripulación deberá comunicar de inmediato el hecho a la autoridad más próxima. En tal caso, no podrá desplazarse la aeronave, salvo que se trate de asegurar el salvamento o que así lo determine la autoridad competente.

Tampoco podrán ser removidos los equipos, mercancías y demás efectos transportados sin el previo permiso de la autoridad competente, a menos que dicha medida fuere necesaria para evitar la pérdida o sustracción de aquéllos.

Art. 16º- Cuando las aeronaves públicas, incluidas las militares, en razón de sus funciones específicas, deban apartarse de las normas de circulación, esta circunstancia se comunicará con la debida anticipación a la autoridad aeronáuticá, con objeto dc que sean adoptadas las medidas de seguridad pertinentes.

Art 17º- Ninguna aeronave podrá volar sin estar provista de certificados de matrícula y de acronavegabilidad vigentes como de los libros de a bordo que establezcan los reglamentos.

Art. 18º- La tripulación de toda aeronave que opere en territorio boliviano deberá estar munida de licencias y certificados de habilitación vigentes, otorgados conforme a las disposiciones internas o a los convenios internacionales de que fuere parte la República.

Art. 19º- Los equipos de radiocomunicaciones que deben llevar a bordo las aeronaves, requieren contar con la licencia respectiva, y su uso se regirá por los reglamentes pertinentes.

Art. 20.- Nadie puede, en razón de un derecho de propiedad, oponerse al paso de una aeronave en vuelo. Si dicho paso produjere perjuicios al propietario, éste tendrá derecho a indemnización.

CAPITULO II

LIMITACIONES

Art. 21º- Por razones de defensa nacional, el Poder Ejecutivo podrá prohibir o restringir la circulación aérea en todo el territorio boliviano.

Art. 22º- También podrá ser prohibida o restringida la actividad aérea sobre determinadas zonas o regiones del territorio boliviano, por razones de defensa nacional, interés público o seguridad de las operaciones aéreas.

Art. 23º- La autoridad competente podrá efectuar las verificaciones que considere necesarias en aeronaves, tripulantes, personas o cosas transportadas antes de la partida, durante el vuelo o después del aterrizaje y estacionamiento de la aeronave, a los fines del respectivo control y adopción de las medidas adecuadas para la seguridad del vuelo.

Art. 24º- No podrán ser transportadas cosas que constituyan un peligro para la seguridad del vuelo, excepto en aquellos casos admitidos por la autoridad aeronáutica conforme a la reglamentación pertinente.

Art. 25º- Las aeronaves públicas extranjeras que penetren en territorio boliviano sin autorización previa o violen normas de circulación aérea, podrán ser obligadas a aterrizar y permanecer detenidas entretanto se esclarezca el caso.

TITULO IV

INFRAESTRUCTURA

CAPITULO I

CONCEPTO –

Art. 26º.- Se entiende por infraestructura aeronáutica el conjunto de edificaciones, instalaciones y servicios establecidos en la superficie y destinados a proveer los medios necesarios a la seguridad aérea y facilitar un adecuado movimiento del tráfico aéreo.

CAPITULO II

AERODROMOS

Art. 27º- Los aeródromos son públicos o privados, según el servicio a que estén destinados.

Art. 28º- Aeropuerto es todo aeródromo que cuente con instalaciones para la guarda, reparación y mantenimiento de aéronaves, embarque y desembarque de pasajeros, equipaje o carga y servicios de ayuda a la navegación aérea.

Todo aeródromo público destinado a las operaciones de entrada o salida de aeronaves destinadas al tráfico aéreo internacional, donde se preste servicios de aduana, policia, migración, sanidad y otros, se denomina aeropuerto internacional: La autoridad aeronáutica establecerá los requisitos que debe reunir para ser designado como tal.

Art. 29º- Todo aeródromo deberá ser habilitado por la autoridad aeronáutica y estar sujeto al control e inspección de la misma.

Art. 30º- Los servicios y prestaciones relacionados con el uso de aeródromos públicos, estarán sujetos a tarifas o tasas fijadas por la autoridad aeronáutica y cuyo importe pagarán los usuarios.

CAPITULO III

SERVICIOS DE PROTECCION AL VUELO

Art. 31º- Los servicios de protección al vuelo serán prestados por el Estado de acuerdo a reglamentación.

Sin embargo, por razones de utilidad pública, aspectos parciales de estos servicios podrán ser prestados por particulares mediante convenios celebrados con intervención de la autoridad aeronáutica.

Art. 32º- Los servicios de protección al vuelo estarán sujetos a tarifas o tasas fijadas por la autoridad aeronáutica y cuyo importe pagarán los usuarios.

Art. 33º- El Poder Ejecutivo podrá celebrar acuerdos con otros países, sobre conexión y coordinación de los servicios de protección al vuelo.

Art. 34º- La úutoridad aeronáutica establecerá los requisitos necesarios para el empleo de equipos de comunicaciones y radionavegación en las instalaciones terrestres y en las aeronaves, según las características de las operaciones aéreas.

CAPITITULO IV

LIMITACIONES AL DOMINIO

Art. 35º- Las propiedades adyacentes a los aeródromos,están sujetas, a restricciones especiales en cuanto a edificaciones, instalaciones o plantaciones que obstaculicen las operaciones de las aeronaves.

Art. 36º- Las restricciones de que trata el artículo anterior serán establecidas por la autoridad en un plano de la zona de protección de cada aeródromo, incluyendo las áreas en las cuales esté prohibida o limitada la erección o existencia de obstáculos.

Art. 37º- El plano de la zona de protección de cada aeródromo será aprobado por la autoridad aeronáutica y pasará a conocimiento de las Municipalidades a los fines de cumplímiento de las restricciones o limitaciones establecidas.

Art. 38º- La construcción o habilitación de aeródromos estará supeditada a la previa eliminación de todo obstáculo, construcción, plantación o estructura que pueda constituir peligro para la operación de las aeronaves en las zonas de protección.

Art. 39º- La persona que hubiere construido o erigido obstáculos en contravención a las específicas limitaciones o restricciones fijadas en el plano de zona de protección, será conminada a la demolición o eliminación de tales construcciones u obstáculos. En caso de incumplimiento, serán demolidas o eliminadas las construcciones u obstáculos por cuenta del infractor, sin derecho a indemnización.

Art. 40º- Podrán ser expropiadas de acuerdo con la legislación vigente las propiedades necesarias tanto para la construcción, ampliación o mejoramiento de aeródromos, como para la instalación de medios y servicios de protección al vuelo.

Art. 41º- Es obligatorio en el territorio de la República el señalamierto e iluminación, conforme a reglamento, de todo obstáculo que constituya peligro para la circulación aérea.

El señalamiento e iluminación se sujetarán a los principios y normas reconocidos internacionalmente.

Art. 42º- La construccion de aeródromos y demás obras de infraestructura se sujetará, en cada caso, a la autorización, aprobación y habilitación de la autoridad aeronáutica.

Art.- 43º- A los fines del artículo anterior, el propietario o usuario deherá comunicar a la autoridad aeronáutica la existencia de lugares aptos para la actividad aérea.

Art 44º- La autoridad competente podrá establecer zonas francas en los aeródromos públicos cuando así convenga al interés general, a cuyo efecto dictará la reglamentación pertinente.

TITULO V

AERONAVES

CAPITULO Y

CONCEPTO Y CLASIFICACION

Art. 45º- A los efectos de este Código, se considera aeronave toda máquina o vehículo que pueda sustentarse y circular en el espacio aéreo y sea apto para transportar personas o cosas.

Art. 46º- Las aeronaves son públicas o privadas. Las primeras, incluidas las militares, son las destinadas a servicios propios del Estado. Todas las demás aeronaves se consideran privadas, aunque pertenezcan al Estado;

CAPITULO II

NACIONALIDAD Y MATRICULA

Art. 47º- Toda aeronave inscrita en el Registro Aeronáutico Nacional adquiere la nacionalidad boliviana y cancela cualquier matrícula extranjera anterior, sin perjuicio de la validez de los actos jurídicos celebrados con anterioridad a la inscripción;

Art. 48º- La inscripción de aeronaves estará sujeta a los siguientes requisitos:

a) Que se halIen cubiertas las obligaciones fiscales;

b) Que la aeronave reuna las condiciones técnicas exigidas por la reglamentación;

c) Que se halle cancelada la matrícula del país de orígen;

Art. 49º- Las acronaves de organismos públicos internacionales cedidas para uso del Estado podrán ser inscritas provisionalmente en el Registro Aeronáutico Nacional, de conformidad con la reglamentación.

Art 50º- La aeronave boliviana inscrita en un Estado extranjero pierde su nacionalidad.

Art. 51º- Para efectos de importación de aeronaves, la autoridad aeronáutica podrá conceder matrícula provisional, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la reglamentación.

Art. 52º- Las aeronaves inscritas en el Registro Aeronáutico Nacional ostentarán las marcas distintivas de nacionalidad y matrícula bolivianas que les fueren asignadas.

Art. 53º- Las aeronaves públicas deberán tener marcas con características especiales para su identificación.

Art. 54º- La inscripción de aeronaves es definitiva y provisional.

La inscripción definitiva tendrá lugar sobre toda aeronave respecto a la cual se hubieran cumplido los requisitos exigidos por las normas legales y reglamentarias. En virtud de esta inscripción, las aeronaves adquieren la nacioralidad y matrícula bolivianas.

La inscripción provisional se efectuará a nombre del comprador de toda aeronave adquirida por medio de un contrato de compra venta sometido a condición por la cual el vendedor se reserva el título de propiedad de la aeronave, hasta cumplimiento de la condición pactada en el contrato de compraventa;

Simultáneamente a la inscripción provisional de la aeronave, serán inscritos los gravámenes o limitaciones, estipulados en el contrato de transferencia.

Una vez cancelados los gravámenes y perfeccionada la transnsferencia de la aeronave, se efecuará, a solicitud del adquirente, la inscripción definitiva que le da derecho a la nacionalidad y matrícula bolivianas.

La inscripción a que se refiere el presente artículo podra ser solicitada por el propietario de la aeronave o por quien tenga personería para ello, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

CAPITULO III

PROPIEDAD DE AERONAVES

Art. 55º- Para ser propietario de una aeronave boliviana, se requiere:

a) Estar domiciliado en el territorio de la República, si se trata de persona natural;

b) Mantener su domicilio real y efectivo en el país si se trata de dos o más socios o copropietarios, en cuyo caso los derechos de estos deberán sobrepasar del cincuenta por ciento del valor de la aeronave;

c) Estar domiciliado en el país, si se trata de persona jurídica, así como hallarse constituida ésta con arreglo a las leyes bolivianas.

Art. 56º- Las aeronaves son bienes muebles registrables.

Art. 57º- En el Registro Aeronáutico Nacional deberán ser inscritos los actos jurídicos y contratos celebrados mediante instrumento público o privado reconocido como tal.

La transferencia de dominio de las aeronaves, así como los actos jurídicos y contratos de que tratan los incisos a), b), c) y e) del Artículo 119º de este Código, sólo surtirán efectos respecto a terceros una vez que hubieren sido inscritos en el Registro Aeronáutico Nacional.

Art. 58º- Para que los actos y contratos realizados en el extranjero surtan efectos en la República, deberán ser otorgados por escritura pública o ante la autoridad consular boliviana.

CAPITULO IV

HIPOTECA Y PRIVILEGIOS

Art. 59º- Las aeronaves, incluídos sus componentes, son susceptibles de hipoteca en todo o en parte, aun cuando estén en construcción.

Art. 60º- La hipoteca deborá constituirse mediante escritura pública o documento privado reconocido como tal e inscribirse en el Registro Aeronáutico Nacional. La inscripción confiere al acreedor hipotecario derecho de preferencia, conforme al orden de prelación en que se hubiere efectuado.

Art. 61º-.- En el contrato deberá constar esencialmente y con precisión:

a) Nombre y domicilio de los contratantes;

b) Matrícula y número de serie de la aeronave, y partes componentes;

c) Monto del crédito, intereses, plazos, lugar y forma de Pago y otras condiciones estipuladas en el contrato;

d) Seguros que cubren la aeronave;

e) Etapa en que se halla la construcción, así como nombre de los constructores, si la aeronave está en construcción, además de los requisitos contemplados en los incisos a) y c).

Art. 62º- Ninguna aeronave inscrita provisionalmente conforme al artículo 54º de este Código, podrá ser hipotecada o afectada como garantía real de otro u otros créditos hasta tanto se efectúe su inscripción y su matriculación definitivas en el Registro Aeronáutico Nacional.

Art. 63º- En caso de destrucción o inutilización de la aeronave, el acreedor o acreedores hipotecarios podrán hacer efectivo su crédito o créditos con los materiales o efectos salvados, o con el importe de la venta de los mismos.

Art. 64º- La hipoteca, salvo estipulación expresa en contrario, se extiende a la indemnización del seguro por pérdida o destrucción total o parcial de la aeronave y a otras que correspondieren al propietario por daños causados a la misma por un tercero, a cuyo efecto el acreedor o acreedores hipotecarios podrán notificar por escrito a los aseguradores la existencia del gravámen.

Art 65º- La hipoteca se extingue de pleno derecho a los cinco años de su inscripción, siempre que no medie renovación.

Art. 56º- La hipoteca debidamente constituida goza de preferencia inmediata después de los créditos priviIegiados que a continuación se señala:

a) Gastos judiciales;

b) Gastos indispensables para la conservación de la aeronave durante el proceso;

c) Gastos de búsqueda, asistencia y salvamento durante la vigencia de la hipoteca;

d) Sueldos de la tripulación por el último mes;

e) Créditos del Estado provenientes de la utización de aeródromos, servicios complementarios a la navegación aérea, tarifas o tasas, multas e impuestos derivados de las operaciones aéreas, por su orden;

f) Créditos por abastecimiento o reparaciones hechas fuera del punto de destino para continuar el viaje.

Art. 67º- Los privilegios establecidos en el artículo anterior gozan de preferencia sobre cualquier otro privilegio general o especial.

Art. 68º- Los créditos provenientes de un mismo viaje gozan de privilegio en el orden establecido en el Artículo 66º de este Código.

Los créditos amparados por privilegios de igual categoría y provenientes de un mismo viaje se cobrarán a prorrata.

Los créditos privilegiados del último viaje son preferidos a los de los viajes precedentes.

Art. 69º- Los privilegios se extinguen:

a) Por extinción de la obligación principal;

b) Por renuncia del acreedor a su derecho;

c) Por remate judicial, una vez que hubieren sido satisfechos los créditos privilegiados de mejor grado;

d) Por expiración del plazo de dos años desde su inscripción en el Registro Aeronáutico Nacional, siempre que no medie renovación.

CAPITULO V

EMBARGO

Art. 70º- Todas las aeronaves son susceptibles de embargo, excepto las públicas.

Art. 71º- La inscripción del embargo en el Registro Aeronáutico Nacional confiere a su titular preferencia de pago con relación a otros acreedores cuyos derechos no hubieren sido inscritos con antelación, exceptuando los de mejor derecho.

Art. 72º- Tratándose de aeronaves destinadas al transporte aéreo cuya inmovilización causare interrupción del servicio público o perjuicios al tráfico aéreo, el embargo sólo afectará a la renta líquida que produzca la aeronave, sin lugar a inmovilización de ésta, excepto en los casos señalados en el artículo siguiente.

Art. 73º- El embargo traerá aparejada la inmovilización de la aeronave:

a) Cuando hubiere sido ordenado en ejecución de sentencia;

b) Cuando se trate de un crédito impago acordado para la realización del viaje, aun cuando la aeronave estuviere lista para partir;

c) Cuando se trate de un crédito del vendedor de la aeronave, por incumplimiento del contrato de compraventa.

CAPITULO VI

CONTRATOS DE UTILIZACION DE AERONAVES LOCACION

Art. 74º- La locación de aeronaves es un contrato por el cual una parte llamada locador se obliga a transferir a otra llamada locatario el uso y goce de una aeronave por plazo y precio determinados, para destinarla a una actividad aeronáutica específica.

Art. 75º- La locación de aeronaves podrá convenirse con o sin tripulación. En este último caso, la designación, conducción técnica y dirección de la tripulación se transfieren al locatario.

Art. 76º- Son obligaciones del locador:

a) Entregar la aeronave en el plazo y lugar convenidos, y provista de la documentación necesaria para el vuelo;

b) Mantener la aeronave en condiciones de aeronavegabilidad durante la vigencia del contrato, salvo pacto en contrario.

Art 77º- Son obligaciones del locatario:

a) Cuidar la aeronave como propia y destinarla al uso convenido;

b) Pagar el precio de la locación en las condiciones convenidas;

c) Devolver la aeronave al locador, vencido el plazo del contrato, en el estado en que la recibió, salvo el desgaste normal producido por el uso ordinario que se haga de ella, o caso fortuito o de fuerza mayor.

Art. 78º- El contrato de locación de aeronaves produce la transferencia del carácter de explotador del locador al locatario. Deberá otorgarse por escrito e inscribirse en el Registro Aeronáutico Nacional para que surta efectos respecto de terceros.

Art. 79º- Los derechos y obligaciones derivados de la locación no podrán cederse total o parcialmente, salvo pacto en contrario.

Art. 80º- Sin previa aprobación de la autoridad aeronáutica, no podrán ser dadas en locación las aeronaves de nacionalidad boliviana a personas extranjeras, ni para servicios en el exterior.

Art. 81º- Por razones de interés público o falta de material de vuelo apropiado, demostradas ante la autoridad aeronáutica, podrán ser celebrados contratos de locación de aeronaves con matrícula extranjera.

CAPITULO VIII

FLETAMENTO

Art. 82º- El fletamento es un contrato por el cual una parte llamada fletante pone a disposición dc otra llamada fletador, mediante un precio, el uso de la capacidad total o parcial de una aeronave, para uno o más viajes o durante un plazo determinado, con objeto de realizar una actividad aeronáutica específica, manteniendo aquél el control sobre la tripulación y la conducción técnica de la aeronave.

Art. 83º- Son obligaciones del fletante:

a) Poner a disposición del fletador la capacidad total o parcial de una aeronave equipada y tripulada, en condiciones de aeronavegabilidad y provista de los documentos necesarios;

b) Realizar el viaje o viajes pactados y poner la aeronave a disposición del fletador durante el plazo convenido.

Art. 84º- Son obligaciones del fletador:

a) Usar la aeronave para el fin estipulado en el contrato y de acuerdo a las condiciones del mismo;

b) Pagar el precio en el lugar y plazo convenidos.

Art. 85º- El contrato de fletamento deber ser otorgado escrito.

CAPITULO VIII

INTERCAMBIO

Art. 86º- El intercambio de aeronaves tendrá lugar cuando las partes contratantes se obliguen a usarlas recíprocamente, con o sin tripulación.

Art. 87º- Los contratos de intercambio de aeronaves podrán ser celebrados en forma de locaciones o fletamentos recíprocos. Deberán otorgarse por escrito.

Cuando el intercambio de aeronaves se celebre en forma de locación, deberá ser inscrito en el Registro Aeronáutico Nacional.

CAPITULO IX

PERDIDA Y ABANDONO DE AERONAVES

Art. 88º- Se presume la pérdida de una aeronave en los siguientes casos:

a) Cuando se hubieren agotado todos los medios de búsqueda y este hecho se hiciere constar expresamente por el propietario de la aeronave ante la autoridad aeronáutica;

b) Cuando transcurridos seis meses de finalizadas las operaciones de búsqueda, se ignore el paradero de la aeronave.

Art. 89º- En los casos previstos en el articulo anterior, la autoridad aeronáutica declarará la pérdida de la aeronave para proceder a la cancelación de la matrícula respectiva.

Art. 90º- Se reputará abandonada en favor del Estado la aeronave de bandera nacional o extranjera, accidentada o inmovilizada de hecho en territorio boliviano:

a) Cuando el propietario no se presentare a reclamarla o retirarla en el término de seis meses de producida la notificación del accidente o inmovilización;

b) Cuando la aeronave carezca de matrícula o se ignore el nombre del propietario y el lugar de procedencia de aquélla, transcurridos seis meses de la notificación.

Art. 91º- La autoridad aeronáutica reglamentará el procedimiento de notificación, a fin de que el propietario proceda a la remoción de la aeronave o de las partes o despojos que hubieren quedado de ella.

Art. 92º- La autoridad aeronáutica podrá disponer la remoción de la aeronave:

a) Cuando la aeronave, sus partes o despojos, representen obstáculos o peligro de cualquier naturaleza para las operaciones aéreas, la infraestructura aeronáutica o los medios de comunicación;

b) Cuando su permanencia en el lugar del accidente o inmovilización pueda producir perjuicio a las operaciones aéreas.

Art. 93º- Los gastos que demande tanto la remoción como la reparación y conservación de la aeronave, correrán por cuenta del propietario o explotador. Dichos gastos gozan del privilegio reconocido por el Articulo 66º de este Código.

TITULO VI

PERSONAL AERONAUTICO

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 94º- A los efectos del presente Código, el personal aeronáutico está formado por los miembros de la tripulación, así como por las personas encargadas de la operación de las aeronaves en tierra.

Art. 95º- La tripulación está constituida por el conjunto de personas que ejercen funciones a bordo de las aeronaves.

Art. 96º-. El personal de tierra está formado por todas aquellas personas que en la superficie ejercen funciones relacionadas con la operación de las aeronaves.

Art. 97º- Para ejercer sus funciones, el personal aeronáutico deberá contar con licencias y certificados de habilitación técnica expedidos por la autoridad aeronáutica conforme a reglamentación.

Art. 98º- El reconocimiento y convalidación de licencias, certificados y habilitaciones expedidos por autoridades competentes de un Estado extranjero, se regirá por los acuerdos internacionales entre el mismo y la República de Bolivia.

Si no existieren dichos acuerdos, la autoridad aeronáutica boliviana podrá reconocer y convalidar los mencionados documentos de conformidad a la reglamentación pertinente y bajo el principio de reciprocidad.

Art. 99º- El ejercicio de funciones remuneradas es privativo del personal aeronáutico boliviano. Sin embargo, comprobada la falta del mismo, la autoridad aeronáutica podrá autorizar, excepcionalmente, el empleo temporal de personal extranjero, por un término no mayor de seis meses.

Art. 100º- El personal que ejerce funciones en las empresas extranjeras que operan en el país, será de nacionalidad boliviana, en la forma y proporción que fije la reglamentación.

Art. 101º- Las relaciones jurídico-laborales y de seguriridad social serán reguladas por las leyes de la materia.

Art. 102º- La autoridad aeronáutica determinará de acuerdo a las exigencias operacionales, la composición mínima de la tripulación de las aeronaves destinadas al servicio de transporte aéreo.

CAPITULO II

COMANDANTE DE AERONAVE

Art. 103º-. Toda aeronave destinada al servicio de transporte aéreo debe tener un piloto al mando, debidamente calificado y habilitado para conducirla e investido de las funciones de comandante. Su designación corresponde al explotador de la aeronave, cuya representación ejerce durante el desempeño de sus funciones.

Art. 104º- En caso de que no exista persona especialmente designada, se presumirá que el piloto al mando es el comandante de la aeronave.

Art. 105º- En la documentación de a bordo debe constar el nombre del comandante de la aeronave y los poderes especiales que le hubieren sido conferidos.

Art. 106º- Son obligaciones del comandante de aeronave:

a) Cerciorarse de que la aeronave y sus equipos sean revisados y se hallen en perfectas condiciones de funcionamiento, pudiendo disponer la suspensión del vuelo en caso de que el estado de aquélla no sea satisfactorio;

b) Verificar que la aeronave y la tripulación tengan los documentos y libros exigidos por las leyes y reglamentos;

c) Recabar los informes meteorológicos de su ruta y, en su caso, suspender el vuelo si tales nformes no son favorables, por lo menos hasta el primer punto de aterrizaje;

d) Controlar e inspeccionar la distribución de la carga a bordo, impidiendo que el peso exceda del autorizado y que aquélla esté adecuadamente acondicionada y sujeta de tal forma que no constituirá un peligro para la propia aeronave o los pasajeros;

e) Impedir el embarque de personas cuyo estado físico o psíquico pueda perjudicar tanto el orden como la normalidad y seguridad del vuelo;

f) Cerciorarse de que la aeronave lleve suficientes combustibles y lubricantes para cumplir el vuelo sin peligro, y tenga las reservas necesarias;

g) Permanecer en su puesto en caso de peligro, hasta tanto hubiere tomado todas las medidas necesarias para salvar a los pasajeros, tripulación, bienes o cosas que se encuentren a bordo, asi como para evitar daños en la superficie;

h) Adoptar, en general, todas aquellas previsiones que considere convenientes para el buen funcionamiento y seguridad de la aeronave durante el vuelo.

Art. 107º- Durante el viaje, el comandante de aeronave, máxima autoridad a bordo, tiene poder de disciplina sobre la tripulación y poder de autoridad sobre los pasajeros. En el ejercicio de sus funciones, deberá cuidar por la seguridad de todos ellos.

Art. 108º- En ejercicio de los poderes de que está investido conforme al artículo anterior, el comandante de la aeronave tiene los siguientes derechos y facultades:

a) Impartir órdenes para la operación de la aeronave;

b) Disponer el desembarque de tripulantes, pasajeros y carga, previa la justificación del caso, en una escala intermedia;

c) Suspender a los tripulantes, por causa justificada, del ejercicio de sus funciones, dando cuenta de ello al explotador;

d) Ordenar, durante el vuelo, la echazón de mercaderías, equipajes o carga, si lo considera necesario para la seguridad del mismo;

e) Oponerse, ror razones que afecten a la normalidad y seguridad del vuelo, al embarque de cualquier persona o carga;

f) Asignar a cualquier miembro de la tripulación, temporalmente y en caso de necesidad, servicios o funciones distintos de aquéllos para las cuales fue contratado.

Art. 109º- El comandante de aeronave, aun sin mandato o poder especial está facultado, asimismo, para:

a) Efectuar compras necesarias para llevar, a cabo el viaje;

b) Mandar hacer las reparaciones necesarias para asegurar la continuidad del viaje;

c) Tomar las medidas y efectuar los gastos necesarios e indispensables para garantizar la seguridad de pasajeros y tripulación, asi como la salvaguarda de la carga;

d) Contratar, por el tiempo que dure el viaje y en reemplazo de los miembros de la tripulación que no continúen el mismo, al personal indispensable para la terminación de dicho viaje.

Los gastos realizados por los conceptos anteriores obligan al explotador, quien no podrá desconocerlos ni impugnarlos.

Art. 110º- El comandante de aeronave ejerce a bordo funciones de notario de Fe Pública y oficial del Registro Civil, debiendo inscribir en los libros correspondientes los nacimientos y defunciones, así corno los matrimonios o testamentos in extremis ocurridos, celebrados u otorgados a bordo, y remitir copias antenticadas de lo actuado a la autoridad competente.

En caso de muerte de un pasajero o miembro de la tripulación, deberá tomar medidas de seguridad con respecto a los bienes y efectos que pertenezcan a aquél y entregarlos bajo inventario a la autoridad competente en la primera escala. Si ésta tuviere lugar en el exterior del país, solicitará la intervención del cónsul boliviano respectivo.

Art. 111º- En caso de haberse cometido un delito o infracción a bordo, el comandante de la aeronave deberá proceder, si es necesario, a la inmediata detención del autor o autores, cómplices o sospechosos, acumulando y asegurando los elementos de prueba del hecho, de todo lo cual levantará acta circunstanciada. Entregará todo lo actuado, juntamente con los responsables, reales o presuntos, a la autoridad competente del primer lugar de aterrizaje.

Art. 112º- En aquellos casos en que las condiciones moteoreológicas no ofrezcan la seguridad necesaria para una correcta operación aérea, la responsabilidad del comandante de aeronave se transfiere a los servicios de tierra encargados del control de tránsito aéreo, conforme a reglamentación.

CAPITULO II

JEFE Y ENCARGADO DE AERODROMO

Art 113º-. La dirección, control, coordinación y régimen interno de todo aeródromo público estarán encomendados a un jefe designado por la autoridad aeronáutica conforme a reglamentación.

Art. 114º- En los aeródromos privados habrá un encargado que podrá ser el propietario del campo de aterrizaje u otra persona designada por el mismo. El nombre, domicilio y fecha de designación serán comunicados a la autoridad aeronáutica.

Art. 115º- La autoridad aeronáutica reglamentará las facultades y obligaciones del personal que ejerza funciones en los aeródromos.

TITULO VII

REGISTRO AERONAUTICO NACIONAL

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 116º-. El Registro Aeronáutico Nacional estará a cargo de la autoridad aeronáutica. Constara de dos secciones:

a) Registro Público de Aeronaves;

b) Registro Aeronáutico Administrativo.

Art. 117º-. El Registro Aeronáutico Nacional tiene carácter público y toda persona podrá solicitar y obtener copias legalizadas de las inscripciones efectuadas en dicho Registro.

Art. 118º-. El reglamento respectivo determinará la organización, funcionamiento y pago de derechos referentes al Registro Aeronáutico Nacional, asi como las formalidades y procedimiento para inscripciones o cancelaciones.

CAPITULO II

REGISTRO PUBLICO DE AERONAVES

Art. 119º- En el Registro Público de Aeronaves se inscribirá:

a) Los actos, contratos o resoluciones que acrediten la propiedad de una aeronave, la transfieran, modifiquen o extingan;

b) Las hipotecas u otros gravámenes que recaigan sobre la aeronave;

e) Los embargos u otras medidas precautorias emanadas de autoridad competente;

d) Las matrículas con las especificaciones necesarias para individualizar cada aeronave, y los certificados de aeronavegabilidad;

e) Los contratos de locación de aeronaves;

f) La inutilización o pérdida de las aeronaves o las modificaciones sustanciales introducidas en ellas.

Art. 120º- La inscripción de una aeronave podrá cancelarse:

a) Por orden judicial o resolución de la autoridad aeronáutica;

b) Por extinción de los actos o contratos que le den mérito;

c) Por cualquier otra causa que señalen los reglamentos.

Art. 121º- La matrícula de una aeronave podrá cancelarse:

a) Por pérdida legalmente comprobada de la individualidad;

b) Por abandono de la aeronave declarado legalmente;

e) Por cualquier otra causa que señalen los reglamentos.

CAPITULO III

REGISTRO AERONAUTICO ADMINISTRATIVO

Art. 122º- En el Registro Aeronáutico Administrativo se inscribirá:

a) Las licencias aeronáuticas y los certificados de habilitación otorgados al personal aeronáutico boliviano, así como la convalidación de licencias al personal extranjero;

b) Las escrituras de constitución de sociedad, los estatutos sociales de empresas propietarias de aeronaves bolivianas, las modificaciones de dichos instrumentos, así como el nombre y domicilio de su representación legal;

c) Los permisos de operación otorgados por el Poder Ejecutivo o la autoridad aeronáutica para explotación de servicios de transporte y trabajo aéreos en el pais;

d) Las autorizaciones para la instalación y financiamiento de industrias aeronáuticas, maestranzas y talleres del ramo;

e) Las autorizaciones para el funcionamiento de aeroclubes, clubes de aeromodelismo y de planeadores, establecimientos dle enseñanza aeronáutica y centros de investigación científica y tecnológica.

f) Las resoluciones de la autoridad aeronáutica que habiliten, modifiquen o cancelen la utilización dc aeródromos o aeropuertos publicos o privados.

g) Los demás documentos de trascendencia administrativa cuya inscripción exigieren los reglamentos.

Art. 123º- Además de los casos señalados en el artículo anterior, en el Registro Aeronáutico se inscribirán los antecedentes del personal aeronáutico boliviano, así como los documentos que acrediten la calidad de autoridades, funcionarios, técnicos y dependientes de las instituciones o empresas públicas o privadas vinculadas con la actividad aeronáutica y los grados de su especialización o tecnificación dentro de la misma.

TITULO VIII

TRANSPORTE AEREO

CAPITULO I

GENERALIDADES

Art. 124º- Se entiende por servicio de transporte aéreo la sucesión de actos destinados al traslado de personas o cosas de un aeródromo a otro, utilizando una aeronave.

Art. 125º- El servicio de transporte aéreo es regular y no regular.

El primero es el que se realiza con sujeción a itinerarios y horarios preestablecidos, y el segundo, el que se realiza sin sujeción a itinerarios y horarios.

Art.126º- El servicio de transporte aéreo es, asimismo, interno e internacional.

El primero es el que se realiza entre dos o más puntos del territorio nacional.

El segundo es el que se realiza entre un punto del territorio nacional y el de otro u otros de un Estado extranjero, o cubre dos puntos del territorio nacional, siempre que se hubiere fijado una escala intermedia en el territorio de otro Estado.

Art. 127º- El transporte aéreo no pierde su carácter de interno cuando la aeronave efectúa un aterrizaje forzoso en territorio de otro Estado.

Art. 128º- Para la explotación de cualquier servicio de transporte aéreo comercial, se requiere previamente permiso de operación otorgado conforme a las normas de Politica Aérea, este Código, sus reglamentos y disposiones aeronáuticas vigentes.

Tratándose de servicios de transporto aéreo internacional a cargo de explotadores extranjeros, se aplicarán, además, los acuerdos y convenciones internacionales de que fuere parte la República.

CAPITULO II

SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO

EXPLOTACION

Art. 129º- A los fines del presente Código, se denomina explotador a la persona natural o jurídica que utiliza la aeronave legítimamente, por cuenta propia y con o sin fines de lucro.

Si el nombre del explotador no figura en el Registro Aeronáutico Nacional, el propietario será considerado como tal, salvo prueba en contrario.

Art. 130º- La explotación de los servicios de transporte aéreo interno está reservada a personas naturales o jurídicas de nacionalidad boliviana con domicilio en la República. Excepcionalmente, por razones de interés nacional y bajo el principio de reciprocidad, el Poder Ejecutivo podrá autorizar la explotación de estos servicios a empresas extranjeras.

Art. 131º- Las personas jurídicas bolivianas dedicadas a la explotación de servicios de transporte aéreo, interno o internacional, estarán constituídas conforme a las leyes pertinentes, debiendo, además, llenar los siguientes requisitos:

a) Que en las sociedades de personas, la mayoría de los socios sean bolivianos y posean el cincuentiuno por ciento, por lo menos, del capital social;

b) Que en las sociedades de capitales, el cincuentiuno por lo menos, del capital social, pertenezca a ciudadanos bolivianos;

c) Que en cualquiera de los casos anteriores, el domicilio se halle en la Republica y la dirección y control efectivos de la empresa estén a cargo de ciudadanos bolivianos;

d) Que las aeronaves a utilizarse en estos servicios posean matrícula boliviana, pudiendo excepcionalmente, por razones de interés público, emplearse aeronaves de matrícula extranjera, previa la respectiva autorización.

Art. 132º- Los servicios de transporte aéreo serán explotados a mérito de permisos de operación otorgados por el Poder Ejecutivo o la autoridad aeronáutica según los casos.

Art. 133º- El Poder Ejecutivo fijará los requisitos y condiciones a que estarán sujetos los permisos de operación, segun los casos y conforme a reglamentación.

Las solicitudes respectivas serán sometidas a régimen de audiencia pública para determinar la conveniencia, necesidad y utilidad general de los servicios propuestos, y la consiguiente prncedencia o improcedencia de aquéllas.

Art 134º- El término de los permisos de operación no excederá de cinco años, renovables previa comprobación de que los servicios fueror prestados satisfactoriamente y de conformidad con las normas establecidas.

Art. 135º- Ningún permiso de operación importa el reconocimiento de derechos de exclusividad en favor del explotador para el uso de rutas, aeródromos, estaciones de telecomunicaciones y demás servicios a la navegación aérea.

Art. 136º- Todo permiso de operacón será concedido previa comprobación de la capacidad técnico-operativa y económica del solicitante.

Art. 137º- La autoridad aeronáutica fijará las normas técnico-operativas a que se sujetarán los servicios de transporte aéreo, interno e internacional.

Los itinerarios, frecuencias, tarifas o tasas y capacidad de los servicios de transporte aéreo regular, tanto interno como internacional, serán sometidos a la aprobación previa de la autoridad aeronáutica.

Art. 138º- Los acuerdos entre explotadores de servicios de transporte aéreo regular, que importen consorcio, explotación conjunta, consolidación o fusión de empresas, servicios o intereses, deberán ser aprobados previamente por la autoridad aeronáutica. Si ésta no forrnulare observaciones en el plazo de noventa días, tales acuerdos se considerarán aprobados.

Art. l39º.- Toda persona natural o jurídica que obtuviere permiso de operación para explotar cualquier servicio de transporte aéreo, deberá otorgar, con carácter previo a la iniciación de sus operaciones, una garantía de cumplimiento de sus obligaciones, la rnisma que será fijada por la autoridad aeronáutica de acuerdo a la naturaleza e importancia del servicio autorizado.

Art. 140º- En caso de incumplimiento, por parte del explotador de las normas de Política Aérea, obligaciones que establece este Código, sus reglamentos y disposiciones aeronáuticas vigentes, la garantía prevista en el artículo anterior será destinada al “Fondo Nacional Autónomo de la Aeronáutica”.

Art. 141º- Los servicios de transporte aéreo no regular, incluídos los taxi aéreo, se regirán asimismo, en todo lo que corresponda, por las disposiciones del presente Título y reglamentos pertinentes.

CAPITULO III

TRANSPORTE DE PASAJEROS

Art. 142º- El contrato de transporte de pasajeros debe ser celebrado por escrito. Tratándose de transporte regular, el billete de pasaje constituye el medio probatorio de celebración de este contrato.

Art. 143º- La ausencia, irregularidad o pérdida del billete de pasaje no afectará a la existencia o validez del contrato de transporte, el cual quedará sujeto a las disposiciones de este Código.

Art. 144º- En caso de que el transportador acepte pasajeros sin expedir el billete de pasaje, no podrá ampararse en las disposiciones que excluyan o limiten su responsabilidad.

Art. 145º- El billete de pasaje contedrá:

a) Número de orden;

b) Lugar y fecha de emisión;

c) Puntos de partida y destino y escalas intermedias previstas;

d) Nombre del pasajero y del transportador o transportadores;

e) Precio del pasaje.

CAPITULO IV

TRANSPORTE DE EQUIPAJES

Art. 142º- En el transporte de equipajes, el transportador deberá expedir un talón de equipaje un doble ejemplar: uno quedará en poder del transportador y el otro deberá ser entregado al pasajero. No Se incluirá en el talón los objetos cuya custodia conserva este último.

Art. 147º- El talón de equipaje contendrá:

a) Número del billete de pasaje;

b) Puntos de partida y destino;

e) Cantidad y peso de los bultos;

d) Monto del valor declarado, en su caso;

e) Indicación de que la entrega del equipaje se hará al pasajero contra entrega del talón respectivo.

Art. 148º- EI talón de equipaje acredita salvo prueba en contrario, haberse registrado el equipaje y establecido las condiciones del contrato de transporte. La ausencia, irregularidad o pérdida del talón de equipaje no afecta a la existencia o validez del contrato, el cual quedará sujeto a las disposiciones de este Código.

Sin embargo, si el transportador aceptare el equipaje del pasalero sin entregar el talón, o si éste no contuviere los datos indicados en los incisos a) y c) del anterior artículo, no podrá ampararse en las disposiciones que excluyan o limiten su responsabilidad.

CAPITULO V

TRANSPORTE DE MERCANCIAS

Art. 149º- La carta de porte aéreo es el título legal del transporte de mercancias por aeronaves.

Art. 150º- La carta de porte será extendida en tres ejemplares: uno para el transportador, firmado por el remitente; otro para el destinatario, firmado por el transportador y el remitente, y acompañará a la mercancía, y el tercero para el remitente, firmado por el transportador después de la aceptación de la mercancía.

Art. 151º- La carta de porte aéreo contendrá:

a) Lugar y fecha de emisión;

b) Puntos de partida y destino. Si se hubiere previsto una o más escalas en territorio de otro Estado, deberá indicarse una de ellas;

c) Nombre y dirección del remitente, transportador y destinatario;

d) Número de bultos, acondicionamiento, marcas particulares y numeración de aquéllos;

e) Cantidad, peso, volúmen y dimensiones de la mercancía;

f) Naturaleza y estado aparente de la mercancía y del embalaje;

g) Precio del transporte y, si se hubiera estipulado, fecha y lugar del pago y persona que deba pagar. Si el envío se hiciere contra reembolso, precio de las mercancías, y eventualmente, importe de 1os gastos;

h) Valor declarado de la mercancía, si lo hubiere;

i) Documentos entregados al transportador con la carta de porte aéreo;

j) Plazo para el transporte e indicación de la ruta, si se hubieren convenido.

Art. 152º- La carta de porte aéreo puede ser extendida al portador, a la orden o nominativamente.

Art. 153º- Si el transportador acepta la mercancía sin que se hubiere extendido la carta de porte aéreo, o si ésta no contuviere las indicaciones señaladas en los incisos a), b), c), d) y e) del artículo anterior, no podrá amparse en las disposiciones de este Código que excluyan o limiten su responsabilidad, sin perjuicio de la validez del contrato.

Art. 154º- La carta de porte aéreo acredita, salvo prueba en contrario, la celebración del contrato, la recepción de la mercancía por el transportador, las condiciones del transporte y, en general, todas las declaraciones que contenga.

La ausencia, irregularidad o pérdida de la carta de porte aéreo no afectará a la existencia o validez del contrato de transporte de mercancías, el cual quedará sujeto a las disposiciones de este Código.

Art. 155º- El remitente es responsable de la exactitud de las declaraciones contenidas en la carta de porte aéreo y de los daños y perjuicios que resultaren de sus declaraciones irregulares, falsas o incompletas, respecto del transportador o de terceros.

CAPITULO VI

TRANSPORTE DE CARGA POSTAL

Art. 156º- El contrato de transporte de carga postal se celebrará entre el explotador y la autoridad postal competente, previa intervención de la autoridad aeronáutica.

El transporte de carga postal será efectuado preferentemente por el transportador nacional.

Art. 157º- Los explotadores de servicios de transporte aéreo están obligados a transportar la carga postal que se les asigne en sss respectivos contratos, de acuerdo a la capacidad que la autoridad aeronáutica fije para cada tipo de aeronave.

Art. l58º- El transporte de carga postal sólo cederá en prioridad al de pasajeros, y la entrega de la correspondencia transportada por aeronaves tendrá preferencla respecto de las demás cosas transportadas.

Las disposiciones de la legislación postal se aplicarán, en lo que fuere pertinente, al transporte aéreo de carga postal.

CAPITULO VII

MODIFICACION, SUSPENSION, EXTINCION Y REVOCACION DE PERMISOS DE OPERACION

Art. 159º- La autoridad aeronáutica, a solicitud de parte interesada o de oficio, podrá modificar o suspender temporalmente cualquier permiso de operación para explotar servicios de transporte aéreo cuando la necesidad y conveniencia públicas así lo requieran.

Art. 160º- Los permisos de operación se extinguen:

a) Por vencimiento del plazo;

b) Por disolución de la empresa explotadora;

e) Por cambio o transformación de la empresa explotadora, en cuyo caso la nueva empresa constituida podrá solicitar el otorgamiento de otro permiso de operación;

d) Por renuncia del explotador.

Art. 161º- Son causas de revocación de los permisos de operación:

a) La violación o incumplimiento de las leyes de la República, de las normas de Política Aérea, del presente Código, sus reglamentos y disposiciones aeronáuticas vigentes, o de los términos, condiciones y limitaciones del permiso;

b) La interrupción total o parcial del servicio sin previa autorización;

c) El traspaso, transferencia o cesión del permiso de operación en favor de terceros;

d) La declaratoria de quiebra de la empresa explotadora o su disolución por resolución judicial;

e) La desaparición de la necesidad y conveniencia públicas que determinaron el otorgamiento del permiso.

Art. 162º- No se revocará ningún permiso de operación sin el previo juzgamiento legal del caso a cargo de la autoridad aeronáutica. El procedimiento será establecido en el reglamento respectivo.

TITULO IX

TRABAJO AEREO

Art. 163º- A los fines del presente Código, se considera trabajo aéreo toda operación especializada de aeronaaves de aviación eomercial en sus distintas actividades, con exclusión de los Servicios de transporte aéreo.

Art. 164º- Para efectuar trabajo aéreo en cualquiera de sus especialidades, las personas naturales o jurídicas deberán obtener permiso dc operación previo de la autoridad aeronáutica, con sujeción a los siguientes requisitos:

a) Ser propietario de una aeronave boliviana conforme al artículo 55º de este Código;

b) Poseer capacidad técnico-operativa y económica en la especialidad de que se trate;

c) Operar con aeronaves de matrícula boliviana.

Sin embargo, si no existieren en el país empresas que tengan aeronaves con capacidad para realizar una determinada especialidad de trabajo aéreo, la autoridad aeronáutica podrá, en cada caso y en forma excepcional, eximir del cumplimiento de los requisitos exigidos en los incisos a) y c) precedentes.

Art. 165º- El trabajo aéreo en sus diversas especialidades, así como el régimen de concesión de permisos de operacion, se sujetarán a las normas reglamentarias pertinentes.

TITULO X

ACTIVIDAD AEREA PRIVADA

CAPITULO Y

AVIACION DEPORTIVA, ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA AERONAUTICA Y CENTROS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA

Art. 166º- Se declara de necesidad y utilidad públicas:

a) Los aeroclubes y clubes de aeromodelismo y de planeadores;

b) Los establecimientos de enseñanza aeronáutica en sus diferentes niveles y ramas;

c) Los centros de investigación cientifica y tecnológica.

Art. 1667º- Los aeroclubes podrán organizarse como asociaciones civiles con carácter deportivo o de instrucción, con la finalidad principal de fomentar la práctica, enseñanza y difusión de la técnica del vuelo entre sus asociados, sin propósito de lucro.

Art. 168º- Los aeroclubes deberán contar, conforme a ley, con personalidad jurídica. El ejercicio de sus actividades estará sujeto al control de la autoridad aeronáutica.

Art. 169º- Los establecimientos de enseñanza aeronáutica, como los centros de investigación, científica y tecnológica, podrán ser de carácter público o privado y estarán sujetos, asimismo, al control a que se refiere el artículo anterior.

Art. 170º- Para el funcionamiento de los aeroclubes, establecimientos y centros indicados en el presente Título, se requiere autorización previa de la autoridad aeronáutica, la misma que será susceptible de revocación por causa justificada.

Art. 171º- La autoridad aeronáutica reglamentará las actividades de los aeroclubes, establecimientos de enseñanza aeronáutica y centros de investigación científica y tecnológica.

CAPITULO II

TALLERES AERONAUTICOS

Art. 172º- El establecimiento y funcionamiento de talleres aeronáuticos en el país estará sujeto a la autorización y control de la autoridad aeronáutica.

Art. 173º- Toda persona natural o jurídica interesada en la instalación de talleres aeronáuticos, deberá demostrar previamente su capacidad técnico-operativa y económica y los medios adecuados para proporcionar un servicio eficiente.

Art 174º- La autoridad aeronáutica reglamentará las actividades de los talleres aeronáuticos.

TITULO XI

RESPONSABILIDAD

CAPITULO Y

DAÑOS A PASAJEROS, EQUIPAJES Y MERCANCIAS TRANSPORTADOS

Art 175º- El transportador es responsable del daño causado en caso de muerte o de lesión corporal del pasajero, por la sola razón de que el hecho que las hubiere causado se produjo a bordo de la aeronave o durante cualquiera de las operaciones de embarque o desembarque. Sin embargo, el transportador no será responsable si la muerte o lesión sE debe exclusivamente al estado de salud del pasajero.

Se entiende por operación de embarque el periodo comprendido desde el momento en que los pasajeros abandonan el terminal o edificio del aeródromo hasta que ingresan en la aeronave, y por operaciones de desembarque, desde que abandonan la aeronave hasta que ingresan en el terminal o sitios similares.

Art 176º- El transportador es responsable del daño ocasionado por destrucción, pérdida o averías de los equipajes, por la sola razón de que el hecho que las hubiere causado se produjo a bordo de la aeronave, durante cualquiera de las operaciones de embarque o desembarque o durante cualquier periodo en que el equipaje se halle bajo custodia del transportador. Sin embargo, el transportador no será responsable si los daños se deben exclusivamente a la naturaleza o vicio propio del equipaje.

El término equipaje significa tanto el equipaje facturado como los objetos que lleva el pasajero.

Art. 177º- El transportador es responsable del daño en caso de destrucción, pérdida o avería de mercancías, ¿responsabilidad objetiva? si el hecho que lo hubiere causado se produjo durante el transporte aéreo.

El transporte aéreo, en el sentido del párrarafo precedente, comprende el período durante el cual las mercancias se hallan bajo custodia del transportador, en un aeródromo, a bordo de una aeronave, o, en caso de aterrizaje fuera de un aeródromo, en cualquier lugar.

Art. 178º- El período del transporte aéreo no comprende el transporte marítimo, terrestre, lacustre o fluvial efectuado fuera de un aeródromo. Sin embargo, cuando alguno de tales transportes se hubiere efectuado en ejecución de un contrato de transporte aéreo, atendiendo la carga, entrega o trasbordo, se presumirá, salvo prueba en contrario, que los daños fueron causados durante el transporte aéreo.

Art. 179º- El transportador es responsable del daño resultante del retraso en el transporte aéreo de pasajeros, equipajes o mercancías.

 

Art. 180º- En el transporte de pasajeros y equipajes, el transportador no es responsable de los daños ocasionados por retraso, si prueba que tanto él como sus dependientes tomaron todas las medidas necesarias para evitar tales daños, o que les fue imposible tomarlas.

 

Art. 181º- En el transporte de mercancias, el transportador no es responsable del daño ocasionado en caso de destrucción, pérdida, avería o retraso, si prueba que tanto él como sus dependientes tomaron todas las medidas necesarias para evitar tales daños, o que les fue imposible tomarlas.

 

Art. l82º- Si el transportador prueba que la culpa de la persona que pide una indemnización ha causado el daño o ha contribuido a él, quedará exento total o parcialmente de responsabilidad con respecto a tal persorna, en la medida en que tal culpa hubiera causado el daño o contribuido a él. Cuando se reclame una indemnización por una persona que no sea el pasajero, en razón de la muerte o lesión de este último, el transportador quedará igualmente exento total o parcialmente de responsabilidad, en la medida en que pruebe que la culpa de dicho pasajero hubiere causado el daño o contribuido a él.

 

Art. 183º- En el transporte de personas, equipajes, mercancías y objetos de mano, la responsabilidad del transportador queda limitada en la siguiente forma:

 

a) En el transporte de personas, la suma de 200.000 pesos bolivianos por persona, sin embargo, entre transportatador y pasajero podrá fijarse un límite mayor mediante pacto expreso;

b) En el transporte de equipaje, la suma de 4.000 pesos bolivianos por pasajero, salvo declaración especial del valor hecha por él mismo en el momento de entrega del equipaje y mediante el pago de una tasa suplementaria.

 

En tal caso, el transportador, está obligado a pagar el importe declarado;

 

c) En el transporte de mercancías, la suma de 100 pesos bolivianos por kilogramo, salvo declaración especial del valor hecha por el remitente en el momento de la entrega de la mercancía al transportador, y mediante el pago de una tasa suplementaria, si hay lugar a ello. En tal caso, el transportador está obligado a pagar hasta el importe declarado;

d) En caso de pérdida, avería o retraso de una parte de la mercancía o de cualquier objeto, en ella contenido, se tendrá en cuenta solamente el peso total del bulto afectado para determinar el límite de responsabilidad del transportador. Sin embargo, si la pérdida, avería o retraso de una parte de la mercancía o de un objeto en ella contenido, afecta al valor de otros bultos comprendidos en la carta de porte aéreo, se tendrá en cuenta el peso total de tales bultos para determinar el límite de responsabilidad;

e) En el caso de los objetos de mano, la suma de 1.500 pesos bolivianos por pasajero;

f) En caso de retraso en el transporte de pasajeros, equipajes y mercancías, el veinte por ciento del valor del pasaje o flete, respectivamente.

 

Art. 184º- Toda cláusula que tienda a eximir al transportador de su responsabilidad o a fijar un límite inferior al establecido en este Capítulo, es nula; pero la nulidad de dicha cláusula no entraña la del contrato. Lo previsto en el presente artículo no se aplicará a las cláusulas referentes a pérdidas o daño resultante de la naturaleza o vicio propio de las mercancías transportadas.

 

Art. 185º- El límite de responsabilidad previsto en el inciso d) del artículo 183 de este Código, no se aplicará si se prueba que el daño es el resultado de una acción u omisión del transportador o sus dependientes, con intención de causar el daño; sin embargo, en el caso de acción u omisión de los dependientes, habrá que probar también que éstos actuaban en el ejercicio de sus funciones.

 

Si Se intenta una acción contra un dependiente dei transportador, por daños a que se refiere el presente Título, dicho dependiente, si prueba que actuaba en el ejercicio de sus funciones, podrá ampararse en los limites de responsabilidad que pudiera invocar el transportador en virtud del presente Título.

 

Art. l86º- Si la recepción de equipajes y mercancías se efectúan sin protesta por el pasajero o destinatario, se presume que fueron entregados en buen estado y: conforme a contrato de transporte, salvo prueba en contrario.

 

Art. 187º- En caso de averías, el pasajero o destinatario hará constar al transportador, verbalmente o por escrito, su reserva sobre esta circunstancia a tiempo de la recepción, y formalizará protesta dentro del plazo de siete días para los equipajes y de catorce para las mercancías, a partir de la fecha de entrega.

 

En caso de pérdida, destrucción o retraso, la protesta tendrá lugar dentro de los veintiún días a partir de la fecha en que el equipaje o mercancía debieron ser puestos a disposición del pasajero o destinatario.

 

Toda protesta deberá formularse por reserva inscripta en el título de transporte o mediante escrito presentado dentro de los plazos previstos en este artículo. La falta de protesta dentro de dichos plazos determina la inadmisibilidad de toda acción contra el transportador, salvo el caso de fraude por parte de este último.

 

Art. l88º- Si el viaje se hubiere interrumpido, el pasajero tendrá derecho al reembolso de la parte proporcional del valor del pasaje por el trayecto no realizado y al pago de los gastos ordinarios de desplazamiento y estada, desde el lugar de aterrizaje hasta el lugar más próximo para continuar el viaje. Si éste no se hubiere realizado, el pasajero tendrá derecho a la devoulción del valor del pasaje.

 

Art. 189º- El pasajero que no se presentare, llegare con retraso o interrumpiere su viaje, no tendrá derecho a exigir la devolución del importe total o parcial del billete de pasaje. Sin embargo, éste podrá ser utilizado en otro viaje posterior en aeronaves del mismo transportador, previo descuento del diez por ciento del valor del pasaje.

 

Si la aeronave partiere con todas las plazas ocupadas, el transportador deberá devolver el ochenta por ciento del importe del billete de pasaje.

 

Art. 190º- El transporte que haya de efectuarse sucesivamente por varios transportadores aéreos, constituirá, a los fines del presente Título, un solo transporte cuando haya sido considerado por las partes como una sola operación, tanto si ha sido objeto de un solo contrato como de una serie de contratos.

 

En tales casos, cada transportador que acepte pasajeros, equipajes o mercancías quedará sometido a las disposiciones de este Título, estimándose que es una de las partes contratantes en el contrato de transporte, en tanto dicho contrato se refiera a la parte del transporte efectuado con su intervención.

 

Para los mismos casos, el pasajero o causahabientes solo podrán dirigir su acción contra el transportador que efectuó el transporte durante el cual se hubiere efectuado el accidente o el retraso, salvo pacto expreso por el cual el primer transportador hubiere asumido la responsabilidad por todo el viaje.

 

Cuando se trate de equipajes o mercancías, el remitente podrá repetir contra el primer transportador, y el destinatario con derecho a entrega de lo transportado, contra el último, pudiendo, además, uno y otro, ir contra el transportador que efectuó el transporte en cuyo curso hubiere ocurrido la destrucción, pérdida, avería o retraso. Dichos transportadores serán solidariamente responsables respecto al remitente y al destinatario.

 

Art. 191º- Tratándose de transpones combinados que se efectúen en parte por aeronaves y en parte por cualquier otro medio de transporte, las disposiciones del presente Código se aplicarán solo al transporte aéreo. Las condiciones sobre los otros medios de transporte podrán pactarse expresamente.

 

Art 192º- En caso de que el transporte aéreo fuere contratado con un transportador y ejecutado por otro, la responsabilidad de ambos, respecto al usuario, será regida por las disposiciones del presente Título.

 

El usuario podrá demandar a ambos transportadores, los cuales responderán solidariamente por los daños ocasionados, sin perjuicio de las acciones que pudieren interponerse entre ellos.

 

La protesta a que se refiere el artículo 187 podrá ser dirigida a cualquiera de los transportadores.

 

Art. 193º- En caso de echazón, la pérdida sufrida para conjurar un peligro inminente o atenuar sus consecuencias y preservar la seguridad de la aeronave, personas o cosas, constituirá una avería común y será soportada por la aeronave, el flete, la carga y el equipaje en relación con el resultado útil obtenido para evitar dicho peligro y en proporción al valor de las cosas salvadas.

 

Esta misma regla se aplicará en caso de que el comandante de la aeronave, intencional o razonablemente, incurriere en algún gasto u ocasionare algún daño extraordinario con dicho fin.

 

Art. 194º- Cuando el contrato dc fletamento tenga por objeto el transporte comercial de personas o mercancías, las responsabilidades establecidas en el presente Capítulo recaerán solidariamente sobre fletante y fletador.

 

Art. 195º- Ninguna de las disposiciones del presente Capítulo prejuzga la cuestión de si la persona responsable de acuerdo con el mismo tiene o no derecho a repetir contra alguna otra persona.

 

CAPITULO II

DAÑOS A TERCEROS EN LA SUPERFICIE

 

Art. 196º- La persona que sufra daños en la superficie tiene derecho a reparación, en las condiciones fijadas en este Título, con solo probar que ellos provienen por acción de una aeronave en vuelo, de una persona o cosa caída o arrojada de la misma, o del ruido o trepidación producidos como consecuencia de las operaciones aéreas.

 

No habrá lugar a reparación si los daños no son consecuencia directa del hecho que los hubiere originado, o si se deben al paso de la aeronave a través del espacio aéreo, de conformidad con los reglamentos de tránsito aéreo aplicables.

 

Art. 197º- A los fines del articulo anterior, se considera que una aeronave se encuentra en vuelo desde que se aplica la fuerza motriz hasta que termina el recorrido de aterrizaje.

 

Art. 198º- La reparación de los daños previstos en el articulo 196º incumbe al explotador de la aeronave.

 

Art. 199º- La persona que, sin tener la disposición de la aeronave, la utiliza sin consentimiento del explotador, responde del daño causado. Si el explotador no probare que tomó las medidas adecuadas para evitar el uso ilegítimo de la aeronave, será solidariamente responsable con aquélla.

 

Art. 200º- El explotador no está obligado a reparar los daños que fueren consecuencia directa de conflictos armados o disturbios civiles, o si hubiere sido privado del uso de la aeronave por acto de autoridad pública.

 

Art. 20lº- Si el transportador prueba que la culpa de la persona que pide una indemnización ha causado el daño o ha contribuido a él, quedará exento total o parcialmente de responsabilidad con respecto a tal persona, en la medida en que tal culpa hubiere cansado el daño o contribuido a él. Cuando se reclama una indemnización por una persona que no sea el pasajero, en razón de la muerte o lesión de este último, el transportador quedará igualmente exento total o parcialmente de responsabilidad, en la medida en que pruebe que la culpa de dicho pasajero hubiere causado el daño o contribuido a él.

 

Art. 202º- La cuantía de la responsabilidad por los daños reparables no excederá por aeronave y accidente:

 

a) Para aeronaves cuyo peso no exceda de 1.000 kilogramos 200.000 pesos bolivianos;

b) Para aeronaves que pesen más de 1.000 kilogramos y no excedan de 6.000 kilogramos, 200.000 pesos bolivianos, más 400 pesos bolivianos por cada kilogramo que exceda de los 1.000;

c) Para aeronaves que pesen más de 6.000 kilogramos y no excedan de 20.000 kilogramos, 800.000 pesos bolivianos, más 200 pesos bolivianos por cada kilogramo que exceda de los 6.000;

d) Para aeronaves que pesen más de 20.000 kilogramos y no excedan de 50.000 kilogramos, 2.000.000 de pesos bolivianos, más 60 pesos bolivianos por cada kilogramo que exceda de los 20.000;

e) Para aeronaves que pesen más de 50.000 kilogramos, 4.000.000 de pesos bolivianos, más 40 pesos bolivianos por cada kilogramo que exceda de los 50.000;

f) Para aeronaves que excedan de 100.000 kilogramos, hasta un máximo de 9.000.000 de pesos bolivianos.

 

Art 203º- A los fines del artículo anterior, “peso” significa el peso máximo de la aeronave autorizado para el despegue en el certificado de aeronavegabilidad.

 

Art. 204º- En caso de concurrencia de daños a personas y bienes, el monto de las reparaciones no podrá sobrepasar de los límites fijados en el articulo 202º de este Código.

 

Art. 205º- Si existieren varios damnificados en un mismo accidente y la cantidad total a pagarse excediere de los límites fijados en el articulo 202º, el derecho de cada uno será reducido proporcionalmente para no sobrepasar, en conjunto, de dichos límites.

 

Art. 206º- Si el daño proviene de dolo del explotador o del de personas que están bajo su dependencia y actúan en ejercicio de sus funciones, el explotador no podrá ampararse en las disposiciones de este Capítulo que limitan su responsabilidad.

 

Art. 207º- Cuando el contrato de fletamento tenga por objeto el transporte comercial de personas o mercancías, las responsabilidades establecidas en el presente Capítulo recaerán solidariamente sobre fletante y fletador.

 

Art. 208º- Ninguna de las disposiciones del presente Capítulo prejuzga la cuestión de si la persona responsable de acuerdo con el mismo tiene o no derecho a repetir contra alguna otra persona.

 

CAPITULO III

DAÑOS EN EL TRANSPORTE GRATUITO

 

Art. 209º- En el transporte aéreo gratuito de personas, la responsabilidad del transportador será la misma que se establece en el Capítulo I de este Título.

 

Si el transporte gratuito de personas se realizare en aeronaves de uso privado, la responsabilidad del explotador quedará limitada a la suma de 50.000 pesos bolivianos por persona afectada. Dicha responsabilidad podrá eximirse o atenuarse por pacto expreso de partes.

 

CAPITULO IV

DAÑOS EN CASOS DE ABODAJE AEREO

 

Art. 210º- Se entiende por abordaje aéreo toda colisión entre dos o más aeronaves, en movimiento.

 

Se considera que una aeronave está en movimiento:

 

a) Cuando se desplaza en la superficie por su propia fuerza motríz;

b) Cuando se encuentra en funcionamiento cualquiera de sus servicios o equipos y con la tripulación, pasajeros o carga a bordo;

c) Cuando se halla en vuelo.

 

Art. 211º- A los fines del articulo anterior, se considera aeronave en vuelo desde que se aplica la fuerza motriz para despegar hasta que termina el recorrido de aterrizaje. Los daños producidos por una aeronave en movimiento a otra aeronave en movimiento, o a las personas o bienes a bordo, aunque no hubiere colisión, están sometidos a las reglas de este Capítulo.

 

Art. 212º- La responsabilidad en caso de abordaje aéreo por daños causados a aeronaves, personas y bienes transportados, corresponde al explotador de la aeronave que causó el daño.

 

Art. 213º- Cuando el daño provenga de dolo del explotador o del dolo de alguna de las. personas que están bajo su dependencia y actúan en ejercicio de sus funciones, el explotador no podrá ampararse en las prescripciones de este Título que limitan su responsabilidad.

 

Art. 214º- Si en el abordaje hubiere concurrencia de culpa, la responsabilidad de los explotadores de cada una de las aeronaves, por los daños a éstas, a las personas y a los bienes transportados, es proporcional a la gravedad de la culpa. Si no pudiere determinarse la proporcionalidad de la culpa, la responsabilidad corresponde por partes iguales.

 

Art. 215º- La responsabilidad a que se refiere el aitículo anterior es solidaria, sin perjuicio del que hubiere pagado una suma mayor de la que le corresponde, de repetir contra el coautor del daño.

 

Art. 216º- La responsabilidad del explotador queda limitada a los montos previstos en los artículos 183º y 209º de este Código, según corresponda.

 

Art. 217º- En caso de daños causados a terceros en la superficie por abordaje de dos o más aeronaves en vuelo, los explotadores de éstas responden solidariamente a las víctimas de los daños en los límites fijados en el articulo 202º.

 

Art. 218º- Si el abordaje se produjo por culpa de una de las aeronaves, el explotador de la aeronave sin culpa tiene derecho a repetir en contra del explotador de la otra, por el importe de las indemnizaciones que se hubiere visto obligado a pagar por causa de la solidaridad.

 

Si hubiere concurrencia de culpa, quien como consecuencia de la solidaridad hubiere pagado una suma mayor a la debida, tiene derecho a repetir por el excedente.

 

Art. 219º- Si el abordaje se produjo por caso fortuito o de fuerza mayor, el explotador de cada una de las aerpnaves soportará la responsabilidad en los limites y condiciones establecidos en el artículo 202º. Quien hubiere pagado una suma mayor a la que le corresponde, tiene derecho a repetir por el excedente.

 

Art. 220º- La responsabilidad del explotador queda limitada a los montos previstos en el articulo 202º.

 

Art. 221º- El Poder Ejecutivo podrá introducir variaciones en los montos de indemnización referidos a la reparación de los daños comprendidos en este Título, según las fluctuaciones del tipo de cambio.

 

TITULO XII

BUSQUEDA, ASISTENCIA y SALVAMENTO

 

CAPITULO I

OBLIGATORIEDAD

 

Art. 222º- Se declara de interés público la búsqueda, asistencia y salvamento de aeronaves accidentadas, pérdidas o en situación de peligro, a cargo de explotadores y comandantes de aeronaves públicas y privadas, sin excepción.

 

Art. 223º- La autoridad aeronáutica tendrá bajo su dirección y control los servicios de búsqueda, asistenéja y salvamento, estableciendo en el territorio nacional los centros de coordinación y operación que fueren necesarios.

 

Art 224º- Los explotadores y cornandantes de aeronaves tienen la obligación de cooperar, en la medida de sus posibilidades, en la búsqueda de aeronaves, exista o no requerimiento de la autoridad aeronáutica.

 

Art. 225º- El comandante de una aeronave está obligado a prestar asistencia a otras aeronaves que se encuentran en situación de peligro, asi como al salvamento de personas que se hallen a bordo de aquéllas.

 

Art. 226º- Cesa la obligación de prestar socorro.

 

a) Cuando fuere prestado por otro en mejores condiciones,

b) Cuando no hubiere posibilidad de prestar socorro útil;

c) Cuando significare riesgo para las personas a bordo de la aeronave;

d) Cuando fuere expresa y justificadamente rechazado.

 

CAPITULO II

INDEMNIZACION Y REMUNERACION

 

Art. 227º- Los explotadores de aeronaves que hubieren cooperado en la búsqueda, asistencia y salvamento de una aeronave pérdida, en peligro o accidentada, o de personas a bordo, tendrán derecho a indemnización por los gastos y daños emergentes de la operación.

 

Art. 228º- Los explotadores de aeronaves que hubieren salvado o contribuido a salvar tendrán derecho a una remuneración que será pagada teniendo en cuenta los riesgos corridos, los gastos y daños resultantes de la operación, las dificultades del salvamento y el valor de los bienes salvados.

 

Dicha remuneración, que en ningún caso excederá del valor de los bienes salvados, estará a cargo de los propietarios en proporción al valor de aquéllos, y el salvadoy podrá reclamar la indemnización que prevé el articulo anterior, al explotador de la aeronave socorrida o a cada uno de los propietarios de los bienes salvados.

 

La indemnización y remuneración serán pagadas aunque se trate de aeronaves del mismo explotador.

 

Art. 229º- Si Se hubieren salvado al mismo tiempo personas y bienes, el que salvó a las personas tiene derecho a una parte equitativa de la remuneración acordada al que salvó los bienes, sin perjuicio de la indemnizacion que le corresponde.

 

Art. 230º- Quienes hubieren prestado socorro sin estar obligados a hacerlo, solo tendrán derecho a indemnización si salvaron o contribuyeron a salvar a alguna persona o prestaron una ayuda a la aeronave o a las cosas transportadas.

 

Art. 231º- Los servicios de búsqueda, asistencia y salvamento son también obligatorios para las aeronaves públicas, en cuyo caso el explotador de la aeronave socorrida indemnizará los daños y perjuicios emergentes de la operación. La indemnización no podrá exceder, en conjunto, del valor de la aeronave antes de producirse el hecho.

 

Art. 232º- Las disposiciones del presente Título se aplicarán en los casos de búsqueda, asistencia y salvamento de aeronaves realizados por medios terrestres, fluviales o lacustres.

 

TITULO XIII

INVESTIGACION DE ACCIDENTES

 

Art. 233º- Corresponde a la autoridad aeronáutica la investigación de todos los accidentes de aviación ocurridos en el territorio nacional, a fin de establecer las causas probables y adoptar las medidas más adecuadas para evitar su repetición.

 

Art. 234º- Toda persona que tuviere conocimiento de un accidente de aviación o la existencia de despojos o restos de una aeronave, deberá dar aviso inmediato a la autoridad más próxima, la cual a su vez tomará las medidas adecuadas para la protección y custodia de la aeronave accidentada, debiendo comunicar estos hechos a la autoridad aeronáutica por la via más rápida.

 

Art. 235º- La autoridad a cargo de la vigilancia de los despojos o restos de una aeronave accidentada, evitará la intervención de personas no autorizadas.

 

Solamente la autoridad aeronáutica podrá permitir la remoción de la aeronave, objetos y elementos que pudieren haber concurrido a producir el accidente, sin perjuicio de la intervención policiaria o judicial cuando ésta corresponda conforme a ley.

 

Art. 236º- Toda persona está obligada a declarar ante la autoridad aeronáutica cuanto fuere de su conocimiento respecto de un accidente de aviación.

 

Art. 237º- A los fines de investigación de accidente de aviación, toda autoridad o persona está obligada a producir los informes y facilitar el examen de los documentos y antecedentes que requiera la autoridad aeronáutica.

 

Art. 238º- En casos de aterrizaje forzoso o accidente de una aeronave en propiedad privada, el propietario o su representante no podrán oponerse al ingreso de autoridades o a la provisión de medios necesarios para que la aeronave se rehabilite o se preste asistencia a los accidentados.

 

Art. 239º- Las aeronaves nacionales, accidentadas en territorio extranjero y las aeronaves extranjeras accidentadas en el pais, quedarán sujetas a la investigación técnica y demás medidas previstas en los convenios internacionnales de que fuere parte la República.

 

TITULO XXV

SEGUROS

 

Art. 240º- El explotador está obligado a contratar seguros hasta los límites de responsabilidad establecidos en este Código, por daños a las personas y bienes transportados y a terceros en la superficie.

 

Los seguros deben cubrir también al personal que ejerce funciones a bordo de las aeronaves, ya sea habitual u ocasionalmente, contra todo accidente susceptible de producirse en cumplimiento de tales funciones o servicios, conforme a leyes vigentes.

 

Art. 24lº- El seguro será considerado satisfactorio si es conforme a las disposiciones de este Código y fue contratado en compañías de seguro legalmente estaablecidas.

 

Art. 242º- Los seguros podrán ser sustituidos por depósitos en efectivo, fianzas o garantías bancarias.

 

Art. 243º- Para las operaciones en el territorio y espacio aéreo nacionales, las aeronaves extranjeras deberán acreditar ante al autoridad aeronáutica la cobertura de seguros por daños a las personas y bienes transportados y a terceros en la superficie, en los límites fijados en este Código.

 

En los casos en que la responsabilidad del explotador se rija por acuerdos o convenios internacionales, los seguros deberán cubrir los limites de responsabilidad en ellos previstos.

 

Estos seguros podrán ser sustituidos por otra garantía si la ley de la nacionalidad de la aeronave así lo autoriza.

 

Art. 244º- La vigencia de los seguros obligatorios cuya expiración se produzca mientras se efectúe el vuelo, se considera prorrogada hasta la terminación del mismo.

 

Art. 245º- Toda cláusula de seguro de vida o incapacidad por accidente que excluya el riesgo o reparación de daños resultantes de los servicios de transporte aéreo público, será nula de pleno derecho.

 

Art. 246º- Periódicamente, los aseguradores comunicarán a la autoridad aeronáutica la vigencia de los seguros a que se refiere el presente Título, conforme a reglamentación.

 

TITULO XV

INFRACCIONES Y SANCIONES

 

CAPITULO I

FALTAS

 

Art. 247º- Toda infracción a las disposiciones de este Código y sus reglamentos, que no importe delito, será determinada por el Poder Ejecutivo y sancionada por la autoridad aeronáutica.

 

Art. 248º- De acuerdo a la naturaleza y gravedad de las faltas, las sanciones consistirán en:

 

a) Apercibimiento;

b) Multa;

e) Suspensión temporal de las licencias y habilitaciones aeronáuticas;

d) Suspensión definitiva de las licencias y habilitaciones aeronáuticas;

e) Suspensión temporal de los permisos de operación;

f) Suspensión definitiva de los permisos de operación;

 

En el caso del inciso b) del presente articulo, el importe de las multas se destinará al Fondo Nacional Unico de la Aeronáutica.

 

Art. 249º- El procedimiento para la investigación y comprobación de los hechos, calificación de las infracciones por faltas, aplicación de las sanciones y determinación de la autoridad aeronáutica facultada para imponerlas, así como para conocer en los recursos ordinarios y extraordinarios, será fijado por el Poder Ejecutivo. Dicho procedimiento será sumario.

 

CAPITULO II

DELITOS

 

Art. 250º- Comete delito toda persona que, a bordo de una aeronave en vuelo:

 

a) Ilícitamente, mediante violencia, amenaza de violencia o cualquier otra forma de intimidación, se apodere de tal aeronave, ejerza el control de la misma o intente cometer cualquiera de tales actos;

b) Sea cómplice de la persona que cometa o intente cometer cualquiera de tales actos.

 

Este delito será punible con prisión de cuatro a quince años.

 

Si el infractor fuere miembro de la tripulación, sufrirá, además la inhabilitación por el doble tiempo de la condena.

 

Si como consecuencia del hecho se produjeren accidentes o se causare lesiones o muerte de alguna persona, la pena será de ocho a treinta años de prisión.

 

Art. 251º- Comete delito toda persona que, ilícita e intencionalmente:

 

a) Realice contra una persorna a bordo de una aeronave en vuelo actos de violencia que; por su naturaleza, constituyan un peligro para la seguridad de la aeronave;

b) Destruya una aeronave en servicio o le cause daños que la incapaciten para el vuelo o que, por su naturaleza, constituyan un peligro para la seguridad de la aeronave en vuelo;

c) Coloque o haga colocar en una aeronave en servicio, por cualquier medio, un artefacto o substancia capaz de destruir tal aeronave, o de causarle daños que la incapaciten para el vuelo o que, por su naturaleza, constituyan un peligro para la seguridad de la aeronave en vuelo;

d) Destruya o dañe las instalactones o servicios de la navegación aérea, o perturbe su funcionamiento, si tales actos, por su naturaleza, constituyen un peligro para la seguridad de las aeronaves en vuelo o para la infraestructura aeronáutica;

e) Comunique, a sabiendas, informes falsos, poniendo con ello en peligro la seguridad de una aeronave en vuelo.

 

Los delitos señalados en el presente articulo serán punibles con prisión de cuatro a diez años.

 

Art. 252º- Igualmente, comete delito una persona que:

 

a) Intente cometer cualquiera de los delitos mencionados en el artículo anterior;

b) Sea cómplice de la persona que los cometa o intente cometer.

 

Los delitos señalados en el presente artículo serán punibles con prisión de dos a cinco años.

 

Si el infractor fuere miembro de la tripulación, sufrirá, además, la inhabilitación por el doble tiempo de la condena.

 

Si como consecuencia de estos delitos sc produjeren accidentes o se causare lesiones o muerte de alguna persona; la pena será de ocho a veinte años de prisión.

 

Art. 253º- A los fines del presente Capítulo, se considera que “una aeronave se encuentra en vuelo” desde el momento en que se cierran todas las puertas externas, después del embarque, hasta el momento en que se abre cualquiera de dichas puertas para el desembarque. En caso de aterrizaje forzoso, se considera que el vuelo continúa, hasta el momento en que las autoridades competentes se hagan cargo de la aeronave, personas y bienes a bordo.

 

Sc considera que “una aeronave se encuentra en servicio” desde el momento en que el personal de tierra o la tripulación comienza las operaciones previas al vuelo, hasta veinticuatro horas después de cualquier aterrizaje. El periodo ,”en servicio” se prolongará en cualquier caso por todo el tiempo en que la aeronave “se encuentre en vuelo”, conforme al primer párrafo del presente artículo.

 

Art. 254º- Será punible con prisión de tres a seis años el que condujere o hiciere conducir clandestinamente una aeronave sobre zonas prohibidas o restringidas a la circulación aérea.

 

Art. 255º- Será punible con prisión de seis meses a dos años el que, conduciendo o haciendo conducir una aeronave, atravesare clandestinamente la frontera por lugares distintos de los establecidos por la autoridad aeronáutica para ingresar o salir del país.

 

Art. 256º- Será punible con prisión de seis meses a dos años el que condujere o hiciere conducir una aeronave sin marcas de nacionalidad o matrícula, o con marcas falsas o alteradas.

 

Art. 257º- Será punible con prisión de seis meses a dos años el que, a sabiendas y sin cumplir los respectivos reglamentos, transportare o hiciere transportar en una aeronave que conduzca pasajeros: explosivos, inflamables, armas, municiones de guerra o elementos radicactivos peligrosos.

 

Art. 258º- Será punible con prisión de seis meses a dos años el que no diere cumpimiento a las obligaciones prescritas en el Capitulo 1º, Título XII de este Código.

 

Art. 259º- Será punible con prisión de uno a cuatro años el que condujere o hiciere conducir la aeronave estando bajo los efectos de bebidas alcohólicas, estimulantes o estupefacientes de cualquier naturaleza.

 

Art 260º- Si como consecuencia de los delitos comprendidos en los artículos 254º al 259º de este Código, se produjeren accidentes o daños, el infractor será punible con prisión de uno a ocho años, y si resultaren, además, lesiones o muertes, de dos a veinte años.

 

Si el explotador permitiere, a sabiendas, el vuelo de una aeronave en tales circunstancias, será pasible de las mismas penas.

 

TITULO XVI

PRESCIPCION

 

Art. 261º- Prescriben a los seis meses:

 

a) Las acciones para reclamar los privilegios que señala el Artículo 65º de este Código. El término correrá desde el momento en que el crédito resulte exigible;

b) Las acciones de repetición entre explotadores por las sumas pagadas con motivo de daños provenientes de abordajes aéreos. El término correrá desde la fecha del primer pago.

 

Art. 262º- Prescriben al año:

 

a) Las acciones de indemnización por daños causados a los equipajes o mercancías transportados. El término correrá desde la llegada al punto de destino, desde el dia en que la aeronave debiera haber llegado a destino o desde el dia de detención del transporte; o desde la fecha en que debieran haberse entregado los equipajes o mercancías de acuerdo al contrato de transporte;

b) Las acciones de reparación por daños causados a terceros en la superficie. El término de prescripción correrá desde el día del hecho; sin embargo, si la persona que sufrió los daños comprueba que transcurrrió el término de la prescripción aquí fijada, sin haber tenido conocimiento de los daños o de la identidad del responsable, la prescripción comenzará desde el día en que tuvo conocimiento, pero no excederá en ningún caso de los tres años a partir del día en que ocurrió el hecho;

c) Las acciones para reclamar por daños en casos de abordaje aéreo. El término correrá.desde el momento del hecho.

 

Art. 263º- Prescriben a los dos años:

 

a) Las acciones de indemnización, por daños causados a los pasajeros. El término se computará desde la llegada al punto de destino, desde el día en que la aeronave debiera haber llegado a destino, o desde el día de detención del transporte;

b) Las acciones de indemnización y remuneración debidas en casos de búsqueda, asistencia y salvamento. El término correrá desde el día en que concluyeron las operaciones. –

 

Art. 264º- En todos los casos de responsabilidad contractual o extracontractual, cuyo término de prescripción no esté expresamente previsto en este Código, el derecho para exigir indemnización prescribe en el plazo de dos años, si la acción no se ejercitara, a partir de la fecha en que ocurrió el hecho que dio lugar a los daños.

 

Art. 265º- Cualquiera que fuere la causa de interrupción o suspensión del término de prescripción, la acción prescribe pasados tres años a partir de la fecha en que ocurrió al hecho que causó los daños.

 

Art. 266º- Las acciones y penas a que se refieren los artículos 250º y 251º de este Código prescriben a los diez años de ocurrido el hecho o de la fecha de notificación con la sanción, respectivamente.

 

Para los demás delitos contemplados en los artículos 252º al 260º del Título XV de este Código, las acciones y penas prescriben a los cuatro años de acuerdo a lo establecido en el presente artículo.

 

TITULO XVII

DISPOSICIONES FINALES

 

Art. 267º- Corresponde al Estado, mediante la autoridad aeronáutica, la dirección y control del espacio aéreo nacional y la infraestructura aeronáutica en el territorio de la República.

 

Art. 268º- El establecimiento y la explotación de los servicios aéreos comerciales estarán sujetos al control e inspección de la autoridad aeronáutica.

 

Art. 269º- En caso de violación comprobada de las leyes en vigor, de los reglamentos o de las normas de tráfico aéreo, la autoridad aeronáutica podrá, en defensa de la seguridad nacional, en beneficio del orden público o de la seguridad de vuelo, detener una aeronave empleando los medios que juzgare necesarios.

 

Art. 270º- El presente Código guarda armonía con la Politica Aérea del Estado.

 

Art 271º- El presente Código Aeronáutico entrará en vigencia a los noventa días de su aprobación por el Poder Ejecutivo. Quedan derogadas todas las disposiciones que le sean contrarias.

 

Entró en vigencia el 16 de febrero de l974.

 

Código Penal Boliviano

CODIGO PENAL

 

 

LIBRO PRIMERO PARTE GENERAL

 

TITULO I LA LEY PENAL

 

CAPITULO UNICO Reglas para su aplicación

 

Artículo 1.- (EN CUANTO AL ESPACIO)

 

Este Código se aplicará:

 

1)         A los delitos cometidos en el territorio de Bolivia o en los lugares sometidos a su jurisdicción.

 

2)         A los delitos cometidos en el extranjero, cuyos resultados se hayan producido o debían producirse en el territorio de Bolivia o en los lugares sometidos a su jurisdicción.

 

3)         A los delitos cometidos en el extranjero por un boliviano, siempre que éste se encuentre en territorio nacional y no haya sido sancionado en el lugar en que delinquió.

 

4)         A los delitos cometidos en el extranjero contra la seguridad del Estado, la fe pública y la economía nacional. Esta disposición será extensiva a los extranjeros, si fueren habidos por extradición o se hallasen dentro del territorio de la República.

 

5)         A los delitos cometidos en naves, aeronaves u otros medios de transporte bolivianos, en país extranjero, cuando no sean juzgados en éste.

 

6)         A los delitos cometidos en el extranjero por funcionarios al servicio de la Nación, en el desempeño de su cargo o comisión.

 

7)         A los delitos que por tratado o convención de la República se haya obligado a reprimir, aún cuando no fueren cometidos en su territorio.

 

 

 

Artículo 2.- (SENTENCIA EXTRANJERA)

 

En los casos previstos en el ARTÍCULO anterior, cuando el agente sea juzgado en Bolivia, habiendo sido ya sentenciado en el extranjero, se computará la parte de pena cumplida en aquél si fuere de la misma especie y, si fuere de diferente, el juez disminuirá en todo caso la que se imponga al autor.

 

 

Artículo 3.- (EXTRADICION)

 

Ninguna persona sometida a la jurisdicción de las leyes bolivianas podrá ser entregada por extradición a otro Estado, salvo que un tratado internacional o convenio de reciprocidad disponga lo contrario.

La procedencia o improcedencia de la extradición será resuelta por la Corte Suprema.

 

En caso de reciprocidad. la extradición no podrá efectuarse si el hecho por el que se reclama no constituye un delito conforme a la ley del Estado que pide la extradición y del que la debe conceder.

 

 

Artículo 4.- (EN CUANTO AL TIEMPO)

 

Nadie podrá ser condenado o sometido a medida de seguridad por un hecho que no esté expresamente previsto como delito por ley penal vigente al tiempo en que se cometió, ni sujeto a penas o medidas de seguridad penales que no se hallen establecidas en ella.

 

Si la ley vigente en el momento de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al dictarse el fallo o de la vigente en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más favorable.

 

Si durante el cumplimiento de la condena se dictare una ley más benigna, será ésta la que se aplique.

 

No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, las leyes dictadas para regir sólo durante un tiempo determinado se aplicarán a todos los hechos cometidos durante su vigencia.

 

 

Artículo 5.- (EN CUANTO A LAS PERSONAS)

 

La ley penal no reconoce ningún fuero ni privilegio personal, pero sus disposiciones se aplicarán a las personas que en el momento del hecho fueren mayores de diez y seis años.

 

 

Artículo 6.- (COLISION DE LEYES)

 

Si la misma materia fuere prevista por una ley o disposición especial y por una ley o disposición de carácter general, prevalecerá la primera en cuanto no dispusiere lo contrario.

 

 

Artículo 7.- (NORMA SUPLETORIA)

 

Las disposiciones generales de este Código se aplicarán a todos los delitos previstos por leyes especiales, en cuanto éstas expresamente no establezcan lo contrario.

 

 

 

TITULO II EL DELITO, FUNDAMENTOS DE LA PUNIBILIDAD Y EL DELINCUENTE

 

CAPITULO I Formas de aparición del delito

 

Artículo 8.- (TENTATIVA)

 

El que mediante actos idóneos o inequívocos comenzare la ejecución del delito y no lo consumare por causas ajenas a su voluntad, será sancionado con los dos tercios de la pena establecida para el delito consumado.

 

 

Artículo 9.- (DESISTIMIENTO Y ARREPENTIMIENTO EFICAZ)

 

No será sancionado con pena alguna:

 

1)         El que desistiere voluntariamente de la comisión del delito;

 

2)         El que de igual modo impidiere o contribuyere a impedir que el resultado se produzca, a menos que los actos realizados constituyan delitos por sí mismos.

 

 

Artículo 10.- (DELITO IMPOSIBLE)

 

Si el resultado no se produjere por no ser idóneos los medios empleados o por impropiedad del objeto, el juez sólo podrá imponer medidas de seguridad.

 

 

CAPITULO II Bases de la punibilidad

 

Artículo 11.- (EXENTO DE RESPONSABILIDAD)

 

I.         Esta exento de responsabilidad:

 

1 ) (LEGITIMA DEFENSA) El que en defensa de cualquier derecho, propio o ajeno. rechaza una agresión injusta actual, siempre que hubiere necesidad racional de la defensa y no existiese evidente desproporción del medio empleado.

 

2) (EJERCICIO DE UN DERECHO, OFICIO, CARGO, CUMPLIMIENTO DE LA LEY O DE UN DEBER) El que en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo, cumplimiento de la ley o de un deber, vulnera un bien jurídico ajeno.

 

II. El exceso en las situaciones anteriores será sancionado con la pena fijada para el delito culposo. Cuando proviniere de una excitación o turbación justificables por las circunstancias concomitantes en el momento del hecho, estará exento de pena.

 

Artículo 12.- (ESTADO DE NECESIDAD)

 

Está exento de responsabilidad el que para evitar una lesión a un bien jurídico propio o ajeno, no superable de otra manera, incurra en un tipo penal, cuando concurran los siguientes requisitos:

 

1.        Que la lesión causada no sea mayor que la que se trata de evitar, tomando en cuenta, principalmente, la equivalencia en la calidad de los bienes jurídicos comprometidos;

 

2.        Que la lesión que se evita sea inminente o actual, e importante;

 

3.        Que la situación de necesidad no hubiera sido provocada intencionadamente por el sujeto; y

 

4.        Que el necesitado no tenga por su oficio o cargo, la obligación de afrontar el peligro.

 

 

Artículo 13.- (NO HAY PENA SIN CULPABILIDAD)

 

No se le podrá imponer pena al agente. si su actuar no le es reprochable penalmente. La culpabilidad y no el resultado es el límite de la pena.

Si la ley vincula a una especial consecuencia del hecho una pena mayor, ésta sólo se aplicará cuando la acción que ocasiona el resultado más grave se hubiera realizado por lo menos culposamente.

 

 

Artículo 13 bis.- (COMISION POR OMISION)

 

Los delitos que consistan en la producción de un resultado sólo se entenderán cometidos por omisión cuando el no haberlos evitado, por la infracción de un especial deber jurídico del autor que lo coloca en posición de garante, equivalga, según el sentido de la ley, a su causación.

 

 

Artículo 13 ter.- (RESPONSABILIDAD PENAL DEL ORGANO Y DEL REPRESENTANTE)

 

El que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, o en nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente siempre que en la entidad o persona en cuyo nombre o representación obre concurran las especiales relaciones, cualidades y circunstancias personales que el correspondiente tipo penal requiere para el agente.

 

 

Artículo 13 quater.- (DELITO DOLOSO Y CULPOSO)

 

Cuando la ley no conmina expresamente con pena el delito culposo, sólo es punible el delito doloso.

 

 

Artículo 14.- (DOLO)

 

Actúa dolosamente el que realiza un hecho previsto en un tipo penal con conocimiento y voluntad. Para ello es suficiente que el autor considere seriamente posible su realización y acepte esta posibilidad.

 

 

Artículo 15.- (CULPA)

 

Actúa culposamente quien no observa el cuidado a que está obligado conforme a las circunstancias y sus condiciones personales y, por ello:

 

1.        No toma conciencia de que realiza el tipo legal.

 

2.        Tiene como posible la realización del tipo penal y, no obstante esta previsión. lo realiza en la confianza de que evitará el resultado.

 

 

Artículo 16.- (ERROR)

 

 

1)         (ERROR DE TIPO).- El error invencible sobre un elemento constitutivo del tipo penal excluye la responsabilidad penal por este delito. Si el error, atendidas las circunstancias del hecho y las personales del autor, fuera vencible, la infracción será sancionada con la pena del delito culposo, cuando la ley lo conmine con pena.

 

El error sobre un hecho que cualifique la infracción o sobre una circunstancia agravante, impedirá la aplicación de la pena agravada.

 

El delito cometido por error vencible sobre las circunstancias .fue habrían justificado o exculpado el hecho, será sancionado como delito culposo cuando la ley lo conmine con pena.

 

2)         (ERROR DE PROHIBICION).- El error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo del tipo penal excluye la responsabilidad penal. Si el error fuera vencible, la pena podrá atenuarse conforme al ARTÍCULO 39.

 

 

Artículo 17.- (INIMPUTABILIDAD)

 

Está exento de pena el que en el momento del hecho por enfermedad mental o por grave perturbación de la conciencia o por grave insuficiencia de la inteligencia. no pueda comprender la antijuridicidad de su acción o conducirse de acuerdo a esta comprensión.

 

 

Artículo 18.- (SEMI-IMPUTABILIDAD)

 

Cuando las circunstancias de las causales señaladas en el ARTÍCULO anterior no excluyan totalmente la capacidad de comprender la antijuridicidad de su acción o conducirse de acuerdo a esta comprensión, sino que la disminuyan notablemente, el juez atenuará la pena conforme al ARTÍCULO 39 o decretará la medida de seguridad más conveniente.

 

 

Artículo 19: (ACTIO LIBERA IN CAUSA)

 

El que voluntariamente provoque su incapacidad para cometer un delito será sancionado con la pena prevista para el delito doloso; si debía haber previsto la realización del tipo penal, será sancionado con la pena del delito culposo.

 

 

CAPITULO III Participación criminal

 

Artículo 20.- (AUTORES)

 

Son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente, por medio de otro o los que dolosamente prestan una cooperación de tal naturaleza, sin la cual no habría podido cometerse el hecho antijurídico doloso.

Es autor mediato el que dolosamente se sirve de otro como instrumento para la realización del delito.

 

 

Artículo 21.- (AUTORES MEDIATOS)

 

Derogado por Ley No. 1768. ARTÍCULO 3.

 

 

Artículo 22.- (INSTIGADOR)

 

Es instigador el que dolosamente determine a otro a la comisión de un hecho antijurídico doloso. Será sancionado con la pena prevista para el autor del delito.

 

 

Artículo 23.- (COMPLICIDAD)

 

Es cómplice el que dolosamente facilite o coopere a la ejecución del hecho antijurídico doloso, en tal forma que aun sin esa ayuda se habría cometido; y el que en virtud de promesas anteriores, preste asistencia o ayuda con posterioridad al hecho. Será sancionado con la pena prevista para el delito, atenuada conforme al ARTÍCULO 39.

 

 

Artículo 24.- (INCOMUNICABILIDAD)

 

Cada participante será penado conforme a su culpabilidad, sin tomar en cuenta la culpabilidad de los otros.

 

Las especiales relaciones, cualidades y circunstancias personales que funden, excluyan, aumenten o disminuyan la responsabilidad, no se comunican entre ninguno de los participantes.

 

Faltando en el instigador o cómplice, especiales relaciones, cualidades y circunstancias personales que funden la punibilidad del autor, su pena se disminuirá conforme al ARTÍCULO 39.

 

TITULO III LAS PENAS

 

CAPITULO I Clases

 

Artículo 25.- (LA SANCION)

 

La sanción comprende las penas y las medidas de seguridad. Tiene como fines la enmienda y readaptación social del delincuente, así como el cumplimiento de las funciones preventivas en general y especial.

 

Nota: Se debería eliminar la palabra “en”.

 

 

Artículo 26.- (ENUMERACION)

 

Son penas principales:

 

1.        Presidio

 

2.        Reclusión

 

3.        Prestación de trabajo

 

4.        Días-multa

 

Es pena accesoria la inhabilitación especial.

 

 

NORMAS GENERALES

 

Artículo 27.- ( PRIVATIVAS DE LIBERTAD)

 

Son penas privativas de libertad:

 

1)         (PRESIDIO).- El presidio se aplicará a los delitos que revistan mayor gravedad y tendrá duración de uno a treinta años. En los de concurso el máximo no podrá, en ningún caso, exceder de treinta años.

 

2)         (RECLUSION).- La reclusión se aplicará a los delitos de menor gravedad y su duración será de un mes a ocho años.

 

3)        (APLICACION).- Tratándose de cualquiera de estas sanciones. el juez podrá aplicar una u otra en conformidad con el ARTÍCULO 37.

 

 

Artículo 28.- (PRESTACION DE TRABAJO)

 

La pena de prestación de trabajo en beneficio de la comunidad obliga al condenado a prestar su trabajo en actividades de utilidad pública que no atenten contra su dignidad y estén de acuerdo a su capacidad.

 

La prestación de trabajo no interferirá en la actividad laboral normal del condenado, se cumplirá en los establecimientos públicos y en las asociaciones de interés general en los horarios que determine el juez. Tendrá una duración máxima de cuarenta y ocho semanas y semanalmente no podrá exceder de dieciséis horas, ni ser inferior a tres horas.

 

La prestación de trabajo sólo podrá ejecutarse con consentimiento del condenado. En caso de que el condenado no preste su consentimiento, la sanción se convertirá en pena privativa de libertad. A este efecto, un día de privación de libertad equivale a dos horas semanales de trabajo. Esta sustitución se realizará por una sola vez y una vez realizada no podrá dejar de ejecutarse.

 

El juez de vigilancia deberá requerir informes sobre el desempeño del trabajo a la entidad empleadora. En caso de que los informes no sean favorables, se convertirá en privación de libertad conforme al párrafo anterior.

 

 

Artículo 29.- (DIAS MULTA)

 

La multa consiste en el pago a la Caja de Reparaciones. de una cantidad de dinero que será fijada por el juez en días multa, en función a la capacidad económica del condenado, sus ingresos diarios, su aptitud para el trabajo y sus cargas familiares, considerados al momento de dictarse la sentencia. El mínimo será de un día multa y el máximo de quinientos.

 

Las cuotas que el condenado deba pagar no superarán el máximo embargable de su sueldo, si éste fuera su única fuente de recursos. El monto máximo total del día multa no podrá sobrepasar de veinticinco salarios mínimos mensuales nacionales.

 

Si el condenado no da información suficiente sobre sus ingresos, patrimonio u otras bases para el cálculo de una cuota diaria, entonces, ella podrá evaluarse estimativamente.

 

En la resolución se señalará la cantidad de días multa, monto de la cuota diaria y el plazo de pago.

 

 

Artículo 30.- (CONVERSION)

 

Cuando se imponga conjuntamente la pena de días multa y pena privativa de libertad, no procede la conversión de los días multa en privación de libertad. En los demás casos, la conversión procederá cuando el condenado solvente no pagare la multa.

 

Antes de la conversión, el juez podrá autorizar al condenado a amortizar la pena pecuniaria, mediante prestación de trabajo. También podrá autorizarlo al pago de la multa por cuotas, fijando el monto y fecha de los pagos, según su condición económica o procurar que satisfaga la multa haciéndola efectiva sobre los bienes, sueldos u otras entradas del condenado.

 

El pago de la multa en cualquier momento deja sin efecto la conversión, descontándose el tiempo de reclusión que hubiere cumplido el condenado, en la proporción establecida.

 

A los efectos de la conversión y amortización, un día de reclusión equivale a tres días multa y un día de trabajo de cuatro horas equivale a un día multa.

 

 

Artículo 31.- (APLICACION EXTENSIVA)

 

La pena de días multa establecida en leyes penales especiales vigentes. se aplicará conforme a lo dispuesto en los ARTÍCULOS anteriores.

 

 

Artículo 32.- (CONVERSION DE LA MULTA EN RECLUSION)

 

Derogado por Ley No. 1768, ARTICULO 3.

 

 

Artículo 33.- (INHABILITACION)

 

Derogado por Ley No. 1768. ARTÍCULO 3.

 

 

Artículo 34.- (INHABILITACION ESPECIAL)

 

La inhabilitación especial consiste en:

 

1.        La pérdida del mandato, cargo, empleo o comisión públicos.

 

2.        La incapacidad para obtener mandatos, cargos, empleos o comisiones públicas, por elección popular o nombramiento.

 

3.        La prohibición de ejercer una profesión o actividad cuyo ejercicio dependa de autorización o licencia del poder público.

 

 

Artículo 35.- (APLICABILIDAD DE LA INHABILITACION ABSOLUTA)

 

Derogado por Ley No 1768, ARTÍCULO 3.

