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Demanda de Beneficios Sociales

 

 

SEÑOR JUEZ DE TURNO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Interpone: DEMANDA BENEFICIOS SOCIALES

OTROSIES.-

ALICIA ZAPATA RODRIGUEZ,  con C.I. No. 400445140 Cbba., vecina de la Provincia Jordán (Cliza), empleada domésstica y hábil en toda forma de derecho, APERSONANDOME ante Ud. con el debido respeto expongo y pido:

Demando a ANA CABEZAS DE CASTELLON por pago de BENEFICIOS SOCIALES, consistente en SUELDO  de SEIS AÑOS, INDEMNIZACION POR 6 AÑOS, AGUINALDO, VACACIONES Y OTRAS, por los fundamentos que a continuación expongo:

Ocurre que, aprovechando de mi minoridad, he sido objeto de explotación por parte de la Sra. que responde al nombre de: ANA CABEZAS DE CASTELLON, quién con promesas de cancelarme en un monto global por mis servicios prestados en calidad de empleada doméstica, y tuviere una necesidad premiosa, en su caso cuando llegue a mi mayoria de edad, me hizo trabajar en su casa como cocinera y empleada doméstica, corriendo a mi cargo todo lo concerniente al trabajo doméstico, con las obligaciones del aseo, lavado y planchado de ropa para toda la familia, preparado de alimentos, desde el  desayuno, almuerzo, cena y otros, como en su negocio de venta de tripas de cordero, y con dedicación exclusiva como una verdadera madre de familia, empezando desde la madrugada hasta altas horas de la noche sin descanso alguno, en la creencia de ser reconocida por mis servicios, llegando a desenpeñar todo el trabajo bajo la vigilancia y control rigurozo de la referida que por cualquier error de mi inexperiencia fui sometida a malos tratos,hasta el extremo que se acostumbro a pegarme como a su verdadera hija,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

con la amenaza de causarme lesiones graves, toda ves que gozaba de las influencias de las autoridades que mis reclamos fueran inútiles, aprovechando de que no hubo persona alguna quien reclame por mi, menos podía recurrir a quejarme a tribunal alguno por carecer de dineros,y temor a las amenazas, transcurriendo de esta manera hasta el momento de dejar ese empleo por más de 7 años, sin que me haya reconocido y cancelado suma alguna, a mis requerimientos y reclamos, lamentablemente, tuve como respuesta de que contrariamente me habia mantenido y debia agradecer, finalmente se niega a reconocerme suma alguna, a cuya consecuencia actualmente me encuentro completamente pelada y sin dineros con qué sostenerme.

Ante su negativa, viéndome sumida en la desesperación, con que sostenerme recurrí ante las autoridades de la Dirección Departamental del Trabajo donde con prepotencia, aún a reflexión del Inspector del Trabajo de aquella repartición, contrariamente pretendio hacerme cargos falsos, seguramente para eludir el pago por mis servicios, más aún viene postergando con una serie de incidencias mediante memoriales, aprovechando de que su esposo es abogado.

Finalmente, ante la conminatoria de pago de beneficios sociales, sueldos y salarios, primas, aguinaldos, deshaucio y otros, como conocida la liquidación practicada por dicha autoridad del trabajo, No tiene ni la menor intención de reconocerme conforme impone la ley General del Trabajo y Seguridad Social.

Esta actitud asumida por la demandada, constituye una flagrante violación e infracción en la disposición contenida en el Art: 41,46,52; 53 y siguientes de la Ley General del Trabajo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y Seguridad Social,concordante con D.S. de 29 de diciembre de 1.992, en atención a este antecedente con acierto,la demandada, fué sancionada de un principio por la Dirección Departamental del Trabajo en la suma de BOLIVIANOS DIEZ MIL 00/100 (Bs. 10.000), conforme se desprende la copia original que adjunto, cuya determinación deberá ser ratificada por su probidad para sentar precedentes a quienes asumen esta conducta con menores de edad desprotegidas.

Por lo expuesto, amparándome en las disposiciones por infracción a leyes sociales, D.S. de 29 de diciembre de 1.992, las disposiciones citadas que preceden y contenidas en los Arts: 52, 53 y Sgtes. de la Ley General del Trabajo y Seguridad Social, dando cumplimiento en su versión contenida en el Art: 117 del Código Procesal del Trabajo y demás normas conexas de estricta aplicación, interpongo DEMANDA POR PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES, HABERES o SUELDOS POR 6 AÑOS, INDEMNIZACION POR 6 AÑOS, VACACION, DESHAUCIOS y sus emegencias resultantes de la tramitación del proceso, en la cuantía no menor de Bolivianos VEINTE Mil 00/100 ( Bs. 20.000),previa liquidación,dirigiéndome la acción contra ANA CABEZAS DE CASTELLON, mayor de edad, casada, con domicilio en la Provincia Jordán (Cliza) y hábil en toda forma de Derecho y en resolución de sentencia se digne declarar PROBADA MI DEMANDA, con imposición de costas y demás condenaciones de ley.

Es cuanto impetro por ser de estricta justicia.

OTROSI.- A los efectos del presente trámite, los honorarios profesionales conforme al aralcel mínimo establecido por el Colegio Departamental de Abogados en vigencia.

MAS OTROSI.- En calidad de prueba precontituida

 

 

 

 

 

 

 

 

 

acompaño actuados en Fs.   útiles, se arime a sus antecedentes para su consideración en resolución de sentencia.

OTROSI SEGUNDO.- En medida precautoria y de Seguridad, en resguardo de mis intereses, pido a su probidad se digne proceder el embargo preventivo,sobre los bienes de

propiedad de la demandada, suficientes a cubrir la cuantía de la obligación, sea mediante despacho Instruido para todo el Departamento, comicionando a un funcionario público, toda vez que los bienes de la demandada se hallan en este Departamento, como en la Provincia Jordán ( Cliza) y de conformidad a lo previsto por el Art: 104 de Código Procesal del Trabajo.

OTROSI TERCERO.- Señalo morada en el estudio

jurídico del prefesional que autoriza, ubicada en la calle LANZA No.S-0427 entre Jordán y Calama y notificaciones se comicione a un funcionario público.

Cochabamba, Enero 12 de 1.996

 

 

ESTATUTO DEL FUNCIONARIO PÚBLICO

ESTATUTO DEL FUNCIONARIO PÚBLICO

TITULO PRELIMINAR

PRINCIPIOS

ARTICULO 1º (PRINCIPIOS).- El presente Estatuto se rige por los siguientes principios:

a) Servicio exclusivo a los intereses de la colectividad y no de parcialidad o partido polìtico alguno.

b) Sometimiento a la Constituciòn Polìtica del Estado, la ley y al ordenamiento jurìdico.

c) Reconocimiento del derecho de los ciudadanos a desempeñar cargos pùblicos.

d) Reconocimiento al mèrito, capacidad e idoneidad funcioaria.

e) Igualdad de oportunidades, sin discriminaciòn de ninguna naturaleza.

f) Reconocimiento de la eficacia, competencia y eficiencia en el desempeño de las funciones pùblicas para la obtenciòn de resultados en la gestiòn.

g) Capacidad y perfeccionamiento de los servidores pùblicos.

h) Honestidad y ètica en el desempeño del servicio pùblico.

i) Gerencia por resultados.

j) Responsabilidad por la funciòn pública.

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO ÚNICO

OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y PRINCIPIOS

 

ARTICULO 2 (OBJETO).- El presente Estatuto, en el marco de los preceptos de la Constitución Política del Estado, tiene por objeto regular la relación del Estado con sus servidores públicos, garantizar el desarrollo de la carrera administrativa y asegurar la dignidad, transparencia, eficacia y vocación de servicio a la colectividad en el ejercicio de la función pública, así como la promoción de su eficiente desempeño y productividad.

 

ARTICULO 3 (ÁMBITO DE APLICACIÓN).-

I. El ámbito de aplicación del presente Estatuto abarca a todos los servidores públicos que presten en relación de dependencia con cualquier entidad del Estado, independientemente de la fuente de su remuneración.

II. Igualmente están comprendidos en el ámbito de aplicación del presente Estatuto los servidores públicos que presten servicios en las entidades públicas autónomas autárquicas y descentralizadas.

III. Las carreras administrativas en los Gobiernos Municipales, Universidades Públicas, Escalafón Judicial del poder judicial, Carrera Fiscal del Ministerio Público, Servicio Exterior y Escalafón Diplomático. Magisterio Público, Servicio de Salud Pública y Seguridad Social, se regularán por su legislación especial aplicable en el marco establecido en el presente Estatuto.

IV. Los servidores públicos dependientes de las fuerzas Armadas y Policía Nacional estarán solamente sujetos al Capítulo III del Titulo II y al Título V del presente Estatuto.

TITULO II

SERVIDOR PUBLICO

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

 

ARTICULO 4 (SERVIDOR PUBLICO).- Servidor público es aquella persona individual, que independientemente de su jerarquía y calidad, presta servicios en relación de dependencia a una entidad sometida al ámbito de aplicación de la presente Ley. El término servidor público, para efectos de esta Ley, ser refiere también a los dignatarios, funcionarios y empleados públicos y otras personas que presten servicios en relación de dependencia con entidades estatales, cualquiera sea la fuente de su remuneración.

 

ARTICULO 5 (CLASES DE SERVIDORES PÚBLICOS).- Los servidores públicos se clasifican en:

a) Funcionarios electos: Son aquellas personas cuya función pública se origina en un proceso eleccionario previsto por la Constitución Política del Estado, Estos funcionarios no están sujetos a las disposiciones relativa a la Carrera Administrativa y Régimen Laboral del Presente Estatuto.

b) Funcionarios designados: Son aquellas personas cuya funciòn pública emerge de un nombramiento a cargo público, conforme a la Constitución Política del Estado, disposición legal u Sistema de Organización Administrativa aplicable. Estos funcionarios no están sujetos a las disposiciones relativas a la Carrera Administrativa del presente Estatuto.

c) Funcionarios de libre nombramiento: Son aquellas personas que realizan funciones administrativas de confianza y asesoramiento técnico especializado para los funcionarios electos o designados. El Sistema de Administración de Personal, en forma coordinada con los Sistemas de Organización Administración y de Presupuesto, determinará el número y atribuciones específicas de estos y el presupuesto asignado para este fin. Estos funcionarios no están sujetos a las disposiciones relativas a la Carrera Administrativa del presente Estatuto.

d) Funcionarios de carrera: Son aquellos que forman parte de la administración pública, cuya incorporación y permanencia se ajusta a las disposiciones de la Carrera Administrativa que se establece en el presente Estatuto.

e) Funcionarios interinos: Son aquellos que, de manera provisional y por un plazo máximo e improrrogable de 90 días, ocupan cargos públicos previstos para la carrera administrativa, en tanto no se posible su desempeño por funcionarios de carrera conforme al presente Estatuto y disposiciones reglamentarias.

 

ARTICULO 6 (OTRAS PERSONAS QUE PRESTAN SERVICIOS AL ESTADO).- No están sometidos al presente Estatuto ni a la Ley General del Trabajo, aquellas personas que, con carácter eventual o para la prestación de servicios específicos o especializados, se vinculen contractualmente con una entidad pública, estando sus derechos y obligaciones regulados en el respectivo contrato y ordenamiento legal aplicable y cuyo procedimientos, requisitos, condiciones y formas de contratación se regulan por las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.

CAPITULO II

DERECHOS Y DEBERES

 

ARTICULO 7 (DERECHOS).-

I. Los servidores públicos tiene los siguientes derechos:

a)A desempeñar las funciones o tareas inherentes al ejercicio de su cargo.

b)Al goce de una justa remuneración, correspondiente con la responsabilidad de su cargo y la eficacia de sus desempeño.

c)Al respeto y consideración por su dignidad personal en la función.

d)Al goce de vacaciones, licencias, permisos y otros beneficios conforme al presente Estatuto y los Reglamentos respectivos.

e)A la percepción de las pensiones jubilatorias, asi como de invalidez y sobrevivencia para sus derechohabientes.

f)Al derecho de las prestaciones de salud.

g)A que se le proporcionen los recursos materiales necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

II. Los funcionarios de carrera tendrán, además, los siguientes derechos:

a)A la carrera administrativa y estabilidad, inspirada en los principios de reconocimiento de mérito, evaluación de desempeño, capacidad e igualdad.

b)A la capacitación y perfeccionamiento técnico o profesional, en las condiciones previstas en el presente Estatuto.

c)A impugnar, en la forma prevista en la presente Ley y sus reglamentos, las decisiones administrativas que afecten situaciones relativas a su ingreso, promoción o retiro, o aquellas que deriven de procesos disciplinarios.

d)A representar por escrito, ante la autoridad jerárquica que corresponda, las determinaciones que se juzguen violatorias de alguno de sus derechos.

e)A recibir y conocer información oportuna, de las autoridades institucionales sobre aspectos que puedan afectar al desarrollo de sus funciones.

f)A representar fundadamente, observando la vía jerárquica que corresponda, las instrucciones que considere técnica, legal y/o administrativamente inadecuada que pudiesen ocasionar un daño a la entidad.

g)Al goce de especiales incentivos económicos, conforme a las previsiones establecida en el presente Estatuto.

h)A recibir la protección necesaria en materia de higiene y seguridad en el trabajo.

III. Los derechos reconocidos para los servidores públicos en el presente Estatuto y su régimen jurídico, excluyen otros derechos establecidos en la Ley General del trabajo y otras disposiciones del régimen laboral que rigen únicamente para los trabajadores.

 

ARTICULO 8 (DEBERES).- Los servidores públicos tiene los siguientes deberes:

a) Respetar y cumplir la Constitución Política del Estado, las leyes y otras disposiciones legales.

b) Desarrollar sus funciones, atribuciones y deberes administrativos, con puntualidad, celeridad, economía, eficiencia, probidad y con pleno sometimiento a la Constitución Política del Estado, las leyes y el ordenamiento jurídico nacional.

c) Acatar las determinaciones de sus superiores jerárquicos, enmarcadas en la Ley.

d) Cumplir con la jornada laboral establecida.

e) Atender con diligencia y resolver con eficiencia los requerimientos de los administrados.

f) Mantener reserva sobre asuntos e informaciones, previamente establecidos como confidenciales, conocidos en razón a su labor funcionaria.

g) Velar por el uso económico y eficiente de los bienes materiales destinados a su actividad administrativa.

h) Conservar y mantener, la documentación y archivos sometidos a su custodia, así como proporcionar oportuna y fidedigna información sobre los asuntos inherentes a su función.

i) Cumplir las disposiciones reglamentarias relativas a la seguridad e higiene en el trabajo

j) Presentar declaraciones juradas de sus bienes y rentas conforme a lo establecido en el presente Estatuto y disposiciones reglamentarias.

k) Declarar el grado de parentesco o vinculación matrimonial que tuviere con funcionarios efectos o designados, que presten servicios en la administración.

l) Excusarse de participar en los comités de selección de ingreso de funcionarios de carrera, cuando exista con los postulantes vinculación o grado de parentesco hasta tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, conforme al cómputo establecido en el Código de Familia.

