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LEY Nº 1726: del 13-11-1996 - Se aprueba y ratifica el convenio de supresión de visas en pasaportes diplomÁticos y oficiales y de servicio, entre los gobiernos de bolivia y el de la federación de rusia, suscrito en la ciudad de moscú.

LEY Nº 1726

LEY DE 13 DE NOVIEMBRE DE 1996

 

GONZALO SANCHEZ DE LOZADA

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

 

Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente Ley:

 

EL H. CONGRESO NACIONAL,

 

DECRETA:

 

ARTICULO UNICO.- De conformidad con el artículo 59º Atribución 12a., de la Constitución Política del Estado, se aprueba y ratifica el “Convenio de Supresión de Visas en Pasaportes Diplomáticos y oficiales y de Servicio”, entre el Gobierno de la República de Bolivia y el Gobierno de la Federación de Rusia, suscrito en la ciudad de Moscú, el 11 de abril de 1995.

 

Remítase al Poder Ejecutivo para fines constitucionales.

 

Sala de Sesiones del H. Congreso Nacional.

 

La Paz, 12 de noviembre de 1996

 

Fdo. Raúl Lema Patiño, Georg Prestel Kern, Horacio Torres Guzmán, Guido Capra Jemio, Imel Copa Velásquez, Ismael Morón Sánchez.

 

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley de la República.

 

Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los trece días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y seis años.

 

FDO. GONZALO SANCHEZ DE LOZADA, Antonio Aranibar Quiroga, Carlos Sánchez Berzaín, José Guillermo Justiniano Sandoval.



Fuente: gacetaoficialdebolivia.gob.bo
Fecha de emisión:1996-11-25
Publicado:13-11-1996
Edición: 1959

LEY Nº 1725: del 13-11-1996 - Se aprueba y ratifica la convención interamericana sobre trÁfico internacional de menores.

LEY Nº 1725

LEY DE 13 DE NOVIEMBRE DE 1996

 

GONZALO SANCHEZ DE LOZADA

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

 

Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente Ley:

 

EL H CONGRESO NACIONAL,

 

DECRETA:

 

ARTICULO UNICO.- De conformidad con el Artículo 59 atribución 12a., de la Constitución Política del Estado, se aprueba y ratifica el Convenio Interamericana sobre tráfico Internacional de Menores, adoptada en la Quinta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP V), realizada en la ciudad de México del 14 al 19 de marzo de 1994.

 

Remítase al Poder Ejecutivo para fines constitucionales.

 

Sala de Sesiones del H. Congreso Nacional.

 

La Paz, 12 de noviembre de 1996

 

Fdo. Raúl Lema Patiño, Georg Prestel Kern, Horacio Torres Guzmán, Guido Capra Jemio, Imel Copa Velásquez, Ismael Morón Sánchez.

 

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley de la República.

 

Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los trece días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y seis años.

 

FDO. GONZALO SANCHEZ DE LOZADA, Antonio Araníbar Quiroga, Carlos Sánchez Berzaín, José Guillermo Justiniano Sandoval, Oscar Sandoval Morón, Ministro Suplente de Desarrollo Humano.



Fuente: gacetaoficialdebolivia.gob.bo
Fecha de emisión:1996-11-25
Publicado:13-11-1996
Edición: 1959

LEY Nº 1737: del 17-12-1996 - Política nacional del medicamento.

LEY Nº 1737

LEY DE 17 DE DICIEMBRE DE 1996

 

VICTOR HUGO CARDENAS CONDE

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL INTERINO DE LA REPUBLICA

 

Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente Ley:

 

EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL,

 

DECRETA:

 

CAPITULO I

 

POLITICA NACIONAL DEL MEDICAMENTO

 

ARTICULO 1º.- La Política Nacional del Medicamento del Estado Boliviano deberá cumplir los siguientes objetivos.

 

Disponer de medicamentos que garanticen inocuidad, eficacia, y calidad demostrada, evitando la presencia de fármacos de dudosa calidad, ineficiencia farmacológica o de riesgo terapéutico.

 

Facilitar y promover el uso racional del medicamento.

 

Lograr el abastecimiento regular y permanente de medicamentos esenciales en el Sistema Nacional de Salud, destinados a cubrir los programas del Ministerio de Desarrollo Humano a través de la Secretaría Nacional de Salud, especialmente para las poblaciones económicamente deprimidas y para los grupos de riesgo.

 

Considerar actividad prioritaria, a la industria farmacéutica nacional y estimular su desarrollo dentro del marco de la Política Nacional de Salud.

 

Establecer mecanismos normativos descentralizados para el control de la adquisición suministro y dispensación de medicamentos, y de precios de origen para medicamentos importados.

 

Establecer, incentivar y fomentar en todo el país farmacias populares y/o comunales.

 

CAPITULO II

 

AMBITO DE LA LEY

 

ARTICULO 2º.- La presente Ley regula la fabricación, elaboración, importación, comercialización, control de calidad, registro, selección, adquisición, distribución, prescripción y dispensación de medicamentos de uso humano, así como de medicamentos especiales, como biológicos, vacunas, hemoderivados, alimentos de uso médico, cosméticos, productos odontológicos, dispositivos médicos, productos homeopáticos, y productos medicinales naturales y tradicionales.

 

CAPITULO III

 

OBJETIVOS DE LA LEY

 

ARTICULO 3º.- Las áreas de aplicación de la presente Ley tienen los siguientes fines:

 

Garantizar medicamentos que tengan calidad y eficacia comprobada, preservando que la relación beneficio – riesgo sea favorable a la salud y que sean accesibles a todos los habitantes del país.

 

Establecer un universo racional de medicamentos de costo beneficio favorable para la comunidad, acorde con las necesidades de patologías prevalentes en el país.

 

Revisar y actualizar en forma permanente el Formulario Terapéutico Nacional, las normas farmacológicas y las normas terapéuticas.

 

Establecer normas para la creación de sistemas de farmacovigilancia, de uso racional y de información sobre el medicamento.

 

Establecer pautas de selección de medicamentos destinados a los diferentes niveles incorporados en el Sistema Nacional de Salud.

 

Normar la actividad de la Industria Farmacéutica Nacional.

 

Establecer las normas para la importación de medicamentos.

 

Normar la dispensación de medicamentos en los establecimientos farmacéuticos estatales, descentralizados y privados.

 

Reglamentar la oferta en el mercado nacional de productos farmacéuticos terminados, naturales, homeopáticos, cosméticos, odontológicos, radiofármacos, biológicos, hemoderivados y dietéticos.

 

Reglamentar la prescripción y dispensación de medicamentos psicoactivos (estupefacientes y psicotrópicos).

 

Normar el registro sanitario de los medicamentos.

 

Establecer la validación del procesamiento, el control de calidad y estabilidad de los medicamentos.

Reglamentar y normar la donación de medicamentos.

 

Normar las actividades de la Comisión Farmacológica Nacional.

 

Normar la información, promoción y publicidad de los medicamentos, estableciendo las normas éticas de promoción.

 

CAPITULO IV

 

MEDICAMENTOS RECONOCIDOS POR LEY

 

ARTICULO 4º.- A los fines reglamentarios, los medicamentos reconocidos por Ley son:

Medicamentos genéricos (Denominación Común Internacional DCI).

Medicamentos de marca comercial.

Preparados oficinales.

Fórmulas magistrales.

Medicamentos homeopáticos.

Productos de origen vegetal, animal o mineral que tengan propiedades medicinales.

Medicamentos especiales, biológicos, hemoderivados, dietéticos, odontológicos, cosméticos radio-fármacos, dispositivos médicos, substancias para diagnóstico y reactivos para laboratorio clínico.

CAPITULO V

 

REGISTRO SANITARIO

 

ARTICULO 5º.- La elaboración, fabricación, distribución, importación, exportación, venta y comercialización de medicamentos, están sometidas obligatoriamente a registro sanitario.

 

ARTICULO 6º.- Se entiende por registro sanitario, el procedimiento por el cual un producto farmacéutico pasa por una estricta evaluación previa a su comercialización.

 

ARTICULO 7º.- Los medicamentos, con registro sanitario, serán importados por cualquier persona natural o jurídica, con representación legal registrada en la Secretaría Nacional de Salud del Ministerio de Desarrollo Humano.

 

ARTICULO 8º.- El cambio de procedencia, nombre, modificación de fórmula cuali-cuantitativa, del laboratorio productor dará lugar a nuevo registro sanitario, de acuerdo a lo especificado en el Art. 6o.

 

ARTICULO 9º.- La reinscripción del medicamento debe solicitarse por escrito antes de su vencimiento, adjuntando la información científica imparcial actualizada y el registro sanitario anterior. Las solicitudes de reinscripción presentadas después de expirado el registro sanitario deben cumplir con todos los requisitos exigidos para la primera inscripción.

 

ARTICULO 10º.- El registro sanitario tendrá validez de 5 (cinco) años al cabo de los cuales puede solicitarse su reinscripción, siguiendo las normas señaladas en el reglamento de la presente Ley, siendo facultad del Ministerio de Desarrollo Humano a través de la Secretaría Nacional de Salud, cancelar o suspender el registro sanitario si no se cumplen con los requisitos establecidos en el reglamento de esta Ley o con normas técnicas sanitarias.

 

CAPITULO VI

 

CONTROL DE CALIDAD DE LOS MEDICAMENTOS

 

ARTICULO 11º.- El Ministerio de Desarrollo Humano a través de la Secretaría Nacional de Salud, se encargará de que los medicamentos y/o especialidades farmacéuticas importadas o de elaboración nacional, sean periódicamente analizados y evaluados a fin de controlar su calidad, inocuidad y eficacia.

 

ARTICULO 12º.- La industria farmacéutica y las firmas importadoras de medicamentos están obligadas a garantizar la calidad de sus productos con la presentación del certificado del control de calidad para cada lote de producción o importación. Este certificado deberá ser presentado cuantas veces lo requiera la autoridad de salud competente.

 

ARTICULO 13º.- Los medicamentos registrados en la Secretaría Nacional de Salud del Ministerio de Desarrollo Humano, obtendrán el certificado de control de calidad en los laboratorios oficiales reconocidos por dicha Secretaría Nacional.

 

ARTICULO 14º.- El laboratorio oficial de la Secretaría Nacional de Salud y/o cualquiera de los laboratorios acreditados de la Red Nacional de Laboratorios de Control de Calidad de Medicamentos realizará muestreos aleatorios de todas las especialidades farmacéuticas, en cualquier momento y lugar, para verificar el respectivo control de calidad, tanto en los laboratorios industriales e importadoras como en los establecimientos farmacéuticos, servicios de salud, seguridad social, almacenes, aduana y en general en cualquier lugar de almacenamiento, distribución y dispensación de medicamentos.

 

ARTICULO 15º.- Toda materia prima e insumo importado para la elaboración de medicamentos deberá estar acompañado de la correspondiente certificación de calidad emitida por el laboratorio de origen o del país exportador, con constancia de su autorización de fabricación y certificado de buenas prácticas de manufactura establecido por la Organización Mundial de la Salud.

 

ARTICULO 16º.- Las alteraciones o adulteraciones en la fórmula cuali o cuantitativa del medicamento registrado, responsabiliza en todos los casos al fabricante y/o importador.

 

ARTICULO 17º.- Mientras se elabore y apruebe la Farmacopea Nacional; el Estado Boliviano adopta la Farmacopea Internacional de la Organización Mundial de la Salud, Farmacopea Norteamericana (USP), Farmacopea Británica (BP) y Farmacopea de la Unión Europea.

 

CAPITULO VII

 

INDUSTRIA FARMACEUTICA

 

ARTICULO 18º. Se denomina laboratorio industrial farmacéutico, al establecimiento donde se efectúa la elaboración, envase y empaque de los productos mencionados en el Art. 2o de la presente Ley, basando su actividad en normas y procedimientos técnico – científicos comprobados, de acuerdo a las Buenas Prácticas de Manufacturas (B.P.M.) y Buenas Prácticas de Laboratorio (B.P.L.).

 

ARTICULO 19º.- Para la instalación y funcionamiento de laboratorios industriales farmacéuticos, se deberán cumplir con los siguientes requisitos:

 

Estar previamente autorizados y registrados en la Secretaría Nacional de Salud y la Secretaría Nacional de Industria y Comercio.

 

Disponer de equipo humano profesional y técnico, instalaciones físicas, maquinaria, instrumental y tecnología apropiada, así como de un laboratorio de control de calidad que permita una correcta elaboración de los productos.

 

Cumplir con las buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de laboratorio y estar sujetos a inspecciones y auditorías técnicas periódicamente

 

La Secretaría Nacional de Salud procederá a otorgar la, autorización correspondiente después de comprobar el cumplimiento de los requisitos señalados anteriormente, y los contenidos en el capítulo correspondiente del reglamento

 

ARTICULO 20º.- El estado dentro del contexto socioeconómico del país apoya el desarrollo de la industria farmacéutica nacional, la cual producirá además de los medicamentos de marca, prioritariamente medicamentos genéricos esenciales, preservando una relación costo/beneficio favorable a la población y en relación con las patologías prevalentes en el país.

ARTICULO 21º.- En la industria farmacéutica se debe disponer de un director técnico especializado y un regente farmacéutico que serán responsables de la elaboración, comercialización y distribución de medicamentos y garantizarán la conformidad de la importación de materia prima y producción de acuerdo a reglamento.

 

 

CAPITULO VIII

 

IMPORTACION DE MEDICAMENTOS

 

ARTICULO 22º.- La importación de medicamentos podrá efectuarse por personas naturales y/o jurídicas, con representación legal registradas ante la Secretaría Nacional de Salud.

ARTICULO 23º.- El regente farmacéutico será responsable técnico de la comercialización y distribución de medicamentos y garantizará la conformidad de las importaciones de medicamentos de acuerdo a reglamento.

 

ARTICULO 24º.- Queda terminantemente prohibida la internación de medicamentos no registrados en la Secretaría Nacional de Salud siendo los responsables pasibles a sanciones establecidas por el Código Penal.

 

ARTICULO 25º.- Los despachos aduaneros de medicamentos sólo podrán ser efectuados, acompañando a la documentación exigida para el efecto el certificado emitido por la Secretaría Nacional de Salud, donde se acredite el registro sanitario de los productos farmacéuticos importados.