 

 

Artículo 36.- (APLICACION DE LA INHABILITACION ESPECIAL)

 

Se impondrá inhabilitación especial de seis meses a diez años después del cumplimiento de la pena principal, cuando el delito cometido importe violación o menosprecio de los derechos y deberes correspondientes al mandato, cargo, empleo o comisión, incompetencia o abuso de las profesiones o actividades a que hace referencia el ARTÍCULO 34 y se trate de delitos cometidos:

 

1.        Por funcionarios públicos, mandatarios, comisionados, en el ejercicio de sus funciones;

 

2.        Por médicos, abogados, ingenieros, auditores financieros y otros profesionales en el ejercicio de sus profesiones; o

 

3.        Por los que desempeñen actividad industrial, comercial o de otra índole.

 

En los casos anteriores, la inhabilitación especial es inherente al tiempo de cumplimiento de la pena privativa de libertad.

 

El mínimo de la pena de inhabilitación especial será de cinco años, en los siguientes casos:

 

1.        Si la muerte de una o varias personas se produce como consecuencia de una grave violación culpable del deber de cuidado.

 

2.        Si el delito fuere cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones.

 

 

CAPITULO II Aplicación de las penas

 

Artículo 37.- (FIJACION DE LA PENA)

 

Compete al juez, atendiendo la personalidad del autor, la mayor o menor gravedad del hecho, las circunstancias y las consecuencias del delito:

 

1.        Tomar conocimiento directo del sujeto, de la víctima y de las circunstancias del hecho, en la medida requerida para cada caso.

 

2.        Determinar la pena aplicable a cada delito, dentro de los límites legales.

 

 

Artículo 38.- (CIRCUNSTANCIAS)

 

1.        Para apreciar la personalidad del autor, se tomará principalmente en cuenta:

 

a.        La edad, la educación, las costumbres y la conducta precedente y posterior del sujeto, los móviles que lo impulsaron a delinquir y su situación económica y social;

 

b)         Las condiciones especiales en que se encontraba en el momento de la ejecución del delito y los demás antecedentes y condiciones personales, así como sus vínculos de parentesco, de amistad o nacidos de otras relaciones, la calidad de las personas ofendidas y otras circunstancias de índole subjetiva.

 

Se tendrá en cuenta, asimismo: la premeditación, e! motivo bajo antisocial, la alevosía y el ensañamiento.

 

2.        Para apreciar la gravedad del hecho, se tendrá en cuenta: la naturaleza de la acción, de los medios empleados, la extensión del daño causado y del peligro corrido.

 

 

Artículo 39.-(ATENUANTES ESPECIALES)

 

En los casos en que este Código disponga expresamente una atenuación especial. se procederá de la siguiente manera:

 

1.        La pena de presidio de treinta años se reducirá a quince.

 

2.        Cuando el delito sea conminado con pena de presidio con un mínimo superior a un año. la pena impuesta podrá atenuarse hasta el mínimo legal de la escala penal del presidio.

 

3.        Cuando el delito sea conminado con pena de presidio cuyo mínimo sea de un año o pena de reclusión con un mínimo superior a un mes, la pena impuesta podrá atenuarse hasta el mínimo legal de la escala penal de la reclusión.

 

 

Artículo 40.- (ATENUANTES GENERALES)

 

Podrá también atenuarse la pena:

 

1.        Cuando el autor ha obrado por un motivo honorable, o impulsado por la miseria, o bajo la influencia de padecimientos morales graves e injustos, o bajo la impresión de una amenaza grave, o por el ascendiente de una persona a la que deba obediencia o de la cual dependa.

 

2.        Cuando se ha distinguido en la vida anterior por un comportamiento particularmente meritorio.

 

3.        Cuando ha demostrado su arrepentimiento mediante actos y especialmente reparando los daños, en la medida en que le ha sido posible.

 

4.        Cuando el agente sea un indígena carente de instrucción y se pueda comprobar su ignorancia de la ley.

 

 

Artículo 41.- (REINCIDENCIA)

 

Hay reincidencia siempre que el condenado en Bolivia o en el extranjero por sentencia ejecutoriada, cometa un nuevo delito, si no ha transcurrido desde el cumplimiento de la condena un plazo de cinco años.

 

 

Artículo 42.- (DELINCUENTE HABITUAL Y PROFESIONAL)

 

Derogado por Ley No. 1768. ARTÍCULO 3.

 

 

Artículo 43.- (SANCIONES PARA LOS CASOS ANTERIORES)

 

AI reincidente además de las penas que le correspondan por los delitos cometidos, el juez le impondrá las medidas de seguridad más convenientes.

 

 

Artículo 44.- (CONCURSO IDEAL)

 

El que con una sola acción u omisión violare diversas disposiciones legales que no se excluyan entre sí, será sancionado con la pena del delito más grave, pudiendo el juez aumentar el máximo hasta en una cuarta parte.

 

 

Artículo 45.- (CONCURSO REAL)

 

El que con designios independientes, con una o más acciones u omisiones, cometiere dos o más delitos, será sancionado con la pena del más grave, pudiendo el juez aumentar el máximo hasta la mitad.

 

 

 

Artículo 46.- (SENTENCIA UNICA)

 

En todos los casos de pluralidad de delitos, corresponde al juez que conozca el caso más grave dictar la sentencia única, determinando la pena definitiva para la totalidad de los mismos, con sujeción a las reglas del Código de Procedimiento Penal.

 

CAPITULO III Cumplimiento y ejecución de las penas

 

Artículo 47.- (REGIMEN PENITENCIARIO)

 

Las penas se ejecutarán en la forma establecida por el presente Código y la ley especial para la aplicación del régimen penitenciario.

 

 

Artículo 48.- (PENA DE PRESIDIO)

 

La pena de presidio se cumplirá en una penitenciaría organizada de acuerdo a los principios del sistema progresivo, en el cual el trabajo obligatorio remunerado y la asistencia educativa constituyan medios de readaptación social.

 

 

Artículo 49.- (TRANSFERENCIA A COLONIA PENAL)

 

Si hubieren cumplido más de la mitad de la pena en una penitenciaría y observado buena conducta, los condenados podrán ser transferidos a una colonia penal agrícola-industrial.

 

 

Artículo 50.- (PENA DE RECLUSION)

 

La pena de reclusión se cumplirá, en parte, en una sección especial de las penitenciarías, organizada también según el sistema progresivo y, en parte, en una colonia penal agrícola-industrial, previos los informes pertinente.

 

 

Artículo 51.- (COLONIAS PENALES)

 

Las colonias penales agrícolas industriales abiertas, podrán organizarse en forma independiente o como dependencias de las penitenciarías, fuera de las poblaciones y en terrenos amplios que permitan los trabajos agrícolas e industriales de las colonias.

 

 

Artículo 52.-(RETORNO A LA PENITENCIARIA)

 

En caso de mala conducta, intento de fuga de las colonias, el juez podrá disponer el retorno del condenado a la penitenciaría.

 

 

Artículo 53.- (ESTABLECIMIENTOS ESPECIALES PARA MUJERES)

 

Las penas de privación de libertad impuestas a mujeres, se cumplirán en establecimientos especiales o bien en otras dependencias de las penitenciarias, pero siempre separadas de los varones.

 

 

Artículo 54.- (OFICIO O INSTRUCCION)

 

Los condenados que no tuvieren oficio conocido, deberán aprender uno. Los analfabetos recibirán la educación fundamental correspondiente.

 

 

Artículo 55.- (PRESTACION DE TRABAJO)

 

Derogado por Ley No. 1768, ARTÍCULO 3.

 

 

Artículo 56.- (TRABAJO DE MUJERES, MENORES DE EDAD Y ENFERMOS)

 

Las mujeres, los menores de veintiún años y los enfermos, no podrán ser destinados sino a trabajos dentro del establecimiento y de acuerdo a su capacidad.

 

 

Artículo 57.- (EJECUCION DIFERIDA)

 

Cuando la pena privativa de libertad recayere en una persona gravemente enferma, o en una mujer embarazada o con hijo menor de seis meses, el juez podrá diferir su ejecución.

 

 

Artículo 58: (DETENCION DOMICILIARIA)

 

Cuando la pena no excediere de seis meses, podrán ser detenidas en sus propias casas las mujeres de buenos antecedentes y las personas mayores de sesenta años o valetudinarias.

 

 

CAPITULO IV Suspensión condicional de la pena y perdón judicial

 

Artículo 59.- (SUSPENSION CONDICIONAL DE LA PENA)

 

El juez, en sentencia motivada y previos los informes necesarios, podrá suspender condicionalmente el cumplimiento y ejecución de la pena, cuando concurran los requisitos siguientes:

 

1.        La pena privativa de libertad impuesta no exceda de tres años;

 

2.        El agente no haya sido objeto de condena anterior nacional o extranjera por delito doloso: y

 

3.        La personalidad y los móviles del agente. la naturaleza y modalidad del hecho y el deseo manifestado de reparar en lo posible las consecuencias del mismo, no permitan inferir que el condenado cometerá nuevos delitos.

 

 

Artículo 60.- (DELITOS CULPOSOS)

 

La suspensión condicional de la pena podrá otorgarse, por una segunda vez, tratándose de delitos culposos que tuvieran señalada pena privativa de libertad.

 

 

Artículo 61.- (PERIODO DE PRUEBA)

 

En la sentencia motivada, el juez señalará las normas de conducta que deba cumplir el beneficiario: no incurrir en otro delito doloso, dedicarte a un oficio o profesión, residir o no en un lugar determinado, abstenerse del juego y de bebidas alcohólicas, dentro de un término que el juez estime conveniente entre dos y cinco años. a contar de la fecha de la condena.

El juez de vigilancia informará periódicamente al juez de la causa sobre la conducta observada por el beneficiario durante dicho período.

 

 

Artículo 62.- (REVOCATORIA)

 

Si durante el período de prueba el beneficiario quebrantare sin causa justificada las normas de conducta impuestas, la suspensión será revocada y se aplicará la sanción ya establecida. Si cometiere otro delito, quedará sujeto al cumplimiento de todas las penas, según lo establecido en el ARTÍCULO 45 para el concurso real.

 

 

Artículo 63.- (EXTINCION DE LA PENA)

 

Si la suspensión no hubiere sido revocada durante el período de prueba, la pena quedará extinguida.

 

 

Artículo 64.- (PERDON JUDICIAL)

 

El juez podrá conceder, excepcionalmente. el perdón judicial al autor de un primer delito cuya sanción no sea mayor a un año cuando por la levedad especial del hecho y los motivos determinantes existan muchas probabilidades de que no volverá a delinquir.

 

 

Artículo 65.- (RESPONSABILIDAD CIVIL)

 

La suspensión condicional de la pena y el perdón judicial. no comprenden la responsabilidad civil, que deberá ser siempre satisfecha.

 

CAPITULO V Libertad condicional

 

Artículo 66.- (LIBERTAD CONDICIONAL)

 

El juez de la causa, mediante sentencia motivada podrá conceder libertad condicional por una sola vez al condenado a pena privativa de libertad que hubiera cumplido las dos terceras partes de la condena, previo informe de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios, Juez de Vigilancia y de acuerdo a los siguientes requisitos:

 

a.        Haber cumplido las diferentes etapas del sistema progresivo, y que se encuentre clasificado en el tercer grado de prelibertad previsto en los ARTÍCULOS 8 inciso c) y 22 inciso c) de la Ley de Ejecución de Penas y Sistema Penitenciario.

 

b.        Haber demostrado aptitud y hábito de trabajo.

 

c.        Haber satisfecho la responsabilidad civil o constituir fianza real o personal.

 

d.        Que observe buena conducta en libertad y se someta a la tutela del Juez de Vigilancia y de los servicios Post penitenciarios dependientes de la Dirección General, hasta el cumplimiento total de la condena.

 

TEXTO ORIGINAL. Sustituido por Decreto Ley 11080. ARTÍCULO 93.

 

 

Artículo 67.- (CONDICIONES)

 

La sentencia motivada que conceda la libertad deberá imponer al condenado las condiciones siguientes:

 

1.        Observar las normas de conducta señaladas en el ARTÍCULO 61.

 

2.        Someterse a la vigilancia de las autoridades.

 

3.        Prestar caución de buena conducta.

 

4.        Presentarse periódicamente ante el juez de vigilancia.

 

 

Artículo 68.- (REVOCATORIA)

 

La libertad condicional se revocará si el liberado cometiere algún delito doloso o no cumpliere las condiciones establecidas en la sentencia, vigentes hasta el vencimiento del término de la condena.

 

 

Artículo 69.- (EFECTOS)

 

Los efectos son:

 

1.        La revocatoria obligará al liberado al cumplimiento del resto de la pena.

 

2.        Si la libertad condicional no ha sido revocada hasta el vencimiento del término a que se refiere el ARTÍCULO anterior, la pena quedará extinguida.

 

CAPITULO VI Disposiciones comunes

 

Artículo 70.- (“NULLA POENA SINE JUDITIO”)

 

Nadie será condenado a sanción alguna, sin haber sido oído y juzgado conforme al Código de Procedimiento Penal.

 

No podrá ejecutarse ninguna sanción sino en virtud de sentencia emanada de autoridad judicial competente y en cumplimiento de una ley, ni ejecutarse de distinta manera que la establecida en aquélla.

 

 

Artículo 71.- (DECOMISO)

 

La comisión de un delito lleva aparejada la pérdida de los instrumentos con que se hubiere ejecutado y de los efectos que de él provinieren, los cuales serán decomisados, a menos que pertenecieran a un tercero no responsable, quien podrá recobrarlos.

 

Los instrumentos decomisados podrán ser vendidos en pública subasta si fueren de lícito comercio, para cubrir la responsabilidad civil en casos de insolvencia; si no lo fueren, se destruirán o inutilizarán.

También podrán pasar eventualmente a propiedad del Estado.

 

 

Artículo 71 bis.- (DECOMISO DE RECURSOS Y BIENES)

 

En los casos de legitimación de ganancias ilícitas provenientes de los delitos señalados en el ARTÍCULO 185 bis, se dispondrá el decomiso:

 

1.        De los recursos y bienes provenientes directa o indirectamente de la legitimación de ganancias ilícitas adquiridos desde la fecha del más antiguo de los actos que hubieren justificado su condena; y

 

2.        De los recursos y bienes procedentes directa o indirectamente del delito, incluyendo los ingresos y otras ventajas que se hubieren obtenido de ellos, y no pertenecientes al condenado, a menos que su propietario demuestre que los ha adquirido pagando efectivamente su justo precio o a cambio de prestaciones correspondientes a su valor: en el caso de donaciones y transferencias a título gratuito, el donatario o beneficiario deberá probar su participación de buena fe y el desconocimiento del origen ilícito de los bienes, recursos o derechos.

 

Cuando los recursos procedentes directa o indirectamente del delito se fusionen con un bien adquirido legítimamente, el decomiso de ese bien sólo se ordenará hasta el valor estimado por el juez o tribunal, de los recursos que se hayan unido a él. El decomiso se dispondrá con la intervención de un notario de fe pública, quien procederá al inventario de los bienes con todos los detalles necesarios para poder identificarlos y localizarlos.

 

Cuando los bienes confiscados no puedan presentarse, se podrá ordenar la confiscación de su valor.

Será nulo todo acto realizado a título oneroso o gratuito directamente o por persona interpuesta o por cualquier medio indirecto, que tenga por finalidad ocultar bienes a las medidas de decomiso que pudieran ser objeto.

 

Los recursos y bienes decomisados pasarán a propiedad del Estado y continuarán gravados por los derechos reales lícitamente constituidos sobre ellos en beneficio de terceros, hasta el valor de tales derechos. Su administración y destino se determinará mediante reglamento.

 

 

Artículo 72.- (JUEZ DE VIGILANCIA)

 

Para el debido cumplimiento y ejecución de las sanciones, existirá en cada distrito judicial un juez de vigilancia que se encargará de:

 

1.        Solicitar al juez de la causa, previos los informes del caso, la revisión de las sanciones que inequívocamente resultaren contrarias a las finalidades de enmienda y readaptación de los condenados.

 

2.        Informar sobre la substitución, prolongación o liberación de las sanciones.

 

3.        Informar en todo lo relativo a la suspensión condicional de la pena, la libertad condicional y el perdón judicial.

 

4.        Asimismo, en cuanto a la rehabilitación y otros casos previstos por este Código.

 

5.        Visitar obligatoriamente todos los establecimientos penales y de reforma de su distrito, para verificar el estado y funcionamiento de los mismos y obtener los informes necesarios de los gobernadores o directores de establecimientos penitenciarios y autoridades judiciales.

 

 

Artículo 73.- (COMPUTO DE LA DETENCION PREVENTIVA)

 

El tiempo de la detención preventiva se tendrá como parte cumplida de la pena privativa de libertad, a razón de un día de detención por un día de presidio, de reclusión o de prestación de trabajo.

 

Si la pena fuere de multa, a razón de un día de detención por tres días-multa.

 

El cómputo de la privación de libertad se practicará tomando en cuenta incluso la detención sufrida por el condenado desde el día de su detención. aun en sede policial.

 

 

Artículo 74.- (CASO DE ENAJENACION MENTAL)

 

En caso de que el condenado fuere atacado de enajenación mental después de pronunciada la sentencia, se suspenderá la ejecución de la pena privativa de libertad y se le aplicará la medida asegurativa de internamiento en una casa de salud.

 

Si recobrare la salud, volverá a cumplir la pena en el establecimiento respectivo, debiendo descontarse el tiempo que hubiese permanecido en la casa de salud, como parte cumplida de la pena, salvo que haya mediado fraude de parte del condenado para determinar o prolongar la medida, en cuyo caso el juez podrá disponer que no se compute, total o parcialmente, dicho tiempo.

 

 

Artículo 75.- (DISTRIBUCION DEL PRODUCTO DEL TRABAJO)

 

El producto del trabajo de los internos se distribuirá de la siguiente manera:

 

1.        Para satisfacer la responsabilidad civil emergente del delito el 20%.

 

2.        Para satisfacer sus propias necesidades el 25%.

 

3.        Para la mantención de su familia el 25%.

 

4.        Para formar una cuenta de ahorro en el Banco del Estado, que será entregada al interno en el momento de su liberación o a sus herederos en caso de fallecimiento el 15%

 

5.        Para la adquisición y mantenimiento de equipos y maquinarias el 15%

 

TEXTO ORIGINAL. Sustituido por Decreto Ley 11080. ARTÍCULO 78.

 

 

Artículo 76.-(DELINCUENTE CAMPESINO)

 

En todos los casos en que el condenado fuere un campesino. Ia sanción impuesta se cumplirá preferentemente en una colonia penal agrícola.

 

 

Artículo 77.- (COMPUTO DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD)

 

El término de la condena empezará a correr desde el momento del ingreso en el establecimiento de que se trate.

 

El día se computará de veinticuatro horas; el mes y el año, según el calendario.

 

 

Artículo 78.- (ASISTENCIA SOCIAL)

 

El Estado, mediante ley especial, organizará un Servicio de Asistencia Social especializado con objeto de asistir a la víctima, al sancionado, al liberado y a sus familias.

 

TITULO IV LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

 

CAPITULO UNICO

 

Artículo 79.- (MEDIDAS DE SEGURIDAD)

 

Son medidas de seguridad:

1.        El internamiento, que puede ser en manicomios o casas de salud, en un establecimiento educativo adecuado, en una casa de trabajo o de reforma, o en una colonia agrícola.

 

2.        La suspensión o prohibición de ejercer determinada industria, impuesta, salvo el caso en que por razones de seguridad sea comercio, tráfico, profesión, cargo, empleo, oficio o autoridad, necesario prolongarla.

 

3.        La vigilancia por la autoridad.

 

4.        La caución de buena conducta.

 

 

Artículo 80.- (INTERNAMIENTO)

 

Cuando el imputado fuere declarado inimputable y absuelto por esta causa conforme al ARTÍCULO 17, el juez podrá disponer, previo dictamen de peritos, su internación en el establecimiento correspondiente, si por causa de su estado existiere el peligro de que se dañe a sí mismo 0 dañe a los demás.

 

Si no existiere un establecimiento adecuado, la internación del inimputable se hará en el que más aproximadamente pueda cumplir este fin o se lo dejará en poder de su familia, si a juicio del juez aquella ofreciere garantía suficiente para el mismo fin.

 

Esta internación durará todo el tiempo requerido para la seguridad, educación o curación.

 

Cada dos años, el juez se pronunciará de oficio sobre el mantenimiento, la modificación o cesación de la medida, sin perjuicio de poderlo hacer en cualquier momento, requiriendo previamente en todo caso los informes pertinentes y el dictamen de peritos.

 

 

Artículo 81.- (INTERNAMIENTO DE SEMI-IMPUTABLES)

 

El semi-imputable a que se refiere el ARTÍCULO 18 podrá ser sometido a un tratamiento especial si así lo requiriere su estado o se dispondrá su transferencia a un establecimiento adecuado.

 

Esta internación no podrá exceder del término de la pena impuesta, salvo el caso en que por razones de seguridad sea necesario prolongarla.

 

El tiempo de la internación se computará como parte de la pena impuesta.

 

Podrá también el juez disponer la transferencia del internado a un establecimiento penitenciario, si considera innecesario que continúe la internación, previos los informes del director del establecimiento y el dictamen de los peritos.

 

 

Artículo 82.- (INTERNAMIENTO PARA REINCIDENTES)

 

A los reincidentes, después de cumplidas las penas que les correspondan se les aplicarán internamiento en casa de trabajo o de reforma, o en una colonia penal agrícola, c bien cualquiera de las medidas previstas por el ARTÍCULO 79, de conformidad con el ARTÍCULO 43, por el tiempo que se estime necesario para su readaptación social, con revisión periódica de oficio cada dos años.

 

 

Artículo 83.- (SUSPENSION O PROHIBICION DE ACTIVIDADES)

 

Derogado por Ley No. 1768, ARTÍCULO 3.

 

 

Artículo 84.- (VIGILANCIA POR LA AUTORIDAD)

 

La vigilancia podrá durar de un mes a dos años y tendrá por efecto someter al condenado a una vigilancia especial, a cargo de la autoridad competente, de acuerdo con las indicaciones del juez de vigilancia, quien podrá disponer se preste a aquél asistencia social, si así lo requiriere.

 

Transcurrido el plazo y subsistiendo los motivos que determinaron la aplicación de esta medida, previos los informes del caso, podrán convertirse en otra u otras que se estime adecuadas.

 

 

Artículo 85.- (CAUCION DE BUENA CONDUCTA)

 

La caución de buena conducta, que durará de seis meses a tres años, impone al condenado la obligación de prestar fianza de que observará buena conducta.

 

La fianza será determinada por el juez, atendiendo a la situación económica del que debe darla y a las circunstancias del hecho y, en caso de ser real, no será nunca inferior a quinientos pesos bolivianos. Si fuere personal, el fiador debe reunir las condiciones fijadas por el Código Civil.

 

Si durante el plazo establecido, el caucionado observare buena conducta, el monto de la fianza será devuelto al depositante o quedará cancelada la caución. En caso contrario, el Juez podrá substituir la fianza con otra u otras medidas de seguridad que se estime necesarias.

 

 

Artículo 86.- (EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD)

 

En los casos en que se aplique conjuntamente una pena y una medida de seguridad, ésta se ejecutará después del cumplimiento de aquélla.

 

TITULO V RESPONSABILIDAD CIVIL Y CAJA DE REPARACIONES

 

CAPITULO I Responsabilidad civil

 

Artículo 87.- (RESPONSABILIDAD CIVIL)

 

Toda persona responsable penalmente, lo es también civilmente y está obligada a la reparación de los daños materiales y morales causados por el delito.

 

 

Artículo 88.- (PREFERENCIA)

 

La responsabilidad civil será preferente al pago de la multa y a cualquier otra obligación que el responsable hubiera contraído después de cometido el delito.

 

 

Artículo 89.- (EXENCION DE RESPONSABILIDAD CIVIL)

 

Sólo quedan exentos de la responsabilidad civil los que se hallan amparados por una causa de justificación, excepto el causante del estado de necesidad.

 

En los casos en que no se determine el causante, estarán obligadas a la responsabilidad civil las personas en cuyo favor se hubiere precavido el mal, en proporción del beneficio obtenido por cada una de ellas, y subsidiariamente, el Estado.

 

 

Artículo 90.- (HIPOTECA LEGAL, SECUESTRO Y RETENCION)

 

Desde el momento de la comisión de un delito, los bienes inmuebles de los responsables se tendrán por hipotecados especialmente para la responsabilidad civil.

 

Podrá ordenarse también por el juez, el secuestro de los bienes muebles, y la retención en su caso.

 

 

Artículo 91.- (EXTENSION)

 

La responsabilidad civil comprende:

 

1.        La restitución de los bienes del ofendido, que le serán entregados aunque sea por un tercer poseedor.

 

2.        La reparación del daño causado.

 

3.        La indemnización de todo perjuicio causado a la víctima, a su familia o a un tercero, fijándose el monto prudencialmente por el juez, en defecto de plena prueba. En toda indemnización se comprenderán siempre los gastos ocasionados a la víctima, para su curación, restablecimiento y reeducación.

 

 

Artículo 92.- (MANCOMUNIDAD Y TRANSMISIBILIDAD DE LAS OBLIGACIONES)

 

La responsabilidad civil será mancomunada entre todos los responsables del delito.

 

Esta obligación pasa a los herederos del responsable y el derecho de exigirla se transmite a los herederos de la víctima.

 

 

Artículo 93.- (PARTICIPACION DEL PRODUCTO DEL DELITO)

 

El que a título lucrativo participare del producto de un delito, estará obligado al resarcimiento, hasta la cuantía en que se hubiere beneficiado.

 

Si el responsable o los partícipes hubieren actuado como mandatarios de alguien o como representantes o miembros de una persona colectiva y el producto o provecho del delito beneficiare al mandante o representado, estarán igualmente obligados al resarcimiento en la misma proporción anterior.

 

CAPITULO II Caja de reparaciones

 

Artículo 94.- (CAJA DE REPARACIONES)

 

El Estado creará y reglamentará el funcionamiento de una Caja de Reparaciones, para atender el pago de la responsabilidad civil en los siguientes casos:

1.        A las víctimas del delito, en caso de insolvencia o incapacidad del condenado.

 

2.        A las víctimas de error judicial.

 

3.        A las víctimas, en caso de no determinarse el causante del estado de necesidad.

 

Además de los recursos que la ley señale y los que indica este Código, el fondo de la Caja se incrementará con

 

a.        Las herencias vacantes de los responsables del delito;

 

b.        Los valores y bienes decomisados como objeto del delito, que no fueren reclamados en el término de seis meses de pronunciada la sentencia;

 

c.        Las donaciones que se hicieren en favor de la caja.

 

 

Artículo 95.-(INDEMNIZACION A LOS INOCENTES)

 

Toda persona que después de haber sido sometida a juicio criminal fuere declarada inocente, tendrá derecho a la indemnización de todos los daños y perjuicios que hubiere sufrido con motivo de dicho juicio.

 

La indemnización la hará el acusador o denunciante, o el juez si dolosamente o por ignorancia o negligencia hubiere coperado a la injusticia del juicio.

 

Si el juicio se hubiere seguido de oficio o por acusación fiscal o por intervención de cualquier otro funcionario público, la indemnización se hará por el juez, fiscal y funcionarios que hubieren causado u ocasionado o cooperado en el juicio dolosa o culposamente.

 

 

TITULO VI REHABILITACION

 

CAPITULO UNICO

 

Artículo 96.- (REQUISITOS)

 

El condenado a inhabilitación podrá pedir al juez de la causa, dos años después de cumplidas todas las sanciones, su rehabilitación para recobrar el uso y goce de los derechos y capacidades de que fue privado, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

 

1.        Haber dado pruebas efectivas de buena conducta, que hagan presumir su readaptación social.

 

2.        Haber satisfecho la responsabilidad civil.

 

Si el condenado estuviere comprendido en las previsiones de los ARTÍCULOS 43 y 82, se duplicará el plazo señalado en el párrafo primero.

 

 

Artículo 97.- (EFECTOS)

 

La rehabilitación produce los siguientes efectos:

 

1.        La cancelación de todos los antecedentes penales.

 

2.        La desaparición de toda incapacidad, prohibición o restricción por motivos penales.

 

 

Artículo 98.- (REVOCATORIA)

 

Si el rehabilitado ha cometido otro delito, la rehabilitación será revocada. La inscripción de antecedentes penales recobrará en este caso todo su vigor.

 

 

Artículo 99.- (REHABILITACION DEL INOCENTE Y DEL CONDENADO POR ERROR JUDICIAL)

 

El condenado por error judicial y el inocente merecerán en sentencia especial plena rehabilitación. A esta sentencia se le dará la mayor publicidad.

 

TITULO VII EXTINCION DE LA ACCION PENAL Y DE LA PENA

 

CAPITULO UNICO

 

Artículo 100.- (EXTINCION DE LA ACCION PENAL)

 

La potestad para ejercerla acción, se extingue:

 

1.        Por muerte del autor.

 

2.        Por la amnistía.

 

3.        Por la prescripción.

 

4.        Por la renuncia o el desistimiento del ofendido en los delitos de acción privada.

 

 

Artículo 101.- (PRESCRIPCION DE LA ACCION)

 

La potestad para ejercerla acción, prescribe:

 

a.        En ocho años, para los delitos que tengan señalada una pena privativa de libertad de seis o más de seis años;

 

b.        En cinco años, para los que tengan señaladas penas privativas de libertad menores de seis y mayores de dos años;

 

c.        En tres años, para los demás delitos.

 

En los delitos sancionados con penas indeterminadas, el juez tomará siempre en cuenta el máximum de la pena señalada.

 

 

Artículo 102.- (COMIENZO DEL TERMINO DE LA PRESCRIPCION)

 

La prescripción empezará a correr desde la media noche del día en que se cometió el delito, siempre que no se hubiere iniciado la instrucción correspondiente. En caso de que se hubiera dado ya comienzo, el término de la prescripción de la acción se computará desde la última actuación.

 

 

Artículo 103.- (EFECTOS DE LA RENUNCIA DEL OFENDIDO)

 

En caso de ser varios los ofendidos, la renuncia o desistimiento de uno de ellos no tendrá efecto con respecto a los demás.

 

La renuncia o desistimiento a favor de uno de los partícipes del delito, beneficia a los otros.

 

 

Artículo 104.- (EXTINCION DE LA PENA)

 

La potestad para ejecutar la pena impuesta por sentencia ejecutoriada, se extingue:

 

1.        Por muerte del autor.

 

2.        Por la amnistía

 

3.        Por la prescripción

 

4.        Por el orden judicial y el de la parte ofendida. en los casos previstos en este Código.

 

 

Artículo 105.- (TERMINOS PARA LA PRESCRIPCION DE LA PENA)

 

La potestad para ejecutar la pena prescribe.

 

1.        En diez años, si se trata de pena privativa de libertad mayor de seis años.

 

2.        En siete años, tratándose de penas privativas de libertad menores de seis años y mayores de dos.

 

3.        En cinco años, si se trata de las demás penas.

 

Estos plazos empezarán a correr desde el día de la notificación con la sentencia condenatoria, o desde el quebrantamiento de la condena, si esta hubiera empezado a cumplirse.

 

 

Artículo 106.- (INTERRUPCION DEL TERMINO DE LA PRESCRIPCION)

 

Tanto el término de la prescripción de la acción como el de la pena, se interrumpen por la comisión de otro delito, con excepción de los políticos.

 

 

 

Artículo 107.- (VIGENCIA DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL)

 

La amnistía y la prescripción de la pena no dejan sin efecto la responsabilidad civil, la misma que podrá prescribir de acuerdo con las reglas del Código Civil.

 

 

Artículo 108.- (SANCIONES ACCESORIAS Y MEDIDAS DESEGURIDAD)

 

Las sanciones accesorias prescribirán en tres años, computados desde el día en que debían empezar a cumplirse. y las medidas de seguridad, cuando su aplicación, a criterio del juez y previos los informes pertinentes. sea innecesaria, por haberse comprobado la readaptación social del condenado.

 

 

LIBRO SEGUNDO PARTE ESPECIAL

 

TITULO I DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DEL ESTADO

 

CAPITULO I Delitos contra la seguridad exterior del Estado

 

Artículo 109.- (TRAICION)

 

El boliviano que tomare armas contra la patria, se uniere a sus enemigos, les prestare ayuda, o se hallare en complicidad con el enemigo durante el estado de guerra extranjera, será sancionado con treinta años de presidio sin derecho a indulto.

 

 

Artículo 110.- (SOMETIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LA NACION A DOMINIO EXTRANJERO)

 

El que realizare los actos previstos en el ARTÍCULO anterior, tendientes a someter total o parcialmente la Nación al dominio extranjero o a menoscabar su independencia o integridad, será sancionado con treinta años de presidio.

 

 

Artículo 111.- (ESPIONAJE)

 

El que procurare documentos, objetos o informaciones secretos de orden político o militar relativos a la seguridad. a los medios de defensa o a las relaciones exteriores, con fines de espionaje en favor de otros países en tiempo de paz, que pongan en peligro la seguridad del Estado, incurrirá en la pena de treinta años de presidio sin derecho a indulto.

 

 

 

Artículo 112.- (INTRODUCCION CLANDESTINA Y POSESION DE MEDIOS DE ESPIONAJE)

 

El que en tiempo de guerra se introdujere clandestinamente, con engaño o violencia, en lugar o zona militar o fuere sorprendido en tales lugares o en sus proximidades en posesión injustificada de medios de espionaje, incurrirá en privación de libertad de cinco a diez años.

 

 

Artículo 113.- (DELITOS COMETIDOS POR EXTRANJEROS)

 

Los extranjeros residentes en territorio boliviano se hallan comprendidos en los ARTÍCULOS anteriores y se les impondrá las sanciones señaladas en los mismos, salvo lo establecido por tratados o por el derecho de gentes acerca de los funcionarios diplomáticos.

 

 

Artículo 114.- (ACTOS HOSTILES)

 

El que sin conocimiento ni influjo del Gobierno cometiere hostilidades contra alguna potencia extranjera y expusiere al Estado por esta causa al peligro serio de una declaración de guerra o a que se hagan vejaciones o represalias contra sus nacionales en el exterior o a la ruptura de relaciones diplomáticas, será sancionado con privación de libertad de dos a cuatro años.

 

Si por efecto de dichas hostilidades resultare la guerra, la pena será de diez años de presidio.

 

 

Artículo 115.- (REVELACION DE SECRETOS)

 

El que revelare secretos de carácter político o militar concernientes a la seguridad del Estado, a los medios de defensa o a las relaciones exteriores, incurrirá en privación de libertad de uno a seis años.

 

La sanción será elevada en un tercio, si el agente perpetrare este delito abusando de la función, empleo o comisión conferidos por la autoridad pública.

 

 

Artículo 116.- (DELITO POR CULPA)

 

Si la revelación de los secretos mencionados en el ARTÍCULO anterior fuere cometida por culpa del que se hallare en posesión, en virtud de su empleo u oficio, la sanción será de reclusión de seis meses a dos años.

 

 

Artículo 117.- (INFIDELIDAD EN NEGOCIOS DEL ESTADO)

 

El representante o comisionado por el Gobierno de Bolivia para negociar un tratado, acuerdo o convenio con otro Estado, que se apartare de sus instrucciones de modo que pueda producir perjuicio al interés nacional, incurrirá en presidio de dos a seis años.

 

La sanción será elevada en una mitad, si el delito se perpetrare con fines de lucro o en tiempo de guerra.

 

 

Artículo 118.- (SABOTAJE)

 

El que en tiempo de guerra destruyere o inutilizare instalaciones, vías, obras u otros medios de defensa, comunicación, transporte, aprovisionamiento, etc., con el propósito de perjudicar la capacidad o el esfuerzo bélico de la Nación, será sancionado con treinta años de presidio.

 

 

Artículo 119.- (INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS DE INTERES MILITAR)

 

El que en tiempo de guerra no cumpliere debidamente obligaciones contractuales relativas a necesidades de las fuerzas armadas o de la defensa nacional, incurrirá en presidio de dos a seis años.

 

 

Artículo 120.- (DELITOS CONTRA UN ESTADO ALIADO)

 

Las disposiciones establecidas en los ARTÍCULOS anteriores se aplicarán también cuando los hechos previstos en ellas fueren cometidos contra una potencia aliada de Bolivia, en guerra contra un enemigo común.

 

 

CAPITULO II Delitos contra la seguridad interior del Estado

 

Artículo 121.- (ALZAMIENTOS ARMADOS CONTRA LA SEGURIDAD Y SOBERANIA DEL ESTADO)

 

Los que se alzaren en armas con el fin de cambiar la Constitución Política o la forma de gobierno establecida en ella, deponer algunos de los poderes públicos del gobierno nacional o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de sus facultades constitucionales o su renovación en los términos legales, serán sancionados con privación de libertad de cinco a quince años.

 

Los que organizaren o integraren grupos armados irregulares, urbanos o rurales, bajo influencia interna o externa, para promover enfrentamientos armados con fuerzas regulares o de seguridad pública, o para cometer atentados contra la vida y seguridad de las personas, la integridad territorial o la soberanía del Estado, serán sancionados con la pena de quince a treinta años de presidio.

 

 

Artículo 122.- (CONCESION DE FACULTADES EXTRAORDINARIAS)

 

Incurrirán en privación de libertad de dos a seis años los miembros del Congreso o los que en reunión popular concedieren al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias, la suma del Poder Público o supremacías por las que la vida, los bienes y el honor de los bolivianos queden a merced del Gobierno o de alguna persona.

 

 

Artículo 123.- (SEDICION)

 

Serán sancionados con reclusión de uno a tres años los que sin desconocer la autoridad del Gobierno legalmente constituido, se alzaren públicamente y en abierta hostilidad, para deponer a algún funcionario o empleado público, impedir su posesión u oponerse al cumplimiento de leyes, decretos o resoluciones judiciales o administrativas, ejercer algún acto de odio o de venganza en la persona o bienes de alguna autoridad o de los particulares o trastornar o turbar de cualquier otro modo el orden público.

 

Los funcionarios públicos que no hubieren resistido una rebelión o sedición por todos los medios a su alcance incurrirán en reclusión de uno a dos años.

 

 

Artículo 124.- (ATRIBUIRSE LOS DERECHOS DEL PUEBLO)

 

Con la misma pena serán sancionados los que formen parte de una fuerza armada o de una reunión de personas que se atribuyeren los derechos del pueblo y pretendieren ejercer tales derechos a su nombre.

 

 

Artículo 125.- (DISPOSICIONES COMUNES A LOS DELITOS DE REBELION Y SEDICION)

 

En caso de que los rebeldes o sediciosos se sometieren al primer requerimiento de la autoridad pública, sin haber causado otro daño que la perturbación momentánea del orden, sólo serán sancionados los promotores o directores, a quienes se les aplicará la mitad de la pena señalada para el delito.

 

 

Artículo 126.- (CONSPIRACION)

 

El que tomare parte en una conspiración de tres o más personas, para cometer los delitos de rebelión o sedición, será sancionado con la pena del delito que se trataba de perpetrar, disminuida en una mitad.

 

Estarán exentos de pena los partícipes que desistieren voluntariamente antes de la ejecución del hecho propuesto y los que espontáneamente impidieren la realización del delito.

 

 

Artículo 127.-(SEDUCCION DE TROPAS)

 

El que sedujere tropas o usurpare el mando de ellas o retuviere ilegalmente un mando político o militar, para cometer una rebelión o una sedición, será sancionado con la mitad de la pena correspondiente al delito que trataba de perpetrar.

 

 

Artículo 128.- (ATENTADOS CONTRA EL PRESIDENTE Y OTROS DIGNATARIOS DE ESTADO)

 

El que atentare contra la vida o seguridad del Presidente de la República, Vicepresidente. Ministros de Estado y Presidente del Congreso Nacional, será sancionado con la pena de cinco a diez años de privación de libertad.

 

Si como consecuencia del atentado cometido se produjere la muerte, se aplicará la pena máxima que le corresponda; si resultaren lesiones graves en la víctima, la sanción aplicable al hecho será aumentada en una tercera parte.

 

 

Artículo 129.- (ULTRAJE A LOS SIMBOLOS NACIONALES)

 

El que ultrajare públicamente la bandera, el escudo o el himno de la Nación, será sancionado con reclusión de seis meses a dos años.

 

 

CAPITULO III Delitos contra la tranquilidad pública

 

Artículo 130.- (INSTIGACION PUBLICA A DELINQUIR)

 

El que instigare públicamente a la comisión de un delito determinado, será sancionado con reclusión de un mes a un año.

 

Si la instigación se refiriere a un delito contra la seguridad del Estado, la función pública o la economía nacional, la pena aplicable será de reclusión de tres meses a dos años.

 

 

Artículo 131.- (APOLOGIA PUBLICA DE UN DELITO)

 

Incurrirá en reclusión de un mes a un año, el que hiciere públicamente la apología de un delito o de una persona condenada.

 

 

Artículo 132.- (ASOCIACION DELICTUOSA)

 

El que formare parte de una asociación de cuatro o más personas, destinada a cometer delitos, será sancionado con reclusión de seis meses a dos años o prestación de trabajo de un mes a un año.

 

Igual pena se aplicará a los que formaren parte de bandas juveniles con objeto de provocar desórdenes, ultrajes, injurias o cualquier otro delito.

 

 

Artículo 132 bis.- (ORGANIZACION CRIMINAL)

 

El que formare parte de una asociación de tres o más personas organizada de manera permanente, bajo reglas de disciplina o control, destinada a cometer los siguientes delitos: genocidio, destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, sustracción de un menor o incapaz, privación de libertad, vejaciones y torturas, secuestro, legitimación de ganancias ilícitas, fabricación o tráfico ilícito de sustancias controladas, delitos ambientales previstos en leyes especiales, delitos contra la propiedad intelectual, o se aproveche de estructuras comerciales o de negocios, para cometer tales delitos, será sancionado con reclusión de uno a tres años.

 

Los que dirijan la organización serán sancionados con reclusión de dos a seis años.

 

La pena se aumentará en un tercio cuando la organización utilice a menores de edad o incapaces para cometer los delitos a que se refiere este ARTÍCULO, y cuando el miembro de la organización sea un funcionario público encargado de prevenir, investigar o juzgar la comisión de delitos.

 

 

Artículo 133.- (TERRORISMO)

 

El que tomare parte, actuare al servicio o colaborare con una organización armada destinada a cometer delitos contra la seguridad común, la vida, la integridad corporal, la libertad de locomoción o la propiedad, con la finalidad de subvertir el orden constitucional o mantener en estado de zozobra, alarma o pánico colectivo a la población o a un sector de ella, será sancionado con presidio de quince a veinte años, sin perjuicio de la pena que le corresponda si se cometieren tales delitos.

 

 

Artículo 134.- (DESORDENES O PERTURBACIONES PUBLICAS)

 

Los que con el fin de impedir o perturbar una reunión lícita, causaren tumultos, alborotos u otros desórdenes, serán sancionados con prestación de trabajo de un mes a un año.

 

 

CAPITULO IV Delitos contra el derecho internacional

 

Artículo 135.- (DELITOS CONTRA JEFES DE ESTADO EXTRANJEROS)

 

El que atentare directamente y de hecho contra la vida, la seguridad, la libertad o el honor del Jefe de un Estado extranjero que se hallare en territorio boliviano, incurrirá en la pena aplicable al hecho, con el aumento de una cuarta parte.

 

 

Artículo 136.- (VIOLACION DE INMUNIDADES)

 

El que violare las inmunidades del Jefe de un Estado o del representante de una potencia extranjera, o de quien se hallare amparado por inmunidades diplomáticas, incurrirá en privación de libertad de seis meses a dos años.

 

En la misma pena incurrirá el que les ofendiere en su dignidad o decoro, mientras se encontraren en territorio boliviano.

 

 

Artículo 137.- (VIOLACION DE TRATADOS, TREGUAS, ARMISTICIOS O SALVOCONDUCTOS)

 

El que violare tratados, tregua o armisticio celebrado entre la Nación y el enemigo o entre sus fuerzas beligerantes, o los salvoconductos debidamente expedidos, será sancionado con privación de libertad de seis meses a dos años.

 

 

Artículo 138.- (GENOCIDIO)

 

El que con propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico o religioso, diere muerte o causare lesiones a los miembros del grupo, o los sometiere a condiciones de inhumana subsistencia, o les impusiere medidas destinadas a impedir su reproducción, o realizare con violencia el desplazamiento de niños o adultos hacia otros grupos, será sancionado con presidio de diez a veinte años. En la misma sanción incurrirán el o los autores, u otros culpables directos o indirectos de masacres sangrientas en el país.

 

Si el o los culpables fueren autoridades o funcionarios públicos, la pena será agravada con multa de cien a quinientos días.

 

 

Artículo 139.- (PIRATERIA)

 

El que se apoderare, desviare de su ruta establecida, o destruyere navíos o aeronaves, capturare, matare, lesionare a sus tripulantes o pasajeros, o cometiere algún acto de depredación, será sancionado con privación de libertad de dos a ocho años.

 

Con la misma pena será sancionado el que desde el territorio de la República. a sabiendas, traficare con piratas o les suministrare auxilio.

 

 

Artículo 140.- (ENTREGA INDEBIDA DE PERSONA)

 

El funcionario público o autoridad que entregare o hiciere entregar a otro Gobierno un nacional o un extranjero residente en Bolivia, sin sujetarse estrictamente a los tratados, convenios o usos internacionales o sin cumplir las formalidades por ellos establecidas, incurrirá en privación de libertad de uno a dos años.

 

 

Artículo 141.- (ULTRAJE A LA BANDERA, EL ESCUDO O EL HIMNO DE UN ESTADO EXTRANJERO)

 

El que ultrajare públicamente la bandera, el escudo o el himno de una nación extranjera, será sancionado con reclusión de tres meses a un año.

 

 

TITULO II DELITOS CONTRA LA FUNCION PUBLICA

 

CAPITULO I Delitos cometidos por funcionarios públicos

 

Artículo 142.- (PECULADO)

 

El funcionario público que, aprovechando del cargo que desempeña se apropiare de dinero, valores o bienes de cuya administración, cobro o custodia se hallare encargado, será sancionado con privación de libertad de tres a ocho años y multa de sesenta a doscientos días.

 

 

Artículo 143.- (PECULADO CULPOSO)

 

El funcionario público que culposamente diere lugar a la comisión de dicho delito, será sancionado con prestación de trabajo de un mes a un año y multa de veinte a cincuenta días.

 

 

Artículo 144.- (MALVERSACION)

 

El funcionario público que diere a los caudales que administra, percibe o custodia, una aplicación distinta de aquella a que estuvieren destinados, incurrirá en reclusión de un mes a un año o multa veinte a doscientos cuarenta días.

 

Si del hecho resultare daño o entorpecimiento para el servicio público, la sanción será agravada en un tercio.

 

 

Artículo 145.- (COHECHO PASIVO PROPIO)

 

El funcionario público o autoridad que para hacer o dejar de hacer un acto relativo a sus funciones o contrario a los deberes de su cargo, recibiere directamente o por interpuesta persona, para si o un tercero, dádivas o cualquier otra ventaja o aceptare ofrecimientos o promesas, será sancionado con presidio de dos a seis años y multa de treinta a cien días.

 

 

Artículo 146.- (USO INDEBIDO DE INFLUENCIAS)

 

El funcionario público o autoridad que, directamente o por interpuesta persona y aprovechando de las funciones que ejerce o usando indebidamente de las influencias derivadas de las mismas, obtuviere ventajas o beneficios, para sí o para un tercero, será sancionado con presidio de dos a ocho años y multa de cien a quinientos días.

 

 

Artículo 147 – (BENEFICIOS EN RAZON DEL CARGO)

 

El funcionario público o autoridad que en consideración a su cargo admitiere regalos u otros beneficios, será sancionado con reclusión de uno a tres años y multa de sesenta a doscientos días.

 

 

Artículo 148.- (DISPOSICION COMUN)

 

Las disposiciones anteriores se aplicarán, en los casos respectivos. a los personeros, funcionarios y empleados de las entidades autónomas, autárquicas, mixtas y descentralizadas, así como a los representantes de establecimientos de beneficencia, de instrucción pública, deportes y otros que administraren o custodiaren los bienes que estuvieren a su cargo.

 

 

Artículo 149.- (OMISION DE DECLARACION DE BIENES Y RENTAS)

 

El funcionario público que conforme a la ley estuviere obligado a declarar sus bienes y rentas a tiempo de tomar posesión de su cargo y no lo hiciere, será sancionado con una multa de treinta días.

 

 

Artículo 150.- (NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES CON EL EJERCICIO DE FUNCIONES PUBLICAS)

 

El funcionario público que por sí o por interpuesta persona o por acto simulado se interesare y obtuviere para sí o para tercero un beneficio ilícito en cualquier contrato, suministro, subasta u operación en que interviene por razón de su cargo, incurrirá en privación de libertad de uno a tres años y multa de treinta a quinientos días.

 

Esta disposición es aplicable a los árbitros, peritos, auditores, contadores, martilleros o rematadores y demás profesionales respecto a los actos en los cuales, por razón de su oficio, intervinieren y a los tutores, curadores, albaceas y síndicos respecto de los bienes pertenecientes a sus pupilos, curados, testamentarías, concursos, liquidaciones y actos análogos.

 

 

Artículo 151.- (CONCUSION)

 

El funcionario público o autoridad que con abuso de su condición o funciones, directa o indirectamente, exigiere u obtuviere dinero u otra ventaja ilegítima o en proporción superior a la fijada legalmente, en beneficio propio o de un tercero, será sancionado con presidio de dos a cinco años.

 

 

Artículo 152.- (EXACCIONES)

 

El funcionario público que exigiere u obtuviere las exacciones expresadas en el ARTÍCULO anterior para convertirlas en beneficio de la administración pública, será sancionado con reclusión de un mes a dos años.

 

Si se usare de alguna violencia en los casos de los dos ARTÍCULOS anteriores, la sanción será agravada en un tercio.

 

 

ABUSO DE AUTORIDAD

 

Artículo 153.- (RESOLUCIONES CONTRARIAS A LA CONSTITUCION Y A LAS LEYES)

 

El funcionario público o autoridad que dictare resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o a las leyes o ejecutare o hiciere ejecutar dichas resoluciones u órdenes, incurrirá en reclusión de un mes a dos años.

 

 

Artículo 154.- (INCUMPLIMIENTO DE DEBERES)

 

El funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función incurrirá en reclusión de un mes a un año.

 

 

Artículo 155.- (DENEGACION DE AUXILIO)

 

El funcionario encargado de la fuerza pública que rehusare, omitiere o retardare, sin causa justificada, la prestación de un auxilio legalmente requerido por autoridad competente, será sancionado con reclusión de seis meses a dos años.

 

 

Artículo 156.- (ABANDONO DE CARGO)

 

El funcionario o empleado público que, con daño del servicio público, abandonare su cargo sin haber cesado legalmente en el desempeño de éste, será sancionado con multa de treinta días.

 

El que incitare al abandono colectivo del trabajo a funcionarios o empleados públicos, incurrirá en reclusión de un mes a un años multa de treinta a sesenta días.

 

 

Artículo 157.- (NOMBRAMIENTOS ILEGALES)

 

Será sancionado con multa de treinta a cien días el funcionario público que propusiere en terna o nombrare para un cargo público a persona que no reuniere las condiciones legales para su desempeño.

 

 

CAPITULO II Delitos cometidos por particulares

 

Artículo 158.- (COHECHO ACTIVO)

 

El que directamente o por interpuesta persona, diere o prometiere a un funcionario público o autoridad, dádivas o cualquier otra ventaja, para hacer o dejar de hacer algo relativo a sus funciones, será sancionado con la pena del ARTÍCULO 145, disminuida en un tercio.

 

Quedará exento de pena por este delito el particular que hubiera accedido ocasionalmente a la solicitud de dádiva o ventaja requerida por autoridad o funcionario público y denunciare el hecho a la autoridad competente antes de la apertura del correspondiente procedimiento penal.

 

 

Artículo 159.- (RESISTENCIA A LA AUTORIDAD)

 

El que resistiere o se opusiere, usando de violencia o intimidación, a la ejecución de un acto realizado por un funcionario público 0 autoridad en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquellos o en virtud de una obligación legal, será sancionado con reclusión de un mes a un año.

 

 

Artículo 160.- (DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD)

 

El que desobedeciere una orden emanada de un funcionario público o autoridad, dada en el ejercicio legítimo de sus funciones, incurrirá en multa de treinta a cien días.

 

 

Artículo 161.-(IMPEDIR O ESTORBAR EL EJERCICIO DE FUNCIONES)

 

El que impidiere o estorbare a un funcionario público el ejercicio de sus funciones, incurrirá en reclusión de un mes a un año.

 

 

Artículo 162.- (DESACATO)

 

El que por cualquier medio calumniare, injuriare o difamare a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones o a causa de ellas, será sancionado con privación de libertad de un mes a dos años.

 

Si los actos anteriores fueren dirigidos contra el Presidente o Vicepresidente de la República, Ministros de Estado o de la Corte Suprema o de un miembro del Congreso, la sanción será agravada en una mitad.

 

 

Artículo 163.- (ANTICIPACION O PROLONGACION DE FUNCIONES)

 

El que ejerciere funciones públicas sin título o nombramiento expedido por autoridad competente y sin haber llenado otros requisitos exigidos por ley, será sancionado con prestación de trabajo de dos a seis meses.

 

En la misma pena incurrirá el que después de habérsele comunicado oficialmente que ha cesado en el desempeño de un cargo público, continuare ejerciéndolo en todo o en parte.

 

 

Artículo 164.- (EJERCICIO INDEBIDO DE PROFESION)

 

El que indebidamente ejerciere una profesión para la que se requiere título, licencia, autorización o registro especial, será sancionado con privación de libertad de uno a dos años.

 

 

Artículo 165.-(SIGNIFICACION DE TERMINOS EMPLEADOS)

 

Para los efectos de aplicación de este Código, se designa con los términos “funcionario público” y `’empleado público” al que participa, en forma permanente o temporal, del ejercicio de funciones públicas, sea por elección popular o por nombramiento.

 

Se considera “autoridad” al que por sí mismo o como perteneciente a una institución o tribunal, tuviere mando o ejerciere jurisdicción propia.

 

Si el delito hubiere sido cometido durante el ejercicio de la función pública, se aplicarán las disposiciones de este Código aun cuando el autor hubiere dejado de ser funcionario.

 

 

TITULO III DELITOS CONTRA LA FUNCION JUDICIAL

 

CAPITULO I Delitos contra la actividad judicial

 

Artículo 166.- (ACUSACION Y DENUNCIA FALSA)

 

El que a sabiendas acusare o denunciare como autor o partícipe de un delito de acción pública a una persona que no lo cometió, dando lugar a que se inicie el proceso criminal correspondiente, será sancionado con privación de libertad de uno a tres años.

 

Si como consecuencia sobreviniere la condena de la persona denunciada o acusada, la pena será de privación de libertad de dos a seis años.

 

 

Artículo 167.- (SIMULACION DE DELITO)

 

El que a sabiendas denunciare o hiciere creer a una autoridad haberse cometido un delito de acción pública inexistente, que diere lugar la instrucción de un proceso para verificarlo, será sancionado con prestación de trabajo de tres meses a un año.

 

 

Artículo 168.- (AUTOCALUMNIA)

 

El que mediante declaración o confesión hechas ante la autoridad competente para levantar las primeras diligencias de policía judicial o para instruir el proceso, se inculpare falsamente de haber cometido un delito de acción pública o de un delito de la misma naturaleza perpetrado por otro, será sancionado con prestación de trabajo de un mes a un año.

 

Si el hecho fuere ejecutado en interés de un pariente próximo o de persona de íntima amistad, podrá eximirse de pena al autor.

 

 

Artículo 169.- (FALSO TESTIMONIO)

 

El testigo, perito, intérprete, traductor o cualquier otro que fuere interrogado en un proceso judicial o administrativo, que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o parte de lo que supiere sobre el hecho o lo a éste concerniente, incurrirá en reclusión de uno a quince meses.

 

Si el falso testimonio fuere cometido en juicio criminal, en perjuicio del inculpado, la pena será de privación de libertad de uno a tres años.

 

Cuando el falso testimonio se perpetrare mediante soborno, la pena precedente se aumentará en un tercio.

 

 

Artículo 170.- (SOBORNO)

 

El que ofreciere o prometiere dinero o cualquier ventaja apreciable a las personas a que se refiere el ARTÍCULO anterior, con el fin de lograr el falso testimonio, aunque la oferta o promesa no haya sido aceptada o siéndolo, la falsedad no fuese cometida, incurrirá en reclusión de uno a dos años y multa de treinta a cien días.

 

 

Artículo 171.- (ENCUBRIMIENTO)

 

El que después de haberse cometido un delito, sin promesa anterior, ayudare a alguien a eludir la acción de la justicia u omitiere denunciar el hecho estando obligado a hacerlo, incurrirá en reclusión de seis meses a dos años.

 

 

Artículo 172.- (RECEPTACION)

 

El que después de haberse cometido un delito ayudare a alguien a asegurar el beneficio o resultado del mismo o recibiere, ocultare, vendiere o comprare a sabiendas los instrumentos que sirvieron para cometer el delito o las cosas obtenidas por medios criminosos, será sancionado con reclusión de seis meses a dos años.

 

Quedará exento de pena el que encubriere a sus ascendientes, descendientes o consorte.

 

 

Artículo 173.- (PREVARICATO)

 

El juez que en el ejercicio de sus funciones dictare resoluciones manifiestamente contrarias a la ley será sancionado con reclusión de dos a cuatro años.

 

Si como resultado del prevaricato en proceso penal se condenare a una persona inocente, se le impusiere pena más grave que la justificable o se aplicara ilegítimamente la detención preventiva, la pena será de reclusión de tres a ocho años.

 

Lo dispuesto en el párrafo primero de este ARTÍCULO, es aplicable a los árbitros o amigables componedores o a quien desempeñare funciones análogas de decisión o resolución.

 

 

Artículo 173 bis.- (COHECHO PASIVO DEL JUEZ)

 

El juez que aceptare promesa o dádiva para dictar, demorar u omitir, dictar una resolución o fallo, en asunto sometido a su competencia, será sancionado con reclusión de tres a ocho años y con multa de doscientos a quinientos días.

 

 

Artículo 174.- (CONSORCIO DE JUECES Y ABOGADOS)

 

El juez que concertare la formación de consorcios con uno o varios abogados, o formare parte de ellos, con el objeto de procurarse ventajas económicas ilícitas, en detrimento de la sana administración de justicia, será sancionado con presidio de dos a cuatro años.

 

Idéntica sanción será impuesta al o a los abogados que, con igual finalidad y efecto, concertaren dichos consorcios con uno o varios jueces, o formaren también parte de ellos.

 

 

Artículo 175.- (ABOGACIA Y MANDATO INDEBIDOS)

 

El que sin estar profesionalmente habilitado para ejercer como abogado o mandatario, ejerciere directa o indirectamente como tal, incurrirá en prestación de trabajo de un mes a un año y multa de treinta a cien días.

 

 

Artículo 176.- (PATROCINIO INFIEL)

 

El abogado o mandatario que defendiere o representare partes contrarias en el mismo juicio o que de cualquier modo perjudicare deliberadamente los intereses que le fueren confiados, será sancionado con prestación de trabajo de un mes a un año y multa de cien a trescientos días.

 

 

Artículo 177.- (NEGATIVA O RETARDO DE JUSTICIA)

 

El funcionario judicial, o administrativo, que, en ejercicio de la función pública con jurisdicción y competencia, administrando justicia, retardare o incumpliere los términos en los cuales les corresponda pronunciarse sobre los trámites, gestiones, resoluciones o sentencias conforme a las Leyes Procedimentales, a la equidad y justicia y a la pronta administración de ella, será sancionado con la pena de dos a cinco años de privación de libertad.

 

Texto según Ley No. 517 de 9 de mayo de 1980, ARTÍCULO primero.

 

 

Artículo 178.- (OMISION DE DENUNCIA)

 

El juez o funcionario público que, estando por razón de su cargo, obligado a promover la denuncia o persecución de delitos y delincuentes, dejare de hacerlo, será sancionado con reclusión de tres meses a un año o multa de sesenta a doscientos cuarenta días, a menos que pruebe que su omisión provino de un motivo insuperable.

 

 

Artículo 179.- (DESOBEDIENCIA JUDICIAL)

 

El que emplazado, citado o notificado legalmente por la autoridad judicial competente en calidad de testigo, perito, traductor o intérprete, se abstuviere de comparecer, sin justa causa, y el que hallándose presente rehusare prestar su concurso, incurrirá en prestación de trabajo de uno a tres meses o multa de veinte a sesenta días.

 

 

Artículo 179 bis.- (DESOBEDIENCIA A RESOLUCIONES EN PROCESOS DE HABEAS CORPUS Y AMPARO CONSTITUCIONAL)

 

El funcionario o particular que no diere exacto cumplimiento a las resoluciones judiciales, emitidas en procesos de hábeas corpus o amparo constitucional, será sancionado con reclusión de dos a seis años y con multa de cien a trescientos días.

 

 

Artículo 179 ter.- (DISPOSICION COMUN)

 

Los hechos previstos en los ARTÍCULOS 173. 173 bis y 177 constituirán falta muy grave a los efectos de la responsabilidad disciplinaria que determine la autoridad competente. Si el procedimiento administrativo disciplinario se sustancia con anterioridad al proceso penal, tendrá prioridad sobre este último en su tramitación.

 

La resolución administrativa que se dicte no producirá efecto de cosa juzgada en relación al ulterior proceso penal que se lleve a cabo, debiendo ajustarse al contenido de la sentencia penal que se dicte con posterioridad.

 

CAPITULO II Delitos contra la autoridad de las decisiones judiciales

 

Artículo 180.- (EVASION)

 

El que se evadiere, hallándose legalmente detenido o condenado, será sancionado con reclusión de uno a seis meses.

 

Si el hecho se perpetrare empleando violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas, la sanción será de reclusión de seis meses a dos años.

 

 

Artículo 181.- (FAVORECIMIENTO DE LA EVASION)

 

El que a sabiendas favoreciere, directa o indirectamente, la evasión de un detenido o condenado, incurrirá en prestación de trabajo de uno a seis meses.

 

Si el autor fuere un funcionario público, la pena será aumentada en un tercio.

 

Será disminuida en la misma proporción, si el autor fuere ascendiente, descendiente, cónyuge o hermano del evadido.

 

 

Artículo 182.- (EVASION POR CULPA)

 

Si la evasión se produjere por culpa de un funcionario público, se impondrá a éste multa de treinta a cien días.

 

 

Artículo 183.- (QUEBRANTAMIENTO DE SANCION)

 

El que eludiere la ejecución de una sanción penal impuesta por sentencia firme, incurrirá en privación de libertad de un mes a un año.

 

El que quebrantare el cumplimiento de una sanción firme que hubiere ya empezado a cumplir, incurrirá en privación de libertad de tres meses a dos años.

 

 

Artículo 184.- (INCUMPLIMIENTO Y PROLONGACION DE SANCION)

 

El encargado de hacer cumplir una sanción penal firme que, a sabiendas, la dejare de ejecutar total o parcialmente o la siguiere haciendo cumplir una vez transcurrido el término de la misma, será sancionado con reclusión de un mes a un año.

 

 

Artículo 185.- (RECEPCION Y ENTREGA INDEBIDA)

 

El encargado de un lugar de detención o condena que recibiere como arrestada, presa o detenida a una persona, sin copiar en su registro el mandamiento correspondiente, fuera del caso previsto en el Art. 11 de la Constitución, incurrirá en reclusión de un mes a un año.

 

En la misma pena incurrirá, si entregare indebidamente, aunque fuere a una autoridad o funcionario público, un detenido o condenado.

 

 

CAPITULO III Régimen penal y administrativo de la legitimación de ganancias ilícitas

 

Artículo 185 bis.- (LEGITIMACION DE GANANCIAS ILICITAS)

 

El que adquiera, convierta o transfiera bienes, recursos o derechos, que procedan de delitos vinculados al tráfico ilícito de sustancias controladas, de delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones o de delitos cometidos por organizaciones criminales, con la finalidad de ocultar o encubrir su naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o propiedad verdadera, será sancionado con presidio de uno a seis años y con multa de cien a quinientos días.

 

Este tipo penal se aplicará a las conductas descritas previamente, aunque los delitos de los cuales proceden las ganancias ilícitas hayan sido cometidos total o parcialmente en otro país, siempre que esos hechos sean considerados delictivos en ambos países.

 

 

Artículo 185 ter.- (REGIMEN ADMINISTRATIVO DE LA LEGITIMACION DE GANANCIAS ILICITAS)

 

Créase la Unidad de Investigaciones Financieras, la que formará parte de la estructura orgánica de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. El Poder Ejecutivo, mediante Decreto Supremo, establecerá su organización, atribuciones, la creación de unidades desconcentradas en el sistema de regulación financiera, el procedimiento, la forma de transmisión y el contenido de las declaraciones que se le envíen, el régimen de infracciones administrativas y los procedimientos para la imposición de sanciones administrativas.

 

Las entidades financieras y sus directores, gerentes, administradores o funcionarios que contravengan las obligaciones establecidas en el Decreto Supremo reglamentario, se harán pasibles a la imposición de las sanciones administrativas establecidas en las normas legales que regulan el sistema financiero. Los directores, gerentes, administradores o funcionarios encargados de denunciar posibles casos de legitimación de ganancias ilícitas a la Unidad de Investigaciones Financieras estarán exentos de responsabilidad administrativa, civil y penal, siempre que la denuncia cumpla las normas establecidas en el decreto reglamentario.

 

La máxima autoridad ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras sustanciará la determinación de la responsabilidad administrativa y el Superintendente aplicará las sanciones consiguientes, sujetándose al régimen legalmente establecido. Para determinar la sanción que corresponda, se tomará en cuenta la gravedad del incumplimiento y el grado de participación y de culpabilidad de los sujetos responsables. En estos casos, el régimen de impugnaciones y recursos de sus resoluciones, se sujetará a lo establecido por ley.

 

Las entidades financieras y sus órganos, no podrán invocar el secreto bancario cuando los agentes de la Unidad de Investigaciones Financieras requieran información para el adecuado cumplimiento de sus funciones. La información obtenida por la Unidad de Investigaciones Financieras sólo podrá ser utilizada a objeto de investigar la legitimación de ganancias ilícitas.

 

 

TITULO IV DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA

 

CAPITULO I Falsificación de moneda, billetes de banco, títulos al portador y documentos de crédito

 

Artículo 186: (FALSIFICACION DE MONEDA)

 

El que falsificare moneda metálica o papel moneda de curso legal. nacional o extranjera, fabricándola, alterándola o cercenándola, y el que la introdujere, expendiere o pusiere en circulación, será sancionado con privación de libertad de dos a ocho años.

 

 

Artículo 187.- (CIRCULACION DE MONEDA FALSA RECIBIDA DE BUENA FE)

 

El que habiendo recibido de buena fe moneda falsa, la pusiere en circulación con conocimiento de la falsedad, será sancionado con multa de treinta a cien días.

 

 

Artículo 188.- (EQUIPARACION DE VALORES A LA MONEDA)

 

A los efectos de la ley penal, quedan equiparados a la moneda:

 

1.        Los billetes de Banco legalmente autorizados.

 

2.        Los bonos de la deuda nacional.

 

3.        Los títulos, cédulas y acciones al portador, emitidos legalmente por los Bancos, entidades, compañías o sociedades autorizadas para ello.

 

4.        Los cheques.

 

 

Artículo 189.- (EMISION ILEGAL)

 

El encargado de la emisión o fabricación de moneda que a sabiendas autorizare, emitiere o fabricare moneda que no se ajuste a los requerimientos legales, o pusiere en circulación moneda que no tuviere ya curso legal, incurrirá en reclusión de uno a cinco años.

 

La misma pena se aplicará al que emitiere títulos, cédulas o acciones al portador, en cantidad superior a la autorizada.

 

 

CAPITULO II Falsificación de sellos. Papel sellado, timbres, marcas y contraseñas

 

Artículo 190.- (FALSIFICACION DE SELLOS, PAPEL SELLADO Y TIMBRES)

 

El que falsificare sellos oficiales, papel sellado, billetes de lotería oficiales, estampillas de correo, cualquier efecto timbrado o fórmulas impresas, cuya misión esté reservada a la autoridad, será sancionado con privación de libertad de uno a seis años.

Nota: Dice “misión, debería decir “emisión”.

 

La misma sanción se impondrá al que a sabiendas las introdujere, expendiere o usare.

 

 

Artículo 191.- (IMPRESION FRAUDULENTA DE SELLO OFICIAL)

 

El que imprimiere fraudulentamente un sello oficial auténtico, será sancionado con reclusión de uno a tres años.

 

 

Artículo 192.- (RECEPCION DE BUENA FE)

 

El que habiendo recibido de buena fe los valores y efectos indicados en el Art. 190, y sabiendo después su falsedad los introdujere o pusiere en circulación, será sancionado con multa de treinta a cien días.

 

 

Artículo 193.- (FALSIFICACION Y APLICACION INDEBIDA DE MARCAS Y CONTRASEÑAS)

 

El que falsificare marcas, contraseñas o firmas oficialmente usadas para contrastar pesas o medidas, identificar cualquier objeto o certificar su calidad, cantidad o contenido, y el que las aplicare a objetos distintos de aquellos a que debían ser aplicados, será sancionado con reclusión de seis meses a tres años.

 

En la misma sanción incurrirá el que realizare los mismos actos que afecten a fábricas o establecimientos particulares.

 

 

Artículo 194.- (FALSIFICACION DE BILLETES DE EMPRESAS PUBLICAS DE TRANSPORTE)

 

El que falsificare o alterare billetes de empresas públicas o privadas de transporte, será sancionado con reclusión de uno a seis meses o multa de veinte o ciento veinte días.

 

Incurrirá en igual sanción el que los introdujere, expendiere o pusiere en circulación.

 

Nota: Dice “multa de veinte o ciento veinte días”, debería decir “multa de veinte a ciento veinte días”

 

 

Artículo 195.- (FALSIFICACION DE ENTRADAS)

 

El que falsificare o alterare, con fin de lucro, entradas o billetes que permitan el acceso a un espectáculo público, será sancionado con reclusión de uno a seis meses o multa de veinte a ciento veinte días.

 

 

Artículo 196.- (UTILIZACION DE LO YA USADO)

 

El que con objeto de usar o vender sellos, timbres, marcas, contraseñas u otros efectos timbrados, hiciere desaparecer el signo que indique su inutilización, será sancionado con multa de treinta a cien días.

 

 

Artículo 197.- (UTILES PARA FALSIFICAR)

 

El que fabricare, introdujere en el país, conservare en su poder o negociare materiales o instrumentos inequívocamente destinados a cometer alguna de las falsificaciones legisladas en los dos capítulos anteriores, será sancionado con reclusión de seis meses a dos años.

 

CAPITULO III Falsificación de documentos en general

 

Artículo 198.- (FALSEDAD MATERIAL)

 

El que forjare en todo o en parte un documento público falso o alterare uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, incurrirá en privación de libertad de uno a seis años.

 

 

Artículo 199.- (FALSEDAD IDEOLOGICA)

 

El que insertare o hiciere insertar en un instrumento público verdadero declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con privación de libertad de una a seis años.

 

En ambas falsedades, si el autor fuere funcionario público y las cometiere en el ejercicio de sus funciones, la sanción será de privación de libertad de dos a ocho años.

 

 

Artículo 200.- (FALSIFICACION DE DOCUMENTO PRIVADO)

 

El que falsificare material o ideológicamente un documento privado, incurrirá en privación de libertad de seis meses a dos años, siempre que su uso pueda ocasionar algún perjuicio.

 

 

Artículo 201.- (FALSEDAD IDEOLOGICA EN CERTIFICADO MEDICO)

 

El médico que diere un certificado falso, referente a la existencia o inexistencia de alguna enfermedad o lesión, será sancionado con reclusión de un mes a un año y multa de treinta a cien días.

 

Si el falso certificado tuviere por consecuencia que una persona sana sea internada en un manicomio o en casa de salud, será sancionado con reclusión de seis meses a dos años y multa de treinta a cien días.

 

 

Artículo 202.- (SUPRESION O DESTRUCCION DE DOCUMENTO)

 

El que suprimiere, ocultare o destruyere, en todo o en parte, un expediente o un documento, de modo que pueda resultar perjuicio, incurrirá en la sanción del ARTÍCULO 200.

 

 

Artículo 203.- (USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO)

 

El que a sabiendas hiciere uso de un documento falso o adulterado, será sancionado como si fuere autor de la falsedad.

 

 

CAPITULO IV Cheques sin provisión de fondos

 

Artículo 204.- (CHEQUE EN DESCUBIERTO)

 

El que girare un cheque sin tener la suficiente provisión de fondos o autorización expresa para girar en descubierto, y no abonare su importe dentro de las setenta y dos horas de habérsele comunicado la falta de pago mediante aviso bancario, comunicación del tenedor o cualquier otra forma documentada de interpelación, será sancionado con reclusión de uno a cuatro años y con multa de treinta a cien días.

 

En igual sanción incurrirá el que girare cheque sin estar para ello autorizado, o el que lo utilizare como documento de crédito o de garantía. En estos casos los cheques son nulos de pleno derecho.

 

El pago del importe del cheque, más los intereses y costas judiciales en cualquier estado del proceso o la determinación de la nulidad por las causas señaladas en el párrafo anterior, constituirán causales de extinción de la acción penal para este delito. El juez penal de la causa, antes de declarar la extinción de la acción penal, determinará el monto de los intereses y costas, así como la existencia de las causales que producen la nulidad del cheque.

 

 

Artículo 205.- (GIRO DEFECTUOSO DE CHEQUE)

 

En la misma sanción del ARTÍCULO anterior incurrirá el que a sabiendas extendiere un cheque que, por falta de los requisitos legales o usuales, no ha de ser pagado, o diere contraorden al librado para que no lo haga efectivo.

 

 

TITULO V DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD COMUN

 

CAPITULO I Incendios y otros estragos

 

Artículo 206.- (INCENDIO)

 

E1 que mediante incendio creare un peligro común para los bienes o las personas, será sancionado con privación de libertad de dos a seis años.

 

Incurrirá en privación de libertad de dos a cuatro años el que con objeto de quemar sus campos de labranza o pastaderos, ocasionare un incendio que se propague y produzca perjuicios en ajena propiedad.

 

 

Artículo 207.- (OTROS ESTRAGOS)

 

El que causare estrago por medio de inundación, explosión, desmoronamiento, derrumbe de un edificio o por cualquier otro medio poderoso de destrucción, será sancionado con privación de libertad de tres a ocho años.

 

 

Artículo 208.- (PELIGRO DE ESTRAGO)

 

El que por cualquier medio originare el peligro de un estrago, incurrirá en privación de libertad de uno a cuatro años.

 

 

Artículo 209.-{ACTOS DIRIGIDOS A IMPEDIR LA DEFENSA COMUN)

 

El que para impedir la extinción de un incendio o la defensa contra cualquier otro estrago, sustrajere, ocultare o hiciere inservibles materiales, instrumentos u otros medios destinados a la extinción o a 1a defensa común, será sancionado con privación de libertad de dos a seis años.

 

 

Artículo 210.- (CONDUCCION PELIGROSA DE VEHICULOS)

 

El que a1 conducir un vehículo, por inobservancia de las disposiciones de Tránsito o por cualquier otra causa originare o diere lugar a un peligro para la seguridad común, será sancionado con reclusión de seis meses a dos años.

 

 

Artículo 211.- (FABRICACION, COMERCIO O TENENCIA DE SUBSTANCIAS EXPLOSIVAS, ASFIXIANTES, ETC.)

 

El que con el fin de crear un peligro común para la vida, la integridad corporal o bienes ajenos, fabricare, suministrare, adquiriere, sustrajere o tuviere bombas, materias explosivas, inflamables, asfixiantes o tóxicas, así como los instrumentos y materiales destinados a su composición o elaboración, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años.

 

CAPITULO II Delitos contra la seguridad de los medios de transporte y comunicación

 

Artículo 212.- (DESASTRE EN MEDIOS DE TRANSPORTE)

 

Será sancionado con presidio de uno a diez años:

 

1.        El que ocasionare un desastre ferroviario o en cualquier otro medio de transporte terrestre.

 

2.        El que ocasionare el naufragio de una nave o la caída de un transporte aéreo.

 

 

Artículo 213.- (ATENTADO CONTRA LA SEGURIDAD DE LOS TRANSPORTES)

 

 

 

El que por cualquier modo impidiere, perturbare o pusiere en peligro la seguridad o la regularidad de los transportes públicos, por tierra, aire o agua, será sancionado con reclusión de uno a cuatro años.

 

 

Artículo 214.- (ATENTADO CONTRA LA SEGURIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS)

 

El que, por cualquier medio, atentare contra la seguridad o el funcionamiento normal de los servicios públicos de agua, luz, substancias energéticas, energía eléctrica u otras, y la circulación en las vías públicas, incurrirá en privación de libertad de dos a seis años.

 

En la misma sanción incurrirá el que atentare contra la seguridad y normalidad de los servicios telefónicos, telegráficos, radiales u otros.

 

 

Artículo 215.- (DISPOSICION COMUN)

 

Si de los hechos previstos en los dos capítulos anteriores resultare la destrucción de bienes de gran valor científico, artístico, histórico, religioso, militar o económico, la sanción será aumentada en un tercio.

 

 

CAPITULO III Delitos contra la salud pública

 

Artículo 216.- (DELITOS CONTRA LA SALUD PUBLICA)

 

Incurrirá en privación de libertad de uno a diez años, el que:

 

1.        Propagare enfermedades graves o contagiosas u ocasionare epidemias.

 

2.        Envenenare, contaminare o adulterare aguas destiladas al consumo público al uso industrial agropecuario y piscícola.

 

3.        Envenenare, contaminare o adulterare substancias medicinales y productos alimenticios.

 

4.        Comerciare con substancias nocivas para la salud o con bebidas y alimentos mandados inutilizar.

 

5.        Cometiere actos contrarios a disposiciones sobre higiene y sanidad o alterare prescripciones médicas.

 

6.        Provocare escasez o encarecimiento de ARTÍCULOS alimenticios y medicinales, en perjuicio de la salud pública.

 

7.        Quebrantare medidas de sanidad pecuaria o propagare epizootias y plagas vegetales.

 

8.        Expendiere o suministrare drogas o substancias medicinales, en especie, calidad o cantidad no correspondientes a la receta médica.

 

9.        Realizare cualquier otro acto que de una u otra manera afecte la salud de la población.

 

Nota: Inc. 2) Dice “destiladas”, debería decir “destinadas”

 

 

Artículo 217.- (VIOLACION DE LA LEY DE ESTUPEFACIENTES)

 

Derogado por Ley No. 1768, ARTÍCULO 3.

 

 

Artículo 218.- (EJERCICIO ILEGAL DE LA MEDICINA)

 

Será sancionado con reclusión de tres meses a dos años o multa de treinta a cien días:

 

1.        El que sin título ni autorización ejerciere una profesión médica, sanitaria o análoga.

 

 

 

2.        El que con título o autorización anunciare o prometiere la curación de enfermedades a término fijo o por medios secretos o infalibles.

 

3.        El que con igual título o autorización prestare su nombre a otro que no lo tuviere, para que ejerza las profesiones a que se refiere el inciso 1).

 

4.        El que efectuare intervención quirúrgica o tratamiento médico innecesarios.

 

 

Artículo 219.- (DISPOSICIONES COMUNES)

 

En cualquiera de los casos de los tres capítulos anteriores, la pena será aumentada:

 

1.        En un cuarto, si hubiere peligro de muerte para alguna persona.

2.        En un tercio, si el hecho fuere la causa inmediata de la muerte o lesiones graves de alguna persona.

 

 

Artículo 220.- (FORMAS CULPOSAS)

 

Cuando alguno de los hechos anteriores fuere cometido por culpa, se impondrá reclusión de seis meses a dos años, si no resultare enfermedad o muerte de alguna persona, y reclusión aumentada en la mitad, si resultare la enfermedad o muerte.

 

TITULO VI DELITOS CONTRA LA ECONOMIA NACIONAL, LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO

 

CAPITULO I Delitos contra la economía nacional

 

Artículo 221.- (CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO)

 

El funcionario público que, a sabiendas, celebrare contratos en perjuicio del Estado o de entidades autónomas, autárquicas, mixtas o descentralizadas, será sancionado con privación de libertad de uno a cinco años.

 

En caso de que actuare culposamente, la pena será de privación de libertad de seis meses a dos años.

El particular que, en las mismas condiciones anteriores, celebrare contrato perjudicial a la Economía Nacional, será sancionado con reclusión de uno a tres años.

 

 

Artículo 222.- (INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS)

 

El que habiendo celebrado contratos con el Estado o con las entidades a que se refiere el ARTÍCULO anterior, no los cumpliere sin justa causa, será sancionado con reclusión de uno a tres años.

 

Si el incumplimiento derivare de culpa del obligado, éste será sancionado con reclusión de tres meses a dos años.

 

 

Artículo 223.- (DESTRUCCION O DETERIORO DE BIENES DEL ESTADO Y LA RIOUEZA NACIONAL)

 

El que destruyere, deteriorare, substrajere o exportare un bien perteneciente al dominio público, una fuente de riqueza, monumentos u objetos del patrimonio arqueológico, histórico o artístico nacional, incurrirá en privación de libertad de uno a seis años.

 

 

Artículo 224.- (CONDUCTA ANTIECONOMICA)

 

El funcionario público o el que hallándose en el ejercicio de cargos directivos u otros de responsabilidad, en instituciones o empresas estatales, causare por mala administración o dirección técnica, o por cualquier otra causa, daños al patrimonio de ellas o a los intereses del Estado, será sancionado con privación de libertad de uno a seis años.

 

Si actuare culposamente, la pena será de reclusión de tres meses a dos años.

 

 

Artículo 225.- (INFIDENCIA ECONOMICA)

 

El funcionario público o el que en razón de su cargo o funciones se hallare en posesión de datos o noticias que debe guardar en reserva, relativos a la política económica y los revelare, será sancionado con privación de libertad de uno a tres años.

 

Incurrirá en la misma sanción, agravada en un tercio, el funcionario público o el que en las condiciones anteriores usare o revelare dichos datos o noticias, en beneficio propio o de tercero.

 

Si obrare culposamente, la pena será rebajada en un tercio.

 

 

Artículo 226.- (AGIO)

 

El que procurare alzar o bajar el precio de las mercancías, salarios o valores negociables en el mercado o en la bolsa, mediante noticias falsas, negociaciones fingidas o cualquier otro artificio fraudulento, incurrirá en privación de libertad de seis meses a tres años, agravándose en un tercio si se produjere cualquiera de estos efectos.

 

Será sancionado con la misma pena el que acaparare u ocultare mercancías provocando artificialmente la elevación de precios.

 

 

Artículo 227.- (DESTRUCCION DE PRODUCTOS)

 

El que destruyere ARTÍCULOS de abastecimiento diario, materias primas o productos agrícolas o industriales o medios de producción, con grave perjuicio de la riqueza o del consumo nacionales, será sancionado con privación de libertad de uno a tres años.

 

 

Artículo 228.- (CONTRIBUCIONES Y VENTAJAS ILEGITIMAS)

 

El que abusando de su condición de dirigente sindical o el que simulando funciones, representaciones, instrucciones  u  órdenes  superiores,  por sí o por interpuesta persona exigiere u obtuviere dinero u otra ventaja económica, en beneficio propio o de tercero, será sancionado con privación de libertad de uno a tres años.

 

Si el autor fuere funcionario público, la pena será agravada en un tercio.

 

 

Artículo 229.- (SOCIEDADES O ASOCIACIONES FICTICIAS)

 

El que organizare o dirigiere sociedades, cooperativas u otras asociaciones ficticias, para obtener por este medio beneficios o privilegios indebidos, será sancionado con privación de libertad de seis meses a tres años y multa de cien a quinientos días.

 

Si fuere funcionario público el que por sí o por interpuesta persona cometiere el delito, incurrirá en privación de libertad de uno a cinco años y multa de treinta a cien días.

 

 

Artículo 230.- (FRANQUICIAS, LIBERACIONES O PRIVILEGIOS ILEGALES)

 

El que obtuviere, usare o negociare ilegalmente liberaciones, franquicias, privilegios diplomáticos o de otra naturaleza, será sancionado con multa de treinta a trescientos días.

 

El funcionario público que concediere, usare o negociare ilegalmente tales liberaciones, franquicias o privilegios, incurrirá en multa de cien a quinientos días.

 

 

Artículo 231.- (EVASION DE IMPUESTOS)

 

El que obligado legalmente o requerido para el pago de impuestos no los satisfaciere u ocultare, no declarare o disminuyere el valor real de sus bienes o ingresos, con el fin de eludir dicho pago o de defraudar al fisco, será sancionado con prestación de trabajo de un mes a un año y multa de veinte a cincuenta días.

 

CAPITULO II Delitos contra la industria y el comercio

 

Artículo 232.- (SABOTAJE)

 

El que con el fin de impedir o entorpecer el desarrollo normal del trabajo o de la producción, invadiere u ocupare establecimientos industriales, agrícolas o mineros, o causare daños en las máquinas, provisiones, aparatos o instrumentos en ellos existentes, será sancionado con privación de libertad de uno a ocho años.

 

 

Artículo 233.- (MONOPOLIO DE IMPORTACION, PRODUCCION O DISTRIBUCION DE MERCADERIAS)

 

El que monopolizare la importación, producción o distribución de mercancías, con el fin de elevar artificialmente los precios, será sancionado con reclusión de seis meses a tres años y multa de cien a quinientos días.

 

 

 

Artículo 234.- (LOCK-OUT, HUELGAS Y PAROS ILEGALES)

 

El que promoviere el lock-out, huelga o paro declarados ilegales por las autoridades del trabajo, será sancionado con privación de libertad de uno a cinco años y multa de cien a quinientos días.

 

 

Artículo 235.- (FRAUDE COMERCIAL)

 

El que en lugar público o abierto al público engañare al comprador entregándole una cosa por otra, siempre que no resulte delito más grave, será sancionado con privación de libertad de seis meses a tres años.

 

 

Artículo 236.- (ENGAÑO EN PRODUCTOS INDUSTRIALES)

 

El que pusiere en venta productos industriales con nombres y señales que induzcan a engaño sobre su origen, procedencia, cantidad o calidad, será sancionado con privación de libertad de seis meses a tres años.

 

 

Artículo 237.- (DESVIO DE CLIENTELA)

 

El que valiéndose de falsas afirmaciones, sospechas, artilugios fraudulentos o cualquier otro medio de propaganda desleal, desviare la clientela de un establecimiento comercial o industrial en beneficio propio o de un tercero y en detrimento del competidor, para obtener ventaja indebida, incurrirá en la pena de multa de treinta a cien días.

 

 

Artículo 238.- (CORRUPCION DE DEPENDIENTES)

 

El que diere o prometiere dinero u otra ventaja económica a empleado o dependiente del competidor, para que faltando a los deberes del empleo, le proporcione ganancia o provecho indebidos, incurrirá en la sanción de multa de treinta a cien días.

 

 

Artículo 239.- (TENENCIA. USO Y FABRICACION DE PESAS Y MEDIDAS FALSAS)

 

El que a sabiendas tuviere en su poder pesas y medidas falsas, será sancionado con prestación de trabajo de uno a seis meses o multa de veinte a ciento veinte días.

 

La pena será aumentada en un tercio, para el que a sabiendas usare o fabricare pesas y medidas falsas.

 

TITULO VII DELITOS CONTRA LA FAMILIA

 

CAPITULO I Delitos contra el matrimonio y el estado civil

 

Artículo 240.- (BIGAMIA)

 

El que contrajere nuevo matrimonio sabiendo no estar disuelto el anterior a que se hallaba ligado, incurrirá en privación de libertad de dos a cuatro años.

 

 

Artículo 241.- (OTROS MATRIMONIOS ILEGALES)

 

Será sancionado:

 

1.        Con privación de libertad de uno a tres años, el que no siendo casado contrajere a sabiendas matrimonio con persona casada.

 

2.        Con privación de libertad de dos a cuatro años, el que hubiere inducido en error esencial al otro contrayente.

 

3.        Con privación libertad de dos a cuatro años, el que hubiere ocultado impedimento legal respecto a su propio estado civil o del otro contrayente.

 

 

Artículo 242.- (RESPONSABILIDAD DEL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL)

 

El oficial del Registro Civil que a sabiendas autorizare un matrimonio de los descritos en los ARTÍCULOS 240 y 241, o procediere a la celebración de un matrimonio sin haber observado las formalidades exigidas por ley, será sancionado con privación de libertad de dos a seis años.

 

 

Artículo 243: (SIMULACION DE MATRIMONIO)

 

El que se atribuyere autoridad para la celebración de un matrimonio o el que simulare matrimonio mediante engaño, será sancionado con privación de libertad de dos a seis años.

 

 

Artículo 244.- (ALTERACION O SUBSTITUCION DEL ESTADO CIVIL)

 

Incurrirá en reclusión de uno a cinco años:

 

1.        El que hiciere inscribir en el Registro Civil a una persona inexistente.

 

2.        El que en el registro de nacimientos hiciere insertar hechos falsos que alteren el estado civil o el orden de un recién nacido.

 

3.        El que mediante ocultación, substitución o exposición, aunque ésta no comparte abandono, dejare a un recién nacido sin estado civil, tornare incierto o alterare el que le corresponde.

 

4.        La que fingiere preñez o parto para dar a un supuesto hijo derechos que no le corresponden.

 

Si el oficial del Registro Civil autorizare a sabiendas las inscripciones a que se refieren los incisos 1 ) y 2), la pena para él será agravada en un tercio.

 

Nota: Inc. 3) dice “comparte”, debería decir “comporte”

 

 

Artículo 245.- (ATENUACION POR CAUSA DE HONOR)

 

El que para salvar la propia honra o la de su mujer, madre, descendiente, hija adoptiva o hermana hubiere incurrido en los casos de los incisos 2) y 3) del ARTÍCULO anterior, será sancionado con la pena atenuada en una mitad.

 

Si el hecho fuere cometido con el fin de amparar o ayudar a la alimentación, cuidado o educación del menor o incapaz, la pena se atenuará en una mitad, o no habrá lugar a sanción alguna, según las circunstancias.

 

 

Artículo 246.- (SUBSTRACCION DE UN MENOR O INCAPAZ)

 

El que substrajere a un menor de diez y seis años o a un incapaz, de la potestad de sus padres, adoptantes, tutores o curadores, y el que retuviere al menor contra su voluntad, será sancionado con privación de libertad de uno a tres años.

 

La misma pena se aplicará si el menor tuviere más de diez y seis años y no mediare consentimiento de su parte.

 

 

Artículo 247.- (INDUCCION A FUGA DE UN MENOR)

 

El que indujere a fugar a un menor de diez y seis años o a un incapaz o con su consentimiento y para el mismo fin lo substrajere de la potestad de sus padres, tutores o curadores, incurrirá en privación de libertad de un mes a un año.

 

La misma pena se aplicará al que retuviere al menor o incapaz contra la voluntad del padre, tutor o curador.

 

 

CAPITULO II Delitos contra los deberes de asistencia familiar

 

Artículo 248.- (ABANDONO DE FAMILIA)

 

El que sin justa causa no cumpliere las obligaciones de sustento, habitación, vestido, educación y asistencia inherentes a la autoridad de los padres, tutela o condición de cónyuge o conviviente, o abandonare el domicilio familiar o se substrajere al cumplimiento de las indicadas obligaciones, será sancionado con reclusión de seis meses a dos años o multa de cien a cuatrocientos días.

 

En la misma pena incurrirá el que no prestare asistencia o no subviniere a las necesidades esenciales de sus ascendientes o descendientes mayores incapacitados, o dejare de cumplir, teniendo medios económicos, una prestación alimentaria legalmente impuesta.

 

 

Artículo 249.- (INCUMPLIMIENTO DE DEBERES DE ASISTENCIA)

 

Incurrirá en privación de libertad de seis meses a dos años, el padre, tutor, curador, de un menor o incapaz, y quedará inhabilitado para ejercer la autoridad de padre, tutoría o curatela, en los siguientes casos:

 

1.        Si dejare de proveer sin justa causa a la instrucción primaria de un menor en edad escolar.

 

2.        Si permitiere que el menor frecuente casas de juego o de mala fama o conviva con persona viciosa o de mala vida.

 

3.        Si permitiere que el menor frecuente espectáculos capaces de pervertirle o que ofendan al pudor, o que participare el menor en representación de igual naturaleza.

 

4.        Si autorizare a que resida o trabaje en casa de prostitución.

 

5.        Si permitiere que el menor mendigue o sirva a mendigo para inspirar conmiseración.

 

 

Artículo 250.- (ABANDONO DE MUJER EMBARAZADA)

 

El que fuera de matrimonio hubiere embarazado a una mujer y la abandonare sin prestarle la asistencia necesaria, será sancionado con reclusión de seis meses a tres años.

 

La pena será de privación de libertad de uno a cinco años, si a consecuencia del abandono la mujer cometiere un delito de aborto, infanticidio, exposición o abandono del recién nacido, o se suicidare.

 

 

TITULO VIII DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD CORPORAL

 

CAPITULO I Homicidio

 

Artículo 251.- (HOMICIDIO)

 

El que matare a otro, será sancionado con presidio de cinco a veinte años.

 

 

Artículo 252.- (ASESINATO)

 

Será sancionado con la pena de presidio de treinta años, sin derecho a indulto. el que matare:

 

1.        A sus descendientes o cónyuge o conviviente, sabiendo que lo son.

 

2.        Por motivos fútiles o bajos.

 

3.        Con alevosía o ensañamiento.

 

4.        En virtud de precio, dones o promesas.

 

5.        Por medio de substancias venenosas u otras semejantes.

 

6.        Para facilitar, consumar u ocultar otro delito, o para asegurar sus resultados.

 

7.        Para vencer la resistencia de la víctima o evitar que el delincuente sea detenido.

 

 

Artículo 253.- (PARRICIDIO)

 

El que matare a su padre o madre, o a su abuelo u otro ascendiente en línea recta, sabiendo quién es, será sancionado con la pena de presidio de treinta años, sin derecho a indulto.

 

 

Artículo 254.- (HOMICIDIO POR EMOCION VIOLENTA)

 

El que matare a otro en estado de emoción violenta excusable o impulsado por móviles honorables, será sancionado con reclusión de uno a seis años.

 

La sanción será de dos a ocho años para el que matare a su ascendiente, descendiente, cónyuge o conviviente, en dicho estado.

 

 

Artículo 255.- (HOMICIDIO EN PRACTICAS DEPORTIVAS)

 

El deportista que tomando parte en un deporte autorizado causare la muerte de otro deportista en el acto del deporte, con evidente infracción de los respectivos reglamentos, será sancionado con reclusión de seis meses a dos años.

 

La pena será de reclusión de tres meses a un año, si en el caso anterior se produjere lesión.

 

 

Artículo 256.- (HOMICIDIO-SUICIDIO)

 

El que instigare a otro al suicidio o le ayudare a cometerlo, si la muerte se hubiere intentado o consumado, incurrirá en reclusión de dos a seis años.

 

Si con motivo de la tentativa se produjeren lesiones, la sanción será de reclusión de uno a cinco años.

 

Aunque hubiere mediado consentimiento de la víctima en el doble suicidio, se impondrá al sobreviviente la pena de reclusión de dos a seis años.

 

 

Artículo 257.- (HOMICIDIO PIADOSO)

 

Se impondrá la pena de reclusión de uno a tres años, si para el homicidio fueren determinantes los móviles piadosos y apremiantes las instancias del interesado, con el fin de acelerar una muerte inminente o de poner fin a graves padecimientos o lesiones corporales probablemente incurables, pudiendo aplicarse la regla del ARTÍCULO 39 y aun concederse excepcionalmente perdón judicial.

 

 

Artículo 258.- (INFANTICIDIO)

 

La madre que, para encubrir su fragilidad o deshonra, diere muerte a su hijo durante el parto o hasta tres días después, incurrirá en privación de libertad de uno a tres años.

 

 

Artículo 259.- (HOMICIDIO EN RIÑA O A CONSECUENCIA DE AGRESION)

 

Los que en riña o pelea en que tomaren parte más de dos personas, causaren la muerte de alguna, sin que constare el autor, serán sancionados con privación de libertad de uno a seis años.

 

Si tampoco se identificare a los causantes de lesiones a la víctima, se impondrá privación de libertad de uno a cuatro años a los que hubieren intervenido en la riña o pelea.

 

 

Artículo 260.- (HOMICIDIO CULPOSO)

 

El que por culpa causare la muerte de una persona incurrirá en reclusión de seis meses a tres años.

 

Si la muerte se produce como consecuencia de una grave violación culpable de los deberes inherentes a una profesión, oficio o cargo, la sanción será de reclusión de uno a cinco años.

 

 

Artículo 261.- (HOMICIDIO Y LESIONES GRAVES Y GRAVISIMAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO)

 

El que resultare culpable de la muerte o producción de lesiones graves o gravísimas de una o más personas ocasionadas con un medio de transporte motorizado, será sancionado con reclusión de uno a tres años. Si el hecho se produjera estando el autor bajo la dependencia de alcohol o estupefacientes, la pena será de reclusión de uno a cinco años y se impondrá al autor del hecho, inhabilitación para conducir por un período de uno a cinco años.

 

En caso de reincidencia se aplicará el máximo de la pena prevista.

 

Si la muerte o lesiones graves o gravísimas se produjeren como consecuencia de una grave inobservancia de la ley, el código y el reglamento de tránsito que establece los deberes de cuidado del propietario, gerente o administrador de una empresa de transporte, éste será sancionado con reclusión de uno a dos años.

 

TEXTO ORIGINAL. Sustituido por Ley No.1768. ARTÍCULO 2 numeral 50: modificado por el ARTÍCULO único de la Lev No. 1778.

 

 

Artículo 262.- (OMISION DE SOCORRO)

 

Si en el caso del ARTÍCULO anterior el autor fugare del lugar del hecho u omitiere detenerse para prestar socorro o asistencia a las víctimas, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años.

 

La pena será de privación de libertad de seis meses a dos años, cuando el conductor de otro vehículo no se detuviere a prestar socorro o ayuda al conductor u ocupantes del vehículo accidentado, agravándose la pena en una mitad, si el accidente y la omisión de asistencia se produjeren en lugar deshabitado.

 

 

CAPITULO II Aborto

 

Artículo 263.- (ABORTO)

 

El que causare la muerte de un feto en el seno materno o provocare su expulsión prematura, será sancionado:

 

1.        Con privación de libertad de dos a seis años, si el aborto fuere practicado sin el consentimiento de la mujer o si ésta fuere menor de diez y seis años.