 

ARTICULO 9 (PROHIBICIONES).- Los servidores públicos están sujetos a las siguientes prohibiciones:

a)Ejercer atribuciones o funciones ajenas a su competencia.

b)Realizar actividades políticas partidarias y de interés particular durante la jornada laboral o en el ejercicio de sus funciones.

c)Utilizar bienes inmuebles, muebles o recursos públicos en objetivos políticos, particulares o de cualquier otra naturaleza que no sea compatible con la especifica actividad funcionaria.

d)Realizar o incitar acciones que afecten, dañen o causen deterioro a los bienes inmuebles, muebles o materiales de la Administración.

e)Promover o participar directa o indirectamente, en prácticas destinadas a lograr ventajas ilícitas.

f)Participar en trámites o gestiones en las que tenga interés directo.

g)Lograr favores o beneficios en trámites o gestiones a su cargo para si o para terceros.

h)Disponer o utilizar información previamente establecida como confidencial y reservada en fines distintos a los de su función administrativa.

 

ARTICULO 10 (CONFLICTOS E INTERESES).- Los servidores públicos no podrán dirigir, administrar, asesorar, patrocinar, representar ni prestar servicios, remunerados o no, a personas individuales o colectivas que gestionen cualquier tipo de trámites, licencias, autorizaciones, concesiones, privilegios o intenten celebrar contratos de cualquier índole, con las entidades de al Administración Pública.

 

ARTICULO 11 (INCOMPATIBILIDADES).-

I. Los servidores públicos están sujetos a las siguientes incompatibilidades:

a) Ejercitar más de una actividad remunerada en la Administración Pública.

b) Realizar negocios o celebrar contratos privados, estrechamente relacionados o contratos con el desempeño de sus tareas en la función pública.

II. Además de estar sujetos a lo señalado en el numeral I del presente artículo, los funcionarios de carrera no podrán ejercer funciones en la misma entidad, cuando exista una vinculación matrimonial o grado de parentesco hasta segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad conforme al cómputo establecido por el Código de Familia.

III. Los funcionarios de la Carrera Docente del Servicio de Educación Pública, servicios de salud en el área rural y servicio exterior, quedan excluidos de la incompatibilidad a que se refiere el numeral II de este artículo.

IV. Los docentes universitarios, los maestros del magisterio fiscal, los profesionales médicos y paramédicos, dependientes del servicio de salud, así como aquellas personas que realicen actividades culturales artísticas, podrán cumplir funciones remuneradas en diversas entidades de la administración pública, siempre que mantengan su compatibilidad horaria.

V. Excepcionalmente la Superintendencia de Servicio civil podrá autorizar el ejercicio de funciones de funcionarios de carrera que tenga el grado de parentesco a que se refiere el numeral II del presente Artículo en caso justificados, siempre y cuando estos funcionarios hayan demostrado los méritos para su ingreso a la carrera.

CAPITULO III

ÉTICA PUBLICA

 

ARTICULO 12 (PRINCIPIOS).- La actividad pública deberá estar inspirada en principios y valores éticos de integridad, imparcialidad, probidad, transparencia, responsabilidad y eficiencia funcionaria que garanticen un adecuado servicio a la colectividad.

 

ARTICULO 13 (PROMOCIÓN DE CÓDIGOS DE ÉTICA).- Las entidades públicas deberán promover políticas y normas de conducta regidas por principios y valores éticos que orienten la actuación personal y profesional de sus servidores y la relación de éstos con la colectividad. Toda entidad pública deberá adoptar obligatoriamente un Código de ética, que se elaborado por la misma entidad u otra entidad a fin, de acuerdo al sistema de organización administrativa.

Se deberán implantar mecanismos que aseguren la evaluación práctica de las disposiciones de los Códigos de Ética, de manera que sus resultados contribuyan a su desarrollo, fortalecimiento y efectiva aplicación.

Los servidores públicos quedan inexcusablemente sometidos al respectivo Código de Ética institucional a partir del inicio de su actividad funcionaria.

 

ARTICULO 14 (REGALOS Y OTRAS DÁDIVAS).- Los servidores públicos están prohibidos de aceptar, de cualquier persona individual o colectiva, pública o privada, nacional o extranjera, obsequios, regalos, beneficios u otro tipo de dádivas, orientadas a favorecer directa o indirectamente las gestiones a su cargo o hacer valer influencias ante otros servidores públicos con propósitos semejantes, sin perjuicio de las sanciones penales.

 

ARTICULO 15 (EXCEPCIONES).- Los servidores públicos no estarán impedidos de recibir obsequios, regalos o reconocimiento protocolares de gobiernos u organismos internacionales, en las condiciones en que la Ley o la costumbre oficial lo admitan.

La Superintendencia de Servicio Civil determinará reglamentariamente la clase de presentes susceptibles de ser incorporados al patrimonio del Estado, según su característica y valor.

CAPITULO IV

RESPONSABILIDAD Y RÉGIMEN DISCIPLINARIO

 

ARTICULO 16 (RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PUBLICA).- Todo servidor público sujeto a los alcances del ámbito de aplicación de la presente ley, sin distinción de jerarquía, asume plena responsabilidad por sus acciones u omisiones, debiendo, conforme a disposición legal aplicable, rendir cuentas ante la autoridad o instancia correspondiente, por la forma de su desempeño funcionario y los resultados obtenidos por el mismo.

Los funcionarios electos, los designados, los de libre nombramiento y los funcionarios de carrera del máximo nivel jerárquico, en forma individual o colectiva, responden además por la administración correcta y transparente de la entidad a su cargo, así como por los resultados razonables de su gestión en términos de eficacia, economía y eficiencia.

 

ARTICULO 17 (RÉGIMEN DISCIPLINARIO).- El régimen disciplinario define el tratamiento a las situaciones que contraviene el presente Estatuto, el ordenamiento jurídico administrativo y las normas que regulan la conducta funcionaria en cada entidad, Se rigen por lo dispuesto en el Régimen de Responsabilidad por la Función Pública regulado por la Ley No. 1178, de Administración y Control Gubernamental y sus disposiciones reglamentarias.

TITULO III

CARRERA ADMINISTRATIVA

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

 

ARTICULO 18 (ESTABLECIMIENTO DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA).- Se establece la carrera administrativa con el objeto de promover la eficiencia de la actividad administrativa pública en servicio de la colectividad, el desarrollo laboral de sus funciones de carrera y la permanencia de éstos condicionada a su desempeño. La carrera administrativa se articula mediante el Sistema de Administración de Personal.

CAPITULO II

DOTACIÓN

 

ARTICULO 19 (PROCESOS DE DOTACIÓN).- La dotación de personal para el ejercicio de la función pública en los puestos determinados para los funcionarios de carrera, comprenderán las funciones de cuantificación de la demanda de personal, programación operativa anual individual, valoración de puesto y remuneración, reclutamiento, selección, inducción o integración. Sus modalidades, condiciones y procedimientos se sujetarán a lo previsto en el presente Estatuto, las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal y disposiciones reglamentarias específicas.

 

ARTICULO 20 (CUANTIFICACION DE LA DEMANDA DE PERSONAL).- La demanda y requerimiento de personal de cada entidad pública serán cuantificados y determinados en relación a sus objetivos, Al efecto, Estas cuantificarán y determinarán los puestos de trabajo efectivamente requeridos, tomando en cuenta los sistemas de programación de operaciones y organización administrativa previstos por la Ley No. 1178, de Administración y Control Gubernamentales.

 

ARTICULO 21 (PROGRAMACIÓN OPERATIVA INDIVIDUAL-ANUAL).- La programación operativa individual-anual de cada entidad, establecerá y definirá los objetivos de cada puesto y los resultados que se esperan de su desempeño.

Los procedimientos y condicione se sujetarán a las establecidas en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal y disposiciones reglamentarias específicas.

 

ARTICULO 22 (VALORACIÓN DE PUESTO Y REMUNERACION).- Las entidades, a través de la función de valoración de puestos y remuneración, determinarán técnicamente el alcance, la importancia y conveniencia de cada puesto, asignándole una remuneración justa vinculada al mercado laboral nacional, a la disponibilidad de recursos y a las políticas presupuestarias del Estado.

 

ARTICULO 23 (RECLUTAMIENTO DE PERSONAL).-

I. Los procesos de reclutamiento de personal en las entidades públicas comprendidas en el alcance del presente Estatuto, estarán fundados en los principios de mérito, competencia y transparencia, a través de procedimientos, que garanticen la igualdad de condiciones de selección.

II. Los procesos de reclutamiento de personal deberán ser realizados mediante convocatorias internas y externas.

 

ARTICULO 24 (SELECCIÓN).- La selección de los funcionarios de carrera y consecuente ingresos a la función pública, se realizará sobre la base de su capacidad, idoneidad, aptitud y antecedentes laborales y personales, previo cumplimiento de los procesos de reclutamiento establecidos en el presente Estatuto y las disposiciones reglamentarias aplicables.

 

 

ARTICULO 25 (INDUCCIÓN O INTEGRACIÓN).-

I. A efectos de procurar una eficaz, eficiente y conveniente adaptación, los funcionarios de carrera que sean seleccionados para desarrollar una nueva función pública, serán sometidos a un período de inducción y orientación de sus recientes tareas.

II. Los funcionarios de carrera incorporados al ejercicio de la función pública o promovidos, conforme al presente Estatuto, se someterán a una evaluación de confirmación conforme a reglamentación, de cuyo resultado dependerá su incorporación o promoción definitiva.

 

ARTICULO 26 (PROHIBICION Y SANCIONES).- Las máximas autoridades ejecutivas de las entidades públicas que recluten, incorporen o contraten a personal y dispongan su remuneración, vulnerando los procesos que comprende la dotación de personal y la normativa prevista en el presente Estatuto y disposiciones reglamentarias, podrán ser sujetos de responsabilidad civil con cargos de daño económico al Estado, sin perjuicio de otras responsabilidades previas pro la Ley No. 1178.

CAPITULO III

DE LA EVALUACIÓN, MOVILIDAD Y PROMOCIÓN

 

ARTICULO 27 (OBLIGACIÓN DE EVALUACIÓN).- Las entidades públicas, en forma obligatoria, programarán y conducirán procesos de evaluación de desempeño de sus funciones de carrera, en la forma y condiciones que se señalan en el presente Estatuto, las Normas Básicas del sistema de Administración de Personal y disposiciones reglamentarias particulares.

El incumplimiento de los procesos de evaluación generará responsabilidad administrativa a la máxima autoridad ejecutiva, independientemente de la obligatoriedad de realizarse las evaluaciones.

 

ARTICULO 28 (PRINCIPIOS DE EVALUACIÓN).- Los procesos de evaluación del desempeño de los funcionarios de carrera, se realizarán en forma periódica y se fundarán en aspectos de igualdad y participación oportunidad, ecuanimidad, publicidad, transparencia, mesurabilidad y verificabilidad.

Los objetivos de las evaluaciones deberán estar previamente determinados por cada entidad y ser anticipadamente de conocimiento de los servidores evaluados.

Los parámetros para evaluar el desempeño funcionario comprenderán, entre otros, la eficiencia, eficacia, las iniciativas, los trabajos desarrollados y los resultados logrados.

Las entidades públicas sometidas al ámbito de aplicación del presente Estatuto, deberán reglamentar sus procesos de valuación conforme a esta Ley, las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal y normativas emitidas por el Organo Rector.

 

ARTICULO 29 (PERMANENCIA Y RETIRO).- La permanencia y el retiro de los funcionarios de carrera, estarán condicionados al cumplimiento de los procesos de evaluación de desempeño conforme al presente Estatuto, las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal y disposiciones reglamentarias.

 

ARTICULO 30 (MOVILIDAD).- La movilidad de los funcionarios de carrera a puestos de similar valoración observará las modalidades, requisitos y procedimientos establecidos en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal y disposiciones reglamentarias específicas.

 

ARTICULO 31 (PROMOCIÓN).- Los procesos de promoción de los funcionarios de carrera, se fundan en la igualdad de oportunidad de participación, la capacidad en el desempeño y su publicación y transparencia.

 

ARTICULO 32 (DISPOSICIONES DE CARGOS).- La promoción de los funcionarios de carrera estará condicionada a la disponibilidad efectiva de cargos públicos, conforme a los requisitos y necesidades de cada entidad en el marco del Sistema de Organización Administrativa.

 

ARTICULO 33 (MODALIDADES Y CONDICIONES DE PROMOCIÓN).-Los procesos de promoción podrán contemplar modalidades que consideren las participación de funcionarios de carrera mediante convocatorias internas.

Los procesos de promoción para los máximos niveles jerárquicos de la carrera administrativa deberán necesariamente realizarse mediante convocatorias internas y externas.

Las entidades públicas desarrollarán los procesos de promoción de sus funcionarios de carrera en la forma y condiciones que señalan las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal y disposiciones reglamentarias específicas.

CAPITULO IV

CAPACIDAD PRODUCTIVA

 

ARTICULO 34 (CAPACITACIÓN PRODUCTIVA).- La capacitación y el perfeccionamiento en la carrera administrativa tiene por objeto la especificación, formación y mejoramiento de los recursos humanos y el desarrollo de la condición personal, profesional y administrativa de los funcionarios de carrera, vinculada al logro de los objetivos establecidos en el programa de operaciones de cada entidad.

 

ARTICULO 35 (PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN).- La implementación de programas de capacitación tomará en cuenta la disponibilidad de recursos económicos de cada entidad, la selectividad y pertinencia de los beneficiarios y la mensurabilidad en las evaluaciones de desempeño.

La articulación y reglamentación de los programas de capacitación se realizarán a través de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal y las respectivas disposiciones especiales.

 

ARTICULO 36 (CONTROL POR CAPACITACIÓN).- La inversión de recursos económicos en programas y actividades de capacitación, las decisiones ejecutivas que los autoricen y el aprovechamiento de los beneficios, serán objeto de control y evaluación por los resultados obtenidos, conforme a los parámetros que defina el Organo Rector.

CAPITULO V

INCENTIVOS Y SANCIONES

 

ARTICULO 37 (INCENTIVOS Y MOTIVACIÓN).-

I. Los funcionarios de carrera, podrán recibir incentivos económicos con base en los resultados de evaluaciones de sus desempeño que reflejen indicadores de excelencia, idoneidad, capacidad, motivación y eficacia.

II. El Organo Rector del Sistema de Administración de Personal, determinara, en coordinación con el Organo Rector del Sistema de Presupuesto, las bases legales para el establecimiento de incentivos económicos.

III. Las modalidades y condiciones relativos al tratamiento de incentivos serán reguladas por las Normas Básicas del Sistema de Administración del Personal y disposiciones reglamentarias específicas.

 

ARTICULO 38 (BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS O COLATERALES).- Cualquier otro beneficio, servicio, asistencia o socorro económico en dinero, especie, o de otra índole, complementario o colateral a la remuneración, deberá ser regulado y autorizado por el Organo Rector del Sistema de Administración de Personal y por el Organo Rector del Sistema de Presupuesto.

 

ARTICULO 39 (SANCIONES).- Dos evaluaciones consecutivas no satisfactorias y otras infracciones al presente Estatuto, de los funcionarios de carrera, dará lugar a sanciones que incluyan llamadas de atención, multas, suspensión temporal de funciones o destitución del cargo, de acuerdo a reglamento.

CAPITULO VI

RETIRO

 

ARTICULO 40 (RETIRO).- El retiro es la terminación del vínculo que une a la Administración con el funcionario de carrera, de acuerdo a los procedimientos previstos en el presente Estatuto.