 

CAPITULO IX

 

DONACION DE MEDICAMENTOS

 

ARTICULO 26º.- Los medicamentos de donación deberán estar autorizados expresamente por la Secretaría Nacional de Salud y deben ser productos farmacéuticos que permitan cubrir necesidades imperiosas en el campo de la salud y cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento de la presente Ley.

 

ARTICULO 27º.- Para el efecto de autorizar el ingreso de medicamentos de donación la Secretaría Nacional participará a los siguientes organismos:

 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

 

Ministerio de Desarrollo Humano.

 

Ministerio de Desarrollo Económico.

 

Organismos Internacionales de Salud

 

ARTICULO 28º.- Las contribuciones financieras o donaciones de materias primas, principios activos y medicamentos terminados, destinados a programas del Ministerio de Desarrollo Humano a través de la Secretaría Nacional de Salud, se declaran de prioridad nacional.

 

CAPITULO X

 

ESTABLECIMIENTOS FARMACEUTICOS

 

ARTICULO 29º.- La Secretaría Nacional de Salud otorgará autorización para la instalación, traslado y/o transferencia de un establecimiento farmacéutico de acuerdo a reglamento de la presente Ley. Los establecimientos farmacéuticos serán:

 

Privados:

 

De un profesional bioquímico y/o farmacéutico.

 

De sociedades integradas por bioquímicos y/o farmacéuticos.

 

De otro tipo de asociaciones que deberán contar con la regencia de profesionales bioquímicos y/o farmacéuticos responsables de la adquisición y comercialización de los productos farmacéuticos.

 

Farmacias populares.

 

Farmacias institucionales y hospitalarias.

 

Boticas.

 

Droguerías.

 

ARTICULO 30º.- Las farmacias estarán bajo responsabilidad permanente de regentes que serán bioquímicos y/o farmacéuticos quienes serán responsables ante las autoridades del cumplimiento de las disposiciones señaladas en la presente ley y su reglamento.

 

ARTICULO 31º.- Las Farmacias Populares y las Boticas son establecimientos destinados a la dispensación de medicamentos esenciales, bajo reglamentación y control de la Secretaría Nacional de Salud.

 

ARTICULO 32º.- Las farmacias deberán estar sujetas a inspecciones y auditorías técnicas periódicas a cargo de la Secretaría Nacional de Salud.

 

ARTICULO 33º.-

 

Farmacias Institucionales y Hospitalarias. Son establecimientos de propiedad de entidades públicas y privadas, destinadas a la dispensación de medicamentos, bajo responsabilidad de regentes farmacéuticos.

 

Droguerías. Establecimientos destinados al fraccionamiento y distribución de medicamentos al por mayor bajo responsabilidad de Regente Farmacéutico.

 

CAPITULO XI

 

ADQUISICION Y SUMINISTRO PARA ENTIDADES ESTATALES

 

ARTICULO 34º.- El Estado regulará la producción, importación y comercialización de medicamentos, evitando la acción monopólica en la adquisición y suministro de fármacos para entidades estatales, debiendo basarse en el Formulario Terapéutico Nacional.

 

ARTICULO 35º.- Será política prioritaria del Estado, favorecer la adquisición y suministro de medicamentos de producción nacional genéricos esenciales de calidad garantizada y a precios bajos, sobre la base de principios de equidad e igualdad.

 

ARTICULO 36º.- La adquisición y suministro de medicamentos para el Sistema Nacional de Salud, el Seguro Social e Instituciones que prestan servicios por delegación se efectuarán bajo Denominación Común Internacional (D.C.I.) de acuerdo a disposiciones y reglamentos legales vigentes específicamente al Formulario Terapéutico Nacional, y deberá contar obligatoriamente con el Certificado de Control de Calidad y el Registro Sanitario, otorgado por el Ministerio de Desarrollo Humano a través de la Secretaría Nacional de Salud. Además de los programas nacionales de salud, la Secretaría Nacional de Salud previa Resolución Ministerial emitida por el Ministerio de Desarrollo Humano podrá adquirir y suministrar medicamentos en los siguientes casos:

 

Declaratoria de emergencia nacional determinada por epidemias o catástrofes naturales (inundaciones, sequías, movimientos telúricos y otros).

 

En toda situación que presente riesgos para la salud pública.

 

CAPITULO XII

 

DE LA PRESCRIPCION Y DISPENSACION

 

ARTICULO 37º.- Los medicamentos sólo podrán ser prescritos (recetados) por profesionales médicos y odontólogos, habilitados para el ejercicio de la profesión y debidamente matriculados en la Secretaría Nacional de Salud, exceptuando los casos descritos en el Art. 41º de la presente Ley.

 

ARTICULO 38º.- Las órdenes de recetas médicas deberán ser formuladas utilizando la Denominación Común Internacional (D.C.I.) o la denominación genérica recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Paralelamente, se podrá usar también el nombre comercial del medicamento.

 

ARTICULO 39º.- La dispensación de medicamentos estará a cargo exclusivo de los establecimientos farmacéuticos (farmacias privadas, institucionales y populares) bajo la responsabilidad y presencia de los regentes farmacéuticos. El Despacho fuera de ellos será considerado como venta ilegal del medicamento y dará lugar al decomiso de los productos y a la sanción correspondiente, exceptuando los casos descritos en el Art. 41º de la presente Ley.

 

ARTICULO 40º.- El profesional farmacéutico que dispensa un medicamento, podrá ofrecer al usuario medicamentos similares del mismo principio activo de menor precio y garantizados. En caso de modificación del principio activo (D.C.I.) se deberá consultar al profesional que prescribió el medicamento.

 

ARTICULO 41º.- El Ministerio de Desarrollo Humano a través de la Secretaría Nacional de Salud, en cumplimiento a sus programas de salud y por niveles de atención, queda facultado para autorizar la dispensación de medicamentos esenciales a los promotores o agentes de salud debidamente preparados para su manejo en localidades donde no existan profesionales de la salud con título universitario.

 

CAPITULO XIII

 

FORMACION DE LOS PROFESIONALES EN SALUD

SOBRE MEDICAMENTOS

 

ARTICULO 42º.- El Ministerio de Desarrollo Humano y las Universidades son los organismos responsables de la formación universitaria, de pre y post-grado en el campo del medicamento. La educación contínua sobre el uso racional de medicamentos deberá ser estimulada por las instituciones de salud, entidades científicas y gremiales del sector.

 

ARTICULO 43º.- El Ministerio de Desarrollo Humano a través de la Secretaría Nacional de Salud, dispondrá que en los diferentes niveles de atención, se lleve a cabo continuamente, la selección de fármacos, utilizando información y evaluación científica de los mismos.

 

ARTICULO 44º.- La Secretaría Nacional de Salud, a través de sus organismos competentes, promoverá, fomentará y organizará programas de educación en salud referidos al uso racional de medicamentos dirigidos a la población.

 

CAPITULO XIV

 

RECETA

 

ARTICULO 45º.- La receta o prescripción médica constituye el documento legal que avala la dispensación bajo prescripción facultativa. Se emitirá en idioma oficial y deberá ser legible.

 

ARTICULO 46º.- Las recetas, prescripciones e indicaciones hospitalarias de dispensación deberán contener los datos básicos de identificación del prescriptor, del paciente y de los medicamentos de acuerdo a normas establecidas en el reglamento de la presente Ley.

 

ARTICULO 47º.- Para la prescripción y dispensación de medicamentos, estupefacientes y psicotrópicos se cumplirán los requisitos establecidos por leyes y reglamentos vigentes.

 

ARTICULO 48º.- Se reconoce medicamentos de venta libre, los cuales serán específicamente definidos por la Comisión Farmacológica Nacional y aprobados por Resolución Secretarial.

 

CAPITULO XV

 

INFORMACION SOBRE MEDICAMENTOS

 

ARTICULO 49º.- El Ministerio de Desarrollo Humano garantizará que los profesionales, los prestatarios de servicios de salud, los consumidores y población en general tengan acceso a información actualizada científica e imparcial sobre los medicamentos. La reglamentación correspondiente de la presente Ley, establecerá los requisitos a cumplir relacionados con toda información sobre medicamentos.

 

CAPITULO XVI

 

PUBLICACIONES, PROMOCION Y PUBLICIDAD

SOBRE MEDICAMENTOS

 

ARTICULO 50º.- El Ministerio de Desarrollo Humano a través de la Secretaría Nacional de Salud, reglamentará la publicación, promoción, propaganda y publicidad sobre los medicamentos, en base a las normas éticas para la promoción de medicamentos.

 

A los efectos de la Ley se entiende por publicación, promoción, propaganda y/o publicidad, la presentación y divulgación de datos y/o información por cualquier medio, tendente a promover la venta, transferencia, y/o uso de medicamentos.

 

CAPITULO XVII

 

COMISION FARMACOLOGICA NACIONAL

 

ARTICULO 51º.- La Comisión Farmacológica Nacional es un órgano técnico científico, asesor, independiente, nominado por el Ministerio de Desarrollo Humano a través de la Secretaría Nacional de Salud de acuerdo a reglamento.

 

ARTICULO 52º.- La Comisión Farmacológica Nacional (C.F.N.) tiene como principal actividad asesorar a la Secretaría Nacional de Salud para la evaluación y selección de medicamentos para los que se solicita el registro sanitario.

 

ARTICULO 53º.- La composición y finalidades de la Comisión Farmacológica Nacional estarán definidas en el correspondiente reglamento.

 

CAPITULO XVIII

 

FORMULARIO TERAPEUTICO NACIONAL

 

ARTICULO 54º.- La Secretaría Nacional de Salud pondrá en vigencia el Formulario Terapéutico Nacional de uso obligatorio en todos los servicios del Sistema Nacional de Salud.

 

ARTICULO 55º.- El universo de medicamentos definido por el Formulario Terapéutico Nacional, establece las prioridades en el uso de medicamentos para la atención de patologías prevalentes.

 

En consecuencia, todos los servicios del Sistema Nacional de Salud, deben limitar sus adquisiciones a los ítems señalados por el Formulario Terapéutico Nacional.

 

CAPITULO XIX

 

FARMACOVIGILANCIA

 

ARTICULO 56º.- Se establece la vigilancia obligatoria de todos los medicamentos post-comercialización, con el fin de efectuar un seguimiento sobre la eficacia terapéutica, evitar la inducción de uso con indicaciones no autorizadas y prevenir los efectos colaterales y las reacciones adversas no deseadas producidas por los medicamentos. Estas normas se establecerán en el reglamento de la presente Ley.

 

ARTICULO 57º.- El Ministerio de Desarrollo Humano a través de la Secretaría Nacional de Salud, procederá a la conformación de la Comisión Nacional de Farmacovigilancia, constituida por representantes de las autoridades sanitarias y expertos calificados designados entre los profesionales de la salud de acuerdo a reglamento.

 

ARTICULO 58º.- Los profesionales, trabajadores en salud, fabricantes e importadores de medicamentos están obligados a comunicar a la Secretaría Nacional de Salud y a la Comisión de Farmacovigilancia, los efectos indeseables y/o tóxicos que pudieran presentarse. Ambas entidades deberán difundir previa evaluación estos datos a la población.

 

CAPITULO XX

 

INFRACCIONES

 

ARTICULO 59º.- Se considerará como infracción punible a la transgresión de los artículos señalados en esta Ley y su reglamento, principalmente a:

 

La producción, importación y comercialización de medicamentos sin registro sanitario otorgado por la Secretaría Nacional de Salud del Ministerio de Desarrollo Humano.

 

La producción, importación y comercialización de medicamentos no respaldados por un certificado de Control de Calidad.

 

La alteración o adulteración de los medicamentos de producción nacional o importados, que serán verificados de oficio o a denuncia de partes.

 

La comercialización de los medicamentos, salvo aquellos autorizados previamente como de libre venta fuera de las farmacias, en ferias, mercados o vía pública.

 

La distribución y la comercialización de medicamentos, por parte de cualquier persona, institución pública y/o privada que no cuenten con el registro sanitario y la correspondiente autorización.

 

La publicidad, promoción y propaganda de medicamentos dirigida a la población en general sin previa autorización del Ministerio de Desarrollo Humano a través de la Secretaría Nacional de Salud.

 

El cierre sin notificación previa a la autoridad competente de Laboratorios Industriales Farmacéuticos, Firmas Importadoras y/o Farmacias.

 

El desabastecimiento intencional de medicamentos por parte de la industria farmacéutica, firmas importadoras y/o farmacias en general.

 

La falta de atención en las farmacias de turno.

 

La especulación y el agio con medicamentos.

 

La comercialización de medicamentos destinados a la promoción médica.

 

La inadecuada preservación de la materia prima y/o de especialidades farmacéuticas que requieran condiciones especiales de mantenimiento.

 

La venta de fármacos sin el respaldo de la prescripción o receta del facultativo y de acuerdo a reglamentación pertinente.

 

La comercialización no autorizada de medicamentos de donación.

 

ARTICULO 60º.- La Secretaría Nacional de Salud hará el informe técnico administrativo relativo a las infracciones a la Ley y a su reglamentación.

 

CAPITULO XXI

 

SANCIONES

 

ARTICULO 61º.- Las infracciones señaladas en el capitulo XX se castigarán por la vía administrativa con las sanciones establecidas por el reglamento, y con sanciones penales y responsabilidades civiles de acuerdo a los códigos de la materia.

 

ARTICULO 62º.- Las sanciones económicas establecidas, se cobrarán a simple notificación al infractor. De no ser cubiertas al tercer día se cobrarán por la vía coactiva fiscal. Las sanciones a infractores en función pública se establecerán a través de la Contraloría General de la República.

 

ARTICULO 63º.- Los montos de las sanciones económicas serán depositados en la cuenta bancaria correspondiente de la Secretaría Nacional de Salud. Las contravenciones no contempladas en el presente capítulo serán sancionadas de acuerdo a la gravedad y disposiciones legales vigentes.

 

CAPITULO XXII

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

 

ARTICULO 64º.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley en el término de 90 días a partir de su promulgación.

 

ARTICULO 65º.- Quedan derogadas y abrogadas todas las disposiciones contrarias a la presente Ley.