 

2.        Con privación de libertad de uno a tres años, si fuere practicado con el consentimiento de la mujer.

 

3.        Con reclusión de uno a tres años, a la mujer que hubiere prestado su consentimiento.

 

La tentativa de la mujer no es punible.

 

 

Artículo 264.- (ABORTO SEGUIDO DE LESION O MUERTE)

 

Cuando el aborto con el consentimiento de la mujer fuere seguido de lesión, la pena será de privación de libertad de uno a cuatro años: y si sobreviniere la muerte, la sanción será agravada en una mitad.

 

Cuando del aborto no consentido resultare una lesión, se impondrá al autor la pena de privación de libertad de uno a siete años: si ocurriere la muerte, se aplicará la de privación de libertad de dos a nueve años.

 

 

Artículo 265.- (ABORTO HONORIS CAUSA)

 

Si el delito fuere cometido para salvar el honor de la mujer, sea por ella misma o por terceros, con consentimiento de aquélla, se impondrá reclusión de seis meses a dos años, agravándose la sanción en un tercio, si sobreviniere la muerte.

 

 

Artículo 266.- (ABORTO IMPUNE)

 

Cuando el aborto hubiere sido consecuencia de un delito de violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro o incesto, no se aplicará sanción alguna, siempre que la acción penal hubiere sido iniciada.

 

Tampoco será punible si el aborto hubiere sido practicado con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no podía ser evitado por otros medios.

 

En ambos casos, el aborto deberá ser practicado por un médico, con el consentimiento de la mujer y autorización judicial en su caso.

 

 

Artículo 267.- (ABORTO PRETERINTENCIONAL)

 

El que mediante violencia diere lugar al aborto sin intención de causarlo, pero siéndole notorio el embarazo o constándole éste, será sancionado con reclusión de tres meses a tres años.

 

 

Artículo 268.- (ABORTO CULPOSO)

 

El que por culpa causare un aborto, incurrirá en prestación de trabajo hasta un año.

 

 

Artículo 269.- (PRACTICA HABITUAL DEL ABORTO)

 

El que se dedicare habitualmente a la práctica de aborto, incurrirá en privación de libertad de uno a seis años.

 

CAPITULO III Delitos contra la integridad corporal y la salud

 

Artículo 270.- (LESIONES GRAVISIMAS)

 

Incurrirá el autor en la pena de privación de libertad de dos a ocho años, cuando de la lesión resultar:

 

1.        Una enfermedad mental o corporal, cierta o probablemente incurable.

 

2.        La debilitación permanente de la salud o la pérdida o uso de un sentido, de un miembro o de una función.

 

3.        La incapacidad permanente para el trabajo o la que sobrepase de ciento ochenta días.

 

4.        La marca indeleble o la deformación permanente del rostro.

 

5.        El peligro inminente de perder la vida.

 

 

Artículo 271.- (LESIONES GRAVES Y LEVES)

 

El que de cualquier modo ocasionare a otro un daño en el cuerpo o en la salud, no comprendido en los casos del ARTÍCULO anterior, del cual derivare incapacidad para el trabajo de treinta a ciento ochenta días, será sancionado con reclusión de uno a cinco años.

 

Si la incapacidad fuere hasta , veintinueve días, se impondrá al autor reclusión de seis meses a dos años o prestación de trabajo hasta el máximo

.

 

Artículo 272.- (AGRAVACION Y ATENUACION)

 

En los casos de los dos ARTÍCULOS anteriores, la sanción será agravada en un tercio del máximo o mínimo, cuando mediaren las circunstancias enumeradas en el ARTÍCULO 252; y disminuida en la mitad, si se tratare de las que señalan los ARTÍCULOS 254 y 259.

 

 

Artículo 273.- (LESION SEGUIDA DE MUERTE)

 

El que con el fin de causar un daño en el cuerpo o en la salud produjere la muerte de alguna persona, sin que ésta hubiera sido querida por el autor. pero que pudo haber sido previsto, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años.

 

Si se tratare de los casos previstos en el ARTÍCULO 254, párrafo primero, la sanción será disminuida en un tercio.

 

 

Artículo 274.- (LESIONES CULPOSAS)

 

El que culposamente causare a otro alguna de las lesiones previstas en este capítulo, será sancionado con multa hasta de doscientos cuarenta días o prestación de trabajo hasta un año.

 

 

Artículo 275.- (AUTOLESION)

 

Incurrirá en reclusión de tres meses a tres años:

 

1.        El que se causare una lesión o agravare voluntariarnente las consecuencias de la misma, para no cumplir un deber, servicio u otra prestación impuesta por ley, o para obtener un beneficio ilícito.

 

2.        El que permitiere que otro le cause una lesión, para los mismos fines.

 

3.        El que lesionare a otro con su consentimiento.

 

 

Artículo 276.- (CAUSAS DE IMPUNIDAD)

 

Derogado por Ley No. 1674. ARTÍCULO 44,

 

 

Artículo 277.- (CONTAGIO VENEREO)

 

El que a sabiendas de hallarse atacado de una enfermedad venérea, pusiere en peligro de contagio a otra persona mediante relaciones sexual, extrasexual o nutricia, será sancionado con privación de libertad de un mes a un año.

 

Si el contagio se produjere, la pena será de privación de libertad de uno a tres años.

 

 

Artículo 277 bis.- (ALTERACION GENETICA)

 

Será sancionado con privación de libertad de dos a cuatro años e inhabilitación especial quien con finalidad distinta a la terapéutica, manipule genes humanos de manera que se altere el genotipo.

Si la alteración del genotipo fuera realizada por imprudencia, la pena será de inhabilitación especial de uno a dos años.

 

 

CAPITULO IV Abandono de niños o de otras personas incapaces

 

Artículo 278.- (ABANDONO DE MENORES)

 

El que abandonare a un menor de doce años, será sancionado con reclusión de tres meses a dos años.

 

Si del abandono resultare lesión corporal grave o muerte, la pena será agravada en un tercio.

 

 

Artículo 279.- (ABANDONO POR CAUSA DE HONOR)

 

La madre que abandonare al hijo recién nacido para salvar su honor, será sancionada con reclusión de un mes a un año.

 

Si del hecho derivare la muerte o lesión grave, la pena será aumentada hasta tres o dos años, respectivamente.

 

 

Artículo 280.- (ABANDONO DE PERSONAS INCAPACES)

 

Incurrirá en la pena de reclusión de un mes a dos años, el que teniendo bajo su cuidado, vigilancia o autoridad, abandonare a una persona incapaz de defenderse o de valerse por sí misma por cualquier motivo.

 

 

Artículo 281.- (DENEGACION DE AUXILIO)

 

El que debiendo prestar asistencia, sin riesgo personal, a un menor de doce años o a una persona incapaz, desvalida o en desamparo o expuesta a peligro grave e inminente, omitiere prestar el auxilio necesario o no demandare el concurso o socorro de la autoridad pública o de otras personas, será sancionado con reclusión de un mes a un año.

 

TITULO IX DELITOS CONTRA EL HONOR

 

CAPITULO UNICO Difamación, calumnia e injuria

 

Artículo 282.- (DIFAMACION)

 

El que de manera pública, tendenciosa y repetida, revelare o divulgare un hecho, una calidad o una conducta capaces de afectar la reputación de una persona individual o colectiva, incurrirá en prestación de trabajo de un mes a un año o multa de veinte a doscientos cuarenta días.

 

 

Artículo 283.- (CALUMNIA)

 

El que por cualquier medio imputare a otro falsamente la comisión de un delito. será sancionado con privación de libertad de seis meses a tres años y multa de cien a trescientos días.

 

 

Artículo 284.- (OFENSA A LA MEMORIA DE DIFUNTOS)

 

El que ofendiere la memoria de un difunto con expresiones difamatorias o con imputaciones calumniosas, incurrirá en las mismas penas de los dos ARTÍCULOS anteriores.

 

 

Artículo 285.- (PROPALACION DE OFENSAS)

 

El que propalare o reprodujere por cualquier medio los hechos a que se refieren los ARTÍCULOS 282, 283 y 284, será sancionado como autor de los mismos.

 

 

Artículo 286.- (EXCEPCION DE VERDAD)

 

El autor de difamación y calumnia no será punible, si las imputaciones consistieren en afirmaciones verdaderas, pero el acusado sólo podrá probar la verdad de la imputación:

 

1.        Cuando se trate de ofensas dirigidas a un funcionario público y con referencia a sus funciones.

 

2.        Cuando el querellante pidiere la prueba de la imputación, siempre que tal prueba no afecte derechos o secretos de tercera persona.

 

 

Artículo 287.- (INJURIA)

 

El que por cualquier medio y de un modo directo ofendiere a otro en su dignidad o decoro, incurrirá en prestación de trabajo de un mes a un año y multa de treinta a cien días.

 

Si el hecho previsto en el ARTÍCULO 283 y la injuria a que se refiere este ARTÍCULO fueren cometidos mediante impreso, mecanografiado o manuscrito, su autor será considerado reo de libelo infamatorio y sancionado con multa de sesenta a ciento cincuenta días, sin perjuicio de las penas correspondientes.

 

 

Artículo 288.- (INTERDICCION DE LA PRUEBA)

 

No será admitida la prueba sino en los casos señalados en el ARTÍCULO 286.

 

 

Artículo 289.- (RETRACTACION)

 

El sindicante de un delito contra el honor quedará exento de pena, si se retractare antes o a tiempo de prestar su indagatoria.

 

No se admitirá una segunda retractación sobre el mismo hecho.

 

Nota: Dice “sindicante”, debería decir “sindicado”

 

 

Artículo 290.- (OFENSAS RECIPROCAS)

 

Si las ofensas o imputaciones fueren recíprocas, el juez podrá, según las circunstancias, eximir de pena a las dos partes o a alguna de ellas.

 

 

TITULO X DELITOS CONTRA LA LIBERTAD

 

CAPITULO I Delitos contra la libertad individual

 

Artículo 291 .- (REDUCCION A LA ESCLAVITUD O ESTADO ANALOGO)

 

El que redujere a una persona a esclavitud o estado análogo, será sancionado con privación de libertad de dos a ocho años.

 

 

Artículo 292.- (PRIVACION DE LIBERTAD)

 

El que de cualquier manera privare a otro de su libertad personal, incurrirá en reclusión de seis meses a dos años y multa de treinta a cien días.

 

La sanción será agravada en un tercio, cuando el hecho fuere cometido:

 

1.        Por un funcionario público, con abuso de su autoridad.

 

2.        Sobre un ascendiente, descendiente o cónyuge.

 

3.        Si la privación de libertad excediere de cuarenta y ocho horas.

 

 

Artículo 293.- (AMENAZAS)

 

El que mediante amenazas graves alarmare o amedrentare a una persona, será sancionado con prestación de trabajo de un mes a un año y multa hasta de sesenta días.

 

La pena será de reclusión de tres a diez y ocho meses, si la amenaza hubiere sido hecha con arma o por tres o más personas reunidas.

 

 

Artículo 294.- (COACCION)

 

El que con violencia o amenazas graves obligare a otro a hacer, no hacer o tolerar algo a que no está obligado, incurrirá en reclusión de seis meses a dos años.

 

La sanción será de reclusión de uno a cuatro años, si para el hecho se hubiere usado armas.

 

 

Artículo 295.- (VEJACIONES Y TORTURAS)

 

Será sancionado con privación de libertad de seis meses a dos años, el funcionario que vejare, ordenare o permitiere vejar a un detenido.

 

La pena será de privación de libertad de dos a cuatro años. si le infligiere cualquier especie de tormentos o torturas.

 

Si éstas causaren lesiones, la pena será de privación de libertad de dos a seis años; y si causaren la muerte, se aplicará la pena de presidio de diez años

 

 

Artículo 296.- (DELITOS CONTRA LA LIBERTAD DE PRENSA)

 

Será sancionado con reclusión de seis meses a tres años y multa de treinta a doscientos días, el que ilegalmente impidiere o estorbare la libre emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, así como la libre circulación de un libro, periódico o cualquier otro impreso.

 

 

Artículo 297.- (ATENTADOS CONTRA LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA)

 

El que por cualquier medio atentare contra la libertad de enseñanza, será sancionado con reclusión de seis meses a tres años y multa de treinta a cien días.

 

CAPITULO II Delitos contra la inviolabilidad del domicilio

 

Artículo 298.- (ALLANAMIENTO DEL DOMICILIO O SUS DEPENDENCIAS)

 

El que arbitrariamente entrare en domicilio ajeno o sus dependencias, o en un recinto habitado por otro, o en un lugar de trabajo, o permaneciere de igual manera en ellos, incurrirá en la pena de privación de libertad de tres meses a dos años y multa de treinta a cien días.

 

Se agravará la sanción en un tercio, si el delito se cometiere de noche, o con fuerza en las cosas o violencia en las personas, o con armas, o por varias personas reunidas.

 

 

Artículo 299.- (POR FUNCIONARIO PUBLICO)

 

El funcionario público o agente de la autoridad que, con abuso de sus funciones o sin las formalidades previstas por ley, cometiere los hechos descritos en el ARTÍCULO anterior, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años.

 

CAPITULO III Delitos contra la inviolabilidad del secreto

 

Artículo 300.- (VIOLACION DE LA CORRESPONDENCIA Y PAPELES PRIVADOS)

 

El que indebidamente abriere una carta, un pliego cerrado o una comunicación telegráfica, radiotelegráfica o telefónica, dirigidos a otra persona, o el que, sin abrir la correspondencia, por medios técnicos se impusiere de su contenido, será sancionado con reclusión de tres meses a un año o multa de sesenta a doscientos cuarenta días.

 

Con la misma pena será sancionado el que de igual modo se apoderare, ocultare o destruyere una carta, un pliego, un despacho u otro papel privado, aunque estén abiertos, o el que arbitrariamente desviare de su destino la correspondencia que no le pertenece.

 

Se elevará el máximo de la sanción a dos años, cuando el autor de tales hechos divulgare el contenido de la correspondencia y despachos indicados.

 

 

Artículo 301.- (VIOLACION DE SECRETOS EN CORRESPONDENCIA NO DESTINADA A LA PUBLICIDAD)

 

El que grabare las palabras de otro no destinadas al público, sin su Consentimiento. o el que mediante procedimientos técnicos escuchare manifestaciones privadas que no le estén dirigidas, o el que hiciere lo mismo con papeles privados o con una correspondencia epistolar o telegráfica aunque le hubieren sido dirigidos, siempre que el hecho pueda ocasionar algún perjuicio, será sancionado con privación de libertad de tres meses a un año.

 

 

Artículo 302.- (REVELACION DE SECRETO PROFESIONAL)

 

El que teniendo conocimiento de secretos en virtud de su estado, ministerio, profesión, empleo, oficio, arte o comisión, los revelare sin justa causa, o los usare en beneficio propio o ajeno, si de ello se siguiere algún perjuicio, será sancionado con privación de libertad de tres meses a un año y multa de treinta a cien días.

 

 

CAPITULO IV Delitos contra la libertad de trabajo

 

Artículo 303.- (ATENTADOS CUNTRA LA LIBERTAD DE TRABAJO)

 

El que impidiere, obstaculizare o restringiere la libertad de trabajo, profesión u oficio, comercio o industria, incurrirá en reclusión de uno a tres años.

 

 

Artículo 304.- (MONOPOLIO DE TRABAJO)

 

El que ejercitare cualquier tipo de monopolio de una actividad lícita de trabajo, comercio o industria, será sancionado con reclusión de uno a tres años y multa de treinta a sesenta días.

 

 

Artículo 305.- (CONDUCTA CULPOSA)

 

El funcionario público que culposamente permitiere la comisión de los delitos previstos en los dos ARTÍCULOS anteriores, será sancionado con reclusión de tres meses a dos años.

 

 

Artículo 306.- (VIOLENCIAS O AMENAZAS, POR OBREROS Y EMPLEADOS)

 

El obrero o empleado que ejerciere violencias o se valiere de amenazas para compeler a otro u otros a tomar parte en una huelga o boicot, incurrirá en reclusión de tres meses a dos años.

 

 

 

Artículo 307.- (COACCIONES POR PATRON, EMPRESARIO O EMPLEADO)

 

Incurrirá en la sanción del ARTÍCULO anterior el patrón, empresario o empleado que por sí o por un tercero coaccionare a otro u otros para tomar parte en un lock-out, ingresar a una determinada sociedad obrera o patronal, o abandonarla.

 

Se impondrá reclusión de tres meses a tres años, cuando se hubiere hecho uso de armas.

 

TITULO XI DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL

 

CAPITULO I Violación, estupro y abuso deshonesto

 

Artículo 308.- (VIOLACION)

 

El que tuviere acceso carnal con persona de uno u otro sexo, incurrirá en privación de libertad de cuatro a diez años, en los casos siguientes:

 

1)        Si se hubiere empleado violencia física o intimidación.

 

2)         Si la persona ofendida fuere una enajenada mental o estuviere incapacitada, por cualquier otra causa, para resistir.

 

Si la violación fuere a menor que no ha llegado a la edad de la pubertad, el hecho se sancionará con la pena de diez a veinte años de presidio: y si como consecuencia del hecho se produjere la muerte de la víctima, se aplicará la pena correspondiente al asesinato.

 

 

Artículo 309.- (ESTUPRO)

 

El que mediante seducción o engaño tuviere acceso carnal con mujer que hubiere llegado a la pubertad y fuere menor de diez y siete años, incurrirá en la pena de privación de libertad de dos a seis años.

 

 

Artículo 310.- (AGRAVACION)

 

La pena será agravada en los casos de los delitos anteriores, con un tercio:

 

1.        Si resultare un grave daño en la salud de la víctima.

 

2.        Si el autor fuere ascendiente, descendiente, hermano, medio hermano, adoptante o encargado de la educación o custodia de aquélla.

 

3.        Si en la ejecución del hecho hubieren concurrido dos o más personas.

 

Si se produjere la muerte de la persona ofendida, la pena será de presidio de diez a veinte años en caso de violación, y de presidio de cuatro a diez años, en caso de estupro.

 

 

Artículo 311.- (SUBSTITUCION DE PERSONA)

 

El que tuviere acceso carnal con una mujer por medio de engaño o error acerca de la persona, incurrirá en privación de libertad de seis meses a dos años.

 

 

Artículo 312.- (ABUSO DESHONESTO)

 

El que en las mismas circunstancias y por los medios señalados en el ARTÍCULO 308 realizare actos libidinosos no constitutivos del acceso carnal, será sancionado con privación de libertad de uno año a tres años.

 

La pena será agravada en una mitad si concurrieren las circunstancias del ARTÍCULO 310.

 

CAPITULO II Rapto

 

Artículo 313.- (RAPTO PROPIO)

 

El que con fines lascivos y mediante violencia, amenazas graves o engaños, substrajere o retuviere a una persona que no hubiere llegado a la pubertad, incurrirá en reclusión de uno a cinco años.

 

 

Artículo 314.- (RAPTO IMPROPIO)

 

El que con el mismo fin del ARTÍCULO anterior raptare una mujer que hubiere llegado a la pubertad y fuere menor de diez y siete años, con su consentimiento, será sancionado con reclusión de seis meses a dos años.

 

 

Artículo 315.- (CON MIRA MATRIMONIAL)

 

El que con violencias, amenazas o engaños substrajere o retuviere a una persona con el fin de contraer matrimonio, será sancionado con reclusión de tres a diez y ocho meses.

 

 

Artículo 316.- (ATENUACION)

 

Las penas serán atenuadas en una mitad, si el culpable hubiere devuelto espontáneamente la libertad a la persona raptada o la hubiere colocado en lugar seguro, a disposición de su familia.

 

 

Artículo 317.-(DISPOSICION COMUN)

 

No habrá lugar a sanción, cuando los reos, en los casos respectivos, no teniendo impedimento alguno, contrajeren matrimonio con las ofendidas, antes de la sentencia que cause ejecutoria.

 

CAPITULO III Delitos contra la moral sexual

 

Artículo 318.- (CORRUPCION DE MENORES)

 

El que mediante actos libidinosos o por cualquier otro medio corrompiere o contribuyere a corromper una persona menor de diez y siete años, incurrirá en privación de libertad de uno a cinco años.

 

La sanción podrá ser atenuada libremente o eximirse de pena al autor, si el menor fuere persona corrompida.

 

 

Artículo 319.- (CORRUPCION AGRAVADA)

 

La pena será de privación de libertad de uno a seis años:

 

1.        Si la víctima fuere menor de doce años.

 

2.        Si el hecho fuere ejecutado con propósitos de lucro.

 

3.        Si mediare engaño, violencia o cualquier otro medio de intimidación o coerción.

 

4.        Si la víctima padeciere de enfermedad o deficiencia psíquica.

 

5.        Si el autor fuere ascendiente, marido, hermano, tutor o encargado de la educación o custodia de la víctima.

 

 

Artículo 320.- (CORRUPCION DE MAYORES)

 

El que por cualquier medio corrompiere o contribuyere a la corrupción de mayores de diez y siete años, será sancionado con reclusión de tres meses a dos años.

 

La pena será agravada en una mitad en los casos 2), 3), 4)y 5) del ARTÍCULO anterior.

 

 

Artículo 321.- (PROXENETISMO)

 

El que para satisfacer deseos ajenos o con ánimo de lucro promoviere, facilitare o contribuyere a la corrupción o prostitución de personas de uno u otro sexo, será sancionado con privación de libertad de dos a seis años y multa de treinta a cien días.

 

Con la misma pena será sancionado el que por cuenta propia o de tercero mantuviere ostensible o encubiertamente una casa de prostitución o lugar destinado a encuentros con fines lascivos.

 

La pena será de privación de libertad de dos a ocho años:

 

1.        Si la víctima fuere menor de diez y siete años.

 

2.        Si mediaren las circunstancias previstas en los incisos 2), 3), 4) y 5) del ARTÍCULO 319.

 

 

Artículo 322.- (RUFIANERIA)

 

El que se hiciere mantener por una persona que ejerciere la prostitución o el que lucrare con las ganancias provenientes de ese comercio, será sancionado con privación de libertad de uno a seis años y multa de hasta cien días.

 

 

CAPITULO IV Ultrajes al pudor público

 

Artículo 323.- (ACTOS OBSCENOS)

 

El que en lugar público o expuesto al público realizare actos obscenos o los hiciere ejecutar por otro, incurrirá en reclusión de tres meses a dos años.

 

 

Artículo 324.- (PUBLICACIONES Y ESPECTACULOS OBSCENOS)

 

El que con cualquier propósito expusiere públicamente, fabricare, introdujere en el país o reprodujere libros, escritos, dibujos, imágenes u otros objetos obscenos, o el que los distribuyere o pusiere en circulación, o el que públicamente ofreciere espectáculos teatrales o cinematográficos u otros obscenos, o transmitiere audiciones de la misma índole, será sancionado con reclusión de tres meses a dos años.

 

 

Artículo 325.- (DISPOSICION COMUN)

 

En los casos previstos por este título, cuando fueren autores los padres, tutores, curadores o encargados de la custodia, se impondrá, además de las penas respectivas, la pérdida de tales derechos, cargos o funciones.

 

 

TITULO XII DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD

 

CAPITULO I Hurto

 

Artículo 326.- (HURTO)

 

El que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble ajena, incurrirá en reclusión de un mes a tres años.

 

La pena será de reclusión de tres meses a cinco años en casos especialmente graves. Por regla un caso se considera especialmente grave cuando el delito fuere cometido:

 

1.        Con escalamiento o uso de ganzúa, llave falsa u otro instrumento semejante, para penetrar al lugar donde se halla la cosa, objeto de la substracción.

 

2.        Con ocasión de un estrago o conmoción popular.

 

3.        Aprovechándose de un accidente o de un infortunio particular.

 

4.        Sobre cosas de valor artístico, histórico, arqueológico o científico.

 

5.        Sobre cosas que se encuentran fuera del control del dueño.

 

6.        Sobre cosas de primera necesidad o destinadas a un servicio público, siempre que la sustracción ocasionare un quebranto a éste, o una situación de desabastecimiento.

 

7.        Sobre cosas de una iglesia o de otro edificio o local en los que se profesa un culto religioso.

 

 

Artículo 327.- (DE COSA COMUN)

 

El que siendo condómino, coheredero o socio, substrajere para sí o un tercero la cosa común de poder de quien la tuviere legítimamente, será sancionado con reclusión de uno a seis meses.

 

 

Artículo 328.- (DE USO)

 

El que sin derecho alguno, ni mediar mutua confianza, amistad o lazos de próximo parentesco, tome sin intención de apropiársela una cosa ajena, la use y la devuelva a su dueño o la restituya a su lugar, incurrirá en prestación de trabajo de uno a seis meses, siempre que el valor del uso y del deterioro o depreciación de la cosa fueren apreciables, a juicio del juez.

 

 

Artículo 329.- (HURTO DE POSESION)

 

El que siendo dueño de una cosa mueble la substrajere de quien la tuviere a título legítimo en su poder, con perjuicio del mismo o de un tercero, incurrirá en la pena de prestación de trabajo de uno a seis meses.

 

 

Artículo 330.- (SUBSTRACCION DE ENERGIA)

 

El que substrajere una energía con valor económico, usándola en beneficio propio o de un tercero, incurrirá en multa de treinta a cien días.

 

CAPITULO II Robo

 

Artículo 331.- (ROBO)

 

El que se apoderare de una cosa mueble ajena con fuerza en las cosas o con violencia o intimidación en las personas, será sancionado con privación de libertad de uno a cinco años.

 

 

Artículo 332.- (ROBO AGRAVADO)

 

La pena será de presidio de tres a diez años:

 

1.        Si el robo fuere cometido con armas o encubriendo la. identidad del agente.

 

2.        Si fuere cometido por dos o más autores. 3) Si fuere cometido en lugar despoblado.

 

3.        Si concurriere alguna de las circunstancias señaladas en el párrafo 2 del ARTÍCULO 326.

 

 

CAPITULO III Extorsiones

 

Artículo 333.- (EXTORSION)

 

El que mediante intimidación o amenaza grave constriñere a una persona a hacer, tolerar que se haga o deje de hacer alguna cosa, con el fin de obtener para sí o un tercero indebida ventaja o beneficio económico, incurrirá en reclusión de uno a tres años.

 

 

Artículo 334.- (SECUESTRO)

 

El que secuestrare a una persona con el fin de obtener rescate u otra indebida ventaja o concesión para sí o para otros como precio de la libertad de la víctima, será sancionado con la pena de cinco a quince años de presidio.

Si como consecuencia del hecho resultaren graves daños físicos en la víctima o el culpable consiguiere su propósito, la pena será de quince a treinta años de presidio. Si resultare la muerte de la víctima, se aplicará la pena correspondiente al asesinato.

 

CAPITULO IV Estafas y otras defraudaciones

 

Artículo 335.- (ESTAFA)

 

El que con la intención de obtener para sí o un tercero un beneficio económico indebido, mediante engaños o artificios provoque o fortalezca error en otro que motive la realización de un acto de disposición patrimonial en perjuicio del sujeto en error o de un tercero, será sancionado con reclusión de uno a cinco años y con multa de sesenta a doscientos días.

 

 

Artículo 336.- (ABUSO DE FIRMA EN BLANCO)

 

El que defraudare abusando de firma en blanco y extendiendo con ella algún documento en perjuicio de quien firmó o de tercero, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años y multa de sesenta a ciento cincuenta días.

 

 

Artículo 337.- (ESTELIONATO)

 

El que vendiere o gravare como bienes libres los que fueren litigiosos o estuvieren embargados o gravados y el que vendiere, gravare o arrendare, como propios, bienes ajenos, será sancionado con privación de libertad de uno a cinco años.

 

 

Artículo 338.- (FRAUDE DE SEGURO)

 

El que con el fin de cobrar para sí o para otros la indemnización de un seguro o para incrementarla por encima de lo justo, destruyere, perdiere. Deteriorare, ocultare o hiciere desaparecer lo asegurado, utilizare cualquier otro medio fraudulento, incurrirá en la pena de privación de libertad de uno a cinco años.

 

Si lograre el propósito de cobrar el seguro, la pena será agravada en una mitad y multa de treinta a cien días.

 

 

Artículo 339.- (DESTRUCCION DE COSAS PROPIAS, PARA DEFRAUDAR)

 

El que por cualquier medio destruyere o hiciere desaparecer sus propias cosas con el propósito de defraudar los derechos de tercero o de causarle perjuicio, incurrirá en reclusión de uno a tres años.

 

 

Artículo 340.- (DEFRAUDACION DE SERVICIOS O ,ALIMENTOS)

 

El que consumiere bebidas o alimentos en establecimientos donde se ejerza ese comercio, o se hiciere prestar o utilizare un servicio cualquiera de los de pago inmediato y no los abonare al ser requerido, será sancionado con reclusión de uno a dos años y multa de treinta a cien días.

 

 

Artículo 341.- (DEFRAUDACION CON PRETEXTO DE REMUNERACION A FUNCIONARIOS PUBLICOS)

 

El que defraudare a otro con pretexto de supuesta remuneración a los jueces u otros empleados públicos, será sancionado con prestación de trabajo de un mes a un año.

 

 

Artículo 342.- (ENGAÑO A PERSONAS INCAPACES)

 

El que para obtener para sí o para otros algún provecho, abusando de las necesidades, de las pasiones o de la inexperiencia de una persona menor de edad o abusando del estado de enfermedad o deficiencia psíquica de una persona, aunque no esté en interdicción o inhabilitada, la indujere a realizar un acto que implique algún efecto jurídico perjudicial para ella o para otros, incurrirá en privación de libertad de dos a seis años.

 

 

Artículo 343.- (OUIEBRA)

 

Se impondrá la pena de privación de libertad de dos a seis años al comerciante cuya quiebra fuere declarada fraudulenta con arreglo al Código o leyes de comercio.

 

Si la quiebra fuere declarada culpable, la sanción será disminuida en un tercio.

 

 

Artículo 344.- (ALZAMIENTO DE BIENES O FALENCIA CIVIL)

 

El que no siendo comerciante se alzare con sus bienes o los ocultare o cometiere cualquier otro fraude, con el propósito de perjudicar a sus acreedores, incurrirá en privación de libertad de dos a seis años.

 

 

CAPITULO V Apropiación indebida

 

Artículo 345.-(APROPIACION INDEBIDA)

 

El que se apropiare de una cosa mueble o un valor ajeno, en provecho de sí o de tercero y de los cuales el autor tuviera la posesión o tenencia legítima y que implique la obligación de entregar o devolver, será sancionado con reclusión de tres meses a tres años.

 

 

Artículo 346.- (ABUSO DE CONFIANZA)

 

El que valiéndose de la confianza dispensada por una persona, le causare daño o perjuicio en sus bienes, o retuviere como dueño los que hubiere recibido por un título posesorio, incurrirá en reclusión de tres meses a dos años.

 

 

Artículo 346 bis.- (AGRAVACION EN CASO DE VICTIMAS MULTIPLES)

 

Los delitos tipificados en los ARTÍCULOS 335. 337, 343. 344. 345. 346 y 363 bis de este Código, cuando se realicen en perjuicio de víctimas múltiples, serán sancionados con reclusión de tres a diez años y con multa de cien a quinientos días.

 

 

Artículo 347.- (DE TESORO, COSA PERDIDA O TENIDA POR ERROR O CASO FORTUITO)

 

Incurrirá en la pena de multa hasta de cien días:

 

1.        El que habiendo hallado un tesoro en propiedad ajena, se apropiare en todo o en parte de la cuota a que tiene derecho el propietario.

 

2.        El que se apropiare de cosa ajena llegada a su poder por error, caso fortuito o fuerza de la naturaleza.

 

3.        El que habiendo hallado una cosa ajena extraviada, se apropiare de ella, sin restituirla al dueño o legítimo poseedor o entregarla a la autoridad competente.

 

 

Artículo 348.- (APROPIACION O VENTA DE PRENDA)

 

El que se apropiare o vendiere la prenda sobre la cual prestó dinero o que recibió en garantía de cualquier obligación, o dispusiere arbitrariamente de aquélla, será sancionado con prestación de trabajo de un mes a un año y multa hasta de cien días.

 

 

Artículo 349.- (AGRAVACION Y ATENUACION)

 

En los casos de los ARTÍCULOS 345, 346 y 348, la pena será aumentada en un tercio, cuando el autor hubiere recibido la cosa:

 

1.        En depósito necesario.

 

2.        Como tutor, curador, síndico, liquidador, inventariante, albacea testamentario o depositario judicial.

 

3.        En razón de su oficio, empleo o profesión.

 

Y atenuada en un tercio, si el autor sólo hubiere hecho uso indebido de la cosa recibida, en los casos anteriores.

 

 

CAPITULO VI Abigeato

 

Artículo 350.- (ABIGEATO)

 

El que se apoderare o apropiare indebidamente de ganado caballar, mular, asnal, bovino, porcino, caprino y lanar, será sancionado con reclusión de uno a cinco años.

 

En igual sanción incurrirá:

 

1.        El que marcare, señalare, borrare o modificare las marcas o señales de animales ajenos.

 

2.        El que marcare o señalare en campo o propiedad ajena, sin consentimiento del dueño del campo, animales orejanos.

 

3.        El que marcare o señalare animales orejanos ajenos, aunque sea en campo propio.

 

La pena será agravada en un tercio:

 

1.        Si concurriere alguna de las agravantes señaladas en el párrafo segundo del ARTÍCULO 326.

 

2.        Si el delito se perpetrare en animales de raza.

 

Si concurriere alguna de las circunstancias señaladas en el ARTÍCULO 332, la pena será agravada en una mitad.

 

 

CAPITULO VII Usurpación

 

Artículo 351.- (DESPOJO)

 

El que en beneficio propio o de tercero, mediante violencia, amenazas, engaño, abuso de confianza o cualquier otro medio, despojare a otro de la posesión o tenencia de un inmueble, o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes, incurrirá en privación de libertad de seis meses a cuatro años.

 

 

Artículo 352.- (ALTERACION DE LINDEROS)

 

El que con propósito de apoderarse, en todo o en parte, de bien inmueble ajeno, suprimiere o alterare los términos o linderos, será sancionado con reclusión de tres meses a dos años.

 

 

Artículo 353.- (PERTURBACION DE POSESION)

 

El que con violencias o amenazas en las personas perturbare la quieta y pacífica posesión de un inmueble, incurrirá en la pena de reclusión de tres meses a tres años.

 

 

Artículo 354.- (USURPACION DE AGUAS)

 

El que para conseguir para sí o para otro algún provecho ilícito y en perjuicio de tercero, desviare a su favor las aguas públicas o privadas que no le corresponden o lo hiciere en mayor cantidad de la debida, será sancionado con reclusión de tres meses a dos años.

 

En la misma pena incurrirá el que estorbare o impidiere de cualquier manera el ejercicio de los derechos que un tercero tuviere sobre dichas aguas.

 

 

Artículo 355.- (USURPACION AGRAVADA)

 

La sanción será agravada en un tercio si en los casos de los ARTÍCULOS precedentes los hechos fueren cometidos por varias personas y con armas.

 

 

Artículo 356.- (CAZA Y PESCA PROHIBIDAS)

 

El que violare las disposiciones relativas a la caza y a la pesca o las hiciere en los lugares de reserva fiscal o en fundo ajeno, que esté cultivado o cercado, sin el consentimiento del dueño, incurrirá en prestación de trabajo de un mes a un año y multa hasta de sesenta días.

 

 

CAPITULO VIII Daños

 

Artículo 357.- (DAÑO SIMPLE)

 

El que de cualquier modo deteriorare, destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o dañare cosa ajena, incurrirá en la pena de reclusión de un mes a un año y multa hasta de sesenta días.

 

 

Artículo 358.- (DAÑO CALIFICADO)

 

La sanción será de privación de libertad de uno a seis años:

 

1.        Cuando el daño recayere sobre medios o vías de comunicación o de tránsito, sobre puentes o canales, sobre plantas de producción o conductos de agua, electricidad o de substancias energéticas.

 

2.        Cuando se cometiere en despoblado y en banda o cuadrilla, o con violencia en las personas o amenazas graves.

 

3.        Cuando recayere en cosas de valor artístico, arqueológico, científico, histórico. religioso, militar o económico.

 

4.        Cuando se realizare mediante incendio, destrucción o deterioro de documentos de valor estimable.

 

5.        Cuando se produjere la destrucción de bosques, selvas, pastos, mieses o cultivos, o el hecho recayere en animales de raza.

 

Artículo 359.- (EXENCION DE PENA)

 

No se aplicará sanción alguna, sin perjuicio de la acción civil que corresponda al damnificado, por los delitos de hurto, robo, extorsión. estafa, estelionato, apropiación indebida y daño, que recíprocamente se causaren:

 

1.        Los cónyuges no divorciados, los no separados legalmente o los convivientes.

 

2.        Los ascendientes, descendientes, adoptantes y adoptados y afines en línea recta.

 

3.        Los hermanos y cuñados, si vivieren juntos.

 

CAPITULO IX Usura

 

Artículo 360.- (USURA)

 

El que aprovechando la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de una persona, diere en cualquier forma, para sí o para otros, valores o especies a cambio de intereses superiores a los fijados por ley u otras ventajas pecuniarias evidentemente desproporcionadas con la prestación, será sancionado con reclusión de tres meses a dos años y multa de treinta a cien días.

 

Se aplicará la misma pena al que a sabiendas adquiriere, transfiriere o hiciere valer un crédito usurario, o al intermediario, testaferro o cooperador.

 

 

Artículo 361.- (USURA AGRAVADA)

 

La sanción será agravada en una mitad y multa hasta de cien días:

 

1.        Si el autor fuere prestamista o comisionista usurario profesional o habitual.

 

2.        Cuando se hubiere empleado cualquier artificio o engaño para obtener el consentimiento de la víctima.

 

3.        Si el hecho fuere encubierto mediante otras formas de contrato, aun a manera de cláusula penal que fije intereses.

 

4.        Si el hecho constituyere alguna de las formas del anatocismo.

 

CAPITULO X Delitos contra el derecho de autor

 

Artículo 362.- (DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL)

 

Quien con ánimo de lucro, en perjuicio ajeno, reproduzca, plagie, distribuya, publique en pantalla o en televisión, en todo o en parte, una obra literaria, artística, musical, científica, televisiva o cinematográfica, o su transformación, interpretación, ejecución artística a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los derechos de propiedad intelectual o de sus concesionarios o importe, exporte o almacene ejemplares de dichas obras, sin la referida autorización, será sancionado con la pena de reclusión de tres meses a dos años y multa de sesenta días.

 

 

Artículo 363.- (VIOLACION DE PRIVILEGIO DE INVENCION)

 

Será sancionado con reclusión de tres meses a dos años y multa de treinta a sesenta días, el que violare el derecho de privilegio de invención o descubrimiento, en los siguientes casos:

 

1.        Fabricando sin autorización del concesionario objetos o productos amparados por un privilegio.

 

2.        Usando medio o procedimiento que sea objeto de un privilegio.

 

CAPITULO XI Delitos informáticos

 

Artículo 363 bis.- (MANIPULACION INFORMATICA)

 

El que con la intención de obtener un beneficio indebido para sí o un tercero, manipule un procesamiento o transferencia de datos informáticos que conduzca a un resultado incorrecto o evite un proceso tal cuyo resultado habría sido correcto, ocasionando de esta manera una transferencia patrimonial en perjuicio de tercero, será sancionado con reclusión de uno a cinco años y con multa de sesenta a doscientos días.

 

 

Artículo 363 ter.- (ALTERACION, ACCESO Y USO INDEBIDO DE DATOS INFORMATICOS)

 

El que sin estar autorizado se apodere, acceda, utilice, modifique, suprima o inutilice, datos almacenados en una computadora o en cualquier soporte informático, ocasionando perjuicio al titular de la información, será sancionado con prestación de trabajo hasta un año o multa hasta doscientos días.

 

TITULO FINAL DISPOSICIONES TRANSITORIAS

 

Artículo 364.- (ABROGATORIA DE LEYES PENALES)

 

Se abroga el Código Penal de 6 de noviembre de 1834 y todas las demás leyes y disposiciones que sean contrarias a la presente Ley.

 

Código de Procedimiento Penal

LEY No. 1970

LEY DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL

LEY DEL 25 DE MARZO DE 1999

PRIMERA PARTE

PARTE GENERAL

LIBRO PRIMERO

PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES FUNDAMENTALES

TÍTULO I

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

Artículo 1º.- (Ninguna condena sin juicio previo y proceso legal). Nadie será condenado a sanción alguna si no es por sentencia ejecutoriada, dictada luego de haber sido oído previamente en juicio oral y público, celebrado conforme a la Constitución, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y este Código.

Artículo 2º.- (Legitimidad). Nadie será juzgado por comisiones o tribunales especiales ni sometido a otros órganos jurisdiccionales que los constituidos conforme a la Constitución y a la ley, con anterioridad al hecho de la causa.

Artículo 3º.- (Imparcialidad e independencia). Los jueces serán imparciales e independientes, sometidos únicamente a la Constitución, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y a las leyes.

Por ningún motivo, los órganos estatales, ni personas naturales o jurídicas interferirán en la substanciación de un proceso concreto. En caso de intromisión, el Juez informará a la Corte Suprema de Justicia sobre los hechos que afecten su independencia. Cuando la intromisión provenga del propio Poder Judicial, el informe será presentado al Consejo de la Judicatura o al Congreso Nacional.

Artículo 4º.- (Persecución penal única). Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho, aunque se modifique su calificación o se aleguen nuevas circunstancias. La sentencia ejecutoriada dictada en el extranjero sobre hechos que puedan ser conocidos por los tribunales nacionales producirá efecto de cosa juzgada.

Artículo 5º.- (Calidad y derechos del imputado). Se considera imputado a toda persona a quien se atribuya la comisión de un delito ante los órganos encargados de la persecución penal. El imputado podrá ejercer todos los derechos y garantías que la Constitución, las Convenciones y los Tratados internacionales vigentes y este Código le reconozcan, desde el primer acto del proceso hasta su finalización.

Se entenderá por primer acto del proceso, cualquier sindicación en sede judicial o administrativa contra una persona como presunto autor o partícipe de la comisión de un delito.

Toda persona a quien se atribuya un delito tiene derecho a ser tratada con el debido respeto a su dignidad de ser humano.

Artículo 6º.- (Presunción de inocencia). Todo imputado será considerado inocente y tratado como tal en todo momento, mientras no se declare su culpabilidad en sentencia ejecutoriada.

No se podrá obligar al imputado a declarar en contra de sí mismo y su silencio no será utilizado en su perjuicio.

La carga de la prueba corresponde a los acusadores y se prohibe toda presunción de culpabilidad.

En el caso del rebelde, se publicarán únicamente los datos indispensables para su aprehensión.

Artículo 7º.- (Aplicación de medidas cautelares y restrictivas). La aplicación de medidas cautelares establecidas en este Código será excepcional. Cuando exista duda en la aplicación de una medida cautelar o de otras disposiciones que restrinjan derechos o facultades del imputado, deberá estarse a lo que sea más favorable a éste.

Artículo 8º.- (Defensa material). El imputado, sin perjuicio de la defensa técnica, tendrá derecho a defenderse por sí mismo, a intervenir en todos los actos del proceso que incorporen elementos de prueba y a formular las peticiones y observaciones que considere oportunas.

Artículo 9º.- (Defensa técnica). Todo imputado tiene derecho a la asistencia y defensa de un abogado desde el primer acto del proceso hasta el fin de la ejecución de la sentencia. Este derecho es irrenunciable.

La designación del defensor se efectuará sin dilación ni formalidad alguna, desde el momento de la detención, apresamiento o antes de iniciarse la declaración del imputado. Si consultado el imputado, no lo elige o el elegido no acepta inmediatamente el cargo, se le nombrará de oficio un defensor.

Artículo 10º.- (Intérprete). El imputado que no comprenda el idioma español tendrá derecho a elegir un traductor o intérprete para que lo asista en todos los actos necesarios para su defensa. Cuando no haga uso de ese derecho o no cuente con los recursos suficientes, se le designará uno de oficio.

Artículo 11º.- (Garantías de la víctima). La víctima podrá intervenir en el proceso penal conforme a lo establecido en este Código, tendrá derecho a ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal y, en su caso, a impugnarla.

Artículo 12º.- (Igualdad). Las partes tendrán igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y derechos que les asisten.

Artículo 13º.- (Legalidad de la prueba). Los elementos de prueba sólo tendrán valor si han sido obtenidos por medios lícitos e incorporados al proceso conforme a las disposiciones de la Constitución Política del Estado y de este Código.

No tendrá valor la prueba obtenida mediante torturas, malos tratos, coacciones, amenazas, engaños o violación de los derechos fundamentales de las personas, ni la obtenida en virtud de información originada en un procedimiento o medio ilícito.

TÍTULO II

ACCIONES QUE NACEN DE LOS DELITOS

Artículo 14º.- (Acciones). De la comisión de todo delito nacen: la acción penal para la investigación del hecho, su juzgamiento y la imposición de una pena o medida de seguridad y la acción civil para la reparación de los daños y perjuicios emergentes.

CAPÍTULO I

ACCIÓN PENAL

Artículo 15º.- (Acción penal). La acción penal será pública o privada.

Artículo 16º.- (Acción penal pública). La acción penal pública será ejercida por la Fiscalía, en todos los delitos perseguibles de oficio, sin perjuicio de la participación que este Código reconoce a la víctima.

La acción penal pública será ejercida a instancia de parte sólo en aquellos casos previstos expresamente en este Código.

El ejercicio de la acción penal pública no se podrá suspender, interrumpir ni hacer cesar, salvo en los casos expresamente previstos por la ley.

Artículo 17º.- (Acción penal pública a instancia de parte). Cuando el ejercicio de la acción penal pública requiera de instancia de parte, la Fiscalía la ejercerá una vez que ella se produzca, sin perjuicio de realizar los actos imprescindibles para conservar los elementos de prueba, siempre que no afecten el interés de la víctima. Se entenderá que la instancia se ha producido cuando se formule la denuncia del hecho.

El fiscal la ejercerá directamente cuando el delito se haya cometido contra:

  1. Una persona menor de la pubertad;
  2. Un menor o incapaz que no tenga representación legal; o,
  3. Un menor o incapaz por uno o ambos padres, el representante legal o el encargado de su custodia, cualquiera sea el grado de su participación.

La instancia de parte permitirá procesar al autor y a todos los partícipes sin limitación alguna.

Artículo 18º.- (Acción penal privada). La acción penal privada será ejercida exclusivamente por la víctima, conforme al procedimiento especial regulado en este Código. En este procedimiento especial no será parte la Fiscalía.

Artículo 19º.- (Delitos de acción pública a instancia de parte). Son delitos de acción pública a instancia de parte: el abandono de familia, incumplimiento de deberes de asistencia, abandono de mujer embarazada, violación, abuso deshonesto, estupro, rapto impropio, rapto con mira matrimonial, corrupción de mayores y proxenetismo.

Artículo 20º.- (Delitos de acción privada). Son delitos de acción privada: el giro de cheque en descubierto, giro defectuoso de cheque, desvío de clientela, corrupción de dependientes, apropiación indebida, abuso de confianza, los delitos contra el honor, destrucción de cosas propias para defraudar, defraudación de servicios o alimentos, alzamiento de bienes o falencia civil, despojo, alteración de linderos, perturbación de posesión y daño simple.

Los demás delitos son de acción pública.

Artículo 21.- (Obligatoriedad). La Fiscalía tendrá la obligación de ejercer la acción penal pública en todos los casos que sea procedente.

No obstante, podrá solicitar al juez que prescinda de la persecución penal, de uno o varios de los hechos imputados, respecto de uno o algunos de los partícipes, en los siguientes casos:

  1. Cuando se trate de un hecho de escasa relevancia social por la afectación mínima del bien jurídico protegido;
  2. Cuando el imputado haya sufrido a consecuencia del hecho, un daño físico o moral más grave que la pena por imponerse;
  3. Cuando la pena que se espera por el delito de cuya persecución se prescinde carece de importancia en consideración a una pena ya impuesta por otro delito;
  4. Cuando sea previsible el perdón judicial; y,
  5. Cuando la pena que se espera carezca de importancia en consideración a las de otros delitos, o a la que se le impondría en un proceso tramitado en el extranjero y sea procedente la extradición solicitada.

En los supuestos previstos en los numerales 1), 2), y 4) será necesario que el imputado, en su caso, haya reparado el daño ocasionado, firmado un acuerdo con la víctima en ese sentido o afianzado suficientemente esa reparación.

Artículo 22º.- (Efectos). La decisión que prescinda de la persecución penal extinguirá la acción pública en relación con el imputado en cuyo favor se decida. No obstante, si la decisión se funda en la irrelevancia social del hecho, sus efectos se extenderán a todos los partícipes.

En el caso del numeral 5) del artículo anterior, sólo se suspenderá el ejercicio de la acción penal pública hasta que la sentencia por los otros delitos adquiera ejecutoria, momento en el que se resolverá definitivamente sobre la prescindencia de la persecución penal. Si ésta no satisface las condiciones por las cuales se suspendió el ejercicio de la acción penal pública, el juez podrá reanudar su trámite.

Artículo 23º.- (Suspensión condicional del proceso). Cuando sea previsible la suspensión condicional de la pena, las partes podrán solicitar la suspensión condicional del proceso.

Esta suspensión procederá si el imputado presta su conformidad y, en su caso, cuando haya reparado el daño ocasionado, firmado un acuerdo con la víctima en ese sentido o afianzado suficientemente esa reparación.

La solicitud se podrá presentar hasta antes de finalizada la etapa preparatoria.

Artículo 24º.- (Condiciones y reglas). Al resolver la suspensión condicional del proceso, el juez fijará un período de prueba, que no podrá ser inferior a un año ni superior a tres y en ningún caso excederá el máximo de la pena prevista; determinará las condiciones y reglas que deberá cumplir el imputado en ese plazo, seleccionando de acuerdo con la naturaleza del hecho entre las siguientes:

  1. Prohibición de cambiar de domicilio sin autorización del juez;
  2. Prohibición de frecuentar determinados lugares o personas;
  3. Abstención del consumo de estupefacientes o de bebidas alcohólicas;
  4. Someterse a la vigilancia que determine el juez;
  5. Prestar trabajo a favor del Estado o de instituciones de asistencia pública, fuera de sus horarios habituales de trabajo;
  6. Permanecer en un trabajo o empleo, o adoptar en el plazo que el juez determine, un oficio, arte, industria o profesión;
  7. Someterse a tratamiento médico o psicológico;
  8. Prohibición de tener o portar armas; y,
  9. Prohibición de conducir vehículos.

El juez podrá imponer otras reglas de conducta análogas, que estime convenientes para la reintegración social del sometido a prueba. El juez notificará personalmente al imputado la suspensión condicional del proceso, con expresa advertencia sobre las reglas de conducta, así como sobre las consecuencias de su inobservancia.

La suspensión condicional del proceso sólo será apelable por el imputado y únicamente, cuando las reglas sean ilegítimas, afecten su dignidad o sean excesivas.

El juez de ejecución penal velará por el cumplimiento de las reglas.

Artículo 25º.- (Revocatoria). Si el imputado se aparta considerablemente y en forma injustificada de las reglas impuestas, no cumple los acuerdos o promesas de reparación del daño civil, o se formaliza la acusación por la comisión de un nuevo delito, el juez de la causa revocará la suspensión y el proceso continuará su curso. En el primer caso, el juez podrá optar por la ampliación del período de prueba y/o la modificación de las medidas impuestas.

La revocatoria de la suspensión del proceso no impedirá el posterior perdón judicial o suspensión condicional de la pena.

Si la suspensión condicional del proceso no ha sido revocada hasta el vencimiento del período de prueba, el juez de la causa declarará extinguida la acción penal.

Artículo 26º.- (Conversión de acciones). A pedido de la víctima, la acción penal pública podrá ser convertida en acción privada en los siguientes casos:

  1. Cuando se trate de un delito que requiera instancia de parte, salvo las excepciones previstas en el Artículo 17º de este Código;
  2. Cuando se trate de delitos de contenido patrimonial o de delitos culposos que no tengan por resultado la muerte siempre que no exista un interés público gravemente comprometido; y,
  3. Cuando se haya dispuesto el rechazo previsto en el Artículo 304º o la aplicación del criterio de oportunidad previsto en el numeral 1) del Artículo 21º de este Código y la víctima o el querellante hayan formulado oposición.

En los casos previstos en los numerales 1) y 2) la conversión será autorizada por el Fiscal de Distrito o por quien él delegue, autorización que será emitida dentro de los tres días de solicitada. En el caso del numeral 3) la conversión será autorizada por el juez de la instrucción.

Artículo 27º.- (Motivos de extinción). La acción penal, se extingue:

  1. Por muerte del imputado;
  2. Por amnistía;
  3. Por el pago del máximo previsto para la pena de multa, en el caso de delitos sancionados sólo con esa clase de pena;
  4. Por la aplicación de uno de los criterios de oportunidad, en los casos y las formas previstos en este Código;
  5. Por el desistimiento o abandono de la querella respecto de los delitos de acción privada;
  6. Por la reparación integral del daño particular o social causado, realizada hasta la audiencia conclusiva, en los delitos de contenido patrimonial o en los delitos culposos que no tengan por resultado la muerte, siempre que lo admita la víctima o el fiscal, según el caso;
  7. Por conciliación en los casos y formas previstos en este Código;
  8. Por prescripción;
  9. Si la investigación no es reabierta en el término de un año, de conformidad con lo previsto en el Artículo 304º de este Código;
  10. Por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso; y,
  11. Por cumplimiento de las condiciones de la suspensión condicional del proceso.

Artículo 28º.- (Justicia comunitaria). Se extinguirá la acción penal cuando el delito o la falta se cometa dentro de una comunidad indígena y campesina por uno de sus miembros en contra de otro y sus autoridades naturales hayan resuelto el conflicto conforme a su Derecho Consuetudinario Indígena, siempre que dicha resolución no sea contraria a los derechos fundamentales y garantías de las personas establecidos por la Constitución Política del Estado.

La Ley compatibilizará la aplicación del Derecho Consuetudinario Indígena.

Artículo 29º.- (Prescripción de la acción). La acción penal prescribe:

  1. En ocho años, para los delitos que tengan señalada una pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea de seis o más de seis años;
  2. En cinco años, para los que tengan señaladas penas privativas de libertad cuyo máximo legal sea menor de seis y mayor de dos años;
  3. En tres años, para los demás delitos sancionados con penas privativas de libertad; y,
  4. En dos años para los delitos sancionados con penas no privativas de libertad.

Artículo 30º.- (Inicio del término de la prescripción). El término de la prescripción empezará a correr desde la media noche del día en que se cometió el delito o en que cesó su consumación.

Artículo 31º.- (Interrupción del término de la prescripción). El término de la prescripción de la acción se interrumpirá por la declaratoria de rebeldía del imputado, momento desde el cual el plazo se computará nuevamente.

Artículo 32º.- (Suspensión del término de la prescripción). El término de la prescripción de la acción se suspenderá:

  1. Cuando se haya resuelto la suspensión de la persecución penal y esté vigente el período de prueba correspondiente;
  2. Mientras esté pendiente la presentación del fallo que resuelva las cuestiones prejudiciales planteadas;
  3. Durante la tramitación de cualquier forma de antejuicio o de la conformidad de un gobierno extranjero de la que dependa el inicio del proceso; y,
  4. En los delitos que causen alteración del orden constitucional e impidan el ejercicio regular de la competencia de las autoridades legalmente constituidas, mientras dure ese estado.

Artículo 33º.- (Efectos). El término de la prescripción se interrumpirá o se suspenderá de manera individualizada para el autor y los partícipes.

Artículo 34º.- (Tratados internacionales). Tendrán aplicación preferente las reglas sobre prescripción contenidas en Tratados y Convenios internacionales vigentes.

Artículo 35º.- (Prohibiciones y limitaciones en el ejercicio de la acción penal). No podrán denunciar ni ejercitar la acción penal: el descendiente en línea directa contra su ascendiente y viceversa, dentro del cuarto grado de consanguinidad o por adopción; los parientes colaterales entre sí, dentro del segundo grado de consanguinidad o por adopción; los cónyuges y convivientes entre sí; y el condenado por falso testimonio, calumnia o soborno; salvo que lo hagan por delitos cometidos contra ellos o contra sus ascendientes o descendientes, su cónyuge, conviviente o sus hermanos.

Los menores de edad o los interdictos declarados sólo podrán ejercitar la acción penal por medio de sus representantes legales.

CAPÍTULO II

ACCION CIVIL

Artículo 36º.- (Acción civil). La acción civil para la reparación o indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito, sólo podrá ser ejercida por el damnificado, contra el autor y los partícipes del delito y, en su caso, contra el civilmente responsable.

En caso de fallecimiento del damnificado, pueden ejercitarla sus herederos.

Artículo 37º.- (Ejercicio). La acción civil podrá ser ejercida en el proceso penal conforme con las reglas especiales previstas en este Código o intentarse ante los tribunales civiles, pero no se podrá promover simultáneamente en ambas jurisdicciones.

Artículo 38º.- (Concurrencia de acciones). Cuando la acción reparatoria se intente en la vía civil no se dictará sentencia en esta jurisdicción mientras el proceso penal pendiente no haya sido resuelto mediante sentencia o resolución ejecutoriada, con excepción de los siguientes casos:

  1. Si hubiera fallecido el imputado antes de ejecutoriarse la sentencia del proceso penal, la acción civil podrá ser continuada o promovida contra sus herederos;
  2. Si se hubiera dispuesto la suspensión del proceso penal por rebeldía o enfermedad mental del imputado;
  3. Si se hubiera dispuesto la extinción de la acción por duración máxima del proceso, sin perjuicio de la responsabilidad del funcionario negligente; y,
  4. Por amnistía.

Artículo 39º.- (Cosa juzgada penal). La sentencia condenatoria ejecutoriada, dictada en proceso penal, producirá efecto de cosa juzgada en el proceso civil. La sentencia absolutoria y el sobreseimiento ejecutoriados producirán efectos de cosa juzgada en el proceso civil en cuanto a la inexistencia del hecho principal que constituya delito o a la ausencia de participación de las personas a las que se les atribuyó su comisión.

Artículo 40º.- (Cosa juzgada civil). La sentencia ejecutoriada, dictada en el juicio civil, no impedirá ninguna acción penal posterior sobre el mismo hecho o sobre otro que con él tenga relación.

La sentencia ejecutoriada posterior, dictada en el proceso penal, no incidirá en los efectos de la sentencia civil pasada en cosa juzgada salvo cuando la absolución se funde en la inexistencia del hecho o en la no participación del imputado.

Artículo 41º.- (Ejercicio de la acción civil por el fiscal). La acción civil será ejercida obligatoriamente por el fiscal cuando se trate de delitos que afecten el patrimonio del Estado y, subsidiariamente, cuando afecten intereses colectivos o difusos.

LIBRO SEGUNDO

LA JUSTICIA PENAL Y LOS SUJETOS PROCESALES

TÍTULO I

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

Artículo 42º.- (Jurisdicción). Corresponde a la justicia penal el conocimiento exclusivo de todos los delitos, así como la ejecución de sus resoluciones, según lo establecido en este Código. La jurisdicción penal es irrenunciable e indelegable, con las excepciones establecidas en este Código.

Artículo 43º.- (Órganos). Son órganos jurisdiccionales penales:

  1. La Corte Suprema de Justicia;
  2. Las Cortes Superiores de Justicia;
  3. Los Tribunales de Sentencia que admitirán división de su competencia por razón de la materia, en sustancias controladas, económica, administrativa y otras, de acuerdo con las leyes orgánicas;
  4. Los Jueces de Sentencia que admitirán división de su competencia por razón de la materia, en sustancias controladas, económica, administrativa y otras, de acuerdo con las leyes orgánicas;
  5. Los Jueces de Instrucción; y,
  6. Los Jueces de Ejecución Penal.

Artículo 44º.- (Competencia. carácter y extensión). La competencia penal de los jueces y tribunales es improrrogable y se rige por las reglas respectivas de su Ley Orgánica y por las de este Código.

La competencia territorial de un juez o tribunal de sentencia no podrá ser objetada ni modificada una vez señalada la audiencia del juicio.

El juez o tribunal que sea competente para conocer de un proceso penal, lo será también para decidir todas las cuestiones e incidentes que se susciten en el curso de su tramitación, así como para dictar las resoluciones respectivas y ejecutarlas.

Artículo 45º.- (Indivisibilidad de juzgamiento). Por un mismo hecho no se podrá seguir diferentes procesos aunque los imputados sean distintos, salvo las excepciones previstas en este Código.

Artículo 46º.- (Incompetencia). La incompetencia por razón de materia será declarada, aún de oficio, en cualquier estado del proceso. Cuando se la declare, se remitirán las actuaciones al juez o al tribunal competente y, cuando corresponda, se pondrán los detenidos a su disposición.

La inobservancia de las reglas de la competencia por razón de materia producirá la nulidad de los actos.

Artículo 47º.- (Convalidación). No serán nulas las actuaciones de un juez con competencia para conocer hechos más graves que haya actuado en una causa de menor gravedad.

En caso de concurso de delitos y de conexión de procesos de competencia concurrente de los tribunales y jueces de sentencia, corresponderá el conocimiento de todos los hechos a los tribunales de sentencia.

Artículo 48º.- (Jurisdicción ordinaria y especial). En caso de duda sobre la jurisdicción aplicable, por razones de concurrencia o conexitud entre la jurisdicción especial y la ordinaria, corresponderá el conocimiento de los delitos a la ordinaria.

En ningún caso los civiles serán sometidos a la jurisdicción militar.

Artículo 49º.- (Reglas de competencia territorial). Serán competentes:

  1. El juez del lugar de la comisión del delito. El delito se considera cometido en el lugar donde se manifieste la conducta o se produzca el resultado;
  2. El juez de la residencia del imputado o del lugar en que éste sea habido;
  3. El juez del lugar donde se descubran las pruebas materiales del hecho;
  4. Cuando el delito cometido en territorio extranjero haya producido sus efectos en territorio boliviano, conocerá el juez del lugar donde se hayan producido los efectos o el que hubiera prevenido;
  5. En caso de tentativa, será el del lugar donde se realizó el comienzo de la ejecución o donde debía producirse el resultado; y,
  6. Cuando concurran dos o más jueces igualmente competentes conocerá el que primero haya prevenido.

Los actos del juez incompetente por razón del territorio mantendrán validez, sin perjuicio de las modificaciones que pueda realizar el juez competente.

CAPÍTULO I

TRIBUNALES COMPETENTES

Artículo 50º.- (Corte Suprema de Justicia). La Corte Suprema de Justicia es competente para conocer la substanciación y resolución de:

  1. Los recursos de casación;
  2. Los recursos de revisión de sentencia condenatoria ejecutoriada; y,
  3. Las solicitudes de extradición.

Artículo 51º.- (Cortes Superiores de Justicia). Las Cortes Superiores de Justicia son competentes para conocer:

  1. La sustanciación y resolución del recurso de apelación incidental, según las reglas establecidas en este Código;
  2. La sustanciación y resolución del recurso de apelación restringida interpuesto contra las sentencias, en los casos previstos en este Código;
  3. Las excusas o recusaciones contra los jueces unipersonales de primera instancia y de los jueces de ejecución penal; y,
  4. Los conflictos de competencia.

Artículo 52º.- (Tribunales de Sentencia). Los tribunales de sentencia, estarán integrados por dos jueces técnicos y tres jueces ciudadanos y serán competentes para conocer la sustanciación y resolución del juicio en todos los delitos de acción pública con las excepciones señaladas en el artículo siguiente.

En ningún caso el número de jueces ciudadanos será menor al de jueces técnicos.

El presidente del tribunal será elegido de entre los jueces técnicos.

Artículo 53º.- (Jueces de Sentencia). Los jueces de sentencia son competentes para conocer la sustanciación y resolución de:

  1. Los juicios por delitos de acción privada;
  2. Los juicios por delitos de acción pública sancionados con pena no privativa de libertad o con pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea de cuatro o menos años;
  3. El procedimiento para la reparación del daño, cuando se haya dictado sentencia condenatoria;
  4. La extinción de la acción penal en el caso de conflictos resueltos por las comunidades indígenas; y,
  5. El recurso de Habeas Corpus, cuando a ellos les sea planteado.

Artículo 54º.- (Jueces de Instrucción). Los jueces de instrucción serán competentes para:

  1. El control de la investigación, conforme a las facultades y deberes previstos en este Código;
  2. Emitir las resoluciones jurisdiccionales que correspondan durante la etapa preparatoria y de la aplicación de criterios de oportunidad;
  3. La sustanciación y resolución del proceso abreviado;
  4. Decidir la suspensión del proceso a prueba;
  5. Homologar la conciliación, cuando les sea presentada;
  6. Decidir sobre las solicitudes de cooperación judicial internacional;
  7. Conocer y resolver sobre la incautación de bienes y sus incidentes; y,
  8. Conocer y resolver los recursos de Habeas Corpus, si no existieran jueces de sentencia en su asiento jurisdiccional, cuando a ellos les sea planteado.

Artículo 55º.- (Jueces de Ejecución Penal). Los jueces de ejecución penal, además de las atribuciones contenidas en la Ley de Organización Judicial y en la Ley de Ejecución de Penas y Sistema Penitenciario, tendrán a su cargo:

  1. El control de la ejecución de las sentencias y de las condiciones impuestas en la suspensión condicional del proceso, del control de la suspensión condicional de la pena y del control del respeto de los derechos de los condenados;
  2. La sustanciación y resolución de la libertad condicional y de todos los incidentes que se produjeran durante la etapa de ejecución; y,
  3. La revisión de todas las sanciones impuestas durante la ejecución de la condena que inequívocamente resultaran contrarias a las finalidades de enmienda y readaptación de los condenados.

Artículo 56º.- (Secretarios). El juez o tribunal será asistido, en el cumplimiento de sus actos, por el secretario.

A los secretarios les corresponderá como función propia, además de las expresamente señaladas en este Código, ordenar las notificaciones, disponer la custodia de objetos probatorios secuestrados, llevar al día los registros y estadísticas, dirigir al personal auxiliar, informar a las partes y colaborar en todos los trabajos que el juez o el tribunal les ordenen.

CAPÍTULO II

INTEGRACIÓN DE LOS TRIBUNALES DE SENTENCIA CON JUECES CIUDADANOS

Artículo 57º.- (Jueces ciudadanos. Requisitos). Para ser juez ciudadano se requiere:

  1. Ser mayor de veinticinco años;
  2. Estar en pleno ejercicio de los derechos ciudadanos;
  3. Tener domicilio conocido; y,
  4. Tener profesión, ocupación, oficio, arte o industria conocidos.

Artículo 58º.- (Impedimentos). No podrán ser jueces ciudadanos:

  1. Los abogados;
  2. Los funcionarios auxiliares de los juzgados y de la Fiscalía; y,
  3. Los miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

Artículo 59º.- (Padrón general). Las Cortes Departamentales Electorales elaborarán anualmente el padrón de ciudadanos que cumplan las condiciones previstas en los Artículos 57º y 58º de este Código.

Las Cortes Departamentales Electorales comunicarán ese padrón a la oficina correspondiente de la Corte Superior de Justicia de cada departamento, el primer día hábil del mes de diciembre.

Artículo 60º.- (Lista de ciudadanos). Las Cortes Superiores de Justicia verificarán que los ciudadanos cumplan los requisitos establecidos en este Código y elaborarán la lista para cada tribunal de sentencia, por sorteo y según el domicilio correspondiente.

Quien haya cumplido la función de juez ciudadano no podrá ser designado nuevamente para esas funciones durante los tres años siguientes, salvo que en un lapso menor hayan sido convocados todos los que integran el padrón.

Artículo 61º.- (Sorteo de los jueces ciudadanos). Señalada la audiencia del juicio y quince días antes de su realización, el Presidente del tribunal elegirá por sorteo, en sesión pública y previa notificación de las partes, a doce ciudadanos, los que serán consignados en una lista, con el objeto de integrar el tribunal. El sorteo no se suspenderá por inasistencia de las partes.

Concluido este trámite, se pondrá en conocimiento de las partes la lista de los jueces ciudadanos elegidos y se convocará a la audiencia de constitución del tribunal por realizarse dentro de los cinco días siguientes.

Artículo 62º.- (Audiencia de constitución del Tribunal). La audiencia pública de constitución del tribunal de sentencia, se regirá por el siguiente procedimiento:

  1. El Presidente preguntará a los ciudadanos seleccionados, si se encuentran comprendidos dentro de las causales de excusa previstas por ley;
  2. Resueltas las excusas, el Presidente los interrogará sobre la existencia de impedimentos para cumplir la función de juez ciudadano. Si éstos son admisibles dispondrá su exclusión de la lista;
  3. Seguidamente resolverá las recusaciones fundamentadas por las partes contra los jueces ciudadanos;
  4. Finalmente, las partes podrán recusar sin expresión de causa a dos de los ciudadanos seleccionados quienes serán excluidos en el acto.

Al concluir la audiencia, el Presidente del tribunal designará formalmente a los tres jueces ciudadanos y les advertirá sobre la importancia y deberes de su cargo, que desde ese momento no podrán emitir criterios sobre la causa ni tomar contacto con las partes, sólo los citará para la celebración del juicio.

Los jueces ciudadanos designados no podrán excusarse posteriormente. Las recusaciones e impedimentos fundados sobrevinientes serán resueltos inmediatamente a tiempo de ser planteados. En este caso, se citará al siguiente de la lista hasta completar el número.

Artículo 63º.- (Circunstancias extraordinarias). Cuando no sea posible integrar el tribunal con la lista original, se efectuará un sorteo extraordinario y se repetirá el procedimiento de selección y constitución del tribunal, abreviando los plazos para evitar demoras en el juicio.

Si efectuado el sorteo extraordinario no sea posible integrar el tribunal con los jueces ciudadanos, el juicio se celebrará en el asiento judicial más próximo repitiéndose el procedimiento de selección.

Artículo 64º.- (Deberes y atribuciones de los jueces ciudadanos). Desde el momento de su designación, los jueces ciudadanos serán considerados integrantes del tribunal y durante la sustanciación del juicio tendrán los mismos deberes y atribuciones que los jueces técnicos.

Artículo 65º.- (Sanción). La inasistencia injustificada a la audiencia de constitución del tribunal y el incumplimiento de la función de juez ciudadano serán sancionados como delito de desobediencia a la autoridad.

Artículo 66º.- (Remuneración). La función de juez ciudadano será remunerada de la siguiente manera:

  1. Cuando se trate de empleados públicos o privados, mediante declaratoria en comisión con goce de haberes, de carácter obligatorio para el empleador; y,
  2. En caso de trabajadores independientes, el Estado asignará en su favor una remuneración diaria equivalente al cincuenta por ciento (50%) del haber diario que percibe un juez técnico. Los gastos que demande esta remuneración serán imputables a las costas en favor del Estado.

CAPÍTULO III

CONEXITUD

Artículo 67º.- (Casos de conexitud). Habrá lugar a conexitud de procesos:

  1. Si los hechos imputados han sido cometidos simultáneamente por varias personas reunidas, o por varias personas en distintos lugares o tiempos, cuando hubiera mediado acuerdo entre ellas;
  2. Cuando los hechos imputados sean cometidos para proporcionarse los medios de cometer otros, o para facilitar la ejecución de éstos o asegurar su impunidad; y,
  3. Cuando los hechos imputados hayan sido cometidos recíprocamente.

Artículo 68º.- (Efectos). En los casos de conexitud, las causas se acumularán y serán conocidas por un solo juez o tribunal. Será competente:

  1. El juez o tribunal que conozca del delito sancionado con pena más grave.
  2. En caso de igual gravedad, aquel que conozca la causa cuya fecha de iniciación sea más antigua;
  3. En caso de que los hechos sean simultáneos, o no conste debidamente cuál se cometió primero o, en caso de duda, el que haya prevenido; y,
  4. En caso de conflicto, será tribunal competente aquel que determine la Corte Superior de Justicia.

Excepcionalmente, el juez competente podrá disponer la tramitación separada según convenga a la naturaleza de las causas, para evitar el retardo procesal o facilitar el ejercicio de la defensa.

Los procesos por delitos de acción privada no podrán acumularse a procesos por delitos de acción pública.

TÍTULO II

ÓRGANOS DE INVESTIGACIÓN

Artículo 69º.- (Función de Policía Judicial).- La policía judicial es una función de servicio público para la investigación de los delitos.

La investigación de los delitos se halla a cargo del Ministerio Público, de la Policía Nacional y del Instituto de Investigaciones Forenses, de conformidad con lo previsto por la Constitución Política del Estado, las leyes y con los alcances establecidos en este Código.

La Policía Nacional, en ejercicio de funciones de policía judicial, y el Instituto de Investigaciones Forenses participan en la investigación de los delitos bajo la dirección del Ministerio Público.

Las diligencias de policía judicial en materia de sustancias controladas serán procesadas por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico bajo la dirección del fiscal de sustancias controladas.

CAPÍTULO I

MINISTERIO PÚBLICO

Artículo 70º.- (Funciones del Ministerio Público). Corresponderá al Ministerio Público dirigir la investigación de los delitos y promover la acción penal pública ante los órganos jurisdiccionales. Con este propósito realizará todos los actos necesarios para preparar la acusación y participar en el proceso, conforme a las disposiciones previstas en este Código y en su Ley Orgánica.

Igualmente deberá actuar ante los jueces de ejecución penal en todo lo relacionado con el cumplimiento de la pena.

Artículo 71º.- (Ilegalidad de la prueba). Los fiscales no podrán utilizar en contra del imputado pruebas obtenidas en violación a la Constitución Política del Estado, Convenciones y Tratados internacionales vigentes y las leyes.

Artículo 72º.- (Objetividad). Los fiscales velarán por el cumplimiento efectivo de las garantías que reconocen la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y las leyes. En su investigación tomarán en cuenta no sólo las circunstancias que permitan comprobar la acusación, sino también las que sirvan para eximir de responsabilidad al imputado; formulando sus requerimientos conforme a este criterio.

Artículo 73º.- (Actuaciones fundamentadas). Los fiscales formularán sus requerimientos y resoluciones de manera fundamentada y específica. Procederán oralmente en las audiencias y en el juicio y, por escrito, en los demás casos.

CAPÍTULO II

POLICÍA NACIONAL E INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FORENSES

Artículo 74º.- (Policía Nacional). La Policía Nacional, en la investigación de los delitos, se encargará de la identificación y aprehensión de los presuntos responsables, de la identificación y auxilio a las víctimas, de la acumulación y seguridad de las pruebas y de toda actuación dispuesta por el fiscal que dirige la investigación; diligencias que serán remitidas a los órganos competentes.

Artículo 75º.- (Instituto de Investigaciones Forenses). El Instituto de Investigaciones Forenses es un órgano dependiente administrativa, y financieramente de la Fiscalía General de la República. Estará encargado de realizar, con autonomía funcional, todos los estudios científico – técnicos requeridos para la investigación de los delitos o la comprobación de otros hechos mediante orden judicial.

Los Directores y demás personal del Instituto de Investigaciones Forenses serán designados mediante concurso público de méritos y antecedentes. Cuando la designación recaiga en miembros activos de la Policía Nacional, éstos serán declarados en comisión de servicio sin afectar su carrera policial.

La organización y funcionamiento del Instituto de Investigaciones Forenses serán reglamentados por la Fiscalía General de la República.

TÍTULO III

VÍCTIMA Y QUERELLANTE

Artículo 76º.- (Víctima). Se considera víctima:

  1. A las personas directamente ofendidas por el delito;
  2. Al cónyuge o conviviente, a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, al hijo o padre adoptivo y al heredero testamentario, en los delitos cuyo resultado sea la muerte del ofendido;
  3. A las personas jurídicas en los delitos que les afecten; y,
  4. A las fundaciones y asociaciones legalmente constituidas, en aquellos delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la fundación o asociación se vincule directamente con estos intereses.

Artículo 77º.- (Información a la víctima). Aun cuando la víctima no hubiera intervenido en el proceso, deberá ser informada por la autoridad responsable de la persecución penal sobre sus derechos y por el juez o tribunal sobre los resultados del proceso, bajo responsabilidad que corresponda en caso de incumplimiento.

Artículo 78º.- (Querellante). La víctima podrá promover la acción penal mediante querella, sea en los casos de acción pública o privada, según los procedimientos establecidos en este Código.

Los menores de edad y los interdictos declarados, podrán formular querella por medio de sus representantes legales.

En caso de incapacidad temporal de la víctima, sus derechos podrán ser ejercidos por sus familiares según las reglas de la representación sin mandato.

Las personas jurídicas podrán querellarse a través de sus representantes.

Artículo 79º.- (Derechos y facultades del querellante). En los delitos de acción pública, el querellante o su representante legal, podrán provocar la persecución penal o intervenir en la ya iniciada por la Fiscalía, con todos los derechos y facultades previstos en la Constitución Política del Estado, en este Código y en las leyes especiales. La querella podrá interponerse hasta el momento de presentación de la acusación fiscal de conformidad con lo previsto en el Artículo 340º de este Código.

Cuando el proceso se haya iniciado, el querellante se someterá al estado en que se encuentre, sin retrotraer el trámite.

La participación de la víctima como querellante no alterará las facultades concedidas por la ley a los fiscales y a los jueces, ni los eximirá de sus responsabilidades.

Artículo 80º.- (Pluralidad de querellantes). Cuando actúen varios querellantes con un interés común y siempre que haya compatibilidad en la acción, el juez o tribunal, de oficio o a petición de parte, les intimará a unificar su representación.

Si los querellantes no se ponen de acuerdo con el nombramiento de su representante y sean compatibles sus pretensiones, el juez o tribunal lo designará eligiendo de entre los que intervienen en el proceso.

Artículo 81º.- (Representación convencional). La querella podrá ser iniciada y proseguida por mandatario con poder especial, que cumpla con los requisitos legales.

La persona ofendida directamente por el delito podrá disponer que sus derechos y facultades sean ejercidos por una asociación o fundación de protección o ayuda a las víctimas. En este caso no será necesario el poder especial y bastará que la delegación de derechos y facultades conste en un escrito firmado por la víctima y el representante legal de la entidad.

Artículo 82º.- (Deber de atestiguar). La intervención de una persona como querellante no la exime de la obligación de declarar como testigo en el proceso.

TÍTULO IV

IMPUTADO

CAPÍTULO I

NORMAS GENERALES

Artículo 83º.- (Identificación). El imputado, desde el primer acto del proceso, será identificado por su nombre, datos personales y señas particulares. Si se abstiene de proporcionar esos datos o los proporciona de manera falsa, se procederá a su identificación por testigos, fotografías, identificación dactiloscópica u otros medios lícitos.

La duda sobre los datos obtenidos no alterará el curso del proceso y los errores podrán ser corregidos en cualquier oportunidad, aun durante la ejecución penal.

Artículo 84º.- (Derechos del imputado). Toda autoridad que intervenga en el proceso se asegurará de que el imputado conozca, los derechos que la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y este Código le reconocen.

El imputado desde el inicio de su captura tendrá derecho a ser asistido y a entrevistarse en privado con su defensor.

Si el imputado está privado de libertad, el encargado de su custodia transmitirá al juez las peticiones u observaciones que aquél formule dentro de las veinticuatro horas siguientes y facilitará en todo momento su comunicación con el defensor.

Artículo 85º.- (Minoridad). Si el imputado fuera menor de edad, quienes ejerzan la patria potestad o su tutor podrán intervenir en el proceso asumiendo su defensa, sin perjuicio de su propia intervención.

Si la patria potestad estuviera ejercida por el padre y la madre, éstos actuarán bajo única representación. El conflicto que pueda suscitarse entre ellos lo resolverá el juez o tribunal de la causa.

Cuando el menor no tenga representación legal, será obligatoria la intervención de un representante estatal de protección al menor, bajo sanción de nulidad.

Artículo 86º.- (Enajenación mental). Si durante el proceso se advierte que el imputado padece de alguna enfermedad mental que le impida comprender los actos del proceso, el juez o tribunal podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, su reconocimiento psiquiátrico. Comprobado este extremo ordenará, por resolución, la suspensión del proceso hasta que desaparezca su incapacidad.

Esta resolución no impedirá que se investigue el hecho o que continúe el proceso con respecto a los coimputados.

El juez o tribunal podrá ordenar su libertad, dejándolo al cuidado de sus padres, tutor o curador, cuando no exista peligro de que se dañe a sí mismo o a los demás. Caso contrario dispondrá la internación del imputado en un establecimiento adecuado, cuyo responsable informará por lo menos una vez cada tres meses sobre el estado mental del enfermo.

En ambos casos, el enfermo será examinado por lo menos una vez cada seis meses por los peritos que el juez o tribunal designe. Si de los informes médicos resulta que el imputado ha recobrado su salud mental, el juez o tribunal dispondrá la prosecución de la causa.

Artículo 87º.- (Rebeldía). El imputado será declarado rebelde cuando:

  1. No comparezca, sin causa justificada, a una citación de conformidad a lo previsto en este Código;
  2. Se haya evadido del establecimiento o lugar donde se encontraba detenido;
  3. No cumpla un mandamiento de aprehensión emitido por autoridad competente; y,
  4. Se ausente sin licencia del juez o tribunal del lugar asignado para residir.

Artículo 88º.- (Impedimento del imputado emplazado). El imputado o cualquiera a su nombre podrá justificar ante el juez o tribunal su impedimento; caso en el que se concederá al impedido un plazo prudencial para que comparezca.

Artículo 89º.- (Declaratoria de rebeldía). El juez o tribunal del proceso, previa constatación de la incomparecencia, evasión, incumplimiento o ausencia, declarará la rebeldía mediante resolución fundamentada, expidiendo mandamiento de aprehensión o ratificando el expedido.

Declarada la rebeldía el juez o tribunal dispondrá:

  1. El arraigo y la publicación de sus datos y señas personales en los medios de comunicación para su búsqueda y aprehensión;
  2. Las medidas cautelares que considere convenientes sobre los bienes del imputado para asegurar la eventual responsabilidad civil emergente del hecho imputado;
  3. La ejecución de la fianza que haya sido prestada;
  4. La conservación de las actuaciones y de los instrumentos o piezas de convicción; y,
  5. La designación de un defensor para el rebelde que lo represente y asista con todos los poderes, facultades y recursos reconocidos a todo imputado.

Artículo 90º.- (Efectos de la rebeldía). La declaratoria de rebeldía no suspenderá la etapa preparatoria. Cuando sea declarada durante el juicio, éste se suspenderá con respecto al rebelde y continuará para los demás imputados presentes.

La declaratoria de rebeldía interrumpe la prescripción.

Artículo 91º.- (Comparecencia). Cuando el rebelde comparezca o sea puesto a disposición de la autoridad que lo requiera, el proceso continuará su trámite dejándose sin efecto las órdenes dispuestas a efectos de su comparecencia y manteniendo las medidas cautelares de carácter real.

El imputado o su fiador pagará las costas de su rebeldía. Si justifica que no concurrió debido a un grave y legítimo impedimento, la rebeldía será revocada y no habrá lugar a la ejecución de la fianza.

CAPÍTULO II

DECLARACIÓN DEL IMPUTADO

Artículo 92º.- (Advertencias preliminares). Antes de iniciar la declaración se comunicará al imputado el hecho que se le atribuye, con todas las circunstancias de tiempo, lugar y forma de su comisión, incluyendo aquellas que sean de importancia para la calificación jurídica, un resumen del contenido de los elementos de prueba existentes y las disposiciones penales que se juzguen aplicables.

Se le advertirá que puede abstenerse de declarar y que esa decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio.

La policía sólo podrá interrogar al imputado, con la presencia del fiscal y su abogado defensor, excepto para constatar su identidad.

Artículo 93º.- (Métodos prohibidos para la declaración). En ningún caso se exigirá juramento al imputado, ni será sometido a ninguna clase de coacción, amenaza o promesa, ni se usará medio alguno para obligarlo, inducirlo o instigarlo a declarar contra su voluntad; ni se le harán cargos tendientes a obtener su confesión.

La declaración del imputado sin la presencia del fiscal y su abogado defensor que contenga una confesión del delito será nula y no podrá ser utilizada en el proceso, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa de quienes la reciban o utilicen.

Si por la duración del acto se notan signos de fatiga o falta de serenidad en el imputado, la declaración será suspendida hasta que ellos desaparezcan.

En todos los casos la declaración del imputado se llevará a cabo en un lugar adecuado.

Artículo 94º.- (Abogado defensor). Las declaraciones del imputado no podrán llevarse a cabo sin la presencia de su abogado defensor. En caso de inasistencia se fijará nueva audiencia para el día siguiente, procediéndose a su citación formal; si no compareciera, se designará inmediatamente a otro, sin perjuicio de las sanciones que correspondan.

Cuando exista imposibilidad de asistencia técnica del imputado en el acto, por ausencia de abogado en el lugar o por incomparecencia de los designados al efecto, podrá ser asistido por una persona con conocimiento jurídico.

La inobservancia de esta norma no permitirá utilizar en contra del declarante la información obtenida.

Artículo 95º.- (Desarrollo de la declaración). Se informará al imputado el derecho que tiene a guardar silencio. El imputado podrá declarar todo cuanto considere útil para su defensa. En todo caso se le preguntará:

  1. Su nombre, apellido, edad, estado civil, profesión, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, domicilio real y procesal;
  2. Si ha sido perseguido penalmente y, en su caso, por qué causa, ante qué tribunal, qué sentencia recayó y si ella fue cumplida; y,
  3. Si el imputado decide declarar, las preguntas se le formularán en forma clara y precisa nunca capciosa o sugestiva.

El fiscal y los defensores podrán pedir las aclaraciones que tengan relación con las declaraciones del imputado.

Concluida la declaración, se dispondrá que el imputado reconozca los instrumentos y objetos del delito.

El imputado declarará libremente, pero la autoridad encargada de su recepción podrá disponer las medidas para impedir su fuga o algún hecho de violencia.

Artículo 96º.- (Varios imputados). Existiendo varios imputados, éstos prestarán sus declaraciones por separado. Se evitará que se comuniquen entre sí antes de la recepción de todas ellas.

Artículo 97º.- (Oportunidad y autoridad competente). Durante la etapa preparatoria, el imputado prestará declaración ante el fiscal, previa citación formal.

El funcionario policial podrá participar en el acto, previa citación formal, pudiendo interrogar al imputado bajo la dirección del fiscal.

La autoridad preventora informará al fiscal, dentro de las ocho horas siguientes, si el imputado ha sido detenido, para que reciba su declaración en el plazo máximo de doce horas por computarse desde el momento de la recepción del informe. El incumplimiento de estas obligaciones se sancionará como delito de incumplimiento de deberes.

Durante el juicio la declaración se recibirá en la oportunidad y forma previstas por los Artículos 346º y 347º de este Código.

El imputado podrá solicitar que se le reciba una nueva declaración, solicitud que será atendida siempre que la autoridad correspondiente no la considere como un procedimiento dilatorio.

Artículo 98º.- (Registro de la declaración). Las declaraciones del imputado en la etapa preparatoria constarán en acta escrita u otra forma de registro que reproduzca del modo más fiel lo sucedido en la audiencia; ésta finalizará con la lectura y firma del acta por todas las partes o con las medidas dispuestas para garantizar la individualización, fidelidad e inalterabilidad de los otros medios de registro.

Si el imputado se abstiene de declarar, se hará constar en acta. Si rehusa o no puede suscribirla, se consignará el motivo.

La declaración o, en su caso, la constancia de la incomparecencia se presentará junto con la acusación.

Artículo 99º.- (Careo del imputado). El careo del imputado con testigos u otros imputados es un acto voluntario. Si aquél lo acepta, se aplicarán todas las reglas establecidas para su declaración.

Artículo 100º.- (Inobservancia). No se podrá fundar ninguna decisión contra el imputado, si en la recepción de su declaración no se observaron las normas establecidas en el presente Capítulo.

CAPÍTULO III

DEFENSOR DEL IMPUTADO

Artículo 101º.- (Incompatibilidad de la defensa). El ejercicio de defensor en un proceso es incompatible cuando éste hubiera sido testigo del hecho o participado en él. El juez o tribunal dispondrá de oficio o, a petición de parte, la separación del defensor.

Artículo 102º.- (Número de defensores). El imputado podrá nombrar cuantos defensores estime necesarios.

Cuando intervengan dos o más defensores la notificación practicada a uno de ellos valdrá para todos y la sustitución de alguno no alterará trámites ni plazos.

Artículo 103º.- (Defensor común). La defensa de varios imputados en un mismo proceso podrá ser ejercida por un defensor común, salvo que existiera incompatibilidad manifiesta.

Artículo 104º.- (Renuncia y abandono). Cuando la renuncia o el abandono se produzca antes o durante el juicio, se podrá prorrogar su comienzo o suspenderse el iniciado, como máximo por diez días calendario, siempre que lo solicite el nuevo defensor. Si se produce una nueva renuncia o abandono se le designará de oficio un defensor.

Artículo 105º.- (Sanción por abandono malicioso). Si el abandono tiene como propósito dilatar el desarrollo del proceso, el juez o tribunal sancionará con multa al defensor, equivalente a un mes de remuneración de un juez técnico y remitirá antecedentes al Colegio Profesional correspondiente a efectos disciplinarios.

Artículo 106º.- (Defensor mandatario). En el juicio por delito de acción privada, el imputado podrá ser representado por un defensor con poder especial. No obstante, el juez podrá exigir su comparecencia personal para determinados actos.

CAPÍTULO IV

DEFENSA ESTATAL DEL IMPUTADO

Artículo 107º.- (Defensa Estatal). La defensa penal otorgada por el Estado es una función de servicio público, a favor de todo imputado carente de recursos económicos y de quienes no designen abogado para su defensa.

El servicio de Defensa Estatal se cumple por:

  1. La Defensa de Oficio, dependiente del Poder Judicial;
  2. La Defensa Pública, dependiente del Poder Ejecutivo; y,

c) Otras formas de defensa y asistencia previstas por Ley.

Artículo 108º.- (Exención). El servicio de la defensa estatal del imputado está exento del pago de valores judiciales, administrativos, policiales, timbres, papel sellado, derechos arancelarios por elaboración de testimonios, copias legalizadas, certificaciones y de cualquier otra imposición.

Artículo 109º.- (Representación sin mandato). Los defensores estatales podrán representar a su defendido en todas las instancias del proceso sin necesidad de poder expreso.

Artículo 110º.- (Responsabilidad). La negligencia en el ejercicio de sus funciones y el abandono de la defensa constituirán falta grave a los efectos de la responsabilidad penal y disciplinaria que corresponda. Deberá comunicarse a la máxima autoridad de la institución estatal de la cual dependen y al Colegio de Abogados.

LIBRO TERCERO

ACTIVIDAD PROCESAL

TÍTULO I

NORMAS GENERALES

Artículo 111º.- (Idioma).- En todos los actos procesales se empleará como idioma el español, sin perjuicio de que las declaraciones o interrogatorios se realicen en el idioma del declarante.

Para constatar que el acta es fiel, el declarante tendrá derecho a solicitar la intervención de un traductor de su confianza, que firmará el documento en señal de conformidad.

Artículo 112º.- (Copias).- Los memoriales serán presentados con las copias suficientes para notificar a las partes que intervengan en el proceso.

Artículo 113º.- (Audiencias).- En el juicio y en las demás audiencias orales se utilizará como idioma el español. Alternativamente, mediante resolución fundamentada, el juez o tribunal podrá ordenar la utilización del idioma originario del lugar donde se celebra el juicio.

Si alguna de las partes, los jueces o los declarantes no comprenden con facilidad el idioma o la lengua utilizada, el juez o tribunal nombrará un traductor común.

Artículo 114º.- (Sentencia).- El juez o tribunal luego del pronunciamiento formal y lectura de la sentencia, dispondrá la explicación de su contenido en la lengua originaria del lugar en el que se celebró el juicio.

Artículo 115º.- (Interrogatorios).- Cuando se trate de personas que no puedan expresarse fácilmente en el idioma español o que adolezcan de un impedimento manifiesto el juez o tribunal, de oficio o a petición de parte, dispondrá las medidas necesarias para que los interrogados sean asistidos por un intérprete o traductor, o se expresen por escrito o de la forma que facilite la realización de la diligencia.

Artículo 116º.- (Publicidad). Los actos del proceso serán públicos.

En el marco de las responsabilidades establecidas por la Ley de Imprenta, las informaciones periodísticas sobre un proceso penal se abstendrán de presentar al imputado como culpable, en tanto no recaiga sobre él una sentencia condenatoria ejecutoriada.

El juez de instrucción o el juez o tribunal de sentencia podrá ordenar, mediante resolución fundamentada, que algunos actos del proceso se realicen en forma reservada, total o parcialmente, cuando:

  1. Se afecte el pudor o la vida privada de alguna de las partes o de otra persona citada;
  2. Corra riesgo la integridad física de los jueces, de alguna de las partes, o de alguna persona citada;
  3. Peligre un secreto oficial, particular, comercial o industrial previsto legalmente; y,
  4. El imputado o la víctima sea menor de dieciocho años.

La autoridad judicial podrá imponer a los intervinientes el deber de mantener en reserva los hechos que presenciaron o conocieron.

Cuando la reserva sea declarada durante el juicio, la publicidad será restablecida una vez que haya desaparecido el motivo de la reserva.

Artículo 117º.- (Oralidad).- Las personas que sean interrogadas deberán responder oralmente y sin consultar notas o documentos, con excepción de los peritos y de quienes sean autorizados para ello en razón de sus condiciones o de la naturaleza de los hechos.

Cuando se proceda por escrito, en los casos permitidos por este Código, se consignarán las preguntas y respuestas, utilizándose las expresiones del declarante.

Artículo 118º.- (Día y hora de cumplimiento).- Los actos procesales se cumplirán en días y horas hábiles, sin perjuicio de las habilitaciones que señale el juez o tribunal, de oficio o a petición de parte, cuando lo estime necesario.

A solicitud fundamentada del fiscal, el juez de la instrucción podrá expedir mandamientos en días feriados y horas extraordinarias.

Artículo 119º.- (Lugar).- El juez o tribunal podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional, para la realización de los actos propios de su función y que por su naturaleza sean indelegables.

Cuando el juez o tribunal lo estime conveniente, ordenará realizar el juicio en el lugar donde se cometió el delito, siempre que con ello no se dificulte el ejercicio de la defensa, se ponga en riesgo la seguridad de los participantes o se pueda producir una alteración significativa de la tranquilidad pública. En estos casos, el secretario acondicionará una sala de audiencia apropiada recurriendo a las autoridades del lugar a objeto de que le presten el apoyo necesario para el normal desarrollo del juicio.

Artículo 120º.- (Actas).- Los actos y diligencias que deban consignarse en forma escrita contendrán, sin perjuicio de las formalidades previstas para actos particulares:

  1. Mención del lugar, fecha, hora, autoridades y partes que asistan al acto procesal;
  2. Indicación de las diligencias realizadas y de sus resultados;
  3. Mención de los lugares, fechas y horas de suspensión y continuación del acto, cuando se trate de actos sucesivos llevados a cabo en un mismo lugar o en distintos lugares; y,
  4. Firma de todos los que participaron en el acto, dejando constancia de las razones de aquel que no la firme o del que lo hace a ruego o como testigo de actuación.

Salvo disposición contraria, la omisión de estas formalidades sólo priva de efectos al acta, o torna invalorable su contenido, cuando ellas no puedan ser suplidas con certeza sobre la base de otros elementos de prueba.

Los secretarios serán los encargados de redactar el acta y ésta carecerá de valor sin su firma, sin perjuicio de su responsabilidad personal.

Artículo 121º.- (Testigos de actuación). Podrá ser testigo de actuación cualquier persona con excepción de los menores de catorce años, los enfermos mentales y los que se encuentren bajo el efecto de bebidas alcohólicas o estupefacientes.

TÍTULO II

ACTOS Y RESOLUCIONES

Artículo 122º.- (Poder coercitivo). El fiscal, juez o tribunal, para el cumplimiento de los actos que ordenen en el ejercicio de sus funciones, dispondrán la intervención de la fuerza pública y las medidas que sean necesarias.

Artículo 123º.- (Resoluciones). Los jueces dictarán sus resoluciones en forma de providencias, autos interlocutorios y sentencias y deberán advertir si éstas son recurribles, por quiénes y en qué plazo.

Las providencias ordenarán actos de mero trámite que no requieran sustanciación.

Los autos interlocutorios resolverán cuestiones incidentales que requieran substanciación. Las decisiones que pongan término al procedimiento o las dictadas en el proceso de ejecución de la pena también tendrán la forma de autos interlocutorios.

Las sentencias serán dictadas luego del juicio oral y público o finalizado el procedimiento abreviado.

Serán requisitos esenciales de toda resolución judicial la indicación del número y materia del juzgado o tribunal, la individualización de las partes, el lugar y fecha en que se dictó y la firma del juez.

Artículo 124º.- (Fundamentación). Las sentencias y autos interlocutorios serán fundamentados. Expresarán los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba.

La fundamentación no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes.

Artículo 125º.- (Explicación, complementación y enmienda). El juez o tribunal de oficio podrá aclarar las expresiones oscuras, suplir alguna omisión o corregir cualquier error material o de hecho, contenidos en sus actuaciones y resoluciones, siempre que ello no importe una modificación esencial de las mismas.

Las partes podrán solicitar explicación, complementación y enmienda de las sentencias y autos interlocutorios dentro del primer día hábil posterior a su notificación.

Artículo 126º.- (Resolución ejecutoriada). Las resoluciones judiciales quedarán ejecutoriadas, sin necesidad de declaración alguna, cuando no se hubiesen interpuesto los recursos en los plazos legales o no admitan recurso ulterior.

Artículo 127º.- (Copia auténtica). El juez o tribunal conservará copia auténtica de las sentencias, autos interlocutorios y de otras actuaciones que consideren pertinentes.

Cuando el original sea sustraído, perdido o destruido, la copia auténtica adquirirá este carácter. Cuando no exista copia auténtica de los documentos, el juez o tribunal dispondrá la reposición mediante resolución expresa.

El secretario expedirá copias, informes o certificaciones cuando sean pedidas por una autoridad pública o por particulares que acrediten legítimo interés en obtenerlas, siempre que el estado del procedimiento no lo impida.

Artículo 128º.- (Mandamientos). Todo mandamiento será escrito y contendrá:

  1. Nombre y cargo de la autoridad que lo expide;
  2. Indicación del funcionario o comisionado encargado de la ejecución;
  3. Nombre completo de la persona contra quien se dirija;
  4. Objeto de la diligencia y lugar donde deba cumplirse;
  5. Proceso en que se expide;
  6. Requerimiento de la fuerza pública, para que preste el auxilio necesario;
  7. Lugar y la fecha en que se expide; y,
  8. Firma del juez.