 

ARTICULO 41 (CAUSALES).- El retiro podrá producirse por cualquiera de las siguientes causales:

a)Renuncia, entendida como el acto por el cual el funcionario de carrera manifiesta voluntariamente su determinación de concluir su vínculo laboral con la administración.

b)Jubilación, conforme a las disposiciones del régimen correspondiente.

c)Invalidez y muerte, conforme a las disposiciones legales aplicables.

d)Los previstos en el artículo 39? del presente Estatuto.

e)Destitución como resultado de un proceso disciplinario por responsabilidad por la función pública o proceso judicial con sentencia condenatoria ejecutoriada.

f)Abandono de funciones por un período de tres días hábiles consecutivos, o seis discontinuos, en un mes, no debidamente justificados.

g)Por supresión del cargo, entendida como la eliminación de puestos de trabajo o cargos en el marco del Sistema de Organización Administrativa.

 

ARTICULO 42 (REGISTRO).- Las entidades públicas llevarán un registro en el cual deje constancia de los antecedentes, causales y procedimientos efectuados para el retiro de sus funcionarios de carrera y remitir dicha información a la Superintendencia del Servicio Civil conforme a reglamentación expresa, con el objeto de proveer la información necesaria para el tratamiento de posibles apelaciones de los funcionarios afectados mediante la vía de recurso jerárquico.

 

ARTICULO 43 (SUPRESIÓN DE CARGO).- En los casos de retiro por supresión de cargo se realizarán, en forma obligatoria, exámenes de auditoría gubernamental que verifiquen la oportunidad, mérito y conveniencia de la decisión.

La comprobación de que la decisión de retiro no estuviese legalmente justificada, podrá ser objeto de sanciones por responsabilidad administrativa y civil, sin perjuicio de las reclamaciones que puedan interponer los servidores públicos afectados, ante la Superintendencia del Servicio Civil.

En los casos de retiro por supresión del cargo, la institución no podrá, en lo que resta de la gestión fiscal, reponer el mismo.

 

ARTICULO 44 (PROHIBICION DE RETIRO DISCRECIONAL).-

I. Se prohíbe el retiro de funcionarios de carrera a través de decisiones discrecionales y unilaterales de las autoridades, bajo alternativa de iniciarse contra éstas los procedimientos y las acciones de responsabilidad por la función pública y sin perjuicio de las reclamaciones que puedan interponer los afectados ante la Superintendencia de Servicio Civil.

II. Excepcionalmente, por motivos fundados y de acuerdo a Reglamento, la máxima autoridad ejecutiva de las entidades sujetas al ámbito de aplicación de la presente Ley, podrá disponer el retiro de un funcionario de carrera, debiendo informar expresamente tal decisión en forma inmediata, a la Superintendencia del Servicio Civil.

III. En el caso previsto en el numeral II del presente artículo, el cargo del funcionario de carrera podrá ser única y exclusivamente reemplazado mediante convocatoria interna y externa de personal realizada por la Superintendencia del Servicio Civil, en un plazo no mayor a 90 días computables a partir de recibida la información.

 

ARTICULO 45 (REMISIÓN).- Las disposiciones previstas en el presente Capítulo deberán ser reglamentadas en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal y en las respectivas disposiciones reglamentarias de cada entidad.

TITULO IV

RÉGIMEN LABORAL

CAPITULO I

JORNADA LABORAL

 

ARTICULO 46 (HORARIO DE TRABAJO).- El horario de trabajo de os servidores públicos se establecerá conforme a reglamentación especial determinada para cada Sistema de Organización Administrativa.

 

ARTICULO 47 (PERMISOS).- Los servidores públicos podrán gozar de permisos para ausentarse de sus trabajos para fines personales u oficiales, previa autorización expresa y conforme a las previsiones establecidas en as Normas Básicas de Administración de Personal y reglamentos internos de las entidades sujetas al ámbito de aplicación del presente Estatuto.

 

ARTICULO 48 (LICENCIAS).- Los servidores públicos tendrán derecho al goce y uso de licencias, con derecho a percibir el 100% de sus remuneraciones y sin cargo a vacaciones, en las siguientes casos:

a)Asistencia a becas y cursos de capacitación, conforme al reglamento de cada Sistema de Organización Administrativa.

b)Por matrimonio: 3 días hábiles, previa presentación del certificado de inscripción y señalamiento de fecha expedida por el Oficial de Registro Civil.

c)Por fallecimiento de padres, cónyuges, hermanos o hijos: 3 días hábiles, debiendo el servidor público presentar la documentación pertinente dentro de los siguientes cinco días hábiles de ocurrido el suceso.

CAPITULO II

VACACIONES

 

ARTICULO 49 (DERECHO A VACACIÓN).-

I. Los servidores públicos, tendrán derecho a una vacación anual, en relación a la antigüedad, conforme a la siguiente escala:

- De un año y un día hasta cinco años de antigüedad, 15 días hábiles.

- De cinco años y un día hasta diez años de antigüedad, 20 días hábiles.

- De diez años y un día o más, 30 días hábiles.

II. El Poder Ejecutivo podrá establecer un cronograma y un régimen de vacaciones colectivas mediante reglamentación especial.

III. El régimen de vacaciones de los servidores públicos de las carreras administrativas de los servicios de salud y del Poder Judicial, así como de la carrera docente del servio de educación pública, se regulará de acuerdo a sus disposiciones legales específicas.

 

ARTICULO 50 (RÉGIMEN DE VACACIONES).- La vacación no será susceptible de compensación pecunaria y deberá ser obligatoriamente utilizada por el servidor público. No será permitida la acumulación de vacaciones por más de dos gestiones consecutivas.

CAPITULO III

REMUNERACIONES

 

ARTICULO 51 (BASES GENERALES).- Las bases que orientan la retribución de los servidores públicos, se fundan en los siguientes aspectos:

a)Periodicidad y oportunidad de la retribución.

b)Inembargabilidad de la remuneración, dentro de los límites establecidos por la legislación aplicable.

c)Prohibición de deducciones a las remuneraciones, destinadas a parcialidades o intereses políticas, así sean éstas solicitadas por los mismos servidores públicos.

d)Valoración de la remuneración tomando en cuenta situaciones referidas al entorno y condiciones en las cuales desempeñen sus actividades.

e)Prescripción bienal, a favor del Estado, de las remuneraciones no cobradas.

f)Prohibición de pago de días no trabajados.

g)Derecho a la percepción de un aguinaldo de navidad equivalente a un salario mensual o duodécimas correspondientes.

CAPITULO IV

REGLAMENTACIÓN

 

ARTICULO 52 (REGLAMENTACIÓN).- El Organo Rector del Sistema de Administración del Personal, propondrá al Poder Ejecutivo, en un plazo no mayor a seis meses a partir de la publicación de esta Ley, para su vigencia mediante Decreto Supremo, las normas reglamentarias referidas al Régimen Laboral previstos en el presente Titulo.

TITULO V

DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS

CAPITULO UNICO

 

ARTICULO 53 (DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS).- Todos los servidores públicos, cualquiera sea su condición, jerarquía, calidad o categoría, están obligados a prestar declaración expresa sobre los bienes y rentas que tuvieren a momento de iniciar su relación laboral con la administración.

Durante la vigencia de la relación laboral del servidor con la administración y aún al final de la misma, cualquiera se la causa de terminación, las declaraciones de bienes y rentas de éstos, podrán ser, en cualquier momento, objeto de verificación. Al efecto, los servidores públicos, prestarán declaraciones y actualización periódicas conforme a reglamentación expresa.

 

ARTICULO 54 (PRINCIPIOS).- Las declaraciones juradas de bienes y rentas deberán observar los principios de universalidad, obligatoriedad, periodicidad y transparencia.

Las declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios públicos electos, designados, de libre nombramiento y aquellos de carrera especialmente determinados conforme a Reglamento, estarán además sometidos al principio de publicidad, pudiendo incluso el Organo Rector del Sistema de Control Gubernamental, a efectos de verificación, solicitarles nuevas declaraciones juradas sobre sus bienes y rentas hasta un año después de haber determinado su vinculación con la Administración.

 

ARTICULO 55 (DELEGACIÓN Y REGLAMENTACIÓN).- La Contraloría General de la República, como Organo Rector del Sistema de Control Gubernamental, ejercerá la atribución de dirigir y controlar un Sistema de Declaración de Bienes y Rentas para todo el sector público.

La Contraloría General de la República propondrá al Poder Ejecutivo, para su vigencia mediante Decreto Supremo, la reglamentación relativa al Sistema de Declaración de Bienes y Rentas y a las atribuciones que, conforme a la delegación conferida mediante este Estatuto, le corresponda ejercer.

TITULO VI

CAPITULO I

DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

 

ARTICULO 56 (NOCIÓN).- El Sistema de Administración de Personal es el conjunto de normas, principios y procedimientos sistemáticamente ordenados, que permiten la aplicación de las disposiciones en materia de la función pública previstas por la Constitución Política del Estado, el presente Estatuto, la Ley de Administración y Control Gubernamentales, y las disposiciones reglamentarias aplicables.

El Sistema de Administración de Personal se ejerce y desarrolla a través del Organo Rector y por las entidades públicas comprendidas en el ámbito de aplicación del presente Estatuto, de acuerdo a las Normas Básicas de Administración de Personal, reglamentos básicos y normas secundarias o especializadas.

 

ARTICULO 57 (ORGANO RECTOR).- El Ministerio de Hacienda de conformidad con el Artículo 24 de la Ley No. 1788, de 16 de septiembre de 1997, ejerce las funciones de Organo Rector del Sistema de Administración de Personal, según se describen en el Artículo 20 de la Ley No. 1178.

CAPITULO II

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIO CIVIL

 

ARTICULO 58 (SUPERINTENDENCIA DE SERVICIO CIVIL).-

I. Se crea la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIO CIVIL con domicilio en la ciudad de La Paz y como persona jurídica de derecho público, con jurisdicción nacional que ejerce sus atribuciones con autonomía técnica, operativa y administrativa, bajo la tuición del Ministerio de Hacienda, cuyo objetivo es supervisar el régimen y gestión de la carrera administrativa en las entidades públicas comprendidas en el ámbito de aplicación del presente Estatuto, velando por la aplicación de los principios de eficiencia y eficacia en la función pública, el logro de resultado por al gestión, la dignidad y los derechos de los servidores públicos.

II. La tuición que ejerce el Ministerio de hacienda sobre la Superintendencia de Servicio Civil comprende únicamente los alcances establecidos por los incisos a) y b) del Artículo 27 de la Ley No. 1178.

III. El presupuesto de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIO CIVIL será consignado anualmente en el Presupuesto General de la Nación.

Para su financiamiento, todas las entidades públicas sujetas al ámbito de aplicación de la presente Ley, deberán presupuestar anualmente una transferencia corriente de recursos por un monto no mayor al 0,4% de su masa salarial aprobada para cada gestión fiscal, a favor de la Superintendencia del Servicio Civil.

En ningún caos la sumatoria de las transferencias presupuestadas por las entidades públicas deberán superar el monto total de Presupuesto presentado por la superintendencia del Servicio Civil, justificado en su Programación Operativa Anual, debiendo ajustarse el porcentaje de las transferencias hasta cubrir dicho monto.

 

ARTICULO 59 ( SUPERINTENDENTE, REQUISITOS).- La Superintendencia de Servicio Civil estará dirigida y representada por un Superintendente General que será designado por el Presidente de la República, de terna propuesta por dos tercios del total de los Miembros del Senado.

Para ser designado Superintendente General, se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

a)Ser boliviano de origen.

b)No haber sido condenado a pena corporal, salvo rehabilitación concedida por el Senado, ni tener pliego de cargo o auto de culpa ejectuoriado, ni estar comprendido en los casos de exclusión e incompatibilidades establecidas por Ley.

c)Tener diez años de experiencia profesional.

 

ARTICULO 60 (PERÍODO DE FUNCIONES, JUZGAMIENTO E INCOMPATIBILIDADES).-

I. El Superintendente General tendrá un período de funciones de seis años, pudiendo ser reelegido solamente después de transcurrido un período similar al ejercicio de sus funciones.

II. Sólo podrá ser suspendido previo Auto de Procesamiento Ejecutoriado y destituido previa sentencia condenatoria ejecutoriada, dentro de un proceso de caso de corte, por responsabilidad inherente al ejercicio de sus funciones.

III. La función del Superintendente General es incompatible con el ejercicio de cualquier otra función pública o privada, con excepción de la docencia universitaria.

 

ARTICULO 61 (ATRIBUCIONES). Son atribuciones del Superintendente General de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIO CIVIL.-

a)Conocer y resolver los recursos jerárquicos planteados por aspirantes a funcionarios de carrera, o funcionarios de carrera públicos, relativos a controversias sobre ingreso, promoción o retiro de la función pública, o aquellos derivados de procesos disciplinarios, en el marco del presente Estatuto y las disposiciones reglamentarias aplicables.

b)Proponer, Organo Rector del Sistema de Administración de Personal, normas y reglamentos básicos para el Sistema de Administración de Personal.

c)Supervisar y vigilar, la implantación gradual de la Carrera Administrativa, pudiendo remitir, en su caso, informes a la Contraloria General de la República para su fiscalización mediante auditorías especiales.

d)Vigilar el proceso de transición para la aplicación plena del presente Estatuto.

e)Mantener el registro de la información relativa al ingreso, evaluación, permanencia, movilidad y retiro de los funcionarios de carrera, en coordinación con el Organo Rector.

f)Realizar convocatorias internas y externas e personal para el caso establecido en el Artículo 43 del presente Estatuto, salvo que se trate de su propio personal, en cuyo caso las convocatorias deberán ser realizadas por el Organo Rector del Sistema de Administración de Personal.

g)Promover, en el ámbito del Sistema de Administración de Personal, el control gubernamental a través del fortalecimiento del control interno y auditorías externas.

h)Promover, en las entidades sujetas a su competencia, la adopción de Códigos de Etica.

i)Coordinar, con los Organos Rectores de los Sistemas de Organización Administrativa, de Administración de Personal y de Presupuesto, la determinación de los limites máximos, del número y presupuesto asignado para los funcionarios de libre nombramiento.

 

j)Regular la índole, oportunidad y costo de los presentes obsequios que legítimamente pudieran recibir los servidores públicos.

k)Certificar y autorizar a las entidades privadas especializadas que puedan prestar servicios de selección de personal a entidades del sector público.

l)Supervisar la correcto aplicación de los procedimientos de evaluación de desempeño que realicen las entidades públicas sobre sus funcionarios de carrera.

m)Informar al interior de la administración pública y a la sociedad en general sobre los procedimientos y políticas de personal que deben observarse por parte de los funcionarios y autoridades de la administración pública.

n)Otorgar asistencia técnica a las entidades del sector público para la correcta interpretación y aplicación del presente Estatuto y de sus normas complementarias.

o)Promover y supervisar la implementación de programa de capacitación.

 

ARTICULO 62 (RESOLUCIÓN DE RECURSOS JERÁRQUICOS).-

I. La competencia de la Superintendencia de Servicio Civil para conocer y resolver los recursos jerárquicos, está limitada a los casos en los que previamente se hayan agotado los procedimientos de reclamación ante las correspondientes entidades, conforme a Reglamento.

II. Las decisiones emitidas por la Superintendencia de Servicio Civil son definitivas y no admiten, en la vía administrativa, recurso ulterior alguno, salvo el contenciosos administrativo.

 

ARTICULO 63 (RESOLUCIÓN DE RECURSOS JERÁRQUICOS).- La organización estructura interna y procedimiento administrativo aplicables por la Superintendencia de Servicio Civil, serán aprobados mediante disposiciones reglamentarias.