 

Remítase al Poder ejecutivo para fines constitucionales

 

Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional.

 

La Paz, 16 de diciembre de 1996.

 

Fdo. Raúl Lema Patiño, Georg Prestel Kern, Walter Zuleta Roncal, Guido Capra Jemio, Hugo Baptista Orgaz, Ismael Morón Sánchez.

 

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley de la República.

 

Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los diecisiete días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y seis años.

 

FDO. VICTOR HUGO CARDENAS CONDE PRESIDENTE CONSTITUCIONAL INTERINO DE LA REPÚBLICA, José Guillermo Justiniano Sandoval, Freddy Teodovich Ortiz.



Fuente: gacetaoficialdebolivia.gob.bo
Fecha de emisión:1996-12-17
Publicado:17-12-1996
Edición: 1965

LEY Nº 1735: del 12-12-1996 - AutorÍzase al poder ejecutivo a contratar el emprÉstito requerido, para la conclusión de la tercera y última fase del proyecto aeródromo cobija.

LEY Nº 1735

LEY DE 12 DE DICIEMBRE DE 1996

 

GONZALO SANCHEZ DE LOZADA

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

 

Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente Ley:

 

EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL,

 

DECRETA:

 

ARTICULO ÚNICO.- Autorízase al Poder Ejecutivo a contratar el emprestito requerido, utilizando como contraparte los recursos asignados en las partidas presupuestarias de la Prefectura de Pando y AASANA Proyecto Aeródromo Cobija, para la conclusión de la tercera y última fase del referido proyecto en la gestión 1997.

 

Remítase al Poder ejecutivo para fines constitucionales

 

Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional.

 

La Paz. 10 de diciembre de 1996.

 

Fdo. Raúl Lema Patiño, Georg Prestel Kern, Walter Zuleta Roncal, Guido Capra Jemio, Hugo Baptista Orgaz, Imel Copa Velásquez.

 

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como ley de la República.

 

Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los doce días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y seis años.

 

FDO. GONZALO SANCHEZ DE LOZADA, Antonio Aranibar Quiroga, José Guillermo Justiniano Sandoval, Fernando Candia Castillo, Jaime Villalobos Sanjinés.



Fuente: gacetaoficialdebolivia.gob.bo
Fecha de emisión:1996-12-17
Publicado:12-12-1996
Edición: 1965

LEY Nº 1734: del 12-12-1996 - Se aprueba y ratifica el acuerdo entre la república de bolivia y la república del paraguay, sobre la exención de pasaportes.

LEY Nº 1734

LEY DE 12 DE DICIEMBRE DE 1996

 

GONZALO SANCHEZ DE LOZADA

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

 

Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente Ley:

 

EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL,

 

DECRETA:

 

ARTICULO UNICO.- De conformidad con el artículo 59º, atribución 12ª de la Constitución Política del Estado, se aprueba y ratifica el Acuerdo entre la República de Bolivia y la República del Paraguay, sobre Exención de Pasaportes, firmado en la ciudad de Asunción el 8 de mayo de 1996.

 

Remítase al Poder ejecutivo para fines constitucionales.

 

Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional.

 

La Paz, 10 de diciembre de 1996.

 

Fdo. Raúl Lema Patiño, Georg Prestel Kern, Walter Zuleta Roncal, Guido Capra Jemio, Hugo Baptista Orgaz, Imel Copa Velásquez.

 

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley de la República.

 

Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los doce días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y seis años.

 

FDO. GONZALO SANCHEZ DE LOZADA, Antonio Aranibar Quiroga, Franklin Anaya Vásquez, José Guillermo Justiniano Sandoval.



Fuente: gacetaoficialdebolivia.gob.bo
Fecha de emisión:1996-12-17
Publicado:12-12-1996
Edición: 1965

LEY Nº 1733: del 12-12-1996 - Se autoriza la transferencia a tÍtulo gratuito del terreno y edificación que tiene una superficie de 8.054,50 m2. en la ciudad de potosÍ, de la propiedad del banco minero en liquidación en favor de la policÍa nacional, con destino a la unidad operativa de trÁnsito.

LEY Nº 1733

LEY DE 12 DE DICIEMBRE DE 1996

 

GONZALO SANCHEZ DE LOZADA

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

 

Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente Ley:

 

EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL,

 

DECRETA:

 

ARTICULO ÚNICO.- En uso de las atribuciones establecidas en el artículo 59º inciso 7 de la Constitución Política del Estado, se autoriza la transferencia a título gratuito del terreno y edificación que tiene una superficie de 8.054.50 m2 y se halla ubicada entre las calles Aramayo, calle sin nombre y las Avenidas Circunvalación y Poliducto, en la ciudad de Potosí, propiedad del “Banco Minero en Liquidación” en favor de la Policía Nacional, con destino a la Unidad Operativa de Tránsito para uso exclusivo de su respectiva prestación de Servicios.

 

Remítase al Poder ejecutivo para fines constitucionales.

 

Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional.

 

La Paz, 10 de diciembre de 1996.

 

Fdo. Raúl Lema Patiño, Georg Prestel Kern, Walter Zuleta Roncal, Guido Capra Jemio, Hugo Baptista Orgaz, Imel Copa Velásquez.

 

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley de la República.

 

Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los doce días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y seis años.

 

FDO. GONZALO SANCHEZ DE LOZADA, Antonio Aranibar Quiroga, Franklin Anaya Vásquez, José Guillermo Justiniano Sandoval, Fernando Candia Castillo, Jaime Villalobos Sanjinés.



Fuente: gacetaoficialdebolivia.gob.bo
Fecha de emisión:1996-12-17
Publicado:12-12-1996
Edición: 1965

LEY Nº 1732: del 29-11-1996 - La presente ley tiene el objetivo de asegurar la continuidad de los medios de subsistencia del capital humano, mediante el seguro social obligatorio de largo plazo en cumplimiento del artÍculo 158 de la constitución polÍtica del estado y disponer el destino y administración de los recursos que benefician a los ciudadanos bolivianos de conformidad a la ley 1544 de 21 de marzo de 1994 (ley de capitalización).

LEY Nº 1732

LEY DE 29 DE NOVIEMBRE DE 1996

 

GONZALO SANCHEZ DE LOZADA

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

 

Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente Ley:

 

EL H. CONGRESO NACIONAL,

 

DECRETA:

 

LEY DE PENSIONES

 

CAPITULO I

 

DISPOSICIONES GENERALES

 

ARTICULO 1º AMBITO DE APLICACION. La presente Ley tiene el objetivo de asegurar la continuidad de los medios de subsistencia del capital humano, mediante el seguro social obligatorio de largo plazo en cumplimiento del artículo 158 de la Constitución Política del Estado y disponer el destino y administración de los recursos que benefician a los ciudadanos bolivianos de conformidad a la Ley 1544 de 21 de marzo de 1994 (Ley de Capitalización).

 

ARTICULO 2º SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO DE LARGO PLAZO. El seguro social obligatorio de largo plazo comprende las prestaciones de jubilación, invalidez, muerte y riesgos profesionales, en favor de sus Afiliados.

 

ARTICULO 3º DESTINO DE LOS RECURSOS DE LA CAPITALIZACION. Los recursos provenientes de las acciones de propiedad del Estado en las empresas capitalizadas, transferidos en beneficio de los ciudadanos bolivianos especificados en el artículo 6 de la Ley de Capitalización, serán destinados al pago de una anualidad vitalicia denominada Bono Solidario (Bonosol) y al pago de gastos funerarios, de conformidad a la presente ley.

 

ARTICULO 4º.- FONDOS DE PENSIONES Y ADMINISTRACION. Los recursos del seguro social obligatorio de largo plazo para la prestación de jubilación y los recursos de la capitalización especificados en el artículo anterior, conforman fondos de pensiones, administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

 

ARTICULO 5º.- DEFINICIONES. Para los efectos de la presente ley, se establece las siguientes definiciones:

 

Administradora de Fondos de Pensiones (AFP): Es la sociedad anónima de objeto social único, encargada de la administración y representación de los fondos de pensiones, constituida de conformidad a la presente ley y al Código de Comercio.

 

Afiliado: Es la persona incorporada al seguro social obligatorio de largo plazo.

 

Base de Datos del Fondo de Capitalización Colectiva: Es el listado de los Beneficiarios de la Capitalización, provisto por la Superintendencia de Pensiones.

 

Beneficiario de la Capitalización: De conformidad a la Ley de Capitalización, son los ciudadanos bolivianos residentes en el país, que al 31 de diciembre de 1995 hubiesen alcanzado la mayoridad.

 

Bono Solidario (Bonosol): Es el pago anual no heredable, efectuado en forma vitalicia en favor de los Beneficiarios de la Capitalización, de conformidad a la presente ley.

 

Capital Acumulado: Es el conjunto de recursos existentes en la Cuenta Individual de cada Afiliado.

 

Compensación de Cotizaciones: Es la compensación a cargo del Tesoro General de la Nación, otorgada a los Afiliados, por cotizaciones efectuadas al Sistema de Reparto.

 

Cuenta Individual: Es la cuenta del Afiliado en el fondo de capitalización individual, compuesta por las cotizaciones, la rentabilidad del fondo de capitalización individual en favor de ésta y otros recursos que establece la presente ley.

 

Derechohabientes: Son las personas de uno de los siguientes grados:

Primer Grado:

Son, en orden de prelación, el cónyuge o conviviente supérstite, mientras no contraiga nuevo matrimonio o sostenga relación de convivencia, y los hijos del Afiliado, éstos sin prelación entre sí, desde concebidos aún no nacidos basta los dieciocho (18) años de edad, los hijos que sean estudiantes hasta los veinticinco (25) años de edad o los que sean declarados inválidos antes de cumplir los veinticinco (25) años de edad, mientras vivan. Estas personas son Derechohabientes en forma forzosa.

 

Segundo Grado:

Son, en orden de prelación, los progenitores y los hermanos menores de dieciocho (18) años de edad del Afiliado, si éste los declara expresamente a la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) o a la entidad aseguradora, cuando contrate su Seguro Vitalicio o Mensualidad Vitalicia Variable, según corresponda.

 

Tercer Grado:

Son las personas que no pertenecen a cualquiera de los grados anteriores y que son declaradas libremente por el Afiliado, a la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) o a la entidad aseguradora, cuando contrate su Seguro Vitalicio o Mensualidad Vitalicia Variable, según corresponda.

 

 

Los grados son excluyentes entre si, en el orden mencionado.

 

Si alguna de las personas de los grados anteriores es declarada, mediante sentencia ejecutoriada, autora, instigadora o cómplice de la muerte del Afiliado o de lesión que origine la invalidez definitiva del mismo, perderá su condición de Derechohabiente.

 

El pago que corresponda a cada Derechohabiente será determinado por reglamento.

 

Fecha de Inicio: Es la fecha determinada por la Superintendencia de Pensiones para el inicio de actividades de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que sean seleccionadas mediante la licitación pública internacional prevista en la Ley de Capitalización.

 

Ingreso Cotizable: Son los ingresos mensuales de una persona sin relación de dependencia laboral, libremente declarados al efecto del pago de cotizaciones al seguro social obligatorio de largo plazo. Los ingresos mensuales declarados no podrán ser inferiores a un salario mínimo nacional ni superiores al equivalente a sesenta (60) veces el salario mínimo nacional vigente.

 

Mensualidad Vitalicia Variable: Es la modalidad de Pensión Vitalicia, que el Afiliado o sus Derechohabientes pueden contratar cuando existe el Capital Acumulado suficiente, cuando el Afiliado tiene sesenta y cinco (65) años o más, o cuando ha fallecido, cuyos montos son resultado de la mortalidad del grupo de pensionados y de la rentabilidad del fondo de capitalización individual administrado por la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) con la cual el Afiliado hubiera contratado dicha modalidad de Pensión.

 

Pensión: Es la prestación monetaria mensual pagada al Afiliado o a sus Derechohabientes por la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) o la entidad aseguradora. El valor de la Pensión será calculado en Bolivianos con mantenimiento de valor respecto al dólar estadounidense y su monto se pagará en Bolivianos.

 

Rentas en Curso de Adquisición: Son los beneficios previstos en el Sistema de Reparto pendientes de calificación, que corresponden a las personas que, a la Fecha de Inicio, cumplen con los requisitos previstos en las normas legales del Sistema de Reparto para acceder a los mismos.

 

Rentas en Curso de Pago: Son los beneficios previstos en el Sistema de Reparto, que hasta la fecha de promulgación de la presente ley han sido calificados por los entes gestores del Sistema de Reparto.

 

Salario Base: Es el monto que se utiliza como referencia para el cálculo de las Pensiones.

 

Para las Pensiones de jubilación, el Salario Base es el promedio de los Totales Ganados o Ingresos Cotizables de los últimos cinco (5) años.

 

Para las Pensiones de invalidez y muerte, el Salario Base se calculará de acuerdo a los casos siguientes:

 

Si el Afiliado hubiese efectuado cotizaciones por cinco (5) años o más, el Salario Base será el promedio de los Totales Ganados o Ingresos Cotizables de los últimos cinco (5) años.

 

Si el Afiliado hubiese efectuado cotizaciones por más de dieciocho (18) meses y menos de cinco (5) años a efecto de obtener las Pensiones de invalidez o muerte, el Salario Base será el promedio de los Totales Ganados o Ingresos Cotizables de los últimos dieciocho (18) meses.

 

Si el Afiliado hubiese efectuado cotizaciones por menos de cinco (5) años y hubiese fallecido o resultado inválido como consecuencia de accidente por riesgo común o por riesgo profesional, el Salario Base será el promedio de los Totales Ganados o Ingresos Cotizables realizados.

 

A efecto del cálculo del Salario Base, sólo se considerarán los Totales Ganados o Ingresos Cotizables, con mantenimiento de valor respecto al dólar estadounidense, sobre los cuales efectivamente se realizó cada cotización.

 

El Salario Base Máximo aplicable para el cálculo de Pensiones de invalidez y muerte será el equivalente a sesenta (60) veces el salario mínimo nacional vigente;

 

Seguro Vitalicio: Es la modalidad de Pensión, vitalicia y de monto fijo, que el Afiliado o sus Derechohabientes pueden contratar en forma irrevocable con una entidad aseguradora de su elección, cuando existe el Capital Acumulado suficiente, cuando el Afiliado tiene sesenta y cinco (65) años o más, o cuando ha fallecido.