Artículo 129º.- (Clases de mandamientos). El juez o tribunal podrá expedir los siguientes mandamientos:

  1. De comparendo, para citar al imputado a efecto de que preste su declaración así como a los testigos y peritos. Llevará advertencia de expedirse el de aprehensión en caso de desobediencia;
  2. De aprehensión, en caso de desobediencia o resistencia a órdenes judiciales;
  3. De detención preventiva;
  4. De condena;
  5. De arresto;
  6. De libertad provisional;
  7. De libertad en favor del sobreseído o del declarado absuelto, y del que haya cumplido la pena impuesta;
  8. De incautación;
  9. De secuestro; y,
  10. De allanamiento y registro o requisa.

TÍTULO III

PLAZOS

Artículo 130º.- (Cómputo de plazos). Los plazos son improrrogables y perentorios, salvo disposición contraria de este Código.

Los plazos determinados por horas comenzarán a correr inmediatamente después de ocurrido el acontecimiento que fija su iniciación, sin interrupción.

Los plazos determinados por días comenzarán a correr al día siguiente de practicada la notificación y vencerán a las veinticuatro horas del último día hábil señalado.

Al efecto, se computará sólo los días hábiles, salvo que la ley disponga expresamente lo contrario o que se refiera a medidas cautelares, caso en el cual se computarán días corridos.

Los plazos comunes expresamente determinados en este Código comenzarán a correr a partir de la última notificación que se practique a los interesados.

Los plazos sólo se suspenderán durante las vacaciones judiciales; y podrán declararse en suspenso por circunstancias de fuerza mayor debidamente fundamentadas que hagan imposible el desarrollo del proceso.

Artículo 131º.- (Renuncia o abreviación). Las partes en cuyo favor se estableció un plazo podrán renunciar o abreviar el mismo mediante expresa manifestación de su voluntad.

Artículo 132º.- (Plazos para resolver). Salvo disposición contraria de este Código el juez o tribunal:

  1. Dictará las providencias de mero trámite dentro de las veinticuatro horas de la presentación de los actos que las motivan;
  2. Resolverá los incidentes y dictará los autos interlocutorios dentro de los cinco días de contestada la actuación que los motiva o vencido el plazo para contestarla; y,
  3. Pronunciará en la misma audiencia la sentencia, los autos interlocutorios y otras providencias que correspondan.

TÍTULO IV

CONTROL DE LA RETARDACIÓN DE JUSTICIA

Artículo 133º.- (Duración máxima del proceso). Todo proceso tendrá una duración máxima de tres años, contados desde el primer acto del procedimiento, salvo el caso de rebeldía.

Las causas de suspensión de la prescripción suspenderán el plazo de duración del procedimiento. Cuando desaparezcan éstas, el plazo comenzará a correr nuevamente computándose el tiempo ya transcurrido.

Vencido el plazo, el juez o tribunal del proceso, de oficio o a petición de parte, declarará extinguida la acción penal.

Artículo 134º.- (Extinción de la acción en la etapa preparatoria). La etapa preparatoria deberá finalizar en el plazo máximo de seis meses de iniciado el proceso.

Cuando la investigación sea compleja en razón a que los hechos se encuentren vinculados a delitos cometidos por organizaciones criminales, el fiscal podrá solicitar al juez de la instrucción la ampliación de la etapa preparatoria hasta un plazo máximo de dieciocho meses, sin que ello signifique una ampliación del plazo máximo de duración del proceso. El fiscal informará al juez cada tres meses sobre el desarrollo de la investigación.

Si vencido el plazo de la etapa preparatoria el fiscal no acusa ni presenta otra solicitud conclusiva, el juez conminará al Fiscal del Distrito para que lo haga en el plazo de cinco días. Transcurrido este plazo sin que se presente solicitud por parte de la Fiscalía, el juez declarará extinguida la acción penal, salvo que el proceso pueda continuar sobre la base de la actuación del querellante, sin perjuicio de la responsabilidad personal del Fiscal del Distrito.

Artículo 135º.- (Retardación de justicia). El incumplimiento de los plazos establecidos en este Código dará lugar a la responsabilidad disciplinaria y penal del funcionario negligente.

TÍTULO V

COOPERACIÓN INTERNA

Artículo 136º.- (Cooperación directa). Cuando sea necesario, los jueces y fiscales podrán recurrir de manera directa a otra autoridad judicial o administrativa, para la ejecución de un acto o diligencia. También podrán solicitar información de manera directa cuando ésta se vincule con el proceso.

Las autoridades requeridas tramitarán sin demora las diligencias legalmente transmitidas bajo pena de ser sancionadas conforme a ley.

Artículo 137º.- (Exhortos y órdenes instruidas). Los exhortos y órdenes instruidas indicarán el pedido concreto, el proceso en el que se formula la solicitud, la identificación del solicitante y el plazo fijado para la respuesta. Podrán transmitirse por cualquier medio legalmente establecido.

Cuando la solicitud sea dirigida a otra autoridad pública se la realizará mediante oficio.

TÍTULO VI

COOPERACIÓN JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA INTERNACIONAL

CAPÍTULO I

NORMAS GENERALES DE COOPERACIÓN

Artículo 138º.- (Cooperación). Se brindará la máxima asistencia posible a las solicitudes de las autoridades extranjeras, siempre que lo soliciten conforme a lo previsto en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y en las disposiciones de este Código.

La solicitud de cooperación será presentada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que la pondrá en conocimiento de la autoridad competente.

Artículo 139º.- (Requisitos). La solicitud de asistencia contendrá:

  1. La identidad de la autoridad requirente;
  2. El objeto de la solicitud y una breve explicación de la asistencia que se pide;
  3. La descripción del hecho que se investiga, su tipicidad y el texto oficial de la ley;
  4. Indicación del tiempo conveniente para su cumplimiento; y,
  5. Cualquier otra información necesaria para cumplir de forma adecuada la solicitud.

La solicitud y los documentos remitidos deberán ser traducidos al idioma español.

El juez podrá solicitar información complementaria.

Artículo 140º (Negación o suspensión de asistencia). La asistencia será negada cuando:

  1. La solicitud vulnere los derechos y garantías previstos por la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes, este Código y leyes vigentes de la República.
  2. La solicitud esté relacionada con hechos que están siendo investigados o procesados en la República o haya recaído sentencia ejecutoriada sobre la persona por la comisión del delito por el que se solicita la cooperación.

El juez podrá suspender el cumplimiento de la cooperación acordada en caso de que su ejecución inmediata perjudique el curso de una investigación o un proceso en la República.

La negación o suspensión de la cooperación requerida será motivada.

Artículo 141º.- (Devolución de documentos). La autoridad requerida, a tiempo de entregar la documentación original y objetos requeridos, solicitará al requirente su devolución a la brevedad posible, salvo renuncia del titular al derecho de recuperarlos.

Artículo 142º.- (Asistencia de las partes). Toda persona afectada en la substanciación de la solicitud podrá participar en la misma, conforme a lo previsto en este Código.

Artículo 143º.- (Gastos). Cuando los actos solicitados demanden gastos extraordinarios, la autoridad requerida solicitará a la requirente, antes de proceder a la ejecución de la diligencia, el depósito de los recursos necesarios para cubrirlos.

Artículo 144º.- (Asistencia de la autoridad requirente). Cuando la naturaleza y las características de la cooperación solicitada requiera la presencia de funcionarios extranjeros, el juez podrá autorizar la participación de ellos en los actos requeridos.

Artículo 145º.- (Exhortos). Las solicitudes vinculadas al cumplimiento de un acto o diligencia procesal serán dirigidas a jueces o autoridades extranjeras mediante exhortos, que se tramitarán en la forma establecida por Convenios y Tratados internacionales, Costumbre internacional y este Código.

Los jueces canalizarán las comunicaciones a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, para que sean tramitadas por la vía diplomática.

Se podrán realizar directamente comunicaciones urgentes a cualquier autoridad judicial o administrativa extranjera, anticipando las solicitudes o la contestación a un requerimiento, con noticia al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Artículo 146º.- (Residentes en el extranjero). Si el testigo se encuentra en el extranjero, la autoridad judicial solicitará la autorización del Estado en el cual aquél se halla, para que sea interrogado por el representante consular, por el fiscal o por el mismo juez constituido en el país de residencia.

Regirán análogamente las normas del anticipo jurisdiccional de prueba.

Artículo 147º.- (Pericias). La autoridad judicial podrá solicitar el dictamen de peritos extranjeros en el país o en el exterior y la cooperación judicial para el control de las operaciones técnicas que deban realizarse en el exterior.

Regirán, en lo pertinente, las normas de la pericia y del anticipo jurisdiccional de prueba.

Artículo 148º.- (Investigaciones internacionales). Cuando la organización criminal que opera en el país tenga vinculaciones internacionales, la Fiscalía podrá coordinar la investigación con otros países u organismos internacionales. A este efecto, podrá conformar equipos conjuntos de investigación.

Toda investigación que se realice en el país estará a cargo de un fiscal nacional y sometida al control de los jueces de la República.

Los acuerdos de investigación conjunta serán aprobados por el Fiscal General de la República.

CAPÍTULO II

EXTRADICIÓN

Artículo 149º.- (Extradición). La extradición se regirá por las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y subsidiariamente por las normas del presente Código o por las reglas de reciprocidad cuando no exista norma aplicable.

Artículo 150º.- (Procedencia). Procederá la extradición por delitos que en la legislación de ambos Estados, se sancionen con penas privativas de libertad cuyo mínimo legal sea de dos o más años y tratándose de nacionales cuando el mínimo legal sea superior a dos años.

La extradición de una persona para el cumplimiento de una pena en el Estado requirente, será procedente cuando quede por cumplir por lo menos un año de la condena.

Artículo 151º.- (Improcedencia). No procederá la extradición cuando:

  1. Existan motivos fundados que hagan presumir que la extradición se solicita para procesar o castigar a una persona por causa de sus opiniones políticas, raza, sexo, religión, nacionalidad, origen étnico, o que será sometida a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes;
  2. En la República haya recaído sentencia ejecutoriada, por el delito que motiva la solicitud de extradición; y,
  3. De conformidad con las leyes del Estado requerido o requirente, el delito que motiva la solicitud de extradición haya prescrito o haya sido amnistiado, o la persona requerida haya sido indultada.

Artículo 152º.- (Pena más benigna). Si se encuentra prevista pena de muerte o pena privativa de libertad perpetua en el Estado requirente para el delito que motiva la solicitud de extradición, ésta sólo podrá concederse si dicho Estado se compromete a conmutarlas por una pena privativa de libertad no superior a treinta años.

Artículo 153º.- (Ejecución diferida). Se diferirá la ejecución de la extradición concedida cuando:

  1. La persona requerida esté sometida a la jurisdicción penal de la República por un delito distinto de aquél por el que se hubiera solicitado la extradición, hasta la conclusión del procedimiento o ejecución de la pena impuesta, salvo el caso previsto en el numeral 5) del artículo 21º de este Código;
  2. Se trate de una mujer embarazada o que tenga un hijo menor de un año al momento de ejecutoriarse la resolución de extradición; y,
  3. El extraditable se encuentre gravemente enfermo y la inmediata ejecución de la extradición ponga en peligro su vida, según el dictamen médico forense.

Cuando cesen estas circunstancias, la extradición se hará efectiva inmediatamente.

Artículo 154º.- (Facultades del tribunal competente). La Corte Suprema de Justicia al resolver los pedidos de extradición, tendrá la facultad de:

  1. Ordenar la detención preventiva del extraditable por un plazo máximo de seis meses siempre que se acredite la existencia de una sentencia condenatoria o resolución judicial de detención;
  2. Ordenar la detención provisional del extraditable por un plazo máximo de noventa días cuando no se hayan presentado todos los documentos exigidos para la procedencia de la extradición; y,
  3. Disponer la entrega al Estado requirente, de todo o parte de los bienes muebles instrumentos del delito, incautados o secuestrados al extraditable.

Artículo 155º.- (Concurso de solicitudes). Cuando dos o más Estados soliciten la extradición de una misma persona, se atenderá con preferencia la solicitud del Estado donde se haya cometido el delito más grave y siendo de igual gravedad, la del que lo haya solicitado primero.

Artículo 156º.- (Extradición activa). La solicitud de extradición será decretada por el juez o tribunal del proceso, a petición del fiscal o del querellante, cuando exista imputación formal del delito y, también de oficio, cuando exista sentencia condenatoria.

Artículo 157º.- (Extradición pasiva). Toda solicitud de extradición será presentada al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, acompañada de la identificación más precisa de la persona extraditable, de los datos que contribuyan a determinar el lugar en el que se encuentre y del texto autenticado de la disposición legal que tipifica el delito. Toda la documentación exigida deberá acompañarse de una traducción oficial al idioma español.

Cuando la persona esté procesada, deberá acompañarse además el original o copia autenticada de la resolución judicial de imputación que contenga la tipificación del delito, incluyendo una referencia al tiempo y lugar de su comisión y del mandamiento de detención emitido por una autoridad judicial competente.

Cuando la persona haya sido condenada, deberá acompañarse además el original o copia autenticada de la sentencia condenatoria y la certificación correspondiente a su ejecutoria señalando, en su caso, el resto de la pena que quede por cumplir.

Artículo 158º.- (Procedimiento). Radicada la solicitud de extradición en la Corte Suprema de Justicia, los antecedentes se remitirán a conocimiento de la Fiscalía General de la República, para que en el plazo de diez días, requiera sobre su procedencia o improcedencia. La Corte Suprema de Justicia, dentro de los veinte días siguientes a la recepción del requerimiento, resolverá concediendo o negando la extradición solicitada.

Artículo 159º.- (Preferencia). En caso de contradicción entre las normas previstas en este Código y las estipuladas en una Convención o Tratado de extradición, serán de aplicación preferente estas últimas.

TÍTULO VII

NOTIFICACIONES

Artículo 160º.- (Notificaciones). Las notificaciones tienen por objeto hacer conocer a las partes o a terceros las resoluciones judiciales.

Las resoluciones serán obligatoriamente notificadas al día siguiente de dictadas, salvo que la ley o el juez disponga un plazo menor. Las que se dicten durante las audiencias orales, se notificarán en el mismo acto por su lectura.

Artículo 161º.- (Medios de notificación). Las notificaciones se practicarán por cualquier medio legal de comunicación que el interesado expresamente haya aceptado o propuesto, excepto las notificaciones personales.

Cuando el interesado no haya señalado un medio de comunicación específico, aquéllas se podrán realizar por cualquier otro medio que asegure su recepción.

Artículo 162º.- (Lugar de notificación). Los fiscales y defensores estatales serán notificados en sus oficinas y las partes en el domicilio que hayan constituido en su primera actuación o, en su defecto, en estrados judiciales; salvo el caso de notificaciones personales.

Artículo 163º.- (Notificación personal). Se notificarán personalmente:

  1. La primera resolución que se dicte respecto de las partes;
  2. Las sentencias y resoluciones de carácter definitivo;
  3. Las resoluciones que impongan medidas cautelares personales; y,
  4. Otras resoluciones que por disposición de este Código deban notificarse personalmente.

La notificación se efectuará mediante la entrega de una copia de la resolución al interesado y una advertencia por escrito acerca de los recursos posibles y el plazo para interponerlos, dejando constancia de la recepción. El imputado privado de su libertad será notificado en el lugar de su detención.

Si el interesado no fuera encontrado, se la practicará en su domicilio real, dejando copia de la resolución y de la advertencia en presencia de un testigo idóneo que firmará la diligencia.

Artículo 164º.- (Requisitos de la notificación). La diligencia de notificación hará constar el lugar, fecha y hora en que se la practica, el nombre de la persona notificada, la indicación de la resolución, la firma y sello del funcionario encargado de realizarla, dejándose además expresa constancia del medio utilizado.

Artículo 165º.- (Notificación por edictos). Cuando la persona que deba ser notificada no tenga domicilio conocido o se ignore su paradero, será notificada mediante edicto, el mismo que contendrá:

  1. Los nombres y apellidos completos del notificado;
  2. El nombre de la autoridad que notifica, su sede y la identificación del proceso;
  3. La resolución notificada y la advertencia correspondiente;
  4. El lugar y fecha en que se expide; y,
  5. La firma del secretario.

El edicto será publicado en un medio de comunicación escrito de circulación nacional y en uno del lugar donde se sigue la causa, por dos veces con un intervalo de cinco días entre ambas publicaciones.

En las localidades donde no existan estos medios, el edicto deberá ser colocado en los lugares públicos más concurridos.

En todos los casos quedará constancia de la difusión.

En el edicto se emplazará al imputado para que comparezca a asumir su defensa, dentro del plazo de diez días, con la advertencia de ser declarado rebelde.

Artículo 166º.- (Nulidad de la notificación). La notificación será nula:

  1. Si ha existido error sobre la identidad de la persona notificada o sobre el lugar de la notificación;
  2. Si la resolución ha sido notificada en forma incompleta;
  3. Si en la diligencia no consta la fecha y hora de su realización y, en los casos exigidos, la entrega de la copia y la advertencia correspondiente;
  4. Si falta alguna de las firmas requeridas; y,
  5. Si existe disconformidad entre el original y la copia o si esta última es ilegible.

La notificación será válida cuando a pesar de los defectos enunciados haya cumplido su finalidad.

TÍTULO VIII

ACTIVIDAD PROCESAL DEFECTUOSA

Artículo 167º.- (Principio). No podrán ser valorados para fundar una decisión judicial ni utilizados como presupuestos de ella, los actos cumplidos con inobservancia de las formas y condiciones previstas en la Constitución Política del Estado, Convenciones y Tratados internacionales vigentes y en este Código, salvo que el defecto pueda ser subsanado o convalidado.

En los casos y formas previstos por este Código, las partes sólo podrán impugnar, con fundamento en el defecto, las decisiones judiciales u omisiones de procedimiento que les causaran agravio.

Artículo 168º.- (Corrección). Siempre que sea posible, el juez o tribunal, de oficio o a petición de parte, advertido el defecto, deberá subsanarlo inmediatamente, renovando el acto, rectificando el error o cumpliendo el acto omitido.

Artículo 169º.- (Defectos absolutos) No serán susceptibles de convalidación los defectos concernientes a:

  1. La intervención del juez y del fiscal en el procedimiento y a su participación en los actos en que ella sea obligatoria;
  2. La intervención, asistencia y representación del imputado, en los casos y formas que este Código establece;
  3. Los que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y en este Código; y,
  4. Los que estén expresamente sancionados con nulidad.

Artículo 170º.- (Defectos relativos). Los defectos relativos quedarán convalidados en los siguientes casos:

  1. Cuando las partes no hayan solicitado oportunamente que sean subsanados;
  2. Cuando quienes tengan derecho a solicitarlo hayan aceptado, expresa o tácitamente, los efectos del acto; y,
  3. Si no obstante su irregularidad, el acto ha conseguido su fin con respecto a todos los interesados.

LIBRO CUARTO

MEDIOS DE PRUEBA

TÍTULO I

NORMAS GENERALES

Artículo 171º.- (Libertad probatoria). El juez admitirá como medios de prueba todos los elementos lícitos de convicción que puedan conducir al conocimiento de la verdad histórica del hecho, de la responsabilidad y de la personalidad del imputado.

Podrán utilizarse otros medios además de los previstos en este Libro. Su incorporación al proceso se sujetará a un medio análogo de prueba previsto.

Un medio de prueba será admitido si se refiere, directa o indirectamente, al objeto de la investigación y sea útil para el descubrimiento de la verdad. El juez limitará los medios de prueba ofrecidos cuando ellos resulten manifiestamente excesivos o impertinentes.

Artículo 172º.- (Exclusiones probatorias). Carecerán de toda eficacia probatoria los actos que vulneren derechos y garantías consagradas en la Constitución Política del Estado, en las Convenciones y Tratados internacionales vigentes, este Código y otras leyes de la República, así como la prueba obtenida en virtud de información originada en un procedimiento o medio ilícito.

Tampoco tendrán eficacia probatoria los medios de prueba incorporados al proceso sin observar las formalidades previstas en este Código.

Artículo 173º.- (Valoración). El juez o tribunal asignará el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, con aplicación de las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales les otorga determinado valor, en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial producida.

TÍTULO II

COMPROBACIÓN INMEDIATA Y MEDIOS AUXILIARES

Artículo 174º.- (Registro del lugar del hecho). La policía deberá custodiar el lugar del hecho y comprobará, mediante el registro del lugar y de las cosas, los rastros y otros efectos materiales que sean consecuencia del delito.

El funcionario policial a cargo del registro elaborará un acta que describa detalladamente el estado de las cosas y, cuando sea posible, recogerá y conservará los elementos probatorios útiles, dejando constancia.

Si el hecho produjo efectos materiales se describirá el estado actual de los objetos, procurando consignar el estado anterior, el modo, tiempo y causa de su desaparición o alteración y los medios de prueba de los cuales se obtuvo ese conocimiento.

Se convocará a un testigo hábil para que presencie el registro y firme el acta; bajo esas formalidades podrá ser incorporada al juicio por su lectura. Excepcionalmente, cuando no sea posible contar con un testigo, se podrá prescindir de su presencia, debiendo asentarse en el acta los motivos.

El fiscal concurrirá al lugar del hecho, dirigirá el registro y firmará el acta; actuaciones que podrán realizarse sin su presencia únicamente en los casos de urgencia.

Artículo 175º.- (Requisa personal). El fiscal podrá disponer requisas personales, siempre que haya motivos suficientes para presumir que una o más personas ocultan entre sus pertenencias o lleven en el interior de su cuerpo o adherido a él, objetos relacionados con el delito.

Antes de proceder a la requisa se deberá advertir a la persona acerca de la sospecha y del objeto buscado, conminándola a exhibirlo.

La requisa se practicará por personas del mismo sexo y respetando el pudor del requisado.

La advertencia y la requisa se realizarán en presencia de un testigo hábil y constarán en acta suscrita por el funcionario interviniente, el requisado y el testigo. Si el requisado no firma se hará constar la causa. Bajo estas formalidades, el acta podrá ser incorporada al juicio por su lectura.

Cuando se trate de delitos de narcotráfico, excepcionalmente, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico podrá realizar de oficio la requisa sin la presencia de un testigo de actuación o sin requerimiento fiscal, dejando constancia en acta de los motivos que impidieron contar con la presencia del testigo o el requerimiento fiscal.

Artículo 176º.- (Requisa de vehículos). Se podrá realizar la requisa de un vehículo siempre que existan motivos suficientes para presumir que una persona oculta en él objetos relacionados con el delito, siguiendo el procedimiento previsto para la requisa personal.

Artículo 177º.- (Levantamiento e identificación de cadáveres). La policía realizará la inspección corporal preliminar y la descripción de la situación o posición del cuerpo y de la naturaleza de las lesiones o heridas conforme a lo previsto en el Artículo 174º de este Código.

Procederá a levantar el cadáver, disponiendo su traslado a los gabinetes médicos forenses o al lugar en el que se practicará la autopsia, a su identificación final y a la entrega a sus familiares.

Artículo 178º.- (Autopsia o necropsia). El fiscal ordenará la autopsia o necropsia conforme a las reglas de la pericia y bajo esas formalidades podrá ser introducida al juicio por su lectura.

Si el fiscal no ha ordenado la realización de la autopsia o necropsia, las partes podrán solicitar al juez que la ordene de conformidad a los Artículos 307º y siguientes de este Código.

Artículo 179º.- (Inspección ocular y reconstrucción). El fiscal, juez o tribunal podrán ordenar la inspección ocular y/o la reconstrucción del hecho, de acuerdo con las declaraciones recibidas y otros elementos de convicción, para comprobar si se efectuó o pudo efectuarse de un modo determinado.

Si el imputado decide voluntariamente participar en la reconstrucción regirán las reglas previstas para su declaración. Su negativa a participar no impedirá la realización del acto.

Para la participación de testigos, peritos e intérpretes, regirán las disposiciones establecidas por este Código.

Al determinar las modalidades de la reconstrucción, el fiscal, juez o tribunal dispondrán lo que sea oportuno a fin de que ésta se desarrolle en forma tal que no ofenda o ponga en peligro la integridad de las personas o la seguridad pública.

De todo lo actuado se elaborará acta que será firmada por los intervinientes, dejando constancia de los que no quisieron o no pudieron hacerlo

Artículo 180º.- (Allanamiento de domicilio). Cuando el registro deba realizarse en un domicilio se requerirá resolución fundada del juez y la participación obligatoria del fiscal.

Queda prohibido el allanamiento de domicilio o residencia particular en horas de la noche, éste únicamente podrá efectuarse durante las horas hábiles del día, salvo el caso de delito flagrante. Se entiende por horas de la noche el tiempo comprendido entre las diecinueve horas y las siete del día siguiente.

Artículo 181º.- (Facultades coercitivas). Para realizar el registro, la autoridad podrá ordenar que durante la diligencia no se ausenten las personas encontradas en el lugar o que comparezca inmediatamente cualquier otra.

Los que desobedezcan serán compelidos por la fuerza pública, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda.

La restricción de la libertad no durará más de ocho horas; pasado este término, necesariamente deberá recabarse orden del juez de la instrucción.

Artículo 182º.- (Mandamiento y contenido). El mandamiento de allanamiento contendrá los siguientes requisitos:

  1. El nombre y cargo del juez o tribunal que ordena el allanamiento y una breve identificación del proceso;
  2. La indicación precisa del lugar o lugares por ser allanados;
  3. La autoridad designada para el allanamiento;
  4. El motivo específico del allanamiento, su respectiva fundamentación, las diligencias por practicar y, en lo posible, la individualización de las personas u objetos buscados; y,
  5. La fecha y la firma del juez.

El mandamiento tendrá una vigencia máxima de noventa y seis horas, después de las cuales caduca. El fiscal que concurra al allanamiento tendrá a su cargo la dirección de la diligencia.

Artículo 183º.- (Procedimiento y formalidades). La resolución que disponga el allanamiento será puesta en conocimiento del que habite o se encuentre en posesión o custodia del lugar, que sea mayor de catorce años de edad, para que presencie el registro entregándole una copia del mandamiento. En ausencia de estas personas se fijará copia del mandamiento en la puerta del inmueble allanado.

Practicado el registro se consignará en acta su resultado, cuidando que el lugar quede cerrado y resguardado de otras personas, si hay razones fundadas para ello. El acta será firmada por todos los intervinientes en el acto y el que presenció el registro, si éste no lo hace se consignará la causa.

Artículo 184º.- (Entrega de objetos y documentos. Secuestros). Los objetos, instrumentos y demás piezas de convicción existentes serán recogidos, asegurados y sellados por la policía o el fiscal para su retención y conservación, dejándose constancia de este hecho en acta. Si por su naturaleza es imposible mantener los objetos en su forma primitiva, el fiscal dispondrá la mejor manera de conservarlos.

Todo aquél que tenga en su poder objetos o documentos de los señalados precedentemente estará obligado a presentarlos y entregarlos, cuando le sea requerido, a cuyo efecto podrán ser compelidos por la fuerza pública, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda.

Quedan exceptuadas de este deber las personas que por ley no están obligadas a declarar como testigos.

Artículo 185º.- (Objetos no sometidos a secuestro). No podrán secuestrarse los exámenes o diagnósticos médicos relacionados a deberes de secreto y reserva legalmente establecidos, ni las comunicaciones entre el imputado y su abogado defensor.

Artículo 186º.- (Procedimiento para el secuestro). Regirá el procedimiento establecido para el registro. Los objetos secuestrados serán inventariados y puestos bajo segura custodia en los depósitos de la Fiscalía o en los lugares especialmente destinados para estos efectos, bajo responsabilidad y a disposición del fiscal.

Los semovientes, vehículos y bienes de significativo valor serán entregados a sus propietarios o a quienes acrediten la posesión o tenencia legítima, en calidad de depositarios judiciales después de realizadas las diligencias de comprobación y descripción.

Si los objetos secuestrados corren riesgo de alterarse, desaparecer, sean de difícil conservación o perecederos, se ordenarán reproducciones, copias o certificaciones sobre su estado y serán devueltos a sus propietarios.

Transcurridos seis meses sin reclamo ni identificación del dueño o poseedor, los objetos podrán ser entregados en depósito judicial a un establecimiento asistencial o a una entidad pública quienes sólo podrán utilizarlos para cumplir el servicio que brindan al público. Tratándose de la Policía Nacional y otros organismos de investigación, serán depositarios de aquellos bienes que por su naturaleza únicamente puedan ser utilizados en labores de investigación.

Si estos bienes están sujetos a incautación, una vez utilizados por el fiscal a efectos probatorios, se les aplicará el régimen establecido para los bienes incautados.

Artículo 187º.- (Locales públicos). Para el registro en reparticiones estatales, locales comerciales, o aquellos destinados al esparcimiento público, se podrá prescindir de la orden judicial de allanamiento cuando exista autorización del propietario o responsable del mismo, salvo delito flagrante. En caso de negativa o imposibilidad material de conseguir el consentimiento, se solicitará la orden judicial de allanamiento y se podrá usar la fuerza pública para su cumplimiento.

Presenciará el registro el responsable o el encargado del lugar o, a falta de éste, cualquier dependiente mayor de edad.

La requisa de personas o muebles en estos lugares se sujetará a las disposiciones de este Título.

Se elaborará acta circunstanciada del registro observando las formalidades previstas en el Artículo 174º de este Código y se conservarán los elementos probatorios útiles.

Artículo 188º.- (Secuestro y destrucción de sustancias controladas). Las sustancias controladas ilícitas serán destruidas o extinguidas públicamente en un término máximo de seis días calendario siguientes a su secuestro, en presencia y bajo responsabilidad del fiscal encargado de la investigación; separando una muestra representativa que será puesta bajo custodia en los depósitos de la Fiscalía del Distrito, para su utilización como medio de prueba. Del secuestro y la destrucción o extinción se elaborará un acta circunstanciada que deberá ser incorporada al juicio por su lectura.

No se destruirán las sustancias controladas secuestradas que puedan ser utilizadas con fines lícitos, las que se sujetarán al régimen de incautación.

Artículo 189º.- (Devolución). Los objetos secuestrados que no estén sometidos a incautación, decomiso o embargo, serán devueltos por el fiscal a la persona de cuyo poder se obtuvieron tan pronto como se pueda prescindir de ellos.

Esta devolución podrá ordenarse provisionalmente en calidad de depósito judicial e imponerse al poseedor la obligación de exhibirlos.

En caso de controversia acerca de la tenencia, posesión o dominio sobre una cosa o documento, para entregarlo en depósito o devolverlo, se tramitará un incidente separado ante el juez competente y se aplicarán las reglas respectivas del proceso civil.

Artículo 190º.- (Incautación de correspondencia, documentos y papeles). Siempre que se considere útil para la averiguación de la verdad, el juez o tribunal ordenará, por resolución fundamentada bajo pena de nulidad, la incautación de correspondencia, documentos y papeles privados o públicos.

Regirán las limitaciones del secuestro de documentos u objetos.

Artículo 191º.- (Apertura y examen). Recibida la correspondencia, documentos o papeles, el juez o tribunal en presencia del fiscal procederá a su apertura y examen debiendo constar en acta. Si guardan relación con el proceso, ordenará el secuestro; caso contrario, mantendrá en reserva su contenido y dispondrá su entrega al destinatario o remitente o a su propietario.

Artículo 192º.- (Clausura de Locales). El juez o tribunal ordenará, mediante resolución fundamentada por un término máximo de diez días, la clausura o aseguramiento de un local o la inmovilización de cosas muebles que por su naturaleza o dimensiones no puedan ser mantenidas en depósito, aplicando las reglas del secuestro.

TÍTULO III

TESTIMONIO

Artículo 193º.- (Obligación de testificar). Toda persona que sea citada como testigo tendrá la obligación de comparecer ante el juez o tribunal para declarar la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado, salvo las excepciones establecidas por ley.

El testigo no podrá ser obligado a declarar sobre hechos de los cuales pueda surgir su responsabilidad penal.

Artículo 194º.- (Capacidad de testificar y apreciación). Toda persona será capaz de atestiguar, inclusive los funcionarios policiales respecto a sus actuaciones; el juez valorará el testimonio de acuerdo con las reglas de la sana crítica.

Artículo 195º.- (Tratamiento especial). No estarán obligados a comparecer ante el juez o tribunal: el Presidente y Vicepresidente de la República, Presidentes de las Cámaras Legislativas, Presidente de la Corte Suprema, Presidente del Tribunal Constitucional, Fiscal General de la República, Defensor del Pueblo, representantes de misiones diplomáticas, Parlamentarios y Ministros de Estado, quienes declararán en el lugar donde cumplen sus funciones, en su domicilio o por escrito.

Artículo 196º.- (Facultad de abstención). Podrán abstenerse de testificar contra el imputado, su cónyuge o conviviente, sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado o por adopción y por afinidad hasta el segundo grado.

El juez, antes del inicio de la declaración, deberá informar a dichas personas la facultad de abstenerse de testificar total o parcialmente.

Artículo 197º.- (Deber de abstención). Las personas deberán abstenerse de declarar sobre los hechos que hayan llegado a su conocimiento, en razón de su oficio o profesión y se relacionen con deberes de secreto y reserva legalmente establecidos. Estas personas no podrán negar el testimonio cuando sean liberadas por el interesado del deber de guardar secreto.

En caso de ser citadas deberán comparecer y explicar las razones de su abstención. Si el juez estima que el testigo invoca erróneamente ese deber con respecto a un hecho que no puede estar comprendido en él, ordenará por resolución fundada su declaración.

Artículo 198º.- (Compulsión). Si el testigo no se presenta a la primera citación, se expedirá mandamiento de aprehensión, sin perjuicio de su enjuiciamiento. Si después de comparecer se niega a declarar se dispondrá su arresto, hasta por veinticuatro horas, al término de las cuales, si persiste en su negativa se le iniciará causa penal.

Artículo 199º.- (Declaración por comisión). Cuando el testigo no resida en el distrito judicial donde debe prestar su declaración y no sea posible contar con su presencia, se ordenará su declaración por exhorto u orden instruida a la autoridad judicial de su residencia.

Artículo 200º.- (Forma de la declaración). Al inicio de la declaración el testigo será informado de sus obligaciones, de la responsabilidad por su incumplimiento y según su creencia prestará juramento o promesa de decir verdad.

Cada testigo será interrogado por separado sobre su nombre, apellidos y demás datos personales, vínculo de parentesco y de interés con las partes y cualquier otra circunstancia que sirva para apreciar su veracidad. Seguidamente se le interrogará sobre el hecho.

Si el testigo teme por su integridad física o de otra persona únicamente podrá indicar su domicilio en forma reservada.

Artículo 201º.- (Falso Testimonio). Si el testigo incurre en contradicciones se lo conminará a que explique el motivo de ellas. Si no lo hace y su declaración revela indicios de falso testimonio, se suspenderá el acto y se remitirán antecedentes al Ministerio Público para la acción penal correspondiente.

Artículo 202º.- (Informantes de la policía). Las informaciones proporcionadas por los informantes de la policía no pueden ser incorporadas al proceso salvo cuando sean interrogados como testigos.

Artículo 203º.- (Testimonios especiales). Las personas que no puedan concurrir al tribunal por estar físicamente impedidas, serán interrogadas en su domicilio o en el lugar de su hospitalización.

Cuando deba recibirse testimonio de personas agredidas sexualmente o de menores de dieciséis años, sin perjuicio de la fase en que se encuentre el proceso, el juez o tribunal, dispondrá su recepción en privado con el auxilio de familiares o peritos especializados en el tratamiento de esas personas para garantizar el respeto a las condiciones inherentes al declarante.

TÍTULO IV

PERICIA

Artículo 204º.- (Pericia). Se ordenará una pericia cuando para descubrir o valorar un elemento de prueba sean necesarios conocimientos especializados en alguna ciencia, arte o técnica.

Artículo 205º.- (Peritos). Serán designados peritos quienes, según reglamentación estatal, acrediten idoneidad en la materia.

Si la ciencia, técnica o arte no está reglamentada o si no es posible contar con un perito en el lugar del proceso, se designará a una persona de idoneidad manifiesta.

Las reglas de este Título regirán para los traductores e intérpretes.

Artículo 206º.- (Examen médico). El fiscal ordenará la realización de exámenes médico forenses del imputado o de la víctima, cuando éstos sean necesarios para la investigación del hecho denunciado, los que se llevarán a cabo preservando la salud y el pudor del examinando.

Al acto sólo podrá asistir el abogado o una persona de confianza del examinado, quien será advertido previamente de tal derecho.

Artículo 207º.- (Consultores Técnicos). El juez o tribunal, según las reglas aplicables a los peritos, podrá autorizar la intervención en el proceso de los consultores técnicos propuestos por las partes.

El consultor técnico podrá presenciar la pericia y hacer observaciones durante su transcurso, sin emitir dictamen. En las audiencias podrán asesorar a las partes en los actos propios de su función, interrogar directamente a los peritos, traductores o intérpretes y concluir sobre la prueba pericial, siempre bajo la dirección de la parte a la que asisten.

La Fiscalía nombrará a sus consultores técnicos directamente, sin necesidad de autorización judicial.

Artículo 208º.- (Impedimentos). No serán designados peritos los que hayan sido testigos del hecho objeto del proceso y quienes deban o puedan abstenerse de declarar como testigos.

Artículo 209º.- (Designación y alcances). Las partes podrán proponer peritos, quienes serán designados por el fiscal durante la etapa preparatoria, siempre que no se trate de un anticipo jurisdiccional de prueba, o por el juez o tribunal en cualquier etapa del proceso.

El número de peritos será determinado según la complejidad de las cuestiones por valorarse.

El fiscal, juez o tribunal fijarán con precisión los temas de la pericia y el plazo para la presentación de los dictámenes. Las partes podrán proponer u objetar los temas de la pericia.

Artículo 210º.- (Excusa y recusación). Los peritos podrán excusarse o ser recusados por los mismos motivos establecidos para los jueces. El juez o tribunal resolverá lo que corresponda, previa averiguación sumaria sobre el motivo invocado sin recurso ulterior.

Artículo 211º.- (Citación y aceptación del cargo). Los peritos serán citados en la misma forma que los testigos. Tendrán el deber de comparecer y desempeñar el cargo para el cual fueron designados, previo juramento o promesa. Si tuvieran impedimento o no fueran idóneos deberán poner en conocimiento del fiscal, juez o tribunal, para que previa averiguación sumaria, resuelva lo que corresponda, sin recurso ulterior.

Rige, la disposición del Artículo 198º de este Código.

Artículo 212º.- (Ejecución). El juez o tribunal, resolverá todas las cuestiones que se planteen durante las operaciones periciales y brindará el auxilio judicial necesario.

Si existen varios peritos, siempre que sea posible, practicarán juntos el examen. Las partes y sus consultores técnicos podrán asistir a la pericia y pedir las aclaraciones pertinentes, debiendo retirarse cuando los peritos comiencen la deliberación.

El fiscal, juez o tribunal ordenará la sustitución del perito que no concurra a realizar las operaciones periciales dentro del plazo fijado o desempeñe negligentemente sus funciones.

El perito deberá guardar reserva de todo cuanto conozca con motivo de su actuación.

Artículo 213º.- (Dictamen). El dictamen será fundamentado y contendrá de manera clara y precisa la relación detallada de las operaciones practicadas y sus resultados, las observaciones de las partes o de sus consultores técnicos y las conclusiones que se formulen respecto a cada tema pericial.

Los peritos podrán dictaminar por separado cuando exista diversidad de opiniones entre ellos.

El dictamen se presentará por escrito, firmado y fechado.

Artículo 214º.- (Nuevo dictamen. Ampliación). Cuando los dictámenes sean ambiguos, insuficientes o contradictorios, se ordenará su ampliación o la realización de una nueva pericia por los mismos peritos o por otros distintos.

Artículo 215º.- (Conservación de objetos). El fiscal, juez o tribunal y los peritos procurarán que los objetos examinados sean conservados, de modo que la pericia pueda repetirse.

Si es necesario destruir o alterar los objetos analizados, los peritos deberán informar antes de proceder.

TÍTULO V

DOCUMENTOS Y OTROS MEDIOS DE PRUEBA

Artículo 216º.- (Documentos). Se admitirá toda prueba documental lícitamente obtenida.

El imputado no podrá ser obligado a reconocer documentos privados que obren en su contra, debiendo el juez o tribunal interrogarle si está dispuesto a declarar sobre su autenticidad, sin que su negativa le perjudique. En este caso, las partes podrán acreditar la autenticidad por otros medios.

Artículo 217º.- (Documentos y elementos de convicción). Los documentos, objetos y otros elementos de convicción incorporados al proceso podrán ser exhibidos al imputado, a los testigos y a los peritos para que los reconozcan e informen sobre ellos. Los que tengan carácter reservado, serán examinados privadamente por el juez o tribunal y si son útiles para la averiguación de la verdad, los incorporarán al proceso.

Artículo 218º.- (Informes). El fiscal, juez o tribunal, podrá requerir informes a cualquier persona o entidad pública o privada sobre datos que consten en sus registros.

Los informes se solicitarán por cualquier medio, indicando el proceso en el cual se requieren, el plazo para su presentación y las consecuencias en caso de incumplimiento.

Artículo 219º.- (Reconocimiento de personas). Cuando sea necesario individualizar al imputado, se ordenará su reconocimiento de la siguiente manera:

  1. Quien lleva a cabo el reconocimiento describirá a la persona mencionada y dirá si después del hecho la vio nuevamente, en qué lugar, por qué motivo y con qué objeto;
  2. Se ubicará a la persona sometida a reconocimiento junto a otras de aspecto físico semejante;
  3. Se preguntará a quien lleva a cabo el reconocimiento, si entre las personas presentes se encuentra la que mencionó y, en caso afirmativo, se le invitará para que la señale con precisión; y,
  4. Si la ha reconocido expresará las diferencias y semejanzas que observa entre el estado de la persona señalada y el que tenía en la época a que alude su declaración.

El reconocimiento procederá aun sin el consentimiento del imputado, con la presencia de su defensor. Se tomarán las previsiones para que el imputado no se desfigure.

El reconocimiento se practicará desde un lugar donde el testigo no pueda ser observado, cuando así se considere conveniente para su seguridad.

Cuando varias personas deban reconocer a una sola, cada reconocimiento se practicará por separado, sin que se comuniquen entre sí.

Cuando el imputado no pueda ser habido, se podrá utilizar fotografías u otros medios para su reconocimiento, observando las mismas reglas.

Se levantará acta circunstanciada del reconocimiento con las formalidades previstas por este Código, la que será incorporada al juicio por su lectura.

Artículo 220º.- (Careo). Cuando exista contradicción en las declaraciones de los testigos, se podrá confrontar a las personas que las emitieron, a quienes se les llamará la atención sobre las contradicciones advertidas.

Regirán, respectivamente, las normas del testimonio y de la declaración del imputado.

LIBRO QUINTO

MEDIDAS CAUTELARES

TÍTULO I

NORMAS GENERALES

Artículo 221º.- (Finalidad y alcance). La libertad personal y los demás derechos y garantías reconocidos a toda persona por la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y este Código, sólo podrán ser restringidos cuando sea indispensable para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley.

Las normas que autorizan medidas restrictivas de derechos, se aplicarán e interpretarán de conformidad con el Artículo 7º de este Código. Esas medidas serán autorizadas por resolución judicial fundamentada, según lo reglamenta este Código, y sólo durarán mientras subsista la necesidad de su aplicación.

No se podrá restringir la libertad del imputado para garantizar el resarcimiento del daño civil, el pago de costas o multas.

Artículo 222º.- (Carácter). Las medidas cautelares de carácter personal, se aplicarán con criterio restrictivo y se ejecutarán de modo que perjudiquen lo menos posible a la persona y reputación de los afectados.

Las medidas cautelares de carácter real serán las previstas en el Código de Procedimiento Civil y se impondrán únicamente en los casos expresamente indicados por este Código.

TÍTULO II

MEDIDAS CAUTELARES DE CARÁCTER PERSONAL

CAPÍTULO I

CLASES

Artículo 223º.- (Presentación espontánea). La persona contra la cual se haya iniciado o esté por iniciarse un proceso, podrá presentarse ante el fiscal encargado de la investigación pidiendo se reciba su declaración, que se mantenga su libertad o se manifieste sobre la aplicación de una medida cautelar.

Si el fiscal no se pronuncia dentro de las cuarenta y ocho horas, el imputado acudirá ante el juez de la instrucción para que resuelva sobre la procedencia de su libertad o de alguna de las medidas cautelares.

Artículo 224º.- (Citación). Si el imputado citado no se presentara en el término que se le fije, ni justificara un impedimento legítimo, la autoridad competente librará mandamiento de aprehensión.

Artículo 225º.- (Arresto). Cuando en el primer momento de la investigación sea imposible individualizar a los autores, partícipes y testigos, y se deba proceder con urgencia para no perjudicar la investigación, el fiscal o la policía podrán disponer que los presentes no se alejen del lugar, no se comuniquen entre sí antes de informar, ni se modifique el estado de las cosas y de los lugares y, de ser necesario, ordenarán el arresto de todos por un plazo no mayor de ocho horas.

Artículo 226º.- (Aprehensión por la Fiscalía). El fiscal podrá ordenar la aprehensión del imputado cuando sea necesaria su presencia y existan suficientes indicios de que es autor o partícipe de un delito de acción pública sancionado con pena privativa de libertad, cuyo mínimo legal sea igual o superior a dos años y de que pueda ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar u obstaculizar la averiguación de la verdad.

La persona aprehendida será puesta a disposición del juez, en el plazo de veinticuatro horas, para que resuelva, dentro del mismo plazo, sobre la aplicación de alguna de las medidas cautelares previstas en este Código o decrete su libertad por falta de indicios.

Tratándose de un delito de acción pública dependiente de instancia de parte, se informará a quien pueda promoverla y el juez levantará esta medida cautelar si dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la aprehensión la instancia no ha sido promovida.

Artículo 227º.- (Aprehensión por la policía). La Policía Nacional podrá aprehender a toda persona en los siguientes casos:

  1. Cuando haya sido sorprendida en flagrancia;
  2. En cumplimiento de mandamiento de aprehensión librado por juez o tribunal competente;
  3. En cumplimiento de una orden emanada del fiscal, y,
  4. Cuando se haya fugado estando legalmente detenida.

La autoridad policial que haya aprehendido a alguna persona deberá comunicar y ponerla a disposición de la Fiscalía en el plazo máximo de ocho horas.

Artículo 228º.- (Libertad). En ningún caso el fiscal ni la policía podrán disponer la libertad de las personas aprehendidas. Ellas deberán ser puestas a disposición del juez quien definirá su situación procesal.

Artículo 229º.- (Aprehensión por particulares). De conformidad a lo previsto por la Constitución Política del Estado, en caso de flagrancia los particulares están facultados para practicar la aprehensión, debiendo entregar inmediatamente al aprehendido a la policía, a la Fiscalía o a la autoridad más cercana.

El particular que realice una aprehensión, recogerá también los objetos e instrumentos que hayan servido para cometer el hecho o sean conducentes a su descubrimiento y los entregará a la autoridad correspondiente.

Artículo 230º.- (Flagrancia). Se considera que hay flagrancia cuando el autor del hecho es sorprendido en el momento de intentarlo, de cometerlo o inmediatamente después mientras es perseguido por la fuerza pública, el ofendido o los testigos presenciales del hecho.

Artículo 231º.- (Incomunicación). La incomunicación no podrá imponerse, sino en casos de notoria gravedad cuando existan motivos que hagan temer que el imputado de otra forma obstaculizará la averiguación de la verdad. En ningún caso podrá exceder el plazo de veinticuatro horas y no impedirá que el imputado sea asistido por su defensor antes de la realización de cualquier acto que requiera su intervención personal.

La incomunicación será dispuesta por el fiscal encargado de la investigación, debidamente fundamentada en los motivos señalados en el Artículo 235º de este Código, quien la comunicará inmediatamente al juez de la instrucción para que ratifique o deje sin efecto la incomunicación.

Se permitirá al incomunicado el uso de libros y material de escribir, podrá también realizar actos civiles impostergables que no perjudiquen la investigación.

Artículo 232º.- (Improcedencia de la detención preventiva). No procede la detención preventiva:

  1. En los delitos de acción privada;
  2. En aquellos que no tengan prevista pena privativa de libertad; y,
  3. En los delitos sancionados con pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea inferior a tres años.

En estos casos únicamente se podrá aplicar las medidas previstas en el Artículo 240º de este Código.

Tratándose de mujeres embarazadas y de madres durante la lactancia de hijos menores de un año, la detención preventiva sólo procederá cuando no exista ninguna posibilidad de aplicar otra medida alternativa.

Artículo 233º.- (Requisitos para la detención preventiva). Realizada la imputación formal, el juez podrá ordenar la detención preventiva del imputado, a pedido fundamentado del fiscal o del querellante, cuando concurran los siguientes requisitos:

  1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible; y,
  2. La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad.

Artículo 234º.- (Peligro de fuga). Para decidir acerca del peligro de fuga se tendrá en cuenta las siguientes circunstancias:

  1. Que el imputado no tenga domicilio o residencia habitual, ni familia, negocios o trabajo asentados en el país;
  2. Las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto;
  3. La evidencia de que el imputado está realizando actos preparatorios de fuga; y,
  4. El comportamiento del imputado durante el proceso o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de no someterse al mismo.

Artículo 235º.- (Peligro de obstaculización). Para decidir acerca del peligro de obstaculización para la averiguación de la verdad, se tendrá en cuenta, especialmente, la concurrencia de indicios de que el imputado:

  1. Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba; y,
  2. Influirá negativamente sobre los partícipes, testigos o peritos para beneficiarse.

Artículo 236º.- (Competencia, forma y contenido de la decisión). El auto de detención preventiva será dictado por el juez o tribunal del proceso y deberá contener:

  1. Los datos personales del imputado o, si se ignoran, los que sirvan para identificarlo;
  2. Una sucinta enunciación del hecho o hechos que se le atribuyen;
  3. La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la detención, con cita de las normas legales aplicables; y,
  4. El lugar de su cumplimiento

Artículo 237º.- (Tratamiento). Los detenidos preventivamente serán internados en establecimientos especiales, diferentes de los que se utilizan para los condenados o, al menos, en secciones separadas de las dispuestas para estos últimos y serán tratados en todo momento como inocentes que sufren la detención con el único fin de asegurar el normal desarrollo del proceso penal.

La detención preventiva debe cumplirse en el recinto penal del lugar donde se tramita el proceso.

Artículo 238º.- (Control). El juez de ejecución penal se encargará de controlar el trato otorgado al detenido. Todo permiso de salida o traslado, únicamente lo autorizará el juez del proceso. En caso de extrema urgencia, esta medida podrá ser dispuesta por el juez de ejecución penal, con noticia inmediata al juez del proceso.

Cuando el juez de ejecución penal constate violación al régimen legal de detención preventiva comunicará inmediatamente al juez del proceso, quien resolverá sin más trámite en el plazo de veinticuatro horas.

El condenado que cumpla pena privativa de libertad y simultáneamente esté sometido a detención preventiva, seguirá el régimen que impone su condena, sin perjuicio de que el juez del proceso tome las medidas necesarias para garantizar su defensa.

Artículo 239º.- (Cesación de la detención preventiva). La detención preventiva cesará:

  1. Cuando nuevos elementos de juicio demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida;
  2. Cuando su duración exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito que se juzga; y,
  3. Cuando su duración exceda de dieciocho meses sin que se haya dictado sentencia o de veinticuatro meses sin que ésta hubiera adquirido la calidad de cosa juzgada.

Vencidos los plazos previstos en los numerales 2) y 3) el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan previstas en el Artículo 240º de este Código.

Artículo 240º.- (Medidas sustitutivas a la detención preventiva). Cuando sea improcedente la detención preventiva y exista peligro de fuga u obstaculización del procedimiento, el juez o tribunal, mediante resolución fundamentada, podrá disponer la aplicación de una o más de las siguientes medidas sustitutivas:

  1. La detención domiciliaria, en su propio domicilio o en el de otra persona, sin vigilancia alguna o con la que el tribunal disponga. Si el imputado no puede proveer a sus necesidades económicas o a las de su familia o si se encuentra en situación de indigencia, el juez podrá autorizar que se ausente durante la jornada laboral.
  2. Obligación de presentarse periódicamente ante el juez, tribunal o autoridad que se designe;
  3. Prohibición de salir del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez o tribunal, sin su autorización, ordenando el arraigo a las autoridades competentes;
  4. Prohibición de concurrir a determinados lugares;
  5. Prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no se afecte su derecho de defensa; y,
  6. Fianza juratoria, personal o económica. La fianza económica podrá ser prestada por el imputado o por otra persona mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca.

Artículo 241º.- (Finalidad y determinación de la fianza). La fianza tendrá por exclusiva finalidad asegurar que el imputado cumplirá las obligaciones que se le impongan y las órdenes del juez o tribunal.

La fianza económica se fijará teniendo en cuenta la situación patrimonial del imputado, en ningún caso se fijará una fianza económica de imposible cumplimiento.

El imputado y el fiador podrán sustituir la fianza por otra equivalente, previa autorización del juez o tribunal.

Artículo 242º.- (Fianza juratoria). La fianza juratoria procederá cuando sea previsible que el imputado será beneficiario de la suspensión condicional de la pena, del perdón judicial o cuando demuestre estado de pobreza que le imposibilite constituir fianza real o personal.

El imputado beneficiado con esta medida deberá cumplir las siguientes obligaciones:

  1. Comparecer ante el fiscal o la autoridad judicial las veces que sea requerido;
  2. Concurrir a toda actuación procesal que corresponda; y,
  3. No cambiar el domicilio que señalará a este efecto, ni ausentarse del país, sin previa autorización del juez o tribunal de la causa, quien dispondrá el arraigo correspondiente.

Artículo 243º.- (Fianza personal). La fianza personal consiste en la obligación que asumen una o más personas de presentar al imputado ante el juez del proceso las veces que sea requerido.

En caso de incomparecencia del imputado, el fiador pagará la suma que a este efecto determine el juez, la que será suficiente para satisfacer los gastos de captura y las costas procesales.

Cuando existan varios fiadores, asumirán la obligación solidariamente.

El juez a petición del fiador podrá aceptar su sustitución.

Artículo 244º.- (Fianza real). La fianza real se constituye con bienes inmuebles o muebles, valores o dinero.

Si se ofrecen bienes inmuebles, propios o de un tercero, se presentará título de propiedad, avalúo catastral y certificado del Registro correspondiente para acreditar que no pesa sobre ellos ningún gravamen, o que estando gravado constituye suficiente garantía, siendo necesaria la conformidad del propietario.

Tratándose de bienes muebles o joyas, se acreditará su valor mediante pericia. El juez o tribunal verificará la autenticidad y veracidad de esta operación y designará el depositario correspondiente.

Tratándose de bienes sujetos a registro el gravamen deberá inscribirse en el registro correspondiente, debiendo los funcionarios encargados dar prelación a la inscripción, efectuándola a la presentación del documento, bajo su responsabilidad dentro del término de veinticuatro horas.

El dinero se depositará en una cuenta bancaria a la orden del juez o tribunal con mantenimiento de valor y generación de intereses.

Artículo 245º.- (Efectividad de la libertad). La libertad sólo se hará efectiva luego de haberse otorgado la fianza.

Artículo 246º.- (Acta). Antes de proceder a la ejecución de estas medidas, se levantará acta, en la cual constará:

  1. La especificación de las obligaciones que deba cumplir el imputado y la advertencia sobre las consecuencias de su incumplimiento;
  2. La identificación de las personas que intervengan en la ejecución de la medida y la aceptación de la obligación que les ha sido impuesta;
  3. El domicilio real que señalen todos ellos; y,
  4. La promesa formal del imputado de cumplir con las citaciones dispuestas.

Artículo 247º.- (Causales de revocación). Las medidas sustitutivas a la detención preventiva podrán ser revocadas por las siguientes causales:

  1. Cuando el imputado incumpla cualesquiera de las obligaciones impuestas;
  2. Cuando se compruebe que el imputado realiza actos preparatorios de fuga o de obstaculización en la averiguación de la verdad.

La revocación dará lugar a la detención preventiva en los casos en que esta medida cautelar sea procedente.

Artículo 248º.- (Ejecución de las fianzas). En el caso de rebeldía o cuando el imputado se sustraiga a la ejecución de la pena, se notificará al fiador advirtiéndole que si el imputado no comparece dentro de los diez días siguientes a la notificación, la fianza se ejecutará al vencimiento de este plazo.

Vencido el plazo, el juez o tribunal dispondrá la venta, por subasta pública, de los bienes que integran la fianza.

Las sumas líquidas se depositarán en una cuenta bancaria que genere intereses a la orden del juez o tribunal que ejecutó la fianza a los efectos de la responsabilidad civil que se declare en el proceso penal. Si dentro de los tres meses de ejecutoriada la sentencia condenatoria o la que imponga una medida de seguridad, no se demanda ante el juez de sentencia penal la responsabilidad civil, estas sumas se transferirán al Fondo de Indemnizaciones.

Artículo 249º.- (Cancelación). La fianza será cancelada y devueltos los bienes afectados a la garantía, más los intereses generados en la cuenta bancaria, siempre que no haya sido ejecutada con anterioridad, cuando:

  1. Se revoque la decisión de constituir fianza;
  2. Se absuelva o se sobresea al imputado o se archiven las actuaciones, por resolución firme; y,
  3. Se someta a la ejecución de la pena o ella no deba ejecutarse.

CAPÍTULO II

EXAMEN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES DE CARÁCTER PERSONAL

Artículo 250º.- (Carácter de las decisiones). El auto que imponga una medida cautelar o la rechace es revocable o modificable, aun de oficio.

Artículo 251º.- (Apelación). La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable en el término de setenta y dos horas.

Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante la Corte Superior de Justicia, en el término de veinticuatro horas.

El tribunal de apelación resolverá, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior.

TÍTULO III

MEDIDAS CAUTELARES DE CARÁCTER REAL

CAPÍTULO I

MEDIDAS CAUTELARES DE CARÁCTER REAL

Artículo 252º.- (Medidas cautelares reales). Sin perjuicio de la hipoteca legal establecida por el Artículo 90º del Código Penal, las medidas cautelares de carácter real serán acordadas por el juez del proceso, a petición de parte, para garantizar la reparación del daño y el pago de costas o multas, a cuyo efecto se podrá solicitar el embargo de la fianza siempre que se trate de bienes propios del imputado.

El trámite se regirá por el Código de Procedimiento Civil.

CAPÍTULO II

MEDIDAS CAUTELARES SOBRE BIENES SUJETOS A CONFISCACIÓN O DECOMISO

SECCIÓN I

PROCEDIMIENTO DE INCAUTACIÓN

Artículo 253º.- (Solicitud de incautación). El fiscal, durante el proceso, hasta antes de dictarse sentencia, mediante requerimiento fundamentado, solicitará al juez de la instrucción la incautación de bienes sujetos a decomiso o confiscación, de conformidad con el Código Penal y con la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, especificando los que quedarán a su disposición a efectos de prueba.

Artículo 254º.- (Resolución de incautación). El juez de la instrucción, si existen indicios suficientes acerca de la condición de bienes sujetos a decomiso o confiscación, mediante resolución fundamentada, dispondrá:

  1. Su incautación e inventario en el que conste su naturaleza y estado de conservación;
  2. La anotación preventiva de la resolución de incautación tratándose de bienes sujetos a registro; y,
  3. Su entrega a la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados a efecto de su administración conforme a lo establecido en este Capítulo.

No serán objeto de incautación los bienes muebles que fueran de uso indispensable en la casa habitación del imputado ni los objetos de uso personal del imputado y su familia.

La anotación de la incautación en los registros públicos estará exenta del pago de valores judiciales y administrativos.

Artículo 255º.- (Incidente sobre la calidad de los bienes).

I) Durante el proceso, hasta antes de dictarse sentencia, los propietarios de bienes incautados podrán promover incidente ante el juez de la instrucción que ordenó la incautación, en el que se debatirá:

  1. Si el bien incautado está sujeto a decomiso o confiscación de acuerdo a Ley;
  2. Si el bien incautado ha sido adquirido en fecha anterior a la resolución de incautación y con desconocimiento del origen ilícito del mismo o de su utilización como objeto del delito. En todo caso deberá justificar su origen.

El imputado únicamente podrá fundar su incidente en la causal establecida en el numeral uno de este parágrafo.

II) El juez de la instrucción, mediante resolución fundamentada:

  1. Ratificará la incautación del bien objeto del incidente; o,
  2. Revocará la incautación, disponiendo, en su caso, la cancelación de la anotación preventiva y ordenará a la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados la devolución de los bienes o del dinero proveniente de su venta, con más los intereses devengados a la fecha.

Esta resolución será recurrible mediante apelación incidental, sin recurso ulterior.

Artículo 256º.- (Incidente sobre acreencias). El juez de la instrucción, en caso de existir gravámenes sobre los bienes incautados, legalmente registrados con anterioridad a la resolución de incautación, notificará a los acreedores para que dentro de los cinco días siguientes a su notificación, promuevan incidente solicitando autorización para proceder a la ejecución del bien en la vía que corresponda. Concluida la substanciación del incidente el juez de la instrucción se pronunciará sobre la procedencia o improcedencia de la autorización solicitada, resolución que será recurrible mediante apelación incidental, sin recurso ulterior.

Concluida la vía ejecutiva, si existe remanente, el juez o tribunal competente ordenará su depósito a nombre de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados.

SECCIÓN II

REGIMEN DE ADMINISTRACIÓN

Artículo 257º.- (Dependencia y Atribuciones de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados). La Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados, dependiente del Ministerio de Gobierno, tendrá las siguientes atribuciones:

  1. La administración directa o delegada en empresas privadas contratadas al efecto de los bienes incautados y de los confiscados y decomisados hasta el momento de su monetización;
  2. El registro e inventario de los bienes incautados, el que especificará su naturaleza y estado de conservación;
  3. La creación y actualización del registro de empresas administradoras calificadas;
  4. La suscripción de los correspondientes contratos de administración;
  5. La fiscalización y supervisión de las empresas administradoras durante la ejecución del contrato; y,
  6. Las establecidas en los reglamentos correspondientes.

Artículo 258º.- (Régimen de Administración de Bienes Incautados). La administración de los bienes incautados se sujetará al siguiente régimen:

  1. Depósito a nombre de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados de las joyas, títulos valores y dinero incautado o percibido por la venta de los bienes incautados, en un banco o entidad financiera del sistema nacional, asegurando el mantenimiento de valor e intereses;
  2. La entrega en calidad de depósito a titulares de derechos de uso y goce sobre los bienes que acrediten de manera fehaciente la constitución de sus derechos con anterioridad a la resolución de incautación. Extinguidos estos derechos, sus titulares entregarán de manera inmediata, bajo responsabilidad penal, los bienes a la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados.
  3. Designación como depositarios de un solo inmueble incautado a familiares del imputado que habitaban en el mismo con anterioridad a la resolución de incautación.
  4. Venta directa o en pública subasta de los bienes muebles consumibles o perecibles, sin necesidad del consentimiento del propietario;
  5. Venta en pública subasta de semovientes y bienes muebles susceptibles de disminución de su valor por desactualización tecnológica, sin necesidad del consentimiento del propietario;
  6. Venta de los demás bienes en pública subasta, previo consentimiento expreso y escrito de su propietario, conforme a ley;
  7. Medidas convenientes para el cuidado y conservación de los bienes que no fueron objeto de venta.

Los frutos provenientes de la administración de los bienes incautados serán imputados a los gastos de administración y conservación, a tal efecto, el Director de Control, Registro y Administración de Bienes Incautados, autorizará expresamente la liquidación de gastos correspondientes, obligándose quienes estuvieran a cargo de la administración directa de estos bienes, a realizar los descargos de ley de conformidad a las normas de control fiscal respectivo.

Artículo 259º.- (Forma de administración). La Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados, mediante resolución fundamentada, dispondrá:

  1. La ejecución de las medidas de administración señaladas en los numerales 1) al 3) del articulo anterior.
  2. La ejecución de las medidas de administración señaladas en los numerales 4) al 7) del articulo anterior, mediante la contratación de empresas privadas seleccionadas de conformidad a lo establecido en la sección III de este capitulo, salvo que decida ejecutarlas de manera directa por razones de imposibilidad o inconveniencia económica de esta contratación.

Artículo 260º.- (Administración y destino de bienes confiscados y decomisados).

I. El juez o tribunal, al momento de dictar sentencia resolverá el destino de los bienes incautados que no fueron objeto de devolución con motivo del incidente substanciado ante el juez de la instrucción.

II. La Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados dará cumplimiento al destino de los bienes determinado en la sentencia que adquiera la calidad de cosa juzgada y, según los casos, dispondrá u ordenará a la empresa administradora:

  1. La devolución de los bienes incautados y, en su caso, del dinero e intereses provenientes de su venta, a las personas que acrediten derecho de propiedad sobre los mismos y ejecutará la cancelación de las anotaciones preventivas;
  2. La venta en subasta pública de los bienes decomisados o confiscados, que no fueron objeto de disposición anterior, procedimiento que se iniciará dentro de los treinta días siguientes a la ejecutoria.
  3. El depósito a nombre del Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas, del dinero decomisado y confiscado y del proveniente de la venta de los bienes confiscados y decomisados, en un banco del sistema nacional.
  4. El pago a acreedores con garantía real sobre el bien confiscado o decomisado, registrada con anterioridad a la resolución de incautación y reconocida judicialmente, con el importe proveniente de su venta.

III. El Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas utilizará los recursos provenientes de la venta de los bienes confiscados y decomisados para:

  1. El cumplimiento de los fines de prevención, interdicción, rehabilitación y régimen penitenciario establecidos en la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas; y,
  2. Cubrir los gastos de administración.

Artículo 261º.- (Bienes vacantes). Se considerarán como vacantes los bienes incautados que no habiendo sido decomisados o confiscados, sus propietarios no solicitaren su devolución dentro de los sesenta días siguientes al momento en que la sentencia adquirió la calidad de cosa juzgada.

La Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados, vencido este plazo, promoverá en calidad de denunciante el procedimiento voluntario sobre bienes vacantes y mostrencos, del Código de Procedimiento Civil, con el objeto de que estos bienes pasen a propiedad del Estado.

SECCIÓN III

EMPRESA ADMINISTRADORA

Artículo 262º.- (Registro de Empresas Administradoras). La Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados, dentro de los sesenta días siguientes a la vigencia de este régimen, convocará públicamente, estableciendo los requisitos exigidos, a empresas privadas que deseen incorporarse al registro de empresas calificadas para la administración de bienes incautados.

La Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados, previa calificación y evaluación de antecedentes de las empresas interesadas, dispondrá el registro de las que cumplan los requisitos exigidos, con aprobación de la autoridad competente del Ministerio de Gobierno. Podrá disponer nuevas convocatorias para mantener actualizado el registro.

Artículo 263º.- (Selección de la Empresa Administradora) La Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados, previo concurso de precios y de garantías de ejecución del contrato, ofrecidos en sobre cerrado, en caso de existir oferta económicamente conveniente, seleccionará mediante resolución fundamentada de entre las empresas registradas, a la que se hará cargo de la administración de los bienes incautados, suscribiendo al efecto, el correspondiente contrato de administración.

LIBRO SEXTO

EFECTOS ECONÓMICOS DEL PROCESO

TÍTULO I

COSTAS E INDEMNIZACIONES

CAPÍTULO I

COSTAS

Artículo 264º.- (Contenido). Las costas del proceso comprenden:

  1. Los gastos originados durante la tramitación del proceso tales como el importe del papel sellado, timbres y otros que corresponda por la actuación judicial;
  2. Los honorarios de los abogados, peritos, consultores técnicos, traductores e intérpretes; y,
  3. La remuneración de los jueces ciudadanos, la que será imputada a favor del Estado.

Artículo 265º.- (Imposición). Toda decisión que ponga fin a la persecución penal o que resuelva algún incidente, aún durante la ejecución de la pena, determinará quién debe soportar las costas del proceso.

Artículo 266º.- (Costas al imputado y al Estado) Las costas serán impuestas al imputado cuando sea condenado y al Estado siempre que la absolución se base en la inocencia del imputado o se dicte sobreseimiento porque el hecho no existió, no constituye delito o el imputado no participó en él, salvo que el proceso se haya abierto exclusivamente sobre la base de la acusación del querellante.

Artículo 267º.- (Denuncia falsa o temeraria). Cuando el denunciante haya provocado el proceso por medio de una denuncia falsa o temeraria, el juez o tribunal le impondrá el pago de las costas.

Artículo 268º.- (Incidentes). Las costas serán impuestas al incidentista cuando la decisión le sea desfavorable; caso contrario, las cubrirán quienes se hayan opuesto a su pretensión, en la medida que fije el juez.

Artículo 269º.- (Recursos). Si el recurso interpuesto no prospera o es desistido, las costas recaerán sobre quien lo haya interpuesto. Si el recurso prospera las costas serán cubiertas por quienes se hayan opuesto a él o por el Estado, según los casos.

Artículo 270º.- (Acción privada). Salvo acuerdo de partes, en el procedimiento por delito de acción privada, en caso de absolución, desestimación, desistimiento o abandono, las costas serán soportadas por el querellante; en caso de condena y retractación, por el imputado.

Artículo 271º.- (Resolución). El juez o tribunal decidirá motivadamente sobre la imposición de costas.

Cuando corresponda dividir las costas entre varios, fijará con precisión el porcentaje que debe soportar cada uno de los responsables, con relación a los porcentajes de los gastos que cada uno de ellos haya causado.

Artículo 272º.- (Liquidación y ejecución). El juez o tribunal ordenará la elaboración de la planilla de costas en el plazo de veinticuatro horas de ejecutoriada la resolución.

Las observaciones a la planilla se tramitarán por vía incidental. La resolución del juez o tribunal tendrá fuerza ejecutiva y se hará efectiva en el mismo proceso, sin recurso ulterior, en el término de tres días.

Artículo 273º.- (Beneficio de gratuidad). El que pretenda el beneficio de gratuidad deberá solicitarlo al juez o tribunal del proceso, quien aplicará las normas previstas en el Código de Procedimiento Civil.

CAPÍTULO II

INDEMNIZACIÓN AL IMPUTADO

Artículo 274º.- (Revisión). Cuando a causa de la revisión de sentencia, por error judicial, el condenado sea absuelto o se le imponga una pena menor, éste o sus herederos serán indemnizados en razón del tiempo de privación de libertad o de inhabilitación efectivamente cumplidas y se procederá a la devolución de la multa indebidamente pagada.

El precepto regirá también para el caso en que la revisión tenga por objeto una medida de seguridad.

Artículo 275º.- (Determinación). El injustamente condenado podrá optar por reclamar la indemnización en el mismo proceso o en otro que corresponda.

En el primer caso, el juez o tribunal del proceso determinará la indemnización en base al siguiente parámetro: un día de pena privativa de libertad, de cumplimiento de medida de seguridad que importe privación de libertad o de inhabilitación que importe suspensión del ejercicio profesional, equivale a un día de haber del sueldo o ingreso percibido por el damnificado.

En el caso que no sea posible establecer ese monto, se tomará en cuenta el haber equivalente a un día del salario mínimo vital.

Artículo 276º.- (Fondo de Indemnizaciones). El Consejo de la Judicatura administrará un fondo permanente para atender el pago de indemnizaciones a las víctimas de error judicial conforme a lo previsto en este Código.

Los recursos de este Fondo estarán constituidos por:

  1. Fondos ordinarios que asigne el Estado;
  2. Multas impuestas y fianzas ejecutadas;
  3. Costas en favor del Estado;
  4. Indemnizaciones resultantes de delitos que afecten intereses colectivos o difusos; y,
  5. Donaciones y legados al Estado que se hagan en favor del Fondo.

La administración de estos recursos será reglamentada por el Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA PARTE

PROCEDIMIENTOS

LIBRO PRIMERO

PROCEDIMIENTO COMÚN

TÍTULO I

ETAPA PREPARATORIA DEL JUICIO

CAPÍTULO I

NORMAS GENERALES

Artículo 277º.- (Finalidad). La etapa preparatoria tendrá por finalidad la preparación del juicio oral y público, mediante la recolección de todos los elementos que permitan fundar la acusación del fiscal o del querellante y la defensa del imputado.

La Fiscalía tendrá a su cargo la investigación de todos los delitos de acción pública y actuará con el auxilio de la Policía Nacional y del Instituto de Investigaciones Forenses.

Artículo 278º.- (Persecución penal pública e investigación fiscal). Cuando el fiscal tenga conocimiento de la comisión de un delito, promoverá y dirigirá su investigación.

Cuando la ley condicione la persecución penal a una instancia particular o a cualquier forma de antejuicio, el fiscal la ejercerá una vez que se produzca la instancia o la autorización por los medios que la ley disponga, sin perjuicio de realizar actos imprescindibles para conservar elementos de prueba.

El fiscal se abstendrá de acusar cuando no encuentre fundamento para ello.

Artículo 279º.- (Control jurisdiccional). La Fiscalía y la Policía Nacional actuarán siempre bajo control jurisdiccional.

Los fiscales no podrán realizar actos jurisdiccionales ni los jueces actos de investigación que comprometan su imparcialidad.

Artículo 280º.- (Documentos de la investigación). Durante la etapa preparatoria no se formará un expediente judicial.

Las actuaciones del fiscal y los documentos obtenidos se acumularán en un cuaderno de investigación, siguiendo criterios de orden y utilidad solamente.

Las actuaciones registradas en el cuaderno no tendrán valor probatorio por sí mismas para fundar la condena del acusado, con excepción de los elementos de prueba que este Código autoriza introducir al juicio por su lectura.

Se tomará razón de las resoluciones judiciales en el libro correspondiente.

Artículo 281º.- (Reserva de las actuaciones). Cuando sea imprescindible para la eficacia de la investigación, el juez a solicitud del fiscal podrá decretar la reserva de las actuaciones, incluso para las partes, por una sola vez y por un plazo no mayor a diez días.

Cuando se trate de delitos vinculados a organizaciones criminales, esta reserva podrá autorizarse hasta por dos veces por el mismo plazo.

Artículo 282º.- (Agente encubierto) En la investigación de delitos vinculados al tráfico ilícito de sustancias controladas, en caso de ausencia o insuficiencia de medios de prueba, el fiscal podrá solicitar fundadamente, bajo su responsabilidad, al juez de la instrucción, autorización para la intervención, en calidad de agentes encubiertos, de miembros de la Policía Nacional altamente calificados, sin antecedentes penales o disciplinarios, que presten su consentimiento al efecto.

La resolución del juez de la instrucción que autorice la intervención del agente encubierto consignará la identidad supuesta del mismo que será mantenida en reserva y se conservará fuera de las actuaciones con la debida seguridad en sobre cerrado y lacrado que contendrá además la identidad verdadera del agente.

El agente encubierto mantendrá informado al fiscal encargado de la investigación sobre las actividades realizadas y por realizarse en el curso de la misma y sobre la información que vaya obteniendo.

Las declaraciones testimoniales del agente encubierto no serán suficientes para fundar una condena si no se cuenta con prueba adicional incorporada válidamente al proceso.

El agente encubierto no estará exento de la responsabilidad que corresponda, si en el curso de la investigación realiza actos distintos a los específicamente encomendados o con evidente exceso o desproporcionalidad, con relación a las necesidades o finalidades de la misma.

Artículo 283º.- (Entrega vigilada). Se entenderá por entrega vigilada la técnica consistente en permitir que remesas de sustancias controladas circulen por territorio nacional o entren o salgan fuera de él sin interferencia de la autoridad competente y bajo su vigilancia, con el fin de descubrir o identificar a las personas involucradas en la comisión del delito, aportar pruebas al proceso y, en su caso, prestar auxilio a autoridades extranjeras para estos mismos fines.

En la investigación de delitos vinculados con el tráfico ilícito de sustancias controladas, en caso de ausencia o insuficiencia de medios de prueba, el fiscal podrá solicitar fundadamente, bajo su responsabilidad, al juez de la instrucción, autorización para que miembros de la Policía Nacional. altamente calificados, sin antecedentes penales o disciplinarios, que presten su consentimiento al efecto, participen en entregas vigiladas, sobre las que se pueda realizar una vigilancia y seguimiento efectivos.

La resolución del juez de la instrucción que autorice la entrega vigilada será mantenida en reserva y se conservará fuera de las actuaciones con la debida seguridad, en sobre cerrado y lacrado.

Los agentes policiales que intervengan mantendrán informado al fiscal encargado de la investigación sobre las actividades realizadas y por realizarse en el curso de la misma y sobre la información que vaya obteniendo.

CAPÍTULO II

ACTOS INICIALES

SECCIÓN I

DENUNCIA

Artículo 284º.- (Denuncia). Toda persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito de acción pública, podrá denunciarlo ante la Fiscalía o la Policía Nacional.

En las localidades donde no exista Fiscalía o Policía, se la presentará ante el Sub Prefecto o Corregidor, los que deberán ponerla en conocimiento del fiscal más próximo, en el término de veinticuatro horas.

Artículo 285º.- (Forma y contenido). La denuncia podrá presentarse en forma escrita o verbal. Cuando sea verbal se hará constar en acta firmada por el denunciante y el funcionario interviniente. En ambos casos, el funcionario que la reciba comprobará y dejará constancia de la identidad y domicilio del denunciante; a pedido del denunciante, estos datos podrán mantenerse en reserva que podrá ser levantada a efectos de hacerse efectiva su responsabilidad por denuncia falsa o temeraria. En todos los casos se le entregará una copia del original.

La denuncia contendrá, en lo posible, la relación circunstanciada del hecho, con indicación de los autores y partícipes, víctimas, damnificados, testigos y demás elementos que puedan conducir a su comprobación y su tipificación.

Artículo 286º.- (Obligación de denunciar). Tendrán obligación de denunciar los delitos de acción pública:

  1. Los funcionarios y empleados públicos que conozcan el hecho en ejercicio de sus funciones; y,
  2. Los médicos, farmacéuticos, enfermeros y demás personas que ejerzan cualquier rama de las ciencias médicas, siempre que conozcan el hecho en el ejercicio de su profesión u oficio.

La denuncia dejará de ser obligatoria si diera lugar a la persecución penal propia, del cónyuge, conviviente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o por adopción, o segundo de afinidad, o cuando los hechos fueron conocidos bajo secreto profesional.

Artículo 287º.- (Participación y responsabilidad). El denunciante no será parte en el proceso y no incurrirá en responsabilidad alguna, salvo cuando las imputaciones sean falsas o la denuncia haya sido temeraria.

Cuando se califique la denuncia como falsa o temeraria se le impondrá al denunciante el pago de las costas, sin perjuicio de la responsabilidad correspondiente.

Artículo 288º.- (Denuncia ante la policía). Cuando la denuncia sea presentada ante la policía, ésta informará dentro de las veinticuatro horas al fiscal y comenzará la investigación preventiva conforme a lo dispuesto en la Sección III de este Capítulo.

Artículo 289º.- (Denuncia ante la Fiscalía). El fiscal, al recibir una denuncia o información fehaciente sobre la comisión de un delito, dirigirá la investigación conforme a las normas de este Código, requiriendo el auxilio de la policía y del Instituto de Investigaciones Forenses. En todos los casos informará al juez de la instrucción el inicio de las investigaciones dentro de las veinticuatro horas.

SECCIÓN II

QUERELLA

Artículo 290º.- (Querella). La querella se presentará por escrito, ante el fiscal, y contendrá:

  1. El nombre y apellido del querellante;
  2. Su domicilio real y procesal;
  3. En el caso de las personas jurídicas, la razón social, el domicilio y el nombre de su representante legal;
  4. La relación circunstanciada del hecho, sus antecedentes o consecuencias conocidas y, si fuera posible, la indicación de los presuntos autores o partícipes, víctimas, damnificados y testigos;
  5. El detalle de los datos o elementos de prueba; y,
  6. La prueba documental o la indicación del lugar donde se encuentra.

El querellante tendrá plena intervención en el proceso con la sola presentación de la querella, la misma que será puesta en conocimiento del imputado.

Artículo 291º.- (Objeción). El fiscal o el imputado podrán objetar la admisibilidad de la querella y la personería del querellante. La objeción se formulará ante el juez, en el plazo de tres días computables a partir de su notificación.

El juez convocará a las partes a una audiencia oral que deberá realizarse dentro de los tres días de presentada la objeción y la resolverá inmediatamente de finalizada la audiencia.

Cuando se funde en la omisión o defecto de los requisitos formales de admisibilidad, el juez ordenará su corrección en el plazo de tres días, caso contrario se la tendrá por no presentada.

El rechazo de la querella no impedirá continuar con la investigación, cuando se trate de delitos de acción pública.

Artículo 292º.- (Desistimiento y abandono). El querellante podrá desistir o abandonar su querella en cualquier momento del proceso, con costas a su cargo y sujeto a la decisión definitiva.

La querella se considerará abandonada cuando el querellante:

  1. No concurra a prestar testimonio sin justa causa;
  2. No concurra a la audiencia conclusiva;
  3. No acuse o no ofrezca prueba para fundar su acusación; o,
  4. No concurra al juicio o se ausente de él sin autorización del tribunal.

Igualmente se considerará abandonada la querella cuando el representante o sucesor del querellante no concurra a proseguir el proceso, dentro de los sesenta días siguientes a su incapacidad o muerte.

El abandono será declarado por el juez o tribunal de oficio o a petición de parte.

El desistimiento y el abandono impedirán toda posterior persecución por parte del querellante, en virtud del mismo hecho que constituyó el objeto de su querella y en relación con los imputados que participaron en el proceso.

SECCIÓN III

INTERVENCIÓN POLICIAL PREVENTIVA

Artículo 293º.- (Diligencias preliminares). Los funcionarios y agentes de la policía que tengan noticia fehaciente de la comisión de un delito de acción pública informarán, dentro de las ocho horas de su primera intervención a la Fiscalía. Bajo la dirección del fiscal encargado de la investigación, practicarán las diligencias preliminares para reunir o asegurar los elementos de convicción y evitar la fuga u ocultamiento de los sospechosos.

El imputado y su defensor podrán intervenir en todas las diligencias practicadas por la policía y tendrán acceso a todas las investigaciones realizadas, salvo cuando se hallen bajo reserva, según lo establecido en este Código.

Artículo 294º.- (Atención Médica). Los funcionarios policiales protegerán la salud e integridad física de las personas bajo su custodia y, en su caso, de la víctima.

Artículo 295º.- (Facultades). Los miembros de la Policía Nacional, cuando cumplan funciones de policía judicial, en el marco de las disposiciones establecidas en este Código, tendrán las siguientes facultades:

  1. Recibir las denuncias levantando acta de las verbales, así como las declaraciones de los denunciantes;
  2. Recibir declaraciones de quienes hayan presenciado la comisión de los hechos e identificarlos;
  3. Practicar las diligencias orientadas a la individualización de los presuntos autores y partícipes del delito;
  4. Recabar los datos que sirvan para la identificación del imputado;
  5. Aprehender a los presuntos autores y partícipes del delito;
  6. Practicar el registro de personas, objetos y lugares;
  7. Prestar el auxilio que requieran las víctimas y proteger a los testigos;
  8. Vigilar y proteger el lugar de los hechos a fin de que no sean borrados los vestigios y huellas del delito;
  9. Levantar planos, tomar fotografías y realizar grabaciones en vídeo;
  10. Recoger y conservar los objetos e instrumentos relacionados con el delito;
  11. Secuestrar, con autorización del fiscal, documentos, libros contables, fotografías y todo elemento material que pueda servir a la investigación; y,
  12. Custodiar, bajo inventario, los objetos secuestrados.

Artículo 296º.- (Aprehensión). En los casos que este Código autoriza aprehender a los imputados, los miembros de la policía deberán cumplir con los siguientes principios básicos de actuación:

  1. Hacer uso de la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario;
  2. No utilizar armas, excepto cuando:
    1. Haya resistencia que ponga en peligro la vida o la integridad física de las personas; y,
    2. En caso de fuga resulten insuficientes, medidas menos extremas para lograr la aprehensión del imputado, previa advertencia sobre su utilización.
  1. No infligir, instigar o tolerar ningún acto de vejación, tortura u otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, tanto en el momento de la aprehensión como durante el tiempo de la detención;
  2. No permitir que los detenidos sean presentados a ningún medio de comunicación social, sin su expreso consentimiento, el que se otorgará en presencia del defensor y se hará constar en las diligencias respectivas;
  3. Identificarse, a través de su credencial en el momento de la aprehensión, como autoridad policial indicando su nombre y apellido y cerciorarse de la identidad de la persona o personas contra quienes proceda;
  4. Informar a la persona, en el momento de la aprehensión, el motivo de ésta, que tiene derecho a guardar silencio sin que ello le perjudique y a designar un abogado defensor;
  5. Comunicar la detención y el establecimiento donde será conducido, a los parientes u otras personas relacionadas con el imputado; y,
  6. Consignar en un registro inalterable el lugar, día y hora de la detención.

La inobservancia de las normas contenidas en el presente artículo, dará lugar a la responsabilidad administrativa y penal que corresponda.

SECCIÓN IV

DIRECCIÓN FUNCIONAL DE LA ACTUACIÓN POLICIAL

Artículo 297º.- (Dirección Funcional). La Fiscalía ejerce la dirección funcional de la actuación policial en la investigación del delito. Dirección que tiene los siguientes alcances:

  1. El cumplimiento obligatorio por parte de los funcionarios policiales de todas las órdenes relativas a la investigación del delito emitidas por la Fiscalía o los jueces. La autoridad administrativa policial no podrá revocar o modificar la orden emitida ni retardar su cumplimiento;
  2. A requerimiento del fiscal la asignación directa y obligatoria de funcionarios policiales para la investigación del hecho delictivo. Asignados los funcionarios, la autoridad administrativa policial no podrá apartarlos de la investigación ni encomendarles otras funciones que les impidan el ejercicio de su comisión especial, sin autorización del fiscal;
  3. La separación de la investigación del funcionario policial asignado, con noticia a la autoridad policial, cuando no cumpla una orden judicial o fiscal, actúe negligentemente o no sea eficiente en el desempeño de sus funciones;
  4. Cuando corresponda, el fiscal podrá solicitar a la autoridad policial competente, a través de la Fiscalía del Distrito, la aplicación de sanciones disciplinarias para los funcionarios policiales separados de la investigación.

Artículo 298º.- (Informe al fiscal). La comunicación policial al fiscal sobre el inicio de una intervención preventiva o recepción de una denuncia contendrá los datos siguientes:

  1. Lugar, fecha y hora del hecho, y de la aprehensión;
  2. La identificación del denunciante y su domicilio;
  3. El nombre y domicilio de la víctima;
  4. La identificación o descripción del imputado, su domicilio y el nombre del defensor si ya lo ha nombrado o propuesto;
  5. El objeto de la investigación o la denuncia, los nombres de los testigos y cualquier otro dato que pueda facilitar la investigación posterior;
  6. El número de orden en el libro de registro policial; y,
  7. La identificación del funcionario policial a cargo de la investigación y la dependencia a la que pertenece.

Recibido el informe, el fiscal impartirá instrucciones a los preventores e informará al juez de la instrucción sobre el inicio de la investigación, dentro de las veinticuatro horas siguientes.

Artículo 299º.- (Control). Una vez que el fiscal se haya constituido en las dependencias policiales controlará:

  1. Las condiciones físicas del imputado y el respeto estricto de todos sus derechos;
  2. El cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los derechos de la víctima;
  3. Que se haya registrado el lugar, fecha y hora de la aprehensión; y,
  4. La veracidad del inventario de bienes secuestrados o entregados, indicando el lugar de depósito de los objetos y su forma de conservación.

Si constata alguna anormalidad, levantará el acta correspondiente a los efectos señalados en los numerales 3) y 4) del Artículo 297º de este Código.

Artículo 300º.- (Término de la investigación preliminar). Las investigaciones preliminares efectuadas por la policía, deberán concluir en el plazo máximo de cinco días de iniciada la prevención. Dentro de las veinticuatro horas siguientes, la policía remitirá a la Fiscalía los antecedentes y objetos secuestrados, salvo que el fiscal disponga en cualquier momento su remisión.

CAPÍTULO II

DESARROLLO DE LA ETAPA PREPARATORIA

Artículo 301º.- (Estudio de las actuaciones policiales). Recibidas las actuaciones policiales, el fiscal analizará su contenido para:

  1. Imputar formalmente el delito atribuido, si se encuentran reunidos los requisitos legales.;
  2. Ordenar la complementación de las diligencias policiales, fijando plazo al efecto;
  3. Disponer el rechazo de la denuncia, la querella o las actuaciones policiales y, en consecuencia su archivo; y,
  4. Solicitar al juez de la instrucción la suspensión condicional del proceso, la aplicación de un criterio de oportunidad, la sustanciación del procedimiento abreviado o la conciliación.

Artículo 302º.- (Imputación formal). Si el fiscal estima que existen suficientes indicios sobre la existencia del hecho y la participación del imputado, formalizará la imputación mediante resolución fundamentada, que deberá contener:

  1. Los datos de identificación del imputado y de la víctima o su individualización más precisa;
  2. El nombre y domicilio procesal del defensor;
  3. La descripción del hecho o los hechos que se le imputan y su calificación provisional; y,
  4. La solicitud de medidas cautelares si procede.

Artículo 303º.- (Detención en sede policial). Si el imputado se encuentra detenido y el fiscal considera que debe continuar privado de libertad, formalizará la imputación requiriendo al juez de la instrucción la detención preventiva, dentro de las veinticuatro horas desde que tomó conocimiento de la aprehensión.

Si el fiscal no requiere en dicho plazo, el juez de la instrucción dispondrá, de oficio o a petición de parte, la inmediata libertad del detenido, salvo que el querellante haya solicitado la detención preventiva y el juez la considere procedente.

Artículo 304º.- (Rechazo). El fiscal, mediante resolución fundamentada, podrá rechazar la denuncia, la querella o las actuaciones policiales, cuando:

  1. Resulte que el hecho no existió, que no está tipificado como delito o que el imputado no ha participado en él;
  2. No se haya podido individualizar al imputado;
  3. La investigación no haya aportado elementos suficientes para fundar la acusación; y,
  4. Exista algún obstáculo legal para el desarrollo del proceso.

En los casos previstos en los numerales 2), 3) y 4), la resolución no podrá ser modificada mientras no varíen las circunstancias que la fundamentan o se mantenga el obstáculo que impide el desarrollo del proceso.

Artículo 305º.- (Procedimiento y efectos). Las partes podrán objetar la resolución de rechazo, en el plazo de cinco días a partir de su notificación, ante el fiscal que la dictó quien remitirá antecedentes al fiscal superior en jerarquía, dentro de las veinticuatro horas siguientes.

El fiscal superior en jerarquía, dentro de los diez días siguientes a la recepción de las actuaciones, determinará la revocatoria o ratificación del rechazo. Si dispone la revocatoria ordenará la continuación de la investigación y en caso de ratificación, el archivo de obrados.

El archivo de obrados no impedirá la conversión de acciones a pedido de la víctima o del querellante.

Artículo 306º.- (Proposición de diligencias). Las partes podrán proponer actos o diligencias en cualquier momento de la etapa preparatoria. El fiscal podrá aceptarlos si los considera lícitos, pertinentes y útiles. La negativa deberá ser fundamentada.

Cuando el fiscal rechace la proposición de diligencias que se estiman esenciales, las partes podrán objetar el rechazo ante el superior jerárquico, quien resolverá lo que corresponda en el plazo máximo de setenta y dos horas.

Artículo 307º.- (Anticipo de prueba). Cuando sea necesario practicar un reconocimiento, registro, reconstrucción o pericia, que por su naturaleza o características se consideren como actos definitivos e irreproducibles, o cuando deba recibirse una declaración que, por algún obstáculo, se presuma que no podrá producirse durante el juicio, el fiscal o cualquiera de las partes podrán pedir al juez que realice estos actos.

El juez practicará el acto, si lo considera admisible, citando a todas las partes, las que tendrán derecho a participar con las facultades y obligaciones previstas en este Código.

Si el juez rechaza el pedido, se podrá acudir directamente al tribunal de apelación, quien deberá resolver dentro de las veinticuatro horas de recibida la solicitud, ordenando la realización del acto, si lo considera admisible, sin recurso ulterior.

CAPÍTULO IV

EXCEPCIONES E INCIDENTES

Artículo 308º.- (Excepciones). Las partes podrán oponerse a la acción penal, mediante las siguientes excepciones de previo y especial pronunciamiento:

  1. Prejudicialidad;
  2. Incompetencia;
  3. Falta de acción, porque no fue legalmente promovida o porque existe un impedimento legal para proseguirla;
  4. Extinción de la acción penal según lo establecido en los Artículos 27º y 28º de este Código;
  5. Cosa juzgada; y,
  6. Litispendencia.

Si concurren dos o más excepciones deberán plantearse conjuntamente.

Artículo 309º.- (Prejudicialidad). Esta excepción procederá únicamente cuando a través de la substanciación de un procedimiento extrapenal se pueda determinar la existencia de los elementos constitutivos del tipo penal.

Si se acepta su procedencia, se suspenderá el proceso penal y, en su caso, se dispondrá la libertad del imputado, hasta que en el procedimiento extrapenal la sentencia adquiera la calidad de cosa juzgada, sin perjuicio de que se realicen actos indispensables para la conservación de pruebas. En caso contrario, el proceso penal continuará su curso.

La sentencia ejecutoriada en la jurisdicción extrapenal producirá el efecto de cosa juzgada en el proceso penal, debiendo el juez o tribunal reasumir el conocimiento de la causa y resolver la extinción de la acción penal o la continuación del proceso.

Artículo 310º.- (Incompetencia). Esta excepción podrá promoverse ante el juez o tribunal que se considere competente, o ante el juez o tribunal que se considere incompetente y que conoce el proceso. En el último caso deberá resolverse antes que cualquier otra excepción.

Se aplicarán las disposiciones procesales civiles relativas a la inhibitoria y declinatoria.

Artículo 311º.- (Conflicto de competencia). Si dos o más jueces o tribunales se declaran simultánea y contradictoriamente competentes o incompetentes, el conflicto será resuelto por la Corte Superior del distrito judicial del juez o tribunal que haya prevenido. El conflicto de competencia entre Cortes Superiores de Justicia será resuelto por la Corte Suprema de Justicia.

Recibidas las actuaciones, el tribunal competente para dirimir el conflicto lo resolverá dentro de los tres días siguientes. Si se requiere la producción de prueba, se convocará a una audiencia oral dentro de los cinco días y el tribunal resolverá el conflicto en el mismo acto.

La resolución que dirima el conflicto de competencia no admite recurso ulterior.

Artículo 312º.- (Falta de acción). Cuando se declare probada la excepción de falta de acción, se archivarán las actuaciones hasta que se la promueva legalmente o desaparezca el impedimento legal.

Si el proceso penal depende de cualquier forma de antejuicio, el fiscal requerirá al juez de la instrucción que inste su trámite ante la autoridad que corresponda, sin perjuicio de que realice actos indispensables de investigación y de conservación de prueba.

Esta disposición regirá también cuando se requiera la conformidad de un gobierno extranjero y su trámite se instará por la vía diplomática.

La decisión sólo excluirá del proceso al imputado a quien beneficie.

Artículo 313º.- (Otras excepciones). Cuando se declare probada la excepción de litispendencia se remitirán las actuaciones al juez que haya prevenido el conocimiento de la causa.

En los demás casos se declarará extinguida la acción penal, disponiéndose el archivo de la causa.

Artículo 314º.- (Trámite). Las excepciones y las peticiones o planteamientos de las partes que, por su naturaleza o importancia, deban ser debatidas o requieran la producción de prueba, se tramitarán por la vía incidental, sin interrumpir la investigación y serán propuestas por escrito fundamentado en la etapa preparatoria y oralmente en el juicio, ofreciendo prueba y acompañando la documentación correspondiente.

Planteada la excepción o el incidente, el juez o tribunal la correrá en traslado a las otras partes para que, dentro de los tres días siguientes a su notificación, contesten y ofrezcan prueba.

Artículo 315º.- (Resolución). Si la excepción o el incidente es de puro derecho, o si no se ha ofrecido o dispuesto la producción de prueba, el juez o tribunal, sin más trámite, dictará resolución fundamentada dentro de los tres días siguientes de vencido el plazo previsto en el artículo anterior.

Si se ha dispuesto la producción de prueba se convocará, dentro de los cinco días, a una audiencia oral para su recepción y, en la misma, se resolverá la excepción o el incidente de manera fundamentada.

El rechazo de las excepciones y de los incidentes impedirá que sean planteados nuevamente por los mismos motivos.

CAPÍTULO V

DE LA EXCUSA Y RECUSACIÓN

Artículo 316º.- (Causales de excusa y recusación) Son causales de excusa y recusación de los jueces:

  1. Haber intervenido en el mismo proceso como juez, fiscal, abogado, mandatario, denunciante, querellante, perito o testigo;
  2. Haber manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el proceso, que conste documentalmente;
  3. Ser cónyuge o conviviente, pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o por adopción, de algún interesado o de las partes;
  4. Ser tutor o curador o haber estado bajo tutela o curatela de alguno de los interesados o de las partes;
  5. Tener interés en el proceso, o sus parientes en los grados preindicados;
  6. Tener proceso pendiente, o sus parientes en los grados preindicados con alguno de los interesados o de las partes, iniciado con anterioridad al proceso penal;
  7. Ser socio, o sus parientes, en los grados preindicados de alguno de los interesados o de las partes, salvo que se trate de sociedades anónimas;
  8. Ser acreedor, deudor o fiador, o sus padres o hijos u otra persona que viva a su cargo, de alguno de los interesados o de las partes, salvo que se trate de entidades bancarias y financieras;Ser ascendiente o descendiente del juez o de algún miembro del tribunal que dictó la sentencia o auto apelado;
  9. Haber intervenido como denunciante o acusador de alguno de los interesados o de las partes, o haber sido denunciado o acusado por ellos, antes del inicio del proceso;
  10. Haber recibido él, su cónyuge o conviviente, padres o hijos u otras personas que viven a su cargo, beneficios; y,
  11. Tener amistad íntima, que se exteriorice por frecuencia de trato, o enemistad manifiesta con alguno de los interesados o de las partes. En ningún caso procederá la separación por ataques u ofensas inferidas al juez después que haya comenzado a conocer el proceso.

Artículo 317º.- (Interesados) A los fines del artículo anterior, se consideran interesados a la víctima y al responsable civil, cuando no se hayan constituido en parte, lo mismo que sus representantes, abogados y mandatarios.