 

ARTICULO 64 (RESPONSABILIDAD).- El Superintendente General de la Superintendencia de Servicio Civil es responsable por el desempeño de sus funciones, en el marco de lo previsto por el Régimen de Responsabilidad por la Función Pública de la Ley No. 1178.

CAPITULO IV

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS

 

ARTICULO 65 (OBJETO).- Se establece un procedimiento administrativo par la tramitación de reclamos únicamente referidos a situaciones relativas al ingreso, promoción y retiro de la Carrera Administrativa y a aquellos derivados de procesos disciplinarios.

 

ARTICULO 66 (PROCEDIMIENTO).- Las decisiones referidas al ingreso, promoción y retiro a la carrera administrativa, podrán ser impugnadas mediante un recurso de revocatoria interpuesto ante la misma autoridad que hubiese dictado la decisión impugnada.

Las resoluciones denegatorias de los recursos de revocatoria pronunciadas por autoridad administrativa correspondiente, podrán ser impugnadas en recurso jerárquico ante el Superintendente de Servicio Civil, quien se pronunciará mediante resolución administrativa en única y última instancia, sin lugar a recurso administrativo ulterior salvo el contencioso administrativo.

 

ARTICULO 67 (REGLAMENTACIÓN).- Los procedimientos que regulen los recursos señalados precedentemente, se sujetarán a los plazos, términos, condiciones y requisitos, señalados por normas procesales aplicables que deberán elaborarse por el Organo Rector, que las propondrá al Poder Ejecutivo para su aprobación mediante Decreto Supremo.

TITULO VII

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

 

ARTICULO 68 (SISTEMAS DE CARRERA EN FUNCIONAMIENTO).- Aquellas entidades que, de acuerdo con la naturaleza de sus actividades y organización administrativa, deberán regirse conforme a los principios y bases enunciados en el presente Estatuto.

Las modalidades, plazos y condiciones para esta adecuación serán dispuestos reglamentariamente.

 

ARTICULO 69 (TRATAMIENTO PARA EL PERSONAL DE ENTIDADES PUBLICAS AUTÓNOMAS, AUTARQUICAS Y DESCENTRALIZADAS).-

I. Los servidores Públicos dependientes de las entidades públicas, autárquicas y descentralizadas, cuyas actividades se regulen por disposiciones legales o estatutarias singulares amparadas por la Ley General del Trabajo, que estuviesen prestando servicios en las mencionadas entidades hasta la fecha de vigencia de la presente Ley, seguirán sujetos a dicho régimen laboral.

II. Los nuevos servidores públicos que se incorporen a las entidades públicas anteriormente indicadas, en fecha posterior a la vigencia de la presente Ley, se sujetarán a las previsiones contenidas en las disposiciones estatutarias y normas específicas de cada entidad.

III. Los Servidores Públicos dependientes de las entidades públicas, autárquicas y descentralizadas, cuya actividad no se regule por disposiciones legales o estatutarias singulares amparadas por la Ley General del Trabajo, cualquiera haya sido su forma de ingreso a dichas entidades, se sujetarán a las previsiones contenidas en el presente Estatuto.

 

ARTICULO 70 (INCORPORACIÓN A LA CARRERA).-

I. Serán condicionados funcionarios de carrera aquellos servidores público que, en la fecha de vigencia del presente Estatuto, se encuentren comprendidos en las siguientes situaciones

a)Desempeño de la función pública en la misma entidad, de manera ininterrumpida por cinco o más años, independientemente de la fuente de su financiamiento, salvo lo dispuesto en el inciso b) del presente Artículo.

b)Desempeñen o de funciones en la misma entidad, de manera ininterrumpida por siete años o más para funcionarios que ocupen cargos del máximo nivel jerárquico de la carrera administrativa independientemente de la fuente de su funcionamiento.

c)Los que actualmente formen parte de una carrera administrativa establecida.

d)Aquellos que actualmente desempeñen una función pública y hubiesen sido incorporados a través del Programa de Servicio Civil, dependiente del Ministerio de Hacienda.

II. Las entidades públicas que hayan conducido procesos de incorporación de personal durante los últimos cinco años, a través de convocatorias públicas competitivas y evaluación de méritos acordes a los principios previstos en la presente Ley, podrán solicitar la convalidación de dichos procesos ante la Superintendencia de Servicio Civil, la misma que, previa evaluación, podrá otorgar el carácter de funcionarios de carrera al personal incorporado mediante dichos procesos.

III. Para efectos del cumplimiento de los parágrafos I y II, sólo podrán ser incorporados a la carrera administrativa aquellos dependientes que presente renuncia voluntaria a su cargo y sean liquidados de acuerdo al régimen laboral a que tengan derecho, quedando sujetos al presente Estatuto y sus disposiciones reglamentarias, manteniendo su antigüedad únicamente para efectos de calificación de años de servicio.

 

ARTICULO 71 (CONDICIÓN DE FUNCIONARIO PROVISORIO).- Los servidores públicos que actualmente desempeñen sus funciones en cargos correspondientes a la carrera administrativa y cuya situación no se encuentre comprendida en el artículo precedente, serán considerados funcionarios provisorios, que no gozarán de los derechos a los que hace referencia el Numeral II del Articulo 7 de la presente Ley.

El Poder Ejecutivo programará, en el ámbito de su competencia, la sustitución gradual de los funcionarios provisorios por funcionarios de carrera, mediante la implementación de programas de desarrollo institucional.

 

ARTICULO 72 ( REGLAMENTACIÓN Y REVISIÓN DEL D.S. 23318-A).- El Organo Rector del Sistema de Control Gubernamental propondrá al Poder Ejecutivo, para su vigencia mediante Decreto Supremo, la Reglamentación y revisión de los procedimientos que regulan los proceso internos consignados en el D.S. 23318 – A. en un plazo no mayor de seis meses a partir de la publicación de la presente Ley.

 

ARTICULO 73 (ACTUALIZACION).- El Organo Rector del Sistema de Administración de Personal queda encargado de actualizar conforme a este Estatuto, las disposiciones contenidas en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal.

 

ARTICULO 74 (PRESUPUESTO PARA LA SUPERINTENCENCIA DE SERVICIO CIVIL).- El Ministerio de Hacienda asignará las partidas presupuestarais requeridas, para la conformación y funcionamiento de la Superintendencia de Servicio Civil, mediante la resignación de partidas disponibles para unidades existentes que cumplan tarea afines a las previstas en el presente Estatuto hasta que se hagan efectivas la transferencias a que se hace referencia en el artículo 58 de la presente Ley.

 

ARTICULO 75 (ALCANCE DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA).- Salvo lo expresamente señalado en las leyes reguladoras de las entidades públicas comprendidas en el ámbito de aplicación del presente Estatuto, la carrera administrativa establecida en esta Ley se aplicará a los cargos públicos comprendidos desde su cuarto nivel jerárquico, inclusive, en línea descendente.

 

ARTICULO 76 (DESARROLLO REGLAMENTARIO).- El Poder Ejecutivo, mediante Decreto Supremo, reglamentará la presente Ley.

 

ARTICULO 77 (VIGENCIA).- La presente Ley entrará en vigencia plena a los seis meses de su publicación, sin embargo, toda nueva incorporación de personal en las entidades públicas, deberá sujetarse a las disposiciones previstas en el presente Estatuto.

Pase al Poder Ejecutivo para fines constitucionales.

Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional, a los veintidós días del mes de octubre de mil novecientos noventa y nueve años.

Fdo. Leopoldo Fernández Ferreira, Hugo Carvajal Donoso, Gonzalo Molina Ossio, Roberto Caballero Oropeza, Verónica Palenque Yanguas, Jorge Sensano Zárate.

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley de la República.

Palacio de Gobierno de la Ciudad de La Paz, a los veintisiete días del mes de octubre de mil novecientos noventa y nueve años.

FDO. HUGO BANZER SUARES. Franz Ondarza Linares, Herbert Muller Costas, Juán Antonio Chahín Lupo, Luis Vásquez Villamor.

 

REGLAMENTO A LA LEY Nº 2027, DEL ESTATUTO DEL FUNCIONARIO PUBLICO

TITULO PRELIMINAR

TITULO I

CAPITULO I

OBJETO

 

ARTICULO 1°.- OBJETO

El presente Reglamento a la Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario Público tiene por objeto precisar el ámbito de su aplicación y normas especiales, régimen laboral de los servidores públicos de la carrera administrativa y régimen de transición de las carreras administrativas de las entidades públicas, autónomas, autárquicas y descentralizadas observando para el efecto las disposiciones legales específicas que regulan la actividad de las entidades enunciadas en el Parágrafo III del artículo 3 de la Ley.

CAPITULO II

AMBITO DE APLICACION DEL ESTATUTO DEL FUNCIONARIO PUBLICO

 

ARTICULO 2°.- ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

Las normas contenidas en el Estatuto del Funcionario Público y en el presente Reglamento son de uso y aplicación obligatoria para todos los servidores del sector público, independientemente de la fuente de su remuneración, tales como la Presidencia y Vice Presidencia de la República, los Ministerio de Estado, la Contraloría General de la República, las Cortes Electorales, el Banco Central de Bolivia, las Superintendencias de Bancos y de Seguros, las Prefecturas y otras instituciones, organismos y empresas del Estado.

CAPITULO III

CARRERA ADMINISTRATIVA DE ENTIDADES CON LEGISLACION ESPECIAL

 

ARTICULO 3°.- ENTIDADES CUYAS CARRERAS ADMINISTRATIVAS SE ENCUENTRAN SUJETAS A LEGISLACION

Los servidores públicos de las carreras administrativas de las entidades autónomas, autárquicas y descentralizadas, que por la naturaleza de sus actividades y organización administrativa se encuentran sujetos a la carrera administrativa propia regulada por su legislación especial, las mismas se mantendrán, en su origen específico de conformidad al parágrafo III del artículo 3 de la Ley Nº 2027.

 

ARTICULO 4°.- CARRERA ADMINISTRATIVA DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES

En virtud del artículo 200 de la Constitución Política del Estado, que regula la autonomía Municipal, la Carrera Administrativa de los Gobiernos Municipales se rige por su Ley especial contenida en la Ley de Municipalidades Nº 2028 de fecha 28 de octubre de 1999

 

ARTICULO 5°.- CARRERA ADMINISTRATIVA DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS

De conformidad al artículo 185 de la Constitución Política del Estado las Universidades Públicas son autónomas, en consecuencia la Carrera Administrativa de las Universidades Públicas se rige por el Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana, Reglamento Interno del Personal Administrativo, Reglamento General de Docencia y otras disposiciones conexas.

 

ARTICULO 6°.- CARRERA ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL

Por mandato del artículo 116 de la Constitución Política del Estado, el Poder Judicial es autónomo; por tanto la carrera judicial y administrativa del Poder Judicial se rige por la Ley de Organización del Poder Judicial Nº 1455 de 18 de febrero de 1993 y la Ley del Consejo de la Judicatura Nº 1817 de 22 de diciembre de 1997.

 

ARTICULO 7°.- CARRERA ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO PUBLICO

La Carrera Administrativa del Ministerio Público se rige por la Ley Nº 1469 de 19 de febrero de 1993.

 

ARTICULO 8°.- CARRERA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO EXTERIOR Y EL ESCALAFON DIPLOMATICO

La carrera administrativa del servicio exterior y del escalafón diplomático, se rige por la Ley del Servicio de Relaciones Exteriores y sus reglamentos específicos.

 

ARTICULO 9°.- CARRERA ADMINISTRATIVA DEL MAGISTERIO PUBLICO

La Carrera Administrativa en el Magisterio Público se rige por la Ley de Reforma Educativa, Código de la Educación Nº 1565 de 7 de julio de 1994. Reglamento de Escalafón Nacional del Servicio de Educación y demás normas especiales conexas.

 

ARTICULO 10°.- SERVIDORES PUBLICOS DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL

De conformidad al artículo 3 parágrafo III de la Ley 2027, los Servidores Públicos de Salud Pública y Seguridad Social se rigen por: La Constitución Política del Estado, el Estatuto del Médico Empleado, el Código de Seguridad Social y su respectivo Reglamento, el Reglamento de Concurso de Méritos y Examen de Competencia, el Estatuto de las Sociedades Médico–Científicas, el Reglamento de Especialidades y el Código de Etica Médica, amparados en el Decreto Supremo Nº 9944 de fecha 1º de octubre de 1971, Resolución Suprema Nº 202740 de 17 de agosto de 1987, que regula y aprueban su plena vigencia, el reglamento de escalafón y categoría Médico Nacional aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 125/97, las que incluyen también a los médicos y ramas afines que trabajan en las Cajas de Salud y Resolución Suprema Nº 216322 de 12 de octubre de 1995.

El Servicio de Salud Pública y Seguridad Social, está compuesto por los médicos y todas las especialidades médicas, Odontólogos, Bioquímicos – Farmacéuticos, Licenciados en Enfermería, Licencias en Nutrición y Dietética, Trabajadores en Salud y Trabajadores en Seguridad Social.

Los trabajadores del sistema de seguridad social están sujetos a las disposiciones legales del Código de Seguridad Social, la Ley General del Trabajo y demás disposiciones conexas.

Las normas de la Ley General del Trabajo serán aplicables siempre que se encuentren reconocidas por la propia legislación de las entidades citadas en este artículo.

 

ARTICULO 11°.- FUERZAS ARMADAS Y POLICIA NACIONAL

Los servidores que prestan servicios en las Fuerzas Armadas de la Nación y la Policía Nacional, se sujetarán solamente al Capítulo III del Título II y al Título V de la Ley del Estatuto del Funcionario Público, referidos en forma enunciativa a la Etica Pública y a la Declaración de Bienes y Rentas.

TITULO II

SERVIDOR PUBLICO

CAPITULO I

 

ARTICULO 12°.- CLASES DE SERVIDORES

Entre los servidores públicos se distinguen:

Funcionarios Electos: EL Presidente y Vicepresidente de la República, Diputados y Senadores, Alcaldes, Concejales y Agentes Municipales son elegidos en votación universal, directa, libre y secreta por el período que establece la Constitución Política del Estado.

Funcionarios Designados: Son funcionarios designados los Ministros de Estado, nombrados por el Presidente de la República mediante Decreto Presidencia, los Viceministros y los Directores Generales y los Directores de los Servicios Nacionales nombrados por Resolución Suprema. De igual manera los Prefectos, que son nombrados directamente por el Presidente de la República y los Subprefectos y Corregidores, que se subordinan al Prefecto.

El Fiscal General de la República, Contralor General de la República, Superintendentes y Presidentes de las entidades autónomas, autárquicas y descentralizadas en las cuales tiene intervención el Estado, así como los funcionarios diplomáticos y consulares.

También sin funcionarios designados los Ministros Vocales y Jueces del Poder Judicial, los Magistrados del Tribunal Constitucional y los Consejeros de la Judicatura, elegidos de acuerdo a la Constitución Política del Estado, Ley de Organización Judicial, Ley del Tribunal Constitucional y la Ley del Consejo de la Judicatura.

Todos estos funcionarios designados, no están sujetos a las disposiciones relativas a la Carrera Administrativa reguladas por el Estatuto del Funcionario Público y el presente Reglamento.

Funcionarios de Libre Nombramiento: Son aquellas personas designadas por la máxima autoridad ejecutiva de una entidad pública para realizar funciones administrativas y técnico – especializadas para los funcionarios electos y designados, sus atribuciones y el presupuestos asignado, serán determinados por el Sistema de Administración de Personal en forma coordinada con los Sistemas de Organización Administrativa y de Presupuesto.