 

Sistema de Reparto: Es el conjunto de los seguros de invalidez, vejez y muerte y otros seguros, prestaciones y beneficios administrados por entidades de la seguridad social de largo plazo, ya existentes al momento de promulgación de la presente ley, sometidas a las normas del Código de Seguridad Social o a otras normas específicas para actividades o personas de cualquier naturaleza.

 

Total Ganado: Es la suma de todas las remuneraciones mensuales de un Afiliado, provenientes de contratos laborales, antes de deducción de impuestos. El máximo Total Ganado para la cotización en forma obligatoria será el equivalente a sesenta (60) veces el salario mínimo nacional vigente.

 

ARTICULO 6º. TRATAMIENTO TRIBUTARIO. Las cotizaciones al seguro social obligatorio de largo plazo y el Capital Acumulado para contratar el Seguro Vitalicio o Mensualidad Vitalicia Variable establecidas por la presente ley no constituyen hecho generador de tributos.

 

La rentabilidad obtenida por los fondos de capitalización individual y los fondos de capitalización colectiva, así como las prestaciones y beneficios emergentes de aquellos, estarán sometidos a la legislación tributaria vigente.

 

También quedan sometidas al régimen general de tributación las primas para invalidez, muerte, riesgo profesional y las comisiones percibidas por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), así como las utilidades netas obtenidas por estas últimas.

 

CAPITULO II

 

PRESTACIONES Y BENEFICIOS

 

ARTICULO 7º.- PRESTACION DE JUBILACION. La prestación de jubilación se pagará al Afiliado, independientemente de la edad, cuando tenga en su Cuenta Individual un monto que permita el financiamiento de una Pensión igual o superior al setenta por ciento (70%) de su Salario Base y de la prestación por muerte para sus Derechohabientes.

 

A partir de los sesenta y cinco (65) años de edad, el Afiliado, independientemente del monto acumulado en su Cuenta Individual, tendrá derecho a solicitar voluntariamente la prestación de jubilación en su favor y de sus Derechohabientes.

 

La Pensión de jubilación se pagará como resultado del monto de la Cuenta Individual del Afiliado.

 

ARTICULO 8º.- PRESTACION DE INVALIDEZ POR RIESGO COMUN. La prestación de invalidez por riesgo común consiste en una Pensión que se paga al Afiliado, en caso de sufrir incapacidad total y definitiva para efectuar un trabajo razonablemente remunerado no proveniente de riesgo profesional y a causa de un estado crónico, debido a enfermedad, a lesión o a la pérdida de un miembro o de una función.

 

La prestación de invalidez consiste en una Pensión equivalente al setenta por ciento (70%) del Salario Base y en el pago del diez por ciento (10%) mensual del Salario Base del Afiliado, con destino a su Cuenta Individual, desde la fecha que indique la calificación de invalidez y corresponderá siempre que el Afiliado cumpla conjuntamente los siguientes requisitos:

 

Ser menor de sesenta y cinco (65) años de edad.

 

Haber efectuado al menos sesenta (60) cotizaciones al seguro social obligatorio de largo plazo o al Sistema de Reparto.

 

La invalidez se produzca mientras sus primas son pagadas o dentro de un plazo de doce (12) meses, computado desde que el Afiliado dejó de pagar cotizaciones.

 

Haber realizado al menos un total de dieciocho (18) primas en los últimos treinta y seis (36) meses inmediatamente previos a la fecha de invalidez, conforme a la calificación de invalidez.

 

Si el Afiliado cumple únicamente con los requisitos a), c) y d), tendrá derecho a la prestación de invalidez en uno de los siguientes casos:

Cuando hubiera pagado primas al menos durante la mitad del tiempo transcurrido entre la Fecha de Inicio y la fecha de su invalidez de acuerdo a calificación.

 

Cuando hubiera pagado primas al menos durante la mitad del tiempo transcurrido entre la fecha en que el Afiliado efectuó el pago de la primera prima y la fecha de su invalidez de acuerdo a calificación.

 

El Afiliado ya pensionado por jubilación o cuya invalidez provenga de riesgo profesional, no tendrá derecho a las prestaciones de invalidez por riesgo común.

 

La prestación de invalidez por riesgo común se paga hasta la emisión de una calificación que suspenda la declaración de invalidez o hasta que el Afiliado cumpla la edad de sesenta y cinco (65) años. Desde esta edad, el Afiliado recibirá la prestación de jubilación.

 

ARTICULO 9º PRESTACION POR MUERTE. La prestación por muerte consiste en Pensiones, que se pagarán en favor de los Derechohabientes, en caso de fallecimiento del Afiliado.

 

Cada Derechohabiente percibirá una Pensión resultante de aplicar los porcentajes asignados por reglamento al porcentaje que correspondiera a la totalidad del Capital Acumulado del Afiliado, porcentaje que no podrá ser inferior al setenta por ciento (70%) del Salario Base si éste no percibía Pensiones al momento de su fallecimiento, o al setenta por ciento (70%) de las Pensiones de invalidez o jubilación que percibía el Afiliado al momento de su fallecimiento. La suma de los porcentajes asignados por reglamento a los Derechohabientes del Afiliado no podrá exceder de cien por ciento (100%).

 

Tendrán derecho a percibir la prestación por muerte los Derechohabientes de primer grado, si no hubieren éstos, los de segundo grado de los Afiliados que, al momento de su fallecimiento, cumplían los requisitos establecidos en el artículo 8 de la presente ley, aunque estos Afiliados no estuvieren percibiendo Pensiones de invalidez.

 

Percibirán la prestación por muerte los Derechohabientes de todos los grados de los Afiliados que percibían Pensiones de jubilación al momento de su fallecimiento, provenientes de Seguro Vitalicio o Mensualidad Vitalicia Variable.

 

ARTICULO 10º PRESTACION POR RIESGO PROFESIONAL. La prestación por riesgo profesional se pagará como consecuencia del accidente de trabajo o enfermedad profesional que provoque el fallecimiento o incapacite definitivamente al Afiliado para continuar realizando el trabajo que desempeñaba. La incapacidad podrá ser total o parcial, si en este caso supera el diez por ciento (10%) de la pérdida de su capacidad laboral en el trabajo que desempeñaba.

La prestación de invalidez por riesgo profesional en favor del Afiliado consiste en Pensiones correspondientes a un porcentaje de su Salario Base, de acuerdo al porcentaje de su incapacidad, determinado mediante calificación. Esta prestación se pagará cuando el porcentaje de invalidez dictaminado sea superior al veinticinco por ciento (25%).

La prestación de invalidez por riesgo profesional se paga hasta la emisión de una calificación que suspenda la declaración de invalidez o hasta que el Afiliado cumpla la edad de sesenta y cinco (65) años. Desde esta edad, el Afiliado recibirá la prestación de jubilación.

 

El Afiliado declarado inválido en un porcentaje de incapacidad profesional superior al diez por ciento (10%) e igual o inferior al veinticinco por ciento (25%) recibirá, por una sola vez, en calidad de prestación de invalidez por riesgo profesional, una indemnización equivalente a cuarenta y ocho (48) veces su Salario Base por el porcentaje de su incapacidad.

 

La prestación por muerte causada por riesgo profesional consiste en Pensiones en favor de los Derechohabientes de primer y segundo grado. Cada Derechohabiente percibirá una Pensión resultante de aplicar los porcentajes asignados por reglamento al Salario Base del Afiliado. La suma de los porcentajes asignados por reglamento a los Derechohabientes del Afiliado no podrá exceder de cien por ciento (100%).

 

El derecho a la prestación se origina en el momento del inicio de la relación de dependencia laboral y termina seis (6) meses después de concluida la misma, siempre que el Afiliado no contraiga una nueva relación de dependencia laboral.

 

ARTICULO 11º PROHIBICION. Ningún Afiliado podrá beneficiarse simultáneamente de prestaciones de invalidez por riesgo común y por riesgo profesional.

 

ARTICULO 12º PRESTACION POR GASTOS FUNERARIOS. La prestación por gastos funerarios consiste en el pago por una sola vez de un mil cien 00/100 Bolivianos (Bs. 1.100) con mantenimiento de valor respecto al dólar estadounidense, en favor de la persona que acredite haber efectuado el pago de los gastos funerarios del Afiliado o del Beneficiario de la Capitalización.

 

Los gastos funerarios de los Beneficiarios de la Capitalización se pagan con recursos del fondo de capitalización colectiva, si éstos no son Afiliados. Este beneficio prescribirá en doce (12) meses, a partir del fallecimiento del Beneficiario de la Capitalización, y su monto se integrará al fondo de capitalización colectiva.

 

ARTICULO 13º BONOSOL. A partir de los sesenta y cinco (65) años de edad y su fallecimiento, los Beneficiarios de la Capitalización recibirán el Bonosol.

 

El monto del Bonosol, para el período comprendido entre la Fecha de Inicio y el 31 de diciembre del año 2001, será fijado por reglamento, considerando que su valor actuarial presente sea equivalente al valor de mercado de la totalidad de los recursos que lo financian. En este período, los costos para obtener liquidez en los fondos de capitalización colectiva serán deducidos de los mismos en partes iguales.

 

Desde el 1o. de enero del año 2002 y cada tres (3) años, el monto del Bonosol será determinado por la Superintendencia de Pensiones mediante cálculo actuarial, considerando que no podrá ser inferior ni superior en veinticinco por ciento (25%) al último monto determinado.

El Bonosol será pagado en Bolivianos, en múltiplos de diez (10), con mantenimiento de valor respecto al dólar estadounidense.

 

Los montos del Bonosol serán pagados hasta el 31 de diciembre de cada año determinado, podrán ser cobrados hasta en cinco (5) años y prescribirán posteriormente, integrándose al fondo de capitalización colectivo.

 

En cada ocasión que se determine los montos del Bonosol, la Superintendencia de Pensiones dispondrá que los activos componentes de los fondos de capitalización colectiva sean distribuidos de acuerdo a cálculo actuarial, para permitir a cada uno de dichos fondos cumplir con los pagos del Bonosol y de los gastos funerarios correspondientes a los Beneficiarios de la Capitalización.

 

CAPITULO III

 

FINANCIAMIENTO

 

ARTICULO 14º.- COTIZACIONES. El Afiliado al seguro social obligatorio de largo plazo con relación de dependencia laboral, debe cotizar mensualmente el diez por ciento (10%) de su Total Ganado con destino a una Cuenta Individual.

 

El Afiliado sin relación de dependencia laboral podrá cotizar, con la periodicidad que determine la Superintendencia de Pensiones, el monto equivalente al diez por ciento (10%) de su Ingreso Cotizable, con destino a una Cuenta Individual.

 

Todos los Afiliados podrán incrementar libremente el monto de su Cuenta Individual, mediante cotizaciones adicionales, o destinando voluntariamente la totalidad o parte de sus beneficios sociales, hasta los montos máximos establecidos de conformidad con la presente ley.

 

Las cotizaciones al seguro social obligatorio de largo plazo efectuadas de conformidad a la presente ley, no constituyen tributos.

 

ARTICULO 15º.- PRIMAS. Para financiar las prestaciones de invalidez y muerte causadas por riesgo común, los Afiliados deben pagar una prima deducida en forma porcentual de su Total Ganado o Ingreso Cotizable, hasta cumplir los sesenta y cinco (65) años de edad.

 

La prima mencionada deberá ser pagada mensualmente a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) para los Afiliados con relación de dependencia laboral y con la periodicidad que determine la Superintendencia de Pensiones para los Afiliados sin relación de dependencia laboral.

 

Para financiar las prestaciones de invalidez y muerte causadas por riesgo profesional, el empleador deberá pagar con sus propios recursos una prima porcentual del Total Ganado de los Afiliados bajo su dependencia laboral, a la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) correspondiente, a partir del inicio de cada relación de dependencia laboral.

 

Las primas anuales para prestaciones de riesgos profesionales integrales serán determinadas para cada nivel de riesgo profesional. Cada nivel de riesgo tendrá un monto de prima homogéneo.

 

Los montos de las primas por riesgo común y por riesgo profesional serán determinados mediante licitación pública realizada por la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) bajo la supervisión de la Superintendencia de Pensiones, para seleccionar las entidades aseguradoras que aseguren las prestaciones que establece la presente ley.

 

Las primas por riesgo común y por riesgo profesional deberán ser identificadas separadamente de los registros contables de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y de las entidades aseguradoras que otorgan los seguros respectivos.

 

ARTICULO 16º PAGOS CON EL SEGURO DE RIESGO COMUN. El seguro de riesgo común financiará las prestaciones de invalidez y muerte causadas por riesgo común, mediante los siguientes pagos:

 

Las Pensiones de invalidez por riesgo común que correspondan.

 

Diez por ciento (10%) mensual del Salario Base del Afiliado declarado inválido pensionado, con destino a su cuenta individual.

 

La prestación por muerte causada por riesgo común de un Afiliado no pensionado por jubilación, ni mayor de sesenta y cinco (65) años de edad y que a la fecha de su fallecimiento cumplió con la totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 8 de la presente ley.

 

La prestación por muerte causada por riesgo común, del Afiliado que se encontraba percibiendo ''prestación de invalidez.

 

La prestación por gastos funerarios del Afiliado cuyo fallecimiento ha sido causado por riesgo común.

 

ARTICULO 17º FINANCIAMIENTO DE LA PRESTACION DE JUBILACION. Para acceder a la prestación de jubilación, el Afiliado deberá convenir, con los recursos de su Cuenta Individual, un contrato de Seguro Vitalicio o un contrato de Mensualidad Vitalicia Variable, destinados al pago de:

 

Una Pensión vitalicia en su favor, que podrá incluir períodos fijos pactados de cinco (5), diez (10) o quince (15) años, durante los cuales la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) o la entidad aseguradora se comprometen al pago de la Pensión convenida, en favor del Afiliado o sus Derechohabientes, sin considerar el fallecimiento del Afiliado. Si el Afiliado no tiene Derechohabientes, la pensión convenida formará parte de la masa hereditaria del Afiliado. Cumplido el período fijo acordado, continuará el pago de Pensiones vitalicias al Afiliado que no haya fallecido''.