Artículo 318º.- (Trámite y resolución de la excusa). El juez comprendido en alguna de las causales establecidas en el Artículo 316º de este Código, está obligado a excusarse, mediante resolución fundamentada, apartándose de inmediato del conocimiento del proceso.

El juez que se excuse remitirá la causa al juez que deba reemplazarlo, quien asumirá conocimiento del proceso inmediatamente y proseguirá su curso, sin perjuicio de elevar los antecedentes de la excusa en consulta ante el tribunal superior, si estima que no tiene fundamentos.

Si el tribunal superior acepta o rechaza la excusa, según el caso, ordenará al juez reemplazante o al reemplazado que continúe con la substanciación del proceso, sin recurso ulterior y todas las actuaciones de uno y otro juez conservarán validez.

Cuando el juez que se excusa integra un tribunal, pedirá a éste que lo separe del conocimiento del proceso. El tribunal se pronunciará sobre la aceptación o rechazo de la excusa, con los efectos establecidos en el párrafo anterior.

Cuando el número de excusas impida la existencia de quórum o se acepte la excusa de alguno de sus miembros el tribunal se completará de acuerdo con lo establecido en las disposiciones orgánicas.

Artículo 319º.- (Oportunidad de la recusación). La recusación podrá ser interpuesta:

  1. En la etapa preparatoria, dentro de los diez días de haber asumido el juez el conocimiento de la causa;
  2. En la etapa del juicio, dentro del término establecido para los actos preparatorios de la audiencia; y,
  3. En los recursos, dentro del plazo para expresar o contestar agravios.

Cuando la recusación se funde en una causal sobreviniente, podrá plantearse hasta antes de dictarse la sentencia o resolución del recurso.

Artículo 320º.- (Trámite y resolución de la recusación). La recusación se presentará ante el juez o tribunal que conozca el proceso, mediante escrito fundamentado, ofreciendo prueba y acompañando la documentación correspondiente.

Si el juez recusado admite la recusación promovida, se seguirá el trámite establecido para la excusa. En caso de rechazo se aplicará el siguiente procedimiento:

  1. Cuando se trate de un juez unipersonal, elevará antecedentes al tribunal superior dentro de las veinticuatro horas de promovida la recusación, acompañando el escrito de interposición junto con su decisión fundamentada de rechazo. El tribunal superior, previa audiencia en la que se recibirá la prueba e informe de las partes, se pronunciará dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes sobre la aceptación o rechazo de la recusación, sin recurso ulterior. Si acepta la recusación, reemplazará al juez recusado conforme a lo previsto en las disposiciones orgánicas; si la rechaza ordenará al juez que continúe con la substanciación del proceso, el que ya no podrá ser recusado por las mismas causales;
  2. Cuando se trate de un juez que integre un tribunal el rechazo se formulará ante el mismo tribunal, quien resolverá en el plazo y forma establecidos en el numeral anterior.

Cuando el número de recusaciones impida la existencia de quórum o se acepte la recusación de uno de sus miembros, el tribunal se completará de acuerdo con lo establecido en las disposiciones orgánicas.

Artículo 321º.- (Efectos de la excusa y recusación). Producida la excusa o promovida la recusación, el juez no podrá realizar en el proceso ningún acto bajo sanción de nulidad.

Aceptada la excusa o la recusación la separación del juez será definitiva, aunque posteriormente desaparezcan las causales que las determinaron.

Artículo 322º.- (Separación de secretarios). Los secretarios deberán excusarse y podrán ser recusados por las mismas causales establecidas para los jueces.

El juez o tribunal del que dependen tramitará sumariamente la causal invocada y resolverá en el término de cuarenta ocho horas lo que corresponda, sin recurso ulterior.

CAPÍTULO VI

CONCLUSIÓN DE LA ETAPA PREPARATORIA

Artículo 323º.- (Actos conclusivos). Cuando el fiscal concluya la investigación:

  1. Presentará ante el juez o tribunal de sentencia, la acusación si estima que la investigación proporciona fundamento para el enjuiciamiento público del imputado;
  2. Requerirá ante el juez de la instrucción, la suspensión condicional del proceso, la aplicación del procedimiento abreviado, de un criterio de oportunidad o que se promueva la conciliación;
  3. Decretará de manera fundamentada el sobreseimiento cuando resulte evidente que el hecho no existió, que no constituye delito o que el imputado no participó en él y cuando estime que los elementos de prueba son insuficientes para fundamentar la acusación.

En los casos previstos en los numerales 1) y 2) remitirá al juez o tribunal las actuaciones y evidencias.

Artículo 324º.- (Impugnación del Sobreseimiento). El fiscal pondrá en conocimiento de las partes el sobreseimiento decretado, el que podrá ser impugnado dentro de los cinco días siguientes a su notificación.

Recibida la impugnación o, de oficio en el caso de no existir querellante, el fiscal remitirá los antecedentes dentro de las veinticuatro horas siguientes al fiscal superior jerárquico, para que se pronuncie en el plazo de cinco días.

Si el fiscal superior jerárquico revoca el sobreseimiento, intimará al fiscal inferior o a cualquier otro para que en el plazo máximo de diez días acuse ante el juez o tribunal de sentencia. Si lo ratifica, dispondrá la conclusión del proceso con relación al imputado en cuyo favor se dictó, la cesación de las medidas cautelares y la cancelación de sus antecedentes penales.

El sobreseimiento no impugnado o el ratificado impedirá un nuevo proceso penal por el mismo hecho, sin perjuicio de que la víctima reclame el resarcimiento del daño en la vía civil, salvo que el sobreseimiento se funde en la inexistencia del hecho o en la no participación del imputado.

Artículo 325º.- (Audiencia conclusiva). Presentado el requerimiento conclusivo en los casos de los numerales 1) y 2) del Artículo 323º de este Código, el juez, dentro de las veinticuatro horas siguientes, convocará a las partes a una audiencia oral y pública que deberá realizarse en un plazo no menor de seis ni mayor de veinte días, computable a partir de la notificación con la convocatoria.

Notificada la convocatoria, las partes tendrán un plazo común de cinco días para examinar el requerimiento conclusivo, las actuaciones y evidencias reunidas en la investigación y para ofrecer los medios de prueba necesarios.

Artículo 326º.- (Facultades de las partes). En la audiencia conclusiva las partes podrán:

  1. En el caso de la víctima o del querellante manifestar fundadamente su voluntad de acusar;
  2. Oponer las excepciones previstas en este Código, cuando no hayan sido planteadas con anterioridad o se funden en hechos nuevos;
  3. Proponer la aplicación de un criterio de oportunidad; el imputado sólo podrá hacerlo cuando alegue que se ha aplicado a casos análogos al suyo siempre que demuestre esa circunstancia;
  4. Solicitar la aplicación de la suspensión condicional del proceso;
  5. Solicitar la aplicación o revocación de una medida cautelar;
  6. Solicitar el anticipo jurisdiccional de prueba;
  7. Proponer la aplicación del procedimiento abreviado conforme a lo previsto en los Artículos 373º y siguientes de este Código; y,
  8. Promover la conciliación proponiendo la reparación integral del daño.

Artículo 327º.- (Desarrollo). El día de la audiencia se dispondrá la producción de la prueba, concediéndose el tiempo necesario para que cada parte fundamente sus pretensiones.

Cuando proceda, el juez promoverá la conciliación de las partes proponiendo la reparación integral del daño.

Se elaborará un acta de la audiencia conclusiva.

Artículo 328º.- (Resolución). En la audiencia, el juez mediante resolución fundamentada:

  1. Suspenderá condicionalmente el proceso o aplicará criterios de oportunidad;
  2. Ratificará, revocará, sustituirá o impondrá medidas cautelares;
  3. Ordenará la recepción de prueba anticipada;
  4. Sentenciará según el procedimiento abreviado;
  5. Aprobará los acuerdos de las partes, respecto a la reparación civil y ordenará todo lo necesario para su ejecución; y,
  6. Resolverá las excepciones planteadas;

La resolución se notificará en la audiencia por su lectura.

TÍTULO II

JUICIO ORAL Y PÚBLICO

CAPÍTULO I

NORMAS GENERALES

Artículo 329º.- (Objeto). El juicio es la fase esencial del proceso. Se realizará sobre la base de la acusación; en forma contradictoria, oral, pública y continua, para la comprobación del delito y la responsabilidad del imputado, con plenitud de jurisdicción.

Artículo 330º.- (Inmediación). El juicio se realizará con la presencia ininterrumpida de los jueces y de todas las partes.

Si el defensor no comparece a la audiencia o se retira de ella, se considerará abandonada la defensa y corresponderá su reemplazo.

Si el fiscal no acude a la audiencia o se retira de ella sin justificación, se suspenderá el acto e inmediatamente se pondrá en conocimiento del superior jerárquico de la Fiscalía para que asigne al juicio otro fiscal, sin perjuicio de la sanción correspondiente.

Si el querellante no concurre a la audiencia o se retira de ella sin autorización, se tendrá por abandonada su querella, sin perjuicio de que pueda ser obligado a comparecer como testigo.

Artículo 331º.- (Participación de los medios de comunicación). El juez o tribunal autorizará la instalación en la sala de equipos de grabación, fotografía, radiofonía, filmación u otros, de tal manera que estos medios de información no perjudiquen el desarrollo del debate, siempre que no se trate de juzgamiento de menores.

Artículo 332º.- (Prohibiciones para el acceso). No podrán ingresar a la sala de audiencias:

  1. Los menores de doce años, excepto que estén acompañados por un mayor de edad que responda por su conducta; y,
  2. Las personas que porten pancartas, distintivos gremiales, partidarios o de asociaciones, ni los miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional que se encuentren uniformados, salvo que cumplan funciones de vigilancia.

Artículo 333º.- (Oralidad). El juicio será oral y sólo podrán incorporarse por su lectura:

  1. Las pruebas que se hayan recibido conforme a las reglas del anticipo de prueba, sin perjuicio de que las partes o el tribunal exijan la comparecencia personal del testigo o perito, cuando sea posible;
  2. Las declaraciones o dictámenes producidos por comisión o informe, cuando el acto se haya producido por escrito, conforme a lo previsto por ley, sin perjuicio de que las partes o el tribunal exijan la comparecencia del testigo o perito cuando sea posible;
  3. La denuncia, la prueba documental, los informes y las actas de reconocimiento, registro o inspección practicadas conforme a lo previsto en este Código.

Todo otro elemento de prueba que se incorpore al juicio por su lectura, no tendrá ningún valor.

Las resoluciones del tribunal durante la audiencia se dictarán verbalmente, quedando notificados todos por su pronunciamiento, dejándose constancia en acta.

Artículo 334º.- (Continuidad). Iniciado el juicio se realizará sin interrupción todos los días hábiles hasta que se dicte sentencia y sólo podrá suspenderse en los casos previstos en este Código.

La audiencia se realizará sin interrupción todas las horas hábiles del día. El juez o el Presidente del tribunal ordenará los recesos diarios, fijando la hora en que ésta se reinicie.

Artículo 335º.- (Casos de suspensión). La audiencia del juicio se suspenderá únicamente cuando:

  1. No comparezcan testigos, peritos o intérpretes cuya intervención sea indispensable; o cuando sobreviniera la necesidad de producir prueba extraordinaria;
  2. Algún juez u otro sujeto procesal tengan un impedimento físico debidamente comprobado que les impida continuar su actuación en el juicio, salvo que se trate del fiscal o el defensor y que ellos puedan ser sustituidos inmediatamente;
  3. El fiscal o el querellante por el descubrimiento de hechos nuevos requieran ampliar la acusación, o el imputado o su defensor lo solicite después de ampliada, siempre que, por las características del caso, no se pueda continuar inmediatamente.

Artículo 336º.- (Reanudación de la audiencia). El juez o tribunal dispondrá la suspensión de la audiencia por un plazo no mayor de diez días calendario, señalando día y hora de la nueva audiencia, con valor de citación para todos los comparecientes.

Si la causal de suspensión subsistiera el día de reanudación de la audiencia:

  1. Podrá ordenarse la separación del juicio con relación al impedido y continuarse el trámite con los otros coimputados; y,
  2. El juicio proseguirá hasta su conclusión con la prueba aportada.

En caso de ausencia de un miembro del tribunal únicamente se dispondrá la interrupción del juicio, cuando no cuente por lo menos con tres de sus miembros y siempre que el número de jueces ciudadanos no sea inferior al de los jueces técnicos.

Los jueces y fiscales podrán intervenir en otros juicios durante el plazo de suspensión siempre que la complejidad de la nueva causa lo permita.

Artículo 337º.- (Imposibilidad de asistencia). Las personas que no puedan concurrir a la audiencia por un impedimento insalvable, serán interrogadas en el lugar donde se encuentren, por el juez del proceso o por comisión a otro juez, con intervención de las partes, cuando así lo soliciten. Se levantará acta de la declaración para que sea leída en audiencia.

Artículo 338º.- (Dirección de la audiencia). El juez o el presidente del tribunal dirigirá la audiencia y ordenará los actos necesarios para su desarrollo, garantizando el ejercicio pleno de la acusación y de la defensa.

El tribunal en pleno resolverá cuando una decisión del presidente sea impugnada.

Artículo 339º.- (Poder ordenador y disciplinario). El juez o el presidente del tribunal en ejercicio de su poder ordenador y disciplinario podrá:

  1. Adoptar las providencias que sean necesarias para mantener el orden y adecuado desarrollo de la audiencia, imponiendo en su caso, medidas disciplinarias a las partes, abogados, defensores, funcionarios, testigos, peritos y personas ajenas al proceso; y,
  2. Requerir el auxilio de la fuerza pública, para el cumplimiento de sus decisiones y suspender el debate cuando no sea posible restablecer el orden alterado o se produzca un incidente que impida su continuación.

CAPÍTULO II

PREPARACIÓN DEL JUICIO

Artículo 340º.- (Preparación del juicio). El juez o el presidente del tribunal, dentro de las cuarenta y ocho horas de recibida la acusación y ofrecidas las pruebas de cargo por el fiscal, radicará la causa y notificará al querellante para que presente la acusación particular y ofrezca las pruebas de cargo dentro del término de diez días.

Vencido este plazo, se pondrá en conocimiento del imputado la acusación del fiscal y, en su caso, la del querellante y las pruebas de cargo ofrecidas, para que dentro de los diez días siguientes a su notificación ofrezca sus pruebas de descargo.

Vencido este plazo, el tribunal dictará auto de apertura del juicio.

Artículo 341º.- (Contenido de la acusación). La acusación contendrá:

  1. Los datos que sirvan para identificar al imputado y su domicilio procesal;
  2. La relación precisa y circunstanciada del delito atribuido;
  3. La fundamentación de la acusación, con la expresión de los elementos de convicción que la motivan;
  4. Los preceptos jurídicos aplicables; y,
  5. El ofrecimiento de la prueba que producirá en el juicio.

El querellante tendrá autonomía para precisar los hechos de la acusación particular, su calificación jurídica y para ofrecer prueba, aunque podrá adherirse a la que presente el fiscal, sin que ello se considere abandono de la querella.

Artículo 342º.- (Base del juicio). El juicio se podrá abrir sobre la base de la acusación del fiscal o la del querellante, indistintamente.

Cuando la acusación fiscal y la acusación particular sean contradictorias e irreconciliables, el tribunal precisará los hechos sobre los cuales se abre el juicio.

En ningún caso el juez o tribunal podrá incluir hechos no contemplados en alguna de las acusaciones, producir prueba de oficio ni podrá abrir el juicio si no existe, al menos, una acusación.

El auto de apertura del juicio no será recurrible.

La acusación podrá retirarse en cualquier momento del juicio, hasta antes de la deliberación del tribunal.

Artículo 343º.- (Señalamiento de la audiencia). El juez o tribunal en el auto de apertura a juicio, señalará día y hora de su celebración la que se realizará dentro de los veinte a cuarenta y cinco días siguientes.

El secretario notificará de inmediato a las partes, citará a los testigos, peritos y a los jueces ciudadanos cuando corresponda; solicitará los objetos y documentos y, dispondrá toda otra medida necesaria para la organización y desarrollo del juicio público.

CAPÍTULO III

SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO

Artículo 344º.- (Apertura). El día y hora señalados, el juez o los miembros del tribunal se constituirán en la sala de audiencia. Verificada la presencia de las partes, de los testigos, peritos o intérpretes, se tomará el juramento a los jueces ciudadanos y se declarará instalada la audiencia.

Inmediatamente se ordenará la lectura de la acusación y del auto de apertura y se dispondrá que el fiscal y el querellante la fundamenten.

Artículo 345º.- (Trámite de los incidentes). Todas las cuestiones incidentales serán tratadas en un solo acto, a menos que el tribunal resuelva hacerlo en sentencia.

En la discusión de las cuestiones incidentales, se les concederá la palabra a las partes tan solo una vez, por el tiempo que establezca el juez o el presidente del tribunal.

Artículo 346º.- (Declaración del imputado y presentación de la defensa). Expuestos los fundamentos del fiscal y del querellante y, en su caso, resueltos los incidentes, se recibirá declaración al imputado. Previamente se le explicará, con palabras claras y sencillas, el hecho que se le imputa con la advertencia de que podrá abstenerse de declarar y que el juicio seguirá su curso aunque él no declare.

El imputado podrá manifestar lo que crea conveniente en su declaración. Sólo en este caso, será interrogado por el fiscal, el abogado del querellante, el defensor y los miembros del tribunal, en ese orden.

Terminada la declaración, el juez o el presidente del tribunal dispondrá que el defensor exponga la defensa, posteriormente se procederá a la recepción de la prueba conforme a lo previsto en este Código.

Artículo 347º.- (Facultad del imputado). En el curso de la audiencia, el imputado podrá hacer las declaraciones que considere oportunas, siempre que se refieran a su defensa. En todo momento podrá hablar con su defensor excepto cuando esté declarando.

Artículo 348º.- (Ampliación de la acusación). Durante el juicio, el fiscal o el querellante podrán ampliar la acusación por hechos o circunstancias nuevos que no hayan sido mencionados en la acusación y que modifiquen la adecuación típica o la pena.

Admitida por el juez o tribunal la ampliación de la acusación, se recibirá nueva declaración al imputado y se pondrá en conocimiento de las partes el derecho que tienen a pedir la suspensión del juicio para ofrecer nuevas pruebas o preparar su intervención, conforme a lo dispuesto en el Artículo 335º de este Código.

Artículo 349º.- (Pericia). Cuando sea posible, el juez o tribunal dispondrá que las operaciones periciales se practiquen en audiencia.

El juez o tribunal ordenará la lectura de las conclusiones de los dictámenes de todas las pericias practicadas en el proceso.

Artículo 350º.- (Prueba testifical). La prueba testifical se recibirá en el siguiente orden: la que haya ofrecido el fiscal, el querellante y, finalmente el imputado.

Antes de declarar, los testigos no se comunicarán entre sí, ni con otras personas, ni deberán ver, oír o ser informados de lo que ocurre en la audiencia. El incumplimiento de la incomunicación no impedirá la declaración del testigo, pero el juez o tribunal apreciará esta circunstancia al valorar la prueba.

Los testigos explicarán la razón y el origen del contenido de sus declaraciones y, en su caso, señalarán con la mayor precisión posible a las personas que le hubieran informado.

Artículo 351º.- (Interrogatorio). Después de que el juez o el presidente del tribunal interrogue al perito o testigo sobre su identidad personal y las circunstancias generales para valorar su declaración, se dará curso al interrogatorio directo, comenzando por quien lo propuso, continuando con las otras partes y luego podrán ser interrogados por el juez o el presidente y los demás miembros del tribunal. Los declarantes responderán directamente a las preguntas que se les formulen.

Únicamente los peritos tendrán la facultad de consultar documentos, notas escritas, publicaciones y de utilizar medios técnicos durante su declaración.

Los testigos no podrán ser interrogados por los consultores técnicos.

Concluida la declaración, el juez o el presidente del tribunal podrá ordenar que el declarante presencie la audiencia, permanezca en la antesala o se retire.

Artículo 352º.- (Moderación del interrogatorio). El juez o el presidente del tribunal moderará el interrogatorio, procurando que se conduzca sin presiones indebidas y sin ofender la dignidad del declarante. Las partes podrán plantear la revocatoria de las decisiones del juez o del presidente del tribunal que limiten el interrogatorio u objetar la formulación de preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes.

Artículo 353º.- (Testimonio de menores). El testigo menor de dieciséis años será interrogado por el juez o presidente del tribunal en base a las preguntas presentadas por las partes en forma escrita.

En el interrogatorio el juez o el presidente del tribunal será asistido por un pariente del menor o un experto en psicología siguiendo las normas previstas por el Artículo 203º de este Código.

Artículo 354º.- (Contradicciones). Si los testigos incurren en contradicciones respecto de sus declaraciones anteriores, el juez o el presidente del tribunal podrá ordenar su lectura siempre que se hayan observado en su recepción las reglas previstas en este Código. Persistiendo las contradicciones y resultando de ello falso testimonio se aplicará lo dispuesto en el Artículo 201º de este Código.

Artículo 355º.- (Otros medios de prueba). Las pruebas literales serán leídas y exhibidas en la audiencia, con indicación de su origen. El juez o el presidente del tribunal, en base al acuerdo de las partes, podrá ordenar la lectura parcial de éstas.

Los objetos y otros elementos de convicción secuestrados serán exhibidos para su reconocimiento por testigos, peritos o por el imputado.

Las grabaciones y elementos de prueba audiovisuales serán reproducidos en la forma habitual.

Se podrán efectuar careos, reconstrucciones, inspecciones judiciales y el reconocimiento del imputado.

Artículo 356º.- (Discusión final y clausura del debate). Terminada la recepción de las pruebas, el fiscal, el querellante y el defensor del imputado, en ese orden, formularán sus conclusiones en forma oral, podrán utilizar medios técnicos y notas de apoyo a la exposición y no se permitirá la lectura de memoriales y documentos escritos.

Si intervinieron dos o más fiscales, querellantes o defensores, todos podrán usar de la palabra, evitando repeticiones o dilaciones.

Las partes podrán replicar, pero corresponderá al defensor la última intervención. La réplica se limitará a la refutación de los argumentos adversos que antes no hubieran sido discutidos.

En caso de manifiesto abuso de la palabra, el juez o el presidente del tribunal llamará la atención al orador y, si él persiste, podrá limitar el tiempo del alegato teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos en examen, las pruebas recibidas y las cuestiones por resolver.

Si está presente la víctima y desea exponer, se le concederá la palabra, aunque no haya intervenido en el proceso.

Finalmente, el presidente preguntará al imputado si tiene algo más que manifestar. Inmediatamente después declarará cerrado el debate.

CAPÍTULO IV

DELIBERACIÓN Y SENTENCIA

Artículo 357º.- (Juez de sentencia). Concluido el debate y en la misma audiencia el juez dictará sentencia. Se aplicará en lo que corresponda todo lo establecido en este Capítulo.

Artículo 358º.- (Deliberación). Concluido el debate los miembros del tribunal pasarán de inmediato y sin interrupción, a deliberar en sesión secreta, a la que sólo podrá asistir el secretario. La deliberación no se podrá suspender salvo enfermedad grave comprobada de alguno de los jueces. En este caso, la suspensión no podrá durar más de tres días, luego de los cuales se deberá reemplazar al juez y realizar el juicio nuevamente, salvo que los restantes formen mayoría.

Artículo 359º.- (Normas para la deliberación y votación). El tribunal valorará las pruebas producidas durante el juicio de un modo integral conforme a las reglas de la sana crítica y expondrá los razonamientos en que fundamenta su decisión.

Los jueces deliberarán y votarán respecto de todas las cuestiones, en el siguiente orden:

  1. Las relativas a toda cuestión incidental que se haya diferido para este momento;
  2. Las relativas a la comisión del hecho punible y la absolución o condena del imputado; y,
  3. La imposición de la pena aplicable.

Las decisiones se adoptarán por mayoría. Los jueces fundamentarán separadamente sus votos o lo harán en forma conjunta cuando estén de acuerdo.

Las disidencias deberán fundamentarse expresamente por escrito.

En caso de igualdad de votos se adoptara como decisión la que más favorezca al imputado

Artículo 360º.- (Requisitos de la sentencia). La sentencia se pronunciará en nombre de la República y contendrá:

  1. La mención del tribunal, lugar y fecha en que se dicte, el nombre de los jueces, de las partes y los datos personales del imputado;
  2. La enunciación del hecho y circunstancias que hayan sido objeto del juicio;
  3. El voto de los miembros del tribunal sobre cada una de las cuestiones planteadas en la deliberación, con exposición de los motivos de hecho y de derecho en que se fundan;
  4. La parte dispositiva, con mención de las normas aplicables; y,
  5. La firma de los jueces.

Si uno de los miembros no puede suscribir la sentencia por impedimento ulterior a la deliberación y votación se dejará constancia de ello y la sentencia valdrá sin esa firma.

Artículo 361º.- (Redacción y lectura). La sentencia será redactada y firmada inmediatamente después de la deliberación. Sin interrupción el tribunal se constituirá nuevamente en la sala de audiencia para su lectura por el presidente del tribunal.

Por la complejidad del proceso o lo avanzado de la hora podrá diferirse la redacción de los fundamentos de la sentencia y se leerá sólo la parte resolutiva, señalando día y hora de audiencia para su lectura integral, la que se realizará en el plazo máximo de tres días posteriores al pronunciamiento de la parte dispositiva.

La sentencia se notificará con su lectura íntegra y las partes recibirán copia de ella.

Artículo 362º.- (Congruencia). El imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación.

Artículo 363º.- (Sentencia absolutoria). Se dictará sentencia absolutoria cuando:

  1. No se haya probado la acusación o ésta haya sido retirada del juicio;
  2. La prueba aportada no sea suficiente para generar en el juez o tribunal la convicción sobre la responsabilidad penal del imputado;
  3. Se demuestre que el hecho no existió, no constituye delito o que el imputado no participó en él; o,
  4. Exista cualquier causa eximente de responsabilidad penal.

Artículo 364º.- (Efectos de la absolución). La sentencia absolutoria ordenará la libertad del imputado en el acto, la cesación de todas las medidas cautelares personales y fijará las costas y, en su caso, declarará la temeridad o malicia de la acusación a efectos de la responsabilidad correspondiente.

La libertad del imputado se ordenará aun cuando la sentencia absolutoria no esté ejecutoriada y se cumplirá directamente desde la sala de audiencia.

El juez o tribunal, a solicitud del absuelto, dispondrá la publicación de la parte resolutiva de la sentencia absolutoria en un medio escrito de circulación nacional con cargo al estado o al querellante particular.

Artículo 365º.- (Sentencia condenatoria). Se dictará sentencia condenatoria cuando la prueba aportada sea suficiente para generar en el juez o tribunal la convicción sobre la responsabilidad penal del imputado.

La sentencia fijará con precisión las sanciones que correspondan, la forma y lugar de su cumplimiento y, en su caso, determinará el perdón judicial, la suspensión condicional de la pena y las obligaciones que deberá cumplir el condenado.

Se fijará con precisión la fecha en que la condena finaliza. Se computará como parte cumplida de la sanción que se aplique, el tiempo que haya estado detenido por ese delito, inclusive en sede policial.

Se establecerá la forma y el plazo para pagar la multa, y se unificarán las condenas o las penas.

La sentencia decidirá también sobre las costas y sobre la entrega de objetos secuestrados a quien el tribunal entienda con mejor derecho a poseerlos. Decidirá sobre el decomiso, la confiscación y la destrucción previstos en la ley.

La sentencia condenatoria o la que imponga una medida de seguridad ejecutoriada habilitará el procedimiento especial para la reclamación de los daños y perjuicios que correspondan.

Artículo 366º.- (Suspensión condicional de la pena). El juez o tribunal, previo los informes necesarios, tomando en cuenta los móviles o causas que hayan inducido al delito, la naturaleza y modalidad del hecho, podrá suspender de modo condicional el cumplimiento de la pena y cuando concurran los requisitos siguientes:

  1. Que la persona haya sido condenada a pena privativa de libertad que no exceda de tres años de duración; y,
  2. Que el condenado no haya sido objeto de condena anterior, por delito doloso en los últimos cinco años.

Artículo 367º.- (Efectos). Ejecutoriada la sentencia que impone condena de ejecución condicional, el beneficiado deberá cumplir las obligaciones impuestas de conformidad al Artículo 24º de este Código. Vencido el período de prueba la pena quedará extinguida.

Si durante el período de prueba el beneficiario infringe, sin causa justificada, las normas de conducta impuestas, la suspensión será revocada y deberá cumplir la pena impuesta.

La suspensión de la pena no liberará al condenado de las multas ni de las inhabilitaciones que se le hayan impuesto en la sentencia.

Artículo 368º.- (Perdón judicial). El juez o tribunal al dictar sentencia condenatoria, concederá el perdón judicial al autor o partícipe, que por un primer delito, haya sido condenado a pena privativa de libertad no mayor a dos años.

Artículo 369º.- (Responsabilidad Civil). La suspensión condicional de la pena y el perdón judicial no comprenden la responsabilidad civil que deberá ser siempre satisfecha.

Artículo 370º.- (Defectos de la sentencia). Los defectos de la sentencia que habilitan la apelación restringida, serán los siguientes:

  1. La inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva;
  2. Que el imputado no esté suficientemente individualizado;
  3. Que falte la enunciación del hecho objeto del juicio o su determinación circunstanciada;
  4. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación a las normas de este Título;
  5. Que no exista fundamentación de la sentencia o que ésta sea insuficiente o contradictoria;
  6. Que la sentencia se base en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba;
  7. Que la condena en el proceso ordinario se funde en el reconocimiento de culpabilidad efectuado en el procedimiento abreviado denegado;
  8. Que exista contradicción en su parte dispositiva o entre ésta y la parte considerativa;
  9. Que no conste la fecha y no sea posible determinarla, o falte la firma de alguno de los jueces y no se pueda determinar si ha participado en la deliberación, salvo los casos de excepción previstos legalmente;
  10. La inobservancia de las reglas previstas para la deliberación y redacción de la sentencia; y,
  11. La inobservancia de las reglas relativas a la congruencia entre la sentencia y la acusación.

CAPÍTULO V

REGISTRO DEL JUICIO

Artículo 371º.- (Formas de registro). El juicio podrá registrarse mediante acta escrita o por un medio audiovisual.

Cuando el juicio se registre por acta, ésta contendrá:

  1. Lugar y fecha de su realización, con indicación de la hora de inicio y de su finalización, así como de las suspensiones y reanudaciones;
  2. Nombre de los jueces, de las partes, defensores y representantes;
  3. Resumen del desarrollo de la audiencia, que indique el nombre de los testigos, peritos e intérpretes, la referencia de los documentos leídos y de los otros elementos probatorios reproducidos con mención de la conclusión de las partes;
  4. Solicitudes y decisiones producidas en el curso del juicio, las objeciones de las partes, sus protestas de recurrir y las menciones que expresamente soliciten su registro;
  5. La observancia de las formalidades esenciales, dejándose constancia de la publicidad o si ésta fue excluida, total o parcialmente;
  6. Otras actuaciones que el juez o tribunal ordene registrar;
  7. La constancia de la lectura de la sentencia y del acta con las formalidades previstas; y,
  8. La firma del juez o miembros del tribunal y del secretario.

Cuando el juicio se registre por un medio audiovisual, el juez o presidente del tribunal ordenará las medidas convenientes para asegurar su conservación, fidelidad y autenticidad, las mismas que deberán constar en acta que será firmada por el juez o miembros del tribunal, el secretario y las partes.

El juez o el presidente del tribunal podrán permitir que las partes, a su costo, registren por cualquier medio, el desarrollo del juicio.

Artículo 372º.- (Valor de los registros). Los medios de registro del juicio sólo tendrán valor probatorio para demostrar la forma de su realización a los efectos de los recursos que correspondan.

LIBRO SEGUNDO

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES Y MODIFICACIONES AL PROCEDIMIENTO COMÚN

TÍTULO I

PROCEDIMIENTO ABREVIADO

Artículo 373º.- (Procedencia). Concluida la investigación, el fiscal encargado podrá solicitar al juez de la instrucción, en su requerimiento conclusivo, que se aplique el procedimiento abreviado.

Para que sea procedente deberá contar con el acuerdo del imputado y su defensor, el que deberá estar fundado en la admisión del hecho y su participación en él.

En caso de oposición fundada de la víctima o que el procedimiento común permita un mejor conocimiento de los hechos, el juez podrá negar la aplicación del procedimiento abreviado.

La existencia de varios imputados en un mismo procedimiento no impedirá la aplicación de estas reglas a alguno de ellos.

Artículo 374º.- (Trámite y resolución). En audiencia oral el juez escuchará al fiscal, al imputado, a la víctima o al querellante, previa comprobación de:

  1. La existencia del hecho y la participación del imputado;
  2. Que el imputado voluntariamente renuncia al juicio oral ordinario; y,
  3. Que el reconocimiento de culpabilidad fue libre y voluntario.

Aceptado el procedimiento la sentencia se fundará en el hecho admitido por el imputado pero la condena no podrá superar la pena requerida por el fiscal.

En caso de improcedencia el requerimiento sobre la pena no vincula al fiscal durante el debate.

El juez o tribunal no podrá fundar la condena en la admisión de los hechos por parte del imputado.

TÍTULO II

PROCEDIMIENTO POR DELITOS DE ACCIÓN PENAL PRIVADA

Artículo 375º.- (Acusación particular). Quien pretenda acusar por un delito de acción privada, deberá presentar su acusación ante el juez de sentencia por sí o mediante apoderado especial, conforme a lo previsto en este Código.

Cuando el querellante necesite de la realización de un acto preparatorio para la presentación de su querella, solicitará al juez que ordene a la autoridad competente su realización.

Artículo 376º.- (Desestimación). La querella será desestimada por auto fundamentado cuando:

  1. El hecho no esté tipificado como delito;
  2. Exista necesidad de algún antejuicio previo; o,
  3. Falte alguno de los requisitos previstos para la querella.

En el caso contemplado en el numeral 3), el querellante podrá repetir la querella por una sola vez, corrigiendo sus defectos, con mención de la desestimación anterior.

Artículo 377º.- (Conciliación). Admitida la querella, se convocará a una audiencia de conciliación, dentro de los diez días siguientes. Cuando el querellado no comparezca, el procedimiento seguirá su curso.

Si en esta oportunidad o en cualquier estado posterior del juicio, las partes se concilian, se declarará extinguida la acción y las costas se impondrán en el orden causado, salvo acuerdo de partes.

Artículo 378º.- (Retractación). Si el querellado por delito contra el honor se retracta en la audiencia de conciliación o al contestar la querella, se extinguirá la acción y las costas quedarán a su cargo.

Si el querellante no acepta la retractación por considerarla insuficiente, el juez decidirá el incidente. Si lo pide el querellante, el juez ordenará que se publique la retractación en la misma forma que se produjo la ofensa, con costas.

Artículo 379º.- (Procedimiento posterior). Si no se logra la conciliación, el juez convocará a juicio conforme a lo establecido por este Código y aplicará las reglas del juicio ordinario.

Artículo 380º.- (Desistimiento). El querellante podrá desistir de la acción en cualquier estado del proceso, pero quedará sujeto a la responsabilidad emergente de sus actos anteriores.

El desistimiento producirá la extinción de la acción penal.

Artículo 381º.- (Abandono de la querella). Además de los casos previstos en este Código, se considerará abandonada la querella y se archivará el proceso cuando el querellante o su mandatario no concurran a la audiencia de conciliación, sin justa causa.

TÍTULO III

PROCEDIMIENTO PARA LA REPARACIÓN DEL DAÑO

Artículo 382º.- (Procedencia). Ejecutoriada la sentencia de condena o la que imponga una medida de seguridad por inimputabilidad o semiimputabilidad, el querellante o el fiscal podrán solicitar al juez de sentencia que ordene la reparación del daño causado o la indemnización correspondiente.

La víctima que no haya intervenido en el proceso podrá optar por esta vía, dentro de los tres meses de informada de la sentencia firme.

Artículo 383º.- (Demanda). La demanda deberá ser dirigida contra el condenado o contra aquél a quien se le aplicó una medida de seguridad por inimputabilidad o semiimputabilidad y/o contra los terceros que, por previsión legal o relación contractual, son responsables de los daños causados.

Artículo 384º.- (Contenido). La demanda deberá contener:

  1. Los datos de identidad del demandante o su representante legal y su domicilio procesal;
  2. La identidad del demandado y el domicilio donde deba ser citado;
  3. La expresión concreta y detallada de los daños sufridos y su relación directa con el hecho ilícito comprobado;
  4. El fundamento del derecho que invoca; y,
  5. La petición concreta de la reparación que busca o el importe de la indemnización pretendida.

La demanda estará acompañada de una copia autenticada de la sentencia de condena o de la que impone la medida de seguridad.

Por desconocimiento de los datos de identificación del demandado o si se ignora el contenido del contrato por el cual debe responder un tercero, el demandante podrá solicitar al juez diligencias previas a fin de preparar la demanda.

Artículo 385º.- (Admisibilidad). El juez examinará la demanda y si falta alguno de los requisitos establecidos en el artículo anterior, conminará al demandante para que corrija los defectos formales, durante el plazo de cinco días, bajo apercibimiento de desestimarla.

Vencido el plazo, si no se han corregido los defectos observados, el juez desestimará la demanda.

La desestimación de la demanda no impedirá ampliar la acción resarcitoria en la vía civil.

Admitida la demanda el juez citará a las partes a una audiencia oral que se realizará dentro de los cinco días siguientes a su notificación, disponiendo en su caso pericias técnicas para determinar la relación de causalidad y evaluar los daños y las medidas cautelares reales que considere conveniente.

Artículo 386º.- (Audiencia y resolución). En la audiencia, el juez procurará la conciliación de las partes y homologará los acuerdos celebrados. Caso contrario, dispondrá la producción de la prueba ofrecida sólo con referencia a la legitimación de las partes, la evaluación del daño y su relación directa con el hecho.

Producida la prueba y escuchadas las partes, el juez en la misma audiencia, dictará resolución de rechazo de demanda o de reparación de daños con la descripción concreta y detallada y el importe exacto de la indemnización.

La incomparecencia del demandante implicará el abandono de la demanda y su archivo. La incomparecencia del demandado o de alguno de los demandados no suspenderá la audiencia, quedando vinculado a las resultas del proceso.

Artículo 387º.- (Recursos y ejecución). La resolución será apelable en efecto devolutivo, sin recurso ulterior y el demandante estará eximido de prestar fianza de resultas.

El juez ejecutará la decisión en sujeción a las normas del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 388º.- (Caducidad). La acción para demandar la reparación o indemnización del daño, por medio de este procedimiento especial, caducará a los dos años de ejecutoriada la sentencia de condena o la que impone la medida de seguridad.

TÍTULO IV

MODIFICACIONES AL PROCEDIMIENTO COMÚN

Artículo 389º.- (Menores imputables). Cuando un mayor de dieciséis y menor de dieciocho años, sea imputado de la comisión de un delito, en la investigación y juzgamiento se procederá con arreglo a las normas ordinarias de este Código, con excepción de las establecidas a continuación:

  1. La Fiscalía actuará a través de fiscales especializados, o en su defecto el fiscal será asistido por profesionales expertos en minoridad;
  2. Cuando proceda la detención preventiva de un menor de dieciocho años, ésta se cumplirá en un establecimiento especial o en una sección especial dentro de los establecimientos comunes;
  3. El juez o tribunal podrá disponer de manera fundamentada la reserva del juicio cuando considere que la publicidad pueda perjudicar el interés del menor;
  4. Los padres o quienes lo hayan tenido a su cuidado, guarda o tutela, podrán asistir al juicio y participar en la defensa del imputado; y,
  5. El juez o tribunal será asistido en el desarrollo del debate por un perito especializado en minoridad.

Artículo 390º.- (Violencia doméstica). En el delito de lesiones, cuyo impedimento sea inferior a ocho días, la víctima podrá optar por la aplicación del procedimiento común previsto por este Código o por el procedimiento establecido en la Ley Contra la Violencia en la Familia o Doméstica. En ningún caso se podrá optar por ambas vías.

Artículo 391º.- (Diversidad cultural). Cuando un miembro de un pueblo indígena o comunidad indígena o campesina, sea imputado por la comisión de un delito y se lo deba procesar en la jurisdicción ordinaria, se observarán las normas ordinarias de este Código y las siguientes reglas especiales:

  1. El fiscal durante la etapa preparatoria y el juez o tribunal durante el juicio serán asistidos por un perito especializado en cuestiones indígenas; el mismo que podrá participar en el debate; y,
  2. Antes de dictarse sentencia, el perito elaborará un dictamen que permita conocer con mayor profundidad los patrones de comportamiento referenciales del imputado a los efectos de fundamentar, atenuar o extinguir su responsabilidad penal; este dictamen deberá ser sustentado oralmente en el debate.

Artículo 392º.- (Juzgamiento de jueces). Los jueces serán juzgados de conformidad al procedimiento común. Durante la etapa preparatoria no les serán aplicables medidas cautelares de carácter personal. Sólo serán suspendidos de su cargo por el Consejo de la Judicatura, cuando sean formalmente acusados ante el juez o tribunal de sentencia, excepto cuando se sustancie con anterioridad un proceso disciplinario, en los casos que corresponda.

Artículo 393º.- (Privilegio constitucional). Para el juzgamiento de los funcionarios públicos comprendidos en el artículo 66, numeral 1) y Artículo 118º, numerales 5) y 6) de la Constitución Política del Estado, por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, se procederá con arreglo a lo previsto en la Constitución Política del Estado, siendo aplicables las normas del juicio oral y público establecidas en este Código.

LIBRO TERCERO

RECURSOS

TÍTULO I

NORMAS GENERALES

Artículo 394º.- (Derecho de recurrir). Las resoluciones judiciales serán recurribles en los casos expresamente establecidos por este Código,

El derecho de recurrir corresponderá a quien le sea expresamente permitido por ley, incluida la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante.

Artículo 395º.- (Adhesión). Quien tenga derecho a recurrir podrá adherirse fundamentadamente al recurso concedido a cualquiera de las partes, dentro del período de emplazamiento.

Artículo 396º.- (Reglas generales). Los recursos se regirán por las siguientes reglas generales:

  1. Tendrán efecto suspensivo, salvo disposición contraria;
  2. Podrán ser desistidos con costas por la parte que los haya interpuesto, sin perjudicar a los demás recurrentes o a los que oportunamente se hayan adherido. Para desistir de un recurso, el defensor deberá tener mandato expreso del imputado;
  3. Los recursos se interpondrán, en las condiciones de tiempo y forma que se determina en este Código, con indicación específica de los aspectos cuestionados de la resolución; y,
  4. Salvo el recurso de revisión, los recursos serán interpuestos ante el tribunal que dictó la resolución impugnada, quien no se pronunciará sobre su admisibilidad.

Artículo 397º.- (Efecto extensivo). Cuando en una causa existan coimputados, el recurso interpuesto por uno de ellos, favorecerá a los demás, a menos que los motivos en que se base sean exclusivamente personales.

Artículo 398º.- (Competencia). Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución.

Artículo 399º.- (Rechazo sin trámite). Si existe defecto u omisión de forma, el tribunal de alzada lo hará saber al recurrente, dándole un término de tres días para que lo amplíe o corrija, bajo apercibimiento de rechazo.

Si el recurso es inadmisible lo rechazará sin pronunciarse sobre el fondo.

Artículo 400º.- (Reforma en perjuicio). Cuando la resolución sólo haya sido impugnada por el imputado o su defensor no podrá ser modificada en su perjuicio.

Los recursos interpuestos por cualquiera de las partes permitirán modificar o revocar la resolución aun en favor del imputado, salvo que el recurso se refiera exclusivamente a las costas.

TÍTULO II

RECURSO DE REPOSICIÓN

Artículo 401º.- (Procedencia). El recurso de reposición procederá solamente contra las providencias de mero trámite, a fin de que el mismo juez o tribunal, advertido de su error, las revoque o modifique.

Artículo 402º.- (Trámite y resolución). Este recurso se interpondrá fundamentadamente, por escrito, dentro de veinticuatro horas de notificada la providencia al recurrente y verbalmente cuando sea interpuesto en las audiencias.

El juez o tribunal deberá resolverlo sin sustanciación en el plazo de veinticuatro horas o en el mismo acto si se plantea en audiencia, sin recurso ulterior.

TÍTULO III

RECURSO DE APELACIÓN INCIDENTAL

Artículo 403º.- (Resoluciones apelables) El recurso de apelación incidental procederá contra las siguientes resoluciones:

  1. La que resuelve la suspensión condicional del proceso;
  2. La que resuelve una excepción;
  3. La que resuelve medidas cautelares o su sustitución;
  4. La que desestime la querella en delitos de acción privada;
  5. La que resuelve la objeción de la querella;
  6. La que declara la extinción de la acción penal;
  7. La que conceda, revoque o rechace la libertad condicional;
  8. La que niegue o revoque la solicitud de ampliación de la etapa preparatoria en delitos relacionados con organizaciones criminales;
  9. La que admita o niegue la suspensión o extinción de la pena,
  10. La que resuelva la reparación del daño; y;
  11. Las demás señaladas por este Código.

Artículo 404º.- (Interposición) El recurso se interpondrá por escrito, debidamente fundamentado, ante el mismo tribunal que dictó la resolución, dentro de los tres días de notificada la resolución al recurrente.

Cuando el recurrente intente producir prueba en segunda instancia, la acompañará y ofrecerá junto con el escrito de interposición, señalando concretamente el hecho que pretende probar.

Artículo 405º.- (Emplazamiento y remisión). Presentado el recurso, el juez emplazará a las otras partes para que en el plazo de tres días contesten el recurso y, en su caso, acompañen y ofrezcan prueba. Si se producen adhesiones durante el emplazamiento, correrá traslado a las otras partes para que contesten la adhesión en el mismo plazo.

Con la contestación o sin ella, dentro de las veinticuatro horas siguientes, remitirá las actuaciones a la Corte Superior de Justicia para que ésta resuelva.

Artículo 406º.- (Trámite). Recibidas las actuaciones, la Corte Superior de Justicia decidirá, en una sola resolución, la admisibilidad del recurso y la procedencia de la cuestión planteada, dentro de los diez días siguientes, salvo lo dispuesto en el Artículo 399º de este Código.

Si alguna de las partes ha ofrecido prueba y el tribunal la estima necesaria y útil, señalará una audiencia oral dentro de los quince días de recibidas las actuaciones y resolverá en la misma audiencia aplicando en lo pertinente las reglas del juicio oral y público únicamente con la prueba que se incorpore y con los testigos que se hallen presentes.

TÍTULO IV

RECURSO DE APELACIÓN RESTRINGIDA

Artículo 407º.- (Motivos). El recurso de apelación restringida será interpuesto por inobservancia o errónea aplicación de la ley.

Cuando el precepto legal que se invoque como inobservado o erróneamente aplicado constituya un defecto del procedimiento, el recurso sólo será admisible si el interesado ha reclamado oportunamente su saneamiento o ha efectuado reserva de recurrir, salvo en los casos de nulidad absoluta o cuando se trate de los vicios de la sentencia, de conformidad a lo previsto por los Artículos 169º y 370º de este Código.

Este recurso sólo podrá ser planteado contra las sentencias y con las limitaciones establecidas en los artículos siguientes.

Artículo 408º.- (Interposición). El recurso de apelación restringida será interpuesto por escrito, en el plazo de quince días de notificada la sentencia. Se citarán concretamente las disposiciones legales que se consideren violadas o erróneamente aplicadas y se expresará cuál es la aplicación que se pretende.

Deberá indicarse separadamente cada violación con sus fundamentos. Posteriormente, no podrá invocarse otra violación.

El recurrente deberá manifestar si fundamentará oralmente su recurso.

Artículo 409º.- (Emplazamiento y remisión). Interpuesto el recurso, se pondrá en conocimiento de las otras partes, para que dentro del término de diez días lo contesten fundamentadamente.

Si se ha producido una adhesión, se emplazará a contestarla dentro de los cinco días.

Vencidos los plazos con contestación o sin ella, se remitirán las actuaciones en el término de tres días ante el tribunal de alzada y se emplazará a las partes para que comparezcan en el plazo de diez días a contar desde la remisión.

Artículo 410º.- (Ofrecimiento de prueba). Cuando el recurso se fundamente en un defecto de forma o de procedimiento, se podrá acompañar y ofrecer prueba con ese objeto.

La prueba se ofrecerá al interponer el recurso, al contestarlo o al adherirse a él.

Se aplicarán las normas previstas para la producción de prueba en el recurso de apelación incidental.

Artículo 411º.- (Trámite). Recibidas las actuaciones, si se ha ofrecido prueba o se ha solicitado expresamente la audiencia de fundamentación, el tribunal convocará a una audiencia pública dentro de los diez días de recibidas las actuaciones.

Concluida la audiencia o si no se convocó a la misma, la resolución se dictará en el plazo máximo de veinte días.

Artículo 412º.- (Audiencia de prueba o de fundamentación). La audiencia de prueba o de fundamentación se regirá, en lo pertinente, por las reglas previstas para el juicio oral.

Quien haya ofrecido prueba deberá presentarla en la audiencia y el tribunal resolverá únicamente con la que se incorpore y con los testigos que se hallen presentes.

En la audiencia de fundamentación complementaria, los miembros del tribunal podrán interrogar libremente a los recurrentes sobre los aspectos insuficientes de la fundamentación o de la solución propuesta, la doctrina que sustenta sus pretensiones o la jurisprudencia que se utilizó, sin que implique prejuzgamiento.

La inasistencia a la audiencia no provocará deserción del recurso, pero quien la solicitó y no concurriera, será responsable por las costas.

Artículo 413º.- (Resolución del recurso). Cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación, el tribunal de alzada anulará total o parcialmente la sentencia y ordenará la reposición del juicio por otro juez o tribunal.

Cuando la anulación sea parcial, se indicará el objeto concreto del nuevo juicio.

Cuando el recurso haya sido interpuesto sólo por el imputado o, en su favor, en el juicio de reenvío no se podrá imponer una sanción más grave que la impuesta en la sentencia anulada, ni desconocer los beneficios que en ésta se hayan otorgado.

Cuando sea evidente que para dictar una nueva sentencia no es necesaria la realización de un nuevo juicio, el tribunal de alzada resolverá directamente.

Artículo 414º.- (Rectificación). Los errores de derecho en la fundamentación de la resolución impugnada, que no hayan influido en la parte dispositiva, no la anularán, pero serán corregidos en la nueva sentencia, así como los errores u omisiones formales y los que se refieran a la imposición o el cómputo de penas.

Asimismo, el tribunal, sin anular la sentencia recurrida, podrá realizar una fundamentación complementaria.

Artículo 415º.- (Libertad del imputado). Cuando por efecto de la sentencia deba cesar la detención del imputado, el tribunal de alzada ordenará directamente la libertad.

TÍTULO V

RECURSO DE CASACIÓN

Artículo 416º.- (Procedencia). El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por otras Cortes Superiores de Justicia o por la Sala Penal de la Corte Suprema.

El precedente contradictorio deberá invocarse por el recurrente a tiempo de interponer la apelación restringida.

Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance.

Artículo 417º.- (Requisitos). El recurso deberá interponerse dentro de los cinco días siguientes a la notificación del Auto de Vista impugnado ante la sala que lo dictó, la que remitirá los antecedentes a la Corte Suprema de Justicia dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes.

En el recurso se señalará la contradicción en términos precisos y como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida en el que se invocó el precedente.

El incumplimiento de estos requisitos determinará su inadmisibilidad.

Artículo 418º.- (Admisión del recurso). Recibidos los antecedentes, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de los cinco días siguientes, establecerá si concurren los requisitos exigidos, en cuyo caso admitirá el recurso. Si lo declara inadmisible, devolverá actuados al tribunal que dictó el Auto de Vista recurrido.

Admitido el recurso, se pondrá en conocimiento de las salas penales de todas las Cortes Superiores de Justicia los antecedentes del caso para que se inhiban de dictar Autos de Vista en los recursos en los que se debaten las mismas cuestiones de derecho, hasta que se les haga conocer la resolución del recurso de casación.

Artículo 419º.- (Resolución del recurso). Admitido el recurso, sin más trámite y dentro de los diez días siguientes, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dictará resolución por mayoría absoluta de votos determinando si existe o no existe contradicción en los términos del Artículo 416º de este Código.

Si existe contradicción la resolución establecerá la doctrina legal aplicable, caso contrario lo declarará infundado y devolverá los antecedentes a la Corte Superior de Justicia. En el primer caso y cuando se deje sin efecto el fallo que motivó el recurso, se devolverán actuados a la Sala Penal de la Corte Superior que dictó el Auto de Vista recurrido para que pronuncie nueva resolución de acuerdo con la doctrina legal establecida.

Artículo 420º.- (Efectos). La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia pondrá en conocimiento de los tribunales y jueces inferiores las resoluciones de los recursos de casación en las que se establezca la doctrina legal aplicable.

La doctrina legal establecida será obligatoria para los tribunales y jueces inferiores y sólo podrá modificarse por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación.

TÍTULO VI

RECURSO DE REVISIÓN

Artículo 421º.- (Procedencia). Procederá el recurso de revisión de las sentencias condenatorias ejecutoriadas, en todo tiempo y en favor del condenado, en los siguientes casos:

  1. Cuando los hechos tenidos como fundamento de la sentencia resulten incompatibles con los establecidos por otra sentencia penal ejecutoriada;
  2. Cuando la sentencia impugnada se funde en prueba cuya falsedad se declaró en fallo posterior ejecutoriado;
  3. Cuando la sentencia condenatoria haya sido pronunciada a consecuencia de delitos propios de la función judicial, cuya existencia se haya declarado en fallo posterior ejecutoriado;
  4. Cuando después de la sentencia sobrevengan hechos nuevos, se descubran hechos preexistentes o existan elementos de prueba que demuestren:
    1. Que el hecho no fue cometido,
    2. Que el condenado no fue autor o partícipe de la comisión del delito, o,
    3. Que el hecho no sea punible.
  1. Cuando corresponda aplicar retroactivamente una ley penal más benigna; y,
  2. Cuando una sentencia del Tribunal Constitucional tenga efecto derogatorio sobre el tipo o norma penal que fundó la condena.

Artículo 422º.- (Legitimación). Podrán interponer el recurso:

  1. El condenado o su defensor. Si el condenado es incapaz, sus representantes legales;
  2. El cónyuge, conviviente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o por adopción, si el condenado ha fallecido;
  3. La Fiscalía y el juez de ejecución penal; y,
  4. El Defensor del Pueblo.

Artículo 423º.- (Procedimiento). El recurso de revisión se interpondrá por escrito, se acompañará la prueba correspondiente y contendrá, bajo pena de inadmisibilidad, la concreta referencia de los motivos en que se funda y las disposiciones legales aplicables. El tribunal podrá disponer todas las indagaciones y diligencias que considere útiles y delegar su ejecución en alguno de sus miembros.

También podrá producir prueba de oficio en la audiencia.

Para el trámite del recurso de revisión regirán las reglas de la apelación restringida, en cuanto éstas sean aplicables.

Artículo 424º.- (Sentencia). El tribunal resolverá el recurso:

  1. Rechazándolo cuando sea improcedente;
  2. Anulando la sentencia impugnada, en cuyo caso dictará la sentencia que corresponda o dispondrá la realización de un nuevo juicio.

Artículo 425º.- (Nuevo juicio). Si se dispone la realización de un nuevo juicio, no podrán intervenir los mismos jueces que dictaron la sentencia. En el nuevo juicio, la sentencia no podrá fundarse en una nueva valoración de la prueba que dio lugar a la sentencia anulada.

El fallo que se dicte en el nuevo juicio no podrá contener una sanción más grave que la impuesta en la primera sentencia.

Artículo 426º.- (Efectos). Cuando la sentencia sea absolutoria o declare la extinción de la pena, se ordenará la inmediata libertad del injustamente condenado, la rehabilitación plena del injustamente inhabilitado, el pago de la indemnización y/o la devolución de la cantidad pagada en concepto de pena pecuniaria y los objetos confiscados.

Cuando la sentencia disminuya el tiempo de privación de libertad que resta por cumplir al condenado, contendrá el nuevo computo precisando el día de finalización de cumplimiento de la pena.

La sentencia dispondrá la publicación de la parte resolutiva de la sentencia que declaró la absolución o extinción de la pena en un medio de comunicación social de alcance nacional.

Artículo 427º.- (Rechazo). El rechazo del recurso de revisión no impedirá la interposición de uno nuevo fundado en motivos distintos.

LIBRO CUARTO

EJECUCIÓN PENAL

TÍTULO I

NORMAS GENERALES

Artículo 428º.- (Competencia). Las sentencias condenatorias serán ejecutadas por el juez de ejecución penal, quien tendrá competencia para resolver todas las cuestiones o incidentes que se susciten durante la ejecución.

Las sentencias absolutorias y aquellas que concedan el perdón judicial y la suspensión condicional de la pena serán ejecutadas por el juez o tribunal que las dictó. El tribunal podrá comisionar a uno de sus jueces para que practique las diligencias necesarias.

Artículo 429º.- (Derechos). El condenado durante la ejecución de la condena tendrá los derechos y garantías que le otorgan la Constitución, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y las leyes. A este efecto planteará ante el juez de ejecución penal las peticiones que estime convenientes.

TÍTULO II

PENAS

Artículo 430º.- (Ejecución). Ejecutoriada la sentencia condenatoria se remitirán copias autenticadas de los autos al juez de ejecución penal para que proceda según este Código. Si el condenado se halla en libertad, se ordenará su captura.

El juez o el presidente del tribunal ordenará la realización de todas las medidas necesarias para cumplir los efectos accesorios de la sentencia.

Artículo 431º.- (Ejecución diferida). Antes de la ejecución de una pena privativa de libertad, el juez o tribunal que dictó la condena diferirá la ejecución de la pena y dispondrá las medidas cautelares convenientes que aseguren su ejecución, en los siguientes casos:

  1. Cuando deba cumplirla una mujer embarazada o que tenga un hijo menor de un año al momento de la ejecutoria de la sentencia;
  2. Cuando el condenado se encuentre gravemente enfermo y la inmediata ejecución ponga en peligro su vida, según el dictamen médico forense.

Cuando cesen estas condiciones, la sentencia se ejecutará inmediatamente.

Artículo 432º.- (Incidentes). La Fiscalía o el condenado podrán plantear incidentes relativos a la ejecución de la pena.

El incidente será resuelto por el juez de ejecución penal, en audiencia oral y pública, que será convocada dentro de los cinco días siguientes a su promoción.

El auto podrá ser apelado ante la Corte Superior de Justicia.

Artículo 433º.- (Libertad condicional). El juez de ejecución penal, mediante resolución motivada, previo informe de la dirección del establecimiento penitenciario, podrá conceder libertad condicional por una sola vez, al condenado a pena privativa de libertad, conforme a los siguientes requisitos:

  1. Haber cumplido las dos terceras partes de la pena impuesta;
  2. Haber observado buena conducta en el establecimiento penitenciario de conformidad a los reglamentos; y,
  3. Haber demostrado vocación para el trabajo

El auto que disponga la libertad condicional indicará el domicilio señalado por el liberado y las condiciones e instrucciones que debe cumplir, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 24º de este Código.

El juez vigilará el cumplimiento de las condiciones impuestas las que podrán ser reformadas de oficio o a petición del fiscal o del condenado.

Artículo 434º.- (Trámite). El incidente de libertad condicional deberá ser formulado ante el juez de ejecución penal. Podrá ser promovido a petición de parte o de oficio.

El juez de ejecución penal conminará al director del establecimiento para que, en el plazo de diez días, remita los informes correspondientes.

El juez podrá rechazar sin trámite la solicitud, cuando sea manifiestamente improcedente.

Artículo 435º.- (Revocación de la libertad condicional). El juez de ejecución penal podrá revocar la libertad condicional por incumplimiento de las condiciones impuestas.

El incidente de revocatoria será promovido de oficio o a pedido de la Fiscalía.

Para la tramitación del incidente deberá estar presente el condenado, pudiendo el juez de ejecución penal ordenar su detención si no se presenta, no obstante su citación legal. Cuando el incidente se lleve a cabo estando presente el condenado, el juez podrá disponer que se lo mantenga detenido hasta que se resuelva el incidente.

La revocatoria obligará al liberado al cumplimiento del resto de la pena.

El auto que revoca la libertad condicional es apelable.

Artículo 436º.- (Multa). La multa se ejecutará conforme a lo dispuesto en el Código Penal.

Artículo 437º.- (Inhabilitación). Si la pena es de inhabilitación, practicado el cómputo definitivo, el juez ordenará las comunicaciones e inscripciones que correspondan, indicando la fecha de finalización de la condena.

Artículo 438º.- (Perdón del ofendido). El perdón de la víctima, en los delitos de acción privada, extingue la pena. El juez de ejecución penal en su mérito, ordenará inmediatamente la libertad del condenado.

Esta norma regirá también para los casos de conversión de acciones.

Artículo 439º.- (Medida de seguridad) El juez o tribunal que dictó la sentencia determinará el establecimiento adecuado para el internamiento como medida de seguridad.

El juez de ejecución penal, por lo menos una vez cada seis meses, examinará la situación de aquél a quien ha sido impuesta esta medida, examen, que se llevará a cabo en audiencia oral, a puertas cerradas, previo informe de los responsables del establecimiento y de peritos; la decisión versará sobre la cesación o continuación de la medida y, en este último caso, podrá modificar el tratamiento o cambiar el establecimiento en el cual se ejecuta.

TÍTULO III

REGISTROS

Artículo 440º.- (Registro de antecedentes penales). El Registro Judicial de Antecedentes Penales, dependiente del Consejo de la Judicatura, tendrá a su cargo el registro centralizado de las siguientes resoluciones:

  1. Las sentencias condenatorias ejecutoriadas;
  2. Las que declaren la rebeldía; y,
  3. Las que suspendan condicionalmente el proceso.

Todo juez o tribunal remitirá al registro, copia autenticada de estas resoluciones.

El Consejo de la Judicatura nombrará un director encargado del registro y reglamentará su organización y funcionamiento.

Artículo 441º.- (Cancelación de antecedentes). El registro de las sentencias condenatorias ejecutoriadas será cancelado:

  1. Después de transcurridos ocho años de la extinción de la pena privativa de libertad;
  2. Después de transcurridos ocho años desde que se dictó la sentencia condenatoria, concediendo la suspensión condicional de la pena; y,
  3. Después de transcurridos tres años de la extinción para las condenas a pena de multa o inhabilitación.

Respecto a la suspensión condicional del proceso, se cancelará su registro por orden del juez que la dictó al vencer el período de prueba.

Artículo 442º.- (Reserva de la información). El Registro será reservado y únicamente podrá suministrar informes de las resoluciones señaladas en el Artículo 440º de este Código a solicitud de:

  1. El interesado;
  2. Las Comisiones Legislativas;
  3. Los jueces y fiscales de todo el país; y
  4. Las autoridades extranjeras conforme a las reglas de cooperación judicial internacional establecidas en este Código.

La violación de la prohibición de informar será considerada como violación de secreto, si el hecho no constituye un delito más grave.

PARTE FINAL

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- (Causas en trámite). Las causas en trámite continuarán rigiéndose por el Código de Procedimiento Penal anterior, Decreto Ley 10426 de 23 de agosto de 1972 y la Ley 1008 del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, salvo lo previsto en las siguientes disposiciones.

Segunda.- (Aplicación anticipada). No obstante lo dispuesto en la primera disposición final entrarán en vigencia los Artículos 19º y 20º al momento de la publicación del presente Código y un año después las siguientes disposiciones:

  1. Las que regulan las medidas cautelares, Título I, Título II y Capítulo I del Título III del Libro Quinto de la Primera Parte;
  2. Los Artículos 21º, 22º, 23º, 24º, 25º, 29º, 30º, 31º, 32º y 33º del Título II del Libro I referentes a las salidas alternativas y a la prescripción de la acción penal.
  3. El Capítulo II del Título III del Libro Quinto de la Primera Parte, referente al régimen de administración de bienes. Hasta la vigencia plena del Código, todos los incidentes sobre el régimen de administración de bienes serán resueltos por los respectivos juzgados de sustancias controladas.

Tercera.- (Duración del proceso). Las causas que deban tramitarse conforme al régimen procesal anterior, deberán ser concluidas en el plazo máximo de cinco años, computables a partir de la publicación de este Código.

Los jueces constatarán, de oficio o a pedido de parte, el transcurso de este plazo y cuando corresponda declararán extinguida la acción penal y archivarán la causa.

Cuarta.- (Disposiciones orgánicas transitorias). Dos meses antes de la vigencia plena de este Código, el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General de la República determinarán los juzgados, Salas de las Cortes Superiores y fiscales liquidadores que continuarán, a partir de la vigencia plena de este Código, el trámite de las causas según el régimen procesal anterior.

Dos semanas antes de la vigencia plena de este Código, las Cortes Superiores remitirán a los juzgados y tribunales liquidadores los procesos en trámite.

Recibidas las causas, los juzgados y tribunales liquidadores, tratándose de procesos sin actividad procesal, dispondrán su publicación en un medio de circulación nacional conminando a las partes para que en el plazo de tres meses continúen el proceso, bajo advertencia de declarar extinguida la acción penal. Vencido este plazo, sin que se cumpla el apercibimiento se dispondrá la extinción de la acción penal.

Quinta.- (Bienes incautados).- Los bienes incautados y confiscados antes de la promulgación de este Código se sujetarán al siguiente régimen:

    1. Los que hubieren sido entregados a una entidad estatal para su uso institucional mantendrán este destino con excepción de los que por disposición judicial deban ser devueltos a sus propietarios.
    2. Los que hubieren sido entregados a una entidad privada mantendrán su uso institucional en los términos convenidos con la Dirección de Bienes Incautados, salvo disposición judicial de devolución a sus propietarios.

En caso de orden judicial de devolución la Dirección de Bienes Incautados podrá convenir con los propietarios la transferencia de la propiedad del bien con el fin de mantener el uso institucional asignado.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- (Vigencia). El presente Código entrará en vigencia plena veinticuatro meses después de su publicación y se aplicará a todas las causas que se inicien a partir del vencimiento de este plazo.

Segunda.- (Comisión Nacional de Implementación de la Reforma).

  1. La Comisión Nacional de Implementación de la Reforma, como órgano de decisión y de fiscalización, será presidida por el Presidente Nato del Congreso Nacional y, además, conformada por:
  1. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia;
  2. El Ministro de Justicia y Derechos Humanos;
  3. El Presidente de la Comisión de Constitución, Justicia, Policía Judicial, Ministerio Público, Derechos Humanos y Régimen Electoral de la Cámara de Senadores;
  4. El Presidente de la Comisión de Constitución, Justicia y Policía Judicial de la Cámara de Diputados; y,
  5. El Fiscal General de la República.
  1. La Comisión Nacional de Implementación de la Reforma tendrá las siguientes atribuciones:
  1. Definir políticas institucionales para una adecuada implementación de la Reforma; y,
  2. Fiscalizar las actividades del Comité Ejecutivo de Implementación requiriendo informes e impartiendo las instrucciones necesarias.

Tercera.- (Comité Ejecutivo de Implementación). El Comité Ejecutivo de Implementación, como órgano de ejecución, se constituirá en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y estará presidido por el Ministro o su Representante e integrado, además, por un representante técnico acreditado por:

  1. La Comisión de Constitución, Justicia, Policía Judicial, Ministerio Público, Derechos Humanos y Régimen Electoral de la Cámara de Senadores;
  2. La Comisión de Constitución, Justicia y Policía Judicial de la Cámara de Diputados;
  3. El Poder Judicial a través del Consejo de la Judicatura;
  4. La Fiscalía General de la República;
  5. El Ministerio de Gobierno;
  6. La Policía Nacional;
  7. El Colegio Nacional de Abogados; y,
  8. El Comité Ejecutivo Universidad Boliviana.

Cuarta.- (Atribuciones del Comité Ejecutivo de Implementación). El Comité Ejecutivo de implementación tendrá las siguientes atribuciones:

  1. Presentar la propuesta del Plan Nacional de Implementación a la Comisión Nacional de Implementación de la Reforma;
  2. Adecuar y ejecutar planes y programas de implementación, intra e interinstitucionales;
  3. Realizar un seguimiento de la ejecución de los programas de implementación de las instituciones operadoras del sistema de administración de justicia penal;
  4. Formular o presentar el proyecto de presupuesto de la implementación; y,
  5. Otras atribuciones de carácter ejecutivo que se le encomienden.

Quinta.- (Presupuesto). El Presupuesto para la implementación de la reforma, estará compuesto por:

  1. Una partida extraordinaria que se consignará en el Presupuesto General de la Nación;
  2. Una partida presupuestaria del Poder Judicial;
  3. Una partida presupuestaria del Ministerio Público; y,
  4. Los créditos y donaciones que el Estado negocie para la implementación de la reforma.

La Comisión Nacional de Implementación de la Reforma elaborará el presupuesto que requiera la ejecución de la reforma y gestionará la partida correspondiente en el Presupuesto General de la Nación.

Sexta.- (Derogatorias y Abrogatorias). Queda abrogado el Código de Procedimiento Penal aprobado por el Decreto Ley No. 10426 de 23 de agosto de 1972, con todas sus modificaciones y disposiciones complementarias:

Quedan derogadas las siguientes disposiciones legales:

  1. Los Artículos 80º al 131º de los títulos IV y V de la Ley 1008 del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas y toda norma procesal que contenga dicha ley que se oponga a este Código;
  2. Los Artículos 57º, 59º, 60º, 61º, 62º, 63º, 64º, 65º, 66º, 67º, 68º, 69º,72º, 94º, 99º, 100º, 101º y 102º del Código Penal;
  3. Las normas procesales penales previstas en leyes especiales así como toda otra disposición legal que sean contrarias a este Código;
  4. El Decreto Supremo 24196 de 22 de diciembre de 1995.

Séptima.- (Modificaciones).

Modifícase los Artículos 47º, 77º, 80º, y 106º del Código Penal, cuyas disposiciones quedarán redactadas en los siguientes términos:

“Artículo 47º.- RÉGIMEN PENITENCIARIO.- Las penas se ejecutarán en la forma establecida por el presente Código, el Código de Procedimiento Penal y la Ley especial para la aplicación del régimen penitenciario.

Artículo 77º.- CÓMPUTO. Las penas se computarán conforme a lo previsto en el Código de Procedimiento Penal. El día se computará de veinticuatro horas; el mes y el año, según el calendario.

ArtÍculo. 80º.- INTERNAMIENTO. Cuando el imputado fuere declarado inimputable y absuelto por esta causa conforme al Artículo 17º, el juez podrá disponer, previo dictamen de peritos, su internación en el establecimiento correspondiente, si por causa de su estado existiere el peligro de que se dañe a sí mismo o dañe a los demás.

Si no existiere un establecimiento adecuado, la internación del inimputable se hará en el que más próximamente pueda cumplir este fin o se lo dejará en poder de su familia, si a juicio del juez aquélla ofreciere garantía suficiente para el mismo fin.

Esta internación durará todo el tiempo requerido para la seguridad, educación o curación.

El juez de ejecución penal, por lo menos una vez cada seis meses, examinará la situación de aquél a quien ha sido impuesta esta medida, examen, que se llevará a cabo en audiencia oral, a puertas cerradas, previo informe de los responsables del establecimiento y de peritos; la decisión versará sobre la cesación o continuación de la medida y, en este último caso, podrá modificar el tratamiento o cambiar el establecimiento en el cual se ejecuta.

Artículo 106.- INTERRUPCIÓN DEL TÉRMINO DE LA PRESCRIPCIÓN. El término de la prescripción de la pena se interrumpe por la comisión de otro delito, con excepción de los políticos.”

  1. Modifícase en la Ley No. 1455 de 18 de febrero de 1993, la organización, jurisdicción y competencia de los tribunales y jueces penales de la República en los términos contenidos en el Libro Segundo de la Primera Parte de este Código.
  2. Modifícase en la Ley No. 1469 de 19 de Febrero de 1993, la organización y atribuciones del Ministerio Público en los términos y alcances contenidos en este Código.

OCTAVA.- (Abrogatorias, derogatorias y modificaciones). Las abrogatorias, derogatorias y modificaciones tendrán efecto, según el caso, al momento de la vigencia anticipada o plena previstas en la parte final de este Código.

Remítase al Poder Ejecutivo para fines constitucionales.

Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional, a los dieciocho días del mes de marzo de mil novecientos noventa y nueve años.

H. Wálter Guiteras Denis H. Hugo Carvajal Donoso

PRESIDENTE PRESIDENTE

HONORABLE SENADO NACIONAL H. CÁMARA DE DIPUTADOS

Gonzalo Molina Ossio Rubén E. Poma Rojas

SENADOR SECRETARIO SENADOR SECRETARIO

Roger Pinto Molina Luis Llerena Gamez

DIPUTADOS SECRETARIO DIPUTADO SECRETARIO

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley de la República.

Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veinticinco días del mes de marzo de mil novecientos noventa y nueve.

FDO. HUGO BANZER SUAREZ, Carlos Iturralde Ballivián, Guido Nayar Parada, Ana María Cortéz de Soriano.

 

Código de Procedimiento Civil

CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL

 

 

LIBRO PRIMERO DEL PROCESO EN GENERAL

 

TITULO I DEL ORGANO JUDICIAL

 

CAPITULO I Del juez

 

Artículo 1.- (POTESTAD JUDICIAL)

 

I.         Los Jueces y Tribunales de Justicia sustanciarán y resolverán, de acuerdo a las Leyes de la República, las demandas sometidas a su jurisdicción.

 

II.         No podrán excusarse de fallas bajo pretexto de falta, oscuridad o insuficiencia de la Ley, en las causas sometidas a su juzgamiento, debiendo pronunciar sentencia según la equidad que hace de las Leyes, conforme a las disposiciones que comprenden casos semejantes al hecho particular que ocurriere. (Artículo 193; Arts. 14, 29, 116 Const. Pol. del Estado; Arts. 1, 4, 242 LOJ)

 

Artículo 2.- (IMPULSO PROCESAL)

 

Los Jueces y Tribunales tendrán a su cargo y responsabilidad el necesario impulso procesal, para que las causas no se paralicen y concluyan dentro de los plazos legales. (Arts. 87, 202, 205, 429).

 

 

Artículo 3.- (DEBERES DE LOS JUECES Y TRIBUNALES)

 

Son deberes de los Jueces y Tribunales:

 

1)         Cuidar que el proceso se desarrolle sin vicios de nulidad.

 

2)         Dictar las providencias, autos y sentencias dentro de los términos señalados en este Código.

 

3)         Tomar medidas necesarias para asegurar la igualdad efectiva de las partes en todas las actuaciones del proceso.

 

4)         Presidir las audiencias.

 

5)         Disponer que en sus oficinas se coloquen carteles visibles alusivos a la lealtad, cooperación, buena fe y otras normas de conducta que deben observar las partes, así como otros que contengan instrucciones especiales para facilitar y acelerar los trámites.

 

6)         Vigilar para que los funcionarios de su dependencia cumplan correctamente las funciones que les corresponden. (Arts. 57, 65, 87, 102, 333, 390, 454).

 

 

Artículo 4.- (FACULTADES ESPECIALES)

 

Los Jueces y Tribunales tendrán las siguientes facultades, de oficio o a petición de parte:

 

1)         Declarar la perención de instancia y la rebeldía.

 

2)         Rechazar todo escrito que contuviere expresiones ofensivas para las partes, el Juez o la moral, o que no sea atinente al motivo del proceso.

 

3)         Reprimir los incidentes que sólo tendieren a entrabar o dilatar el proceso.

 

4)         Exigir las pruebas que consideraren necesarias, como exhibiciones, peritajes y juramentos, llamar a los testigos ofrecidos por las partes, efectuar careos y emplear cuantos medios fueren conducentes al mayor esclarecimiento del proceso.

 

5)         Amonestar a las partes y apercibir a los subalternos.

 

6)         Imponer las sanciones establecidas en este Código.

 

7)         Declarar en oportunidad de dictar sentencia la temeridad o malicia en que hubieren incurrido las partes o profesionales intervinientes (Arts. 57, 151, 309, 370, 391, 427, 460, 766).

 

 

Artículo 5.- (RESPONSABILIDAD)

 

Los Jueces y Magistrados serán responsables de sus actos, penal o civilmente, en la forma que determinan el presente Código y otras Leyes. (Arts. 747 a 749).

 

 

 

CAPITULO II Jurisdicción y competencia

 

Artículo 6.- (JURISDICCION Y COMPETENCIA)

 

La jurisdicción y competencia de los Jueces y Tribunales se regirá por lo dispuesto en el Título II, capítulo único de la Ley de Organización Judicial y por las disposiciones del presente capítulo. (Arts. 7 a 9; Artículo 21 Ley de Organización Judicial).

 

 

Artículo 7.- (APERTURA DE LA COMPETENCIA)

 

La competencia del Juez, ante quien se interpone una demanda, se abrirá con la citación de ésta al demandado. El citado por un juez no podrá ser citado después por otro sobre el mismo asunto. (Arts. 334, 489, 768).

 

 

 

Artículo 8.- (PERDIDA DE COMPETENCIA)

 

 

El juez o magistrado perderá su competencia en el juicio:

 

1)         Por excusa declarada legal.

 

2)         Por recusación declarada legal.

 

3)         Por haberse dirimido en su contra la competencia suscitada.

 

4)         En el caso del Artículo 208. (Arts. 18, 24, 30, 35, 190, 209, 768).

 

 

Artículo 9.- (NULIDAD)

 

Las resoluciones dictadas en los casos de suspensión o pérdida de la competencia del Juez serán nulas. (Arts. 19, 35, 43, 208, 254, 768).

 

 

Artículo 10.- (REGLAS DE COMPETENCIA)

 

Fuera de los casos de prórroga expresa o tácita de que trata el Artículo 24 de la Ley de Organización Judicial, se seguirán las reglas de competencia siguientes:

 

1)         En las demandas por acciones reales o mixtas sobre bienes en general:

 

a) Será competente el Juez del lugar donde estuviere situada la cosa litigiosa o el del domicilio del demandado, a elección del demandante.

b) Si las cosas fueran varias y situadas en lugares diferentes, el de aquél donde se encontrare cualquiera de ellas.

c) Si un inmueble abarcare dos o más jurisdicciones, será el que eligiere el demandante.

 

2)         En las demandas por acciones personales, el Juez del domicilio del demandado, el del lugar donde debe cumplirse la obligación, o de donde fue suscrito el contrato, a elección del demandante.

 

3)         En las sucesiones será juez competente:

 

a)         El del lugar del último domicilio del causante, o el de donde se hallare cualquiera de los bienes sucesorios.

b)         Si el fallecimiento ocurriere en el extranjero, el del último domicilio que el causante hubiere tenido en la República, o el de donde se hallare cualquiera de los bienes sucesorios.

 

4)         Quien no tuviere domicilio conocido, podrá ser demandado en el lugar donde fuere hallado. (Arts. 101, 652; Artículo 24 Ley de Organización Judicial.)

 

 

CAPITULO III Conflicto de competencias

 

Artículo 11.- (COMPETENCIA DISCUTIDA)

 

La contienda que se suscitare entre dos Juzgados o Tribunales de igual o desigual competencia sobre a cuál corresponde el conocimiento del litigio, podrá promoverse de oficio o a instancia de partes, por inhibitoria o por declinatoria. (Arts. 14, 366).

 

 

Artículo 12.- (INHIBITORIA)

 

La inhibitoria se intentará ante el Juez o Tribunal a quien se considere competente, pidiéndole dirija oficio al que se estimare incompetente para que se inhiba y le remita el proceso. (Arts. 16 a 19.)

 

 

Artículo 13.- (DECLINATORIA)

 

La declinatoria se propondrá ante el Juez o Tribunal a quien se considerare incompetente pidiéndole que se separe del conocimiento de la causa y remita el proceso al tenido por competente. (Arts. 15, 23).

 

 

Artículo 14.- (PROCEDENCIA)

 

Las cuestiones de competencia sólo podrán promoverse por vía de declinatoria o inhibitoria, antes de haberse consentido en la competencia contra la cual se reclama. (Artículo 11).

 

 

Artículo 15.- (SUSTANCIACION DE LA DECLINATORIA)

 

La declinatoria se sustanciará como las demás excepciones previas y, declarada procedente, se remitirá al Juez tenido por competente. (Arts. 13, 336).

 

 

Artículo 16.- (SUSTANCIACIÓN DE LA INHIBITORIA)

 

Si entablada la inhibitoria el Juez o Tribunal se declarare competente, dirigirá oficio al Juez o Tribunal tachado de incompetente, acompañando testimonio tanto del escrito que hubiere planteado la inhibitoria como de la resolución que le hubiere correspondido y demás recaudos necesarios para fundar su competencia; solicitará asimismo al otro Juez su inhibitoria, la remisión del expediente o, en su defecto, su envío al Tribunal llamado por Ley para dirimir la contienda. (Artículo 12).

 

 

Artículo 17.- (TRAMITE DE LA INHIBITORIA ANTE EL JUEZ REQUERIDO)

 

I.         Recibido el oficio el Juez o Tribunal requerido se pronunciará en el plazo de cuarenta y ocho horas, aceptando o negando la inhibitoria.

 

II.         Si el requerido aceptare la inhibitoria remitirá la causa al Juez o Tribunal requirente emplazando a las partes para que comparezcan ante este último. Esta resolución será inapelable.

 

III.        Si el requerido negare la inhibitoria y mantuviera su competencia, enviará las actuaciones, sin otra sustanciación y en el término de cuarenta y ocho horas al Tribunal competente para dirimir la contienda, comunicando al mismo tiempo al Juez o Tribunal requirente para que remita las suyas en plazo igual si los Jueces se encontraren en el mismo asiento judicial, o en el de seis días si en asientos distintos. (Arts. 12, 18).

 

 

Artículo 18.- (TRAMITE DE LA INHIBITORIA ANTE TRIBUNAL SUPERIOR)

 

Dentro de los cinco días de recibidas las actuaciones de ambos Jueces o Tribunales, o a los quince días de remitidas aquéllas sólo por el requerido, el Tribunal superior llamado por Ley resolverá la contienda sin otra sustanciación y devolverá dichas actuaciones al que declarare competente, informando al otro por oficio. (Arts. 12, 17).

 

 

 

Artículo 19.- (SUSPENSION DE LOS PROCEDIMIENTOS)

 

Durante la contienda y desde que el Juez o Tribunal requerido recibiere el oficio pidiendo su inhibitoria, ambos Jueces o Tribunales, deberán abstenerse de todo procedimiento sobre lo principal, salvas las medidas precautorias o cualquier diligencia de cuya omisión pudiere resultar perjuicio irreparable. (Arts. 8, 12, 156).

 

 

CAPITULO IV Excusas y recusaciones

 

Artículo 20.- (CAUSAS)

 

Serán causas de excusa o recusación las siguientes:

 

1)         Tener el JUEZ parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado o relación de afinidad hasta el segundo grado, con alguna de las partes, sus mandatarios o abogados.

 

2)         Tener el Juez o sus parientes consanguíneos o sus afines dentro de los grados expresados en el inciso anterior, interés directo o indirecto en el pleito. No será causa de excusa o recusación el que los Jueces o sus parientes o afines dentro de dichos grados fueren accionistas de sociedades anónimas, a menos que fueren miembros de los directorios de ellas.

 

3)         Tener relación de compadre, padrino, ahijado, proveniente de matrimonio o bautizo.

 

4)         Tener amistad íntima con alguna de las partes o sus abogados, que se manifestare por trato y familiaridad constantes y capaces de comprometer su imparcialidad.

 

5)         Tener enemistad, odio o resentimiento con alguna de las partes, que se manifestaren por hechos conocidos.

 

6)         Tener el cónyuge, los padres o los hijos del Juez amistad íntima o enemistad notorias con cualquiera de las partes.

 

7)         Ser el Juez acreedor, deudor o fiador de alguna de las partes, excepto de las instituciones bancarias.

 

8)         Tener pleito pendiente con alguna de las partes, siempre que no hubiere sido provocado exprofeso por una de ellas para inhabilitare al Juez.

 

9)         Haber sido abogado, mandatario, testigo, perito o tutor en el proceso que debe conocer.

 

10)         Haber manifestado su opinión sobre la justicia e injusticia del pleito antes de asumir conocimiento de él.

 

11)         Haber recibido beneficios importantes o regalos de alguna de las partes.

 

12)         Ser el Juez o algún miembro del Tribunal de segunda instancia pariente del Juez que dictó la sentencia o auto apelado, dentro del cuarto grado de consanguinidad o relación de afinidad en el segundo grado.

 

13)         Ser o haber sido denunciante o acusador contra una de las partes ante los Tribunales, para su enjuiciamiento penal, o denunciado por alguna de ellas para el mismo fin. (Arts. 183, 433).

 

 

Artículo 21.- (OPORTUNIDAD)

 

I.         Siempre que las causas de la recusación hubieren sido anteriores a cada instancia de las que debieren seguir los litigantes, éstos sólo podrán proponerlas en la demanda o expresión de agravios, en las contestaciones a éstas o en la primera presentación.

 

II.         Si las causas fueren sobrevinientes o no se las hubiere conocido en las oportunidades enumeradas en el parágrafo anterior, la recusación podrá plantearse hasta antes de la sentencia, con juramento de ser ciertas las causas. (Arts. 40, 227, 327, 338, 345).

 

 

 

CAPITULO V Tramite de las excusas

 

Artículo 22.- (EXCUSA DE OFICIO)

 

El Juez o Magistrado comprendido en cualquiera de las causas comprendidas en el capítulo anterior, deberá excusarse de oficio (Artículo 26).

 

 

Artículo 23.- (EXCUSA A PETICIÓN DE PARTE)

 

Si el Juez no se excusare de oficio, la parte interesada podrá pedir la excusa. Este pedido deberá ser provisto dentro del término perentorio de veinticuatro horas, sin que el Juez pueda dictar providencia o resolución alguna que no fuere la de aceptación o rechazo de la excusa, pena de nulidad. (Arts. 13, 251, 768).

 

 

Artículo 24.- (EXCUSA PRODUCIDA)

 

Decretada la excusa de oficio o a petición de parte, el Juez se abstendrá de seguir conociendo de la causa y la remitirá de inmediato al llamado por Ley. Será nulo todo auto o resolución pronunciado después de la excusa. (Arts. 8, 251, 768).

 

 

Artículo 25.- (EXCUSA NEGADA)

 

Si el Juez negare la solicitud de excusa, la parte interesada podrá interponer recurso de recusación dentro del plazo fatal de cuarenta y ocho horas. (Artículo 32).

 

 

Artículo 26.- (PROHIBICION DE EXCUSARSE SIN CAUSA)

 

Será prohibida la excusa del Juez o Magistrado por mera susceptibilidad. Sólo podrá excusarse con causa fundada y cierta.

 

La simple relación de amistad no será causa de excusa. (Arts. 22, 29).

 

 

Artículo 27.- (EXCUSA OBSERVADA)

 

Siempre que un Juez se inhibiese mediante excusa ilegal, el Juez a conocimiento de quien pase el proceso, la elevará en consulta a la Corte Superior del Distrito, con testimonio de las piezas pertinentes, sin perjuicio de tomar conocimiento y proseguir los trámites de la causa. (Arts. 29, 30).

 

 

Artículo 28.- (EXCUSA DE MAGISTRADOS)

 

La excusa de los Vocales de Cortes del Distrito y de los Ministros de la Corte Suprema será resuelta por el Tribunal del que forman parte, en el plazo de cuarenta y ocho horas.

 

 

Artículo 29.- (EXCUSA DECLARADA ILEGAL)

 

Cuando la excusa fuere declarada ilegal se impondrá multa al excusado, quien deberá proseguir con el trámite del proceso.

 

La resolución dictada al respecto no admitirá recurso alguno. (Arts. 26, 27).

 

 

Artículo 30.- (RADICATORIA DEL PROCESO)

 

Si la excusa fuere declarada legal, el proceso se radicará definitivamente ante el Juez que la observó. (Arts. 8, 27).

 

 

Artículo 31.- (EXCUSA DE JUECES DE PROVINCIAS)

 

En las provincias donde no existieren otros Jueces de igual competencia que el excusado o, existiendo, estuvieren impedidos, el proceso pasará al lugar más próximo en el mismo distrito.

 

 

CAPITULO VI Tramite de las recusaciones

 

Artículo 32.- (REACUSACION DE JUECES Y MAGISTRADOS)

 

Si el Juez o Magistrado no se excusare no obstante hallarse comprendido en algunas de las causas del Artículo 20, procederá el recurso de recusación. (Arts. 25, 433).

 

 

Artículo 33.- (REACUSACION DE JUECES DE LAS CAPITALES DE DEPARTAMENTO)

 

El recurso de recusación de los Jueces de las capitales de Departamento se presentará ante la Corte Superior del Distrito. (Artículo 49).

 

 

Artículo 34.- (REACUSACION DE JUECES DE PROVINCIAS)

 

La recusación de Jueces de provincia se presentará ante ellos mismos con fuerza de citación, debiendo el recusante formalizarla ante la Corte del Distrito dentro de los seis días siguientes. Si no lo hiciere en este plazo, quedará sin efecto el recurso.

 

 

Artículo 35.- (INHIBITORIA DEL JUEZ RECUSADO)

 

El recusado, desde el momento en que fuere notificado con el recurso, no podrá dictar providencia alguna, y de inmediato remitirá el proceso al Juez llamado por Ley, quien deberá seguir los trámites de la causa. Cualquier otra providencia que no sea la concerniente a la remisión del proceso será nula de pleno derecho. (Arts. 9, 41, 43, 768).

 

 

Artículo 36.- (PLAZO PROBATORIO)

 

Presentada la recusación, se abrirá inmediatamente el plazo probatorio de diez días común al recusado y al recusante, fuera del término de la distancia. (Artículo 370).

 

 

Artículo 37.- (RESOLUCION)

 

Vencido el plazo probatorio, se pronunciará resolución dentro del tercer día, sin necesidad de alegatos. (Artículo 190).

 

 

Artículo 38.- (RESOLUCION CONDENATORIA)

 

Si la resolución declarare probada la recusación, el Juez recusado quedará definitivamente separado del conocimiento del proceso. Si se hallaren hechos dolosos, deberá abrirse juicio de responsabilidad. (Artículo 58, 747).

 

 

Artículo 39.- (RESOLUCION ABSOLUTORIA)

 

Si la resolución declarare improbada la recusación, se condenará al recusante al pago de costas y multas conforma a la ley. (Arts. 184, 198).

 

 

Artículo 40.- (REPETICION DE REACUSACION)

 

Sólo se podrá instaurar un segundo recurso de recusación del mismo Juez o Magistrado por causas sobrevinientes. Si se presentare un nuevo recurso por las mismas causas se lo rechazará de plano, con costas y el duplo de la multa (Artículo 21).

 

 

Artículo 41.- (REACUSACION NO RESUELTA)

 

Si la recusación no fuere resuelta dentro de los treinta días de la citación al recusado, éste reasumirá automáticamente el conocimiento de la causa, efecto para el cual el Juez reemplazante devolverá el proceso dentro de las veinticuatro horas siguientes. (Artículo 35)

 

 

Artículo 42.- (RECURSO DE NULIDAD)

 

Contra las resoluciones dictadas por la Corte Superior del Distrito, procederá el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. (Artículo 43)

 

 

Artículo 43.- (SUBSISTENCIA DE INHIBITORIA)

 

Cualquiera fuere la resolución de la Corte del Distrito, subsistirá la inhibitoria del Juez recusado mientras se resuelva el recurso de casación. (Arts. 9, 35, 42, 768)

 

 

Artículo 44.- (RECUSACION PARCIAL DE VOCALES)

 

La recusación de uno o más vocales de Corte se hará ante ella misma y bastará que haya uno hábil para formar sala llamando a Conjueces.

 

 

Artículo 45.- (RECUSACION DE TODOS LOS VOCALES)

 

La recusación de todos los vocales de una Corte del Distrito se hará ante la Corte del Distrito más próxima en la forma prevista por el Artículo 98-12 de la Ley de Organización Judicial.

 

 

Artículo 46.- (RECUSACION PARCIAL DE MINISTROS)

 

La recusación de uno o más Ministros de la Corte Suprema se hará ante el mismo Tribunal y bastará que haya uno hábil para formar sala llamando a Conjueces.

 

 

Artículo 47.- (RECUSACION DE CONJUECES)

 

La recusación de Conjueces de la Corte Suprema y de las Cortes del Distrito, se regirá por las disposiciones del capítulo presente y lo dispuesto por los Artículos 53-15, 82 y 98 – 13 de la Ley de Organización Judicial.

 

 

Artículo 48.- (RECUSACION DE FUNCIONARIOS AUXILIARES)

 

La recusación de los funcionarios auxiliares en la administración de justicia se hará ante el Juez o Tribunal respectivo, cuyas resoluciones no admitirán recurso ulterior alguno.

 

 

Artículo 49.- (RECUSACION DE ARBITROS Y ARBITRADORES)

 

Los árbitros y arbitradores sólo serán recusables por causas que hubieren sobrevenido después del compromiso o que se ignoraren al tiempo de ser nombrados. Serán causas legales las mismas que para la recusación de los Jueces. aplicándose igual procedimiento en lo pertinente. (Arts, 33, 720, 721, 742)

 

 

 

TITULO II DE LAS PARTES

 

CAPITULO I Intervención y capacidad de las partes

 

Artículo 50.- (INTERVENCION ESENCIAL)

 

Las personas que intervienen en el proceso son esencialmente el demandante, el demandado y el Juez (Arts 1, 2, 7, 86, 327, 345, 348, 355, 664)

 

 

Artículo 51.- (INTERVENCION ACCESORIA)

 

I.         Concurrirán accesoriamente los fiscales cuando no representaren al Estado en calidad de actor o demandado, y los funcionarios auxiliares de la administración de justicia comprendidos en la Ley de Organización Judicial.

 

II.         También concurrirán accesoriamente los abogados peritos, intérpretes, depositarios, administradores, interventores, martilleros y comisionados. (Arts. 93, 161, 165, 264, 420, 430, 530, 549, 664, 776)

 

 

Artículo 52.- (CAPACIDAD)

 

Toda persona legalmente capaz podrá intervenir en el proceso y pedir la protección jurídica del Estado, ya sea directamente o mediante apoderado. (Arts. 54. 319)

 

 

Artículo 53.- (INCAPACIDAD)

 

Las personas legalmente incapaces sólo podrán intervenir por intermedio de sus padres o tutores. (Artículo 54)

 

 

Artículo 54.- (CAPACIDAD SOBREVINIENTE)

 

Si en el curso del proceso el incapaz se capacitare, continuará con éste los trámites. (Arts, 52. 53)

 

 

Artículo 55.- (MUERTE O INCAPACIDAD EN ACTUACION PERSONAL)

 

I.         Cuando la parte que actuare personalmente falleciera o se incapacitare, comprobado el hecho el Juez suspenderá la tramitación y citará a los herederos o al tutor mediante edictos para que en el plazo de treinta días se hagan presentes y asuman la defensa prosiguiendo el juicio en el estado en que se encontrare.

 

II.         Si el incapaz no tuviere tutor, el Juez, vencido aquel plazo le designará uno ad-litem.

 

III.        Si los herederos no se presentaren en el plazo señalado se declarará la perención o rebeldía. (Artículo 132)

 

 

Artículo 56.- (PERSONA JURIDICA)

 

Las sociedades legalmente constituidas, así como las corporaciones, entidades autárquicas, autónomas, cooperativas y comunidades, concurrirán por intermedio de sus representantes legales. (Arts l27, 329, 406)

 

 

Artículo 57.- (OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES)

 

Las partes al hacer uso de todas las facultades que les otorgaren las Leyes, estarán obligadas a comportarse con lealtad, corrección y decoro, bajo las sanciones y responsabilidades que el Juez podrá imponer en el curso del proceso o al dictar sentencia. (Arts. 3, 4, 184)

 

 

 

CAPITULO II Representación

 

Artículo 58.- (REPRESENTACION POR MANDATO)

 

La persona que se presentare en el proceso en nombre o representación de otra, deberá acompañar al primer escrito los documentos que demuestren su personería. (Arts. 336, 751)

 

 

Artículo 59.- (REPRESENTACION SIN MANDATO)

 

I.         El esposo o esposa por su cónyuge, los padres por los hijos y viceversa, el hermano por el hermano, los suegros por sus yernos y nueras y viceversa, podrán demandar, contestar y reconvenir siempre que no se tratare de acciones de carácter personalísimo, pero con protesta de que el principal, hasta antes de la sentencia, dará por bien hecho lo actuado en su nombre; prestará fianza de estar a las resultas.

 

II.         Si el principal no se hiciere presente hasta antes de la sentencia, se tendrá por inexistente lo actuado, condenándose al representante al pago de costas y en su caso al de daños y perjuicios. (Arts. 336, 550)

 

 

Artículo 60.- (EFECTOS DE LA ADMISION DE PERSONERIA)

 

Admitida la personería, el apoderado asume todas las responsabilidades que las Leyes le imponen y sus actos obligan al poderdante como si él personalmente los practicare. (Artículo 62)

 

 

Artículo 61.- (OBLIGACIONES DEL APODERADO)

 

El apoderado estará obligado a seguir todos los trámites del proceso mientras no cesare legalmente en el cargo. Hasta entonces las citaciones y notificaciones que se le hicieren incluso las sentencias definitivas, tendrán la misma fuerza que si se hicieren al poderdante, sin que le sea permitido pedir que se entiendan con éste. Exceptuándose los actos que por disposición de la Ley deberán ser notificados personalmente a la parte. (Arts. 70, 120)

 

 

Artículo 62.- (EXTENSION DEL PODER)

 

I.         El poder conferido para uno o más pleitos determinados, cualesquiera fueren sus términos, comprenderá la facultad de interponer y tramitar los recursos legales, ordinarios y extraordinarios.

 

II.         También comprenderá la facultad de intervenir en los incidentes y ejercitar todos los actos procesales, excepto aquellos para los cuales la Ley requiere facultad especial o que se hubieren reservado expresamente en el poder. (Arts. 60, 622)

 

 

Artículo 63.- (CESACION DE LA REPRESENTACION)

 

La representación de los apoderados cesará:

 

1)         Por revocación del mandato que conste en el expediente. En este caso, el poderdante deberá comparecer por sí o constituir nuevo apoderado bajo pena de continuarse el proceso en rebeldía. La sola presentación del mandante no revocará el poder.

 

2)         Por renuncia, caso en el cual el apoderado deberá, bajo pena de daños y perjuicios, continuar las gestiones hasta que venciere el plazo fijado por el Juez al poderdante para reemplazar al apoderado o comparecer por si. La fijación del plazo se hará bajo apercibimiento de continuarse el juicio en rebeldía. La resolución que así lo dispusiere deberá notificarse por cédula en el domicilio del mandante.