Son funcionarios de libre nombramiento los Asesores Generales, los Coordinadores Generales, Jefes de Gabinete, Oficiales Mayores, Secretarios Privados, Ayudantes y personal de confianza nombrados por la máxima autoridad ejecutiva y el personal nombrado directamente por el Presidente de la República.

Los funcionarios de libre nombramiento no están sujetos a las disposiciones relativas a la Carrera Administrativa reguladas por el Estatuto y el presente Reglamento.

Funcionarios de Carrera: Son aquellas personas que forman parte de la administración pública que ocupan puestos previstos en la estructura orgánica de la institución, de acuerdo al proceso de dotación de personal, desempeñando sus funciones conforme a las disposiciones de la carrera administrativa establecidas por el Estatuto y el presente Reglamento.

Funcionarios Interinos: Son personas individuales contratadas por un período no mayor a 90 días para cubrir puestos vacantes de la estructura institucional o para resolver alguna necesidad emergente con duración definida, siempre y cuando esas funciones no puedan ser realizadas por los servidores regulares de la institución conforme al Estatuto y disposiciones reglamentarias. En ningún caso, los funcionarios interinos podrán constituirse de manera automática en funcionarios de carrera.

CAPITULO II

DERECHOS DEL SERVIDOR PUBLICO

 

ARTICULO 13°.- DERECHOS

Con la finalidad de precautelar el ejercicio efectivo de los derechos de los servidores públicos contenidos en la Ley del Estatuto del Funcionario Público, las entidades públicas deberán contemplar expresamente en su reglamentación interna lo siguiente:

El desempeño de funciones en un ambiente laboral, adecuado, seguro, armónico y justo, en el cual se respete su dignidad personal; asimismo, deberá contar con los recursos materiales necesarios para el cumplimiento de las funciones que ejerce, orientadas al logro de los objetivos de servicio a la colectividad.

EL goce de vacaciones, licencias, permisos y otros beneficios, por enfermedad, matrimonio y otras causas establecidas por Ley y el presente Reglamento.

Prestaciones de salid en el marco de la Seguridad Social, encontrándose protegidos tanto el servidor público como sus dependientes en lo que corresponde, de las contingencias de enfermedad, maternidad y riesgos profesionales.

Seguro social a largo plazo pensiones de invalidez de jubilación, así como a preservar los beneficios de sus derecho habientes en el régimen de supervivencia.

Tolerancia de dos horas diarias, para profesores y estudiantes universitarios y de instituciones superiores.

 

ARTICULO 14°.- DERECHOS DE LOS FUNCIONARIOS DE CARRERA

Los funcionarios de carrera, sin perjuicio del goce de los derechos fundamentales antes referidos, adicionalmente podrán: Impugnar, mediante el recurso de revocatoria y jerárquico cuando corresponda, las decisiones administrativas referidas a su ingreso, promoción o retiro, o aquellas que deriven de procesos disciplinarios, en los plazos, términos, condiciones y requisitos señalados por las normas procesales especiales que se dicten al efecto.

CAPITULO III

DEBERES DEL SERVIDOR PUBLICO

 

ARTICULO 15°.- DEBERES

A efectos de asegurar el cumplimiento de los deberes de los servidores públicos establecidos en la Ley 2027, las entidades públicas, deberán considerar en su reglamentación interna lo siguiente:

El cumplimiento de las prescripciones contenidas en la Ley del Estatuto del Funcionario Público y el presente Reglamento.

El desempeño de funciones con eficacia, economía, eficiencia, transparencia y licitud.

El cumplimiento de órdenes, determinaciones y comisiones asignadas por le superior jerárquico, siempre que las mismas no contravengan el ordenamiento jurídico vigente.

Atención de los requerimientos de los administrados con prontitud, celeridad y oportunidad.

Las entidades mediante procedimientos internos solicitarán la declaración respecto al grado de parentesco o relación matrimonial que tuvieren con otros servidores públicos electos o designados en la administración pública, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, a los efectos del artículo 8 inc. k) de la Ley.

 

ARTICULO 16°.- INCUMPLIMIENTO DE DEBERES

El incumplimiento de los deberes señalados precedentemente y la infracción de las prohibiciones establecidas en el Estatuto del Funcionario Público, genera las responsabilidades previstas en la Ley Nº 1178, Decreto Supremo Nº 23318-A y Ley Nº 2027.

CAPITULO IV

INCOMPATIBILIDADES

 

ARTICULO 17°.- INCOMPATIBILIDADES

Los servidores públicos se sujetarán a las siguientes incompatibilidades:

Ejercer más de una actividad remunerada en la Administración Pública en general. La inobservancia genera responsabilidad administrativa y civil, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 20928 de 18 de julio de 1985, como uso indebido de fondos, con excepción de las establecidas por Ley.

Realizar negocios o celebrar contratos privados estrechamente relacionados con el desempeño de sus tareas en la función pública, la inobservancia genera responsabilidad administrativa, civil y penal.

TITULO III

REGIMEN LABORAL

CAPITULO I

JORNADA LABORAL

 

ARTICULO 18°.- JORNADA DE TRABAJO

I. La jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el servidor público se encuentra a disposición y al servicio de la entidad donde ejerce sus funciones, a dedicación exclusiva con el fin de cumplir la prestación laboral estipulada y exigible. La jornada de trabajo está regulada por las horas de entrada y salida que determine la entidad en su Reglamento Interno de acuerdo a sus necesidades específicas.

II. Para efectos del refrigerio se establece 1 hora de 12:30 a 13:30 por una sola vez al día sin suspensión de actividades y de acuerdo a un estricto rol de turnos considerando el número de servidores públicos de cada institución pública central y descentralizada, tiempo que debe ser imputable a la jornada laboral de horario continuo.

III. El Ministerio de Trabajo y Microempresa, normará los parámetros para determinar el horario continuo o discontinuo en las distintas reparticiones de la administración pública.

 

ARTICULO 19°.- PERMISOS

Todos los funcionarios pública, podrán gozar de permiso para realizar gestiones personales o de carácter oficial, por motivos debidamente justificados previa autorización del inmediato superior de manera expresa y por escrito, conforme los procedimientos señalados por los Reglamentos Internos de cada entidad.

 

ARTICULO 20°.- LICENCIAS

Todos los servidores públicos gozarán de licencia, con goce de su remuneración y sin cargo a vacaciones, en las siguientes situaciones:

Asistencia a cursos de capacitación, becas de estudios, seminarios de actualización y cursos de post-grado desarrollados conforme a los procesos y programas de capacitación dispuestos por las Normas Básicas del Sistema de Administración del Personal.

Por matrimonio, gozará de 3 días hábiles de licencia, cumpliendo previamente con la presentación de la Certificación de Inscripción expedida por el Oficial de Registro Civil que acredite la fecha de realización del Matrimonio.

Por fallecimiento de padres, cónyuge, hermanos o hijos, gozará de 3 días hábiles de licencia, con la obligación de presentar el Certificado de Defunción pertinente, dentro de los 5 días hábiles siguientes de acaecido el suceso.

Por nacimiento de hijos, gozará de 2 días hábiles de licencia con la obligación de presentar el certificado correspondiente.

Por enfermedad o invalidez se otorgará de acuerdo con el régimen de seguridad social, y se justificará con el parte de baja respectivo.

Para la resolución de asuntos de índole personal se otorgarán 2 días hábiles fraccionadas, en el transcurso de 1 año, las mismas que no podrán ser consecutivas ni anteriores o posteriores a las vacaciones y feriados.

 

ARTICULO 21°.- TOLERANCIA PARA DOCENTES, ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Y DE POST-GRADO

I. Los servidores públicos que ejerzan la docencia en universidades públicas, privadas o institutos superiores, los que se encuentran realizando estudios universitarios o de post-grado, gozarán de una tolerancia máxima de dos horas diarias, con el goce total de sus remuneraciones, debiendo acreditar su inscripción, asistencia regular y vencimiento semestral o anual con la presentación de documentos originales. Este beneficio se suspenderá en los periodos de vacaciones de los centros de educación superior, por abandono o inasistencia reiterada a dichas instituciones de enseñanza y cuando se compruebe que el servidor público utiliza esa tolerancia en actividades ajenas a la enseñanza o estudios.

II. Para mantener la tolerancia de dos horas diarias, los estudiantes y universitarios en la gestión académica deberán presentar una certificación de las materias aprobadas en el periodo lectivo anterior y el certificado de inscripción en el nuevo periodo lectivo académico.

III. Para ejercer la docencia y gozar de la tolerancia establecida, deberán presentar el contrato suscrito con la universidad pública, privada o instituto superior, el mismo que establece la cátedra o curso que ejercerá, así como el horario y la modalidad establecida.

La tolerancia de dos horas diarias, deberán ser compensada con el trabajo de una hora diaria, encuéntrese en vigencia el horario continuo o discontinuo.

CAPITULO II

VACACIONES

 

ARTICULO 22°.- VACACION

La vacación o descanso anual constituye un derecho irrenunciable y de uso obligatorio a favor de todos los servidores públicos, cuya finalidad es garantizar la conservación de la salud física y mental del funcionario como requisitos indispensable para lograr eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus funciones de acuerdo a su antigüedad y a la escala establecida en el artículo 49 de la Ley del Estatuto del Funcionario Público.

 

ARTICULO 23°.- REGIMEN DE VACACIONES

Los servidores públicos se sujetarán a la siguientes previsiones:

I. El derecho a la vacación es irrenunciable y de uso obligatorio y no es susceptible de compensación pecuniaria.

II. La vacación no podrá ser acumulada por ningún motivo por más de dos gestiones consecutivas; cumpliendo el término, el derecho prescribe.

III. El servidor público antes de hacer uso de sus vacaciones, deberá dejar su trabajo en orden y al día.

 

ARTICULO 24°.- ROL DE VACACIONES

El Rol de vacaciones será elaborada bajo los siguientes lineamientos:

I. En la segunda quincena del mes de noviembre de cada gestión, el Director General de Asuntos Administrativos, o el Jefe de la Unidad de Personal de las entidades públicas, autónomas, autárquicas y descentralizadas, deberá elaborar un Rol General de Vacaciones correspondientes a la gestión siguiente, coordinando para el efecto las solicitudes de los servidores públicos con las necesidades de servicio y organización administrativa de la institución,. Dicho Rol será aprobado por la máxima autoridad ejecutiva y entrará en vigencia obligatoriamente, a partir del 1º de enero de la siguiente gestión.

II. El Rol establecido podrá ser modificado o reajustado, dentro de ciertos límites y de manera excepcional, únicamente por razones de mejor servicio u otras debidamente justificadas.

III. La modificación o reajuste se hará efectiva en un período no menor a los diez días entes de hacerse efectiva la vacación.

 

ARTICULO 25°.- REGULACION DE VACACIONES COLECTIVAS

El Ministerio de Trabajo y Microempresa, en el ámbito de su competencia, regulará el régimen de vacaciones colectivas si hubiese lugar y cuando corresponda a cuenta de la vacación anual que corresponda a cada servidor público, a cuyo efecto establecerá un cronograma en base al cual, cada entidad pública, determinará turnos garantizando el cumplimiento de objetivos institucionales y el normal funcionamiento de servicios públicos.

CAPITULO III

REMUNERACIONES

 

ARTICULO 26°.- DEFINICION

La remuneración es el pago en dinero que se otorga al servidor público por el desempeño real y efectivo de sus funciones, enmarcada en la escala salarial y las planillas presupuestarias aprobadas por la entidad y el Organo Rector del Sistema de Presupuesto, forman parte de la remuneración el sueldo (salario o haber básico) y otros pagos que por Ley corresponda.

 

ARTICULO 27°.- BASES GENERALES

Las bases que orientan la remuneración de los servidores públicos, son:

Justicia: El servidor público tendrá derecho a una remuneración justa, digna y equitativa acorde a las funciones que desempeña.

Periodicidad: El pago de remuneraciones a los servidores públicos no podrá exceder de 10 días de haberse cumplido el período mensual anterior, caso contrario se imputará responsabilidad al Directos de Asuntos Administrativos, salvo casos atribuibles a otras instancias u otras entidades las que asumirán esta responsabilidad.

Inembargabilidad: La remuneración es inembargable salvo en los casos de retención dispuesta por orden judicial de autoridad competente y sanción administrativa de acuerdo al D.S. 23318-A.

Descuentos indebidos: Todo servidor público solo responde a los intereses de la colectividad y no a la parcialidad ni partido alguno, por consiguiente no deberán efectuarse descuentos de las remuneraciones, a favor de partido político alguno, aun cuando el servidor hubiese consentido con los mismos. En caso de verificarse dichos cobros, serán calificadas como descuentos indebidos generándose la responsabilidad previstas por Ley.

Prescripción: Toda remuneración no cobrada durante dos años prescribe a favor del Estado, dicho plazo es computable desde que el servidor público ha dejado de ejercer ese derecho.

Prohibición: Queda expresamente prohibido el pago de una remuneración por los días que un servidor público no haya trabajado conforme a la naturaleza de su designación, salvo las excepciones establecidas por Ley y en el presente reglamento.

 

ARTICULO 28°.- AGUINALDO DE NAVIDAD

El pago de aguinaldos de Navidad se realizará de acuerdo a los siguientes lineamientos:

I. Los servidores públicos de las entidades públicas, autónomas, autárquicas y descentralizadas tienen derecho a percibir el Aguinaldo de Navidad, consistente en un sueldo que será determinado de acuerdo al promedio de las remuneraciones percibidas en el último trimestre del año, excluyendo las bonificaciones, gastos de representación, acumulaciones y todo otros beneficio que no constituya la remuneración propiamente dicha. Los que hubiesen ejercido sus funciones por un tiempo menor de un año, tienen derecho a percibir su Aguinaldo por duodécima correspondiente al mínimo de tres meses trabajados.

II. El Aguinaldo no es susceptible de embargo judicial, retención, compensación, renuncia, transacción ni descuento de ninguna naturaleza.

III. El Ministerio de Trabajo y Microempresa, en el mes de noviembre de cada año, establecerá la reglamentación para el pago de Aguinaldo de Navidad de todos los servidores públicos. Siendo responsables de su cumplimiento los Directores Generales de Asuntos Administrativos o los encargados del área administrativa salvo casos atribuibles a otras instancias administrativas.

TITULO IV

INCORPORACION A LA CARRERA ADMINISTRATIVA

CAPITULO UNICO

DERECHO Y CONDICIONES

ARTICULO 29°.- INCORPORACION A LA CARRERA ADMINISTRATIVA

Todo servidor público que ejerza funciones en la administración pública, tiene derecho a ser incorporado como funcionario de carrera, previo cumplimiento de las condiciones señaladas por la Ley del Estatuto del Funcionario Público y el presente Reglamento.

 

ARTICULO 30°.- CONDICIONES SUBSTANCIALES DE INCORPORACION A LA CARRERA

Los servidores públicos, para ser considerados como funcionarios de carrera administrativa, deberán cumplir con una de las siguientes condiciones substanciales al momento de la vigencia plena de la Ley del Estatuto del Funcionario Público:

Encontrarse en el ejercicio de la función pública de manera ininterrumpida por cinco o más años en la misma entidad, independientemente de la fuente de su remuneración.

Encontrarse en ejercicio pleno de funciones, de manera ininterrumpida, en la misma entidad por siete años o más para funcionarios que ocupen cargos de máximo nivel jerárquico de la carrera administrativa, independientemente de la fuente de su remuneración.