 

 

Prestación por muerte.

 

Prestación por gastos funerarios.

 

ARTICULO 18º PAGOS CON EL SEGURO DE RIESGO PROFESIONAL. Con el seguro de riesgo profesional se financiarán las prestaciones de invalidez y muerte causadas por riesgo profesional, mediante los siguientes pagos:

 

Las pensiones de invalidez por riesgo profesional que correspondan.

 

Diez por ciento (10%) mensual del Salario Base del Afiliado declarado inválido pensionado en proporción al grado de su invalidez, con destino a su cuenta individual.

 

La prestación por muerte causada por riesgo profesional, de un Afiliado no pensionado por jubilación ni mayor de sesenta y cinco (65) años de edad y que a la fecha de su fallecimiento cumplió con la totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 10 de la presente ley.

 

La prestación por muerte causada por riesgo profesional, del Afiliado que se encontraba percibiendo prestación de invalidez.

 

La prestación por gastos funerarios del Afiliado cuyo fallecimiento ha sido causado por riesgo profesional.

 

ARTICULO 19º USOS DEL CAPITAL ACUMULADO. Los recursos de la Cuenta Individual del Afiliado fallecido que no tuviera Derechohabientes con derecho a la prestación por muerte, forman parte de la masa hereditaria del difunto.

 

Los recursos de la Cuenta Individual del Afiliado fallecido que no tuviera Derechohabientes de primer o segundo grado, o que no hubiera dispuesto de los mismos por herencia o legado, prescribirán en favor del Estado de conformidad al Código Civil.

 

Los recursos de la Cuenta Individual del Afiliado fallecido con más de sesenta y cinco (65) años de edad, no pensionado por jubilación y del Afiliado fallecido que no cumpla los requisitos para recibir las pensiones del seguro de riesgo común o por el seguro de riesgo profesional, serán utilizados para la contratación de Pensiones en favor de sus Derechohabientes.

 

ARTICULO 20º EXIGIBILIDAD DE LAS PRESTACIONES. Las prestaciones de invalidez, riesgos profesionales y muerte deberán ser exigidas en un plazo máximo de doce (12) meses, contado desde el día en que ocurrió la invalidez o muerte. Vencido dicho plazo, los recursos prescribirán en favor del Estado.

 

ARTICULO 21º.- OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL EMPLEADOR. El empleador tiene la obligación de actuar como agente de retención y de pagar las cotizaciones, primas y comisiones deducidas del Total Ganado de los Afiliados bajo su dependencia laboral. El empleador se encuentra obligado a realizar los pagos de primas de riesgo profesional establecidos en la presente ley y a cubrir los costos del servicio de calificación de riesgo profesional.

 

Estos pagos se realizarán dentro del plazo determinado por la Superintendencia de Pensiones, que no podrá exceder de treinta (30) días calendario a partir del día en que devengan los sueldos o salarios de sus trabajadores o empleados. Vencido el plazo y en caso de incumplimiento en el pago, el empleador de constituirá en mora y deberá pagar los intereses y recargos establecidos por la presente ley.

 

Las cotizaciones, primas, comisiones, intereses y recargos adeudados por el empleador, provenientes de obligaciones del Afiliado o del empleador, gozan del privilegio establecido en el inciso 2) del artículo 1345 del Código Civil y en el artículo 1493 del Código de Comercio.

 

Las cotizaciones, primas comisiones, intereses y recargos no pagados por el empleador, en ningún caso podrán ser posteriormente cobrados a los Afiliados.

 

El empleador tiene el derecho de reclamar la calificación de invalidez y muerte de los Afiliados bajo su dependencia laboral efectuada por la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) para la prestación por riesgo profesional.

 

El empleador tiene el derecho de reclamar la clasificación del riesgo profesional, establecido por la entidad clasificadora de riesgo profesional.

 

Los reclamos especificados se sustanciarán ante la Superintendencia de Pensiones, de acuerdo a reglamento.

 

ARTICULO 22º FONDOS DE PENSIONES. La totalidad de las Cuentas Individuales a cargo de una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) conforman un fondo de capitalización individual. También forman parte del fondo de capitalización individual la cuenta de Mensualidades Vitalicias Variables.

 

Los fondos de pensiones son patrimonios autónomos y diversos del patrimonio de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Cada uno de dichos fondos es indiviso, imprescriptible e inafectable por gravámenes o medidas precautorias de cualquier especie. Los bienes que componen los fondos sólo pueden disponerse de conformidad a la presente Ley.

 

Los recursos constituidos en fideicomiso de conformidad con la Ley de Capitalización, serán asignados mediante decreto supremo entre las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que hayan sido elegidas en la licitación pública internacional prevista en la ley mencionada, constituyendo de esta forma los fondos de capitalización colectiva.

 

ARTICULO 23º DEL PROCESO EJECUTIVO SOCIAL. Procederá la ejecución social cuando se persiga el cobro de cotizaciones, primas, comisiones, intereses y recargos adeudados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

 

La sustanciación se realizará ante los jueces de trabajo y seguridad social, de acuerdo a las disposiciones del Código de Procedimiento Civil para el proceso ejecutivo.

 

Se considera título ejecutivo la nota de descargo de débito del empleador elaborada por la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP).

 

No serán admisibles en este proceso las excepciones de compensación, remisión, novación, y conciliación previstas en los numerales 8) y 9) del artículo 507 del Código de Procedimiento Civil.

 

Los procesos contra un mismo empleador por adeudos de cotizaciones, primas, comisiones, intereses y recargos, podrán ser acumulados a solicitud de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP).

 

Las sentencias que se dicten en estos procesos sólo admitirán recurso de apelación.

 

CAPITULO IV

 

AFILIACION Y REGISTRO

 

ARTICULO 24º AFILIACION. La afiliación al seguro social obligatorio de largo plazo es personalísima, vitalicia e imprescriptible.

 

Las personas que inicien relaciones de dependencia laboral quedarán afiliadas al seguro social obligatorio de largo plazo, desde el inicio de dicha relación.

 

Las personas sin relación de dependencia laboral pueden afiliarse al seguro social obligatorio de largo plazo mediante el pago de su primera cotización.

 

Ningún Afiliado podrá mantener una Cuenta individual en más de una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP).

 

ARTICULO 25º REGISTRO. Los beneficiarios de la capitalización, serán registrados en la Base de Datos del Fondo de Capitalización Colectiva, a través de una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), dentro de los cinco (5) años calendario a partir de la Fecha de Inicio, de conformidad a reglamento. Transcurrido el plazo indicado, quien no estuviere registrado, no podrá exigir los beneficios de la capitalización.

 

ARTICULO 26º.- ELECCION DE ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES (AFP). Hasta el 31 de diciembre de 1999, los Afiliados al seguro social obligatorio de largo plazo y los Beneficiarios de la Capitalización que hubiesen cumplido los sesenta y cinco (65) años de edad, sólo podrán transferirse a otra Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), cuando cambien de residencia de un municipio a otro, en el cual la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) de origen no preste sus servicios.

 

A partir del 1o. de enero del año 2000, los Afiliados, y los Beneficiarios de la Capitalización que hubiesen cumplido los sesenta y cinco (65) años de edad, podrán elegir libremente la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) que les preste servicios. Si no lo hicieren, corresponderá su asignación de acuerdo a reglamento.

 

A partir del 1o. de enero del año 2000, el Afiliado a una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) podrá transferir libremente la administración de su Cuenta Individual a otra Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), en uno de los siguientes casos:

 

Una vez que hubiera realizado al menos doce (12) cotizaciones a la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) en la que se encuentre Afiliado.

 

Cuando cambie de empleador o cambie su residencia de un municipio a otro en la cual la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) de origen no preste sus servicios.

 

Por incremento de las comisiones de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) en la cual se encuentre Afiliado o por incremento de las primas del seguro de riesgo común.

 

Todo empleador está obligado a respetar la elección de Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) efectuada por el Afiliado.

 

A partir del 1o. de enero del año 2000, los Beneficiarios de la Capitalización que hubiesen cumplido los sesenta y cinco (65) años de edad, podrán transferirse de una a otra Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), en caso de incremento de comisiones o, por cualquier causa, hasta una vez al año.

 

CAPITULO V

 

ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (AFP)

 

ARTICULO 27º ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (AFP). La administración y el otorgamiento de las prestaciones de jubilación, invalidez, muerte, gastos funerarios y riesgos profesionales del seguro social obligatorio de largo plazo y la administración de los beneficios de la capitalización son responsabilidad de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

 

ARTICULO 28º OTORGAMIENTO DE LICENCIA. La licencia que autoriza a la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) realizar sus actividades, será otorgada por la Superintendencia de Pensiones mediante licitación pública.

 

ARTICULO 29º REQUISITOS PARA OTORGAMIENTO DE LICENCIA. Para realizar las actividades de Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) que establece la presente ley, se deberán cumplir con los siguientes requisitos previos:

 

Tener personalidad jurídica reconocida en la República de Bolivia, como sociedad anónima, de conformidad al Código de Comercio.

 

Tener objeto social único, de conformidad al artículo 30 de la presente ley.

 

Constituir y mantener íntegramente pagado el capital mínimo de un millón de derechos especiales de giro (1.000.000 DEG), representado por acciones nominativas.

 

Tener establecida la infraestructura necesaria para la realización de sus actividades.

 

Cumplir con otros requisitos que se establezcan por reglamento.

 

ARTICULO 30º OBJETO SOCIAL UNICO. La Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) deberá tener objeto social único consistente en:

 

Administrar y representar los fondos de pensiones.

Cumplir con las prestaciones y servicios establecidos en la presente ley y sus reglamentos.

Contratar los servicios necesarios para la realización de sus actividades.

Poder invertir sus propios recursos en entidades que presten servicios de custodia de títulos -valores, de sistemas computarizados, de procesamiento de planillas de recaudaciones, de cobro de mora y de pago de prestaciones del seguro social obligatorio de largo plazo.

Poder ofertar Mensualidades Vitalicias Variables a los Afiliados y Derechohabientes, cuando corresponda.

 

ARTICULO 31º OBLIGACIONES DE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (AFP). Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) deberán cumplir con las siguientes obligaciones:

 

Prestar sus servicios a los Afiliados o a quienes tengan derecho a ser Afiliados, sin discriminación.

 

Administrar portafolios de inversiones compuestos por los recursos de los fondos de pensiones, de acuerdo a la presente ley y sus reglamentos.

 

Otorgar los servicios relacionados con Mensualidades Vitalicias Variables

 

Cobrar las cotizaciones y primas devengadas, más los intereses que no hubieren sido pagados a la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) por el empleador, sin otorgar condonaciones.

 

Representar a los Afiliados ante las entidades aseguradoras y autoridades competentes, con relación a las prestaciones de invalidez, muerte y riesgo profesional.

 

Mantener separados el patrimonio y los registros contables de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) y de los fondos de pensiones.

 

Cumplir con las disposiciones referentes a límites de inversión y clasificación de riesgos.

 

Valorar diariamente las cuotas del fondo de capitalización individual que administren.

 

Comunicar periódicamente a los Afiliados el estado de sus cuentas.

 

Contratar los servicios necesarios para determinar si la muerte del Afiliado ha sido causada por riesgo común o por riesgo profesional, de acuerdo con el manual único de calificación establecido por reglamento.

 

Contratar los servicios necesarios para determinar si la invalidez del Afiliado ha sido causada por riesgo común o por riesgo profesional y si ésta es parcial, total y definitiva, de acuerdo con el manual único de calificación establecido por reglamento.

 

Deducir y pagar al ente gestor de salud que corresponda, un porcentaje de las Pensiones de los Afiliados y sus Derechohabientes que las perciban.

 

Contratar los servicios de salud necesarios, hasta la recuperación de los Afiliados que sufran enfermedad, o accidente profesional, o hasta que sean declarados inválidos permanentes y definitivos.

 

Pagar las Pensiones, los beneficios de la capitalización y cumplir con otras obligaciones de pago establecidas en la presente ley, pudiendo utilizar servicios de terceros.

 

ñ) Contratar con entidades aseguradoras seguros para sus Afiliados, para la cobertura de las prestaciones de invalidez y muerte causadas por riesgo común y por riesgo profesional.

 

Contratar a las entidades clasificadoras de riesgo profesional para clasificar a los empleadores de acuerdo al nivel de riesgo profesional.

 

Pagar la tasa de regulación en favor de la Superintendencia de Pensiones.

 

Abstenerse de efectuar actos que generen conflictos de interés o de competencia desleal.

 

Comunicar a la Superintendencia de Pensiones todas las transferencias de acciones efectuadas por sus accionistas.

 

Cumplir con otras actividades y obligaciones establecidas por ley, reglamentos o contratos suscritos con la Superintendencia de Pensiones.

 

ARTICULO 32º SERVICIOS Y COMISIONES. Los servicios de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) serán remunerados por las siguientes comisiones o primas, según corresponda:

 

El servicio de administración de portafolio será remunerado mediante una comisión descontable de los fondos de pensiones administrados.

 

El servicio de afiliación, procesamiento de datos y administración de prestaciones será remunerado mediante una comisión, descontable del Total Ganado o del ingreso Cotizable del Afiliado a tiempo de efectuar la cotización

 

El servicio de pago de Pensiones del seguro social obligatorio de largo plazo y el servicio de administración y pago de los beneficios de la capitalización, serán remunerados mediante comisiones correspondientes a cada uno de dichos pagos.

 

Para la cobertura del seguro de riesgo común y del seguro de riesgo profesional, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) cobrarán primas a los Afiliados y empleadores, según corresponda. Los valores de estas primas podrán modificarse para ser aplicados por períodos no inferiores a un (1) año.

 

Las comisiones y primas mencionadas serán reguladas de conformidad a la presente ley y sus reglamentos.

 

Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) podrán deducir los costos de transacciones y de la custodia de los fondos de pensiones administrados, de conformidad a reglamento.

 

ARTICULO 33º INTERESES Y RECARGOS. El empleador que no pague en la oportunidad debida las cotizaciones y otros recursos con destino a la Cuenta Individual del Afiliado bajo su dependencia laboral, deberá pagar un interés sobre cada suma no pagada, con destino a la Cuenta Individual, que será determinado por la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), aplicando la tasa que resulte mayor entre la rentabilidad promedio de los fondos de pensiones y la tasa bancaria activa comercial promedio.