 

3)         Por haber cesado la personalidad con que litigaba la entidad poderdante.

 

4)         Por haber concluido la causa para la cual se le otorgó el poder.

 

5)         Por muerte o incapacidad del poderdante. En estos casos:

 

a)         El apoderado continuará ejerciendo su personería hasta que los herederos o el tutor tomaren la intervención que corresponda en el proceso.

 

b)         Mientras tanto, comprobado el deceso o la incapacidad, el Juez señalará un plazo para que los interesados concurran a estar a derecho, citándolos directamente si se conocieren sus domicilios, o, si no por edictos durante dos días consecutivos, bajo apercibimiento de continuar el proceso en rebeldía en el primer caso y de nombrar tutor ad-litem en el segundo.

 

c)         Cuando el deceso o la incapacidad del mandante hubiere llegado a conocimiento del mandatario, éste deberá dar aviso al Juez o Tribunal dentro del plazo de tres días, bajo pena de perder el derecho a cobrar los honorarios que devengare con posterioridad. En la misma sanción incurrirá el mandatario que omita indicar el nombre y domicilio de los herederos, o del tutor, si los conociere.

 

d)         Por muerte o inhabilidad del apoderado. Producido el caso, se suspenderá la tramitación del proceso y el Juez fijará al mandante un plazo para comparecer por sí o por nuevo apoderado, citándolo en la forma dispuesta en el inciso anterior. Vencido el plazo sin que el mandante cumpliere con el requerimiento, se continuará el proceso en rebeldía. (Arts. 827, 832, 833)

 

 

Artículo 64.- (RESPONSABILIDAD DE COSTAS)

 

Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal por el ejercicio del mandato, el mandatario deberá responder a su poderdante por las costas causadas por su culpa o negligencia exclusivas. El Juez, podrá de acuerdo con las circunstancias, establecer la responsabilidad solidaria del mandatario con el abogado patrocinante. (Artículo 198)

 

 

Artículo 65.- (UNIFICACION DE LA REPRESENTACION)

 

I.         Cuando actuaren en el proceso diversos litigantes con un interés común, el Juez, de oficio o a petición de parte y después de contestada la demanda, les intimará a unificar su representación siempre que hubiere compatibilidad en ella, que el derecho o fundamento de la demanda fuere el mismo o iguales las defensas. A este efecto fijará una audiencia, y si los interesados no concurrieren o no se avinieren en el nombramiento de representante único, designará eligiendo entre los que intervinieren en el proceso.

 

II.         La infracción no podrá disponerse si tratándose de un proceso ordinario, las partes, en el mismo acto, no llegaren a un acuerdo sobre la persona que ha de asumir la dirección letrada.

 

III.        Producida la unificación, el representante único tendrá respecto de sus mandantes, todas las facultades inherentes al mandato. (Arts. 66, 394)

 

 

Artículo 66.- (REVOCACION)

 

I.         Dispuesta la unificación, ella podrá ser revocada por acuerdo unánime de las mismas partes, o por el Juez a petición de alguna de ellas, siempre que hubiere motivo justificado. La revocación no producirá efectos mientras no tomare intervención el nuevo mandatario.

 

II.         La unificación se dejará sin efecto cuando desaparecieren los presupuestos mencionados en el primer parágrafo del Artículo anterior. (Artículo 65).

 

 

Artículo 67.- (LITIS CONSORCIO)

 

Varias personas podrán demandar o ser demandadas en el mismo proceso, cuando las acciones fueren conexas por el título, el objeto, o por ambos elementos a la vez. (Arts. 78, 328, 394, 407)

 

CAPITULO III Rebeldía

 

Artículo 68.- (DECLARACION DE REBELDIA)

 

La parte con domicilio conocido que siendo debidamente citada no compareciere durante el plazo de la citación o abandonare el juicio después de haber comparecido, será declarada rebelde a pedido de la otra o de oficio. Esta resolución se la notificará por cédula en su domicilio. Las notificaciones posteriores se harán en la secretaria del Juzgado. (Artículo 70)

 

 

Artículo 69.- (EFECTOS)

 

La rebeldía no impedirá que el juicio siga su curso legal y constituirá una presunción de verdad respecto a los hechos lícitos afirmados por quien obtuvo que se la declarare. (Arts. 72, 219, 477)

 

 

Artículo 70.- (NOTIFICACION CON LA SENTENCIA)

 

La sentencia se hará saber al rebelde en la misma forma que la citación con la demanda, según lo previsto en el Artículo 68. (Arts. 61, 120)

 

 

Artículo 71.- (MEDIDAS PRECAUTORIAS)

 

Desde el momento en que un litigante hubiere sido declarado rebelde, podrán decretarse, si la otra parte lo pidiere, las medidas precautorias necesarias para asegurar el objeto del juicio. (Arts. 73, 156)

 

 

Artículo 72.- (COMPARECENCIA DEL REBELDE)

 

Compareciendo el rebelde cesará la declaratoria de rebeldía, y aquél tomará su defensa en el estado en que se encontrare el proceso, previo pago de multa. (Arts. 69, 74, 77)

 

 

Artículo 73.- (SUBSISTENCIA DE LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS)

 

I.         Las medidas precautorias decretadas de acuerdo al Artículo 71 continuarán hasta la terminación del juicio, a menos que la parte afectada justificare haber incurrido en rebeldía por causas que no hubiere podido superar. Serán aplicables las normas sobre ampliación, sustitución o reducción de las medidas precautorias.

 

II.         Todas las peticiones atinentes a estas medidas se tramitarán por la vía incidental, sin detener el curso del proceso principal. (Arts. 175, 176)

 

 

Artículo 74.- (PRUEBA EN SEGUNDA INSTANCIA)

 

Si el rebelde hubiere comparecido pasado el término de prueba y apelare de la sentencia, a su pedido se recibirá la causa a prueba en segunda instancia sobre los hechos que se alegaren en la apelación. El término máximo será de veinte días. (Arts. 72, 219, 233).

 

CAPITULO IV Citación de evicción

 

Artículo 75.- (OPORTUNIDAD)

 

El demandado podrá pedir la citación de evicción dentro del plazo para oponer excepciones previas. La denegatoria será apelable sin recurso ulterior.

 

 

Artículo 76.- (NOTIFICACION)

 

El garante de evicción será citado en forma y con plazos iguales a los establecidos para el demandado y deberá asumir la defensa dentro del término de la contestación. Correrá a cargo del demandado activar las diligencias necesarias para el conocimiento del citado, bajo conminatoria legal. (Arts. 120, 345)

 

 

Artículo 77.- (ABSTENCION Y TARDANZA DEL CITADO)

 

I.         Si el citado no compareciere o habiendo comparecido no asumiere defensa, el juicio proseguirá con quien pidió la citación, salvos los derechos de éste contra aquél.

 

II.         Si el citado se presentare tomará la causa en el estado en que ella se encontrare. En la contestación podrá oponer las excepciones que no hubieren sido opuestas como previas. (Arts. 72, 342)

 

 

Artículo 78.- (DEFENSA POR EL CITADO)

 

Si el citado de evicción asumiere la defensa podrá obrar conjunta o separadamente con la parte que solicitó la citación, en el carácter de litis consorte. (Artículo 67)

 

 

CAPITULO V Beneficio de gratuidad

 

Artículo 79.- (PROCEDENCIA)

 

I.         El beneficio de gratuidad es personal e intransmisible. Será concedido únicamente a quien no tuviere medios económicos suficientes para litigar o hacer valer algún derecho fuera de la vía contenciosa, aunque tuviere lo indispensable para subsistir.

 

II.         Las instituciones de beneficencia pública gozarán de dicho beneficio, sin necesidad de previa declaratoria judicial. (Arts. 80, 81; Artículo 116 Const. Pol. del Estado).

 

 

 

Artículo 80.- (OPORTUNIDAD)

 

La solicitud podrá formularse antes de la demanda o en cualquier estado del proceso. (Arts. 79,

 

 

Artículo 81.- (REQUISITOS DE LA SOLICITUD)

 

La solicitud contendrá:

 

1)         La mención de los hechos en que se fundare, la necesidad de reclamar o defender judicialmente derechos propios, del cónyuge o de los hijos menores, así como la indicación del proceso que se iniciará o en el que se deberá intervenir.

 

2)         La indicación de la persona o personas con quien se litigare.

 

3)         El ofrecimiento de la prueba sobre la imposibilidad de obtener recursos pecuniarios para satisfacer los gastos judiciales. (Arts. 79, 80)

 

 

Artículo 82.- (TRAMITE)

 

I.         La solicitud deberá presentarse al Juez que conociere o debiere conocer de la causa principal, quien la sujetará al trámite del proceso sumarísimo.

 

II.         Si estuviere en curso el proceso principal, él no se interrumpirá debiendo sustanciarse la solicitud del beneficio como incidente en cuaderno separado, el cual se adjuntará al principal una vez resuelta la solicitud. (Arts. 149, 318)

 

 

Artículo 83.- (RESOLUCION)

 

El Juez, sin necesidad de otro trámite, resolverá la solicitud o incidente dentro de tres días, acordando el beneficio total o parcialmente o negándolo.

 

La resolución será apelable en el efecto devolutivo, sin recurso ulterior. (Artículo 225)

 

 

Artículo 84.- (CARACTER DE LA RESOLUCION)

 

I.         La resolución que concediere o negare el beneficio no causará ejecutoria y será revisable.

 

II.         La que lo concediere podrá ser dejada sin efecto a petición de la otra parte, cuando se demostrare incidentalmente que el beneficiario no tiene ya derecho al beneficio.

 

III.        Si fuere denegatoria, el interesado podrá ofrecer otras pruebas y solicitar una nueva resolución. (Artículo 514)

 

 

Artículo 85.- (BENEFICIOS)

 

I.         Quien obtuviere el beneficio de gratuidad:

 

1)         Podrá usar para sus peticiones papel común, sin timbre.

 

2)         Estará eximido de los depósitos judiciales para interponer sus recursos.

 

3)         Tendrá derecho a que se le designe defensor.

 

4)         Estará exento, parcial o totalmente, de las costas o gastos judiciales hasta que mejore de fortuna. Si venciere en el pleito, deberá pagar las causadas en su defensa hasta la concurrencia máxima de la tercera parte de los valores que reciba.

 

II.         Los profesionales tendrán derecho al pago de sus honorarios provenientes de la condenación en costas al adversario. (Arts. 198, 258)

 

 

TITULO III DE LOS ACTOS PROCESALES

 

CAPITULO I Normas procesales

 

Artículo 86.- (INICIACION DEL PROCESO)

 

La iniciación del proceso incumbirá a las partes. El Juez lo iniciará de oficio sólo cuando lo estableciere la Ley. (Arts. 50, 186)

 

 

Artículo 87.- (DIRECCION)

 

Corresponderá al Juez la dirección del proceso, de acuerdo con las disposiciones de este Código. (Arts. 2 a 4)

 

 

Artículo 88.- (ECONOMIA)

 

Tanto el Juez como los auxiliares de la administración de justicia, tomarán las medidas necesarias para lograr la mayor economía en la realización del proceso. (Artículo 3)

 

 

Artículo 89.- (CONCENTRACION)

 

Los actos procesales deberán realizarse sin demora, procurándose abreviar los plazos y concentrar en un mismo acto o audiencia todas las diligencias que fueren menester. (Arts. 119. 133, 139)

 

 

Artículo 90.- (CUMPLIMIENTO DE NORMAS PROCESALES)

 

I.         Las normas procesales son de orden público y, por tanto, de cumplimiento obligatorio, salvo autorización expresa de la Ley.

 

II.         Las estipulaciones contrarias a lo dispuesto en este Artículo serán nulas. (Arts, 1, 252)

 

 

 

 

Artículo 91.- (INTERPRETACION DE LAS NORMAS PROCESALES)

 

Al interpretar la Ley Procesal, el Juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procesos es la efectividad de los derechos reconocidos por la Ley Sustantiva. En caso de duda deberá atender a los principios constitucionales así como a los principios generales del derecho procesal. (Arts. 1, 193)

 

 

 

CAPITULO II Escritos

 

Artículo 92.- (REDACCION)

 

I.         Los escritos de las partes deberán ser redactados en idioma español, en máquina de escribir o a mano en forma fácilmente legible, en el papel sellado y con los timbres de Ley.

 

II.         Se indicará en ellos el Juez o Tribunal ante el cual son dirigidos, con los nombres de las partes y la individualización del proceso.

 

III.         Llevarán en la parte superior, una suma o resumen del petitorio y al final la fecha del escrito.

 

IV.         Serán firmados por la parte presentante. (Arts. 99, 327, 346, 348)

 

 

Artículo 93.- (FIRMA DEL ABOGADO)

 

Todo escrito, en cualquier proceso, deberá llevar la firma de abogado, requisito sin el cual no será admisible, excepto en los procesos sumarísimos. En cuestiones de mero trámite el abogado podrá firmar por la parte momentáneamente ausente o impedida. (Arts. 51, 99)

 

 

Artículo 94.- (ESCRITO FIRMADO A RUEGO)

 

Cuando el presentante no supiere o no pudiere firmar, pondrá su impresión digital y comparecerá personalmente manifestando haber hecho firmar el escrito a ruego con su abogado u otra persona, lo cual el secretario hará constar en el cargo. (Artículo 99)

 

 

Artículo 95.- (COPIAS)

 

Todo escrito se presentará con tantas copias claramente legibles cuantas fueren las personas a ser citadas o notificadas. (Arts. 99, 299)

 

 

Artículo 96.- (CARGO)

 

A todo escrito que se presentare se le pondrá cargo, con la constancia de los documentos que se acompañaren y del día y hora de presentación. El cargo será puesto en letra legible o con fechador mecánico al pie del escrito, y será firmado por el secretario o actuario y en su defecto por el auxiliar. (Arts. 97, 98)

 

 

Artículo 97.- (PRESENTACION EN CASO DE URGENCIA)

 

En caso de urgencia, y estando por vencer algún plazo perentorio, los escritos podrán ser presentados en la casa del secretario o actuario, quien hará constar esta circunstancia en el cargo. Si no fueren encontrados, el escrito podrá presentarse ante otro secretario o actuario o ante un notario de fe pública del respectivo asiento judicial. (Artículo 96)

 

 

Artículo 98.- (CONSTANCIA DE ENTREGA)

 

El secretario o actuario, a pedido del interesado, hará constar la presentación del escrito y documento en su caso, transcribiendo el cargo en las copias que el presentante hubiere reservado para sí. (Artículo 96)

 

 

Artículo 99.- (NO ACEPTACION DE ESCRITOS)

 

Los secretarios y actuarios no recibirán los escritos que no estuvieren arreglados a lo dispuesto en el capítulo presente. (Arts. 92 a 95)

 

 

Artículo 100.- (REPRODUCCION DE RESOLUCIONES)

 

Toda resolución que dictaren los Jueces y Tribunales será reproducida por el secretario o actuario al pie de las copias que hubieren sido acompañadas, autorizando la reproducción con su firma y sello. (Artículo 134)

 

 

Artículo 101.- (CONSTITUCION DE DOMICILIO)

 

El actor, el demandado y los demás que comparecieren en el proceso estarán obligados, para los efectos del juicio, a constituir en su primer escrito domicilio dentro del radio de diez cuadras con respecto al local del Juzgado en las capitales de departamento y de tres en las provincias. Este domicilio se reputará subsistente para todos los efectos legales mientras no se haya designado otro. (Arts. l0, 133, 231, 346, 413, 450, 540, 649)

 

 

CAPITULO III Audiencias

 

Artículo 102.- (NORMAS GENERALES)

 

Las audiencias, salvo disposición contraria expresa, se ajustarán a las normas siguientes:

 

1)         Serán públicas, a menos que por motivos atendibles se dispusiere lo contrario.

 

2)         Serán señaladas con anticipación no menor de tres días, a menos que razones de urgencia exigieren mayor brevedad.

 

3)         El señalamiento importará apercibimiento de celebrarse la audiencia con cualquiera de las partes concurrentes.

 

4)         Empezarán a la hora señalada. Los citados tendrán obligación de esperar sólo treinta minutos.

 

5)         El secretario o actuario sentará acta haciendo una relación abreviada de lo ocurrido y de lo expresado por las partes.

 

6)       El mismo día el acta será firmada por el Juez y el secretario o actuario, a más tardar dentro de las veinticuatro horas siguientes. (Arts. 390, 416, 452, 501, 653, 713, 760)

 

 

Artículo 103.- (VERSION TAQUIGRAFICA O GRABADA)

 

I.         A pedido de parte podrá ordenarse que a su costa se tome versión taquigráfica de lo ocurrido o que se registre mediante grabación u otro medio técnico. El o los taquígrafos serán designados por el Juez.

 

II.         La versión taquigráfica será firmada en cada hoja por el Juez y el taquígrafo. Este entregará el original taquigráfico y su versión articulada a más tardar dentro de las veinticuatro horas inmediatas a la audiencia, y ambos documentos se adjuntarán al expediente previa revisión del Juez, quien firmará, junto con el taquígrafo, también la versión articulada del original taquigráfico en cada una de sus hojas.

 

III.         El Juez en cualquier momento, y las partes dentro de los tres días siguientes, podrán pedir que el taquígrafo aclare o revise la versión articulada, en el término de cuarenta y ocho horas, vencido el cual dispondrán de otro término igual para dejar constancia escrita de su inconformidad con la versión final del acta.

 

IV.         Cuando se usen medios mecánicos de grabación, como auxiliares para elaborar el acta, ésta deberá ser firmada también por quien manejó los aparatos. Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes las partes podrán solicitar verbalmente se confronte el acta con la grabación, la cual, para este efecto, se conservará durante dicho término. (Arts. 418, 471)

 

 

CAPITULO IV Expedientes

 

Artículo 104.- (FORMACION)

 

De todo proceso se formará un expediente que permanecerá en el Juzgado para el examen de las partes y todos los que tuvieren interés legítimo. (Artículo 384)

 

 

Artículo 105.- (DEPOSITOS JUDICIALES)

 

Todo certificado de depósito judicial se agregará al expediente, haciendo constar su número, valor, fecha y el nombre del depositante.

 

 

Artículo 106.- (TESTIMONIOS Y CERTIFICADOS)

 

I.         De cualquier expediente judicial podrán las partes obtener testimonio íntegro o parcial, o certificado sobre los puntos que les interesen.

 

II.         La francatura de tales documentos deberá ser ordenada por el juez, con citación de la parte contraria. (Artículo 400)

 

 

Artículo 107.- (PRESTAMO DE EXPEDIENTES)

 

I.         Los expedientes podrán ser retirados del Juzgado bajo la responsabilidad de los abogados y de peritos únicamente en los casos siguientes:

 

1)         Por los abogados: para formular sus conclusiones para sentencia, para apelar de ella, para recurrir de casación y para contestar cualquiera de estos recursos.

 

2)         Los peritos: para el cumplimiento de su cometido, siempre que en concepto del juez fuere necesario el préstamo del expediente.

 

3)         Cuando el Juez lo dispusiere por resolución fundada.

 

II.         En los casos previstos en los dos últimos incisos el Juez fijará el plazo dentro del cual deberán ser devueltos. (Arts. 108, 136, 238, 394).

 

 

Artículo 108.- (DEVOLUCION)

 

Si el responsable no devolviere los expedientes en los plazos legales o en los que hubiere fijado el Juez, pagará la multa establecida por la Ley, sin perjuicio de ser apremiado. (Artículo 107)

 

 

Artículo 109.- (PERDIDA Y REPOSICION DE EXPEDIENTES)

 

Comprobada la pérdida de un expediente o de alguna de sus piezas, el Juez, sin perjuicio de denunciar el hecho al Ministerio Fiscal para la acción penal respectiva, ordenará la reposición, la cual se hará en la forma siguiente:

 

1)         El nuevo expediente se iniciará con la providencia de reposición.

 

2)         El Juez intimará a la parte actora, o iniciadora de las actuaciones en su caso, para presentar en el plazo de cinco días las copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder. De ellas se correrá traslado a la otra u otras partes a fin de que se manifiesten sobre su autenticidad y presenten, a su vez, las que ellas tuvieren. En este último supuesto, también se correrá traslado a las demás partes, con plazo igual.

 

3)       El secretario o actuario agregará las copias de todas las resoluciones correspondientes al expediente extraviado que figuraren en los libros del Juzgado, informará sobre el estado de la causa de acuerdo a sus libros y recabará las copias de los actos y diligencias que pudieren obtenerse en las oficinas y archivos públicos.

 

4)         Las copias que se presentaren y obtuvieren serán agregadas al expediente en orden cronológico.

 

 

5)       El Juez podrá ordenar sin sustanciación ni recurso alguno otras medidas que considerare necesarias. Cumplidos los trámites enumerados dictará resolución dando por repuesto el expediente y dispondrá la prosecución de la causa.

 

6)        Cuando el extravío o pérdida fuere sólo de alguna o algunas piezas, el juez, de acuerdo a lo dispuesto en los incisos anteriores ordenará la reposición, sin suspender, si esto fuere posible, la continuación de la causa.

 

7)         Los gastos de reposición estarán a cargo de los secretarios y actuarios, excepto en el caso del Artículo 112. (Arts. 110, 111)

 

 

Artículo 110.- (REPOSICION EN TRIBUNALES DE APELACION)

 

Si el extravió o pérdida se produjere en un Juzgado o Tribunal de apelación el incidente repositorio se remitirá al Juez de primera instancia para proceder conforme al Artículo anterior. Hecha la reposición, el inferior elevará obrados al tribunal o Juez de apelación para que éste a su vez haga lo que le corresponda.

 

 

Artículo 111.- (REPOSICION EN TRIBUNALES DE CASACION)

 

Procedimiento igual se adoptará cuando la pérdida se produjere en un Tribunal o Juzgado de Casación, debiendo el Juez de Primera Instancia, después de cumplir todo lo dispuesto en el Artículo 109, remitir obrados al Juez o Tribunal de apelación a fin de que éste haga lo propio y en definitiva remita a su vez los actuados repuestos al Tribunal o Juez de casación.

 

 

Artículo 112.- (SANCIONES)

 

Si se comprobare que la pérdida de un expediente o piezas de él fuere imputable a algún profesional, éste, sin perjuicio de su responsabilidad civil y penal, será pasible de la multa que fijare el Juez según la gravedad del caso.

 

 

 

CAPITULO V Comisiones

 

Artículo 113.- (COMISIONES A OTRAS AUTORIDADES)

 

Cuando el Juez tuviere que realizar alguna diligencia dentro de su jurisdicción y no pudiere cumplirla personalmente, podrá encomendarla a otras autoridades judiciales, y sólo a falta de éstas, a las administrativas. (Arts. 114, 123)

 

 

Artículo 114.- (EXHORTOS Y ORDENES INSTRUIDAS)

 

Cuando tuvieren que realizarse diligencias judiciales fuera de su jurisdicción pero dentro del territorio nacional, el Juez librará exhortos para los de igual jerarquía y órdenes instruidas para los de jerarquía inferior. Si tuviera que encomendarse a una autoridad del exterior, se hará mediante exhorto (Arts 113, 123, 389, 561)

 

 

Artículo 115.- (PROVISIONES)

 

La Corte Suprema y las Cortes Superiores del Distrito, a petición de parte, se dirigirán a sus inferiores inmediatos por medio de provisiones compulsorias, citatorias o ejecutorias, para que sin excusa alguna cumplan y ejecuten lo que se les hubiere ordenado. (Arts. 116, 291, 300, 514,769)

 

 

Artículo 116.- (FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROVISIONES)

 

I.         Las provisiones serán libradas a nombre de la Nación y contendrán el de la Corte que la despacha y el de los Tribunales o Jueces inferiores a quienes se dirige.

 

II.         En las provisiones compulsorias y citatorias, se insertarán los escritos de las partes y las resoluciones de la Corte, señalándose un término prudencial para su cumplimiento. En las ejecutorias se insertará testimonio de la sentencia y auto de vista. Todas ellas concluirán con el mandato relativo a su objeto y con la conminatoria respectiva para el caso de incumplimiento. (Artículo 115)

 

 

Artículo 117.- (CARTAS ACORDADAS)

 

I.         Las cortes podrán también despachar cartas acordadas a sus inferiores inmediatos, en los casos siguientes:

 

1)         Para la ejecución de las sanciones impuestas a Jueces, abogados, peritos, funcionarios auxiliares o dependientes.

 

2)         Cuando en causas de oficio fuere necesaria la citación u otra diligencia.

 

3)         Para cobrar las costas y multas que se hubieren impuesto y remitir su producto donde corresponda.

 

4)         Para incitarles a administrar justicia dentro de los términos legales, cuando los litigantes se hubieren quejado de retardo.

 

II.         Las cartas acordadas serán suscritas por el secretario de cámara y refrendadas por el Ministro o Vocal de Semana.

 

 

Artículo 118.- (COMUNICACION A AUTORIDADES NO JUDICIALES)

 

Cuando los Tribunales y Jueces debieren hacer saber sus resoluciones a autoridades no judiciales lo harán por oficio y en casos de urgencia por telegrama, radiograma u otro medio similar.

 

 

CAPITULO VI Citaciones y notificaciones

 

SECCION I Citación

 

Artículo 119.- (PLAZO PARA LA CITACION)

 

La citación con la demanda y reconvención se hará dentro de las veinticuatro horas siguientes al día en que se hubiere dictado la providencia correspondiente. (Arts. 89, 133)

 

 

Artículo 120.- (CITACION PERSONAL)

 

I.         La citación con la demanda y reconvención se hará a la parte en persona entregándole copia de la demanda y providencia, lo cual deberá constar en la diligencia respectiva, con indicación de lugar, fecha y hora, firmando el citado y el funcionario.

 

II.         Si el citado rehusare o ignorare firmar o estuviere imposibilitado, se hará constar en la diligencia con intervención de testigo. (Arts. 61, 70, 128, 130, 133, 334, 493).

 

 

Artículo 121.- (CITACION POR CEDULA)

 

I.         Si el que debe ser citado no fuere encontrado en su domicilio o en el que para tal efecto hubiere indicado el demandante, el oficial de diligencias o el funcionario comisionado para practicar la citación dejará aviso escrito a cualquiera de los familiares o dependientes mayores de catorce años, y en su defecto a un vecino del que debe ser citado, con la advertencia de que éste será buscado nuevamente el día hábil siguiente a hora determinada.

 

II.         Si no pudiere ser hallado esta segunda vez, el funcionario formulará representación escrita haciendo constar las circunstancias anotadas, en vista de las cuales el Juez ordenará que la citación se practique por cédula, con intervención de la policía judicial o en su caso de un testigo que será debidamente identificado y firmará también en la diligencia. La cédula será entregada a cualquiera de las personas mencionadas en el parágrafo I o fijada en la puerta del domicilio.

 

III.         Si la citación por cédula se hubiere hecho en el domicilio indicado por el demandante y tal domicilio resultare ser falso, la diligencia será nula. (Arts. 122, 128)

 

 

Artículo 122.- (CONTENIDO DE LA CEDULA)

 

I.         La cédula de notificación contendrá los datos siguientes inequívocamente expresados:

 

1)         El nombre y domicilio de la persona a quien se va a notificar.

 

2)         Juzgado que tramita el proceso.

 

3)         Naturaleza del proceso.

 

4)         Objeto de la notificación.

 

5)         Transcripción de la parte pertinente de la resolución.

 

6)         Firma y sello del secretario o actuario que la expide.

 

II.         Pueden constituir cédula, las copias de escritos, informes de peritos y liquidaciones que contuvieren la transcripción de la respectiva providencia o resolución del Juez, autenticadas con la firma y sello del Secretario o Actuario. (Arts. 121,128, 413)

 

 

Artículo 123.- (CITACION POR COMISION)

 

I.         Cuando el que deba ser notificado no tuviere su domicilio o no se encontrare en el lugar donde se le demanda, será citado por comisión.

 

II.         Si el demandado residiere fuera de la República, la citación se hará por comisión mediante exhorto o conforme a los acuerdos internacionales y reglamentaciones correspondientes. (Arts. 113, 128, 146).

 

 

Artículo 124.- (CITACION POR EDICTO)

 

I.         La citación a persona cuyo domicilio se ignorare se hará mediante edicto, bajo apercibimiento de nombrársele defensor de oficio con quien se seguirá el proceso.

 

II.         De igual modo se procederá cuando la demanda estuviere dirigida contra otras personas desconocidas.

 

III.        En cualquiera de los casos antes señalados el Juez dispondrá la citación por edicto sólo después de que el demandante hubiere prestado juramento de ser ciertas las circunstancias anotadas.

 

IV.         Si transcurridos treinta días desde la primera publicación del edicto, el citado no compareciere, se le nombrará defensor que lo represente en el proceso. El defensor deberá tratar de hacer legar a conocimiento del interesado la existencia de la demanda. (Arts. 125, 128, 695)

 

 

Artículo 125.- (PUBLICACION DEL EDICTO)

 

I.         El edicto se fijará por el término de treinta días en el tablero especial de la casa de justicia y se publicará durante el mismo término en el diario autorizado por la Corte Superior del Distrito, por tres veces, con intervalos no menores cíe cinco días. Cuando en la localidad no existieren publicaciones diarias, el edicto se publicará en la radiodifusora autorizada por la Corte Superior del Distrito con el término e intervalos antes indicados. A falta de diarios y radio difusoras el Juez podrá disponer la publicación del edicto en la forma que asegure su mayor difusión.

 

II.         La publicación y la radiodifusión de los edictos se acreditarán agregando al proceso los números del diario correspondiente a la primera y tercera vez, o el certificado de la emisora con el texto del edicto. (Arts. 14, 126, 128, 568, 649, 700)

 

 

 

Artículo 126.- (CONTENIDO DEL EDICTO)

 

El edicto tendrá los datos siguientes:

 

1)         Nombre de la persona a quien se va a citar.

 

2)         Juzgado que tramita el proceso.

 

3)         Naturaleza del proceso.

 

4)         Síntesis de los puntos esenciales de la demanda.

 

5)         Transcripción de la resolución del Juez. (Arts. 124, 128, 568)

 

 

Artículo 127.- (CITACION AL ESTADO Y A PERSONA JURIDICA)

 

I.         Cuando el Estado fuere el demandado, será citado en la persona del Fiscal y el Jefe de la repartición correspondiente.

 

II.         Si la demanda fuere contra una persona jurídica la citación se hará a su personero o representante legal. (Arts. 52, 56, 406).

 

 

Artículo 128.- (NULIDAD DE LA CITACION)

 

Será nula toda renuncia a la citación, con la demanda o la reconvención. Asimismo será nula toda citación que no se ajuste a los preceptos establecidos en el capítulo presente. (Arts. 120 a 126, 414)

 

 

Artículo 129.- (FALTA DE FORMA EN LA CITACION)

 

I.         Toda nulidad por falta de forma en la citación, quedará cubierta si no es reclamada antes o a tiempo de la contestación.

 

II.         La parte que sin ser citada legalmente hubiere contestado la demanda no podrá acusar falta ni nulidad de la citación. (Artículo 128)

 

 

Artículo 130.- (EFECTO DE LA CITACION)

 

La citación con la demanda o reconvención producirá los efectos siguientes:

 

1)         El Juez adquirirá prevención en el conocimiento de la causa. El citado por un Juez no podrá ser citado después por otro en el mismo asunto.

 

2)         Interrumpirá la prescripción y causará los efectos previstos por el Código Civil.

 

3)         Hará correr los intereses legales, a falta de los convencionales, desde el día de la citación, salva disposición contraria de la Ley.

 

4)         Hará moroso al deudor en las obligaciones sin término ni condición dando lugar a los daños, perjuicios y costas.

 

5)         Obligará al poseedor a restituir los frutos percibidos después de la citación. (Arts. 7, 120, 489)

 

 

Artículo 131.- (OBLIGACION DEL CITADO)

 

El citado tendrá obligación de comparecer o constituir apoderado en el término del emplazamiento, bajo conminatoria de ser declarado rebelde. (Artículo 68)

 

 

Artículo 132.- (CASO DE FALLECIMIENTO DEL CITADO)

 

Si antes de contestada la demanda muriere la persona citada, se citará nuevamente a sus herederos, bajo pena de nulidad. (Arts. 55, 251)

 

SECCION II Notificaciones

 

Artículo 133.- (NORMA GENERAL)

 

Después de las citaciones con la demanda y la reconvención, toda actuación judicial deberá ser inmediatamente notificada en la secretaría del Juzgado a las partes. Para tal fin cualesquiera interesados que actúen en el proceso concurrirán a la secretaría cuando menos los días martes y viernes para notificarse con las actuaciones que se hubieren producido; si estos días fueren feriados asistirán al día hábil siguiente. (Arts. 89, 101 119, 134, 540)

 

 

Artículo 134.- (NOTIFICACIÓN EN EL JUZGADO)

 

Cuando la parte a quien debe notificarse concurriere al Juzgado será notificado por el secretario o cualquiera de los otros funcionarios, quienes le facilitarán la actuación respectiva para su lectura, y le entregarán las copias que corresponda. Acto continuo se sentará diligencia de la notificación, que suscribirán el funcionario y el interesado si este no pudiere o se negare, se dejará constancia. (Arts. 100, 133, 540).

 

 

Artículo 135.- (NOTIFICACION EN CASO DE INCONCURRENCIA)

 

I.         Si transcurrido el día martes o viernes subsiguientes al día de la providencia o actuación que debe notificarse la parte no hubiere concurrido al Juzgado, se tendrá por efectuada la notificación y se sentará la diligencia respectiva. Los términos comenzarán a correr el día hábil siguiente.

 

II.         No se considerará cumplida la notificación si el expediente o la actuación no se encontrare en secretaría y se hiciere constar esta circunstancia en el libro respectivo, quedando en tal caso postergada la notificación para el martes o viernes subsiguiente. (Arts. 133, 137,540)

 

 

Artículo 136.- (NOTIFICACION TACITA)

 

La saca del expediente en los casos permitidos por la Ley, importará la notificación con todas las resoluciones. (Arts. 107, 133)

 

 

 

Artículo 137.- (EXCEPCION)

 

I.         La notificación en la forma dispuesta por el Artículo 135 no podrá practicarse cuando se trate de las resoluciones siguientes:

 

1) La que ordenare absolución de posiciones o confesión provocada. (Arts. 413 a 415)

 

2)         La que ordenare asistencia personal de las partes o de una de ellas.

 

3)         La que declarare la cuestión de puro derecho y la que ordenare la apertura de prueba. (Arts. 364, 370, 371)

 

4)         Las sentencias y autos interlocutorios definitivos.

 

5)        Las que contuvieren conminatorias u ordenaren reanudaciones de términos, aplicaren correcciones disciplinarias o hicieren saber medidas precautorias o su modificación o levantamiento.

 

6)         La primera providencia que recayere en el pedido inicial de ejecución de sentencia.

 

7)         La que dispusiere citación a personas extrañas al proceso.

 

8)         La que corriere en traslado excepciones tendientes a destruir la acción. (Artículo 338).

 

9)         La que corriere en traslado la presentación de documentos hecha en el caso del Artículo

 

10)         Las providencias expresamente dispuestas por el Juez.

 

II.         Las notificaciones en todos estos casos se harán por cédula en los domicilios señalados por las partes para los efectos del proceso, a menos que ellas hubieren sido notificadas personalmente.

 

 

Artículo 138.- (NOTIFICACIONES Y EMPLAZAMIENTOS A TESTIGOS Y OTRAS PERSONAS)

 

Las notificaciones y emplazamientos a testigos, peritos y otras personas que no sean parte principal en el proceso, se efectuará por cédula bajo apercibimiento de que si desobedecen a lo mandado, serán pasibles de multa sin perjuicio de ser procesados penalmente. (Arts. 432, 453)

 

 

CAPITULO VII Plazos procesales

 

Artículo 139.- (CARACTER)

 

I.         Los plazos legales o judiciales señalados en este Código a las partes para la realización de los actos procesales, serán perentorios e improrrogables, salvo disposición contraria.

 

II.         Cuando la Ley no fijare expresamente un plazo lo señalará el Juez atendiendo a la naturaleza del proceso y la importancia de la diligencia. (Arts. 89, 140, 220, 257, 298, 309, 341, 510, 688, 780)

 

 

Artículo 140.- (COMIENZO).

 

I.         Los plazos procesales comenzarán a correr desde el día hábil siguiente a la citación o notificación con la resolución judicial respectiva.

 

II.         Los plazos comunes para ambas partes correrán desde el día hábil siguiente a la última notificación. (Arts. 139, 141)

 

 

Artículo 141.- (TRANSCURSO)

 

Los plazos transcurrirán ininterrumpidamente y sólo se suspenderán durante las vacaciones judiciales. Sin embargo, podrán declararse en suspenso por circunstancias de fuerza mayor que hicieren imposible la realización del acto pendiente. (Arts. 139, 150, 383; Arts. 253, 254 Ley de Organización Judicial)

 

 

Artículo 142.- (VENCIMIENTO)

 

Los plazos quedarán vencidos en el último momento hábil del día respectivo. (Artículo 394)

 

 

Artículo 143.- (DIAS Y HORAS HABILES)

 

I.         Las actuaciones y diligencias, judiciales se practicarán en días y horas hábiles, bajo pena de nulidad.

 

II.         Serán días hábiles todos los del año, excepto los declarados feriados por Ley.

 

III.        Serán horas hábiles las señaladas por el Artículo 249 de la Ley de Organización Judicial; pero respecto a diligencias que los Jueces y funcionarios auxiliares o dependientes deberán practicar fuera del Juzgado, serán horas hábiles las que median entre las 6 y las 18 horas. (Arts. l44, 636; Arts. 249 a 252 Ley de Organización Judicial).

 

 

Artículo 144.- (HABILITACION EXPRESA)

 

A pedido de parte o de oficio, se podrán habilitar los días y horas inhábiles, para realizar diligencias y actuaciones sin el cumplimiento de las cuales pudiere correr grave riesgo el ejercicio de un derecho. (Arts. 143, 760)

 

Artículo 145.- (HABILITACION TACITA)

 

La diligencia o actuación iniciada en día y hora hábil podrá llevarse hasta su conclusión en tiempo inhábil sin necesidad de habilitación expresa. Si no pudiera terminarse en el día, el Juez o Tribunal fijará en el mismo acto hora para continuar al día siguiente. (Artículo 143)

 

 

Artículo 146.- (PLAZO DE LA DISTANCIA)

 

Para toda diligencia que debiera practicarse fuera del asiento del Juzgado o Tribunal, pero dentro de la República, se ampliarán los plazos fijados por este Código a razón de un día por cada doscientos kilómetros  o  cada  fracción  que  no  baje de cien, siempre que exista transporte aéreo, ferroviario o de

 

carretera. Si no hubiere estos servicios la ampliación será de un día por cada sesenta kilómetros. (Arts. 123, 386, 389)

 

 

Artículo 147.- (ABREVIACION DE PLAZOS)

 

Las partes podrán acordar, mediante manifestación expresa por escrito, que se abrevie un plazo. (Artículo 90)

 

 

Artículo 148.- (SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO)

 

Las partes podrán acordar, igualmente por escrito, se suspendan los trámites del proceso, por una sola vez y por un plazo determinado que no podrá exceder de noventa días. (Arts. 90, 313, 383)

 

 

CAPITULO VIII Incidentes

 

Artículo 149.- (PRINCIPIO)

 

Toda cuestión accesoria que surgiere en relación con el objeto principal de un litigio se tramitará por la vía incidental. (Arts. 82, 150, 178, 217, 668)

 

 

Artículo 150.- (PROSECUCION DEL PROCESO PRINCIPAL)

 

Los incidentes no suspenderán la tramitación del proceso principal, a menos que hubiere disposición expresa de la Ley o que, en casos excepcionales, así lo resolviere el Juez cuando fuere indispensable por la naturaleza de la cuestión planteada. (Artículo 141).

 

 

Artículo 151.- (RECHAZO)

 

Si el incidente promovido fuere de improcedencia manifiesta e] Juez deberá rechazarlo sin más trámite. (Artículo 155)

 

 

Artículo 152.- (TRAMITE)

 

Si el incidente fuere admitido se correrá traslado a la otra parte para contestarlo dentro de tres días perentorios, vencidos los cuales, si hubiere cuestiones de hecho que probar, el Juez abrirá de inmediato el plazo probatorio de seis días. (Arts. 370, 371, 559)

 

 

Artículo 153.- (RECEPCION DE LA PRUEBA)

 

Si para la recepción de la prueba se requiere audiencia, el Juez la señalará de inmediato adoptando las medidas adecuadas para recibir en ella toda la prueba. En caso necesario se podrá señalar hasta una segunda audiencia, siempre dentro del plazo de prueba incidental. (Artículo 452).

 

 

Artículo 154.- (RESOLUCION)

 

I.         Contestado el traslado o vencido el plazo, o recibida la prueba, o si ninguna de las partes la ofreciere ni se ordenare de oficio, el Juez, sin más trámite, dictará resolución.

 

II.         Si existiere dos o más incidentes en estado de resolución podrán ser decididos en un mismo auto. (Arts. 155, 158)

 

 

Artículo 155.- (SANCIONES)

 

I.         La resolución que rechazare un incidente contendrá condenación en costas y multa, que se aumentará en progresión geométrica, hasta cinco veces, en caso de nuevos incidentes rechazados a la misma parte.

 

II.         La resolución también contendrá, en su caso, la declaratoria de temeridad por la conducta del incidentista o su abogado imponiéndoles, según la gravedad de ella, una multa. individual o conjunta, en favor de la parte victoriosa. (Arts. 151, 158)

 

 

CAPITULO IX Medidas precautorias

 

Artículo 156.- (PETICION DE MEDIDAS PRECAUTORIAS)

 

Antes de presentarse la demanda o durante la sustanciación del proceso pueden pedirse las medidas precautorias siguientes:

 

1)         Anotación preventiva.

 

2)         Embargo preventivo.

 

3)         Secuestro.

 

4)         Intervención.

 

5)         Prohibición de celebrar actos o contratos sobre bienes determinados. (Arts. 71, 164, 167, 173, 175, 196. 548; Artículo 1444 del Código Civil).

 

 

Artículo 157.- (ANOTACION PREVENTIVA)

 

I.         Quien demandare la propiedad de inmuebles, o la constitución, modificación o extinción de un derecho real sobre inmuebles u obtenga embargo podrá pedir la anotación preventiva conforme a lo dispuesto en el Artículo 1552 del Código Civil.

 

II.         También procederá la anotación preventiva en acciones sobre muebles sujetos a registro. (Arts. 496, 502)

 

 

Artículo 158.- (EMBARGO PREVENTIVO)

 

El acreedor de una deuda en dinero o especie podrá pedir el embargo preventivo cuando:

 

1)         El deudor no tuviere domicilio en la República.

 

2)         La existencia del crédito estuviere demostrada por documento público o privado reconocido y siempre que la obligación no se encontrare suficientemente garantizada.

 

3)       El coheredero, el condómino o el socio, con respecto a los bienes de la herencia, del condominio o de la sociedad, respectivamente, se acreditarán la verosimilitud del derecho y el peligro de la demora.

 

4)       Se hubiere de pedir, respecto del bien demandado la reivindicación, división de herencia, nulidad de testamento o simulación, siempre que se presentare prueba documental que hiciere verosímil la pretensión deducida. (Arts. 159, 449, 505).

 

 

Artículo 159.- (MANDAMIENTO)

 

I.         El mandamiento contendrá la indicación de que el embargo deberá limitarse a los bienes necesarios para cubrir el crédito reclamado y las costas; la autorización a los funcionarios encargados de ejecutarlo para solicitar el auxilio de la fuerza pública y el allanamiento en caso de resistencia; la constancia de que se previene al deudor a abstenerse de cualquier acto respecto de los bienes objeto de la medida que pudiere causar disminución en la garantía del crédito, bajo el apercibimiento de la Ley.

 

II.         El deudor podrá continuar con el uso de la cosa mientras no se dispusiere el secuestro o la administración judicial de lo embargado. (Artículo 500 ).

 

 

Artículo 160.- (DEPOSITO)

 

Cuando los bienes embargados fueren muebles se designará depositario, pero si los muebles susceptibles al embargo fueren los de la casa en que vive el deudor, éste será constituido en depositario de ellos, a menos que por circunstancias especiales ello no fuere posible. (Arts. 161, 504, 585).

 

 

Artículo 161.- (OBLIGACION DEL DEPOSITARIO)

 

El depositario de muebles embargados, deberá, sin excusa alguna, bajo conminatoria de apremio presentarlos dentro de las veinticuatro horas de haber sido intimado judicialmente. (Artículo 160; Artículo 844 Código Civil).

 

 

Artículo 162.- (SECUESTRO)

 

I.         Procederá el secuestro de muebles y semovientes en los casos que siguen:

 

1)         Cuando el embargo no asegurare por si solo el derecho invocado por el solicitante, y siempre que se presentare documento que hiciere garantizar.

 

2)         Con igual condición, toda vez que fuere indispensable proceder a la guarda o conservación de bienes para asegurar el resultado de la sentencia.

 

3)         Cuando se tratare de cosas que el deudor ofreciere para su descargo.

 

II.         El Juez, al disponer el secuestro, designará depositario con las responsabilidades que la Ley señala. (Arts. 159, 163, 520; Artículo 869 del Código Civil

 

 

Artículo 163.- (IMPROCEDENCIA DEL SECUESTRO)

 

No procederá el secuestro cuando el demandado tuviere título de propiedad o posesión por más de un año, siendo suficiente cualquiera de estos requisitos. (Artículo 162)

 

 

Artículo 164.- (INTERVENCION JUDICIAL)

 

Podrá ordenarse la intervención , a falta de otra medida precautoria eficaz o como complemento de otra ya dispuesta:

 

1)         A pedido del acreedor si hubiere de recaer sobre bienes productores de rentas o frutos.

 

2)         A pedido de un socio o comunero, si los actos u omisiones de los administradores o poseedores de los bienes de la sociedad o en condominio le pudieren ocasionar grave perjuicio o pusieren en peligro el normal desarrollo de las actividades de la sociedad. (Arts. 156, 165)

 

 

Artículo 165.- (FACULTADES DEL INTERVENTOR)

 

I.         El interventor estará facultado para:

 

1)         Vigilar la conservación del activo y cuidar de que los bienes no sufrieran deterioro.

 

2)         Comprobar los ingresos y egresos.

 

3) Dar cuenta inmediata al Juez de toda irregularidad que advirtiere en la administración.

 

4) Informar periódicamente al Juez sobre la marcha de su cometido.

 

II.         El Juez limitará las funciones del interventor a lo indispensable y, según las circunstancias, podrá ordenar que actúe exclusivamente en la recaudación de la parte embargada, sin injerencia alguna en la administración. (Artículo 164)

 

 

Artículo 166.- (SALARIO)

 

I.         El Juez fijará el salario del interventor, quien sólo podrá percibirlo con carácter definitivo cuando su gestión hubiere sido judicialmente aprobada.

 

II.         Si su actuación excediere de seis meses se le podrá autorizar, previo conocimiento de partes, a percibir periódicamente sumas con carácter de anticipo en adecuada proporción con el salario total y los ingresos de la sociedad o comunidad. (Artículo 164)

 

 

Artículo 167.- (PROHIBICION DE INNOVAR)

 

Podrá decretarse la prohibición de innovar siempre que:

 

1)         El derecho fuere verosímil.

 

2)         Existiere peligro de que si se alterare la situación de hecho o de derecho, pudiera influir en la sentencia o hiciera ineficaz o imposible su ejecución. (Arts. 156, 168, 605)

 

 

Artículo 168.- (PROHIBICION DE CONTRATAR)

 

I.         Cuando por Ley o contrato o para asegurar la ejecución forzada, o los bienes objeto de litigio, procediere la prohibición de contratar sobre determinados bienes, el Juez ordenará la prohibición individualizando lo que sea objeto de ella y disponiendo su inscripción en el registro correspondiente, y se notifique a los interesados y terceros que señale el solicitante.

 

II.         La medida quedará sin efecto si quien la obtuvo no dedujere la demanda dentro de los cinco días de haber sido dispuesta y en cualquier momento en que se demostrare su improcedencia. (Arts. 156, 167)

 

 

Artículo 169.- (OTRAS MEDIDAS PRECAUTORIAS)

 

Fuera de los casos previstos en los Artículos precedentes quien tuviere fundado motivo para temer que, durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, éste pudiera sufrir un perjuicio inminente o irreparable, podrá solicitar las medidas urgentes que, según las circunstancias, fueren más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia. (Arts. 156, 504, 611)

 

 

Artículo 170.- (FACULTADES DEL JUEZ)

 

Para evitar perjuicios o gravámenes innecesarios al titular de los bienes, el Juez podrá limitar la medida precautoria solicitada o disponer otra diferente, según la importancia del derecho que se intentare proteger. (Arts 172, 176, 196)

 

 

Artículo 171.- (PELIGRO DE PERDIDA O DESVALORIZACION)

 

Si hubiere peligro de pérdida o desvalorización de los bienes muebles afectados o si su conservación fuere gravosa o difícil el Juez, a pedido de parte y previo traslado a la otra con un plazo que fijará según la urgencia del caso, podrá ordenar la venta en la forma más conveniente, abreviando los trámites y habilitando días y horas.

 

 

Artículo 172.- (BIENES DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES O INDUSTRIALES)

 

Si se tratare de bienes muebles, mercaderías o materias primas pertenecientes a establecimientos comerciales, industriales o afines y necesarias para su funcionamiento, el Juez podrá autorizar los actos necesarios para no comprometer el proceso de fabricación o negociación. (Arts. 170, 498)

 

 

Artículo 173.- (CONTRACAUTELA)

 

I.         La medida precautoria sólo podrá decretarse bajo responsabilidad de la parte solicitante quien deberá dar caución por las costas y daños y perjuicios que pudiere ocasionar en caso de haberla pedido sin derecho.

 

II.         Esta garantía no se exigirá cuando el solicitante fuere el Estado, las municipalidades, o un beneficiario de gratuidad. (Arts. 156, 174, 611)

 

 

Artículo 174.- (MEJORA DE LA CAUCION)

 

En cualquier estado del litigio la parte contra cuyos bienes se hubieren adoptado medidas precautorias, podrá pedir que la caución fuere mejorada, probando sumariamente que ella es insuficiente. El Juez resolverá previo traslado a la otra parte. (Artículo 173)

 

 

Artículo 175.- (CARACTER PROVISIONAL)

 

La medidas precautorias subsistirán mientras duraren las circunstancias que las determinaron, y en cualquier momento en que ellas cesaren se podrá disponer su levantamiento. (Arts. 73, 156, 310)

 

 

Artículo 176.- (MODIFICACION)

 

I.         El acreedor podrá pedir la ampliación, mejora o sustitución de la medida precautoria decretada, justificando que ella no cumple adecuadamente la función de garantía.

 

II.         El deudor podrá solicitar el cambio de una medida precautoria por otra que le resultare menos perjudicial, siempre que ésta garantizare suficientemente el derecho del acreedor. Podrá asimismo pedir la sustitución por otros bienes del mismo valor o la reducción del monto por el cual la medida precautoria fue adoptada.

 

III.        La resolución se dictará previo traslado a la otra parte por el plazo de cinco días, que el Juez podrá abreviar según las circunstancias. (Arts. 73, 170)

 

 

Artículo 177.- (CADUCIDAD)

 

I.         Caducarán de pleno derecho las medidas precautorias que se hubieren hecho efectivas antes del proceso si, tratándose de obligaciones exigibles, no se interpusiere la demanda dentro de los cinco días siguientes al de la ejecución.

 

II.         Las costas y los daños y perjuicios causados serán a cargo de quien obtuvo la medida, y ésta no podrá proponerse nuevamente por la misma causa. (Arts. 178, 505)

 

 

Artículo 178.- (RESPONSABILIDAD).

 

I.         Cuando se dispusiere levantar una medida precautoria por haberse demostrado que el solicitante abusó o se excedió en su derecho para obtenerla, la resolución lo condenará al pago de daños y perjuicios si la otra parte lo solicitare.

 

II.         La determinación del monto se sustanciará y determinará por vía incidental. (Arts. 149, 173)

 

 

 

CAPITULO X Inembargabilidad de bienes

 

Artículo 179.- (BIENES INEMBARGABLES)

 

Son bienes inembargables:

 

1)         El ochenta por ciento del total mensual percibido por concepto de sueldo o salario, excepto el caso de la asignación por asistencia familiar en que el embargo podrá ser mayor de dicho porcentaje.

 

2)         Las pensiones, jubilaciones, montepíos, rentas de vejez, invalidez y demás beneficios sociales establecidos legalmente. excepto el caso de la asignación por asistencia familiar.

 

3)         Los animales o productos agrícolas indispensables para el sustento del deudor y su familia.

 

4)         Las prendas de uso personal del deudor o la familia que viviere bajo su amparo y protección.

 

5)         Los muebles imprescindibles para guarnecer su vivienda y la de su familia.

 

6)         Los libros destinados al ejercicio profesional del deudor.

 

7)       Las máquinas, herramientas, instrumentos y otros objetos de trabajo indispensables al deudor para el ejercicio de su profesión u oficio y para la enseñanza de alguna ciencia, profesión, arte u oficio.

 

8)         El patrimonio familiar conforme al Artículo 32 del Cód. de Familia y lo previsto en la Constitución. Política del Estado.

 

9)      Las maquinarias, útiles, herramientas, instrumental, y los materiales de fábricas, manufacturas y talleres, que sólo admitieren intervención. Los productos serán embargables.

 

10) Los bienes de servicio público pertenecientes al Estado, municipalidades y universidades.

 

11)         Los mausoleos. (Arts. 498, 503; Artículo 1475 Código Civil).

 

CAPITULO XI Conciliación

 

Artículo 180.- (PROCEDENCIA)

 

Procederá la conciliación en los procesos civiles, siempre que no fuere parte el Estado, las municipalidades, los establecimientos de beneficencia, las entidades de orden público ni los incapaces de contratar, y podrá realizarse como diligencia previa o durante el proceso a instancias del Juez. (Artículo 713; Artículo 945 del Código Civil).

 

 

Artículo 181.- (CONCILIACION COMO DILIGENCIA PREVIA)

 

Quien intente la conciliación antes de interponer la demanda, acudirá al Juez competente:

 

1)         Expresando sus razones o pretensiones y pidiendo la citación del demandado para conciliar diferencias.

 

2)         El Juez dispondrá la comparecencia del demandado, señalando día y hora para audiencia la cual deberá realizarse en el plazo máximo de tres días, con presencia de las partes o sus representantes con poder especial, pudiendo asistirse de sus abogados.

 

3)         El Juez exhortará a las partes tratando de obtener la conciliación total o parcial de sus diferencias.

 

4)         Si las partes llegaren a un acuerdo total suscribirán conjuntamente con el Juez el acta de conciliación, la cual tendrá el valor de cosa juzgada. Su cumplimiento podrá exigirse en proceso de ejecución.

 

5)         Si sólo hubiere acuerdo parcial se hará constar en el acta de conciliación, y la demanda posterior recaerá únicamente sobre los puntos no conciliados.

 

6)         Si no hubiere acuerdo se dará por concluida la diligencia.

 

7)         Si alguna de las partes no compareciere se dará por terminada la diligencia, salvo que se alegare impedimento, caso en el cual se señalará día y hora para una nueva y última audiencia.

 

8)         Si el Juez estimare conveniente podrá postergar la audiencia por tres días, a menos que las partes acordaren otro plazo, dejándose constancia. A la nueva audiencia las partes comparecerán sin necesidad de citación.

 

9)         El secretario levantará acta circunstanciada de la audiencia y la transcribirá en el libro de conciliaciones que estará a su cargo. (Arts. 147, 182)

 

 

Artículo 182.- (CONCILIACION A INSTANCIA DEL JUEZ)

 

El Juez hasta antes de la sentencia podrá llamar a las partes a conciliación, cumpliendo al efecto con los trámites determinados en el Artículo precedente. (Artículo 181)

 

 

Artículo 183.- (SALVEDAD PARA EXCUSA O RECUSACION)

 

Las opiniones emitidas por el Juez en la audiencia de conciliación no son causas de excusa ni de recusación.

 

CAPITULO XII Sanciones pecuniarias

 

Artículo 184.- (SANCION POR INCUMPLIMIENTO DE MANDATO JUDICIAL)

 

I.         Los Jueces y Tribunales podrán imponer sanciones pecuniarias compulsivas y progresivas tendientes a que se cumplan los mandatos judiciales. Su importe beneficiará a la parte perjudicada por el incumplimiento. Las sanciones se graduarán según las condiciones económicas y personales del responsable y podrán ser reajustadas o dejadas sin efecto si aquél desistiere de su resistencia y justificare total o parcialmente su proceder.

 

II.         Las sanciones a que se refiere este Artículo serán independientes de las multas procesales que benefician al tesoro judicial. (Artículo 39, 57, 605, 606)

 

 

Artículo 185.- (APELACION)

 

I.         Las resoluciones que impusieren cualquier sanción podrán ser apeladas en efecto devolutivo, sin recurso ulterior.

 

II.         Para la apelación de las resoluciones sobre multas procesales será indispensable el previo depósito judicial de su importe. (Artículo 225)

 

 

Artículo 186.- (COBRO COACTIVO)

 

Ejecutoriada la resolución que condenare al pago de cualquier sanción pecuniaria, el Juez estará obligado a exigir de oficio su pago dentro de tercero día, sin perjuicio de no admitir solicitudes de las personas sancionadas. (Arts. 86, 302)

 

 

TITULO IV DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES

 

CAPITULO I Providencias y autos

 

Artículo 187.- (PROVIDENCIAS)

 

I.         Las providencias sólo tenderán, sin sustanciación, al desarrollo del proceso y ordenarán actos de mera ejecución.

 

II.         No requerirán sustanciación ni otras formalidades que expresarse por escrito, indicarse la fecha y lugar, y la firma del Juez o Magistrado Semanero. En las actuaciones orales las providencias constarán en el acta. (Arts. 202, 226)

 

 

Artículo 188.- (AUTOS INTERLOCUTORIOS)

 

Los autos interlocutorios resolverán cuestiones que requieren sustanciación y se suscitaren durante la tramitación del proceso. Además de los requisitos indicados en el Artículo precedente, contendrán:

 

1)         Los fundamentos de la resolución.

 

2)         La decisión expresa positiva y precisa de las cuestiones planteadas.

 

3)         La imposición de costas y multas en su caso. (Arts. 154, 189)

 

 

Artículo 189.- (MUTACIONES Y REVOCACIONES)

 

En las providencias y autos interlocutorios que no prejuzgaren lo principal del litigio, ni cortaren otro procedimiento ulterior suspendiendo la competencia del Juez, este podrá de oficio o a instancia de parte hacer en cualquier estado del proceso antes de la sentencia, las mutaciones o revocaciones que creyere justas. (Arts. 188, 196, 215)

 

 

CAPITULO II Sentencia

 

Artículo 190.- (SENTENCIA)

 

La sentencia pondrá fin al litigio en primera instancia; contendrá decisiones expresas, positivas y precisas; recaerá sobre las cosas litigadas, en la manera en que hubieren sido demandadas sabida que fuere la verdad por las pruebas del proceso; en ella se absolverá o condenará al demandado. (Arts. 8, 37, 137, 192, 236, 353, 484, 606, 620, 787)

 

 

Artículo 191.- (OBLIGACION DEL JUEZ ANTES DE LA SENTENCIA)

 

Los Jueces antes de dictar la providencia de autos para sentencia, harán un prolijo examen del proceso para subsanar de oficio o mandar se subsane cualquier defecto procesal reponiendo obrados, en su caso, hasta el vicio más antiguo. (Arts. 196, 395)

 

 

Artículo 192.- (FORMA DE LA SENTENCIA)

 

La sentencia se dará por fallo y contendrá:

 

1)         El encabezamiento, con determinación del proceso, nombre de las partes intervinientes y sus generales y objeto del litigio.

 

2)         La parte considerativa con exposición sumaria del hecho o del derecho que se litiga, análisis y evaluación fundamentada de la prueba, y cita de las leyes en que se funda.

 

3)         La parte resolutiva, con decisiones claras, positivas y precisas sobre la demanda o la reconvención en su caso, y sobre las excepciones opuestas, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo total o parcialmente.

 

4)         El plazo que se otorgare para su cumplimiento.

 

5)         El pronunciamiento sobre costas.

 

6)         La imposición de multa en el caso de declararse temeridad o malicia por parte de los litigantes o profesionales intervinientes.

 

7)         El lugar y fecha en que se pronuncia.

 

8)         La firma del Juez y la autorización del secretario o actuario con los sellos respectivos y el del Juzgado o Tribunal. (Arts. 190, 397, 516, 787)

 

 

Artículo 193.- (FALTA DE LEY EXPRESA)

 

El Juez no podrá dejar de fallar en el fondo de las causas sometidas a su juzgamiento, bajo pretexto de falta, oscuridad o insuficiencia de la Ley, ni salvar los derechos de los litigantes para otro proceso. Deberá fundar su sentencia en los principios generales del Derecho, las Leyes análogas o la equidad que nace del ordenamiento jurídico del Estado. (Artículo 91)

 

Artículo 194.- (ALCANCES DE LA SENTENCIA)

 

Las disposiciones de la sentencia sólo comprenderán a las partes que intervinieren en el proceso y a las que trajeren o derivaren sus derechos de aquellas. (Artículo 190)

 

 

Artículo 195.- (CONDENA AL PAGO DE FRUTOS, INTERESES, DAÑOS Y PERJUICIOS)

 

Cuando la sentencia condenare al pago de frutos, intereses, daños y perjuicios, fijará su importe en cantidad líquida, a menos que estos aspectos hubieren sido demandados accesoriamente, caso en el cual se establecerán en ejecución de sentencia. ( Artículo 519; Arts. 83, 84, 399, 414 Código Civil).

 

 

Artículo 196.- (FACULTADES DEL JUEZ DESPUES DE LA SENTENCIA)

 

Pronunciada la sentencia el Juez no podrá sustituirla ni modificarla y concluirá su competencia respecto al objeto del litigio. Le corresponderá, sin embargo:

 

1)         Corregir de oficio, antes de la notificación con la sentencia, algún error material siempre que no alterare lo sustancial de la decisión. Los simples errores numéricos podrán ser corregidos aún en ejecución de sentencia.

 

2)         A pedido de parte, formulado dentro de las veinticuatro horas de la notificación, y sin sustanciación, corregir cualquier error material, aclarar algún concepto oscuro sin alterar lo sustancial, y suplir cualquier omisión en que se hubiere incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio.

 

3)         Ordenar las medidas precautorias que fueren pertinentes, así como la francatura de testimonios que se solicitaren. (Arts. 156, 170, 221, 239, 249, 400, 581)

 

 

Artículo 197.- (SENTENCIAS CONTRA EL ESTADO)

 

Todas las sentencias dictadas contra el Estado o entidades públicas en general, serán consultadas de oficio ante el superior en grado sin perjuicio de la apelación que pudiere interponerse.

 

 

Artículo 198.- (COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA)

 

I.         Cuando la sentencia declarare improbada la demanda en todas sus partes, se condenará en costas al demandante.

 

II.         Será condenado en costas el demandado contumaz contra quien se hubiere pronunciado sentencia condenatoria.

 

III.        En procesos dobles no procederá condenación en costas en primera instancia. (Arts. 39, 64, 85, 199, 367, 512, 594, 606, 620)

 

 

Artículo 199.- (ALCANCE DE LAS COSTAS)

 

I.         Las costas del proceso comprenderán los diversos gastos justificados y necesarios hechos por la parte victoriosa, tales como los de papel sellado, timbres, y otros reconocidos por el arancel de derechos procesales.

 

II.         Asimismo, comprenderán el honorario de abogado y los salarios de las personas a quienes se refiere el parágrafo II del Artículo 51.

 

III.        Los gastos correspondientes a pedidos desestimados serán de cargo de la parte que los formuló aunque la sentencia le fuere favorable en lo principal. (Arts. 198, 201, 443)

 

 

Artículo 200.- (TASACION)

 

I.         Por orden del Juez el secretario o actuario hará la tasación de las costas en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas.

 

II.         Notificadas las partes con la tasación, podrán reclamar de ella en el plazo de veinticuatro horas. (Artículo 198)

 

 

Artículo 201.- (REGULACION Y ORDEN DE PAGO)

 

Observada o no la tasación, el Juez pronunciará la resolución que correspondiere y regulará el honorario de abogado y los salarios a que se refiere el Artículo 199, ordenando al mismo tiempo el pago dentro de tercero día del total de las costas. Esta resolución podrá ser apelada, sin recurso ulterior. (Artículo 199)

 

 

CAPITULO III Plazos para las resoluciones

 

Artículo 202.- (PROVIDENCIAS)

 

Los Jueces dictarán las providencias dentro de las veinticuatro horas de presentadas las peticiones de las partes. (Arts. 2, 187).

 

 

Artículo 203.- (AUTOS INTERLOCUTORIOS)

 

Los autos interlocutorios se dictarán dentro del plazo de cinco u ocho días, según se tratare de Juez unipersonal o de Tribunal Colegiado. Este plazo se computará desde el día que ingresare el expediente en el despacho. (Artículo 2)

 

 

Artículo 204.- (SENTENCIAS, AUTOS DE VISTA Y DE CASACION)

 

I.         Las sentencias, salvo disposición expresa de la Ley, se pronunciarán dentro de los plazos siguientes:

 

1)         Cuarenta días en los procesos ordinarios.

 

2)         Veinte días en los procesos sumarios y ejecutivos.

 

3)         Diez días en los procesos sumarísimos.

 

II.         Estos plazos se computarán desde la providencia de autos tratándose de procesos ordinarios. y en los otros desde que el expediente hubiere ingresado en despacho para resolución.

 

III.        Los autos de vista y los de casación se pronunciarán dentro del plazo de treinta días, computables desde la fecha en que se sorteare el expediente. (Arts. 2, 484, 744, 781)

 

 

CAPITULO IV Retardo de justicia

 

Artículo 205.- (RETARDO)

 

Incurrirá en retardación de justicia, el Juez o Tribunal que no dictare las resoluciones correspondientes dentro de los plazos fijados en los Artículos anteriores, haciéndose pasible por tanto, de las responsabilidades y sanciones consiguientes. (Arts. 2, 210)

 

 

Artículo 206.- (DEMORA JUSTIFICADA Y PLAZO COMPLEMENTARIO PARA JUECES)

 

Los Jueces que por recargo de tareas u otras razones atendibles no pudieren pronunciar las sentencias dentro de los plazos fijados en este Código, deberán poner el hecho en conocimiento de la Corte Superior del Distrito con anticipación no menor de diez días a su vencimiento. El Tribunal Superior, si considerare admisible la causa invocada, señalará un plazo complementario de equidad en que la sentencia deberá dictarse por el mismo Juez. (Arts 207, 211)

 

 

Artículo 207.- (PLAZO COMPLEMENTARIO PARA TRIBUNALES)

 

Cuando en las Cortes Superiores del Distrito o en la Corte Suprema de Justicia se presentaren casos análogos a los mencionados en el Artículo precedente, los Vocales y Ministros, los harán conocer a su sala respectiva con anticipación no menor de cinco días al vencimiento del plazo señalado por el Artículo 204, pudiendo concedérseles un plazo complementario de equidad. (Artículo 206)

 

 

Artículo 208.- (PERDIDA DE COMPETENCIA DEL JUEZ)

 

El Juez que no hubiere pronunciado la sentencia dentro del plazo legal o del que la Corte le hubiere concedido conforme al Artículo 206, perderá automáticamente su competencia. en el proceso. En este caso remitirá el expediente dentro de las veinticuatro horas al Juez suplente llamado por la Ley. Será nula cualquier sentencia que el Juez Titular dictare con posterioridad. (Arts. 8, 210, 212)

 

 

Artículo 209.- (PERDIDA DE COMPETENCIA DE VOCALES RELATORES)

 

El vocal de Corte Superior que no hubiere presentado su relación en el plazo legal o en el complementario perderá automáticamente su competencia en el asunto. En este caso la sala pasará el proceso a quien le siga por orden de sorteo. (Arts. 8, 212)

 

 

Artículo 210.- (JUEZ SUPLENTE)

 

Las disposiciones de este capítulo sólo afectarán la competencia del Juez Titular y no la del Juez Suplente. (Arts. 9, 205, 208)

 

 

Artículo 211.- (JUICIOS REZAGADOS)

 

En caso de que un Juez, al posesionarse del cargo, encontrare varios procesos en estado de sentencia, podrá solicitar una ampliación general de los plazos proporcional al número de causas pendientes. (Artículo 206)

 

 

Artículo 212.- (SANCIONES)

 

I.         La pérdida de competencia en que incurriere un Juez o Vocal de Corte Superior en los casos previstos por los Artículos 208 y 209, será comunicada de inmediato por la Corte del Distrito a la Corte Suprema de Justicia, remitiendo copia a la oficina del escalafón judicial.

 

II.         Importará mal desempeño del cargo la pérdida de competencia por más de tres veces dentro de un año calendario.

 

 

 

TITULO V DE LOS RECURSOS

 

CAPITULO I Disposiciones generales

 

Artículo 213.- (RECURRIBILIDAD DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES)

 

I.         Las resoluciones judiciales serán recurribles mediante impugnación de la parte perjudicada.

 

II.         Sólo cuando la Ley declare irrecurrible una resolución será permitido negarse al examen del recurso o someterlo a conocimiento del Juez que correspondiere. (Arts. 215, 250, 283, 295, 731, 765)

 

 

Artículo 214.- (CLASES DE RECURSOS)

 

Sin perjuicio de los recursos establecidos en Leyes Especiales, las resoluciones judiciales podrán reclamarse mediante los recursos de reposición, apelación y casación, conforme a lo dispuesto en los capítulos siguientes, sin perjuicio de los recursos especiales previstos por la Ley. (Arts. 215, 250, 283, 297, 769)

 

 

CAPITULO II Recurso de reposición

 

Artículo 215.- (PROCEDENCIA)

 

El recurso de reposición procederá contra las providencias y los autos interlocutorios, con el fin de que el Juez o Tribunal que los hubiere dictado, advertido de su error, pudiere modificarlos o dejarlos sin efecto. (Arts. 189, 213, 218)

 

 

Artículo 216.- (PLAZO Y FORMA)

 

I.         El recurso de reposición se interpondrá y fundamentará por escrito dentro de los tres días siguientes al de la notificación con la providencia o auto, pero cuando éstos se dictaren en audiencia deberá interponerse verbalmente en el mismo acto.

 

II.        Si de la providencia o auto reclamado la Ley autorizara apelación, en el mismo escrito o audiencia se podrá interponer, alternativamente, el recurso de alzada para el caso de que el Juez no modificare o no dejare sin efecto la resolución (Arts 189, 215, 219).

 

 

Artículo 217.- (TRAMITE Y RESOLUCION)

 

El Juez podrá, según los casos:

 

1)         Resolver sin sustanciación el recurso, confirmando, modificando o dejando sin efecto la resolución recurrida.

 

2)         Correr en traslado a la parte adversa, la cual deberá contestar dentro del plazo de tres días, o en el mismo acto si se tratare de audiencia.

 

3)         Abrir término incidental de 6 días, cuando la resolución a dictarse dependiere de hechos controvertidos.

 

4)         Conceder la apelación si procediere y hubiere sido interpuesta para el caso de negativa.(Arts. 149, 229)

 

 

Artículo 218.- (RECURSO EMERGENTE)

 

Si la resolución nueva modificare o dejare sin efecto la recurrida, la parte contraria tendrá la facultad de interponer, a su vez, un nuevo recurso de reposición y el consiguiente de apelación. (Artículo 215)

 

 

 

CAPITULO III Apelación

 

Artículo 219.- (PROCEDENCIA DEL RECURSO)

 

Procederá el recurso ordinario de apelación en favor de todo litigante que habiendo sufrido algún agravio en la resolución del inferior, solicitare que el Juez o Tribunal Superior lo repare. La rebeldía declarada en primera instancia no privará al demandado contumaz del derecho de apelar de la sentencia. (Arts. 74, 213, 222, 283, 735)

 

 

Artículo 220.- (PLAZOS PARA APELAR)

 

I.         La apelación, salvo disposición contraria expresa, se interpondrá dentro de los plazos siguientes:

 

1)         Diez días, de las sentencias y autos definitivos pronunciados en procesos ordinarios, sumarios y ejecutivos.

2)         Cinco días, de las sentencias y autos definitivos en procesos sumarísimos.

 

II.         Estos plazos son fatales y se computarán a partir de la notificación con la sentencia o auto (Arts. 139, 221, 262, 316, 486)

 

 

Artículo 221.- (SUSPENSION DE PLAZOS)

 

En el caso del Artículo 196, inciso 2, los plazos indicados en el Artículo precedente quedarán suspendidos y se computarán a partir de la notificación con el auto de explicación o complementación. (Arts. 220, 239)

 

 

Artículo 222.- (DERECHO EXTENSIVO)

 

El recurso de apelación podrá también ser concedido a cualquier interesado a quien causare perjuicio evidente la sentencia o auto definitivo, y demostrare documentalmente su calidad de interesado. En este caso el término para interponer el recurso será el fijado por el Artículo 220 computable desde la última notificación a las partes. (Arts. 62, 219)

 

 

Artículo 223.- (EFECTOS DE LA APELACION)

 

Dos son los efectos que produce la apelación: suspensivo y devolutivo. El primero suspende la competencia del Juez, impidiendo la ejecución de la sentencia o auto definitivo; y el segundo le permite continuar el trámite del proceso sin perjuicio del recurso. (Artículo 224)

 

 

Artículo 224.- (APELACION EN EL EFECTO SUSPENSIVO)

 

La apelación en el efecto suspensivo procederá en los casos siguientes:

 

1)        De las sentencias pronunciadas en procesos ordinarios.

 

2)         De las sentencias pronunciadas en procesos de desalojo.

 

3)         De los autos de carácter definitivo que cortaren todo procedimiento ulterior. (Arts. 223, 227)

 

 

Artículo 225.- (APELACION EN EL EFECTO DEVOLUTIVO)

 

La apelación en el efecto devolutivo procederá en los casos siguientes:

 

1)         De las sentencias pronunciadas en los procesos ejecutivos y de los autos que resolvieren las tercerías interpuestas dentro de estos procesos.

 

2)         De las sentencias y autos definitivos dictados en procesos concursales, sumarios y sumarísimos.

 

3)      De los autos interlocutorios que se pronunciaren durante la sustanciación de los procesos y contra los cuales la sustanciación de los procesos y contra los cuales la Ley admitiere este recurso.

 

4)         De los autos que dieren por reconocidas las firmas, en rebeldía.

 

5)         De las resoluciones dictadas en ejecución de sentencia. (Arts. 83, 185, 223, 241, 339, 382, 484, 518, 550, 595, 630)

 

 

Artículo 226.- (APELACION IMPROCEDENTE)

 

Será improcedente la apelación de las providencias de simple sustanciación. (Arts. 187, 568).

 

CAPITULO IV Apelación en el efecto suspensivo

 

Artículo 227.- (APELACION DE SENTENCIA O AUTO DEFINITIVO)

 

La apelación de la sentencia o auto definitivo se interpondrá, fundamentando el agravio sufrido, ante el Juez que los hubiere pronunciado. De este recurso se correrá traslado a la parte contraria, la que deberá responder dentro de los plazos fijados por el Artículo 220. (Arts. 224, 236, 248, 343, 732)

 

 

Artículo 228.- (ADHESION A LA APELACION DE SENTENCIA)

 

El apelado, a tiempo de responder, podrá adherirse al recurso interpuesto, y recurrir a su vez de la sentencia en todo lo que le fuere desfavorable. De este escrito de adhesión se correrá traslado al apelante.

 

 

Artículo 229.- (CONCESION DE RECURSO)

 

Vencidos los plazos legales, el Juez, con o sin respuesta a los traslados previstos en los Artículos anteriores, concederá la apelación disponiendo el envío del expediente al superior. (Artículo 227)

 

 

Artículo 230.- (REMISION)

 

La remisión del expediente se hará dentro de las veinticuatro horas de la última notificación. La remisión se tendrá por cumplida con la entrega del expediente al secretario del Juzgado o Tribunal Superior, y con el franqueo en la oficina de correos o envío por el medio más rápido y seguro que estimare conveniente el Juez, en los asientos judiciales donde no hubiere Juzgado o Tribunal Superior. (Artículo 244).

 

 

Artículo 231.- (RADICATORIA Y DOMICILIO LEGAL)

 

Recibido el expediente por el Juez o Tribunal de alzada, se decretará su radicatoria, actuación a partir de la cual se tendrá por domicilio legal de las partes la secretaría del Juzgado o Tribunal. (Arts. 101, 245, 327).

 

 

Artículo 232.- (FACULTAD DE LAS PARTES)

 

I.         Sólo dentro del plazo perentorio de cinco días, computables desde la fecha de la providencia de radicatoria, podrán las partes presentar nuevos documentos o pedir apertura de plazo probatorio.

 

II.         Podrán asimismo pedir se devuelva el proceso al inferior si éste hubiere concedido indebidamente la apelación en el efecto suspensivo siendo ella procedente sólo en el devolutivo. En este caso se ordenará rectificar el error y proceder conforme a Ley. (Arts. 224, 234).

 

 

Artículo 233.- (FACULTAD POTESTATIVA DEL JUEZ O TRIBUNAL)

 

I.         El Juez o Tribunal podrá abrir, un plazo probatorio no mayor de veinte días en los casos siguientes:

 

1)         Cuando las partes lo pidieren de común acuerdo.

 

2)         Cuando, decretadas las pruebas en primera instancia, no se hubieren recibido por causas no imputables a las partes que las ofrecieron. En este caso el plazo probatorio se circunscribirá a recibirlas o que dentro de él se cumplan los requisitos que faltaren para su perfeccionamiento.

 

3)         Cuando versare sobre hechos ocurridos después de transcurrida la oportunidad de ofrecer pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrarlos o desvirtuarlos.

 

4)         Cuando se tratare de desvirtuar documentos que no pudieron presentarse en primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

 

II.         El Juez o Tribunal podrá, asimismo, antes del decreto de autos disponerse produzcan las pruebas que estimare convenientes. (Arts. 74, 370, 387)

 

 

Artículo 234.- (AUTOS PARA RESOLUCION)

 

Vencido el plazo fijado en el Artículo 232 ó el probatorio que se hubiere abierto, el Juez o Tribunal, decretará de oficio autos para la resolución.

 

Artículo 235.- (RESOLUCION)

 

I.         Sin más trámite el Juez o Tribunal resolverá el recurso dentro del plazo legal pronunciando el auto de vista que corresponda.

 

II.         Las partes, antes de la resolución, podrán presentar sus alegatos por escrito o verbalmente. (Arts. 237, 787)

 

 

Artículo 236.- (PERTINENCIA DE LA RESOLUCION)

 

El auto de vista deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación y fundamentación a que se refiere el Artículo 227, excepto lo dispuesto en la parte final del Artículo 343.

 

 

Artículo 237.- (FORMAS DE RESOLUCION Y COSTAS)

 

I.         El auto de vista podrá ser:

 

1)         Confirmatorio total, con costas en ambas instancias.

 

2)         Confirmatorio parcial, sin costas.

 

3)         Revocatorio total o parcial, sin costas.

 

4)         Anulatorio o repositorio, con responsabilidad al inferior.

 

II. Si ambas partes fueren apelantes, no habrá condenación en costas. (Artículo 235)

 

 

Artículo 238.- (NOTIFICACION)

 

Pronunciado el auto de vista, se notificará a cada parte por turno, quedando el expediente a disposición de éstas para que puedan interponer el recurso extraordinario de casación, si fuere admisible. (Arts. 107, 257)

 

 

Artículo 239.- (EXPLICACION Y COMPLEMENTACION)

 

Las partes, dentro del plazo fatal de veinticuatro horas, podrán hacer uso del derecho que les otorga el Artículo 196, inciso 2), siendo aplicable la disposición del Artículo 221. (Artículo 249).

 

 

Artículo 240.- (DEVOLUCION DEL EXPEDIENTE)

 

I.         Ejecutoriado el auto de vista se devolverá el expediente al inferior dentro de las veinticuatro horas siguientes, bajo responsabilidad del secretario.

 

II.         Cualquier recurso, en tal circunstancia, será inadmisible. (Arts. 243, 5l5)

 

 

 

CAPITULO V Apelación en el efecto devolutivo

 

Artículo 241.- (SEÑALAMIENTO DE PIEZAS)

 

Al conceder apelación en el efecto devolutivo, el Juez señalará las piezas estrictamente necesarias que contendrá el testimonio, fijando al mismo tiempo un plazo prudencial para su conclusión, computable desde la última notificación a las partes, las cuales podrán pedir se agreguen al testimonio otras que consideraren necesarias, siempre que no resultaren duplicadas. Si fueren varios los apelantes contra una misma resolución se hará un sólo testimonio. El Juez será responsable por el importe de las piezas inútiles o duplicadas. (Arts. 224, 246, 286)

 

 

Artículo 242. – (OBLIGACIONES DEL APELANTE)

 

El apelante deberá proveer el papel sellado suficiente, para el testimonio, dentro del plazo máximo de 2 días desde que se le notificare con el auto que concedió la apelación. El secretario o actuario pondrá en el expediente original la nota de provisión del papel sellado. Los derechos de confección del testimonio serán pagados por el apelante mediante planilla y apremio en su caso. (Artículo 243)

 

 

Artículo 243.- (SANCION)

 

Si el apelante no cumpliere con la obligación de proveer el papel sellado para el testimonio dentro del plazo señalado en el Artículo precedente, el Juez, de oficio o a petición de parte. declarará ejecutoriada la resolución apelada.

 

 

Artículo 244.- (REMISION)

 

Concluido el testimonio y previa notificación a las partes, que deberá hacerse en el día, el Juez lo remitirá al superior, dentro del plazo máximo de veinticuatro horas, en la forma prevista por el Artículo 230.

 

 

Artículo 245.- (RESOLUCION)

 

El Juez o Tribunal de Apelación, al recibir el testimonio, decretará su radicatoria conforme al Artículo 231 y sin más trámites resolverá el recurso dentro del plazo de seis días y con preferencia a otras resoluciones. En este mismo plazo las partes podrán presentar alegatos. (Artículo 787)

 

 

Artículo 246.- (REMISION DEL EXPEDIENTE ORIGINAL)

 

Tratándose de apelación de sentencias pronunciadas en procesos ejecutivos, concursales, sumarios y sumarísimos se remitirá el expediente original, quedando en el Juzgado testimonio de las piezas estrictamente necesarias. (Arts. 241, 248)

 

 

Artículo 247.- (DISPENSA DEL TESTIMONIO)

 

Cuando el Juez no tuviere nada que tramitar o ejecutar remitirá el expediente original dispensando la confección del testimonio (Arts. 241, 286)

 

 

Artículo 248.- (APELACION DE SENTENCIA EN EFECTO DEVOLUTIVO)

 

Las apelaciones de la sentencia, en el efecto devolutivo se tramitarán en la forma prevista en el capítulo anterior. (Arts. 227, 246)

 

 

Artículo 249.- (EXPLICACION Y COMPLEMENTACION)

 

Serán aplicables a las resoluciones dictadas en recurso de apelación en el efecto devolutivo las disposiciones de los Artículos 196, inciso 2, y 239.

 

CAPITULO VI Recurso de casación

 

Artículo 250.- (PROCEDENCIA)

 

I.         El recurso de casación o de nulidad se concederá para invalidar una sentencia o auto definitivo en los casos expresamente señalados por la Ley. Podrá ser de casación en el fondo y de casación en la forma.

 

II.         Estos recursos podrán ser interpuestos al mismo tiempo. (Arts. 213, 253, 258, 326, 365, 735)

 

 

Artículo 251.- (NULIDAD)

 

I.         Ningún trámite o acto judicial será declarado nulo si la nulidad no estuviere expresamente determinada por la Ley.

 

II.         Las violaciones que no se acusaren o las que acusadas no implicaren nulidad por disposición expresa de la Ley, darán lugar a reprensión, apercibimiento y aun al juzgamiento del Juez o Tribunal culpable. (Arts. 9, 23, 132, 143, 292, 326, 544, 679, 745, 770)

 

 

Artículo 252.- (NULIDAD DE OFICIO)

 

El Juez o Tribunal de casación anulará de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público. (Arts. 90, 258)

 

 

Artículo 253.- (RECURSO DE CASACION EN EL FONDO)

 

Procederá el recurso de casación en el fondo:

 

1)         Cuando la sentencia recurrida contuviere violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la Ley.

 

2)         Cuando contuviere disposiciones contradictorias.

 

3)         Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del juzgador. (Arts. 250, 273, 768)

 

 

Artículo 254.- (RECURSO DE CASACION EN LA FORMA)

 

Procederá el recurso de casación por haberse violado las formas esenciales de proceso, cuando la sentencia o auto recurrido hubiere sido dictado.

 

1)         Por Juez o Tribunal incompetente, o por Tribunal Integrado contraviniendo a lo dispuesto por la Ley.

 

2)         Por un Juez o con la concurrencia de un vocal legalmente impedidos o cuya excusa o recusación estuviere pendiente o hubiere sido declarada legal por Tribunal competente.

 

3)         Por un Tribunal con menor número de votos o con menor número de vocales que los requeridos por la Ley.

 

4)         Otorgado más de lo pedido por las partes o sin haberse pronunciado sobre alguna de las pretensiones deducidas en el proceso y reclamadas oportunamente ante los tribunales inferiores.

 

5)         En apelación desistida.

 

6)         En uno de los casos señalados por los Artículos 208 y 209.

 

7)         Fallando a alguna diligencia o trámite declarados esenciales, falta expresamente penada con nulidad por la Ley. (Arts 9, l29, 250, 275, 768)

 

 

Artículo 255.- (RESOLUCIONES CONTRA LAS CUALES PROCEDE EL RECURSO DE CASACION)

 

Habrá lugar al recurso de casación contra las resoluciones siguientes:

 

1)         Autos de vista que resolvieren en apelación, las sentencias definitivas en los procesos ordinarios, ejecutivos, sumarios, concursales y de árbitros de derecho.

 

2)         Autos de vista que resolvieren una declinatoria de jurisdicción, decidieren una excepción de incompetencia o anularen el proceso.

 

3)         Autos de vista referentes a autos interlocutorios que pusieren término al litigio.

 

4)         Autos de vista que declararen haber lugar o no a oír a un litigante condenado en rebeldía.

 

5)         Sentencias definitivas pronunciadas en primera instancia por las Cortes Superiores del Distrito. (Artículo 250)

 

 

Artículo 256.- (EJECUCION PROVISIONAL)

 

El recurso de casación no impedirá cumplir la sentencia de primera instancia confirmada en todas sus partes por el auto de vista en juicios ordinarios, siempre que la parte victoriosa diere fianza de resultas. (Artículo 550)

 

 

CAPITULO VII Trámite del recurso de casación

 

Artículo 257.- (PLAZO)

 

El plazo de casación se interpondrá dentro del plazo fatal e improrrogable de ocho días a contar desde la notificación con el auto de vista o sentencia. (Arts. 139, 238, 259, 262)

 

 

Artículo 258.- (REQUISITOS)

 

El recurso deberá reunir los requisitos siguientes:

 

1)         Deberá ser presentado ante el Juez o Tribunal que dictó el auto de vista o sentencia.

 

2)         Deberá citar en términos claros, concretos y precisos la sentencia o auto del que se recurriere, su folio dentro del expediente, la Ley o Leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma, o ambos. Estas especificaciones deberán hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente.

 

3)         En el recurso de nulidad no será permitido presentar nuevos documentos ni alegar nuevas causas de nulidad por contravenciones que no se hubieren reclamado en los Tribunales Inferiores, salvos los casos que interesaren al orden público para los efectos del Artículo 252.

 

4)         Llevará adheridos los timbres y certificados de depósito judicial previsto por la Ley. Pero a falta de estos requisitos no dará lugar a la declaratoria de improcedencia sino a subsanarla con el triple del valor respectivo inmediatamente de concebido el recurso bajo conminatoria de apremio y responsabilidad del secretario. (Arts. 85, 250, 252, 272)

 

 

Artículo 259.- (TRASLADO)

 

Presentado el recurso se correrá en traslado a la otra parte para que conteste dentro del mismo plazo. (Artículo 257)

 

 

Artículo 260.- (CONCESION DEL RECURSO Y REMISION DEL PROCESO)

 

Devuelto el proceso con o sin escrito de respuesta al recurso de casación, éste, siendo procedente, será admitido mediante auto y se ordenará la remisión del expediente ante el Juez o Tribunal de Casación en el plazo máximo de quince días, previa notificación de partes. Los gastos de esta remisión correrán por cuenta de la parte recurrente. (Artículo 261)

 

 

Artículo 261.- (SANCION)

 

Si el recurrente no proveyere el importe de los gastos de remisión del expediente en el plazo establecido en el Artículo anterior, se declarará de oficio la caducidad del recurso y la ejecutoria de la sentencia o auto recurrido. (Arts. 260, 514)

 

 

Artículo 262.- (COMPETENCIA PARA NEGAR LA CONCESION DEL RECURSO)

 

El Tribunal o Juez de Segundo Grado deberá negar la concesión del recurso de casación y declarar ejecutoriada la sentencia o auto recurrido, en los siguientes casos:

 

1)         Cuando se hubiere interpuesto el recurso después de vencido el término.

 

2)         Cuando pudiendo haber apelado no se hubiere hecho uso de este recurso ordinario. (Arts. 220, 240, 257, 272)

 

 

Artículo 263.- (RECURSO CONTRA LA NEGATIVA DE CONCESION)

 

Siempre que se negare la concesión del recurso de nulidad en los casos señalados en el Artículo precedente, sólo habrá lugar a la compulsa con arreglo a las formalidades establecidas para ella. (Arts. 283, 294)

 

 

Artículo 264.- (INTERVENCION FISCAL)

 

Recibido el proceso por el Juez o Tribunal de casación será pasado en vista en los casos para los cuales la Ley determinare la intervención Fiscal. El dictamen deberá ser despachado en el plazo máximo de veinte días. (Arts. 51, 265)

 

 

Artículo 265.- (DECRETO DE AUTOS Y SORTEO DEL PROCESO)

 

Devuelto el proceso por el Fiscal o cuando no sea necesaria la intervención de éste, el Juez o Tribunal de casación decretará autos para resolución. (Arts. 264, 772)

 

 

Artículo 266.- (APERSONAMIENTO DE LAS PARTES)

 

Las partes podrán apersonarse por sí o mediante apoderado ante el Juez o Tribunal de casación para mejorar por escrito u oralmente los fundamentos de su defensa.

 

 

Artículo 267.- (DISTRIBUCION DE CAUSAS Y TABLILLA)

 

Semanalmente y de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 72 de la Ley de Organización Judicial se procederá a la distribución mediante sorteo, ciñéndose estrictamente a su fecha de ingreso. Esta distribución se hará pública en la secretaría de cada sala. (Artículo 268)

 

 

Artículo 268.- (RELACION)

 

I.         El Ministro o Vocal relator designado conforme al Artículo precedente. presentará en sala la relación de la causa materia del recurso.

 

II.         Si existieren partes apersonadas, se les hará saber por secretaria, con veinticuatro horas de anticipación por lo menos, el día en que se hará la relación, con objeto de poder concurrir a ella y hacer verbal y sucintamente las aclaraciones que estimaren convenientes, después de lo cual deberán retirarse para que el Tribunal pase a deliberar. (Arts. 266, 269, 270)

 

 

Artículo 269.- (FACULTAD DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE CASACION)

 

Los Ministros, Vocales o Conjueces que concurran a la vista de una causa podrán pedir aclaraciones, lectura de las piezas del proceso que juzguen necesarias y aún entrega del proceso para informarse personalmente por el plazo de tres días. (Artículo 268)

 

 

Artículo 270.- (PROYECTO DE RESOLUCION)

 

Concluida la relación de la causa, el Ministro o Vocal Relator presentará a consideración de la sala el proyecto de resolución. (Artículo 268)

 

 

Artículo 271.- (FORMAS DE RESOLUCION)

 

El Tribunal o Juez de Casación resolverá el recurso en una de las formas siguientes:

 

1)         Declarándolo improcedente.

 

2)         Declarándolo infundado.

 

3)         Anulando obrados, con o sin reposición.

 

4)         Casando el auto de vista. (Arts. 272a, 275, 280, 787)

 

 

Artículo 272.- (RECURSO IMPROCEDENTE)

 

Se declarará improcedente el recurso, con costas:

 

1)         En los casos previstos por el Artículo 262, con apercibimiento al Tribunal o Juez de alzada por no haber dado cumplimiento al mandato de dicho Artículo.

 

2)         Cuando el recurrente no hubiere cumplido con el mandato del inciso 2) del Artículo 258.

 

3)         Cuando el recurrente no hubiere intervenido en las instancias o careciere de representación legal. (Arts. 50, 271, 282)

 

 

Artículo 273.- (RECURSO INFUNDADO)

 

Se declarará infundado el recurso, con costas, cuando el Juez o Tribunal de Casación no encontrare haber sido violada la Ley o Leyes acusadas en el recurso de nulidad. (Arts. 253, 271, 773)

 

 

Artículo 274.- (CASACION)

 

 

I.         El Tribunal o Juez casará la sentencia o auto recurrido que infringiere la Ley o las Leyes acusadas en el recurso, y en este caso fallará en lo principal del litigio aplicando las Leyes conculcadas y condenando en responsabilidad de multa al Juez o Tribunal Infractor, a menos que encontrare excusable el error.

 

II.         La casación, puede ser parcial o total. (Arts. 253, 271)

 

 

Artículo 275.- (ANULACION)

 

Se anulará el proceso reponiéndolo hasta el vicio más antiguo en los casos 1, 2, 3, 6 y 7 del Artículo 254;  y  se  anulará  llanamente  en  los  casos  4 y 5  del  mismo  Artículo.  Al declararse  la  nulidad se

 

impondrá multa al Juez o Tribunal infractor, salvo el caso excepcional de excusa justificada. (Arts. 271, 282, 774)

 

 

Artículo 276.- (EXPLICACION O COMPLEMENTACION)

 

Serán aplicables a las resoluciones dictadas en recurso de casación las disposiciones del Artículo 196, inciso 2). (Artículo 281)

 

 

CAPITULO VIII Votos para resoluciones

 

Artículo 277.- (NUMERO DE VOTOS)

 

El número necesario de votos en las Cortes Superiores y en la Corte Suprema para que haya resolución es el señalado por la Ley de Organización Judicial, con la excepción contenida en el Artículo siguiente de este Código. (Artículo 278)

 

 

Artículo 278.- (CASACION EN LAS CORTES)

 

En los casos en que la Corte Suprema de Justicia, en cualquiera de sus salas, casare una resolución por haberse infringido una Ley expresa y terminante, se requerirán tres votos conformes. Igual número de votos se requerirá en los casos de casación ante las Cortes Superiores cuyas salas estén constituidas por tres o más Vocales. (Artículo 277)

 

 

Artículo 279.- (CASOS DE DISCORDIA Y LLAMAMIENTO DE CONJUECES)

 

En los casos de discordia y en los que no existiere el número de votos suficientes para formar resolución, se llamará por turno a los Ministros y Vocales de otra sala, y en su caso, también por turno, a los Conjueces, quienes emitirán su voto después de los discordantes. El llamamiento a Conjueces quedará sin efecto si antes de apersonarse éstos se hubieren concordado entre si los votos disidentes.

 

 

Artículo 280.- (VOTOS DISIDENTES)

 

Se harán constar en la resolución los votos de los Ministros, Vocales o Conjueces disidentes pero sin hacer mención sustancial de dichos votos. Sin embargo, los disidentes podrán pedir que su voto sea transcrito en el libro respectivo, no estando prohibida su publicación. (Artículo 271)

 

 

Artículo 281.- (EXPLICACION O COMPLEMENTACION)

 

Las explicaciones o complementaciones que se solicitaren serán resueltas por los mismos Ministros, Vocales y Conjueces que votaron en la causa, aunque hubieren cesado en sus funciones. (Artículo 276)

 

 

Artículo 282.- (VOTOS POR NULIDAD O IMPROCEDENCIA)

 

El Ministro, Vocal o Conjuez que hubiere votado por la nulidad o reposición del proceso o por la improcedencia del recurso de casación, estarán en el deber de emitir su voto en lo principal del litigio, si el Tribunal, en mayoría legal, resolviere entrar a conocer en el fondo. (Arts. 272, 275)

 

 

CAPITULO IX Compulsa

 

Artículo 283.- (PROCEDENCIA)

 

Procede cl recurso de compulsa en los casos siguientes:

 

1)         Por negativa indebida del recurso de apelación.

 

2)         Por haberse concedido la apelación sólo en efecto devolutivo, debiendo ser en el suspensivo.

 

3)         Por negativa indebida del recurso de casación. (Arts. 213, 219, 263, 284, 286, 732)

 

 

Artículo 284.- (INTERPOSICION Y SUSTANCIACION)

 

El recurso de compulsa deberá interponerse ante el Juez o Tribunal inmediato superior, el cual lo sustanciará de acuerdo a las disposiciones que siguen. (Arts. 283, 285, 288)

 

 

Artículo 285.- (SUPERIOR E INFERIOR CON ASIENTO EN EL MISMO LUGAR)

 

I.         Si el recurso de compulsa se dedujere contra Juez o Tribunal con asiento en el mismo lugar que el del superior en grado, el litigante ocurrirá ante éste dentro del plazo fatal de tres días computable desde que se le hubiere notificado con la negativa, refutando los fundamentos que tuvo el inferior.

 

II.         El superior decretará en el acto que se eleve el proceso en el día, siempre que no se trate de ejecución de sentencia; y resolverá el recurso de inmediato y sin trámite alguno. (Artículo 284)

 

 

Artículo 286.- (DECLARATORIA DE LEGALIDAD)

 

Si el superior declarare legal el recurso de compulsa, en cualquiera de los casos previstos en el Artículo 283 dispondrá la radicatoria del proceso para los trámites consiguientes. Sin embargo, si se hubiere negado indebidamente la apelación en el efecto devolutivo, dispondrá la inmediata devolución del expediente al inferior para que éste la conceda en el día y eleve el testimonio de Ley. (Arts. 232, 241, 247, 283, 291).

 

 

Artículo 287.- (DECLARATORIA DE ILEGALIDAD)

 

Si se declarase ilegal la compulsa, el superior ordenará la devolución de obrados en el día al inferior para que siga adelante con sus providencias.