Los servidores públicos que se encuentren en el ejercicio pleno de sus funciones en aplicación del Servicio Civil dependiente del Servicio Nacional de Administración de Personal.

 

ARTICULO 31°.- CONDICIONES FORMALES

I. Los servidores públicos que cumplan las condiciones substanciales podrán ser incorporados a la carrera administrativa, cumpliendo previamente las siguientes condiciones formales:

Presentar renuncia voluntaria escrita a su cargo.

Obtener de la entidad pública, donde ejerce funciones, la liquidación de sus beneficios sociales de acuerdo al régimen laboral al que tuvieran derecho manteniendo su antigüedad únicamente para efectos de al calificación de años de servicio.

II. Los servidores públicos que presenten renuncia a su cargo para acceder a la carrera administrativa, continuarán en ejercicio de sus funciones, quedando sujetos a las disposiciones de la Ley del Estatuto del Funcionario Público y sus normas reglamentarias

III. Los servidores públicos que no presenten renuncia voluntaria, continuarán en funciones bajo las mismas condiciones originales en las que fueron contratados.

 

ARTICULO 32°.- CONVALIDACION DE PROCESOS DE CONVOCATORIA

Las entidades públicas que en los últimos cinco años anteriores a la vigencia de la Ley 2027, incorporaron a funcionarios, mediante procesos de convocatorias públicas competitivas y de evaluación, podrán solicitar a la Superintendencia de Servicio Civil. La convalidación de dichos procesos, instancia que podrá otorgar el carácter de funcionarios de carrera al personal incorporado bajo estas condiciones.

 

ARTICULO 33°.- TRATAMIENTO PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LAS ENTIDADES AUTARQUICAS Y DESCENTRALIZADAS

I. Los servidores públicos no comprendidos en los artículos 3 al 10 de este Reglamentos, dependiente de las entidades, autárquicas y descentralizadas, cuyas actividades se regulen por disposiciones legales o estatutarias amparadas por la Ley General del Trabajo que estuviesen prestando servicios hasta la fecha de vigencia plena la Ley Nº 2027, seguirán sujetos a dicho régimen laboral en tanto voluntariamente opten por su incorporación a la carrera administrativa.

II. Las entidades autárquicas y descentralizadas sujetas al ámbito de aplicación de la Ley 2027 deberán presentar un plan de adecuación de disposiciones legales estatutarias a la referida Ley a cuyo efecto deberán coordinar el mismo con el órgano rector

III. Los servidores públicos dependientes de las entidades pública, cuya actividad no regule por disposiciones legales o estatutarias amparadas por la Ley General del Trabajo, se sujetarán a las prohibiciones contenidas en la Ley del Estatuto del Funcionario Público.

 

ARTICULO 34°.- ALCANCE DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA

La carrera administrativa establecida en la Ley del Estatuto del Funcionario Público y sus disposiciones reglamentarias, se aplicarán a todos los servidores públicos cuyos cargos estén comprendidos desde el cuarto nivel jerárquico en línea descendente.

De conformidad a las previsiones contenidas del Decreto Supremo Nº 24855 de 22 de septiembre de 1997 “Reglamento a la Ley de Organización del Poder Ejecutivo”, el cuarto nivel jerárquico corresponde al Jefe de Unidad.

 

ARTICULO 35°.- VIGENCIA

El presente Reglamento entrará en vigencia conjuntamente la Ley del Estatuto del Funcionario Público.

TITULO V

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

CAPITULO I

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

 

ARTICULO 36°.- TRANSICION EN LA CONTRATACION DE SERVIDORES PUBLICOS

I. Los funcionarios incorporados a las entidades públicas hasta la vigencia de la Ley 2027 sin proceso de convocatorias públicas competitivas y evaluación de méritos, tendrá el carácter de funcionarios públicos provisorios. Por consiguiente dichos funcionarios no serán acreedores a los derechos contenidos en el numeral II del artículo 7 de la mencionada Ley. Sin embargo los funcionarios que se encuentren en esta situación podrán acceder a la carrera administrativa cumpliendo los requisitos de convocatoria y selección establecidos para el efecto.

II. Los funcionarios públicos que ingresaron mediante procesos de convocatoria pública una vez creada la Superintendencia del Servicio Civil deberán gestionar su convalidación e incorporación a la carrera administrativa.

III. Se exceptúa la aplicación del presente artículo a los servidores públicos de las instituciones comprendidas en los parágrafos III y IV del artículo 3 de la Ley 2027.

 

ARTICULO 37°.- COMPATIBILIZACION

El Organo Rector del Sistema de Administración de Personal queda encargado de la compatibilización del Reglamento Interno de las instituciones, adecuadas a la Ley del Estatuto del Funcionario Público y el presente Reglamento.

 

ARTICULO 38°.- EXCLUSIONES

Quedan excluidas de la aplicación de la Ley del Estatuto del Funcionario Público y el presente Reglamento, las Empresas Públicas que a continuación se detallan.

1.- ESTACIONES DE SERVICIO EN AEROPUERTO

2.- PLANTAS DE ALMACENAJE CARBURANTES Y POLIDUCTOS

3.- PLANTAS ENG. DE GAS LICUADO DE PETROLEO

4.- ESTACIONES DE SERVICIO DE CARBURANTES

5.- REDES DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL (GLP)

6.- EMPRESA DE CORREOS DE BOLIVIA (ECOBOL)

7.- SISTEMA ELECTRICO TRINIDAD (COSELEREC)

8.- EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA LARECAJA (E.D.E.L. S.A.M.)

9.- SISTEMA ELECTRICO COBIJA

10.- SERVICIO ELECTRICO POTOSI S.A. (S.E.P.S.A.)

11.- PLANTA DE ALIMENTACION BALANCEADOS DEL BENI

12.- PLANTA DE SILOS SACHOJERE

13.- HACIENDA SAN CARLITOS

14.- FABRICA DE CERAMICA ROJA CAMIRI S.A.M..

15.- FABRICA DE CERAMICA ROJA ROBORE S.A.M.

16.- SERVICIO ELECTRICO DE TARIJA (S.E.T.A.R.)

17.- INDUSTRIAS DE PAPEL SIDRAS

18.- COOPERATIVA ELECTRICA DE SUCRE

19.- ENFE RESIDUAL

20.- HACIENDA BLANCA FLOR

CAPITULO II

DISPOSICION FINAL

 

ARTICULO 39°.- DEROGACIONES

Quedan derogados los incisos b), c), d), e), f), g), h), i), l), ñ) y p) del artículo 15, artículo 19, y los incisos a), b), c), d), e), f), g), h) e i) del artículo 21 del Capítulo III y los Capítulos VII y VIII de la Ley de Carrera Administrativa aprobada por Decreto Ley Nº 11049 y todas las disposiciones contrarias a la presente norma legal.

Los señores Ministros de Estado, en los Despachos de Trabajo y Microempresa y Hacienda, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Reglamento.

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS.

Adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A (iii) del 10 de diciembre de 1948

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo texto completo figura en las páginas siguientes. Tras este acto histórico, la Asamblea pidió a todos los Países Miembros que publicaran el texto de la Declaración y dispusieran que fuera “distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la condición política de los países o de los territorios”.

PREÁMBULO

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derchos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana;

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la consciencia de la humanidad; y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en el que los seres humanos, liberados del temor y de las miseria, disfrutan de la libertas de palabra y de la libertad de creencias;

Considerando escencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión;

Considerando también escencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones;

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombresy mujeres; y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad;

Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidad, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre; y,

Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso;

 

ASAMBLEA GENERAL

 

proclama la presente

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS

Como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación,el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su voz, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.

 

Artículo 1.

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Artículo 2.

1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.

Artículo 3.

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 4.

Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.

Artículo 5.

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Artículo 6.

Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.

Artículo 7.

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

Artículo 8.

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.

Artículo 9.

Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

Artículo 10.

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

Artículo 11.

1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.

Artículo 12.

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

Artículo 13.

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.

Artículo 14.

1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.

2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

Artículo 15.

1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.

2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.

Artículo 16.

1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.

2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

Artículo 17.

1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.

2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Artículo 18.

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.

Artículo 19.

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Artículo 20.

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

Artículo 21.

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.

2. Toda persona tiene el derecho de accceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.

Artículo 22.

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

Artículo 23.

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.

Artículo 24.

Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.

Artículo 25.

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

Artículo 26.

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.

Artículo 27.

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

Artículo 28.

Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.

Artículo 29.

1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.

3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

Artículo 30.

Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.

CÓDIGO PROCESAL DEL TRABAJO

CÓDIGO PROCESAL DEL TRABAJO

(D.L. 16896 de 25 de julio de 1979)

LIBRO I. DE LA NATURALEZA DE LAS NORMAS OBJETIVAS EN MATERIA LABORAL

TÍTULO I

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO UNICO

DE LAS DISPOSICIONES PRELIMINARES

Art. 1º CÓDIGO PROCESAL DEL TRABAJO–REGULA.- El Código Procesal del Trabajo regulará los modos y las formas de tramitación y resolución de todos los asuntos relativos a las cuestiones laborales, cuyo conocimiento corresponde a la judicatura del Trabajo y de Seguridad Social.

Art. 2º PROCEDIMIENTO LABORAL–AUTONOMÍA.- Este código dará autonomía a los procedimientos del trabajo y eliminará todo uso y remisión a las normas adjetivas de otros campos jurídicos. Tiene como finalidad esencial reforzar los poderes del juzgador y de las autoridades del trabajo, respecto a la dirección del proceso y todos los trámites en materia laboral y de seguridad social.

 

Art. 3º PROCEDIMIENTO–PRINCIPIOS.- Todos los procedimientos y trámites se basarán en los siguientes principios:

a) Gratuidad por el que todas las actuaciones en los juicios y trámites del trabajo serán absolutamente gratuitos.

b) Inmediaciones, por el que es obligatoria la presencia del juzgador en la celebración de las audiencias, la práctica de las pruebas y otros trámites.

c) Publicidad por el que las actuaciones y trámites del trabajo serán eminentemente públicos, es decir, que a ellos pueden asistir todos los que libremente así lo deseen.

d) Impulsor de oficio, por el que los juzgadores tienen la obligación de instar a las partes de realizar los actos procesales bajo conminación de seguir adelante en caso de omisión.

e) Preclusión, por el que el Juez no cumplido por la parte un acto procesal, dentro del tiempo conferido por la Ley, determina la clausura de la etapa procesal respectiva.

f) La lealtad procesal, por la que las partes ejerciten en el proceso una actividad exenta de dolor o mala fe.

g) Proteccionismo, por el que los procedimientos laborales busquen la protección y la tutela de los derechos de los trabajadores.

h) Inversión de la prueba, por el que la carga de la prueba corresponde al empleador.

i) Concentración por la que se evita la diseminación del procedimiento en actuaciones separadas.

j) Libre apreciación de la prueba, por la que el Juez valora las pruebas con amplio margen de libertad conforme a la sana lógica, los dictados de su conciencia y los principios enunciados.

 

Art. 4º AUTORIDAD JUDICIAL EN MATERIA DE TRABAJO.- En materia del Trabajo y Seguridad Social, la autoridad judicial tiene una función activa de acuerdo con el principio inquisitivo y de dirección procesal, de tal suerte, que de oficio puede analizar su propia competencia, la capacidad de las partes llamar nuevos testigos, provocar peritajes, conminar la presentación de pruebas a las partes, y adoptar las diligencias parta mejor proveer lo que juzgare conveniente.

TÍTULO II

DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL DE LA JUDICATURA

DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

 

Art. 5º ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN MATERIA DE TRABAJO.- La administración de justicia en materia del trabajo, seguridad social y vivienda de proyección e interés social, es un servicio público que se presta gratuitamente en todo el territorio de la República y se instituye para decidir las controversias en la rama social del derecho.

Sus titulares intervendrán en todos los conflictos que se originen entre los diversos elementos de la producción, juzgando y resolviendo los actos de aquellos en cuanto se refieren al Derecho Social establecido. Al efecto, interpretarán y aplicarán las normas legales pertinentes y ejecutarán sus propias decisiones.

 

Art. 6º JURISDICCIÓN SE EJERCE.- La jurisdicción especial del trabajo y seguridad social se ejerce de modo permanente:

a) Por los Juzgados del Trabajo y Seguridad Social, como juzgados de primera instancia.

b) Por la Corte Nacional del Trabajo y Seguridad Social, como Tribunal de Apelación.

c) Por la Corte Suprema de Justicia en su sala Social y Administrativa, como Tribunal de Casación.

 

Art. 7º MAGISTRADOS NO PUEDEN DICTAR NORMAS.- Los magistrados y jueces no pueden dictar reglas o disposiciones de carácter general, que tengan por objeto la interpretación de las leyes aplicables a los juicios sociales.

Tampoco pueden aprobar, censurar o corregir la interpretación de las leyes hechas por sus inferiores en el orden jerárquico, sino cuando administren justicia en virtud de los recursos que las leyes establecen.

 

Art. 8º JUDICATURA COMO PARTE PODER JUDICIAL.- La Judicatura del Trabajo y Seguridad Social, forma parte del Poder Judicial con la competencia que le atribuye esta Ley y la Constitución Política del Estado.

 

Art. 9º COMPETENCIA–JUDICATURA DEL TRABAJO.- La Judicatura del Trabajo tiene competencia para decidir las controversias emergentes de los contratos individuales y colectivos del trabajo, de la aplicación de las leyes de Seguridad Social, vivienda de interés social, denuncias por la infracción de leyes sociales y de higiene y seguridad ocupacional, la recuperación del patrimonio de las organizaciones sindicales, del desafuego sindical y otras materias y procedimientos señalados por la Ley.

 

Art. 10º JUDICATURA SU PERSONAL.- El personal de la Judicatura del Trabajo y Seguridad Social queda incorporado a la carreta y escalafón judiciales establecidos en la Ley de Organización Judicial y demás leyes especiales.

CAPITULO II

DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

 

Art. 11º CORTE SUPREMA–ATRIBUCIONES.- La Corte Suprema de Justicia conocerá las causas de responsabilidad de los Vocales de la Corte Nacional de Trabajo y Seguridad Social, y en su Sala Social los recursos de casación y otros que se interpongan de acuerdo con este procedimiento.

(Ver Atribuciones de la Sala Social, de Minería y Administrativa, Ley de Organización judicial Art. 60 Ley 1455)

(Ver Atribuciones de la Sala en materias del Trabajo y Seguridad Social, Ley de Organización judicial Art. 107 Ley 1455)

CAPÍTULO III

DE LA CORTE NACIONAL DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

 

Art. 12º CORTE NACIONAL–JURISDICCIÓN.- La Corte Nacional del Trabajo y Seguridad Social tiene su sede en la ciudad de La Paz, con jurisdicción en todo el territorio de la República y está constituida por un presidente y seis vocales, organizados en dos salas, presididos por el Presidente de la Corte. Durarán en sus funciones por el tiempo de seis años. (Derog. Art. 300 LOJ)

 

Art. 13º JURISDICCIÓN DESIGNACIÓN DE VOCALES.- En virtud de la Jurisdicción de índole nacional de la Corte, se designará a un vocal por cada uno de los distritos judiciales laboralmente más importantes de la República, como ser La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Sucre y Tarija. (Derog. Art. 300 LOJ)

 

Art. 14º VOCAL DE CORTE–REQUISITOS.- Para ejercer el cargo de Vocal de la Corte Nacional del Trabajo y Seguridad Social, se requieren los mismos requisitos exigidos por el Art. 92 de la Ley de Organizaciones Judicial y sobre todo tener versación en las materias de su competencia que se acreditarán:

a) Por su especialidad demostrada en el ejercicio profesional.

b) Por el desempeño de cargos judiciales de la materia.

c) Por el desempeño de la docencia universitaria sobre asignaturas de la materia.

d) Por su participación en comisiones de elaboración de proyectos de leyes de la materia.

e) Por sus trabajos de investigación sobre temas de Derecho Laboral o Procesal Laboral. (Derog. Art. 300 LOJ)

 

Art. 15º VOCALES–TERNA DESIGNACIÓN.- Dada la trascendencia de esta jurisdicción especial y la necesidad de contar con magistrados idóneos y verdaderamente especializados en Derecho Laboral y Seguridad Social, la Corte Superior de justicia elaborará la terna para la designación de dichos vocales por el senado, considerando necesariamente las prioridades del artículo precedente bajo pena de nulidad, para cuyo efecto los interesados postularán con la presentación de sus documentos fehacientes.