 

También se aplicarán intereses, con los mismos criterios, sobre las primas y comisiones adeudadas a la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP).

 

Adicionalmente, el empleador deberá pagar en beneficio del Afiliado y de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), según corresponda, en compensación a la pérdida de beneficios o al incremento en costos respectivamente, recargos establecidos por reglamento, de conformidad a lo siguiente:

 

Hasta un máximo del veinte por ciento (20%) del capital necesario para el financiamiento de Pensiones por invalidez o muerte, si el Afiliado hubiese sido declarado inválido o hubiese fallecido durante el período en que el empleador no pagó la prima respectiva, con destino a la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) que pague la prestación correspondiente.

 

Hasta un máximo del cien por ciento (100%) del capital necesario para el financiamiento de Pensiones por invalidez o muerte, si el Afiliado hubiese sido declarado inválido o hubiese fallecido durante el período en que el empleador no pagó la prima respectiva, con destino a la Cuenta Individual del Afiliado, si es que éste no cumpliera los requisitos del artículo 8 de la presente ley, debido al incumplimiento del empleador.

 

ARTICULO 34º CAUSALES DE INTERVENCION. La Superintendencia de Pensiones podrá intervenir a una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), cuando ésta incurra en alguna de las siguientes causales:

 

Incumpla las obligaciones establecidas en el artículo 31 de la presente ley.

 

Incurra en cualquiera de las causales de presunción de quiebra previstas en el artículo 1489 del Código de Comercio.

 

Mantenga un capital inferior al mínimo legal, por un plazo que exceda de sesenta (60) días calendario.

 

Cuando su infraestructura sea inadecuada, de acuerdo a mínimos estandarizados, para la prestación de sus servicios.

 

Cuando no preste sus servicios durante diez (10) días calendario continuos.

 

Se transforme en cualquier otro tipo de entidad, mientras preste servicios de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

 

Incumpla las obligaciones establecidas contractualmente con la Superintendencia de Pensiones.

 

ARTICULO 35º INTERVENCION, REVOCATORIA DE LICENCIA Y TRASPASO DF LOS FONDOS DE PENSIONES. La intervención de una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) procederá mediante resolución administrativa de la Superintendencia de Pensiones, debidamente fundamentada. La interposición de recursos en contra de la resolución administrativa de intervención, no impedirá que la medida sea ejecutada.

 

Durante la intervención, la Superintendencia de Pensiones asume las facultades de la Junta General de Accionistas y designará interventor con facultades de administración que serán especificadas en su designación. En cualquier momento, el Superintendente de Pensiones podrá revocar la licencia de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP). En tal caso, el Superintendente de Pensiones dispondrá el traspaso de los fondos de pensiones a otra Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) y su integración con los fondos de pensiones administrados y representados por esta última

 

La interposición de recursos en contra de la resolución administrativa de revocatoria de licencia no suspenderá el traspaso e integración de los fondos de pensiones.

 

Si la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) cuya licencia ha sido revocada es la única existente en el territorio boliviano o si existen más de dos (2) Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) con licencia, la Superintendencia de Pensiones deberá licitar la administración y representación de los fondos de pensiones de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) cuya licencia haya sido revocada.

La Superintendencia de Pensiones podrá contratar los servicios de una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), hasta el efectivo traspaso e integración de los fondos de pensiones como resultado de la licitación.

 

En todo momento, la Superintendencia de Pensiones también podrá disponer el cumplimiento de tareas específicas por los empleados y ejecutivos de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) que ha sido intervenida o cuya licencia ha sido revocada.

 

El traspaso e integración de los fondos de pensiones no podrán ser revertidos por los recursos interpuestos por la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), la cual podrá, sin embargo, recuperar su licencia.

 

ARTICULO 36º DISOLUCION. La disolución de una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) sólo procederá previa autorización de la Superintendencia de Pensiones y por las causales establecidas en el Código de Comercio. En caso necesario, la resolución administrativa de la Superintendencia de Pensiones dispondrá la revocatoria de licencia y el traspaso de los fondos de pensiones de conformidad con la presente ley, o la integración entre fondos de pensiones de la misma especie, administrados por dos Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que se fusionen.

 

CAPITULO VI

 

ENTIDADES ASEGURADORAS Y ENTIDADES

CLASIFICADORAS DE RIESGO PROFESIONAL

 

ARTICULO 37º ENTIDADES ASEGURADORAS DE RIESGO COMUN Y DE RIESGO PROFESIONAL. Las prestaciones por riesgo común y por riesgo profesional deberán ser cubiertas mediante seguros contratados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) con entidades aseguradoras bolivianas autorizadas, desde la Fecha de Inicio.

 

Las entidades aseguradoras deberán ser seleccionadas mediante licitación pública para la prestación de estos servicios. La licitación será realizada por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y sujeta a requerimientos financieros y técnicos no menores a los mínimos establecidos por la Superintendencia de Pensiones para este propósito.

 

A partir de la fecha en que el seguro se encuentre vigente, la entidad aseguradora deberá asumir la responsabilidad plena para el pago de la totalidad de las prestaciones, constituyendo al efecto las reservas requeridas.

 

Una entidad aseguradora no podrá contratar seguros con más de una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) para la cobertura de las prestaciones especificadas.

 

ARTICULO 38º COBERTURA DE INVALIDEZ Y MUERTE POR ENTIDADES ASEGURADORAS. La fecha a partir de la cual las coberturas de invalidez y muerte quedarán a cargo de las entidades aseguradoras será determinada por la Superintendencia de Pensiones, sujeta a las siguientes condiciones:

 

La recepción de una certificación emitida por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, que establezca que al menos seis (6) entidades aseguradoras especializadas en la rama de seguro de vida autorizadas en Bolivia tengan la capacidad financiera para cubrir el cincuenta por ciento (50%) de las prestaciones descritas anteriormente y tengan la capacidad administrativa y recursos profesionales necesarios para proveer adecuadamente los servicios requeridos por esta ley de acuerdo a los criterios determinados mediante reglamento.

 

Que dicha fecha no podrá ser determinada antes de seis (6) meses ni después de un (1) año desde que la certificación referida en el inciso anterior ha sido emitida.

 

Una entidad aseguradora no podrá contratar seguros con más de una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) para la cobertura de las prestaciones especificadas.

 

ARTICULO 39º ENTIDADES CLASIFICADORAS DE RIESGO PROFESIONAL. La Superintendencia de Pensiones otorgará licencia a entidades especializadas en la clasificación de riesgo profesional. Estas entidades clasificarán a los empleadores según el nivel de riesgo profesional de cada uno de ellos, de acuerdo al manual de clasificación de riesgos profesionales. Las características de dichas entidades serán establecidas mediante reglamento.

 

CAPITULO VII

 

INVERSIONES

 

ARTICULO 40º ADMINISTRACION DE PORTAFOLIO DE INVERSIONES. Los recursos de los fondos de pensiones deberán ser invertidos por la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) exclusivamente en los títulos-valores y en los mercados financieros autorizados de acuerdo al reglamento respectivo, considerando los siguientes límites:

 

No más del cinco por ciento (5%) del valor del fondo de capitalización individual deberá estar invertido en títulos-valores de un solo emisor o un grupo de emisores vinculados, de acuerdo a reglamento. En caso de títulos-valores de riesgo soberano y de organismos internacionales, de primer orden conforme a criterios internacionalmente aceptados, las inversiones no deberán exceder del diez por ciento (10%) del valor del fondo de capitalización individual.

 

No más del veinte por ciento (20%) de los títulos-valores deberá pertenecer a una misma emisión o serie, de acuerdo a reglamento.

 

Los títulos-valores adquiridos para el fondo de capitalización individual deberán ser registrados, emitidos o transferidos a nombre del respectivo fondo de capitalización individual, especificando el nombre de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) correspondiente.

 

La Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) deberá mantener en entidades de custodia de títulos-valores o depósitos de valores autorizados por la Superintendencia de Pensiones, títulos-valores que representen, al menos, el noventa y cinco por ciento (95%) del valor de los fondos de pensiones.

 

La Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) deberá invertir toda la liquidez generada por el fondo de capitalización colectiva en cuotas del fondo de capitalización individual administrado por la misma Administradora de Fondos de Pensiones (AFP).

 

ARTICULO 41º LIMITES DE INVERSION. Las inversiones de los fondos de capitalización individual efectuadas por la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) estarán sujetas a límites por tipo genérico de instrumento, a límites por emisor, a límites por categoría y niveles de riesgo y a limites por liquidez del instrumento, de acuerdo a reglamento.

 

Los títulos-valores emitidos por el Tesoro General de la Nación o el Banco Central de Bolivia no estarán sujetos a los límites establecidos en la presente ley y sus reglamentos.

 

El Directorio del Banco Central de Bolivia fijará el límite máximo autorizado para inversiones en títulos-valores de emisores constituidos en el extranjero, el cual no podrá ser menor a diez por ciento (10%) ni mayor a cincuenta por ciento (50%) de cada fondo de capitalización individual.

 

Los límites máximos de inversión por tipos genéricos de títulos-valores dentro de los rangos de límites de inversión establecidos por reglamento, serán fijados en conjunto por el Superintendente de Pensiones y el Superintendente de Valores.

 

ARTICULO 42º DE LA CLASIFICACION DE RIESGOS DE INVERSION. La clasificación de títulos-valores y emisores según niveles y categorías de riesgo, establecidas por reglamento, de las inversiones efectuadas con recursos de los fondos de pensiones, será realizada por clasificadoras privadas de riesgo constituidas y autorizadas de acuerdo a la norma correspondiente del mercado de valores.

 

ARTICULO 43º DE LAS PROHIBICIONES. Queda prohibida la inversión con recursos de los fondos de pensiones en entidades sin fines de lucro, cualquiera sea su régimen legal.

 

Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) no podrán tener vinculación patrimonial o de administración con la entidad de custodia de títulos-valores para los recursos de los fondos bajo su administración, sea directamente o por intermedio de terceras personas.

 

Las entidades aseguradoras, clasificadoras de riesgo o agentes de bolsa nacionales que se encuentren vinculados patrimonialmente a una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), sea en forma directa o mediante terceras personas, no podrán prestar los servicios previstos en la presente ley en favor de ninguna Administradora de Fondos de Pensiones (AFP).

 

Queda prohibida la compra de títulos-valores para los fondos de pensiones, los cuales sean de propiedad de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) a cargo de la administración del mismo, que sean de propiedad de sus directores, ejecutivos o personas relacionadas con dicha administración o de entidades vinculadas patrimonialmente como se especifica en los dos párrafos anteriores, excepto en caso de transacciones efectuadas en bolsas de valores.

 

Queda prohibida la venta de títulos-valores de los fondos de pensiones en favor de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que los administran, o de los directores, ejecutivos o personas relacionadas con inversiones de dichos fondos de pensiones, o de las entidades vinculadas patrimonialmente ya especificadas, excepto en caso de transacciones efectuadas en bolsas de valores.

 

Los resultados de las inversiones efectuadas con recursos de los fondos de pensiones de conformidad con la presente ley, no podrán ser objeto de acción legal por los Afiliados o terceros en contra de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), excepto la Superintendencia de Pensiones.

 

CAPITULO VIII

 

SISTEMA DE REGULACION FINANCIERA

(SIREFI)

 

ARTICULO 44º CREACION, OBJETIVOS Y ORGANOS. Créase el Sistema de Regulación Financiera (SIREFI), cuyo objetivo es regular, controlar y supervisar las actividades, personas y entidades relacionadas con el seguro social obligatorio de largo plazo, bancos y entidades financieras, entidades aseguradoras y reaseguradoras y del mercado de valores, en el ámbito de su competencia.

 

El SIREFI, bajo tuición del Ministerio de Hacienda y Desarrollo Económico, se encuentra regido por la Superintendencia General e integrado por la Superintendencia de Pensiones, la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros y la Superintendencia de Valores.

 

La Superintendencia General y las Superintendencias Sectoriales del SIREFI, como órganos autárquicos, son personas jurídicas de derecho público con jurisdicción nacional.

 

Son aplicables al Superintendente General y a los Superintendentes Sectoriales del SIREFI las disposiciones sobre nombramientos, estabilidad, requisitos, prohibiciones establecidas en la ley 1600 del 28 de octubre de 1994 (Ley SIRESE). El Superintendente General será nombrado por un período de diez (10) años y los Superintendentes Sectoriales del SIREFI por un período de seis (6) años.

 

Asimismo, son aplicables al SIREFI las disposiciones sobre funciones, recursos de revocatoria y jerárquico, y otras que correspondan de la citada ley. Excepto disposición legal en contrario, los recursos interpuestos contra las resoluciones de los Superintendentes General y Sectoriales del SIREFI tendrán efecto devolutivo.

 

La suplencia del Superintendente General corresponderá al Superintendente Sectorial del SIREFI de mayor antigüedad en el cargo. La suplencia de uno de los Superintendentes Sectoriales del SIREFI corresponderá a otro Superintendente Sectorial del mismo Sistema, designado por el Superintendente General.

 

Una alícuota parte de los ingresos de las Superintendencias Sectoriales del SIREFI debe ser destinada al financiamiento de la Superintendencia General del SIREFI.

 

Las normas sobre presupuestos establecidas en la Ley SIRESE se aplican al SIREFI. El presupuesto del SIREFI formará parte del Presupuesto General de la Nación, sujeto a las normas sobre elaboración de dicho Presupuesto aplicables por el Ministerio de hacienda y Desarrollo Económico y el Poder Legislativo.

 

ARTICULO 45º CREACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES. Créase la Superintendencia de Valores, como parte del Sistema de Regulación Financiera (SIREFI), en sustitución de la Comisión Nacional de Valores. La Superintendencia de Valores tiene competencia privativa e indelegable. Tendrá domicilio en la sede de Gobierno, pudiendo establecer oficinas en todo el territorio nacional.

 

Hasta la dictación de la Ley de Mercado de Valores, la Superintendencia de Valores cumplirá con las funciones y atribuciones de la Comisión Nacional de Valores, de conformidad a las normas legales vigentes, con excepción de la atribución normativa, que será cumplida por el Poder Ejecutivo, mediante Decreto Supremo.