 

 

Artículo 288.- (SUPERIOR E INFERIOR EN ASIENTOS DISTINTOS)

 

Cuando el inferior y superior tengan asientos en lugares distintos, el litigante anunciará de compulsa ante el mismo Juez o Tribunal Inferior dentro de tercero día de que se le hubiere notificado con el auto de negativa, pidiendo, en los dos primeros casos del Artículo 283, testimonio de la demanda, contestación,  sentencia  o  auto, escrito  de apelación y auto de negativa; y, en el tercer caso del mismo

 

Artículo, testimonio del auto de vista y de los memoriales del recurso extraordinario de nulidad, respuesta y auto de negativa. En los testimonios se insertarán las diligencias de notificación, informes y certificaciones pertinentes que existieren. (Arts. 284, 287).

 

 

Artículo 289.- (OBLIGACIONES DEL JUEZ O TRIBUNAL)

 

I.         El Juez o Tribunal anunciado de compulsa no podrá negar bajo pretexto alguno la francatura del testimonio a que se refiere el Artículo precedente, y señalará al secretario o actuario un plazo prudencial e improrrogable para su confección.

 

II.         Estará obligado a proseguir los trámites del proceso mientras no se le presentare la provisión compulsoria (Arts. 288, 290, 293)

 

 

Artículo 290.- (CONSTANCIA DE LA ENTREGA DEL TESTIMONIO)

 

 

El día de la entrega del testimonio al compulsante se hará constar mediante nota sentada tanto en el testimonio como en el expediente original. (Arts. 289, 293)

 

 

Artículo 291.- (PROVISION COMPULSORIA)

 

Si el superior en grado encontrare que la apelación o recurso de casación se hubiere negado indebidamente, mandará librar la provisión compulsoria. (Arts. 115, 286)

 

 

Artículo 292.- (NULIDAD DE ACTUACIONES)

 

Si el superior declarare legal la compulsa, todo lo actuado por el inferior desde la interposición del recurso de apelación será nulo de pleno derecho. (Arts. 9, 251)

 

 

Artículo 293.- (EJECUTORIA DE AUTOS Y SENTENCIAS)

 

En toda compulsa planteada por negativa del recurso de apelación o de casación, quedará ejecutoriado el auto o sentencia cuando: (Artículo 284)

 

1)         El compulsante no proveyere el papel sellado para el testimonio dentro de veinticuatro horas fatales desde que se le hubiere notificado con la providencia de francatura del testimonio.

 

2)         Al día siguiente de cumplido el plazo señalado en el Artículo 289 y concluido el testimonio no lo recogiere el compulsante.

 

3)         No se presentare la provisión compulsoria dentro del plazo de treinta días improrrogables computados a partir de la fecha de entrega del testimonio conforme al Artículo 290. (Artículo 284)

 

 

Artículo 294.- (COMPULSA ANTE JUEZ O TRIBUNAL DE CASACION)

 

Si el Juez o Tribunal de Casación, en vista del expediente original o del testimonio, según los casos, encontrare fundada la compulsa, dispondrá proseguir el trámite del recurso de casación en el primer caso u ordenará librar la provisión compulsoria en el segundo. (Artículo 263)

 

 

Artículo 295.- (IN ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACION)

 

Será inadmisible el recurso de casación contra el auto que resolviere la compulsa.

 

 

Artículo 296.- (COSTAS Y MULTA)

 

I.         Si la compulsa se declarare ilegal, el compulsante será condenado al pago de costas y multa; si se la declarare legal, se impondrá multa al inferior.

 

II.         La tasación de costas, el pago de ellas y el de la multa, se harán efectivos por el inferior. (Artículo 287)

 

CAPITULO X Revisión extraordinaria de sentencias

 

Artículo 297.- (PROCEDENCIA)

 

Habrá lugar al recurso extraordinario de revisión ante la Corte Suprema de Justicia, de una sentencia ejecutoriada en proceso ordinario, en los casos siguientes:

 

1)         Si ella se hubiere fundado en documentos declarados falsos por otra sentencia ejecutoriada que se hubiere dictado con posterioridad a la sentencia que se tratare de rever.

 

2)         Si habiéndose dictado exclusivamente en virtud de prueba testifical, los testigos hubieren sido condenados por falso testimonio en las declaraciones que sirvieron de fundamento a la sentencia.

 

3)         Si se hubiere ganado injustamente en virtud de cohecho, violencia o fraude procesal declarado en sentencia ejecutoriada.

 

4)         Si después de pronunciada, se recobraren documentos decisivos detenidos por fuerza mayor o por obra de la parte en favor de la cual se hubiere dictado, previa sentencia declarativa de estos hechos y ejecutoriada. (Artículo 299)

 

 

Artículo 298.- (PLAZO PARA INTERPONER EL RECURSO)

 

I.         El recurso de revisión sólo podrá interponerse dentro del término fatal de un año computable desde la fecha en que la sentencia adquirió ejecutoria.

 

II.         Si se presentare pasado éste plazo será rechazado de plano. Sin embargo, si hasta el término del año no se hubiere fallado aún el juicio dirigido a comprobar algunas de las circunstancias señaladas en el Artículo precedente, bastará que dentro de este plazo se hiciere protesta formal de usar este recurso, el cual deberá ser formalizado en el plazo fatal de treinta días a contar de la ejecutoria dc la sentencia pronunciada en dicho juicio. (Arts. 139, 297, 514)

 

 

Artículo 299.- (ADMISIBILIDAD)

 

El recurso extraordinario de revisión será admisible siempre que cumpliere con los requisitos siguientes:

 

1)         Presentación de los testimonios de las sentencias respectivas con certificación de sus ejecutorias.

 

2)         Expresión concreta de la causa que se invocare y los fundamentos que se alegaren.

 

3)         Indicación del Juzgado donde se encontrare el expediente en el cual se pronunció la sentencia impugnada.

 

4)         Presentación de tantas copias del recurso como partes hubieren intervenido en el proceso que se reverá. (Arts. 95, 297)

 

 

Artículo 300.- (TRAMITE)

 

Si la Corte Suprema de Justicia, en sala plena, considerare admisible el recurso:

 

1)         Ordenará al Juez de Primera Instancia, mediante provisión citatoria, remitir el expediente cuya sentencia fuere objeto del recurso.

 

2)         Según la importancia del caso fijará la naturaleza y cuantía de la caución que deberá constituir el recurrente dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en que se hubiere notificado, bajo conminatoria de tenerse por concluido el plazo.

 

3)         Correrá en traslado a las partes para que respondan en el plazo perentorio de quince días, más el de la distancia.

 

4)         Dispondrá o negará la medida precautoria que se hubiere solicitado. (Arts. 115, 156, 302)

 

 

Artículo 301.- (EJECUCION DE LA SENTENCIA CUYA REVISION SE PIDE)

 

La interposición de recurso de revisión no suspenderá la ejecución de la sentencia impugnada. El Tribunal podrá sin embargo en vista de las circunstancias y a petición del recurrente, ordenar se suspenda la ejecución siempre que se presentare fianza de resultas. (Arts. 517, 550)

 

 

Artículo 302.- (RESOLUCION)

 

I.         Hubiere o no contestación al traslado que se decretare en cumplimiento del Artículo 300, inciso 3, la sala plena de la Corte Suprema de Justicia, dictará la resolución respectiva.

 

II.         Si se declarare fundado el recurso, se dictará nueva sentencia anulando total o parcialmente o modificando la anterior. Si se rechazare el recurso se condenará en costas y daños al recurrente, si hubiere lugar, y a la pérdida del depósito previsto por el Artículo 300, inciso 2, o el pago del monto de la caución fijada según dicho Artículo en favor de la caja judicial. (Arts. 186, 787)

 

 

 

TITULO VI DE LA CONCLUSION EXTRAORDINARIA DEL PROCESO

 

CAPITULO I Desistimiento

 

Artículo 303.- (RETIRO DE LA DEMANDA)

 

Antes de contestada la demanda podrá el demandante retirarla y se considerará como no presentada. (Artículo 332)

 

 

Artículo 304.- (DESISTIMIENTO DEL PROCESO)

 

I.         Después de contestada la demanda podrá el demandante, o su apoderado con facultad especial, desistir del proceso.

 

II.         El escrito de desistimiento se correrá en traslado a la parte contraria notificándosele personalmente o por cédula, bajo apercibimiento de tenerla por conforme si no responde en el plazo de tres días.

 

III.        El demandado podrá aceptar el desistimiento llanamente o con la condición de que se le paguen las costas causadas. Si el demandado no aceptare el desistimiento, éste carecerá de eficacia y se proseguirá el trámite de la causa. (Artículo 306)

 

 

Artículo 305.- (DESISTIMIENTO DEL DERECHO)

 

I.         En la misma oportunidad y forma previstas en el Artículo anterior el demandante podrá desistir del derecho en que fundó la acción. En este caso no se requerirá la conformidad del demandado, debiendo el Juez limitarse a examinar si el acto procediere por la naturaleza del derecho litigioso y dar por terminado el proceso en caso afirmativo.

 

II.         En lo sucesivo no podrá promoverse otro proceso por objeto y causa iguales. (Artículo 306)

 

 

Artículo 306.- (IMPROCEDENCIA DEL DESISTIMIENTO)

 

No podrán desistir los que litigan en representación de personas incapaces, ni el Ministerio Público cuando actuare como parte principal en el litigio, salvo Ley expresa que autorizare el desistimiento. (Arts. 304, 305, 307)

 

 

Artículo 307.- (DESISTIMIENTO DE LOS RECURSOS DE APELACION Y DE CASACION)

 

El desistimiento de la apelación importará el consentimiento expreso y la ejecutoria de la sentencia apelada; el desistimiento del recurso de casación producirá la ejecutoria del auto de vista. Todo Tribunal de apelación o de casación, una vez presentado el desistimiento, lo aceptará sin más trámite con costas. (Artículo 306)

 

 

Artículo 308.- (DESISTIMIENTO EN TERCERIA)

 

Existiendo tercería excluyente el desistimiento del actor no podrá ser aprobado sin el consentimiento del tercerista. (Arts. 358, 362)

 

 

CAPITULO II Perención

 

Artículo 309.- (DECLARATORIA DE PERENCION)

 

I.         Cuando en primera instancia el demandante abandonare su acción durante seis meses, el Juez de Oficio o a petición de parte, y sin más trámite declarará la perención de la instancia, con costas.

 

II.         El plazo se computará desde la última actuación. (Artículo 139)

 

 

Artículo 310.- (MEDIDAS PRECAUTORIAS)

 

Declarada la perención de instancia, se dejarán sin efecto las medidas precautorias que se hubieren decretado, sin perjuicio de la apelación que se interponga. (Artículo 175)

 

 

Artículo 311.- (EFECTOS DE LA PERENCION)

 

La perención de instancia no importará la extinción de la acción, pudiendo intentarse una nueva demanda dentro del año siguiente. Transcurrido este plazo la acción quedará extinguida. (Artículo 312)

 

 

Artículo 312.- (EXTINCIÓN DE LA ACCION)

 

Si por segunda vez se declarare la perención, se entenderá extinguido el derecho pretendido. (Artículo 311)

 

 

Artículo 313.- (IMPROCEDENCIA DE LA PERENCION)

 

No procede la perención de instancia en los siguientes casos:

 

1)         Después de dictada la providencia de autos para sentencia.

 

2)         En los procesos posesorios, voluntarios y ejecutivos.

 

3)         En los de suspensión del proceso por acuerdo de partes y aprobada por el juez. (Arts. 148, 486, 591, 639)

 

CAPITULO III Transacción

 

Artículo 314.- (CONCLUSION DEL LITIGIO)

 

Todo litigio podrá terminar por transacción de la partes, de acuerdo a las condiciones y requisitos establecidos en el Código Civil.

 

 

 

Artículo 315.- (FORMA Y TRAMITE)

 

Las partes podrán hacer valer la transacción del derecho en litigio presentando el convenio o suscribiendo el acta respectiva ante el Juez. El Tribunal o Juez se limitará a examinar si se han cumplido los requisitos exigidos por la Ley para la validez de la transacción, y estando cumplidos la homologará. Si se negare la homologación continuarán los procedimientos del litigio. (Artículo 576)

 

 

 

LIBRO SEGUNDO DE LOS PROCESOS DE CONOCIMIENTO

 

TITULO I DISPOSICIONES GENERALES

 

CAPITULO I Clases

 

Artículo 316.- (PROCESO ORDINARIO)

 

Todo asunto contencioso que no esté sometido a trámite especial se sustanciará y resolverá en proceso ordinario. (Arts. 220, 490, 579, 641, 661, 777)

 

 

Artículo 317.- (PROCESO SUMARIO)

 

Se tramitarán y decidirán en proceso sumario:

 

1)         Los procesos de menor cuantía a que se refiere el Artículo 134, inciso 1, de la Ley de Organización Judicial.

 

2)         Los que señalan el Código de Comercio y otras Leyes. (Arts. 220, 478, 484)

 

 

Artículo 318.- (PROCESO SUMARISIMO)

 

Se tramitarán y decidirán en proceso sumarísimo los asuntos comprendidos en el Artículo 146 de la Ley de Organización Judicial. (Artículo 485).

 

 

CAPITULO II Medidas preparatorias

 

Artículo 319.- (ENUMERACION)

 

Todo proceso podrá prepararse por quien pretendiere demandar o por quien, con fundamento, previere que será demandado, pidiendo:

 

1)         Que la persona contra quien se propusiere dirigir la demanda preste declaración jurada sobre algún hecho relativo a su personalidad, comprobación sin la cual no pudiera entrarse en juicio.

 

2)         El reconocimiento, ante el Juez competente, de firma de documentos y papeles privados. Podrán darse los casos siguientes:

 

a.         Tratándose de persona jurídica y cuando el firmante hubiere dejado de ser personero de ella o se encontrare ausente, se podrá pedir que su reemplazante declare la efectividad del documento.

b.         Si se tratase de obligaciones contraídas por analfabetos o impedidos de firmar, se estará a lo dispuesto por los Artículos 1299 y 1300 del Código Civil.

c.         Si legalmente citada, no comparece la persona a quien se emplaza, se dará por reconocida la firma y la efectividad de documento, a menos que mediare impedimento por fuerza mayor comprobada, caso en el cual el Juez señalará nuevo día y hora o se trasladará al domicilio del emplazado.

 

3)         Que se exhiba la cosa mueble que ha de ser objeto de la acción.

 

4)         Que se exhiban testamentos o codicilos si el solicitante se creyere heredero o legatario.

 

5)         Que, en caso de evicción, se exhiban los títulos u otros documentos referentes a la cosa vendida.

 

6)         Que el socio o comunero o quien tuviere en su poder los documentos de la sociedad o comunidad, los exhiba, de manera que el solicitante pueda fundar una acción relativa a los mismos o defenderse en juicio promovido por un tercero, sea que la sociedad hubiere sido o no disuelta legalmente.

7)         Que se nombre defensor del ausente presunto que habrá de ser demandado, previa justificación de la ausencia en el término prudencial que fije el Juez; que en la misma forma se nombre defensor de bienes desamparados.

 

8)         Que si un menor o incapaz hubiere de demandar o ser demandado y no tuviere tutor o éste se hallare ausente, se le nombre un tutor ad-litem.

 

9)         Que, con noticia contraria, se reciba declaración anticipada de testigos gravemente enfermos, próximos a ausentarse del país o de edad avanzada.

 

10)         Que se practique, con o sin intervención de peritos, la inspección judicial del inmueble o muebles que habrán de ser objeto de juicio, para comprobar su estado.

 

11)         Que si el demandante presunto estuviere por ausentarse de la República constituya domicilio legal en el lugar que correspondiere entablar el proceso, dentro de los tres días de citársele con el requerimiento, bajo conminatoria de tener por constituido el domicilio en la puerta del Juzgado o Tribunal donde se practicará la citación con la demanda.

 

12)         Que quien hubiere de ser demandado por reivindicación u otra acción para la que fuere necesario conocer el carácter en virtud del cual ocupa la cosa objeto del juicio a promoverse exprese a qué título la tiene.

 

13)         Que se practique mensura judicial. (Arts. 101, 320, 324, 404, 427, 682, 694)

 

 

Artículo 320.- (IMPROCEDENCIA DE LA EXHIBICION)

 

No procederá la exhibición:

 

1)         De documentos privados cancelados.

 

2)         De documentos accesibles en archivos públicos.

 

3)         De medios de prueba que debieran ser exhibidos por el tenedor. (Artículo 319)

 

 

Artículo 321.- (DECLARACION JURADA)

 

En el caso del Artículo 319, inciso 1, el Juez señalará día y hora para que quien ha de ser demandado preste el juramento pedido. Si el emplazado no concurriere se le dará por confeso, a menos que justifique su inconcurrencia por causa justa, caso en el cual el Juez señalará nuevo día y hora o se trasladará a domicilio del impedido.

 

 

Artículo 322.- (EXHIBICION DE COSA MUEBLE)

 

I.         La exhibición de cosa mueble se hará en el tiempo, modo y lugar que determine el Juez atendiendo a las circunstancias.

 

II.         Si exhibida la cosa mueble el actor manifiesta ser la misma que se propone demandar, se hará constar este hecho en el acta respectiva, dejándose la cosa en poder de quien la exhibiere con la prevención de que la conserve en el mismo estado, hasta la resolución del proceso o decretándose, a instancia de parte, su depósito si concurrieren los requisitos exigidos para la procedencia del secuestro.

 

III. La prevención y depósito previstos anteriormente quedarán sin efecto, con indemnización de daños y perjuicios, si no se interpusiere la demanda dentro de los veinte días siguientes. Si el demandado rehusare la exhibición se presumirá ser cierto lo afirmado por el demandante. (Artículo 319)

 

 

Artículo 323.- (NEGATIVA DE EXHIBICION)

 

Quien sin justa causa se negare a la exhibición de que tratan los incisos 3), 4). 5) y 6) del Artículo 319 será responsable por los daños y perjuicios, que podrán ser reclamados junto con la demanda principal.

 

 

Artículo 324.- (DECLARACION ANTICIPADA DE TESTIGOS)

 

I.         La declaración anticipada de testigos prevista por el inciso 9) del Artículo 319, podrá recibirse aún después de formalizado el juicio y antes de abrirse el período de prueba, con habilitación de día y horas. La declaración anticipada tendrá el mismo valor que la recibida dentro del período probatorio, sin necesidad de ratificación. Queda librado al criterio del Juez apreciar las circunstancias en cada uno de estos casos.

 

II.         La tacha de estos testigos se formulará y probará durante el término de prueba. (Arts. 444, 472).

 

 

Artículo 325.- (REQUISITOS DE LA SOLICITUD Y RESOLUCION)

 

I.         En la solicitud de medidas preparatorias se indicará el nombre de la parte contraria futura, su domicilio si fuere conocido y los fundamentos de la petición.

 

II.         El Juez accederá a la solicitud si estimare justas las causas en que ella se fundare, denegándola en caso contrario. La resolución será apelable, sin recurso ulterior, únicamente cuando se denegare la solicitud. (Arts. 319, 327).

 

 

Artículo 326.- (CITACION)

 

Toda diligencia que se pidiere como preparatoria, se practicará precisamente con citación de la parte contra quien ha de dirigirse la acción, bajo pena de nulidad. (Arts. 120, 251)

 

 

TITULO II DEL PROCESO ORDINARIO

 

CAPITULO I Demanda

 

Artículo 327.- (FORMA DE LA DEMANDA)

 

La demanda, excepto en el proceso sumarísimo, será deducida por escrito y contendrá:

 

1)         La indicación del Juez o Tribunal ante quien se interpusiere.

 

2)         La suma o síntesis de la acción que se dedujere.

 

3)         El nombre, domicilio y generales del demandante o del representante legal si se tratare de persona jurídica.

 

4)         El nombre, domicilio y generales de Ley del demandado. Si se tratase de una persona jurídica la indicación de quién es el representante legal.

 

5)         La cosa demandada, designándola con toda exactitud.

 

6)         Los hechos en que se fundare, expuestos con claridad y precisión.

 

7)         El derecho, expuesto sucintamente.

 

8)         La cuantía, cuando su estimación fuere posible.

 

9)         La petición en términos claros y positivos. (Arts. 716, 755, 775, 779).

 

 

Artículo 328.- (PLURALIDAD DE PETICIONES)

 

En una demanda podrán plantearse todas las acciones que no fueren contrarias entre sí y pertenecieren a la competencia del mismo Juez (Artículo 327)

 

 

Artículo 329.- (DEMANDA DE PERSONA JURIDICA)

 

La demanda que se iniciare por una persona jurídica deberá estar acompañada por el documento que demostrare la personería del representante. (Arts. 52, 56, 58, 398, 406).

 

 

Artículo 330.- (PRUEBA DOCUMENTAL)

 

Con la demanda, reconvención y contestación de ambas, deberá acompañarse la prueba documental que estuviere en poder de las partes. Si no la tuvieren a su disposición, la individualizarán indicando el contenido, lugar, archivo, y oficina pública o persona en poder de quien se encontrare. (Arts 331, 390, 398, 479).

 

 

Artículo 331.- (DOCUMENTOS POSTERIORES, O ANTERIORES DESCONOCIDOS)

 

Después de interpuesta la demanda sólo se admitirán documentos de fecha posterior, o, siendo anteriores, bajo juramento de no haber tenido antes conocimiento de ellos. En tales casos se correrá traslado a la otra parte para los efectos del Artículo 346, inciso 2. (Arts. 137, 330, 351, 377, 390).

 

 

Artículo 332.- (MODIFICACION Y AMPLIACION DE LA DEMANDA)

 

El demandante podrá modificar o ampliar la demanda únicamente hasta antes de la contestación, caso en el cual el plazo para éste se computará desde que se notificare la modificación o ampliación. (Arts. 303, 345, 350)

 

 

Artículo 333.- (DEMANDA DEFECTUOSA)

 

Cuando la demanda no se ajuste a las reglas establecidas podrá el Juez ordenar de oficio se subsanen los defectos dentro del plazo prudencial que fije y bajo apercibimiento de que si no se subsanaren se la tendrá por no presentada. (Artículo 327).

 

 

Artículo 334.- (ADMISION DE LA DEMANDA)

 

Presentada la demanda en la forma prescrita, el Juez la correrá en traslado al demandado ordenando su citación y emplazamiento en la forma prevista en el Libro I, Título III, Capítulo VI, Sección I, para que comparezca y conteste en el término de Ley. (Arts. 7, 351, 364)

 

 

CAPITULO II Excepciones

 

Artículo 335.- (CLASES DE EXCEPCIONES)

 

Las excepciones que podrá oponer el demandado serán previas y perentorias. (Arts. 336, 342, 507)

 

 

 

Artículo 336.- (EXCEPCIONES PREVIAS)

 

Las excepciones previas serán:

 

1)         Incompetencia.

 

2)         Incapacidad o impersonería del demandante o demandado, o de sus apoderados.

 

3)         Litispendencia. En este caso se acumulará el nuevo proceso al anterior, siempre que existiere identidad de objeto. La jurisdicción mayor arrastrará a la menor.

 

4)         Oscuridad, contradicción o imprecisión en la demanda.

 

5)         Citación previa al garante de evicción.

 

6)         Demanda interpuesta antes de ocurrido el vencimiento del término o el cumplimiento de la condición.

 

7)         Cosa juzgada.

 

8)         Transacción.

 

9)         Prescripción, cuando pudiere resolverse como de puro derecho.

 

10)         Conciliación.

 

11)         Desistimiento del derecho. (Arts. 11, 53, 75, 180, 305, 338, 481, 507, 567)

 

 

Artículo 337.- (MODO DE PLANTEARLAS)

 

Las excepciones previas deberán plantearse todas juntas dentro de cinco días fatales desde la citación con la demanda y antes de la contestación. (Arts. 15, 481, 509)

 

 

Artículo 338.- (TRAMITE Y RESOLUCION)

 

I.         Planteadas la excepción o excepciones previas, se correrá en traslado al demandante para que conteste dentro de cinco días fatales desde la notificación, si estuvieren comprendidas en los incisos 1 al 6 del Artículo 336 y dentro de quince días si las excepciones estuvieren comprendidas en los incisos 7 al 11.

 

II.         Vencido el plazo correspondiente, hubiere o no respuesta, el Juez pronunciará resolución en el término de tres días. La resolución que declarare probadas las excepciones previstas por los incisos 7, 8, 9, 10 y 11 del mismo Artículo tendrá el carácter de sentencia. (Arts. 137, 190, 339, 343)

 

 

Artículo 339.- (APELACION)

 

Contra la resolución que declarare probada cualquiera de las excepciones contenidas en los incisos 7 al 11 del Artículo 336 procederá el recurso de apelación en el efecto suspensivo. En los demás casos del citado Artículo procederá sólo en el devolutivo. (Arts. 224, 338)

 

 

Artículo 340.- (REQUISITOS PARA LA ADMISION DE LAS EXCEPCIONES)

 

No se dará curso a las excepciones:

 

1)       Si la litispendencia no estuviere acompañada por el testimonio del escrito de demanda en el juicio pendiente.

 

2)       Si la de cosa juzgada no estuviere acompañada por el testimonio de la sentencia respectiva.

 

3)      Si las de transacción, conciliación y desistimiento del derecho no estuvieren acompañadas por los instrumentos o testimonios que las acreditaren. (Arts. 336, 400)

 

 

Artículo 341.- (INTERRUPCION DE PLAZO)

 

La oposición de excepciones previas no suspenderá el plazo para contestar la demanda, excepto en los casos de los Artículos 7 al 11 del Artículo 336. (Artículo 136)

 

 

Artículo 342.- (EXCEPCIONES PERENTORIAS)

 

Al contestar la demanda, el demandado podrá oponer todas las excepciones que pudiere invocar contra las pretensiones del demandante, inclusive las señaladas en los incisos 7 al 11 del Artículo 336 cuando no hubieren sido planteadas como previas. (Artículo 77, 344, 346)

 

 

Artículo 343.- (RESOLUCION)

 

I.         Las excepciones perentorias serán resueltas en la sentencia.

 

II.      Cuando el Juez encontrare probada una excepción perentoria no tendrá obligación de resolver las demás propuestas o alegadas, pero el superior en grado, al conocer en apelación, podrá revisar y fallar de oficio sobre las demás excepciones si encontrare improbada la primera. (Arts. 236, 338)

 

 

Artículo 344.- (EXCEPCIONES EN EJECUCION DE SENTENCIA)

 

En ejecución de sentencia sólo podrán oponerse las excepciones perentorias sobrevinientes y fundadas en documentos preconstituidos (Arts. 342, 517, 541)

 

 

 

CAPITULO III Contestación

 

Artículo 345.- (PLAZO)

 

El demandado deberá contestar la demanda dentro del plazo de quince días, con la ampliación que corresponda en razón de la distancia. (Arts. 50, 76, 332)

 

 

Artículo 346.- (CONTENIDO Y REQUISITOS DE LA CONTESTACION)

 

En la contestación el demandado, además de oponer las excepciones previstas por el Artículo 342 deberá:

 

1)         Reconocer o negar en forma explícita y clara los hechos expuestos en la demanda.

 

2)         Pronunciarse sobre los documentos acompañados o citados en la demanda. Su silencio, evasivas o negativa meramente general podrán estimarse como reconocimiento de la verdad de los hechos a que se refieren dichos documentos.

 

3)         Exponer con claridad y precisión los hechos que alegare como fundamento de su defensa.

 

4)         Cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo 327 en todo lo que fuere aplicable.(Arts. 92, 101, 331, 351, 479, 569)

 

 

Artículo 347.- (CONFESION DEL DEMANDADO)

 

Si el demandado confesare clara y positivamente la demanda, el Juez pronunciará sentencia sin necesidad de otra prueba ni trámite. Si confesare una parte, sólo en ésta se tendrá por probada, debiendo proseguir el proceso sobre los demás puntos demandados.

 

CAPITULO IV Reconvención

 

Artículo 348.- (OPORTUNIDAD PARA RECONVENIR)

 

En el mismo escrito de contestación el demandado podrá deducir reconvención en la forma prescrita para la demanda. Fuera de esta oportunidad no podrá deducirla, quedando a salvo su derecho para hacerlo valer en proceso distinto. (Arts. 50, 92)

 

 

Artículo 349.- (ADMISIBILIDAD)

 

La reconvención sólo será admisible en los procesos ordinarios y siempre que correspondiere, por razón de la materia, a la competencia del Juez que conociere la demanda, aunque por la cuantía debiera ventilarse ante un Juez Inferior. (Arts. 316, 480, 626)

 

 

Artículo 350.- (MODIFICACION Y AMPLIACION DE LA RECONVENCION)

 

El demandado podrá modificar o ampliar su reconvención sólo hasta antes de contestada ésta; en caso tal el término para que el demandante responda correrá desde que se le citare con la ampliación. (Artículo 332)

 

 

Artículo 351.- (TRASLADO)

 

I.         Planteada la reconvención, o presentados documentos por el reconviniente se correrá traslado al demandante quien deberá responder observando las normas establecidas para la contestación a la demanda.

 

II.         Será aplicable al caso lo dispuesto por el Artículo 331 para el demandado reconviniente. (Arts. 334, 346, 641)

 

 

Artículo 352.- (TRAMITE Y RESOLUCION)

 

La reconvención se sustanciará y resolverá conjuntamente con la demanda principal. (Arts. 190, 353)

 

 

Artículo 353.- (RELACION PROCESAL)

 

Presentados los escritos de demanda, reconvención y respuesta de ambas, quedará establecida la relación procesal que no podrá ser modificada posteriormente. (Arts. 190, 352, 371, 480)

 

 

Artículo 354.- (CALIFICACION DEL PROCESO EN ORDINARIO DE HECHO O DE DERECHO)

 

I.         Con el escrito de contestación a la demanda o a la reconvención en su caso, o en rebeldía, el Juez abrirá plazo de prueba siempre que se hubieren alegado hechos contradictorios que debieran ser probados.

 

II.         Si resultare de puro derecho se correrán nuevos traslados por su orden, los cuales deberán ser contestados dentro del plazo de diez días, a menos que fueren renunciados por las partes.

 

III.        Cumplidos estos requisitos, el proceso quedará concluido debiendo decretarse autos para sentencia. (Arts. 137, 228, 482, 756, 781)

 

 

CAPITULO V Tercerías

 

Artículo 355.- (CLASES)

 

Las tercerías podrán ser coadyuvantes, excluyentes y de derecho preferente. (Arts. 50, 357 a 360, 362)

 

 

Artículo 356.- (FUNDAMENTO)

 

El tercerista deberá fundar su intervención en un interés propio y en un derecho positivo y de existencia cierta, aunque su ejercicio se hallare pendiente de plazo y condición. (Artículo 513)

 

 

Artículo 357.- (TERCERIA COADYUVANTE)

 

El tercerista coadyuvante se reputará como una misma persona con el litigante principal debiendo tomar la causa en el estado en que se halle; no podrá hacer retroceder ni suspender el curso de ella, ni alegar ni probar lo que estuviere prohibido al principal por haber pasado el término o por cualquier otro motivo. (Artículo 355)

 

 

Artículo 358.- (TERCERIA EXCLUYENTE DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO)

 

I.         Al tercero opositor en proceso ordinario se concederá en causas de hecho y sólo en primera instancia, un término de prueba de diez a veinte días que será común a las partes.

 

II.         Si la tercería fuere presentada antes del vencimiento del plazo probatorio en lo principal se la sustanciará sin interrumpir este plazo, vencido el cual podrá proseguir el adicional hasta completarlo.

 

III.        Si la tercería fuere presentada después de vencido el plazo de prueba en lo principal o en segunda instancia, será sustanciada como incidente de puro derecho (Arts. 308, 354, 359, 370, 513)

 

 

Artículo 359.- (TERCERIA EXCLUYENTE EN SEGUNDA INSTANCIA)

 

Toda tercería excluyente interpuesta en segunda instancia será tramitada en la forma indicada en el parágrafo III del Artículo precedente. Para ser admitida deberá estar acompañada precisamente de un documento público o privado reconocido que demuestre el dominio sobre el inmueble o mueble sujeto a registro debidamente inscrito en la repartición que correspondiere con anterioridad a la inscripción del embargo o del título contra el cual se opusiere. (Arts 354, 360, 370, 513)

 

 

Artículo 360.- (TERCERIA EN EJECUCION DE SENTENCIA)

 

I.         En ejecución de sentencia sólo procederá la tercería de dominio excluyente. Se le dará el trámite de incidente de puro derecho.

 

II.         El tercerista, además de probar, en la forma prevista por el Artículo precedente, su derecho y dominio sobre los bienes embargados, deberá acompañar con la demanda, un depósito judicial bancario por el valor del cinco por ciento de la base en que hubiere de realizarse la subasta.

 

III.        Si la tercería se declarase probada se devolverá el depósito; si se declarare improbada quedará consolidado en favor de la caja judicial. (Arts. 354, 358, 364, 513)

 

 

Artículo 361.- (TERCERIAS SOBRE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A REGISTRO)

 

Las tercerías sobre bienes muebles no sujetos a registro sólo podrán probarse documentadamente.

 

 

Artículo 362.- (TERCERIAS DE DERECHO PREFERENTE)

 

I.         Dentro de un mismo proceso sólo podrán proponerse hasta dos tercerías de derecho preferente al pago.

 

II.         El tercerista deberá acompañar a su demanda los documentos que demuestren la prioridad del registro de sus derechos sobre los bienes embargados.

 

III.        Esta tercería no suspenderá la subasta. (Arts. 308, 355, 398, 513, 565)

 

 

Artículo 363.- (OPORTUNIDAD)

 

Las tercerías de dominio excluyente sobre bienes inmuebles o muebles sujetos a registro, podrán interponerse hasta antes de dictarse el auto de aprobación del remate. Las de muebles no sujetos a registro, hasta el remate. La de preferencia, hasta antes del pago al ejecutante. (Arts. 513, 527, 531, 545)

 

Artículo 364.- (TRAMITE Y RESOLUCION)

 

I.       Presentada una tercería, el juez la correrá en traslado al demandante y al demandado, a quienes se notificará personalmente o por cédula en el domicilio que apareciere en el expediente.

 

II.         En todos los casos en que la tercería debiera tramitarse como incidente de puro derecho, el juez dictará resolución dentro de tercero día de la última notificación a que se refiere el parágrafo anterior, sin esperar a que se responda el traslado.

 

III.        Si la tercería excluyente se declarare probada se ordenará el desembargo inmediato del bien, pudiendo el demandante ampliar la ejecución sobre los demás bienes del deudor o sobre los de su fiador.

 

IV.         Si se declarare probada la tercería de preferencia de pago, éste se hará efectivo con el valor de la subasta.

 

V.          En los demás casos la tercería se resolverá en sentencia (Arts. 334, 360, 506, 513)

 

 

Artículo 365.- (INADMlSlBILlDAD DE LA TERCERIA)

 

No será admisible ninguna tercería en recurso de casación. (Artículo 250)

 

 

Artículo 366.- (EFECTOS DE LAS RESOLUCIONES)

 

I.         Sólo las resoluciones que decidieren las tercerías interpuestas dentro de los procesos ordinarios y en primera instancia causarán ejecutoria y tendrán el valor de cosa juzgada.

 

II.         Las resoluciones de las tercerías interpuestas en segunda instancia, en ejecución de sentencia o en proceso ejecutivo tendrán el valor de cosa juzgada y podrán ser anuladas o modificadas por otro proceso ordinario que deberá formalizarse dentro del plazo fatal de treinta días de ejecutoriado el auto que rechazare la tercería. (Artículo 515)

 

 

Artículo 367.- (COSTAS)

 

I.         En la resolución que declarare improbada la tercería se condenará en costas al tercerista.

 

II.         En la que declarare probada la tercería se condenará en costas al demandante principal o ejecutante. (Arts. 198, 513)

 

 

Artículo 368.- (COLUSION)

 

Si resultare evidente que el tercerista actúa en colusión con el demandando, el Juez ordenará pasar antecedentes al Juez en lo Penal para el enjuiciamiento respectivo, sin perjuicio de que tanto a aquellos como a sus abogados se les impongan sanciones disciplinarias por obrar contra los deberes de lealtad, buena fe y probidad.

 

 

Artículo 369.- (FACULTAD DEL TERCERISTA)

 

El tercerista, en cualquier momento hasta antes de aprobarse el remate, podrá obtener el desembargo del bien pagando el capital, intereses y costas en caso de no haber aprobado que los bienes embargados le pertenecen. (Arts. 513, 541)

 

 

 

CAPITULO VI Prueba

 

SECCION I Principios generales

 

Artículo 370.- (APERTURA DEL PERIODO DE PRUEBA)

 

Siempre que hubiere hechos por probar, pero sin conformidad entre las partes, el Juez aunque ellas no lo pidieren, abrirá un período de prueba no menor de diez días ni mayor de cincuenta, según el proceso de que se tratare. Este auto será inapelable. (Arts. 36, 137, 226, 358, 390, 436, 482, 575, 619)

 

 

Artículo 371.- (FIJACION DE LOS PUNTOS DE HECHO A PROBARSE)

 

Al sujetarse la causa a prueba el Juez fijará, en auto expreso y en forma precisa, los puntos de hecho a probarse. Este auto podrá ser objeto por las partes dentro de tercero día y dará lugar a pronunciamiento previo e inmediato. Podrá ser apelado en el efecto devolutivo sin recurso ulterior. (Arts. 137, 353, 381, 431, 482)

 

 

Artículo 372.- (CLAUSURA DEL PERIODO DE PRUEBA)

 

El periodo de prueba podrá ser clausurado antes de su vencimiento si todas las pruebas se hubieren completado o las partes renunciaren a las pendientes. (Artículo 394).

 

 

Artículo 373.- (MEDIOS PROBATORIOS EN GENERAL)

 

Todos los medios legales así como los moralmente legítimos aunque no especificados en este Código, serán hábiles para probar la verdad de los hechos en que se fundare la acción o la defensa. (Artículo 374)

 

 

Artículo 374.- (MEDIOS LEGALES DE PRUEBA)

 

Son medios legales de prueba:

 

1)         Los documentos.

 

2)         La confesión.

 

3)         La inspección judicial.

 

4)         El peritaje.

 

5)         La testificación.

 

6)         Las presunciones. (Arts. 373, 398. 403, 427, 430, 444, 477)

 

 

Artículo 375.- (CARGA DE LA PRUEBA)

 

La carga de la prueba incumbe:

 

1)         Al actor en cuanto al hecho constitutivo de su derecho.

 

2)         Al demandado en cuanto a la existencia del hecho impeditivo, modificatario o extintivo del derecho del actor. (Arts. 379, 380)

 

 

Artículo 376.- (PERTINENCIA Y ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA)

 

Las pruebas deberán ceñirse a los puntos de hecho fijados por el Juez. Las que no les fueren pertinentes serán rechazadas de oficio. (Artículo 371)

 

 

Artículo 377.- (OPORTUNIDAD DE PROBAR)

 

Las partes producirán sus pruebas dentro del período fijado por el Juez; fuera de ese período serán rechazadas de oficio, excepto las preconstituidas y las comprendidas en el Artículo (Arts. 370, 390, 412, 422)

 

 

Artículo 378.- (FACULTAD DEL JUEZ)

 

El Juez, dentro del período probatorio o hasta antes de la sentencia, podrá ordenar de oficio declaraciones de testigos, dictámenes de peritos, inspecciones oculares y toda la prueba que juzgare necesaria y pertinente. (Artículo 396).

 

 

Artículo 379.- (PROPOSICION DE LA PRUEBA)

 

Las partes propondrán sus pruebas por escrito dentro de los cinco días primeros de la notificación con el auto que fijare los hechos a demostrarse. (Arts. 232, 375, 380, 431)

 

 

Artículo 380.- (FORMAS DE PROPONER LA PRUEBA)

 

 

El escrito de proposición de prueba contendrá:

 

1)       El hecho que se tratare de demostrar, con indicación de los medios de prueba que se ofrecieren.

 

2)        La solicitud para citar al adversario, adjuntando el interrogatorio en sobre cerrado, si se pretendiere provocar su confesión.

 

3)      La lista de testigos con designación de nombres y apellidos, estado civil, profesión, oficio u ocupación habitual, lugar de trabajo, casa o localidad de habitación.

 

Si por las circunstancias del caso fuere imposible a la parte conocer alguno de esos datos, bastará indicar los necesarios para poder individualizar al testigo sin dilaciones y obtener su citación.

 

El interrogatorio podrá reservarse por las partes hasta la audiencia en que deberán presentarse los testigos.

 

4)         Los datos relativos al perito, incluyendo nombre y apellido, número de matrícula profesional, lugar de trabajo, calle y número de casa o localidad de habitación.

 

5)         La solicitud para la comisión, si la prueba debiere producirse en lugar distinto al asiento del Juez o fuera de la República. (Arts. 375, 382, 411, 43l, 451, 460)

 

 

Artículo 381.- (ADMISION Y PERTINENCIA DE LA PROPOSICION DE LA PRUEBA)

 

Dentro de las veinticuatro horas de recibida la proposición de prueba, el Juez la admitirá con noticia de partes. La propuesta que no cumpliere con los requisitos exigidos en el Artículo precedente o se apartare del auto que hubiere fijado los hechos a probarse será rechazada. (Arts. 371, 380)

 

 

Artículo 382.- (OBJECION A LA PROPOSICION DE PRUEBA)

 

I.         El notificado con la prueba propuesta según el Artículo 380, podrá objetarla dentro de tercero día:

 

1)         Por no encontrarse la prueba propuesta de acuerdo con los hechos fijados por el Juez.

 

2)         Por existir óbices legales en los medios probatorios ofrecidos.

 

II.         El primer caso dará lugar a una resolución previa del Juez, resolución que podrá ser apelada en el efecto devolutivo, sin recurso ulterior.

 

III.        En el segundo caso, el notificado hará protesta de probar conjuntamente con la causa principal los óbices legales que opondrá a las pruebas contrarias, pero deberá señalar en forma precisa y explícita esos óbices, los cuales serán resueltos en sentencia. (Arts. 225, 376, 390, 472)

 

 

Artículo 383.- (CONTINUIDAD DEL PERIODO DE PRUEBA)

 

El período de prueba no se suspenderá por ningún incidente ni recurso. (Arts. 141, 148)

 

 

Artículo 384.- (CUADERNOS DE PRUEBA)

 

Se formarán cuadernos separados con las pruebas de cada parte, los cuales serán agregados al expediente al vencimiento del período de prueba. (Artículo 104)

 

 

Artículo 385.- (RECEPCION DE PRUEBA EN EL EXTRANJERO)

 

Si la prueba debiere producirse fuera de la República, el Juez comisionará a la autoridad judicial correspondiente, siempre que se presentaren cualesquiera de las circunstancias siguientes:

 

1)         Que el hecho a probar hubiere ocurrido fuera de la República.

 

2)         Que los archivos u oficinas que contuvieren los documentos se encontraren en el extranjero.

 

3)         Que la persona que deberá declarar residiere en el extranjero. (Artículo 386)

 

 

Artículo 386.- (PLAZO EXTRAORDINARIO DE PRUEBA)

 

Para el caso previsto en el Artículo precedente el Juez señalará un plazo extraordinario e improrrogable, de acuerdo a la distancia y medios de transporte el cual no podrá exceder de sesenta y ciento veinte días según se tratare o no de país limítrofe. La resolución que concediere el plazo extraordinario será inapelable; la que denegare el plazo será apelable en el efecto devolutivo, sin recurso ulterior. (Arts. 146, 226, 385, 388)

 

 

Artículo 387.- (PRUEBA PENDIENTE)

 

Si hubiere transcurrido el plazo extraordinario sin presentarse los actuados de la comisión prevista por el Artículo precedente, el Juez podrá dictar sentencia. Si la prueba se hubiere producido dentro del plazo extraordinario, podrá ser agregada al expediente a tiempo e interponerse el recurso de apelación o en segunda instancia.

 

 

Artículo 388.- (COMPUTO DEL PLAZO EXTRAORDINARIO)

 

El plazo extraordinario de prueba correrá juntamente con el ordinario y empezará a computarse desde el día siguiente a la resolución que lo hubiere concedido. (Arts. 368, 370)

 

 

Artículo 389.- (PRUEBA FUERA DE LA JURISDICCION DEL JUEZ)

 

Cuando las pruebas debieren producirse en jurisdicción ajena, el Juez podrá trasladarse para recibirlas o comisionar su recepción a los Jueces de las localidades respectivas y, a falta de ellos, a una autoridad administrativa, concediendo en su caso el término de la distancia de acuerdo con el Artículo 146. (Artículo 114)

 

 

Artículo 390.- (RECEPCION DE LAS PRUEBAS)

 

I.         La recepción de las pruebas se hará dentro del período concedido por el Juez, en audiencias públicas, previa citación de partes, fin para el cual se señalará de oficio día y hora dentro de tercer día de vencido el plazo de las objeciones.

 

II.         La prueba documental se regirá por lo dispuesto en los Artículos 330 y 331. (Arts. 102, 370, 377, 382, 391)

 

 

Artículo 391.- (DISCIPLINA EN LA AUDIENCIA)

 

Durante las audiencias las partes, sus abogados y demás concurrentes guardarán comportamiento correcto. Todo acto irrespetuoso o de desobediencia dará lugar sin recurso alguno, a amonestación y en su caso a sanción de arresto al infractor por el tiempo que señalare el Juez, no superior a cuarenta y ocho horas, todo ello sin perjuicio de la acción penal que procediere.

 

 

Artículo 392.- (CONCENTRACION DE LA RECEPCION)

 

Si la audiencia señalada no fuere suficiente para concluir con la recepción de las pruebas, el Juez señalará nuevo día y hora, sin necesidad de otra notificación a las partes, peritos o testigos, quienes estarán obligados a concurrir, bajo las sanciones de la Ley. Entre una y otra audiencia no habrá un intervalo mayor de dos días hábiles, bajo responsabilidad del Juez. (Artículo 390)

 

 

Artículo 393.- (INCONCURRENCIA A LA AUDIENCIA)

 

I.         La inconcurrencia de una o ambas partes, o de sus abogados no suspenderá la audiencia.

 

II.         La parte inasistente perderá su derecho para interrogar al testigo examinado, así como para pedir aclaraciones, explicaciones o complementaciones a los informes de peritos que se hubieren prestado en la audiencia. (Artículo 390)

 

 

Artículo 394.- (CONCLUSION DEL PERIODO DE PRUEBA)

 

I.         Vencido el período de prueba o llegado el caso del Artículo 372, el Juez, sin necesidad de gestión alguna, ordenará agregar los cuadernos de prueba al expediente y entregarse éste a los abogados de las partes, en su orden, por el plazo de ocho días a cada uno, para presentar, si creyeren conveniente, sus conclusiones. Se considerará como una sola parte a quienes actúen bajo representación común.

 

II.         Si el expediente no fuere devuelto en el plazo señalado, el Juez previo informe expedido de oficio por el secretario, ordenará su restitución bajo apremio, perdiendo la parte su derecho para presentar conclusiones. (Arts. 65, 107, 142, 372).

 

 

Artículo 395.- (DECRETO DE AUTOS)

 

Transcurridos los plazos indicados en el Artículo precedente, el Juez con o sin las conclusiones de las partes, decretará autos para la sentencia dentro de las cuarenta y ocho horas subsiguientes (Arts. 191, 396)

 

 

Artículo 396.- (EFECTOS DEL DECRETO DE AUTOS)

 

Dictada la providencia de autos quedará cerrada toda discusión y no podrán presentarse escritos ni producirse pruebas excepto si el Juez usare de la facultad conferida en el Artículo 378.

 

En este caso el plazo para dictar sentencia quedará suspendido por los días que requiriere la producción de la prueba (Arts. 191, 204, 395)

 

 

Artículo 397.- (VALORACION DE LA PRUEBA)

 

I.         Las pruebas producidas en la causa serán apreciadas por el Juez de acuerdo a la valoración que les otorgare la Ley; pero si ésta no determinare otra cosa, podrá apreciarlas conforme a su prudente criterio o sana crítica.

 

II.         El Juez tendrá obligación de valorar en la sentencia las pruebas esenciales y decisivas. (Artículo 400, 409, 441, 476)

 

 

SECCION II Prueba documental

 

Artículo 398.- (PROCEDENCIA)

 

Toda vez que la ley exigiere prueba escrita o que la naturaleza de los hechos la precisare, las partes estarán obligadas a presentar documentos. (Arts. 329, 361, 374, 713)

 

 

Artículo 399.- (DOCUMENTO AUTENTICO)

 

I.         Todo documento público se considera auténtico mientras no se demuestre lo contrario.

 

II.         También se considerará auténtico un documento privado en los casos siguientes:

 

1)         Cuando se lo hubiere reconocido judicialmente en forma expresa o declarado como tal por el Juez.

 

2)         Cuando habiendo sido negada la firma se lo declarare auténtico por resolución judicial ejecutoriada.

 

3)         Cuando hubiera sido inscrito con las formalidades legales del caso en el registro público a pedido de la parte contra quien se opusiere.

 

4)         Cuando hubiere sido presentado en el proceso afirmándose estar suscrito o haber sido manuscrito por la parte contra quien se opusiere, y no fuere tachado de falso oportunamente.

 

III.        La autenticidad de los libros y documentos mercantiles se regirá por lo dispuesto en el Código de Comercio. (Arts. 487, 713).

 

 

Artículo 400.- (VALOR PROBATORIO DE TESTIMONIOS)

 

Los testimonios tendrán el mismo valor probatorio que el original, en los casos siguientes:

 

1)         Cuando hubieren sido autorizados por el notario u otro funcionario Público a cargo de quien se encontrare el original.

 

2)         Los testimonios podrán consistir en reproducciones mecánicas del documento original siempre que estuvieren debidamente autenticadas por el funcionario tenedor de dicho original, y se otorgaren por orden judicial o de autoridad competente. (Arts. 106, 340, 397)

 

 

Artículo 401.- (INDIVISIBILIDAD Y ALCANCE PROBATORIO DEL DOCUMENTO)

 

La eficacia probatoria que resultare de los documentos públicos o privados será indivisible y comprenderá aún lo meramente enunciado, siempre que tuviere relación directa con lo dispuesto por el acto o contrato. (Arts. 1289 a 1292 del Código Civil).

 

 

Artículo 402.- (DOCUMENTOS EN IDIOMA ESPAÑOL U OTRO)

 

I.         Los documentos deberán presentarse en idioma español.

 

II.         Los documentos que se presentaren en otro idioma deberán acompañarse con la traducción correspondiente al español. Si la parte contra quien se oponen pidiere su traducción oficial, se mandará a realizarla conforme a la Ley y a cargo del solicitante. Si el Juez considerare necesario podrá ordenar la traducción y los gastos serán prorrateados entre las partes.

 

SECCION III Confesión

 

Artículo 403.- (CLASES DE CONFESION)

 

Hay dos clases de confesión: la judicial, que podrá ser provocada o espontánea y la extra – judicial. (Arts. 404, 426).

 

 

Artículo 404.- (CONFESION JUDICIAL)

 

I.         Será confesión judicial provocada la que una parte hiciere en virtud de petición expresa y conforme a interrogatorio de la otra parte, o dispuesta por el Juez, con juramento y las formalidades establecidas por Ley. (Arts. 443, 1325 del Código Civil).

 

II.         Será espontánea, laque se hiciere en la demanda, contestación o en cualquier otro acto del proceso y aún en ejecución de sentencia sin interrogatorio previo; en este último caso importará renuncia a los beneficios acordados en dicha sentencia. (Artículo 1321 del Código Civil).

 

 

Artículo 405.- (CONFESION PERSONAL O POR MANDATARIO)

 

La confesión será personal; pero también podrá hacerse por mandatario con poder notariado especial y explícito, a menos que se refiriere a hechos diferentes o fuere contraria a las Leyes. (Artículo

58)

 

 

Artículo 406.- (CONFESION DE PERSONAS JURIDICAS)

 

I.         Los personeros, directores o gerentes de sociedades comerciales, industriales o de cualquier clase, podrán confesar en representación de sus entidades.

 

II.         Si negaren su calidad de representantes estarán obligados a demostrarlo e indicar a la persona que invistiere la representación. (Arts. 56, 329)

 

 

Artículo 407.- (CONFESION DE LITIS CONSORTE)

 

La confesión de un litis consorte no perjudicará a los otros. (Artículo 67).

 

 

Artículo 408.- (REQUISITOS DE LA CONFESION)

 

La confesión requerirá:

 

1)         Tener el confesante capacidad para hacerla y poder dispositivo sobre el derecho que resultare de lo confesado.

 

2)         Versar sobre hechos que produjeran consecuencias jurídicas adversas al confesante o favorables a la parte contraria.

 

3)         Ser expresa, consciente y libre.

 

4)         Versar sobre hechos personales del confesante o de los que tuviere conocimiento.

 

5)         Estar debidamente probada, si fuere extrajudicial. (Arts. 404, 425; Artículo 1321 del Código Civil)

 

 

Artículo 409.- (EFECTOS DE LA CONFESION EXPRESA)

 

La confesión judicial expresa constituirá prueba, excepto cuando:

 

1)         Este medio de prueba estuviere excluido por la Ley respecto a los hechos que constituyeren el objeto del proceso, o incidiere sobre derechos que el confesante no pudiere renunciar o transigir válidamente.

 

2)         Recayere sobre hechos la investigación de los cuales prohíbe la Ley.

 

3)         Se opusiere a documentos fehacientes de fecha anterior, ya agregados al expediente. (Artículo 397)

 

 

Artículo 410.- (ALCANCES DE LA CONFESION)

 

I.         En caso de duda la confesión se interpretará en favor de quien la hace.

 

II.         La confesión será indivisible, excepto cuando:

 

1)         El confesante invocare hechos impeditivos, modificativos o extintivos, o absolutamente separables o independientes unos de otros.

 

2)         Las circunstancias calificativas expuestas por el confesante fueren inverosímiles o contrarias a una presunción legal.

 

3)         Las modalidades del caso hicieren procedente la divisibilidad.

 

 

Artículo 411.- (RETRACTACION)

 

La parte que defiere a confesión no podrá retractarse cuando el adversario fuere notificado con el emplazamiento y estuviere pronto a absolverla. (Artículo 413)

 

 

Artículo 412.- (OPORTUNIDAD PARA PROVOCAR LA CONFESION)

 

La confesión sólo podrá ser provocada dentro del período de prueba. (Arts. 377, 422)

 

 

Artículo 413.- (NOTIFICACION)

 

I.         La parte cuya confesión se provocare será notificada por cédula con anticipación de tres días. En la cédula se incluirá el decreto por el cual se señalare día y hora para la audiencia de recepción, con apercibimiento legal para el caso de incomparecencia.

 

II.         Si el oficial de diligencias no encontrare a la parte en el domicilio que hubiere señalado en el proceso, entregará la cédula a quien habitare o trabajare en dicho domicilio; la persona que recibiere la cédula deberá firmar la copia de ella la cual se adherirá al expediente si se negare a firmar, lo hará un testigo presencial; también se colocará otra copia en la puerta principal del domicilio, lo cual se hará constar en la diligencia de notificación. (Arts. 101, 122, 411).

 

 

Artículo 414.- (RECLAMO SOBRE LA FORMA DE NOTIFICACION)

 

I.         El deferido a confesar podrá reclamar sobre la forma de notificación dentro de las veinticuatro horas; vencido este plazo caducará su derecho.

 

II.         Planteada la reclamación en tiempo oportuno, el Juez, previo informe del oficial de diligencias y traslado a la parte adversa, resolverá el incidente. (Artículo 128)

 

 

Artículo 415.- (INTERROGATORIO)

 

I.         Quien provocare la confesión, deberá adjuntar el interrogatorio en sobre cerrado, que será abierto en el acto de recibirla.

 

II.         Las preguntas serán claras y precisas, cada una no contendrá más de un hecho, y deberán versar sobre puntos controvertidos relativos a la actuación personal del absolvente.

 

III.        El Juez podrá modificar de oficio y sin recurso alguno el orden y los términos de las preguntas propuestas por las partes, sin alterar su sentido. Podrá, asimismo, eliminar las que no se relacionaren con la materia del litigio.

 

IV.         Cuando la confesión debiere practicarse ante comisionado, el Juez comitente abrirá el sobre en presencia del deferente para calificar las preguntas, y haciendo uso de sus facultades volverá a cerrarlo antes de su remisión. Arts. 113, 114, 371, 380 , 460).

 

 

Artículo 416.- (AUDIENCIA)

 

Previo señalamiento de día y hora la confesión se recibirá en audiencia pública a la cual podrán concurrir las partes y sus abogados. La inconcurrencia del deferente no suspenderá la recepción. (Arts. 102, 103).

 

 

Artículo 417.- (FORMALIDADES PREVIAS A LA RECEPCION)

 

I.         Instalada la audiencia, el Juez preguntará al declarante:

 

1)         Nombre y apellido.

 

2)         Estado Civil.

 

3)         Profesión, oficio u ocupación habitual.

 

4)         Idioma.

 

5)         Si lee y escribe.

 

6)         Cédula de identidad personal, que deberá ser exhibida.

 

II.         Acto seguido le tomará juramento de decir la verdad de cuanto se le preguntare y abrirá el sobre del interrogatorio. (Artículo 418)

 

 

Artículo 418.- (ACTA)

 

I.         Se levantará acta de la actuación consignando literalmente las preguntas y respuestas por su orden, dejando constancia de que antes de cerrar el acta se dio lectura a la declaración y si el confesante se ratificó o no en ella.

 

II.         Cualquier enmienda, aclaración o ampliación se salvará al final del acta, la cual será firmada de inmediato por el confesante, Juez y Secretario.

 

III.        El confesante podrá pedir verbalmente copia del acta y ésta se le otorgará en papel común por orden del Juez. (Artículo 102).

 

IV.         Para garantizar la fidelidad del acta así como la celeridad en las actuaciones podrán utilizarse medios mecánicos, con las seguridades aconsejables, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 103.

 

 

Artículo 419.- (FACULTADES DEL JUEZ EN LA AUDIENCIA)

 

I.         Cuando las respuestas fueren oscuras o evasivas, el Juez podrá formular otras preguntas; el deferente, por intermedio de su abogado y con licencia del Juez podrá pedir explicaciones o aclaraciones a las respuestas del confesante.

 

II.         Si el confesante no supiere hablar el español la interrogación se hará por intermedio de intérprete, siempre que el Juez no poseyere el idioma del deponente (Artículo 469)

 

III.        Cuando el confesante se negare a contestar o diere contestaciones evasivas e inconducentes, el Juez lo amonestará para que responda en forma clara y explícita. (Arts. 4, 378, 420, 469)

 

 

Artículo 420.- (DESIGNACION DE INTERPRETE)

 

En el caso del parágrafo II del Artículo precedente, el Juez estará facultado para designar de oficio intérprete en la misma audiencia de recepción; si esto no fuere posible de inmediato, suspenderá la audiencia por un plazo no mayor de tres días para designar el intérprete, quedando notificadas las partes con el señalamiento de la nueva audiencia, que se hará antes de la suspensión del acto. (Arts. 469, 470).

 

Artículo 421.- (REQUISITOS PARA SER INTERPRETE)

 

El intérprete deberá reunir los siguientes requisitos:

 

1)         Ser mayor de edad.

 

2)         Tener pleno dominio del idioma que habla el confesante y del español.

 

3)         No tener ninguna causa de impedimento.

 

4)         Prestar juramento de traducir fielmente la declaración. (Artículo 420)

 

 

Artículo 422.- (INCONCURRENCIA Y NUEVO SEÑALAMIENTO)

 

Si el notificado a confesar probare, dentro de los tres días siguientes a aquel en que debía comparecer, que no puede concurrir a la diligencia por motivos que el Juez encontrare justificados, se fijará nuevo día y hora para el efecto. De este derecho no se podrá hacer uso sino por una sola vez. La resolución que aceptare el aplazamiento no admitirá recurso alguno. Si por el aplazamiento la confesión se recibiere después de concluido el período probatorio, se reputará que fue absuelta en tiempo hábil. (Arts. 321, 377, 412, 423)

 

 

Artículo 423.- (SOLICITUD DE POSTERGACION DE LA AUDIENCIA. SUS EFECTOS)

 

En caso de que el emplazado a confesión se encontrare en la imposibilidad de concurrir a la audiencia, solicitará con anticipación al verificativo de ella la postergación, o que el Juez se traslade a la casa o local donde dicho emplazado se encontrare. El Juez, encontrando atendible y debidamente justificada la solicitud, podrá acceder a ella. (Arts. 422, 450)

 

 

Artículo 424.- (CONFESION PRESUNTA)

 

Si el citado no compareciere a declarar a la hora fijada para la audiencia o habiendo comparecido rehusare responder o contestare evasivamente, a pesar de la amonestación del Juez, éste al pronunciar sentencia lo tendrá por confeso, apreciando las circunstancias del caso. (Arts. 413, 422).

 

 

Artículo 425.- (PROHIBICION DE ASESORAMIENTO)

 

El declarante no podrá ser asesorado por abogado ni persona alguna en el acto de la confesión. Sin embargo, si a pedido del declarante el Juez considerare imprescindible, podrá autorizar la consulta de documentos o anotaciones como ayuda de memoria; los papeles consultados quedarán adheridos al expediente. (408, 463)

 

 

Artículo 426.- (CONFESION EXTRAJUDICIAL)

 

I.         La confesión extrajudicial, hecha al interesado o a quien legalmente lo representare, surtirá el mismo efecto que la judicial en los casos en que fuere admisible la prueba de testigos.

 

II.         La confesión extrajudicial hecha a un tercero, constituirá fuente de presunción simple. (Arts. 403, 684)

 

SECCION IV Inspección judicial

 

Artículo 427.- (PROCEDENCIA)

 

I.         De oficio o a pedido de parte del Juez o Tribunal podrá ordenar:

 

1)         El reconocimiento judicial de lugares o cosas.

 

2)         La concurrencia de peritos y testigos a dicho acto.

 

3)         Las medidas previstas en el Artículo 439.

 

II.         Al decretar el reconocimiento individualizará lo que deberá constituir su objeto y determinará el lugar, fecha y hora en que aquél se realizará.

 

III.        Si hubiere urgencia, la notificación se hará con un día de anticipación. (Arts. 4, 137, 374, 430, 617).

 

 

Artículo 428.- (FORMA DE LA DILIGENCIA Y GASTOS)

 

I.         A la diligencia asistirá el Juez o los miembros del Tribunal que éste determinare. Las partes podrán concurrir con sus representantes y abogados y formular las observaciones pertinentes, de las cuales se dejará constancia en acta.

 

II.         La inconcurrencia de las partes o peritos no suspenderá la inspección.

 

III.        La parte que hubiere solicitado la inspección sufragará los gastos que ésta ocasionare. Si hubiere sido ordenada de oficio, los gastos serán pagados a prorrata por las partes, a menos que una de ellas o ambas gozaren del beneficio de gratuidad, caso en el cual pagará su parte el tesoro judicial (Artículo 427)

 

 

Artículo 429.- (SUSPENSION DE TRABAJO Y TRANSITO)

 

Cuando la inspección se efectuare en locales o sitios de mucha concurrencia o tránsito intenso o mediaren otras circunstancias para dificultar la diligencia, el Juez ordenará, con ayuda de la fuerza pública si fuere necesario, la desocupación o suspensión del trabajo o tránsito mientras durare la inspección. (Arts. 2, 4)

 

SECCION V Peritaje

 

Artículo 430.- (PROCEDENCIA)

 

Será admisible la prueba pericial cuando la apreciación de los hechos controvertidos requiriere conocimientos especializados en alguna ciencia, arte, industria o técnica. (Arts. 374, 427).

 

 

Artículo 431.- (PUNTOS DE PERICIA).

 

I.         La parte que deberá producir la prueba de peritos establecerá en el escrito de la solicitud los puntos sobre los cuales versará esa prueba.

 

II.         Al darse traslado a la parte adversa, ella podrá objetarla o agregar nuevos puntos.

 

III.        El Juez fijará los puntos de pericia, pudiendo agregar otros o eliminar los que considerare improcedentes o superfluos. (Arts. 371, 378)

 

 

Artículo 432.- (DESIGNACION DE PERITOS)

 

Las partes designarán de común acuerdo uno o dos peritos, pudiendo dejar al arbitrio del Juez la designación. Si no hubiere acuerdo designarán uno por parte; el Juez podrá nombrar un tercero. (Arts. 617, 665, 671, 691, 702)

 

 

Artículo 433.- (REACUSACION)

 

Los peritos nombrados de oficio podrán ser recusados dentro de tercero día por cualquiera de las causas previstas respecto a los Jueces. También serán recusables por falta de título profesional o por incompetencia notoria en la materia de dictaminarse. (Arts. 20, 32, 48, 434, 439, 442).

 

 

Artículo 434.- (RESOLUCION)

 

La recusación será resuelta en la vía incidental, sin recurso ulterior. Si fuere probada, el Juez reemplazará al perito o peritos, sin otra sustanciación. (Artículo 433)

 

 

Artículo 435.- (ACEPTACION DEL CARGO)

 

I.         Los peritos aceptarán personalmente el cargo, bajo juramento. Les serán entregados, si fuere posible, todos los antecedentes de la cuestión sobre la que deberán dictaminar. (Arts. 107, 534).

 

II.         Si el perito no aceptare el cargo, el Juez, dentro de tercero día, nombrará otro en su reemplazo, de oficio y sin otro trámite. (Arts. 432, 436)

 

 

Artículo 436.- (CUMPLIMIENTO DEL CARGO)

 

I.         Los peritos deberán expedir su dictamen dentro del plazo prudencial que el Juez le señalare, el cual no podrá exceder del plazo probatorio.

 

II.         Los peritos practicarán la diligencia conjuntamente, a menos que tuvieren razón especial para lo contrario. Las partes y sus abogados podrán asistir y hacer las observaciones que creyeren oportunas, debiendo retirarse cuando los peritos pasaren a deliberar. (Artículo 534).

 

 

Artículo 437.- (REMOCION)

 

I.         Será removido el perito que después de haber aceptado el cargo renunciare sin motivo atendible, rehusare dar su dictamen o no lo presentare oportunamente. El Juez, de oficio, nombrará otro en su lugar y condenará al primero a pagar los gastos de las diligencias frustradas y los daños y perjuicios ocasionados a las partes, si éstas los reclamaren. El reemplazado perderá el derecho a cobrar honorarios.

 

II.         La negligencia de uno de los peritos no excusará a los otros, quienes deberán realizar las diligencias y dictaminar dentro del plazo. (Arts. 436, 543)

 

 

Artículo 438.- (DICTAMEN INMEDIATO)

 

Cuando el objeto de la diligencia pericial fuere de tal naturaleza que permitiere a los peritos dictaminar inmediatamente, así deberán hacerlo en audiencia o por escrito. (Arts. 440, 618)

 

 

Artículo 439.- (PLANOS, EXAMENES CIENTIFICOS Y RECONSTRUCCIONES DE HECHOS)

 

I.         El Juez de oficio o a pedido de parte podrá ordenar:

 

1)         La ejecución de planos, reproducciones fotográficas, cinematográficas u otras de objetos, documentos o lugares con empleo de medios mecánicos.

 

2)         Exámenes científicos necesarios para el mejor esclarecimiento de los hechos controvertidos.

 

3)         Reconstrucciones de hechos para comprobar si se realizaron o pudieron realizarse de una manera determinada.

 

II.         A estos efectos podrá disponer que comparezcan los peritos y testigos. (Arts. 427, 433, 442)

 

 

Artículo 440.- (ENTREGA DEL DICTAMEN)

 

I.         Los peritos entregarán su dictamen por escrito con copias para las partes. Los que estuvieren conformes extenderán un solo texto firmado por todos; los disidentes podrán hacerlo por separado.

 

II.         Recibido el dictamen se comunicará a las partes y éstas podrán, dentro de tercero día, pedir al Juez recabar de los peritos las aclaraciones convenientes y conexas.

 

III.        El Juez accederá a esta petición si la considerare fundada. Su resolución será inapelable.

 

IV.         El Juez podrá también llamar a los peritos a su despacho y pedirles verbalmente o por escrito las aclaraciones del caso. (Arts. 436, 438)

 

 

Artículo 441.- (FUERZA PROBATORIA DEL DICTAMEN PERICIAL)

 

La fuerza probatoria del dictamen pericial será estimada por el Juez teniendo en consideración la competencia de los peritos, la uniformidad o disconformidad de sus opiniones, los principios científicos en que se fundaren, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y demás pruebas y elementos de convicción que la causa ofreciere. (Artículo 397; Artículo 1333 del Código Civil).

 

 

Artículo 442.- (INFORMES CIENTIFICOS O TECNICOS)

 

I.         Cuando el dictamen pericial requiriere operaciones o conocimiento de alta especialización, el Juez, de oficio o a petición de parte podrá pedir informes a cualesquiera entidades públicas o privadas especializadas y autorizadas en los conocimientos correspondientes.

 

II.         A pedido de las entidades privadas se fijará el honorario que les tocare percibir. (Arts. 433, 439).

 

 

Artículo 443.- (GASTOS Y HONORARIOS)

 

I.         Los gastos y honorarios de los peritos correrán a cargo de la parte que solicitare la pericia. Los de los peritos nombrados de oficio serán pagados a prorratas por las partes.

 

II.         Los honorarios serán regulados por el Juez tomando en cuenta la importancia del trabajo realizado. (Artículo 199)

 

 

SECCION VI Testificación

 

Artículo 444.- (TESTIGOS)

 

Toda persona mayor de catorce años podrá ser propuesta como testigo y tendrá el deber de comparecer y declarar, con las excepciones establecidas por la Ley. (Arts. 324, 374, 427, 456).

 

 

Artículo 445.- (TACHAS ABSOLUTAS)

 

No podrán ser creídos como testigos:

 

1)         Quienes padecieren de enajenación mental.

 

2)         Los ebrios consuetudinarios y quienes carecieren de profesión u ocupación honesta conocida.

 

3)         Quienes hubieren sido condenados por falso testimonio.

 

4)         Los ciegos y sordos con relación a hechos perceptibles por la vista o el oído, respectivamente. (Arts. 446, 470, 472)

 

 

 

Artículo 446.- (TACHAS RELATIVAS)

 

No podrán ser creídos como testigos en procesos de personas a quienes estuvieren vinculados:

 

1)         El pariente en línea directa o dentro del cuarto grado de consanguinidad y el afín hasta el segundo grado.

 

2)         El dependiente de la parte que lo presentare.

 

3)         Quien tuviere interés directo o indirecto en el litigio ya por sí mismo ya por parentesco dentro de los grados establecidos en el inciso 1) de este Artículo.

 

4)         Los pupilos por sus tutores y viceversa.

 

5)         Quien tuviere litigio pendiente con la parte contraria a su presentante.

 

6)         El amigo íntimo de la parte que lo presentare o el enemigo manifiesto de la parte adversa. (Arts. 445, 447, 472)

 

 

Artículo 447.- (VALOR DE LAS TACHAS)

 

I.         La oposición de una tacha no impedirá recibir la declaración de la persona propuesta como testigo. Pero probada la tacha, el Juez en la sentencia prescindirá de la declaración, a menos que atentas las circunstancias del caso no asignare al hecho probado, gravedad suficiente como para invalidar la declaración.

 

II.         Podrán probarse, además de las circunstancias mencionadas en los Artículos anteriores, cualesquiera otras que tendieren a disminuir o destruir la fe de un testigo. (Arts. 473, 474)

 

 

Artículo 448.- (DISPENSA DE DECLARAR)

 

Estarán dispensados de asistir a declarar en el proceso de sus parientes los consanguíneos y los afines en línea recta, los hermanos y el cónyuge. (Artículo 456).

 

 

Artículo 449.- (DECLARACION POR INFORME)

 

I.        El Presidente y el Vice Presidente de la República, Ministros de Estado, Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Fiscal General de la República, Presidentes de las Cámaras de Senadores y Diputados, Contralor General de la República, Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, Comandantes de Fuerza, Arzobispos, Embajadores y Ministros Plenipotenciarios, declararán por escrito con la manifestación de que la hacen bajo juramento o promesa de decir verdad, dentro del plazo que fije el Juez, debiendo entenderse que no excederá de cinco días, si no lo hubiese indicado especialmente.

 

II.         La parte contraria a la que ofreciere el testigo podrá presentar un pliego de preguntas para incluirlo en el interrogatorio (Artículo 475)

 

 

Artículo 450.- (DECLARACION EN EL DOMICILIO)

 

I.         Se recibirán en el domicilio, si así solicitare, las declaraciones de personas de edad muy avanzada que se hallaren enfermas o tuvieren imposibilidad justificada de comparecer, a juicio del Juez.

 

II.         En este caso, el Juez tomará las medidas indispensables para asegurar el normal desenvolvimiento de la audiencia en el domicilio o local donde se encontrare el testigo, con asistencia dc las partes y sus abogados, si desearen concurrir al acto. (Arts. 101, 423)

 

 

Artículo 451.- (OFRECIMIENTO)

 

Cuando las partes pretendieren producir prueba de testigos, deberán ceñirse a lo dispuesto por el Artículo 380, inciso 3).

 

 

Artículo 452.- (AUDIENCIA)

 

I.         La prueba testifical se recibirá en audiencia y se procurará examinar en ella a todos los testigos.

 

II.         Cuando el número de testigos permitiere suponer la imposibilidad de examinar a todos en la misma fecha, se señalarán tantas audiencias como fueren necesarias. (Arts. 102, 153).

 

 

Artículo 453.- (CITACION DE TESTIGOS)

 

I.         Los testigos serán citados por cédula, que deberá diligenciarse con cuarenta y ocho horas de anticipación por lo menos y apercibimiento de las sanciones legales a que dará lugar su desobediencia o falso testimonio.

 

II.         Quienes tuvieren algún impedimento lo harán conocer al Juez hasta antes de la audiencia (Arts. 138, 455)

 

 

Artículo 454.- (TESTIGOS TRABAJADORES)

 

I.         Si el testigo fuere empleado u obrero público o privado, el Juez, a petición de parte, hará conocer la citación al superior o jefe competente para concederle licencia sin descuento de sus sueldos o salarios.

 

II.         El requerido no podrá negar el permiso, bajo conminatoria de Ley.

 

 

Artículo 455.- (CARGA DE LA CITACION)

 

Cuando en el escrito de ofrecimiento de prueba la parte no solicitare que se cite al testigo por el juzgado, se entenderá que ha asumido la carga de hacerlo comparecer a la audiencia. (Artículo 453)

 

 

Artículo 456.- (TESTIGO DESOBEDIENTE)

 

El testigo que citado no concurriere a la audiencia sin causal justificada será conducido a presencia del Juez por la fuerza pública y se le impondrá una multa en consideración a las circunstancias. (Arts. 444, 448).

 

 

Artículo 457.- (ORDEN DE LAS DECLARACIONES)

 

En la audiencia los testigos estarán en lugar desde donde no puedan oír las declaraciones de los otros. Serán llamados sucesiva y separadamente alternándose en lo posible los del demandante con los del demandado, a menos que el Juez por razones que considerare convenientes dispusiere otro orden. (Artículo 464)

 

Artículo 458.- (JURAMENTO O PROMESA DE DECIR VERDAD)

 

Antes de declarar los testigos prestarán, según sus convicciones, juramento o promesa de decir la verdad, y serán informados de las consecuencias penales a que darán lugar las declaraciones falsas. (Artículo 475)

 

 

Artículo 459.- (PREGUNTAS NECESARIAS)

 

I.         Aunque las partes no lo pidieren, los testigos serán siempre preguntados:

 

1)         Por su nombre, edad, estado, profesión, oficio u ocupación habitual, lugar de trabajo y domicilio.

 

2)         Si es pariente de alguna de las partes por consanguinidad o si es afín, y en qué grado.

 

3)         Si tiene interés en el pleito.

 

4)         Si es amigo íntimo o enemigo de alguna de las partes.

 

5)         Si es dependiente, acreedor o deudor de alguna de las partes o si tiene algún otro género de relación con ellas.

 

II.         El testigo acreditará su identidad con la presentación de su cédula u otro documento fehaciente.

 

III.        Aunque los datos individuales declarados por el testigo no coincidieren totalmente con los que la parte proponente hubiere indicado, se recibirá su declaración si fuere sin duda la misma persona y, por las circunstancias del caso, la contraria no hubiere podido ser inducida a error. (Artículo 460)

 

 

Artículo 460.- (FORMA DEL EXAMEN)

 

I.         El Juez interrogará libremente a los testigos acerca de lo que supieren sobre los hechos controvertidos, respetando lo sustancial de los interrogatorios propuestos.

 

II.         La parte contraria a la que ofreció el testigo podrá solicitar al Juez formular las preguntas o aclaraciones que fueren pertinentes.

 

III.        Se aplicará asimismo lo dispuesto en el Artículo 415, parágrafo III. (Arts. 4, 459)

 

 

Artículo 461.- (FORMA DE LAS PREGUNTAS)

 

Cada pregunta no contendrá más de un hecho, serán claras y concretas y no se formularán las que fueren ofensivas o vejatorias. (Arts. 463, 466)

 

 

Artículo 462.- (NEGATIVA A RESPONDER)

 

El testigo no estará obligado a responder las preguntas:

 

1)         Si la respuesta lo expusiere a enjuiciamiento penal o comprometiere su honor.

 

2)         Si no pudiere responder sin violar un secreto profesional, militar, científico, artístico o industrial que estuviere obligado a guardar. (Artículo 14 Const. Pol. del Estado)

 

 

Artículo 463.- (FORMA DE LAS RESPUESTAS)

 

I.         El testigo estará obligado a responder en forma clara y precisa dando razón de sus afirmaciones o negativas, y en caso contrario será exigido por el Juez previa amonestación.

 

II.         Al responder no podrá leer notas o apuntes, a menos que por la índole de la pregunta se le autorizare. En este caso se dejará en el acta constancia de las respuestas dadas en esa forma. Tampoco podrá asesorarse de abogado. (Arts. 425, 461)

 

 

Artículo 464.- (PERMANENCIA).

 

Después de prestar su declaración los testigos permanecerán en la sala de Juzgado hasta concluir la audiencia, a no ser que el Juez dispusiere lo contrario. (Artículo 457)

 

 

Artículo 465.- (CAREO).

 

El Juez podrá disponer el careo entre testigos o entre éstos y las partes. Si por residir los testigos o las partes en lugares diferentes se hiciere difícil o imposible el careo, el Juez podrá disponer nuevas declaraciones por separado de acuerdo con el interrogatorio que él formulare.

 

 

Artículo 466.- (NUMERO DE DECLARACIONES)

 

El Juez recibirá las declaraciones de cinco testigos de los propuestos por cada parte, sobre cada uno de los hechos o sustanciales fijados por él. (Arts. 371, 461)

 

 

Artículo 467.- (SUSTITUCION DE TESTIGOS)

 

Los testigos propuestos por las partes podrán ser sustituidos en caso de muerte, ausencia o incapacidad. (Artículo 451)

 

 

Artículo 468.- (FALSO TESTIMONIO U OTRO DELITO)

 

Si las declaraciones arrojaren indicios graves de falso testimonio u otro delito, el Juez podrá decretar la detención de los presuntos culpables, y remitirlos a disposición del Juez penal competente, con testimonio de los actuados pertinentes. (Artículo 476)

 

Artículo 469.- (DECLARACION MEDIANTE INTERPRETE)

 

 

El testigo que no hablare el español podrá declarar en su idioma propio. En este caso se procederá de acuerdo a lo previsto en los Artículos 419, parágrafo II y 420.

 

 

Artículo 470.- (TESTIGOS SORDOS, MUDOS O SORDOMUDOS)

 

Se nombrará intérprete para interrogar a sordos, mudos o sordomudos que sólo pudieren darse a entender por mímica o lenguaje especializado. (Arts. 420, 445)

 

 

Artículo 471.- (ACTA)

 

De todo lo ocurrido en la audiencia se levantará acta circunstanciada de conformidad, en lo pertinente, al Artículo 418. (Arts. 102, 103)

 

 

Artículo 472.- (PLAZO PARA TACHAR)

 

I.         La parte interesada deberá oponer todo impedimento o tacha antes de la declaración del testigo y dentro de tercero día de haber sido notificada con la proposición de la prueba testifical, protestando demostrar la objeción. Pasado este plazo caducará el derecho de tachar.

 

II.         La prueba de tacha se producirá dentro del plazo probatorio señalado para lo principal. (Arts. 377, 445)

 

 

Artículo 473.- (TACHAS INADMISIBLES)

 

I.         No se admitirán tachas generales; ellas deberán ser necesariamente concretas.

 

II.         También será inadmisible la prueba testifical para invalidar las declaraciones de los testigos de tacha. (Artículo 447)

 

 

Artículo 474.- (INEFICACIA DE LA TACHA)

 

Cuando una parte contrainterrogare a los testigos ofrecidos por la adversa, se tendrá por retirada la tacha que contra ellos hubiere propuesto, a menos que se tratare de meras aclaraciones. (Artículo 447)

 

 

Artículo 475.- (PROHIBICION DE DECLARAR POR CERTIFICACION O INFORME)

 

Toda persona propuesta como testigo deberá prestar su declaración bajo juramento o promesa de decir la verdad, y no podrá declarar por certificación o informe, excepto lo dispuesto en el Artículo 449.

 

 

 

Artículo 476.- (APRECIACION)

 

En oportunidad de dictar sentencia definitiva, el Juez, según las reglas de la sana crítica, apreciará las circunstancias y motivos que corroboraren o disminuyeren la fuerza de las declaraciones de los testigos, conforme a lo previsto en el Libro V, Título I, Capítulo VI del Código Civil. ( Arts. 397, 468).

 

 

SECCION VII Presunciones

 

Artículo 477.- (PRESUNCIONES COMO MEDIOS PROBATORIOS)

 

I.         Las presunciones como medios probatorios, se regirán por las disposiciones del Libro V. Título I, Capítulo III del Código Civil.

 

II.         Una sola presunción podrá constituir prueba cuando a juicio del Juez tuviere caracteres de gravedad y precisión suficientes para formar convencimiento. (Arts. 374, 397)

 

 

TITULO III DE LOS PROCESOS SUMARIOS Y SUMARISIMOS

 

CAPITULO I Proceso sumario

 

Artículo 478.- (TRAMITE)

 

Los procesos sumarios, siempre que no tuvieren un trámite especial y propio señalado en este Código, se tramitarán de acuerdo a las normas del Capítulo presente. (Arts. 317, 485, 625, 707)

 

 

Artículo 479.- (DEMANDA Y CONTESTACION)

 

I.         Presentada la demanda conforme al Artículo 327, se correrá en traslado para que el demandado la conteste dentro del plazo de cinco días en la forma señalada por el Artículo 346.

 

II.         Con la demanda y contestación se acompañará la prueba documental, de acuerdo al Artículo 330, y se ofrecerán todas las demás de que las partes intentaren valerse.

 

 

Artículo 480.- (RECONVENCION)

 

La reconvención será admisible en el caso de que las pretensiones formuladas derivaren de la misma relación procesal o fueren conexas con las invocadas en la demanda. La reconvención se correrá en traslado por el término de cinco días. (Arts. 349, 353)

 

 

Artículo 481.- (EXCEPCIONES PREVIAS)

 

Las excepciones previas se regirán por las mismas normas del proceso ordinario, pero deberán ser opuestas conjuntamente con la contestación a la demanda. (Arts. 336, 337)

 

 

Artículo 482.- (CALIFICACION DEL PROCESO Y PERIODO DE PRUEBA)

 

Contestada la demanda o la reconvención, declarada la rebeldía o rechazada en su caso las excepciones previas y si no hubiere hechos controvertidos, el Juez declarará mediante auto la cuestión como de puro derecho, procediendo de acuerdo a lo previsto en el Artículo 354, parágrafo II. Si hubiere hechos controvertidos, el Juez abrirá el período de prueba que no podrá ser mayor de veinte días, señalará día y hora para audiencia y fijará los puntos a probarse. (Arts. 370, 371)

 

 

Artículo 483.- (PRUEBA)

 

En los procesos sumarios las partes podrán ofrecer y producir todas las pruebas que interesaren a sus derechos, de acuerdo a las normas señaladas en el Libro II, Título II, Capitulo VI de este Código.

 

 

Artículo 484.- (RESOLUCION Y RECURSOS)

 

I.         Concluida la producción de la prueba y sin necesidad de alegatos, se pronunciará sentencia en el plazo de veinte días.

 

II.         La sentencia será apelable sólo en el efecto devolutivo, excepto cuando se tratare de sentencia dictada en los procesos de menor cuantía a que se refiere el inciso 1) del Artículo 317, en los cuales la apelación será en el efecto suspensivo. (Arts. 190, 204)

 

 

CAPITULO II Proceso sumarísimo

 

Artículo 485.- (TRAMITE)

 

I.         En los casos del Artículo 318, presentada la demanda verbal o escrita, el Juez, teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión y la prueba ofrecida resolverá de oficio y, como primera providencia, si su trámite correspondiera al proceso sumarísimo, en este caso señalará día y hora para audiencia. con citación de partes.

 

II.         El proceso sumarísimo se sustanciará de acuerdo a lo establecido en el capítulo precedente, con las modificaciones siguientes:

 

1)         No serán admisibles reconvención ni excepciones previas;

 

2)         El demandado responderá a la demanda en audiencia, por escrito o verbalmente.

 

3)         Con la respuesta o sin ella el Juez abrirá de inmediato un período de prueba no mayor de diez días y fijará los puntos de hecho a probarse, señalando audiencia para la recepción.

 

 

4)         Vencido el período de prueba, el Juez sin más trámite pronunciará resolución definitiva, en audiencia, en el plazo de diez días.

 

5)         Sólo será apelable la sentencia, en el plazo de tres días, en el efecto devolutivo, sin recurso ulterior. (Arts. 349, 478)

 

 

LIBRO TERCERO DE LOS PROCESOS DE EJECUCION

 

TITULO I DEL PROCESO EJECUTIVO

 

CAPITULO I Procedencia, títulos ejecutivos

 

Artículo 486.- (PROCEDENCIA)

 

Se procederá ejecutivamente siempre que en virtud de un título que tuviere fuerza de ejecución se demandare al deudor moroso el pago o cumplimiento de una obligación exigible. (Arts. 220, 313. 487, 564)

 

 

Artículo 487.- (TITULO EJECUTIVO)

 

Son títulos ejecutivos:

 

1)         Los documentos públicos;

 

2)         Los documentos privados reconocidos o tenidos como tales por juez competente;

 

3)         Los títulos, valores y documentos mercantiles que de acuerdo al Código de Comercio tuvieren fuerza ejecutiva;

 

4)         Las cuentas aprobadas y reconocidas por resolución judicial ejecutoriada.

 

5)         Los documentos de crédito por expensas comunes en edificios sujetos al régimen legal de propiedad horizontal.

 

6)         Los documentos de crédito por recibos impagos en arrendamiento de inmuebles.

 

7)         La confesión de deuda líquida y exigible ante el Juez competente para conocer en la ejecución;

 

8)         La sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada cuando se pidiere su cumplimiento después de un año de ejecutoriada. (Arts. l15, 399, 409, 486, 491, 517)

 

 

 

Artículo 488.- (DEUDAS POR ARRENDAMIENTO)

 

I.         En el caso previsto por el inciso 6 del Artículo precedente se acompañarán a la demanda ejecutiva los recibos de arrendamiento no pagados y el contrato que hubiere.

 

II.         Asimismo se acompañará el talonario fiscal de recibos de alquileres en el que figurará el último pago, y en él las firmas del arrendador y del arrendatario, lo cual se hará constar en el cargo de presentación. Una vez pronunciado el auto de intimación se devolverá el talonario al demandante.

 

 

Artículo 489.- (ACCION ORDINARIA Y EJECUTIVA)

 

Intentada la acción en la vía ordinaria y contestada la demanda, no será permitido iniciar la ejecutiva. (Arts. 7, 131)

 

 

Artículo 490.- (PLAZO PARA USAR LA VIA ORDINARIA)

 

Ejecutoriada la sentencia de subasta el ejecutado tendrá treinta días para iniciar demanda ordinaria. Vencido este plazo la sentencia quedará con autoridad de cosa juzgada. El ejecutante perdidoso podrá acudir a la vía ordinaria dentro de los plazos legales. (Arts. 316, 511, 515)

 

 

CAPITULO II Intimación de pago

 

Artículo 491.- (INTIMACION)

 

I.         Presentada la demanda el Juez examinará cuidadosamente el título ejecutivo, y reconociendo su competencia, la personería de las partes, la exigibilidad de la obligación y el plazo vencido, mandará el pago de lo adeudado e intereses, o el cumplimiento de la obligación, dentro de tercero día, con apercibimiento de costas y daños y perjuicios en su caso.

 

II.         Tratándose de deudas de dinero la cantidad deberá ser líquida.

 

III.        A tiempo de intimar el pago, expedirá mandamiento de embargo sobre los bienes del deudor.(Arts. 486, 492, 497, 500, 566)

 

 

Artículo 492.- (DEUDAS LIQUIDAS E ILIQUIDAS)

 

Si una demanda se promoviere sobre cantidades liquidas e ilíquidas, la ejecución se seguirá por lo líquido y se reservará lo ilíquido para el proceso de conocimiento. (Arts. 316, 491, 494)

 

 

Artículo 493.- (CITACION AL DEUDOR)

 

Con la intimación de pago se citará al ejecutado entregándosele copia de la demanda y del auto intimatorio, todo lo cual se hará constar en la diligencia respectiva, bajo pena de nulidad. (Artículo 120)

 

 

Artículo 494.- (AMPLIACION ANTERIOR A LA SENTENCIA)

 

Si durante el proceso ejecutivo y antes de la sentencia venciere algún nuevo plazo de la obligación en virtud de la cual se estuviere procediendo, se podrá ampliar la ejecución por ese importe, sin que el procedimiento retrotraiga y considerándose comunes a la ampliación los trámites que la hubieren precedido. (Artículo 492)

 

 

Artículo 495.- (AMPLIACION POSTERIOR DE LA SENTENCIA)

 

I.         Si con posterioridad a la sentencia vencieren nuevos plazos o cuotas de la obligación en virtud de la cual se estuviere procediendo, la ejecución podrá ser ampliada y el deudor deberá exhibir dentro de tercero día, los recibos que acreditaren haberse extinguido la obligación bajo apercibimiento de hacerse extensiva la sentencia a los nuevos plazos y cuotas vencidos.

 

II.         Si el deudor no exhibiere recibos o documentos reconocidos por el ejecutante, o no se probare sumariamente su autenticidad, se hará efectivo el apercibimiento, sin recurso alguno.

 

III.        Lo dispuesto en este Artículo y en el anterior regirá también en las ejecuciones por cobro de alquileres y expensas comunes. (Artículo 492)

 

 

Artículo 496.- (EJECUCION POR DEUDA CON GARANTIA HIPOTECARIA)

 

La intimación de pago dispondrá la anotación del embargo sobre el inmueble hipotecado y ordenará que el registrador de Derechos Reales informe sobre:

 

1)         Los gravámenes que afectaren al inmueble hipotecado, con indicación del importe de los créditos, sus titulares y domicilios.

 

2)         Las transferencias que del inmueble se hubieren realizado desde la fecha de constituirse la hipoteca, con indicación del nombre y domicilio de los adquirentes. (Artículo 157)

 

 

 

CAPITULO III Embargo

 

Artículo 497.- (EMBARGO DE BIENES)

 

I.         El mandamiento de embargo previsto en el Artículo 491, parágrafo III, se hará efectivo hasta el monto suficiente para cubrir la cantidad adeudada, interés y costas provisionalmente calculadas por el Juez.

 

II.         Los bienes embargados serán puestos en poder del depositario designado por las partes; a falta de acuerdo, en el designado por el actor, y en su defecto por el Juez, procediéndose a la inventariación y relación del estado de los bienes. (Arts. 160, 506, 520, 537)

 

 

 

 

Artículo 498.- (EXCEPCIONES AL EMBARGO)

 

I.         El acreedor no podrá exigir que el embargo recaiga sobre determinados bienes, con perjuicio grave para el deudor, si hubiere otros disponibles.

 

II.         Si los bienes muebles embargados formaren parte de un establecimiento comercial o industrial, o fueren los de uso en la casa habitación del deudor éste podrá exonerarlos del embargo presentando otros bienes no gravados, o gravados pero suficientes para cubrir el crédito reclamado. (Arts. 172, 179)

 

 

Artículo 499.- (APLICACION DE NORMAS ANALOGAS)

 

Serán aplicables, en cuanto fueren pertinentes, las normas establecidas en el capítulo relativo a las medidas precautorias. (Artículo 158)

 

 

Artículo 500.- (CONTENIDO DEL MANDAMIENTO)

 

El mandamiento de embargo contendrá:

 

1)         Nombre del juez.

 

2)         Designación del Juzgado donde se sustanciare el proceso.

 

3)         Nombre del o los ejecutantes.

 

4)         Nombre del o los ejecutados.

 

5)         Cantidad de lo adeudado.

 

6)         Indicación del bien hipotecado o gravado.

 

7)         Facultad de allanar en caso de resistencia.

 

8)         Obligación de poner el bien embargado en poder del depositario.

 

9)         Requerimiento u orden a los agentes de la fuerza pública para prestar el auxilio necesario en caso de resistencia.

 

10)         Designación del ejecutor del mandamiento.

 

11)         Lugar y fecha del libramiento.

 

12)         Firma del Juez autorizada por el secretario o actuario del Juzgado.

 

13)         Sello del Juzgado. (Arts. 159, 491, 501)

 

 

 

 

Artículo 501.- (ACTA)

 

I.         A continuación del mandamiento de embargo, el ejecutor de él levantará acta circunstanciada, consignando:

 

1)         El inventario enumerativo de los bienes embargados;

 

2)         Su evaluación si fuere posible.

 

3)         La entrega de los bienes al depositario.

 

4)         El nombre, domicilio y número de la cédula de identidad del depositario.

 

5)         La advertencia que se hiciere a éste para cuidar del depósito bajo su responsabilidad directa.

 

6)         Si hubo necesidad de allanar, la constancia de ello con los nombres de quienes hubieren opuesto resistencia.

 

II.         El acta será firmada por el depositario, el ejecutor y en su caso por los agentes de la fuerza pública que hubieren prestado auxilio, y se agregará al expediente dentro de las veinticuatro horas de ejecutado el mandamiento. (Arts. 500)

 

 

Artículo 502.- (EMBARGO DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES SUJETOS A REGISTRO)

 

Cuando el embargo hubiere de hacerse efectivo en bienes inmuebles o en muebles sujetos a registro, bastará su anotación en el registro respectivo, la cual surtirá los efectos de la anotación preventiva conforme a las disposiciones pertinentes del Código Civil. (Arts. 157, 513).

 

 

Artículo 503.- (EMBARGO DE BIENES Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS).

 

I.         Cuando el embargo hubiere de hacerse efectivo en bienes y productos agropecuarios se procederá a su inventariación clasificada y evaluada.

 

II.         El deudor, desde el momento del embargo, tendrá el carácter de depositario a menos que en razón de circunstancias apreciadas por el Juez se designare otro depositario. (Arts. 161, 663)

 

 

Artículo 504.- (RETENCION DE BIENES EN PODER DE TERCEROS)

 

Los bienes y valores del deudor en poder de terceros son embargables. A tal fin se notificará al tenedor personalmente o por cédula, para retener dichos bienes en calidad de depositario. (Arts. 160, 169)

 

 

Artículo 505.- (SUBSISTENCIA DEL EMBARGO)

 

Si se anulare la ejecución o se declarare la incompetencia del Juez, el embargo trabado subsistirá con carácter preventivo por quince días subsiguientes a la ejecutoria de la resolución. Si dentro de ese plazo no se reiniciare la ejecución, el embargo caducará automáticamente, no admitiéndose reclamo alguno. (Arts. 158, 177)

 

 

Artículo 506.- (AMPLIACION DEL EMBARGO)

 

I.         Si de la evaluación del bien embargado o de la venta anticipada se estableciere que no se alcanzó a cubrir la deuda, intereses y costas, el Juez podrá mandar la ampliación del embargo.

 

II.         También se ordenará la ampliación, o nuevo embargo, cuando se hubiere probado una tercería. (Artículo 497)

 

 

CAPITULO IV Excepciones

 

Artículo 507.- (EXCEPCIONES ADMISIBLES)

 

En el proceso ejecutivo sólo serán admisibles las excepciones de:

 

1)         Incompetencia;

 

2)         Falta de personería en el ejecutante o en el ejecutado, o en sus representantes, por carecer de capacidad civil para estar en juicio o de representación suficiente;

 

3)         Falta de fuerza ejecutiva;

 

4)         Litispendencia por existir otro proceso ejecutivo;

 

5)         Falsedad o inhabilidad del título con que se pidiere la ejecución. La primera podrá fundarse únicamente en la adulteración del documento; la segunda se limitará a las formas extrínsecas del título, sin lugar a discutirse la legitimidad de la causa. Si hubiere mediado reconocimiento expreso de la firma no procederá la excepción de falsedad.

 

6)         Prescripción.

 

7)         Pago documentado.

 

8)         Compensación de crédito líquido resultante de documento que tuviere fuerza ejecutiva.

 

9)         Remisión, novación, transacción, conciliación o compromiso documentados.

 

10)         Cosa juzgada. (Arts. 335, 509)

 

 

Artículo 508.- (FIADOR SIMPLE)

 

El fiador simple podrá oponer como excepción previa el beneficio de excusión, orden o división, si no la hubiere renunciado. (Artículo 509)

 

 

 

Artículo 509.- (MODO Y PLAZO PARA OPONERLAS)

 

I.         Las excepciones indicadas en el Artículo 507 deberán oponerse todas juntas, debidamente documentadas en los casos correspondientes, dentro de cinco días fatales desde la citación con la demanda y auto de intimación de pago.

 

II.         Todas las excepciones e incidentes se resolverán en sentencia, excepto la de incompetencia que podrá resolverse con carácter previo. (Arts. 337, 508, 510)

 

 

Artículo 510.- (TRAMITE)

 

Opuestas, con las condiciones previstas en el Artículo precedente, las excepciones señaladas en el Artículo 507, el Juez abrirá el plazo probatorio improrrogable de diez días. (Arts. 139, 509, 511)

 

 

 

CAPITULO V Sentencia

 

Artículo 511.- (SENTENCIA)

 

Vencido el plazo probatorio o cuando el ejecutado no hubiere opuesto excepciones conforme al Artículo 509 el Juez, sin necesidad de instancia de parte y dentro del plazo legal, pronunciará sentencia con imposición de costas. (Arts. 490, 510)

 

 

Artículo 512.- (COSTAS)

 

Las costas del proceso ejecutivo serán pagadas por la parte vencida. Si se hubiere declarado procedente la excepción de pago parcial, se impondrán al ejecutado sólo las costas correspondientes al monto admitido en la sentencia. (Arts. 198, 511)

 

 

 

CAPITULO VI Tercerías

 

Artículo 513.- (PROCEDENCIA, TRAMITE Y RESOLUCION)

 

I.         En los procesos ejecutivos sólo procederán las tercerías de dominio excluyente y las de derecho preferente en el pago, las que podrán presentarse en primera o segunda instancia y en ejecución de sentencia.