En el supuesto que no se puedan cubrir dichas Vocalías en la forma expuesta anteriormente, se proveerán mediante oposición entre los interesados.

 

Art. 16º VOCALES RESIDENCIA EN LA CAPITAL.- Los vocales designados tendrán el deber de residencia en la capital de su jurisdicción, que solo podrán abandonar los días hábiles para actuaciones judiciales, por razón de servicios, o usando autorización, licencia o permiso de conducir por la Sala Plena de la Corte de Trabajo y Seguridad Social, bajo pena de denuncia ante la Corte Suprema de Justicia. (Derog. Art. 300 LOJ)

 

Art. 17º MAGISTRADOS–ABANDONO.- Tres abandonos continuos o cinco discontinuos supondrán la renuncia del magistrado. (Derog. Art. 300 LOJ)

 

Art. 18º VOCAL DEL CORTE INCOMPATIBILIDAD–CARGO.- El cargo de Vocal de la Corte Nacional del Trabajo Seguridad Social es incompatible:

a) Con el ejercicio de industria y comercio en general.

b) Con el ejercicio de la abogacía y de cualquier otra profesión.

c) Con cualquier otro cargo retribuido.

d) Por la prohibición establecida por la Ley de Organización Judicial. (Derog. Art. 300 LOJ)

 

Art. 19º SALA PLENA ATRIBUCIONES.- Son atribuciones de la Sala plena de la Corte Nacional del Trabajo y Seguridad Social:

a) Dirigir y representar a la judicatura del Trabajo y Seguridad Social.

b) Proponer ternas ante la Corte Suprema de Justicia para la designación de jueces de trabajo y seguridad social, tomando en cuenta la previsiones establecidas en los artículos 13º y 14º de la presente Ley.

c) Aprobar el presupuesto anual del ramo, a propuesta de su Presidente.

d) Designar anualmente a los conjueces en el mismo número y condiciones de los Vocales que integren la Corte:

e) Solicitar a la Corte Suprema la creación de nuevos juzgados.

f) Designar al Secretario de Cámara, quien deberá reunir los mismos requisitos establecidos por la Ley de Organización Judicial para ser Secretario de Cámara de la Corte del Distrito, fuera de su especialidad en la materia;

g) Designar al personal subalterno de la Corte, de las nóminas de estudiantes de leyes remitidas por el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas por un lapso no superior a un año, considerando especialmente a los alumnos de cursos superiores.

h) Designar a los subalternos de los juzgados de Trabajo y Seguridad Social, a propuesta en terna de los respectivos jueces, seleccionando de estudiantes de Derecho para los cargos de Secretario, Auxiliar y Escribano de Diligencias.

i) Designar anualmente a un Vocal para la inspección de los juzgados.

j) Aprobar obligatoriamente el Reglamento de la Corte y juzgados en el plazo de 60 días a partir de la presente Ley y vigilar su correcto funcionamiento.

k) Designar al Decano y Subdecano de la Corte, de acuerdo a la antigüedad de los Vocales.

ll) Fijar en la última reunión de Sala Plena de cada años, el período vacacional del años siguiente. (Derog. Art. 300 LOJ)

 

Art. 20º CORTE INAUGURACIÓN DE LABORES.- La Corte inaugurará sus labores el dos de enero de cada año, oportunidad en la cual el Presidente hará conocer su informe anual y ministrará posesión a los conjueces elegidos en la última reunión del año anterior. (Derog. Art. 300 LOJ).

 

Art. 21º PRESIDENTE DE CORTE ELECCIÓN.- El Presidente de la Corte será elegido en la primera reunión de Sala Plena, por voto secreto y por mayoría absoluta, teniendo en cuenta su desempeño profesional, ejercicio en la magistratura del trabajo, estudios de especialización, trabajo de investigación realizados, cátedra universitaria, intervención en la elaboración de proyectos de ley sobre la materia y sobre todo moralidad profesional. (Derog. Art. 300 LOJ)

 

Art. 22º PRESIDENTE DE CORTE ATRIBUCIONES.- Son atribuciones del Presidente de la Corte, la siguiente:

a) Representa a la Judicatura Laboral y de Seguridad Social y presidir las actuaciones del Tribunal.

b) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de Sala Plena.

c) Velar por la correcta y pronta administración de justicia en la Corte de Juzgados de Trabajo y Seguridad Social, conforme a las previsiones de Reglamento Interno, aplicando en su caso las medidas disciplinarias correspondientes.

d) Oír las quejas de los abogados y litigantes contra los vocales, jueces y empleados judiciales y hacerlas conocer a Sala Plena.

e) No abandonar sus funciones si no por causa debidamente justificadas.

f) Conceder licencia de uno a quince días a los vocales, jueces y empleados de la Corte y Juzgados.

g) Recibir el juramento de los Vocales y Conjueces de la Corte.

h) Dirigir la correspondencia y rubricar las cartas acordadas, provisiones y otros la libramentos de la Corte.

i) Presidir la Sala Plena de la Corte.

j) Remitir circulares a los juzgados inferiores observando el cumplimiento de sus deberes en la tramitación de los cumplimiento de sus deberes en la tramitación de los juicios. (Derog. Art. 300 LOJ)

 

Art. 23º SALAS DE CORTE PUEDEN CONOCER.- Las Salas de la Corte Nacional del Trabajo y Seguridad Social, conocerán indistintamente cualesquiera de estas dos materias. (Derog. Art. 300 LOJ)

 

Art. 24º VOCALES CONCURRENCIA A DESPACHO.- Los Vocales concurrirán a su despacho todos los días hábiles, de lunes a viernes, y por espacio mínimo de 5 horas al día. (Derog. Art. 300 LOJ)

 

Art. 25º VOCALES SUPLENTES.- Los vocales titulares de la Corte, ausentes o impedidos, serán suplidos necesariamente por los otros Vocales o por los Conjueces.

La ausencia o impedimento de un Vocal no impedirá el normal sorteo de la causa entre los restantes vocales habilitados. (Derog. Art. 300 LOJ)

 

Art. 26º VOCALES IMPEDIMIENTO.- Si el impedimento legal alcanza a todos los vocales y conjueces de la Corte Nacional del Trabajo y Seguridad Social, procederá conforme con los Arts, 82 y 83 de la Ley de Organización Judicial. (Derog. Art. 300 LOJ)

 

Art. 27º VOCALES Y CON JUECES IMPEDIMENTO.- La Corte no podrá disponer suspensión de actividades el día 2 de enero, inauguración del año laboral judicial, sino solo para concurrir el acto consiguiente y menos en otras fechas que no sean expresamente declarados feriados civiles o religiosos por ley. (Derog. Art. 300 LOJ)

CAPÍTULO IV

DE LOS JUZGADOS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

 

Art. 28º JUECES DESIGNACIÓN.- Los jueces de Trabajo y Seguridad Social serán designados por la Corte Suprema de Justicia con la jerarquía de Jueces del Partido y propuesta en terna de la Corte Nacional de Trabajo y Seguridad Social.

No podrán ser destruidos sino en virtud de sentencia judicial ejecutoriada, previo proceso sustanciado ante la Corte Nacional por fallas de delitos en el ejercicio de sus funciones.

Durarán en el ejercicio de sus funciones por el período de 4 años. (Derog. Art. 300 LOJ)

 

Art. 29º JUEZ–REQUISITOS.- Para ser Juez del Trabajo y Seguridad Social, se requiere: Ser ciudadano y haber ejercido la profesión de abogado con preferencia en la especialidad por lo menos 6 años y tener versación en la materia de su competencia, acreditado en la misma forma prevista por el Art. 14 de la presente Ley, debiendo la Corte del Trabajo elaborar las ternas para la designación en la forma prevenida por el Art. 15 de esta Ley. (Derog. Art. 300 LOJ)

 

Art. 30º JUZGADOS–COMPOSICIÓN.- Los Juzgados de trabajo estarán constituidos por un Juez, un Secretario, un Auxiliar y un Escribano de diligencias designadas en la forma y modo establecidos en este libro. (Derog. Art. 300 LOJ)

 

Art. 31º JUEZ SUPLENCIA.- En caso de impedimento o acefalía del Juez de Trabajo y Seguridad Social, en la tramitación de los juicios sociales corresponde la suplencia al Juez de Trabajo de la misma localidad o en su defecto al Juez de partido de Turno en lo Civil. (Derog. Art. 300 LOJ)

 

Art. 32º JUEZ NO PUEDE SER.- No podrán ser jueces de Trabajo y Seguridad Social las personas que sean parientes dentro del cuarto grado de consaguinidad o segunda en afinidad de algunos de los magistrados de la Corte Nacional del Trabajo y Seguridad Social. (Derog. Art. 300 LOJ)

 

Art. 33º JUECES CONCURRENCIA.- Los Jueces de primera instancia concurrirán a su despacho todos los días hábiles, de horas 9:00 a 12:00 y de horas 14:00 a 18:00 pm., sin que puedan establecerse turnos de ningún género. (Derog. Art. 300 LOJ)

(Ver juzgados de Trabajo y Seguridad Social, Ley de Organización Judicial. Art. 151. Ley 1455)

CAPÍTULO V

DEL MINISTERIO PUBLICO

 

Art. 34º MINISTERIO PÚBLICO–REPRESENTACIÓN.- El Ministerio Público estará representado por un fiscal que con carácter permanente y exclusivo, dictamine para sentencia solamente en los casos siguientes:

a) Cuando el demandante o demandado sean menores de edad o interdictos y no intervengan sus padres, tutores o autoridades del menor.

b) Cuando el demandado sea el Estado en alguno de sus Ministerios o en las Prefecturas de Departamento, siendo suficiente en casos la simple notificación al Ministerio Público.

 

Art. 35º FISCAL DICTAMEN TÉRMINO.- El fiscal deberá emitir su dictamen en el término de 5 días. Vencido el mismo, el Juez de oficio o a petición de parte y en rebeldía del Fiscal, dispondrá la devolución y recojo del expediente para dictar sentencia, teniendose por cumplido su dictamen.

CAPÍTULO VI

OTRAS DISPOSICIONES

 

Art. 36º JUDICATURA PROHIBICIÓN DE RECIBIR DEPÓSITOS.- En las oficinas de la Judicatura Laboral y Seguridad Social no se podrá recibir depósitos de dinero, bienes o valores y ninguno de sus funcionarios podrá ser depositario.

Todo empoce de dinero por una parte en el juzgado deberá depositarse en el plazo de 24 horas en el Banco del Estado bajo pena de responsabilidad del funcionario infractor.

CAPÍTULO VII

DISTRITOS JUDICIALES DEL TRABAJO

 

Art. 37º ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA–JURISDICCIÓN TERRITORIAL.- Para la administración de la Justicia del Trabajo y Seguridad Social, se mantiene el actual sistema de jurisdicción territorial por Departamentos, por lo cual en cada capital departamental existe un juzgado de Trabajo y Seguridad Social, a excepción de La Paz donde existe dos juzgados. (Derog. Art. 300 LOJ)

 

Art. 38º JUZGADOS DEPARTAMENTALES–PROVINCIALES.- Independientemente de los Juzgados de Trabajo y Seguridad Social en las capitales de Provincias que actualmente los tengan y de los que sean necesarios por la concentración de la población laboral. (Derog. Art. 300 LOJ)

 

Art. 39º JUZGADOS–JERARQUÍA.- Todo y cada uno de los Juzgados de Trabajo y Seguridad Social existentes en el territorio nacional, tienen la misma jerarquía. (Derog. Art. 300 LOJ)

 

Art. 40º CORTE–DETERMINA EL NÚMERO DE JUZGADOS.- La Corte Suprema de Justicia por si o a solicitud de la Corte Nacional del Trabajo y Seguridad Social, por necesidad o conveniencias de servicio, podrá aumentar o disminuir el número de juzgados. (Derog. Art. 300 LOJ)

 

Art. 41º JUZGADOS–PERSONAL.- En los juzgados del Interior del país sólo se dotarán de personal subalterno en número de dos: un Secretario y un auxiliar, Diligenciero, siguiendo las previsiones contenidas en el Art. 19 de esta Ley, ella donde cuenten con facultades de Derecho o estudiantes de Leyes. (Derog. Art. 300 LOJ)

TITULO III

DE LA JURISDICCION Y COMPETENCIA

CAPITULO UNICO

JURISDICCION Y COMPETENCIA

 

Art. 42º JURISDICCIÓN DE JUECES.- La Jurisdicción de los Jueces de Trabajo y Seguridad Social para el conocimiento de las acciones sociales, se determinan, a elección del demandante:

a)Por el Lugar donde prestó o hubiera prestado servicio el trabajador.

b) Por el lugar de la celebración del contrato o las relaciones de trabajo.

c) Por el domicilio del demandado.

 

Art. 43º COMPETENCIA DE JUECES.- Los Jueces de Trabajo y Seguridad Social, tienen competencia para conocer en primera instancia:

a) De las medidas preparatorias o precautorias previstas en esta Ley.

b) De las acciones sociales individuales o colectivas, suscitadas como emergencia de la aplicación de las leyes laborales, de los convenios, de los Laudos Arbitrales, del Código de Seguridad Social en los casos previstos en dicho cuerpo de leyes, su reglamento y demás prescripciones legales conexas a ambos.

c) Las denuncias por infracción de leyes sociales y de higiene y seguridad ocupacionales.

d) De los juicios coactivos incoados por la Caja de Seguridad Social, el Congreso Nacional de Vivienda y entidades o instituciones que dicha facultad legal.

e) De los Juicios coactivos sobre recuperación del patrimonio sindical, cualquiera sea su naturaleza.

f) De la demanda de defuero de dirigentes sindicales.

g) De las acciones de declaratoria de derecho en favor de la concubina del trabajador fallecido y sus hijos.

h) De las demás causas que por leyes especiales les atribuyen competencia.

 

Art. 44º JURISDICCIÓN–COMPETENCIA.- La jurisdicción y competencia de la judicatura laboral y de Seguridad Social son privativas y sus normas son de aplicación preferente a cualquier otra.

La Jurisdicción por razón de territorio puede ser prorrogada por acuerdo expreso o tácito de partes, en cambio la competencia es improrrogable.

 

Art. 45º CONTRATOS REGULADOS POR EL C.P.T.- Los contratos o relaciones de trabajo originales o pactados fuera del país pero ejecutados en territorio boliviano, se regirá por las disposiciones del presente código.