 

Las actividades de la Superintendencia de Valores se financiarán mediante una tasa de regulación, establecida mediante reglamento. Excepcionalmente, la Superintendencia de Valores podrá recibir soporte económico del Tesoro General de la Nación.

Los activos, derechos y obligaciones de la Comisión Nacional de Valores quedan transferidos a la Superintendencia de Valores.

 

CAPITULO IX

 

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

 

ARTICULO 46º CREACION, JURISDICCION Y DOMICILIO. Créase la Superintendencia de Pensiones, como parte del Sistema de Regulación Financiera (SIREFI). La Superintendencia de Pensiones tiene jurisdicción nacional y su competencia es privativa e indelegable. Tendrá domicilio principal en la sede de Gobierno, pudiendo establecer oficinas en otros lugares del territorio nacional. Quedan sometidas a la jurisdicción de la Superintendencia de Pensiones las personas, entidades y actividades del seguro social obligatorio de largo plazo y las que administren los beneficios de la capitalización.

 

ARTICULO 47º OBJETIVO. La Superintendencia de Pensiones tiene el objetivo de velar por el pago de prestaciones, la captación de cotizaciones, la seguridad, solvencia, liquidez, rentabilidad y otras actividades relacionadas con los fondos de pensiones, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y otras entidades previstas en la presente ley.

 

ARTICULO 48º TASA DE REGULACION Y PRESUPUESTO. Las actividades de la Superintendencia de Pensiones se financiarán mediante una tasa de regulación, que deberá ser deducida de los ingresos brutos de cada Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) o entidades que realicen actividades sujetas a regulación. Excepcionalmente la Superintendencia de Pensiones podrá recibir soporte económico del Tesoro General de la Nación.

 

Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) pagarán a la Superintendencia de Pensiones la tasa anual de regulación, que no podrá exceder al mayor valor entre el cero coma cero cinco por ciento (0,05%) del valor total de los fondos de pensiones que administre cada una de ellas y el setenta y cinco por ciento (75%) de su capital mínimo exigido por la presente ley. Mediante reglamento se establecerá la forma de pago de la tasa de regulación y una escala descendente en función del valor total de los fondos de pensiones que administre cada Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), al efecto de la determinación del monto de la tasa de Regulación. Las restantes entidades sujetas a Regulación de la Superintendencia de Pensiones pagarán anualmente una tasa de regulación de acuerdo a reglamento.

 

ARTICULO 49º FUNCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES. La Superintendencia de Pensiones tendrá las siguientes funciones:

 

Cumplir y hacer cumplir la presente ley y sus reglamentos, asegurando la correcta aplicación de sus principios, políticas y objetivos.

 

Regular, controlar y supervisar el seguro social obligatorio de largo plazo y !os beneficios provenientes de la capitalización.

 

Otorgar, modificar y renovar las licencias, autorizaciones y registros, y disponer la revocatoria de los mismos en aplicación a la presente ley y sus reglamentos.

 

Autorizar el funcionamiento, fusión y modificación de estatutos, de las entidades bajo su jurisdicción.

 

Vigilar la correcta prestación de los servicios por parte de las personas y entidades bajo su jurisdicción.

 

Celebrar contratos con las entidades bajo su jurisdicción, para la prestación de los servicios correspondientes.

 

Supervisar, inspeccionar y sancionar a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y otras entidades bajo su jurisdicción, de acuerdo a la presente ley y sus reglamentos.

 

Requerir la información financiera y patrimonial que sea necesaria para el cumplimiento de las funciones de la Superintendencia, sea de los directores, síndicos, ejecutivos o accionistas con más del cinco por ciento (5%) del capital social de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) o de entidades sujetas a su regulación.

 

Homologar las categorías de clasificación de riesgos de inversión.

 

Investigar y sancionar las conductas que generen conflicto de interés, o las conductas que impidan, restrinjan o distorsionen la libre competencia o propendan a prácticas colusivas entre las entidades bajo su jurisdicción.

 

Supervisar las transacciones y los contratos realizados por las entidades bajo su jurisdicción, relacionados con las actividades establecidas en la presente ley y sus reglamentos.

 

Regular controlar y supervisar la prestación de servicios de sistemas computarizados, procesamiento de planillas, recaudaciones, cobro de mora y pago de prestaciones del seguro social obligatorio de largo plazo.

 

Disponer la intervención y disolución en caso necesario, fiscalizar la liquidación de las personas jurídicas bajo su jurisdicción.

 

Disponer el traspaso de los fondos de pensiones de una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) a otra y en caso de disolución o revocatoria de licencia, disponer la integración de dichos fondos.

 

Autorizar la distribución entre las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) de los activos componentes de los fondos de capitalización colectiva, de acuerdo a reglamento. Asimismo, autorizar la distribución de los activos de las cuentas colectivas de siniestralidad y de riesgos profesionales, a los efectos del segundo párrafo del artículo 53 de la presente ley.

 

Elaborar las estadísticas de siniestros causados por riesgo común y por riesgo profesional y publicarlas periódicamente.

 

Regular la determinación de la prima de los seguros de invalidez y muerte por riesgo común y por riesgo profesional y otros pagos para el financiamiento que establece la presente ley y sus reglamentos.

 

Conocer y resolver de manera fundamentada, los recursos de revocatoria que le sean interpuestos de acuerdo con la presente ley, las normas procesales aplicables y sus reglamentos.

 

Proponer al Poder Ejecutivo, normas de carácter técnico y dictaminar sobre los reglamentos relativos a su sector.

 

Todas aquellas atribuciones que sean conferidas por la presente ley o necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

 

ARTICULO 50º SUPERINTENDENTE DE PENSIONES. La Superintendencia de Pensiones estará dirigida y representada por el Superintendente de Pensiones, que es la autoridad ejecutiva máxima de la misma. El Superintendente debe tener nacionalidad boliviana, poseer título universitario y por los menos diez (10) años de experiencia profesional.

 

ARTICULO 51º INTENDENCIAS. El Superintendente de Pensiones podrá establecer Intendencias regionales o funcionales mediante la designación de Intendentes, previa consulta al Superintendente General del SIREFI. El Intendente dictaminará únicamente en los asuntos que le sean encomendados por el Superintendente de Pensiones.

 

CAPITULO X

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

 

ARTICULO 52º TIPOS PENALES. Serán sancionadas penalmente las personas que incurran en los siguientes delitos:

 

Falsedad ideológica según el artículo 199 del Código Penal, para quien incurra en falsedad en los registros contables de los fondos de pensiones, de las cuentas individuales de cualquier Afiliado o de los montos de las contrataciones de los seguros y Mensualidades Vitalicias Variables.

 

Abuso de confianza según el artículo 346 del Código Penal, para quien incurra en infidencia con relación a las estrategias de inversión de los fondos de pensiones, hasta que dicha información tenga carácter público.

 

Estafa según el artículo 335 del Código Penal, para quien use indebidamente información que no tenga carácter público, relacionada con los fondos de pensiones o su administración, en beneficio propio, de sus familiares o de terceros.

 

Estafa según el artículo 335 del Código Penal, para quien realice actividad no autorizada por la Superintendencia de Pensiones, relacionada con la administración de prestaciones, servicios, pago de Pensiones, beneficios o captación de recursos en el territorio del Estado Boliviano, con destino a crear o administrar prestaciones del seguro social obligatorio de largo plazo.

 

Apropiación Indebida según el artículo 345 del Código Penal, para el empleador que retenga montos de las cotizaciones, primas y otros recursos destinados al financiamiento de prestaciones del seguro social obligatorio de largo plazo.

 

Para efectos del presente artículo, los informes elaborados por la Superintendencia de Pensiones constituirán prueba pericial de oficio.

 

ARTICULO 53º ADMINISTRACION DE RIESGO COMUN Y DE RIESGO PROFESIONAL POR LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (AFP). Transitoriamente y hasta la fecha determinada por la Superintendencia de Pensiones de acuerdo al artículo 38 de la presente ley, las primas para el financiamiento de las prestaciones por riesgo común formarán parte de una cuenta colectiva de siniestralidad para cubrir las prestaciones de invalidez y muerte por riesgo común. Durante el mismo período, las primas para el financiamiento de las prestaciones por riesgo profesional formarán parte de una cuenta colectiva de riesgo profesional para cubrir las prestaciones de invalidez y muerte causadas por riesgo profesional. Dichas cuentas serán administradas por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) como parte del fondo de capitalización individual. Durante el período de transición mencionado, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) tendrán derecho a deducir de las cuentas colectivas especificadas la Comisión establecida por licitación para los servicios descritos en el inciso b) del artículo 32 de la presente ley.

 

En el período indicado, las primas del seguro social obligatorio de largo plazo serán establecidas por la Superintendencia de Pensiones, siendo revisables anualmente para mantener la solvencia de las cuentas de siniestralidad y de riesgo profesional. Anualmente, la Superintendencia de Pensiones dispondrá que los activos componentes de dichas cuentas sean distribuidos de acuerdo a cálculo actuarial para balancear los activos con las obligaciones. Durante este período, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) no estarán obligadas a contratar los servicios de salud mencionados en el artículo 31 de la presente ley.

 

Los saldos negativos de las cuentas especificadas serán cubiertos temporalmente con recursos del fondo de capitalización individual con cargo a primas a ser cobradas en el futuro.

 

Durante el período mencionado, la Superintendencia de Pensiones contratará profesionales médicos y otros profesionales para realizar la calificación de invalidez y muerte, causadas por riesgo común y por riesgo profesional.

 

Desde la fecha determinada por la Superintendencia de Pensiones de conformidad al artículo 38 de la presente ley, las obligaciones y derechos inherentes a las prestaciones por invalidez y muerte de riesgos comunes y riesgos profesionales serán asumidos por la entidad aseguradora contratada por la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) de acuerdo a la presente ley. Los recursos de las cuentas mencionadas serán transferidos a la entidad aseguradora correspondiente y serán considerados reservas matemáticas actuariales al efecto del establecimiento de las primas respectivas

 

ARTICULO 54º CLASIFICACION DE RIESGOS DE INVERSION TRANSITORIA. Hasta que existan clasificadoras de riesgo privadas, los Superintendentes Sectoriales del Sistema de Regulación Financiera (SIREFI) y dos (2) representantes de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) tendrán la función de clasificar riesgos de títulos–valores y emisores.

 

ARTICULO 55º ENTIDADES. A partir de la promulgación de la presente ley, los entes gestores de cualquier naturaleza que, de manera exclusiva, administren los regímenes de vejez, jubilación, invalidez, muerte, riesgos profesionales de largo plazo y seguros especiales de la seguridad social boliviana, mantendrán su personalidad jurídica sólo a los efectos de su liquidación.

 

Las entidades que continúen prestando seguros de salud o de seguridad social de corto plazo, quedan prohibidas de realizar actividades relacionadas con la seguridad social de largo plazo.

 

La personalidad jurídica del Instituto Nacional de Seguros de Pensiones quedará extinta a partir de la fecha de designación del Superintendente de Pensiones y sus activos serán asumidos por la Superintendencia de Pensiones.

 

La Secretaría Nacional de Pensiones estará a cargo de la liquidación de los entes gestores especificados, deberá calificar las rentas en Curso de Adquisición y determinar las Compensaciones de Cotizaciones.

 

A los efectos de la presente ley, la Secretaría Nacional de Pensiones establecerá bajo su dependencia la Unidad de Reordenamiento y la Unidad de Recaudación. La Secretaría Nacional de Pensiones podrá designar los liquidadores de los entes gestores especificados en el primer párrafo del presente artículo.

 

ARTICULO 56º LIQUIDACION DE LOS ENTES GESTORES. A partir de la promulgación de la presente ley y de acuerdo a reglamento, el patrimonio de las entidades especificadas en el primer párrafo del artículo anterior será objeto de administración y liquidación, de conformidad a lo siguiente:

 

Los activos fijos, valores, acciones y otros títulos valores, así como las acreencias y otros que corresponda serán administradas por los liquidadores designados por la Secretaría Nacional de Pensiones, quienes tendrán al efecto las facultades de administración y procesales necesarias, otorgadas por el Secretario Nacional de Pensiones.

 

Los bienes mencionados serán objeto de disposición y transferencia a cargo de la Unidad de Reordenamiento de la Secretaria Nacional de Pensiones.

 

Los pasivos serán objeto de inscripción ante la Secretaría Nacional de Pensiones, en el plazo de sesenta (60) días, computado desde la emisión del reglamento respectivo. Estos pasivos no comprenden las Rentas en Curso de Pago, las Rentas en Curso de Adquisición ni los aportes, cotizaciones y otros pagos efectuados con destino a la obtención de pensiones o beneficios de cualquier especie.

 

Todos los activos disponibles, valores y otros recursos obtenidos por la administración y liquidación serán destinados al Tesoro General de la Nación, previa deducción de los pagos de pasivos, obligaciones laborales y de los costos y gastos correspondientes.

 

ARTICULO 57º PERIODO DE TRANSICION. A partir de la promulgación de la presente ley y hasta la Fecha de Inicio, las personas que se encuentren cotizando al Sistema de Reparto o las personas que deban afiliarse a dicho Sistema, continuarán cotizando las tasas del Sistema de Reparto que les sean aplicables.

 

La recaudación de los aportes señalados en el párrafo anterior se realizará por la Unidad de Recaudaciones de la Secretaría Nacional de Pensiones con el apoyo de la Dirección General de Impuestos Internos, con destino a una cuenta fiscal del Tesoro General de la Nación. Al efecto, la Unidad de Recaudación tendrá las facultades legales necesarias y suficientes para el cobro de los adeudos por la vía coactiva social.

 

A partir de la promulgación de la presente ley, los afiliados al Sistema de Reparto con Rentas en Curso de Pago cobrarán sus rentas del Tesoro General de la Nación. Estas rentas se pagarán en Bolivianos con mantenimiento de valor respecto al dólar estadounidense.