 

II.         En sus fundamentos, trámite y resolución, se sujetarán a lo dispuesto en los Artículos 356, 359, 360, 362, 363, 364, 367, 368 y 369.

 

TITULO II DE LA EJECUCION DE LAS SENTENCIAS

 

CAPITULO I Ejecución de sentencia

 

Artículo 514.- (JUECES QUE DEBEN EJECUTAR LAS SENTENCIAS)

 

Las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada se ejecutarán, sin alterar ni modificar su contenido, por los Jueces de primera instancia que hubieren conocido el proceso. (Arts. 84, 115, 261, 516, 551)

 

 

Artículo 515.- (AUTORIDAD DE COSA JUZGADA)

 

Las sentencias recibirán autoridad de cosa juzgada:

 

1)         Cuando la Ley no reconociere en el pleito otra instancia ni recurso.

 

2)         Cuando las partes consintieren expresa o tácitamente en su ejecutoria. (Arts. 240, 366, 490)

 

 

Artículo 516.- (TERMINO DE EJECUCION)

 

I.         Si el Juez no hubiere fijado plazo para el cumplimiento de la sentencia conforme al Artículo 192, inciso 4), ella deberá ejecutarse dentro de tercero día.

 

II.         Cuando por circunstancias especiales fuere imposible el cumplimiento de la sentencia en el plazo fijado en ella o en el previsto en el parágrafo anterior, el Juez podrá conceder otro plazo prudencial e improrrogable. (Arts. 491, 514, 517)

 

 

Artículo 517.- (EJECUCION COACTIVA DE LAS SENTENCIAS)

 

 

La ejecución de autos y sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada no podrá suspenderse por ningún recurso ordinario ni extraordinario, ni el de compulsa, ni el de recusación, ni por ninguna solicitud que tendiere a dilatar o impedir el procedimiento de ejecución. (Arts. 301, 344, 514, 572)

 

 

Artículo 518.- (RESOLUCIONES DICTADAS EN EJECUCION DE SENTENCIA)

 

Las resoluciones dictadas en ejecución de sentencia podrán ser apeladas sólo en el efecto devolutivo, sin recurso ulterior. (Arts. 225, 519)

 

 

CAPITULO II Forma de ejecutar las sentencias

 

Artículo 519.- (FALTA DE LIQUIDEZ EN LA CONDENACION)

 

I.         Si la sentencia que hubiere condenado al pago de frutos, daños y perjuicios, no determinare la suma líquida adeudada, se estará a lo dispuesto en el Artículo 195, abriendo al efecto plazo probatorio no mayor de veinte días.

 

II.         De la resolución que correspondiere procederá la apelación en el efecto devolutivo sin recurso ulterior, pudiendo el demandado pedir fianza de resultas. Quedará librado al prudente criterio del Juez acceder a esta solicitud, según las circunstancias. (Arts. 195, 225, 518, 550)

 

 

Artículo 520.- (CONDENA A PAGO DE SUMA LIQUIDA Y OBLIGACIONES DE DAR)

 

I.         Cuando la sentencia condena al pago de suma líquida y determinada y el demandado no la cumpliere hasta el tercero día de su notificación, se procederá al embargo y secuestro de sus bienes y luego a la subasta y remate. (Arts 162, 497, 521)

 

 

Artículo 521.- (OBLIGACIONES DE HACER)

 

Si el condenado a hacer no cumpliere con su obligación en el plazo señalado por el Juez, se hará a su costa, y si esto no fuere posible por ser el hecho personalísimo, se le obligará a resarcir los daños y perjuicios provenientes de la inejecución. La suma resultante se liquidará y cobrará en la forma determinada en los dos Artículos anteriores. (Arts. 519, 520, 522)

 

 

Artículo 522.- (OBLIGACIONES DE NO HACER)

 

Si la sentencia condenare a no hacer una cosa y el obligado la quebrantare, el acreedor tendrá opción a pedir se repongan las cosas al estado en que se hallaban, si fuere posible, a costa del deudor, o se indemnicen los daños y perjuicios conforme al Artículo precedente. (Artículo 521).

 

 

Artículo 523.- (SUBASTA Y REMATE)

 

Para proceder a la subasta y remate de los bienes embargados será necesaria la fianza de resultas previa, a menos que el ejecutado o tercerista no la hubiere pedido. (Artículo 550)

 

 

Artículo 524.- (DINERO EMBARGADO)

 

Cuando lo embargado fuere dinero, una vez firme la sentencia o dada la fianza de resultas el acreedor practicará la liquidación de capital, intereses y costas, de la cual se dará conocimiento al ejecutado, quien podrá observarla en el plazo de tres días. Aprobada la liquidación fuere por conformidad o silencio del deudor o porque el Juez hubiere rechazado las observaciones, se hará pago inmediato al acreedor del importe que resultare. (Artículo 550)

 

 

Artículo 525.- (SUBASTA DE MUEBLES O SEMOVIENTES)

 

Si el embargo recayere sobre bienes muebles o semovientes se procederá en la forma siguiente:

 

1)         Se ordenará la tasación por un perito que designará el Juez.

 

2)         Aprobada la tasación, que deberá presentarse en el plazo de tres días, se señalará día y hora para la venta de los bienes en remate sobre la base fijada en el informe pericial. La subasta se hará por martillero público, o a falta de él por notario de fe pública, que se designarán de oficio a menos que hubiere acuerdo de las partes para proponerlos.

 

3)         Se ordenará si fuere posible la entrega de las cosas depositadas al martillero, a los efectos de su exhibición y remate.

4)         Tratándose de bienes muebles sujetos a registro, se requerirá de la oficina respectiva un informe sobre las condiciones de dominio y gravámenes.

 

5)         Se ordenará dar a conocer el auto de señalamiento de remate a los acreedores que tuvieren registradas sus acreencias.

 

6)         El remate de semovientes se podrá realizar en el mismo lugar donde ellos se encontraren. (Arts. 533, 676)

 

 

Artículo 526.- (AVISO DE REMATE Y PUBLICACION)

 

I.         El aviso de señalamiento de remate contendrá los nombres del ejecutante, ejecutado, y martillero o notario, y la indicación de los bienes a rematarse y de la base y lugar del remate.

 

II.         El aviso se fijará en carteles en el tablero de la casa de justicia y se publicará dos veces con intervalo de seis días en el órgano de prensa autorizado por la Corte Superior del Distrito, o, a falta de órganos de prensa, en una radiodifusora en la misma forma y con las mismas condiciones. Donde no existieren órganos de prensa ni radiodifusoras el Juez dispondrá se publicare en la forma adecuada para la mayor difusión. (Artículo 539)

 

 

Artículo 527.- (DEPOSITO DE GARANTIA)

 

I.         Todo interesado en el remate deberá depositar ante el martillero o notario, antes o en el acto de la subasta el cinco por ciento de la base en certificado de depósito judicial bancario a la orden del Juez o en dinero efectivo.

 

II.         Los depósitos de los postores que no obtuvieren la adjudicación les serán devueltos inmediatamente, y si el depósito del adjudicatario hubiere sido en dinero pasará al Banco del Estado a la orden de Juez.

 

III.        En los lugares donde no hubiere oficina bancaria, el depósito del adjudicatario quedará en poder del martillero o notario hasta que el Juez determinare lo procedente. (Arts. 363, 538).

 

 

Artículo 528.- (PAGO DEL IMPORTE)

 

El adjudicatario deberá pagar el saldo del importe correspondiente al bien adjudicado dentro de tercero día, bajo pena de nulidad del remate. (Arts. 530, 545)

 

 

Artículo 529.- (ADJUDICACION DE TITULOS O ACCIONES)

 

Si el embargo fuere de títulos o acciones con cotización oficial en el mercado de valores o bolsas de comercio, el acreedor podrá pedirlos en pago al precio que tuviere a la fecha del remate. (Artículo 532)

 

 

Artículo 530.- (ENTREGA DE LOS BIENES REMATADOS. OBLIGACIONES DEL MARTILLERO)

 

I.         Previo pago total del precio correspondiente a los bienes rematados, el martillero o notario entregará al rematador dichos bienes, con la constancia correspondiente, y depositará en el plazo de dos días el importe de la subasta en el Banco del Estado a la orden del Juez de la causa.

 

II.         El martillero o notario sentará en el libro respectivo acta resumida de las diligencias realizadas y firmada por él; luego, en el plazo antes señalado devolverá los actuados al Juez de la causa.

 

III.        En los lugares donde no hubiere oficina bancaria, el producto del remate será depositado en poder de la persona jurídica o natural que designare el Juez. (Arts 528, 543).

 

 

Artículo 531.- (PAGO)

 

I.         El producto del remate se pagará por orden del Juez a quien o quienes correspondiere, previa liquidación aprobada por aquél.

 

II.         La liquidación, que comprenderá capital, intereses y costas, deberá ser presentada por el ejecutante dentro del plazo de tres días a contar desde la aprobación del remate. Si el ejecutante no presentare la liquidación en ese plazo, podrá hacerlo el ejecutado. El Juez pronunciará la resolución que correspondiere, previo traslado a la otra parte. (Arts. 363, 528, 545).

 

 

Artículo 532.- (AUSENCIA DE POSTORES)

 

I.         Si en la subasta no se presentaren postores el martillero o notario devolverá la comisión dentro del plazo de veinticuatro horas al Juez de la causa, quien, a petición de parte, señalará nuevo día y hora para la subasta, con la rebaja del veinticinco por ciento del valor de la base, publicándose el aviso por una sola vez con anticipación de cinco días a la subasta.

 

II.         Si tampoco en esta otra subasta hubiere interesados, podrá el ejecutante adjudicarse los bienes por el precio rebajado, o sea, por el setenta y cinco por ciento de la base inicial, o se suspenderá la subasta hasta otra oportunidad (Arts 529, 542, 577)

 

 

Artículo 533.- (SUBASTA DE INMUEBLES)

 

Para la subasta de inmuebles se designará el martillero o notario en la forma prevista en la parte pertinente del Artículo 525. (Arts. 525, 676)

 

 

Artículo 534.- (BASE PARA LA SUBASTA)

 

I.         La base para la subasta de inmuebles será el importe de su valuación fiscal.

 

II.         A falta de esta valuación se designará de oficio un perito, ingeniero o arquitecto, y en su defecto una persona idónea, para tasar los bienes. La base para la venta será la suma fijada en la tasación.

 

III.        Para la aceptación del cargo de perito, plazo en que deberá expedir el informe, y en su caso remoción, se aplicarán las normas de los Artículos 435, 436, y 437.

 

 

Artículo 535.- (TRAMITE DE LA TASACION)

 

La tasación se hará conocer a las partes, quienes dentro de tres días podrán manifestar su conformidad o disconformidad y deberán fundamentar sus objeciones; el Juez resolverá fijando en definitiva el monto de la base, sin recurso ulterior. (Artículo 534)

 

 

Artículo 536.- (MEDIDAS PREVIAS)

 

Antes de ordenar la subasta el juez requerirá certificaciones o informes sobre:

 

1)         Los impuestos del inmueble.

 

2)         Las deudas por expensas comunes, si se tratare de un bien sujeto al régimen de propiedad horizontal.

 

3)         Las hipotecas o gravámenes que pesaren sobre el bien. (Artículo 537)

 

 

Artículo 537.- (SUBASTA PROGRESIVA)

 

Si se hubiere dispuesto la subasta de varios inmuebles, el Juez podrá ordenar su realización en distintas fechas. En este caso se suspenderán el o los remates cuando el importe obtenido alcanzare a cubrir el crédito, intereses y costas reclamadas. (Arts. 497, 536)

 

 

Artículo 538.- (DEPOSITO DE GARANTIA)

 

En la subasta de inmuebles será aplicable lo dispuesto en el Artículo 527. (Arts. 363,527, 544)

 

 

Artículo 539.- (PUBLICACIONES)

 

I.         Será aplicable, igualmente, lo dispuesto en el Artículo 526.

 

II.         Si alguno de los bienes estuviere ubicado en otra circunscripción, se fijará también un cartel en el tablero de la casa de justicia o en su defecto en el tablero del Juzgado de mayor jerarquía en la jurisdicción donde se hallaren ubicados los bienes, debiendo acreditarse esta diligencia, por la autoridad comisionada, mediante certificación puesta en la copia del cartel a devolverse al Juzgado.

 

III.      Si se tratare de un bien en propiedad horizontal, deberá indicarse en el auto de señalamiento de remate y en las publicaciones el monto de las expensas comunes correspondientes al último mes, así como la deuda por este concepto si fuere posible. (Arts. 526, 542, 544)

 

 

Artículo 540.- (ADJUDICACION Y DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO)

 

I.         Cumplidas las formalidades legales para la subasta y en el acto de su realización, el martillero o notario adjudicarán el bien subastado al mejor postor.

 

II.         El adjudicatario tendrá la obligación de constituir domicilio legal, en el mismo acto, y si no lo hiciere se procederá en la forma prevista en los Artículos 133, 134 y 135

 

 

Artículo 541.- (SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO)

 

Realizada la subasta y antes de su aprobación, el ejecutado, o en su defecto el tercerista, podrá liberar el o los bienes rematados, depositando el importe del capital, intereses y costas. (Arts. 344, 369)

 

 

Artículo 542.- (AUSENCIA DE POSTORES)

 

I.         Si en la subasta no se presentaren postores, el martillero o notario devolverá la comisión dentro del plazo de veinticuatro horas al Juez de la causa, quien a petición de parte, rebajará el quince por ciento y se sacará a nueva subasta.

 

II.         Si tampoco en la segunda subasta hubiere postor, el Juez hará otra rebaja del diez por ciento de la última base, repitiéndose la subasta.

 

III.        Si no obstante estas rebajas tampoco hubiere postor, el acreedor podrá adjudicarse el bien en el ochenta por ciento de la última base. Si el acreedor no hiciere uso de esta facultad el martillero devolverá los actuados al Juez, quien podrá entregar el bien en prenda pretoria al ejecutante, si éste lo deseare, hasta que se realizare una nueva subasta a solicitud de parte o se presentare un interesado que ofreciere pagar el ochenta por ciento de la última base.

 

IV.         En todos los casos en que se realizare nueva subasta, los avisos posteriores se publicarán por una sola vez con cinco días de anticipación por lo menos, subsistiendo la obligación de fijar carteles en la forma prevista en el Artículo 538. (Arts. 532, 539, 577)

 

 

Artículo 543.- (OBLIGACIONES DEL MARTILLERO)

 

El martillero o notario sentará el acta prevista por el Artículo 530, parágrafo II, en todos los casos en que  interviniere  cumpliendo  la  comisión  del  Juez  de la causa, y devolverá a éste todos los actuados

 

dentro del plazo de veinticuatro horas de concluida la diligencia. Si así no lo hiciere se le impondrá una multa, el monto de la cual será fijado por el Juez según la gravedad del caso.

 

 

Artículo 544.- (NULIDAD DE LA SUBASTA)

 

I.         El Juez podrá declarar que la subasta es nula:

 

1)         Si el adjudicatario o comprador no pagare el precio total del remate dentro de tercero día. En este caso el adjudicatario perderá el depósito de garantía previsto por el Artículo 538, el cual se consolidará en favor del tesoro judicial, con descuento de las costas causadas al ejecutante.

 

2)         Por falta de las publicaciones previstas por el Artículo 539.

 

II.         La nulidad deberá plantearse dentro de tercero día de realizada la subasta, y se la tramitará como incidente. (Arts. 251, 538, 545)

 

 

Artículo 545.- (PAGO DEL PRECIO Y APROBACION DEL REMATE)

 

I.         Dentro de tercero día de realizado el remate, el comprador o adjudicatario, previo pago total del saldo correspondiente al precio del bien rematado pedirá la aprobación del remate.

 

II.         El Juez aprobará mediante auto el remate y ordenará se extienda la respectiva escritura pública de transferencia y la protocolización de las actuaciones correspondientes, sin que fuere necesaria la comparecencia del ejecutado.

 

III.        Con el pago del precio y la aprobación del remate la venta judicial quedará perfeccionada. (Arts. 363, 528, 544, 573)

 

 

Artículo 546.- (COMPRA EN COMISION)

 

El adjudicatario comisionado, a tiempo de oblar el precio y pedir la aprobación del remate, deberá indicar el nombre de su comitente, y en su defecto se lo tendrá por adjudicatario definitivo. (Artículo 472)

 

 

Artículo 547.- (PAGO)

 

El producto del remate se pagará de acuerdo a lo previsto en el Artículo 531.

 

 

Artículo 548.- (LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS PRECAUTORIAS)

 

Toda medida precautoria que hubiere recaído sobre el bien rematado se levantará una vez aprobado el remate. (Artículo 156)

 

 

Artículo 549.- (COMISION DEL MARTILLERO O NOTARIO)

 

I.         La comisión del martillero o notario, se pagará de acuerdo al arancel fijado por la Corte Suprema de Justicia, y en su defecto a la regulación que hiciere el Juez en consideración al trabajo realizado y la importancia del asunto.

 

II.         Si el remate se suspendiere definitivamente o se anulare sin culpa de martillero o notario, el monto de la comisión será fijado por el Juez de acuerdo a la importancia del trabajo realizado.

 

III.         Si se suspendiere por culpa del martillero o notario, ellos deberán pagar una multa fijada por el Juez así como los gastos de la nueva actuación.

 

IV.         Si el remate se anulare por culpa del martillero o notario el culpable devolverá el importe de la comisión que hubiere recibido, dentro de tercero día de notificado con la resolución de nulidad, y pagará la sanción pecuniaria impuesta por el Juez.

 

 

CAPITULO III Fianza de resultas

 

Artículo 550.- (PROCEDENCIA)

 

En todos los procesos en que procediere la apelación de sentencia en el efecto devolutivo o cuando el auto de vista confirmare una sentencia en todas sus partes, se podrá ejecutar aquélla o ésta siempre que la parte victoriosa prestare fianza de resultas, determinada y calificada por el Juez o Tribunal, para restituir lo cobrado con frutos e intereses en caso de revocarse la sentencia o casarse el auto de vista. (Arts. 59, 256, 301, 519, 523, 611, 647)

 

 

Artículo 551.- (CANCELACION DE LA FIANZA DE RESULTAS)

 

La fianza de resultas quedará cancelada sin necesidad de declaración expresa, una vez que la sentencia o el auto hayan adquirido ejecutoria. (Artículo 514)

 

 

 

CAPITULO IV Ejecución de sentencias dictadas en el extranjero

 

Artículo 552.- (APLICACION DE TRATADOS INTERNACIONALES)

 

Las sentencias y otras resoluciones judiciales dictadas en país extranjero tendrán en Bolivia la fuerza que establezcan los tratados respectivos. (Arts. 555, 556)

 

 

Artículo 553.- (RECIPROCIDAD)

 

Si no existieren tratados con la nación donde se hubieren pronunciado esos fallos judiciales, se les dará la misma fuerza que en ella se dieren a los pronunciados en Bolivia. (Arts. 554, 555)

 

 

Artículo 554.- (FALTA DE RECIPROCIDAD)

 

Si la resolución procediere de un país donde no se diere cumplimiento a los fallos de los Tribunales bolivianos, ella no tendrá fuerza en Bolivia. (Arts. 553, 555)

 

 

 

Artículo 555.- (OTROS CASOS)

 

En los casos en que no pudiere aplicarse ninguno de los tres Artículos precedentes, las resoluciones de los Tribunales Extranjeros podrán ser ejecutadas si concurrieren los requisitos siguientes:

 

1)         Que la resolución hubiere sido dictada a consecuencia de una acción personal o una acción real ejercida sobre un bien mueble trasladado a Bolivia durante o después del juicio tramitado en el extranjero.

 

2)         Que la parte condenada, con domicilio en Bolivia, hubiere sido legalmente citada.

 

3)         Que la obligación objeto del proceso fuere válida según las Leyes de Bolivia.

 

4)         Que la resolución no contuviere disposiciones contrarias al orden público.

 

5)         Que se encontrare ejecutoriada en conformidad a las Leyes del país donde hubiere sido pronunciada.

 

6)         Que reuniere los requisitos necesarios para ser considerada como resolución en el lugar donde hubiere sido dictada y las condiciones de autenticidad exigidas por la Ley nacional.

 

7)         Que no fuere incompatible con otra pronunciada con anterioridad o simultáneamente por un Tribunal Boliviano. (Arts. 552 a 554)

 

 

Artículo 556.- (ARBITRAJE)

 

Las reglas de los Artículos precedentes serán aplicables a las resoluciones expedidas por Jueces Árbitros o Arbitradores. En este caso se hará constar su autenticidad mediante legalización emanada de un Tribunal superior en el país donde se hubiere dictado el fallo. (Artículo 552)

 

 

Artículo 557.- (COMPETENCIA)

 

En todos los casos referidos en los Artículos precedentes, la resolución que se trate de ejecutar y los antecedentes necesarios se presentarán en testimonio debidamente legalizado ante la Corte Suprema de Justicia. (Arts. 402, 558)

 

 

Artículo 558.- (TRAMITE)

 

I.        Presentados la solicitud y testimonio previstos en el Artículo precedente, la Corte Suprema hará citar a la parte contra quien se pide la ejecución y dicha parte podrá exponer lo que estimare conveniente, dentro del plazo de diez días.

 

II.         Con esta contestación o sin ella, y previo dictamen fiscal, el Tribunal en la sala plena declarará si deberá o no darse cumplimiento a la resolución. (Artículo 557)

 

 

Artículo 559.- (TERMINO DE PRUEBA)

 

Si el Tribunal Supremo estimare necesario podrá abrir un período de prueba antes de resolver, en la forma y por el tiempo previstos en este Código para los incidentes. (Arts. 152, 153)

 

 

Artículo 560.- (CUMPLIMIENTO)

 

Si el Tribunal Supremo considerare que deberá darse cumplimiento a la resolución, dispondrá dicho cumplimiento por el Tribunal o Juez a quien habría correspondido conocer del proceso en primera instancia si se hubiere promovido en Bolivia.

 

 

Artículo 561.- (COMISIONES)

 

Para cumplir diligencias de citación y emplazamiento pedidas por Jueces o Tribunales extranjeros mediante exhorto, no será necesario el exequátur de la Corte Suprema de Justicia, y será suficiente la presentación del exhorto debidamente legalizado ante el Juez de Partido del lugar donde deberá realizarse la diligencia.

 

 

LIBRO CUARTO DE LOS PROCESOS ESPECIALES

 

TITULO I DEL PROCESO CONCURSAL

 

CAPITULO I Disposiciones generales

 

Artículo 562.- (CONCEPTO Y CLASES DE CONCURSO)

 

Proceso concursal será el promovido por los acreedores para el cobro de sus créditos a un deudor no comerciante, o por el deudor para el pago de sus deudas. En el primer caso se llamará necesario, y en el segundo voluntario. (Arts. 568, 584)

 

 

Artículo 563.- (UNIVERSALIDAD DEL CONCURSO)

 

Tanto el concurso necesario como el voluntario serán de carácter universal y comprenderán todas las obligaciones del deudor. (Artículo 562)

 

 

Artículo 564.- (EFECTO INMEDIATO DE LOS CONCURSOS)

 

I.         El concurso necesario será una consecuencia de los procesos ejecutivos promovidos contra el deudor.

 

II.         El concurso voluntario será promovido por el deudor, existieren o no procesos ejecutivos pendientes.

 

III.        En ambos casos se acumularán en el Juzgado que conociere del concurso todos los procesos ejecutivos que se sustanciaren en otro, en el estado en que se encontraren. (Arts. 486, 585)

 

 

Artículo 565.- (IMPROCEDENCIA DEL CONCURSO)

 

No podrá haber proceso concursal si no existieren por lo menos tres acreedores. (Artículo 362)

 

 

Artículo 566.- (CALIFICACION DE DOCUMENTOS)

 

Los acreedores podrán hacer la calificación de documentos ante el mismo Juez del concurso o ante otro distinto. (Artículo 491)

 

 

Artículo 567.- (COMPETENCIA)

 

Todo proceso concursal deberá interponerse precisamente ante el Juez de Partido, aún cuando el proceso ejecutivo que le sirviere de causa estuviere pendiente ante un Juzgado de Instrucción. (Artículo 336)

 

 

CAPITULO II Concurso necesario

 

Artículo 568.- (DEMANDA Y ACUMULACION DE PROCESOS)

 

Iniciada la demanda del concurso necesario, el Juez de Partido ordenará la acumulación de todos los procesos ejecutivos pendientes en otros Juzgados y se llamará por edicto a los demás acreedores con el plazo de quince días, en la forma prevista en los Artículos 125 y 126. (Arts. 562, 585, 586, 589)

 

 

Artículo 569.- (TRASLADO AL CONCURSADO)

 

Vencidos los quince días y reunidas las peticiones documentadas de los concursantes, se correrá traslado al concursado quien deberá responder dentro del término de diez días de su citación legal. (Arts. 364, 574)

 

 

Artículo 570.- (SENTENCIA DE SUBASTA)

 

Ordenada la acumulación continuará la causa hasta dictar sentencia de subasta y remate, a menos que en el mismo proceso o en cualquiera de los acumulados existiere sentencia. (Arts. 190, 573)

 

 

Artículo 571.- (CUADERNO DE REMATES)

 

I.         Las diligencias de tasación y subasta de los bienes del deudor se seguirán en cuaderno separado hasta realizar el remate, cumpliéndose las normas establecidas para el proceso ejecutivo.

 

II.         El producto de la subasta se depositará en el Banco del Estado, y, donde no hubiere institución bancaria, en poder de la persona jurídica o natural designada por el Juez. (Arts. 534, 572, 587)

 

 

Artículo 572.- (RECHAZO DE SOLICITUDES)

 

Toda solicitud o incidente que tendiere a impedir o retardar la tasación, subasta y remate de los bienes del deudor, será rechazada por el Juez dentro del cuaderno de remates. (Arts. 571, 587)

 

 

Artículo 573.- (REMATE ANTERIOR AL CONCURSO)

 

I.         Si el bien hipotecado o embargado hubiere sido rematado con anterioridad al proceso concursal, su producto será transferido a la orden del Juez del concurso.

 

II.         El proceso concursal no suspenderá el pago que el adjudicatario deberá efectuar en el plazo de Ley. (Arts. 545, 570)

 

 

Artículo 574.- (SENTENCIA DE GRADOS Y PREFERIDOS)

 

Con la contestación del concursado o en rebeldía, el Juez, dentro del plazo de treinta días, pronunciará sentencia de grados y preferidos conforme a las normas pertinentes del Código Civil. Se condenará en costas al concursado. (Arts. 68, 569, 575, 579, 589)

 

 

Artículo 575.- (PLAZO PROBATORIO)

 

Si hubiere duda que exigiere prueba, se abrirá plazo probatorio de diez a veinte días, vencido el cual las partes podrán presentar sus alegatos dentro de tercero día. El Juez, con alegatos o sin ellos, pronunciará sentencia. (Arts. 370, 574)

 

 

Artículo 576.- (ACUERDO EXTRAJUDICIAL)

 

En caso de que los acreedores y el concursado llegaren a un acuerdo extrajudicial, éste será aprobado por el Juez. (Arts. 315, 590)

 

 

Artículo 577.- (ADJUDICACION)

 

Cualquier acreedor dentro del concurso podrá adjudicarse en remate el bien o bienes embargados, con la obligación de depositar su importe dentro del término de Ley, como todo postor. (Arts. 532, 542, 578)

 

 

Artículo 578.- (PROHIBICION PARA ADJUDICARSE)

 

Fuera del proceso concursal ningún acreedor que siguiere proceso ejecutivo separadamente del concurso podrá adjudicarse el bien o bienes subastados, bajo pena de nulidad. (Arts. 251, 577)

 

 

Artículo 579.- (OBJETO EXCLUSIVO DE LA SENTENCIA)

 

En la sentencia de grados y preferidos sólo se declarará la prelación con que han de ser pagados los créditos, sin resolver acerca de los derechos contenciosos del deudor o de los acreedores, los cuales deberán ventilarse en el proceso respectivo. (Arts. 316, 574)

 

 

Artículo 580.- (PRESENTACION EXTEMPORANEA)

 

E] acreedor que no concurriere al concurso no podrá pedir la inclusión de su crédito después de pronunciada la sentencia de grados y preferidos. (Artículo 574)

 

Artículo 581.- (INALTERABILIDAD DE LAS PREFERENCIAS)

 

La prelación establecida en la sentencia de grados y preferidos no podrá alterarse aunque después se descubrieren otros bienes del deudor. (Arts. 196, 574, 582)

 

 

Artículo 582.- (IMPROCEDENCIA DEL NUEVO CONCURSO)

 

Aún cuando se descubrieren otros bienes del deudor después de ejecutada la sentencia de grados y preferidos, no podrá abrirse nuevo concurso ni dictarse nueva sentencia. El valor de los bienes descubiertos será distribuido con la prelación ya establecida. (Arts. 574, 581)

 

 

Artículo 583.- (AMPLIACION DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA)

 

I.         Si los bienes del concursado no fueren bastantes para cubrir sus deudas, los efectos de la sentencia de grados y preferidos alcanzarán a todos los derechos y sucesiones que pudieren corresponder al deudor.

 

II.         Esta disposición será extensiva al concurso voluntario. (Arts. 574, 584)

 

 

CAPITULO III Concurso voluntario

 

Artículo 584.- (REQUISITOS DE LA DEMANDA)

 

El deudor de buena fe y en desgracia que quisiere hacer cesión de bienes, presentará su demanda personalmente ante el Juez de Partido manifestando su insolvencia y acompañando dos listas juradas: la una con la nómina de sus acreedores e indicación de sus domicilios y la suma que adeudare a cada uno de ellos, y la otra con los bienes que cederá y su valor en numerario. Pedirá asimismo que los acreedores fueren citados al efecto. (Arts. 562, 563, 583, 585, 588)

 

 

Artículo 585.- (DECRETO DE TRASLADO, NOMBRAMIENTO DE DEPOSITARIO Y ACUMULACION)

 

I.         El Juez decretará traslado a los acreedores indicados en la lista respectiva, y nombrará al mismo tiempo depositarios de los bienes señalados en la otra lista, con la facultad de vender al precio corriente de plaza los que fueren susceptibles de descomposición o de perder su valor.

 

 

II.         En caso de que existieren procesos ejecutivos en trámite contra el cedente, se ordenará su acumulación. (Arts. 160, 568, 584)

 

 

Artículo 586.- (CITACION POR EDICTO)

 

Si no fueren encontrados algunos acreedores para la citación legal con la demanda o se ignorare su paradero, se ordenará la citación por edicto conforme a los Artículos 125, 126 y 568.

 

 

Artículo 587.- (CUADERNO DE REMATE)

 

I.         Inmediatamente de admitida la demanda se formará el cuaderno de remates para la subasta de los bienes del deudor, conforme a los Artículos 571 y 572.

 

II.         Se tendrá como dolo o fraude en perjuicio de los acreedores toda solicitud o acto del concursado que tendiere a obstaculizar la subasta de los bienes, así como su negligencia en la publicación del edicto, la cual deberá hacerse de inmediato y cuando más dentro de diez días de admitido el concurso.

 

 

Artículo 588.- (FALSEDAD U OCULTACION DE BIENES)

 

Si se probare la falsedad u ocultación de bienes en la lista que prevé el Artículo 584, se juzgará al cedente por la vía penal como estafador.

 

 

Artículo 589.- (SENTENCIA DE GRADOS Y PREFERIDOS)

 

Vencidos los quince días señalados en el Artículo 568, el Juez, a solicitud de parte, pronunciará sentencia de grados y preferidos conforme a las normas pertinentes del Código Civil, sin costas.

 

 

Artículo 590.- (ACUERDO EXTRAJUDICIAL)

 

Si entre acreedores y deudor llegaren a acuerdo extrajudicial, éste será aprobado por el Juez. (Artículo 576)

 

 

TITULO II DE LOS INTERDICTOS

 

CAPITULO I Disposiciones generales

 

Artículo 591.- (CLASES)

 

Los interdictos podrán intentarse para:

 

1)         Adquirir la posesión.

 

2)         Retener la posesión.

 

3)         Recobrar la posesión.

 

4)         Impedir una obra nueva perjudicial o evitar un daño temido. (Arts. 313, 596, 602)

 

 

Artículo 592.- (COMPETENCIA Y PLAZO PARA INTENTAR)

 

Los interdictos serán de competencia de los Jueces Instructores y deberán intentarse dentro del año de producidos los hechos en que se fundaren, excepto los de adquirir la posesión y la denuncia de daño temido que podrán intentarse en cualquier tiempo. (Arts. 596, 615, 642)

 

 

Artículo 593.- (PROCESO POSTERIOR)

 

Las sentencias que se dictaren en los interdictos de adquirir, retener y recobrar la posesión no impedirán el ejercicio de las acciones reales que pudieren corresponder a las partes. (Artículo 600)

 

 

Artículo 594.- (COSTAS)

 

En todos los casos será condenada en costas la parte perdidosa. (Artículo 198)

 

 

Artículo 595.- (APELACION)

 

La sentencia podrá ser apelada en el plazo de tres días, en el efecto devolutivo, sin recurso ulterior. (Artículo 225)

 

 

CAPITULO II Interdicto de adquirir la posesión

 

Artículo 596.- (PROCEDENCIA)

 

El interdicto de adquirir la posesión procederá cuando quien la solicitare presente título auténtico de dominio sobre la cosa y ésta no se hallare en poder de un tercero con título de dueño o usufructuario. Quien así la poseyere no será privado de su derecho sin ser oído y vencido en proceso ordinario. (Artículo 592)

 

 

Artículo 597.- (POSESION Y OPOSICION)

 

I.         Presentada la solicitud con el respectivo título, el Juez señalará día y hora para la posesión.

 

II.         Si alguien se opusiere alegando posesión actual a título de dueño o usufructuario, se recibirá la causa a prueba con el plazo de ocho días, vencido el cual el Juez pronunciará sentencia ministrando posesión a quien la hubiere solicitado, o manteniendo en ella a quien justificare mejor derecho, y salvando los derechos del perdidoso para la vía ordinaria. (Arts. 216, 596)

 

 

Artículo 598.- (POSESION A TITULO HEREDITARIO)

 

Cuando se pidiere la posesión a título hereditario, se acompañarán el testamento o resolución judicial de declaratoria de heredero, el certificado de defunción y el comprobante de pago del impuesto sucesorio. (Artículo 645)

 

 

Artículo 599.- (AUDIENCIA)

 

El Juez señalará de inmediato día y hora para la posesión en lo proindiviso de los bienes sucesorios, con citación de los coherederos, actuales poseedores y albacea si lo hubiere, sin perjuicio de terceros que mejor derecho tuvieren. (Artículo 646)

 

 

Artículo 600.- (RECLAMACION)

 

Cualquier reclamo de los coherederos o del albacea se salvará para la vía ordinaria. (Arts. 593, 646)

 

 

Artículo 601.- (ACUMULACION)

 

Si fueren dos o más las solicitudes de posesión, se acumularán todas ellas en un sólo expediente y el Juez pronunciará la resolución que correspondiere, y ministrará la posesión a quien resultare victorioso, quedando a salvo los derechos de los otros para la vía ordinaria y pudiendo éstos solicitar fianza de resultas. (Artículo 597)

 

 

CAPITULO III Interdicto de retener la posesión

 

Artículo 602.- (PROCEDENCIA)

 

Para que proceda el interdicto de retener la posesión se requerirá:

 

1)         Que quien lo intentare se encuentre en la posesión actual o tenencia de un bien, mueble o inmueble.

 

2)         Que alguien amenazare perturbarlo o lo perturbare en ella mediante actos materiales. (Arts. 604, 6l0)

 

 

Artículo 603.- (TRAMITE)

 

La demanda se dirigirá contra aquel a quien el actor denunciare por perturbarlo en la posesión o tenencia, o contra sus sucesores o copartícipes. El Juez al admitir la demanda abrirá plazo probatorio de ocho días.

 

 

Artículo 604.- (PRUEBA)

 

La prueba versará sobre la posesión o tenencia invocada por el demandante y sobre los actos o amenazas de perturbación atribuidos al demandado y la fecha en que hubieren ocurrido. (Artículo 602)

 

 

Artículo 605.- (MEDIDAS PRECAUTORIAS)

 

Si la perturbación fuere inminente, el Juez podrá disponer la medida de no innovar, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones previstas en el Artículo 184.

 

 

Artículo 606.- (SENTENCIA)

 

Siempre que el demandante probare los extremos de su demanda el Juez lo amparará en la posesión condenando en costas al demandado e imponiéndole el pago de multa que será tasada en la misma resolución, sin perjuicio de los daños a que hubiere lugar, así como de las sanciones previstas en el Código Penal. (Arts. 184, 190, 198)

 

 

CAPITULO IV Interdicto de recobrar la posesión

 

Artículo 607.- (PROCEDENCIA)

 

Quienquiera que poseyendo alguna cosa, civil o naturalmente, o de ambos modos, fuere despojado con violencia o sin ella, se presentará al Juez expresando la posesión en que hubiere estado, el día en que hubiere sufrido la eyección y pidiendo recibirle prueba sobre estos dos extremos para reintegrarlo en la posesión. (Arts. 609, 612)

 

 

Artículo 608.- (DEMANDA)

 

La demanda se interpondrá contra el despojante, o sus herederos, copartícipes o beneficiarios del despojo.

 

 

Artículo 609.- (ADMISION Y PRUEBA)

 

Admitida la demanda el Juez abrirá el plazo de prueba de ocho días. (Artículo 607)

 

 

Artículo 610.- (MODIFICACION Y AMPLIACION DE LA DEMANDA)

 

Si durante la tramitación del interdicto de retener la posesión se produjere el despojo al demandante, la acción proseguirá como interdicto de recobrar, sin retrotraer el procedimiento (Artículo 602)

 

 

Artículo 611.- (MEDIDA PRECAUTORIA)

 

Cuando el derecho de posesión invocado fuere verosímil y hubiere riesgo y pudieren derivar perjuicios si no se decretare la restitución inmediata, el Juez podrá ordenarla previa fianza que prestará el reclamante para responder por los daños que pudiere irrogar la medida. (Artículo 550)

 

 

Artículo 612.- (EL TITULO NO JUSTIFICA EL DESPOJO)

 

Aunque el despojante presentare título de propiedad tratando de justificar el hecho, no estará eximido de restituir el bien y pagar costas y daños, ni de las sanciones penales si hubiere obrado con fuerza y violencia, quedando a salvo sus derechos para la acción ordinaria. (Artículo 607)

 

 

Artículo 613.- (SENTENCIA)

 

La sentencia que declarare probada la demanda ordenará:

 

1)         La restitución del bien despojado, bajo apercibimiento de lanzamiento.

 

2)         El pago de costas, daños y perjuicios.

 

3)         La remisión de testimonio al Ministerio Público en caso de que el despojo se hubiere consumado con fuerza y violencia. (Arts. 198, 614, 635)

 

 

Artículo 614.- (DESPOJO COMETIDO POR AUTORIDAD)

 

El Juez o cualquier autoridad que sin el trámite legal respectivo privare o mandare privar a alguien de su posesión, será considerado despojante y condenado a las mismas sanciones previstas en el Artículo precedente. (Artículo 613)

 

 

CAPITULO V Interdicto de obra nueva perjudicial o de daño temido

 

Artículo 615.- (PROCEDENCIA)

 

Cuando se hubiere comenzado una obra que afectare a un inmueble o no se sujetare a las normas establecidas para las servidumbres en el Código Civil, o cuando hubiere temor de que un edificio, árbol, columna o cualquier cosa análoga pudiere causar daño a personas o cosas, quien se considerare perjudicado podrá promover el interdicto para impedir una obra nueva perjudicial o para evitar un daño temido. (Artículo 592)

 

 

Artículo 616.- (DEMANDA)

 

La demanda podrá interponerse por el dueño o poseedor de la cosa y será dirigida contra el dueño de la obra, y si éste no pudiere ser habido o fuere desconocido, contra el director o encargado de ella.

 

 

Artículo 617.- (TRAMITE INSPECCION)

 

I.         Admitida la demanda, el Juez ordenará la suspensión inmediata de los trabajos y señalará día y hora para la audiencia de inspección, que deberá realizarse dentro del plazo máximo de tres días a contar desde la presentación de la demanda.

 

II.         Asimismo dispondrá el reconocimiento de la obra o cosa por peritos, efecto para el cual podrá designar uno de oficio. (Arts. 427, 432)

 

 

Artículo 618.- (INFORME PERICIAL)

 

Los peritos deberán prestar sus informes en el acto de la audiencia o dentro del plazo máximo de tres días a contar desde el día de la inspección. (Artículo 438)

 

 

Artículo 619.- (PLAZO DE PRUEBA)

 

El Juez según las circunstancias y como resultado de la inspección, podrá mantener la suspensión ordenada o mandará la continuación de la obra, pudiendo abrir el plazo probatorio de ocho días. (Artículo 370)

 

 

Artículo 620.- (SENTENCIA)

 

I.         Vencido el plazo probatorio, si es que se hubiere abierto, o después de presentados los informes periciales, el Juez sin más trámite dictará sentencia ordenando, si el demandante hubiere justificado su demanda, la suspensión definitiva o la demolición de la obra, o en su caso las medidas convenientes para evitar el daño temido. Sin embargo, si a criterio del Juez fuere posible una modificación o reparación adecuada en la obra para evitar el daño o perjuicio, podrá mantener la suspensión y concederá al demandado un plazo prudencial a fin de ejecutar la modificación o reparación, bajo conminatoria de que el demandante podrá realizarlas a cargo de aquél. Los gastos ocasionados serán cobrados por la vía coactiva.

 

II.         La parte perdidosa será condenada al pago de costas y daños y perjuicios. (Arts. 190, 198)

 

 

TITULO III DEL DESALOJO

 

CAPITULO I Desalojo de vivienda

 

Artículo 621.- (VIVIENDA)

 

Se tendrá por vivienda la casa, departamento o habitación que el locatario utilizare, en virtud de un contrato celebrado por escrito o verbalmente, como su morada y la de los miembros de su familia dependientes de él sirviéndole de prueba, en caso de contrato verbal el recibo de pago de alquileres.

 

 

Artículo 622.- (VIVIENDA, TALLER O PULPERIA)

 

Los pequeños talleres artesanales o pulperías, donde los ocupantes tuvieren a la vez su morada, serán considerados como vivienda siempre que hubieren tenido esta doble calidad desde el momento del contrato. (Artículo 713)

 

 

Artículo 623.- (PROCEDENCIA DEL DESALOJO DE VIVIENDA)

 

El desalojo de vivienda procederá en los casos siguientes:

 

1)         Por falta de pago de alquileres durante tres meses vencidos.

 

2)         Cuando el propietario necesitare el inmueble para vivir en él por estar viviendo en casa ajena. La elección del inmueble, departamento o habitaciones que se pretendiere hacer desalojar quedará atribuido al locador.

 

3)         Cuando el propietario tuviere necesidad de todo el inmueble para una construcción nueva. En este caso se necesitará presentar la autorización municipal, contrato de trabajo y planos aprobados. Los trabajos deberán ser iniciados dentro del plazo de treinta días de la desocupación.

 

4)         Cuando el propietario tuviere necesidad de hacer reconstruir el inmueble y siempre que no se tratare de simples reparaciones de mantenimiento. Dicha necesidad se justificará con el contrato de trabajo y los planos aprobados por la autoridad municipal. Los trabajos deberán iniciarse en cl plazo señalado en el inciso precedente.

 

5)         Cuando fuere necesaria la demolición del inmueble por su estado ruinoso debidamente calificado.

 

6)         Cuando el inquilino tuviere casa propia.

 

7)         Cuando el inquilino subalquilare todo o parte del inmueble.

 

8)         Cuando el inquilino subrogare el contrato de locación.

 

9)         Cuando el inquilino diere al inmueble un uso distinto para el que hubiera sido alquilado.

 

10)         Cuando el inmueble fuere adquirido o expropiado por causa de necesidad y utilidad pública. (Arts. 624, 628, 632)

 

 

Artículo 624.- (DEMANDA POR SUBINQUILINATO Y SUBROGACION)

 

Cuando la demanda se fundare en las causas 7) y 8) del Artículo precedente, la acción se seguirá simultáneamente contra el inquilino y el subinquilino o subrogatario.

 

 

Artículo 625.- (TRAMITE)

 

El trámite se sujetará al proceso sumario ante el Juez Instructor.

 

La demanda será admisible previa presentación del talonario fiscal correspondiente, hecho que se hará constar en el cargo con especificación de los datos necesarios. (Arts. 478, 630, 633)

 

 

Artículo 626.- (RECONVENCION)

 

En el proceso de desalojo será inadmisible la reconvención. (Arts. 349, 633)

 

 

Artículo 627.- (APELACION)

 

La apelación contra la sentencia de desalojo se concederá en el efecto suspensivo. (Artículo 633)

 

 

Artículo 628.- (PLAZOS PARA EL DESALOJO)

 

El juez concederá para la desocupación los siguientes plazos:

 

1)         Para habitación, treinta días.

 

2)         Para departamento, setenta días.

 

3)         Para casa completa, noventa días. (Arts. 623, 635)

 

 

Artículo 629.- (RESTITUCION DEL INMUEBLE AL INQUILINO)

 

I.         Se restituirá al inquilino el inmueble del cual hubiere sido desalojado en los casos que prevén los incisos 2), 3) y 4), del Artículo 623 si el locador no hubiere cumplido con lo previsto en ellos dentro del plazo de treinta días.

 

II.         Cuando la restitución no fuere posible, el locador pagará al desalojado una multa equivalente a seis meses del alquiler que pagaba al tiempo de la desocupación.

 

 

Artículo 630.- (TRAMITE DE LA RESTITUCION)

 

Se pedirá la restitución del inmueble ante el Juez de la causa, y se sustanciará y resolverá como incidente. Procederá la apelación en el efecto devolutivo, sin recurso ulterior. (Arts. 225, 625)

 

 

Artículo 631.- (CONTRATO MIXTO)

 

El desalojo de vivienda sujeta a contrato de inquilinato y anticresis se sujetará a las disposiciones del capítulo presente, estando obligado el locador a la devolución inmediata del capital recibido. (Artículo 716 del Código Civil).

 

CAPITULO II Desalojo de locales de comercio, industria y otros

 

Artículo 632.- (PROCEDENCIA)

 

E] desalojo de locales de comercio, industria, oficinas y otros análogos, sujetos al régimen de libre contratación, procederá por fenecimiento del plazo del contrato o por incumplimiento de cualesquiera de sus condiciones. (Arts. 623, 634, 637)

 

 

Artículo 633.- (TRAMITE)

 

El proceso para desalojo de los locales indicados en el Artículo anterior se sustanciará y resolverá en la forma que prevén los Artículos 625, 626 y 627.

 

 

Artículo 634.- (PLAZO PARA EL DESALOJO)

 

En caso de que no existiere contrato o no se hubiere estipulado plazo para la locación de los locales indicados en el Artículo 632, el Juez concederá los plazos siguientes:

 

1)         Para tiendas, pulperías, depósitos, oficinas, consultorios, bares, cantinas, salones de baile y análogos, treinta días.

 

2)         Para casas comerciales, restaurantes, confiterías, comedores, hoteles, industrias menores y otros análogos, sesenta días.

 

3)         Para sanatorios, clínicas y establecimientos industriales con más de veinte obreros, noventa días.

 

 

 

CAPITULO III Lanzamiento

 

Artículo 635.- (PROCEDENCIA)

 

Dentro de las veinticuatro horas de vencido el plazo otorgado por el Juez, en ejecución de sentencia y sin más trámite expedirá el mandamiento correspondiente de lanzamiento con la facultad de allanar, encomendando su ejecución al oficial de diligencias. (Arts. 613, 634)

 

 

Artículo 636.- (EJECUCION DEL LANZAMIENTO)

 

La ejecución del lanzamiento se hará en horas y días hábiles, y el ejecutor entregará los muebles, enseres, maquinarias y demás objetos al inquilino o, en su caso, al depositario que designare el Juez. Si hubiere resistencia, la fuerza del orden público prestará el auxilio necesario sin más requisitoria que la exhibición del mandamiento.

 

 

Artículo 637.- (RETRASO EN LA DESOCUPACION DE LOCALES DE COMERCIO, INDUSTRIA Y OTROS)

 

Si el lanzamiento se hubiere de hacer de los locales señalados en el Artículo 632, el Juez regulará en sentencia una multa, que beneficiará al locador, por cada día de retraso en la desocupación, a menos que existiere cláusula penal contractual.

 

 

Artículo 638.- (RETENCION DE MUEBLES)

 

Si el desalojo se produjere por falta de pago de alquileres, el Juez dispondrá la retención de los bienes muebles necesarios para garantizar el pago de los alquileres devengados, quedando el locador en calidad de depositario. (Artículo 160)

 

TITULO IV DE LOS PROCEDIMIENTOS VOLUNTARIOS

 

CAPITULO I Disposiciones generales

 

Artículo 639.- (CLASES DE PROCEDIMIENTOS VOLUNTARIOS)

 

Los procedimientos voluntarios comprenderán:

 

1)         La declaratoria de herederos.

 

2)         La renuncia de herencia y la aceptación con beneficio de inventario.

 

3)         La apertura, comprobación y protocolización de testamento.

 

4)         Los inventarios.

 

5)         La división de herencia y de otros bienes comunes.

 

6)         La mensura y deslinde.

 

7)         La rendición de cuentas.

 

8)         La declaratoria de ausencia y presunción de muerte.

 

9)         Los bienes vacantes y mostrencos.

 

10)         La oferta de pago y consignación. (Arts. 313, 678)

 

 

Artículo 640.- (COMPETENCIA)

 

I.         Corresponderá a los Jueces de Instrucción Ordinarios, conforme al Artículo 134, inciso 3, de la Ley de Organización Judicial, conocer de los procedimientos comprendidos en este capítulo mientras no resultaren contenciosos, excepto el de oferta de pago y consignación que deberá interponerse ante el Juez de la cuantía.

 

II.         El procedimiento declarado contencioso será remitido, dentro de tercero día, al Juez de Partido Ordinario, a menos que por la cuantía o por disposición expresa de la Ley le correspondiere al Juez Instructor, caso en cl cual éste continuará conociendo de él. (Arts. 641, 680, 693, 701)

 

 

Artículo 641.- (EFECTOS DE LA CONTENCION DECLARADA)

 

Declarada la contención, el Juez a quien correspondiere tramitar el proceso en la vía ordinaria comenzará a sustanciarlo corriendo traslado de la oposición al demandante. El opositor se considerará como demandado que hubiere opuesto excepciones siempre que su oposición no importare reconvención, caso en el cual se le dará el trámite correspondiente. (Arts. 316, 351, 640)

 

 

 

CAPITULO II Declaratoria de herederos

 

Artículo 642.- (DEMANDANTES)

 

La declaratoria judicial de herederos podrá pedirse en cualquier tiempo por los herederos presuntos. (Arts. 592, 644)

 

 

Artículo 643.- (DEMANDA)

 

La demanda deberá presentarse acompañando:

 

1)         La partida de defunción del causante.

 

2)         Los documentos que acreditaren el grado de parentesco de los demandantes con el causante.

 

3)         El nombre o nombres de los otros coherederos que hubieren. (Arts. 327, 648)

 

 

Artículo 644.- (ACUMULACION DE SOLICITUDES)

 

Todas las demandas o solicitudes de declaratoria de herederos de una misma sucesión se acumularán y tramitarán en un solo expediente, fuere que los herederos presuntos se creyeren con igual o con mejor derecho. (Artículo 642)

 

 

Artículo 645.- (RESOLUCION)

 

En vista de la prueba acompañada el juez pronunciará resolución definitiva declarando herederos a quienes hubieren acreditado su derecho y salvando los de terceros; resolverá asimismo la oposición u oposiciones que se hubieren suscitado. (Artículo 598)

 

 

Artículo 646.- (POSESION)

 

Dictada la resolución prevista en el Artículo precedente, el Juez procederá a dar posesión de los bienes a los herederos conforme a las previsiones de los Artículos 599 y 600, previa la presentación del comprobante de haberse pagado el impuesto sucesorio.

 

 

Artículo 647.- (FIANZA)

 

Los coherederos que se creyeren perjudicados podrán pedir fianza al o a los herederos declarados, para las resultas del proceso ordinario. Esta fianza deberá ser previa a la toma de posesión de los bienes y quedará extinguida si transcurridos treinta días desde su otorgamiento no se interpusiere la demanda ordinaria. (Arts. 550, 551)

 

 

CAPITULO III Renuncia de herencia y aceptación con beneficio de inventario

 

Artículo 648.- (DECLARACION)

 

I.         El heredero que renunciare a la herencia o que la aceptare con beneficio de inventario, declarará expresamente su decisión ante el Juez dentro de los plazos y condiciones establecidas en el Código Civil, cumpliendo además los requisitos exigidos en el Artículo 643.

 

II.         En el caso de aceptar la herencia con beneficio de inventario, acompañará una lista de los acreedores del causante y sus domicilios.

 

 

Artículo 649.- (CITACION)

 

El Juez ordenará la citación de los coherederos y acreedores domiciliados en el asiento del Juzgado y la publicación de edictos por dos veces en el lapso de quince días, con intervalo de cinco entre una y otra, en la forma que prevé el Artículo 125. (Arts. 101, 650)

 

 

Artículo 650.- (RESOLUCION)

 

Cumplidos los requisitos legales y las citaciones previstas en el Artículo precedente, el Juez pronunciará resolución declarando, según el caso, aceptada la herencia con beneficio de inventario, o renunciada, excepto el caso previsto en el Artículo 1053 del Código Civil. (Artículo 649)

 

 

Artículo 651.- (INTERVENCION DE TERCEROS)

 

Los acreedores o cualquier otro interesado, para el ejercicio de las acciones que en defensa de sus derechos les reconociere el Código Civil deberán presentar sus solicitudes acompañando los documentos fehacientes que acreditaren sus pretensiones.

 

 

CAPITULO IV Comprobación, apertura y protocolización de testamentos

 

Artículo 652.- (DEMANDA)

 

El heredero, albacea, o cualquier otro interesado legítimo en la comprobación, apertura y protocolización de un testamento, las pedirán ante el Juez del lugar donde fue otorgado, acompañando el certificado de defunción del testador.

 

 

Artículo 653.- (PROVIDENCIA)

 

I.         El Juez señalará día y hora para la audiencia, en que tendrá lugar el acto, con emplazamiento de testigos, notario y persona en cuyo poder se hubiere depositado el pliego testamentario. (Arts. 102, 654)

 

 

Artículo 654.- (AUDIENCIA)

 

I.         En la audiencia, por disposición del Juez y previo juramento, los testigos: (Artículo 657 del Código de Proc. Civil).

 

1)         Reconocerán si la cubierta que se les presentare y contuviere el pliego testamentario, es la misma que entregó personalmente el testador al notario, y si notan alguna alteración o violación en sus cierres y sellos.

2)         Declararán si todos, reunidos en un mismo acto y lugar, presenciaron la entrega de la cubierta al notario y suscribieron conjuntamente con éste y con el testador el acta correspondiente.

3)         Declararán si el testador se encontraba en el uso pleno de sus facultades y si le oyeron manifestar que la cubierta contenía su testamento, o si se dio el caso del Artículo 1129 del Código Civil.

4)         Reconocerán sus firmas estampadas en el acta de la cubierta.

 

II.         Si uno o más testigos hubieren muerto o estuvieren ausentes o imposibilitados de modo que no pudieren comparecer en la audiencia, se estará a lo dispuesto por el Artículo 1152 del Código Civil. (Arts. 102, 659, 657)

 

 

Artículo 655.- (APERTURA)

 

Cumplidas las formalidades prescritas en el Artículo precedente el Juez ordenará la apertura del pliego y su lectura por el actuario. Se levantará el acta respectiva que será firmada por el Juez, Notario y testigos, e interesados si quisieren hacerlo. (Artículo 1148 del Código Civil)

 

 

Artículo 656.- (AUTO DEFINITIVO PROTOCOLIZACION)

 

Concluidas las diligencias el Juez dictará resolución definitiva ordenando la protocolización del testamento y demás actuados en una Notaría de Fe Pública. (Artículo 662)

 

 

Artículo 657.- (DECLARATORIA DE CONTENCION)

 

Si en el acto de la audiencia se alegare suplantación de la cubierta, alteración del acta labrada en ella, violación del sello y cierres, o no hubiera acuerdo en los testigos sobre los hechos señalados en el Artículo 654, no se suspenderán los trámites de comprobación, apertura y protocolización si a juicio del Juez lo alegado careciere de fundamento; caso contrario declarará contencioso el procedimiento para tramitarse y resolverse por la vía ordinaria. (Arts. 316, 654, 661)

 

 

Artículo 658.- (TESTAMENTO ABIERTO)

 

El testamento abierto otorgado ante Notario y testigos que corriere protocolizado en los registros notariales no necesitará comprobación para surtir efectos legales.z

 

 

Artículo 659.- (TESTAMENTO ANTE TESTIGOS SOLAMENTE)

 

I.         La comprobación y protocolización del testamento abierto y otorgado ante testigos solamente, se practicará en audiencia, con el reconocimiento de sus firmas y la declaración de que las disposiciones contenidas son las mismas que hubieren oído dictar al testador o que éste les hubiere presentado redactadas. Las declaraciones deberán ser uniformes en cuanto a lo principal del testamento, requisito sin el cual no será válido.

 

II.         Cumplidos los requisitos legales el Juez dispondrá la protocolización del testamento y actuados pertinentes en una Notaría de Fe Pública.

 

 

Artículo 660.- (TESTAMENTOS ESPECIALES)

 

I.         Tratándose de testamentos especiales comprendidos en el libro IV, título III, capítulo II, sección III, del Código Civil la comprobación y protocolización se hará en la forma prevista en el Artículo anterior en todo cuanto fuere pertinente. (Artículo 659)

 

II.         En el caso del Artículo 1136 del Código Civil las declaraciones y el reconocimiento de firmas de los capitanes y comandantes de las naves y testigos, podrán hacerse mediante comisión ante el Juez del lugar donde ellos pudieren ser habidos; si tuvieren que producirse fuera de la República se harán asimismo mediante comisión de acuerdo a las Leyes del país respectivo.

 

 

Artículo 661.- (NULIDAD DE CLAUSULAS TESTAMENTARIAS)

 

Si se alegare la nulidad de alguna o algunas cláusulas del testamento, no se suspenderá su protocolización y se seguirá la acción que correspondiere por vía ordinaria. (Arts. 316, 657)

 

 

Artículo 662.- (TESTAMENTOS OTORGADOS EN EL EXTRANJERO)

 

I.         Los testamentos otorgados en el extranjero surtirán efecto en Bolivia de acuerdo a los tratados internacionales vigentes, siempre que estuvieren debidamente legalizados conforme a las Leyes de la República, estando sometidos para su protocolización y registro, según el caso, a los trámites prescritos en el capítulo presente.

 

II.         En caso de no existir tratados, los testamentos harán fe en Bolivia si hubieren sido redactados con las formalidades legales establecidas en el país de su otorgamiento y si se hallaren debidamente legalizados. (Artículo 656)

 

CAPITULO V Inventarios

 

Artículo 663.- (SEÑALAMIENTO DE DILIGENCIA)

 

En los casos en que procediere la formación de inventarios enumerativos o avaluativos de los bienes, derechos y obligaciones de una sucesión, el Juez señalará día y hora para la diligencia, previa citación de partes, y en su caso del albacea, coherederos, acreedores, legatarios y otros interesados. (Arts. 664, 699)

 

 

Artículo 664.- (CUMPLIMIENTO DE LA DILIGENCIA)

 

I.         El Juez concurrirá a la formación de inventarios sólo a petición expresa de parte o del Ministerio Público cuando éste debiere intervenir conforme a la Ley.

 

II.         En los demás casos el Juez comisionará para el cumplimiento de la diligencia a un Juez de Mínima Cuantía o a un Notario de Fe Pública. (Artículo 663)

 

 

Artículo 665.- (PERITO DE OFICIO)

 

En caso de que se solicitare inventario avaluativo el Juez, designará un perito de oficio, siempre que las partes no se pusieren de acuerdo sobre el propuesto por una de ellas. (Artículo 432)

 

 

Artículo 666.- (ACLARACIONES Y RESOLUCIONES)

 

I.         Practicados los inventarios, se pondrán en conocimiento de las partes para que dentro de tercero día pudieren pedir aclaraciones o explicaciones.

 

II.         Concluidas las diligencias el Juez pronunciará resolución definitiva dentro del plazo de tres días. (Artículo 667)

 

 

Artículo 667.- (OPOSICION)

 

Los interesados podrán suscitar oposición a la formación de inventarios o a su aprobación, dentro de tercero día de habérseles citado con la demanda o con el inventario. La oposición no suspenderá las diligencias posteriores, que tendrán carácter provisional. (Artículo 666)

 

 

Artículo 668.- (RECLAMO DE EXCLUSION)

 

Si durante la formación del inventario alguno de los herederos u otros interesados alegaren derecho de propiedad sobre alguno de los bienes que se tratare de inventariar, el Juez abrirá un plazo incidental de prueba de ocho días y resolverá la exclusión o no del bien reclamado. (Artículo 149)

 

 

Artículo 669.- (OCULTACION DE BIENES)

 

Cuando se alegare ocultación de algún bien de la testamentaría y se la justificare en el plazo incidental de ocho días, el ocultador, si fuere heredero, perderá el beneficio del inventario y toda participación en el bien ocultado, y si fuere persona extraña, será considerada reo de hurto. (Artículo 149)

 

 

Artículo 670.- (APLICACION A OTROS CASOS)

 

Las disposiciones de este capítulo se aplicarán, en todo cuanto sean pertinentes, a todos los demás casos de formación de inventarios. (Artículo 699)

 

 

CAPITULO VI División de herencia y de otros bienes comunes

 

Artículo 671.- (DEMANDA)

 

I.         Todo coheredero o albacea podrá pedir al Juez la división de bienes hereditarios, acompañando el testamento o el inventario aprobado.

 

II.         La división se hará por el partidor designado en el testamento o en su defecto por el perito que nombrare de oficio el Juez, siempre que las partes no se hubieren puesto de acuerdo en el propuesto por una de ellas.

 

III.        Se podrá prescindir de la inventariación previa en caso de que los bienes hereditarios no fueren muchos o cuantiosos. (Arts. 432, 663, 672, 681)

 

 

Artículo 672.- (ORDEN Y DILIGENCIA DE PARTICION)

 

I.         El Juez ordenará proceder a la partición solicitada con noticia de coherederos y albacea que hubiere.

 

II.         La división se hará con arreglo al testamento o a los inventarios aprobados, teniendo cuidado de que las divisiones fueren iguales en especie y en valor, y se harán las compensaciones justas y convenientes que se requieren. (Arts. 666, 671)

 

 

Artículo 673.- (SORTEO DE LOTES O HIJUELAS)

 

I.         Puesta en conocimiento de las partes la división practicada y hechas las explicaciones y complementaciones que se hubieren solicitado, se señalará día y hora de audiencia para el sorteo del orden y de los lotes o hijuelas.

 

II.         Por acuerdo de partes se podrá prescindir del sorteo, aprobándose las asignaciones acordadas a menos que intervinieren en la división incapaces o ausentes.

 

 

Artículo 674.- (RESOLUCION SOBRE DUDAS)

 

Las dudas que se suscitaren a tiempo de la partición sobre cuestiones de derecho serán resueltas por el Juez y no por el partidor o perito. (Artículo 675)

 

 

Artículo 675.- (APROBACION Y PROTOCOLIZACION)

 

Concluidas las diligencias el Juez dictará resolución definitiva aprobando la división o sorteo y ordenando su protocolización en una notaria de fe pública, para entregarse a cada heredero su respectiva hijuela. (Arts. 674, 677)

 

 

Artículo 676.- (BIENES QUE NO ADMITEN COMODA DIVISION)

 

I.         Si, fuera de los casos previstos en el Código Civil, alguno o algunos bienes no admitieren cómoda división o si algunos coherederos reclamaren llevar bienes raíces y otros muebles, se ordenará la tasación, subasta y remate.

 

II.         En caso de no haber postor el Juez nombrará un administrador mientras se presentaren interesados. (Arts. 525, 533)

 

 

Artículo 677.- (PARTICIONES IRRECLAMABLES)

 

Las particiones hechas conforme a la Ley serán irreclamables si pasados ocho días de dictarse el auto de aprobación y protocolización no se hubiere formulado observación alguna, excepto los casos de lesión, dolo o fraude que deberán ser resueltos en proceso ordinario. (Arts. 316, 675)

 

 

Artículo 678.- (OPCION DE LOS HEREDEROS)

 

Será potestativo de los herederos pedir la partición por la voluntaria o ingresar directamente al juicio ordinario si existieren puntos contradictorios que dilucidar previamente. (Arts. 316, 639)

 

 

Artículo 679.- (TOTALIDAD DE HEREDEROS)

 

Toda división de herencia deberá comprender a la totalidad de los herederos, bajo pena de nulidad. (Artículo 251)

 

 

Artículo 680.- (LA DIVISION VOLUNTARIA NO SE SUSPENDERA)

 

El procedimiento voluntario de división de herencia no se suspenderá aunque se acusare la falsedad o nulidad del testamento o de algunas de sus cláusulas o se denunciare ocultación de bienes, cuestiones que deberán salvarse para la vía ordinaria. (Artículo 640)

 

 

Artículo 681.- (DIVISION DE BIENES COMUNES NO SUCESORIOS)

 

En la división de bienes comunes no sucesorios, poseídos o no en lo proindiviso, se observará el procedimiento dispuesto en este capítulo. (Artículo 671)

 

 

CAPITULO VII Mensura y deslinde

 

Artículo 682.- (DEMANDA)

 

Cuando un propietario considere necesario aclarar en todo o en parte los linderos de su propiedad rústica o urbana no edificada, se presentará el Juez con los títulos correspondientes pidiendo recorrer sus términos y restablecer los mojones en su caso.

 

 

Artículo 683.- (ADMISION Y SEÑALAMIENTO DE AUDIENCIA)

 

El Juez admitirá la demanda señalando día y hora para la audiencia con citación del colindante o colindantes indicados por el demandante. (Artículo 684)

 

 

Artículo 684.- (AUDIENCIA)

 

I.         Abierta la audiencia se dará lectura a los títulos de propiedad exhibidos por las partes, se oirán sus exposiciones por su orden, y se procederá luego al recorrido y fijación de linderos o restablecimiento de mojones.

 

II.         Si las circunstancias exigieren mensura se la mandará practicar por un perito nombrado de oficio, siempre que las partes no se pusieren de acuerdo sobre el propuesto por una de ellas.

 

III.        El acta circunstanciada y testimoniada se agregará a los títulos de las partes. (Arts. 102, 427, 683).

 

 

Artículo 685.- (OPOSICION)

 

La oposición que se presentare sobre algún límite particular que requiriere justificación no impedirá el deslinde voluntario, y terminado éste lo aprobará el Juez, salvando el derecho de los discordes para la vía ordinaria. (Artículo 640)

 

 

Artículo 686.- (DIFERENCIAS Y COMPENSACIONES)

 

A falta de prueba que pudiere guiar al Juez en sus decisiones, podrá éste cortar la diferencia ordenando la división del terreno entre las partes. Podrá también compensar los terrenos entrantes de una propiedad con los de igual clase de la otra, procurando en esto una perfecta igualdad, aún con indemnizaciones pecuniarias.

 

 

CAPITULO VIII Rendición de cuentas

 

Artículo 687.- (OBLIGACION DE RENDIR CUENTAS)

 

Todo el que administrare o gestionare negocios ajenos estará obligado a rendir cuentas de su gestión. (Artículo 689)

 

 

 

Artículo 688.- (TERMINO PARA RENDIR CUENTAS)

 

Solicitada la rendición de cuentas por quien acreditare su derecho a exigirla contra el obligado a rendirlas, el Juez concederá a este último el plazo de ocho días, bajo apercibimiento de apremio. (Artículo 139)

 

 

Artículo 689.- (CUENTA CLARA Y DOCUMENTADA)

 

Quien rindiere cuentas estará obligado a presentarlas en términos claros y precisos, acompañando toda la documentación pertinente. (Arts. 687, 690)

 

 

Artículo 690.- (TRASLADO DE LA CUENTA RENDIDA)

 

Presentada la rendición de cuentas acompañada de los comprobantes respectivos, se correrá en traslado al demandante quien deberá dar su conformidad u observarla dentro del plazo de ocho días. (Artículo 692)

 

 

Artículo 691.- (ERROR DE GUARISMO O CALCULO ARITMETICO)

 

Si en la rendición de cuentas se encontrare error de guarismo o cálculo aritmético, el Juez ordenará su rectificación y nombrará al efecto un perito de oficio, a menos que el demandado estuviere de acuerdo con la observación formulada por el demandante (Artículo 432).

 

 

Artículo 692.- (RESOLUCION)

 

I.         Si el demandante diere su conformidad o no hubiere formulado observaciones dentro del plazo señalado en el Artículo 690, el Juez dictará resolución definitiva de aprobación.

 

II.         De igual modo pronunciará resolución una vez salvado el informe del perito luego de haber sido puesto en conocimiento de las partes, sin necesidad de más trámite. (Artículo 690).

 

 

Artículo 693.- (DECLARATORIA DE CONTENCION)

 

Tanto en el caso de que el demandado acreditare no estar obligado a rendir cuentas, como cuando, hecha la rendición, el demandante alegare ilegitimidad o falsedad de alguna partida de cargo o descargo, el Juez declarará contencioso el procedimiento para tramitarse en la vía ordinaria. (Artículo 640).

 

CAPITULO IX Declaratoria de ausencia, presunción de muerte

 

Artículo 694.- (DEMANDA)

 

Cuando una persona desapareciere de su domicilio y no se tuviere noticia de ella por más de un año, cualquier interesado podrá pedir al Juez del último domicilio nombrar un curador para los efectos de los dispuesto en el Artículo 31 del Código Civil. Este nombramiento podrá hacerse también de oficio.

 

 

Artículo 695.- (NOMBRAMIENTO DE CURADOR Y EDICTO)

 

El Juez, previa información de dos testigos que se recibirá dentro del plazo de cinco días, nombrará curador, quien deberá prestar juramento al aceptar y posesionarse del cargo. El Juez ordenará asimismo la publicación de edicto por dos veces cada cinco días. (Artículo 124).

 

 

Artículo 696.- (DECLARATORIA DE AUSENCIA)

 

Si después de dos años a contar de la primera publicación del edicto no existieren noticias del desaparecido, se procederá de acuerdo con lo mandado por el Artículo 32 del Código Civil, abriendo para ese efecto el plazo probatorio de veinte días.

 

 

Artículo 697.- (DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS)

 

En todos los demás trámites, fases o períodos de la declaratoria de ausencia y presunción de muerte relacionados con la persona y los bienes del ausente, el Juez se regirá por la disposiciones contenidas en los Artículos 33 al 51 del Código Civil.

 

 

 

CAPITULO X Bienes vacantes y mostrencos

 

Artículo 698.- (DENUNCIA)

 

En el caso previsto por el Artículo 1111 del Código Civil, cualquier persona podrá denunciar ante el Juez la existencia de bienes vacantes. El Juez, al admitir la denuncia, designará curador a un funcionario del Ministerio de Educación y Cultura quien tendrá personería suficiente para intervenir en todos los trámites y recursos ordinarios y extraordinarios aún en el caso de que el procedimiento se tornare contencioso. (Arts. 699, 703)

 

 

Artículo 699.- (MEDIDAS DE SEGURIDAD)

 

El curador designado aceptará el cargo previo juramento, levantará inventario enumerativo de los bienes y adoptará las medidas más convenientes para la seguridad de ellos. (Arts. 663, 670, 700)

 

 

Artículo 700.- (EDICTO)

 

Practicadas las medidas de seguridad previstas en el Artículo precedente, se ordenará la publicación de edicto por dos veces cada quince días. Tratándose de bienes muebles y semovientes la publicación se hará por una sola vez. (Arts. 125, 699, 702, 704)

 

 

Artículo 701.- (PRESENTACION DE INTERESADO)

 

Si dentro del plazo para las publicaciones del edicto se presentare interesado alegando derecho de propiedad a título de herencia u otro cualquiera, se hará contencioso el procedimiento y se tramitará en la vía ordinaria. (Arts. 640, 702)

 

 

Artículo 702.- (RESOLUCION)

 

No presentándose interesados dentro del plazo de treinta días en el caso de inmuebles y de ocho días en el de muebles computable desde la primera publicación del edicto, se dictará Resolución definitiva declarando los bienes de propiedad del Estado. Al mismo tiempo se ordenará la tasación de los bienes por un perito nombrado de oficio. (Arts. 432, 700, 704)

 

 

Artículo 703.- (DENUNCIANTE)

 

El denunciante tendrá derecho a la cuarta parte del valor de los bienes. Este valor será el catastral en el caso de bienes inmuebles, el pericial en el de muebles y el nominal en el de acciones, títulos o valores mobiliarios. (Arts. 698, 705)

 

 

Artículo 704.- (BIENES MOSTRENCOS)

 

Cuando se encontraren bienes muebles o semovientes sin dueño se procederá en la forma prevista en el capítulo presente, con las modificaciones que siguen:

 

1)         En el edicto se indicará el lugar donde se pondrán de manifiesto los bienes.

 

2)         El curador expondrá los bienes en sitio público durante ocho días consecutivos, de horas 12 a 14, a fin de que, si se presentare alguien alegando ser dueño y acreditare su derecho de propiedad, previo cotejo de señales y marcas, le fueren entregados. En caso de no presentarse reclamación alguna o de que el reclamante no demostrare su derecho de propiedad, se declararán los bienes propiedad del Estado (Arts. 700, 702)

 

 

Artículo 705.- (REMATE)

 

El Juez podrá autorizar el remate y subasta de todo o parte de los bienes para facilitar el pago de los derechos del denunciante, curador, perito y gastos judiciales. Pagados todos ellos, el remanente corresponderá al Estado.

 

 

CAPITULO XI Oferta de pago y consignación

 

Artículo 706.- (PROCEDENCIA, REQUISITOS Y EFECTOS)

 

La procedencia, requisitos y efectos de la oferta de pago y consignación tanto en las obligaciones de dar como en las de hacer, se regirán por las disposiciones del Libro III, Título I, Capítulo II, Sección III, del Código Civil. (Arts. 708, 709)

 

 

Artículo 707.- (TRAMITE)

 

Presentada la demanda ante el Juez de la cuantía, con los requisitos establecidos para aquélla, el Juez le dará el trámite de proceso sumario. (Artículo 478)

 

 

 

 

Artículo 708.- (DEUDA DE DINERO)

 

Si la deuda fuere de dinero, el deudor acompañará, junto con la demanda un certificado de depósito judicial bancario a la orden del Juez, que comprenderá el total de la suma adeudada, intereses devengados, gastos líquidos una suma suficiente para los no líquidos, y hará constar que dicho total queda consignado en poder del Juez. (Arts. 706, 710)

 

 

Artículo 709.- (DEUDA DE COSA CIERTA Y DETERMINADA)

 

I.         Si la cosa debida fuere cierta y determinada se pedirá al Juez señalar día y hora para que en su presencia el acreedor la recibiere.

 

II.         Si la cosa debida fuere de traslado difícil o imposible, o debiere ser entregada en otro lugar. se pedirá al Juez señalar día, hora y lugar determinados donde deberá hacerse la entrega. (Arts. 706, 710)

 

 

Artículo 710.- (PROVEIDO DEL JUEZ)

 

El Juez al correr traslado de la demanda:

 

1)         En el caso del Artículo 708, dispondrá tenerse por consignado el dinero.

 

2)         En el caso I del Artículo precedente, señalará día y hora para el fin solicitado.

 

3)         En el caso II del Artículo precedente, señalará día, hora y lugar para el verificativo de la entrega. Podrá comisionar esta diligencia si la entrega no pudiere hacerse dentro de su asiento judicial. (Arts. 708, 711)

 

 

Artículo 711.- (RESOLUCION)

 

Con la contestación a la demanda o sin ella y realizadas o no las audiencias previstas en el Artículo precedente el Juez dictará resolución declarando válida la oferta de pago y consignación, o rechazándola y aplicará al efecto las disposiciones del Código Civil. (Artículo 710)

 

 

TITULO V DE LOS PROCESOS ARBITRALES

 

CAPITULO I Proceso arbitral de derecho

 

Artículo 712.- (PROCEDENCIA)

 

Toda cuestión entre partes, excepto las que no pudieren ser objeto de transacción, podrá someterse a la decisión de árbitros de derecho, antes o después de intentado un proceso y cualquiera fuere el estado de éste. El arbitraje podrá ser convenido en contrato previo o acto posterior. (Artículo 739)

 

 

Artículo 713.- (FORMA DEL COMPROMISO)

 

El compromiso podrá formalizarse por escritura pública o documento privado o por acta extendida ante el Juez de la causa. (Arts. 180, 398, 740)

 

 

Artículo 714.- (CONTENIDO)

 

El compromiso deberá contener, bajo pena de nulidad:

 

1)         Fecha, nombre y domicilio de los otorgantes.

 

2)         Nombre y domicilio de los árbitros, excepto en el caso del Artículo 717

 

3)         Cuestiones que se someten al proceso arbitral, con expresión de sus circunstancias.

 

4)         Estipulación de una multa que deberá pagar a la otra parte la que dejare de cumplir los actos indispensables para la realización del compromiso.

 

 

Artículo 715.- (CLAUSULAS FACULTATIVAS)

 

Podrá acordarse asimismo:

 

1)         El procedimiento aplicable y el lugar en que los árbitros habrán de conocer y fallar. Si no se indicare lugar, será el del otorgamiento del compromiso.

 

2)         El plazo en que los árbitros deberán pronunciar la sentencia.

 

3)         La designación de un secretario, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 723.

 

4)         La renuncia a los recursos de apelación y de nulidad, excepto los casos del Artículo 733. (Arts. 727, 728)

 

 

Artículo 716.- (DEMANDA)

 

I.         Podrá demandarse la constitución del Tribunal Arbitral cuando así se hubiere pactado o cuando lo determinare la Ley. Presentada la demanda, con los requisitos del Artículo 327 en lo pertinente, ante el Juez ordinario que hubiere sido competente para conocer en la causa, se correrá traslado al demandado por diez días y se señalará audiencia a la cual las partes concurrirán a concretar los puntos de diferencia. Si hubiere resistencia infundada o inconcurrencia de una de las partes el Juez proveerá por dicha parte, en los términos del Artículo 714.

 

II.         Si las partes no concordaren sobre los puntos que hubieren de ser objeto del arbitraje, el Juez resolverá lo que correspondiere.

 

III.        Si la oposición a la constitución del Tribunal Arbitral fuere fundada, el Juez así lo declarará, con costas previa sustanciación por la vía incidental, si fuere necesario.

 

 

 

Artículo 717.- (NOMBRAMIENTO)

 

I.         El Tribunal Arbitral estará constituido por tres árbitros: dos serán nombrados por las partes, y el tercero podrá ser designado por ellas mismas, por los árbitros si estuvieren facultados, o por el Juez si no existiere acuerdo.

 

II.         La designación sólo podrá recaer en abogados en el pleno ejercicio de sus derechos civiles. (Arts. 724, 740)

 

 

Artículo 718.- (ACEPTACION DEL CARGO)

 

I.         Concretados los puntos de diferencia, objeto del arbitraje, que deberán constar en el acta de la audiencia, se hará saber a los árbitros para aceptar el cargo ante el Juez, con juramento o promesa de fiel desempeño.

 

II.         Si alguno de los árbitros renunciare, se incapacitare o falleciere, se designará reemplazante en la forma acordada en el compromiso. Si nada se hubiere previsto, lo designará el Juez.

 

 

Artículo 719.- (DESEMPEÑO DE LOS ARBITROS)

 

La aceptación de los árbitros dará derecho a las partes para compelerlos a cumplir con su cometido, bajo pena de responder por daños y perjuicios.

 

 

Artículo 720.- (REACUSACION)

 

I.         Los árbitros que designare el Juez podrán ser recusados por las mismas causas que los Jueces Ordinarios. Los nombrados por las partes, únicamente por causas posteriores al nombramiento.

 

II.         Los árbitros sólo serán removidos por consentimiento de las partes y decisión del Juez. (Arts. 20, 49, 721)

 

 

Artículo 721.- (TRAMITE DE LA REACUSACION)

 

I.         La recusación deberá deducirse ante los mismos árbitros dentro de los cinco días de conocido el nombramiento. Si el recusado no se abstuviere de intervenir, conocerá de la recusación el Juez ante quien se hubiere formalizado el compromiso, aplicándose las normas del Artículo 20 en lo pertinente. La resolución del Juez no admitirá recurso alguno.

 

II.         El plazo para pronunciar la sentencia quedará suspendido mientras no se hubiere decidido sobre la recusación. (Arts. 49, 720, 728)

 

 

Artículo 722.- (EXTINCION DEL COMPROMISO)

 

El compromiso cesará en sus efectos:

 

1)         Por decisión unánime de quienes lo contrajeron.

 

2)         Por el transcurso del plazo señalado en el compromiso o del legal en su defecto, sin perjuicio de la responsabilidad de los árbitros por daños y perjuicios si por su culpa hubiere transcurrido el plazo correspondiente, o del pago de la multa mencionada en el Artículo 714, inciso 4) si la culpa fuere de alguna de las partes.

 

3)         Si durante tres meses las partes o los árbitros no hubieren realizado ningún acto tendiente a impulsar el proceso.

 

 

Artículo 723.- (SECRETARIO)

 

Toda la sustanciación del proceso arbitral se hará ante un secretario, quien deberá ser persona capaz, de preferencia abogado, en el pleno ejercicio de sus derechos civiles e idónea para el desempeño del cargo. Será nombrado por las partes o por el Juez en su caso, a menos que en el compromiso se hubiere encomendado su designación a los árbitros. Prestará juramento o promesa de desempeñar fielmente el cargo ante el Tribunal Arbitral. (Artículo 715)

 

 

Artículo 724.- (ACTUACION DEL TRIBUNAL)

 

I.         Los árbitros designarán a uno de ellos como presidente, quien dirigirá el procedimiento y dictará las providencias de mero trámite.

 

II.         La recepción de las pruebas podrá ser delegada en uno de los árbitros; las demás actuaciones las harán siempre formando Tribunal. (Arts. 717, 730)

 

 

Artículo 725.- (PROCEDIMIENTO)

 

Si no se hubieren fijado pronunciamiento para el proceso, los árbitros observarán el del ordinario o sumario, según lo establecieren teniendo en cuenta la naturaleza e importancia de la causa. Esta resolución será irrecurrible. (Artículo 743)

 

 

Artículo 726.- (MEDIDAS DE EJECUCION)

 

Los árbitros no podrán decretar medidas compulsorias ni de ejecución. Deberán requerirlas al Juez y éste prestará el auxilio de su jurisdicción para la más rápida y eficaz sustanciación del proceso arbitral. (Artículo 738)

 

 

Artículo 727.- (SENTENCIA)

 

Los árbitros pronunciarán el fallo sobre todas las pretensiones sometidas a su decisión, dentro del plazo fijado por el compromiso, con las prórrogas convenidas por los interesados en su caso. Se entenderá haber quedado también comprometidas las cuestiones meramente accesorias y aquellas cuya sustanciación ante los árbitros hubiere quedado consentida. (Arts. 727, 730)

 

 

Artículo 728.- (PLAZO)

 

I.         Si las partes no hubieren establecido el plazo dentro del cual deberá pronunciarse la sentencia, el Juez lo fijará atendiendo a las circunstancias del caso.

 

II.         El plazo para sentenciar será continuo y sólo se interrumpirá para procederse a sustituir árbitros, o cuando existiere alguna cuestión previa que deberá resolver el Juez.

 

III. Si una de las partes falleciere, el plazo se considerará prorrogado por treinta días.

 

IV.         A petición de los árbitros el Juez podrá prorrogar el plazo si la demora no les fuere imputable. (Arts. 715, 721, 727)

 

 

Artículo 729.- (RESPONSABILIDAD DE LOS ARBITROS)

 

Los árbitros que sin causa justificada no pronunciaren la sentencia dentro del plazo, perderán su derecho al cobro de honorarios. Serán responsables asimismo, por los daños y perjuicios. (Artículo 719)

 

 

Artículo 730.- (MAYORIA)

 

I.         Será válido el fallo firmado por la mayoría de los árbitros. Si no pudiere formarse mayoría, por opiniones o votos inconciliables en la totalidad de los puntos comprometidos, se nombrará otro árbitro para dirimir.

 

II.         Si hubiere mayoría respecto a algunas de las cuestiones, se resolverá sobre ellas. Las partes, y el Juez en su caso, designarán un nuevo integrante para que dirima las demás, fijando el plazo en que deberá pronunciarse (Arts 794, 797)

 

 

Artículo 731.- (RECURSOS)

 

Contra la sentencia arbitral podrán interponerse los recursos reconocidos por Ley, si no hubieren sido renunciados en el compromiso. (Arts. 213, 733, 735)

 

 

Artículo 732.- (APELACION)

 

I.         El recurso de apelación deberá interponerse ante el Tribunal Arbitral dentro de cinco días perentorios, mediante escrito fundado.

 

II.         Si fuere denegado, se aplicará en lo que correspondiere, las disposiciones del Libro I, Título V, Capítulo IX. (Arts. 227, 283, 736)

 

 

Artículo 733.- (RENUNCIA DE RECURSOS, SALVEDAD)

 

I.         Si los recursos hubieren sido renunciados, serán denegados sin sustanciación alguna.

 

II.         La renuncia de los recursos no impedirá, sin embargo, admitir el pedido de explicación o complementación de la sentencia así como el recurso de apelación fundada en falta esencial del procedimiento, o haber fallado los árbitros fuera del plazo o sobre puntos no comprometidos. En este último caso la nulidad será parcial si el pronunciamiento fuere divisible. Este recurso se resolverá sin sustanciación alguna. con la sola vista del expediente. (Arts. 715, 731)

 

 

Artículo 734.- (SENTENCIA NULA)

 

I.         Será nula cualquier sentencia que contuviere en su parte dispositiva decisiones incompatibles entre sí.

 

II.         Se aplicarán subsidiariamente las disposiciones sobre nulidad establecidas en este código.

 

III.        Si el proceso se hubiere sustanciado regularmente y la nulidad recayere únicamente sobre la sentencia arbitral el Juez, a petición de parte. pronunciará otra sentencia. que será recurrible aplicando las normas comunes. (Artículo 251)

 

 

Artículo 735.- (COMPETENCIA PARA LOS RECURSOS)

 

Conocerá del recurso de apelación la Corte Superior del Distrito, y del de casación la Corte Suprema de justicia de acuerdo a la Ley. (Arts. 219, 250, 731)

 

 

Artículo 736.- (PLEITO PENDIENTE)

 

Si el compromiso se hubiere celebrado respecto a un proceso pendiente en segunda instancia, el fallo de los árbitros causará ejecutoria. (Artículo 732)

 

 

Artículo 737.- (MAGISTRADOS Y JUECES)

 

Los Magistrados y Jueces estarán prohibidos de aceptar el nombramiento de árbitros o amigables componedores, bajo pena de nulidad y de responsabilidad en su caso.

 

 

Artículo 738.- (EJECUCION DE LA SENTENCIA ARBITRAL)

 

Corresponderá al Juez que hubiere intervenido en la constitución del Tribunal, la ejecución de la sentencia. (Artículo 514, 716)

 

 

CAPITULO II Juicio de arbitradores o amigables componedores

 

Artículo 739.- (PROCEDENCIA)

 

I.         Podrán someterse a la decisión de arbitradores o amigables componedores las cuestiones que pudieren ser objeto del proceso de árbitros de derecho.

 

II.         Si nada se hubiere estipulado en el compromiso acerca de si el arbitraje será de derecho o de amigables componedores, o si se hubiere autorizado a los árbitros a decidir la controversia según la equidad, se entenderá haberse optado por el de amigables componedores. (Artículo 712)

 

 

Artículo 740.- (NORMAS COMUNES)

 

Será aplicable al proceso de amigables componedores lo prescrito para el de árbitros respecto:

 

1)         Al contenido y forma del compromiso.

 

2)         A la forma de nombramiento de los arbitradores, excepto lo dispuesto en el Artículo 741.

 

3)         A la aceptación del cargo y responsabilidades de los arbitradores.

 

4)         Al modo de reemplazarlos.

 

5)         A la forma de acordar y pronunciar el laudo.

 

6)         A la ejecución del laudo. (Arts. 713, 717)

 

 

Artículo 741.- (NOMBRAMIENTO)

 

I.         El nombramiento de arbitradores o amigables componedores sólo podrá recaer en personas, mayores de edad que estuvieren en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.

 

II.         Podrá también ser nombrado arbitrador una sola persona, natural o jurídica. (Artículo 740)

 

 

Artículo 742.- (RECUSACIONES)

 

I.         Las personas naturales designadas como amigables componedores podrán ser recusadas únicamente por causas posteriores a su nombramiento. Sólo serán causas legales de recusación:

 

1)         Tener interés directo o indirecto en el asunto.

 

2)         Tener parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, o por afinidad dentro del segundo, con alguna de las partes.

3)         Tener enemistad manifiesta con alguna de las partes, por hechos determinados.

 

II.         En el incidente de recusación se procederá según lo dispuesto para los árbitros. (Artículo 49)

 

 

Artículo 743.- (PROCEDIMIENTO, CARACTER DE LA ACTUACION)

 

Los amigables componedores procederán sin sujeción a formas legales, limitándose a recibir los antecedentes o documentos que las partes les presentaren, a pedirles las explicaciones que creyeren convenientes y a dictar el laudo según su leal saber y entender. (Artículo 725)

 

 

Artículo 744.- (PLAZO)

 

Si las partes no hubieren fijado plazo, los amigables componedores deberán pronunciar el laudo dentro de cuarenta días a contar de la última aceptación.

 

 

Artículo 745.- (NULIDAD)

 

I.         El laudo de los amigables componedores no será recurrible, pero si se hubiere pronunciado fuera de plazo o sobre puntos no comprometidos las partes podrán demandar nulidad dentro de cinco días de notificadas.

 

II.         Presentada la demanda el Juez la correrá en traslado a la otra parte por cinco días. Vencido este plazo y contestado o no el traslado, el Juez pronunciará resolución sobre la validez o nulidad del laudo, sin recurso alguno. (Artículo 251)

 

 

Artículo 746.- (COSTAS Y HONORARIOS)

 

I.         Los árbitros y amigables componedores se pronunciarán sobre la imposición de costas.

 

II.         La parte que no hubiere cumplido con los actos indispensables para la realización del compromiso, además de la multa prevista en el Artículo 714, inciso 4), si ella hubiere sido estipulada, deberá pagar las costas.

 

III.        Los honorarios de los árbitros, arbitradores, secretario del Tribunal, abogados, apoderados y peritos serán regulados por el Juez. (Arts. 198, 714)

 

 

TITULO VI DE LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD

 

CAPITULO I Responsabilidad de magistrados y jueces

 

Artículo 747.- (CLASES DE RESPONSABILIDAD)

 

La responsabilidad de los Magistrados y Jueces será penal y civil. (Arts. 5, 38, 774)

 

 

Artículo 748.- (RESPONSABILIDAD PENAL)

 

La responsabilidad penal procederá por delitos cometidos por los Magistrados y Jueces en el ejercicio de sus funciones y se regirá por las disposiciones pertinentes de la Constitución Política del Estado, Código Penal. Ley de Organización Judicial y Leyes Especiales. (Artículo 5)

 

 

Artículo 749.- (RESPONSABILIDAD CIVIL)

 

La responsabilidad civil procederá contra los magistrados de Cortes Superiores del Distrito, Corte Nacional del Trabajo,  Corte  Nacional  de  Minería y  Tribunal Fiscal, y contra jueces que infringiendo

 

Ley expresa y terminante hubieren fallado una causa en el fondo, fuere en casación, en segunda instancia sin recurso ulterior, o en única instancia. (Artículo 747)

 

 

CAPITULO II Tramite, sentencia y ejecución

 

Artículo 750.- (COMPETENCIA)

 

Corresponderá a la Corte Suprema de Justicia. en su sala respectiva según la materia, conocer de los procesos de responsabilidad civil que se interpusieren contra los Magistrados o Jueces.

 

 

Artículo 751.- (DEMANDA)

 

El litigante perjudicado podrá interponer demanda de responsabilidad por si o por intermedio de apoderado con poder especial, cumpliendo al efecto todos los requisitos establecidos por el Artículo 327.

 

 

Artículo 752.- (TRAMITE)

 

Presentada la demanda, el presidente de la sala respectiva dispondrá que el Tribunal o Juez demandado preste informe sobre los antecedentes de la causa, y al mismo tiempo ordenará la remisión del expediente original. (Artículo 115)

 

 

Artículo 753.- (FALLO)

 

Con los antecedentes indicados en el Artículo precedente se dictará la sentencia respectiva con tres votos conformes. Si ella fuere absolutoria condenará en costas y multa al demandante, si fuere condenatoria impondrá el resarcimiento de los daños y perjuicios, fijando en la misma sentencia el monto condenatorio que será pagado por el Juez o en su caso por los Magistrados del Tribunal demandado, mancomunadamente, dentro de tercero día, con costas.

 

 

TITULO VII DE LOS PROCESOS Y RECURSOS PREVISTOS EN LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO

 

CAPITULO I Proceso de inconstitucionalidad o de inaplicabilidad

 

Artículo 754.- (PROCEDENCIA)

 

Toda persona que se creyere agraviada por los efectos de una Ley, Decreto o cualquier género de resolución, podrá ocurrir ante la Corte Suprema de Justicia demandando se declare la inaplicabilidad de aquellas disposiciones por inconstitucionales y se restauren sus derechos.

 

Esta declaración podrá pedirse sobre el total de la Ley, decreto o resolución o sobre alguna de sus disposiciones solamente. (Artículo 784)

 

 

Artículo 755.- (DEMANDA)

 

La demanda será presentada con sujeción, en lo que correspondiere, al Artículo 327 dirigiéndola contra la persona, natural o jurídica, que se ampare o pretendiere ampararse o aprovecharse de la Ley, decreto o resolución tachados de inconstitucionales, o contra la autoridad que les hubiere dado cumplimiento o pretendiere ejecutarlos. (Artículo 785)

 

 

Artículo 756.- (TRAMITE)

 

El proceso será tramitado en la vía ordinaria de puro derecho, en la forma prevista por el Artículo 354, parágrafo II.

 

 

Artículo 757.- (VISTA FISCAL Y SENTENCIA)

 

I.         Con el dictamen del Fiscal General de la República, que será emitido dentro del plazo máximo de cuarenta días, se pronunciará sentencia en igual plazo.

 

II.         La sentencia que declarare probada la demanda no podrá anular, revocar o modificar la disposición tachada de inconstitucional y solo se concretará a declarar su inaplicabilidad al caso particular y concreto debatido.

 

CAPITULO II Habeas corpus

 

Artículo 758.- (PROCEDENCIA Y TRAMITE)

 

La procedencia y el trámite del recurso de hábeas corpus se sujetarán a lo previsto por la disposición pertinente de la Constitución Política del Estado.

 

 

Artículo 759.- (COMPETENCIA)

 

I.         Conocerá el recurso de hábeas corpus:

 

1)         En las capitales de departamentos, la Corte Superior del Distrito, en una de sus salas, por turno, o un Juez de partido de turno, a elección del demandante.

 

2)         En las provincias, el Juez de partido a en su defecto el Juez de Instrucción.

 

II.         Si la autoridad demandada fuere judicial, el recurso deberá ser interpuesto ante un Juez o Tribunal de igual o mayor jerarquía. (Artículo 758)

 

 

Artículo 760.- (AUDIENCIA)

 

I.         La audiencia se realizará indefectiblemente dentro de las veinticuatro horas de la presentación del recurso, pudiendo habilitarse día y hora para su verificación.

 

II.         En la audiencia se escucharán las exposiciones del demandante y de la autoridad demandada y acto seguido se pronunciará en la audiencia misma, la resolución que correspondiere. (Arts. 144, 758)

 

 

 

Artículo 761.- (REVISION)

 

El fallo que se pronunciare se elevará en revisión, de oficio, dentro de las veinticuatro horas, ante la Corte Suprema de Justicia. (Artículo 758)

 

 

CAPITULO III Amparo constitucional

 

Artículo 762.- (PROCEDENCIA Y TRAMITE)

 

La procedencia y trámite del amparo constitucional se sujetarán a lo previsto por la disposición pertinente de la Constitución Política del Estado. (Artículo 765)

 

 

Artículo 763.- (COMPETENCIA)

 

I.         Conocerá el recurso de amparo constitucional:

 

1)         En las capitales de departamento, la Corte Superior del Distrito en una de sus salas, por turno.

 

2)         En las provincias, el Juez de Partido.

 

 

Artículo 764.- (AUDIENCIA Y RESOLUCION)

 

I.         La audiencia se realizará dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas de la presentación del reclamo.

 

II.         En ella se recibirá la información y la prueba que ofrecieren el demandante y el demandado.

 

III.        En la misma audiencia, si es posible o en otra que deberá realizarse dentro de las veinticuatro horas siguientes se dictará la resolución final.

 

 

Artículo 765.- (IMPROCEDENCIA DEL AMPARO)

 

El recurso de amparo es improcedente:

 

1)         Contra las resoluciones judiciales respecto a las que la Ley concediere algún recurso o medio de defensa por virtud del cual pudieren ser modificadas, revocadas o anuladas, aún cuando la parte agraviada no hubiere hecho valer oportunamente dicho recurso.

 

2)         Contra las resoluciones que por la Ley debieran ser revisadas de oficio.

 

3)         Contra las resoluciones cuya ejecución quedare suspendida por efecto de algún recurso opuesto por la parte.

 

4)         Contra los actos consentidos libre y expresamente.

 

5)         Cuando hubieren cesado los efectos del acto reclamado. (Arts. 213, 762, 767)

 

 

Artículo 766.- (COSTAS Y MULTAS)

 

El Tribunal del Amparo podrá condenar en costas y multa en el caso de declararse la temeridad o malicia en que hubieren incurrido los litigantes o profesionales intervinientes.

 

 

Artículo 767.- (REVISION)

 

La resolución que se pronunciare se elevará en revisión, de oficio, dentro de las cuarenta y ocho horas, ante la Corte Suprema de Justicia.

 

CAPITULO IV Recurso directo de nulidad

 

Artículo 768.- (PROCEDENCIA)

 

El recurso directo de nulidad proceder