 

A partir de la Fecha de Inicio las personas que hubieran cumplido con los requisitos que exige el Sistema de Reparto para acceder a sus beneficios y que voluntariamente deseen mejorar sus rentas, continuarán cotizando las tasas que les corresponda sobre sus salarios, con el objeto de incrementar por cada doce (12) cotizaciones un dos por ciento (2%) el monto de sus futuras rentas o la fracción que corresponda. Estos aportes deberán ser depositados en una cuenta fiscal del Tesoro General de la Nación. A partir de la promulgación de la presente ley, la calificación de las Rentas en Curso de Adquisición se efectuará de conformidad a las normas legales del Sistema de Reparto y a un reglamento. Las Rentas en Curso de Adquisición, una vez calificadas, serán pagadas por el Tesoro General de la Nación, en Bolivianos con mantenimiento de valor con respecto al dólar estadounidense.

ARTICULO 58º VIGENCIA DEL SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO DE LARGO PLAZO. El seguro social obligatorio de largo plazo previsto en la presente ley entrará en vigencia a partir de la Fecha de Inicio.

 

ARTICULO 59º ASIGNACION DE PERSONAS. Las personas afiliadas al Sistema de Reparto excepto aquellas con rentas en curso de adquisición o rentas en curso de pago serán asignadas a la Fecha de Inicio a una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), de acuerdo a reglamento.

 

A partir de la promulgación de la presente ley y durante los primeros cinco (5) años desde la Fecha de Inicio, los Beneficiarios de la Capitalización serán asignados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) seleccionadas mediante la licitación pública internacional prevista en la Ley de Capitalización, de acuerdo a reglamento.

 

A la Fecha de Inicio, la totalidad de las personas con Rentas en Curso de Pago o con Rentas en Curso de Adquisición por riesgos profesionales en el Sistema de Reparto, quedarán adscritas a la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) que les corresponda, para la administración de dicha prestación y para el pago de sus rentas mediante el seguro de riesgo profesional.

 

ARTICULO 60º INCORPORACIONES. Las personas sin cotizaciones al Sistema de Reparto a la Fecha de Inicio y que trabajan en relación de dependencia laboral, quedarán afiliadas al seguro social obligatorio de largo plazo, en los plazos a determinarse mediante reglamento, que no podrán exceder de veinticuatro (24) meses, contados desde la Fecha de Inicio. A efectos de la presente ley, dichas personas tendrán el tratamiento de quienes inician una relación de dependencia laboral y sus empleadores se encuentran exentos de todo pago por adeudos anteriores a las entidades del Sistema de Reparto.

 

ARTICULO 61º ADEUDOS POR APORTES Y COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL. Todas las personas o entidades que a la fecha de la promulgación de la presente ley adeuden aportes y cotizaciones para los regímenes de salud, riesgos profesionales de corto y largo plazo, seguros de invalidez, vejez, muerte, vivienda social y otros seguros, prestaciones y beneficios administrados por entidades sometidas a las normas del Código de Seguridad Social u otras específicas para actividades o personas de cualquier naturaleza, podrán cancelar dichas obligaciones de conformidad a las normas del presente artículo.

 

Quienes sean deudores deberán presentar declaraciones juradas, de acuerdo a reglamento, estableciendo los montos que sean debidos a las entidades acreedoras al primer vencimiento de mes desde la promulgación de la presente ley.

 

Los montos adeudados serán pagados en el plazo de diez (10) años, contado a partir del lo. de enero de 1997, en cuotas iguales y trimestrales, aplicándose el interés legal establecido en el Código Civil. El pago de los montos totales liberará en forma definitiva al deudor de las obligaciones existentes, incluyendo las correspondientes a intereses, multas o recargos de cualquier naturaleza. El pago anticipado de estos adeudos liberará al empleador de la cancelación de los intereses legales.

 

Quienes no presenten las declaraciones juradas especificadas, y quienes no cumplan con los pagos en las condiciones previstas, quedarán sujetas al cobro coactivo de todas sus obligaciones incluyendo intereses, multas y recargos de cualquier especie, que serán liquidados de conformidad a las disposiciones legales que dieron origen a las mismas.

 

La recaudación y cobro coactivo corresponderá a las entidades acreedoras correspondientes excepto en el caso de las entidades de la seguridad social de largo plazo, cuyos adeudos serán cobrados por la Unidad de Recaudación de la Secretaría Nacional de Pensiones, con las facultades legales necesarias y suficientes para el cobro de los adeudos por la vía coactiva social. La recaudación contará con el apoyo de la Dirección General de Impuestos Internos.

 

Las deudas de las entidades y empresas públicas por las obligaciones mencionadas, con excepción de los municipios y sus entidades dependientes, serán compensadas con las transferencias del Tesoro General de la Nación, efectuadas a las entidades sometidas a las normas del Código de Seguridad Social u otras específicas para actividades o personas de cualquier naturaleza, que administran regímenes de salud y vivienda social. Los montos netos resultantes de esta compensación con cada entidad acreedora, serán pagados por el Tesoro General de la Nación, si correspondiera, contra futuras transferencias a las mismas.

 

ARTICULO 62º APORTES PATRONALES Y ESTATALES. A partir de la Fecha de Inicio, el aporte patronal existente para los seguros de invalidez, vejez y muerte del Sistema de Reparto, se fusiona al sueldo o salario de los Afiliados con un mínimo del cuatro punto cinco por ciento (4.5%) incrementando su monto en dicho porcentaje.

 

A partir de la Fecha de Inicio, queda extinto el aporte estatal dispuesto por las normas legales del Sistema de Reparto.

 

ARTICULO 63º COMPENSACION DE COTIZACIONES. Los Afiliados que hayan realizado al menos sesenta (60) cotizaciones en el Sistema de Reparto en forma previa a la Fecha de Inicio, tendrán derecho a la Compensación de Cotizaciones. Esta compensación se pagará mensualmente de manera vitalicia mediante una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) o una entidad aseguradora, a partir del momento que el Afiliado tenga derecho a la prestación de jubilación, de conformidad al artículo 7 de la presente ley. Si el Afiliado fallece antes de cumplir los sesenta y cinco (65) años de edad, la compensación de cotizaciones se pagará a los Derechohabientes, de manera vitalicia, a partir de la fecha en la que el Afiliado hubiera cumplido los sesenta y cinco (65) años de edad, en los porcentajes asignados a cada Derechohabiente, de acuerdo a reglamento. El monto de la Compensación de Cotizaciones será destinado a financiar, en caso necesario, las prestaciones establecidas en los artículos 9 y 10 de la presente ley, en favor de los Derechohabientes. Si existe diferencia entre el monto de la Compensación de Cotizaciones y el monto de las prestaciones de los Derechohabientes, ésta será financiada con recursos provenientes de la cuenta colectiva de siniestralidad o de la cuenta colectiva de riesgo profesional previstas en el artículo 53 de la presente ley, o por la entidad aseguradora, según corresponda.

 

La Compensación de Cotizaciones para cada mes corresponderá al resultado de la multiplicación del número de años, o fracción de ellos, efectivamente cotizados por el Afiliado al Sistema de Reparto, por cero coma siete (0,7) veces el último salario mensual recibido para efectuar cotizaciones, dividido entre veinticinco (25).

 

Si el Afiliado ha realizado menos de sesenta (60) cotizaciones hasta la fecha de Inicio, recibirá una compensación por los aportes efectuados, por una sola vez, equivalente a cien (100) veces la Compensación de Cotizaciones, resultantes del cálculo previsto en el párrafo anterior. Dicho pago procederá en la fecha en que el Afiliado se jubile, o a la fecha de fallecimiento si este evento ocurre antes de la jubilación del Afiliado. El pago se efectuará en favor del Afiliado o de sus Derechohabientes, según corresponda.

 

El monto de la Compensación de Cotizaciones se incrementará en un dos por ciento (2%) del Salario Base por cada doce (12) meses de no exigibilidad de dicha compensación a partir de los sesenta y cinco (65) años de edad. Los Derechohabientes que decidan no exigir su compensación de cotizaciones en los términos indicados, tendrán el mismo tratamiento.

 

El salario mencionado en el segundo párrafo de este artículo para el otorgamiento de la Compensación de Cotizaciones se calcula en Bolivianos con mantenimiento de valor respecto al dólar estadounidense y se pagará en Bolivianos.

 

El valor mensual de la Compensación de Cotizaciones no podrá superar veinte (20) veces el salario mínimo vigente.

 

Ninguna persona podrá ser acreedora conjuntamente a la Compensación de Cotizaciones y a Rentas en Curso de Pago o Rentas en Curso de Adquisición.

 

ARTICULO 64º EXCLUSIVIDAD. Dentro del plazo de cinco (5) años desde la Fecha de Inicio, la actividad de Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) será realizada en forma exclusiva por las entidades que hayan sido seleccionadas mediante el proceso de licitación pública internacional previsto por la Ley de Capitalización. Las comisiones que cobrarán las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) durante este período, serán determinadas mediante el proceso de licitación mencionado.

 

ARTICULO 65º PRESTACIONES POR SEGUROS Y REGIMENES ESPECIALES. Las prestaciones por seguros y regímenes especiales de largo plazo continuarán siendo pagadas de conformidad a reglamento.

 

ARTICULO 66º DEDUCCIONES PARA LOS REGIMENES DE SALUD. Las deducciones de un porcentaje de las pensiones o rentas para los regímenes de salud serán realizadas por la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) o entidad aseguradora y depositadas por las mismas en el ente gestor de salud que corresponda. El porcentaje de deducción será establecido anualmente de acuerdo a reglamento.

 

ARTICULO 67º MODIFICACIONES A LA LEY DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS. El plazo de ciento ochenta (180) días para el pago del aumento de capital previsto en el proceso de regulación patrimonial establecido en el artículo 113 de la Ley 1488 de 14 de abril de 1993 (Ley de Bancos y Entidades Financieras) se modifica a noventa (90) días a partir de la resolución de la asamblea.

 

Se modifica y complementa el artículo 114 de la Ley de Bancos y Entidades Financieras cuyo texto será el siguiente:

 

Si los accionistas de una entidad financiera no repusieran el capital de acuerdo al
artículo anterior, el Directorio queda facultado para proponer;

 

A los acreedores de la entidad financiera, capitalizar parte o la totalidad de sus acreencias, convirtiéndolas en acciones ordinarias.

 

A una o más entidades financieras, con autorización de la Superintendencia, que le otorgue un préstamo subordinado que será considerado como patrimonio de la entidad receptora. El préstamo subordinado deberá ser pagado con aumento de capital. Si dicho préstamo no es pagado en el plazo estipulado en el contrato se convertirá obligatoriamente en acciones a nombre del prestamista, por ministerio de esta ley.

 

En ningún caso el valor nominal de las acciones suscritas o del préstamo subordinado podrán representar más del cuarenta por ciento (40%) del capital y reservas de la entidad o institución prestamista.

 

Si a los treinta (30) días de vencido el plazo establecido en el artículo precedente, el Directorio no finaliza el proceso de capitalización de acreencias o no suscribe y recibe un crédito subordinado de acuerdo a lo establecido en los numerales 1. y 2. del inciso I) del presente artículo, la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras y el Banco Central de Bolivia podrán resolver en forma conjunta la intervención de la entidad financiera mediante resoluciones expresas. El interventor será designado por el Superintendente de Bancos y Entidades Financieras, debiendo asumir las competencias que legal y estatutariamente correspondan a la junta general de accionistas y a los órganos directivos de la entidad, siendo aplicable durante todo el proceso de intervención el artículo 126 de la Ley de Bancos y Entidades Financieras, en lo que corresponda. El interventor estará facultado para la adopción de las siguientes medidas:

 

Contraer créditos subordinados para restablecer el patrimonio de la entidad hasta los requerimientos mínimos legales y operativos. Dichos créditos serán considerados como parte del patrimonio quedando exceptuados del límite establecido en el artículo 48 de esta Ley.

 

Cesar en sus funciones a los Directores, síndicos y plantel ejecutivo, contratando o ratificando a los que considere necesarios.

 

Disponer el registro contable de las pérdidas, castigos, previsiones y otros ajustes necesarios contra el capital y reservas, procediendo al canje y resellado de acciones al valor patrimonial proporcional residual.

 

Gestionar la reposición del patrimonio por medio de aportes de capital, préstamos subordinados y/o capitalización de acreencias del sector público.

 

Instaurar procesos administrativos internos a fin de establecer responsabilidades en la administración de la entidad financiera y, en su caso, iniciar las acciones judiciales correspondientes.

 

Los recursos para financiar la intervención provendrán de los instrumentos que para ese efecto disponga el Poder Ejecutivo.

 

El proceso de fortalecimiento no podrá exceder el plazo de un (1) año de iniciada la intervención. La Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras y el Banco Central de Bolivia, con sujeción a la ley, determinarán los mecanismos más convenientes para la transferencia de las acciones de propiedad del Estado al sector privado, en un plazo no mayor a un (1) año de concluido el proceso de fortalecimiento de la entidad financiera”.

 

ARTICULO 68º REGLAMENTACION. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley mediante Decreto Supremo.

 

ARTICULO 69º ABROGACIONES Y DEROGACIONES. Quedan derogados los artículos 105, 106, 158, 160 y el primer párrafo del artículo 159 de la Ley 1488 de 14 de abril de 1993 (Ley de Bancos y Entidades Financieras), todas las disposiciones legales del Sistema de Reparto y las disposiciones contrarias a la presente ley.

 

Queda abrogado el Decreto 07585 de 20 de abril de 1966.

 

Queda derogado el artículo 24 del Decreto 05035 de 13 de septiembre de 1958.

 

Pase al Poder Ejecutivo, para fines constitucionales.

 

Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional, a los veintinueve días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y seis años.

 

Fdo. H. Raúl Lema Patiño. Georg Prestel Kern, Walter Zuleta Roncal, Horacio Torres Guzmán, Imel Copa Velásquez Ismael Morón Sánchez.

 

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley de la República.

 

Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintinueve días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y seis años.

 

FDO. GONZALO SANCHEZ DE LOZADA, José Guillermo Justiniano Sandoval, Fernando Candia Castillo, Luis Alfonso Peña Rueda, Ministro Suplente Sin Cartera Responsable de la Capitalización.



Fuente: gacetaoficialdebolivia.gob.bo
Fecha de emisión:1996-11-29
Publicado:29-11-1996
Edición: 1962