 

Art. 46º JUZGADOS REEMPLAZO EN DISTRITOS.- En caso de impedimento legal, en los distritos en que funcione más de un juzgado de trabajo, estos se reemplazarán mutuamente de no ser posible, los suplirá el Juez de Partido de Turno en lo Civil del mismo Distrito.

En caso de impedimento de los Jueces de partido, el conocimiento de la causa pasará al Juez de Trabajo del Distrito más próximo.

 

Art. 47º JUZGADOS–REEMPLAZO.- Cuando un Juez se estime incompetente para conocer razón de la materia, dictará auto motivado, acto segundo la presentación de la demanda, declarándolo así, previniendo al demandante ante quien y como puede hacer uso de su derecho igual declaración hará al dictar sentencia absteniéndose en tal caso de entrar en conocimiento de fondo del asunto. Contra dicha Resolución se ejercitarán los recursos conocidos por Ley.

 

Art. 48º SALA PLENA FUNCIONES.- Corresponde a la Sala Plena de la Corte Nacional del Trabajo y Seguridad Social.

a) Tomar conocimiento y fallar las causas de responsabilidades instauradas contra los Jueces de Trabajo y Seguridad Social y demás funcionarios, por faltas o delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

b) Conocer y fallar en todos los casos previstos por el Código de Seguridad Social y en su reglamento y leyes conexas, así como absolver las consultas que sobre interpretación y aplicación de aquellas leyes le sean formuladas por los jueces y por los organismos y entidades gestoras de Seguridad Social.

c) Conocer los recursos de quejas interpuestas contra los Vocales y Jueces.

d) Dirimir las competencias que se susciten entre los jueces de Trabajo y entre estos y otros jueces o autoridades departamentales y municipales en lo atinente a materias del Trabajo y Seguridad Social.

e) Instaurar sumarios disciplinarios contra los funcionarios subalternos por faltas o delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y remover a los culpables, sin perjuicio de la acción penal a la que hubiere lugar y resolver quejas que hagan conocer al Presidente de la Corte.

f) Conocer las recusaciones interpuesta contra los vocales y conjueces de la Corte en única instancia, así como las interpuestas contra los Jueces del Trabajo y Seguridad Social.

 

Art. 49º SALAS DE CORTE COMPETENCIA.- Las Salas de la Corte Nacional de Trabajo y Seguridad Social, tienen competencia para conocer:

a) Las apelaciones de las sentencias y autos interlocutorios pronunciando en primera instancia por los jueces de trabajo en las materias de su competencia.

b) Las compulsas y demás recursos establecidos por ley.

Las excusas de sus propios miembros y de las de los Jueces de primera instancia.

d) El juzgamiento administrativo de presidentes, directores y gerentes de las Cajas y Fondos Complementarios, en todos los casos previstos por las disposiciones de Seguridad Social.

e) El grado de apelación, las resoluciones pronunciadas por los Consejos Ejecutivos y Organismos similares de las cajas de Seguridad Social y Fondos Complementarios sobre concesión de rentas.

 

Art. 50º SALAS DE CORTE O ÚNICA INSTANCIA.- En única instancia las Salas de la Corte también conocerán las cuestiones que se susciten en la aplicación de las disposiciones legales sobre asignaciones familiares, vivienda de interés social y rehabilitación conforme al Art. 226 del Código de Seguridad Social y demás prestaciones.

 

Art. 51º SALA SUPLENCIA POR IMPEDIMENTO.- En caso de impedimento de los miembros de una sala serán suplidos por los de la otra, comenzando por el Vocal menos antiguo y en caso de estar impedidos estos, serán llamados por su orden los conjueces, siempre que el impedimento no sea de los vocales, en cuyo caso la causa pasará a conocimiento de la Corte de Distrito más cercana.

 

Art. 52º SALA SOCIAL–COMPETENCIA.- La Sala Social de la Corte Suprema de Justicia, tiene competencia para conocer los recursos de casación deducidos contra los autos de vista pronunciados por la Corte Nacional del Trabajo y Seguridad Social y en general, los artículos que interpongan ante este tribunal conforme lo dispuesto por esta Ley.

LIBRO II

DE LAS NORMAS PROCESALES EN GENERAL

TITULO I

DEL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

CAPITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

 

Art. 53º PROCEDIMIENTO LABORAL–REGULA.- El procedimiento del Trabajo y Seguridad Social regula el modo como deben tramitarse y resolverse los asuntos sociales cuyo conocimiento corresponde a los tribunales de esta jurisdicción especial y a los funcionarios que determina este código y otras leyes.

 

Art. 54º PROCESOS A PETICIÓN DE PARTE.- Los procesos sólo podrán iniciarse a petición de parte, salvo los casos en que la ley autorice expresamente que se promuevan de oficio.

 

Art. 55º JUICIOS SOCIALES–DOS INSTANCIAS.- Todos los juicios Sociales admiten dos instancias o grados, salvo que la ley los sujete expresamente a una sola instancia.

 

Art. 56º PROCESO–IMPULSO.- El impulso y la dirección del proceso corresponde al Juez y al Tribunal, quienes cuidarán de su rápida tramitación, sin perjuicio del derecho de defensa de las partes.

Promovido el proceso, el Juez adoptará las medidas tendientes a evitar su paralización, salvo que la ley disponga que ello corresponde a la parte.

 

Art. 57º PROCESO–DESARROLLO.- Consistiendo el proceso en el desarrollo de la diversas etapas en forma sucesiva, mediante la cláusula definitiva de cada una de ellas, el Juez impedirá el regreso a los momentos procesales ya extinguidos o consumados, rechazando de oficio toda petición por pérdida de la oportunidad conferida por la Ley para la realización de un acto procesal, sin necesidad de solicitar informe previo al Secretario ni otro trámite.

 

Art. 58º JUEZ–ECONOMÍA PROCESAL.- Tanto el Juez como los órganos auxiliares de la jurisdicción tomarán las medidas legales que fuesen necesarias para lograr la mayor economía procesal.

 

Art. 59º JUEZ–RESOLUCIÓN–RECONOCIMIENTO–DERECHOS.- El Juez al dictar resolución, tendrá en cuenta que el objeto del proceso es el reconocimiento de los derechos consignados en la Ley substancial y con este criterio se interpretará las disposiciones del presente Código.

 

Art. 60º PARTES COMPORTAMIENTO.- Las partes deberán comportarse con lealtad y probidad durante el proceso, y el Juez hará uso de sus poderes para rechazar cualquier solicitud o acto que implique una dilatación manifiesta o ineficaz del litigio, o cuando se convenza de que cualquiera de las partes o ambas se sirven del proceso para realizar un acto simulado o para perseguir un fin prohibido por la ley.

 

Art. 61º PROCEDIMIENTO NO SEÑALADO.- Las controversias sociales que no tengan señalado un procedimiento especial, se tramitarán conforme al procedimiento laboral común para los procesos establecidos en este Código, cualquiera que sea su naturaleza.

 

Art. 62º JUEZ DA EL TRÁMITE QUE CORRESPONDE.- El Juez debe darle a la demanda, petición, recurso o incidente, el trámite que legalmente le corresponde aun cuando el señalado por las partes aparezca equivocado.

 

Art. 63º DERECHO PROCESAL–APLICACIÓN.- Las dudas de este Libro se aclaran mediante la aplicación de los Principios Generales del Derecho Procesal del Trabajo, de manera adecuada al logro de su finalidad especial. Cualquier vacío se llenará con la norma que regulen casos análogos y a falta de estos con los principios generales del Derecho Procesal Laboral.

 

Art. 64º JUEZ PODRÁ CONDENAR.- El Juez de primera instancia podrá condenar por pretensiones distintas de las pedidas, cuando se trate de salario mínimo, salario básico, vacaciones, declaraciones o condenas sustitutivas que según Ley correspondan por las expresamente pedidas en la demanda, siempre que los hechos que los originen hayan sido discutidos en el proceso y se hallen debidamente probados. Podrá también condenarse al pago de sumas mayores que las pedidas en la demanda, cuando en el proceso se establezca que estos son inferiores a las que corresponden al demandante de conformidad con la Ley.

 

Art. 65º RECONVENCIÓN NO SE ADMITE.- No se admite la reconvención o mutua petición en los juicios a los que se refiere la presente Ley, salvo cuando excepcionalmente el, demandante es el empleador.

 

Art. 66º INVERSIÓN DE LA PRUEBA.- En todo juicio social incoado por el trabajador, la carga de la prueba corresponde al empleador, sin perjuicio de que aquel pueda ofrecer las pruebas que estime convenientes.

 

Art. 67º LITIS PENDENTIA NO SE ADMITE.- En los Juicios sociales se resolverán las cuestiones propias de la relación de trabajo y no se admitirá la excepción de litis pendentia, en consecuencia, se aclara que las acciones penales, civiles u otras incoadas contra un trabajador, no suspenden ni enervan la instancia laboral.

 

Art. 68º MENORES EN JUICIO.- Los trabajadores de ambos sexos, cumplidos los 18 años, tienen plena capacidad para actuar por si en un juicio social. Los menores de dicha edad y los interdictos deberán actuar representados por sus tutores o curadores legales y, a falta de estos, por las autoridades del menor que sean competentes y en su caso, el Juez del Trabajo le designará un tutor o curador ad–litem, con intervención del Ministerio Público.

 

Art. 69º JUICIOS–NO HAY FIANZA.- En los juicios sociales no procede la fianza de costas.

 

Art. 70º DESISTIMIENTO, TRANSACCIÓN, PERENCIÓN DE INSTANCIA – NO CAUSA ESTADO.- Igualmente o desistimiento y la transacción no causa estado, no siendo tampoco procedente la perención de instancia en virtud de la irrenunciabilidad de los derechos sociales del trabajador.

CAPÍTULO II

DE LA GESTIÓN Y LOS ACTOS PROCESALES

 

Art. 71º PROCESOS–APLICACIÓN DEL C.P.C.- Son aplicaciones en los procesos sociales los previstos por los artículos 82º y 155 º del Código de Procedimiento Civil, salvo las excepciones expresas que se dirán en la Presente Ley.

 

Art. 72º CITACIÓN PERSONAL.- La citación será personal con la providencia que admite la demanda y en los casos previstos por el Código de Procedimiento Civil.

Sin embargo tratándose de personas jurídicas, esta citación se efectuará válida e indistintamente a sus presidentes gerentes generales, administradores legales.

 

Art. 73º CITACIÓN AL ESTADO.- Cuando la citación deba efectuarse a los Ministros, Prefecturas, Municipalidades y demás personas jurídicas de derecho público, se la practicará a los funcionarios que legalmente los representen ante la imposibilidad de notificar a dichos representantes legales, a sola presentación escrita del diligenciero de haber practicado ya una vez, se efectuará la notificación al Fiscal de Distrito para que lo haga conocer al demandado bajo la pena de responsabilidad.

 

Art. 74º DOMICILIO A 10 CUADRAS.- En aquella diligencias en las que debe practicarse la notificación en domicilio, este deberá ser señalado por las partes a una distancia no mayor a diez cuadras a la redonda del juzgado, caso contrario, el juez señalará domicilio en estrados.

 

Art. 75º DOMICILIO SEÑALADO MALICIOSAMENTE.- Todo domicilio señalado maliciosamente por una parte se tendrá por válido a fin de no entrabar la procecusión normal del proceso.

 

Art. 76º NOTIFICACIÓN CON CEDULÓN.- En caso de no ser habido el demandado en dos oportunidades por ocultamiento malicioso, previa representación escrita inmediata del diligenciero, el juez ordenará su notificación mediante cedulón dejado en su domicilio, con la firma de un testigo debidamente acreditado, entendiéndose por domicilio el lugar donde trabaja o tiene sus oficinas el demandado.

 

Art. 77º NOTIFICACIÓN CON EDICTO.- Cuando no se conozca el domicilio o el paradero del demandado, la notificación podrá practicarse mediante edicto publicado por una sola vez en la prensa. El notificado en esta forma tendrá el término de 10 días para contestar a la demanda, término que se computará desde la fecha de la publicación. En los lugares donde no haya prensa, el edicto será leído en una emisión radial por tres veces en sus comunicados.

 

Art. 78º NOTIFICACIÓN CON EXHORTO–ORDEN INSTRUIDA.- Si el demandado no se encuentra en el asiento del juzgado, conociéndose su domicilio o residencia, su notificación se efectuará mediante exhorto u orden instruida, caso en el cual deberá contestar a la demanda en el término de 5 días, más un día, por cada 100 kilómetros como término de la distancia.

Tratándose de notificaciones en el extranjero, regirán los términos determinados por el Código de Procedimiento Civil.

 

Art. 79º PROVIDENCIA EN 24 HORAS.- Las providencias de mero trámite, necesariamente serán dictadas dentro de las 24 horas de la presentación de los escritos, los autos interlocutorios dentro del plazo de 5 días y las sentencias en el plazo máximo de 10 días.

 

Art. 80º PLAZOS DE RESOLUCIONES.- Para el efectivo cómputo de los plazos de dictación de las resoluciones antedichas, el Secretario entregará el expediente al Juez, inscribiendo nota expresa del día y hora en que lo hace.

 

Art. 81º PLAZOS INCUMPLIMIENTO.- El incumplimiento de lo previsto en el artículo anterior, dará lugar a su denuncia ate la Corte Nacional del Trabajo y Seguridad Social, y su reiteración, a la destitución del funcionario infractor.

 

Art. 82º EXPEDIENTES SORTEADOS.- La referida nota en los juzgados y la fecha de entrega de los expedientes sorteados a los señores Vocales de la Corte, servirán para los efectos previstos por los Artículos 205º al 212º del Código de Procedimiento Civil.

 

Art. 83º SUMARIEDAD DE LOS JUICIOS SOCIALES.- Dada la naturaleza sumaria de los juicios sociales y a fin de no pretextarse la falta de provisión de papel sellado por las partes para dictar resolución, los jueces y magistrados podrán hacerlo en papel común con cargo a reintegro.

 

Art. 84º MEMORIALES DENTRO DE TÉRMINO.- Todo escrito para ser agregado en el expediente, debe presentarse dentro de término. Sin embargo, si el interesado insiste en que lo reciba, afirmando hallarse en término, el Secretario consultará con el Juez antes de admitirlo o rechazarlo. Si el Juez estima que el escrito fue presentado en tiempo, le dará el curso que corresponda, si lo considera extemporaneo, lo declarará así mediante proveído expreso. La responsabilidad de los Secretario será determinada sumariamente de oficio o a petición de parte.

 

Art. 85º EXPEDIENTE RETIRO–PROHIBICIÓN.- En ningún caso podrán las partes retirar del despacho un expediente y ningún de los documentos originales escritos o pruebas. El secretario es responsable civil y penalmente, de cualquier pérdida que sobrevenga.

 

Art. 86º EXPEDIENTES PUEDEN SALIR.- Los expedientes y demás piezas procesales podrán salir del despacho sólo en los casos en que la Ley lo autorice expresamente.

 

Art. 87º TÉRMINO VENCIMIENTO.- El Secretario tiene el deber de anotar en los expedientes el día y hora en que venzan los términos de los traslados o trámites que se siguen. Dicha anotación no afecta el término en si, cuando se compute de modo inexacto, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias a que haya lugar.

 

Art. 88º MEMORIAL EXPRESIONES INDECOROSAS.- En los escritos y memoriales que se presenten ante el Tribunal no se podrán usar expresiones indecorosas u ofensivas.

El Juez, en cualquier etapa del proceso puede disponer que se tachen las expresiones ostenciblemente indecorosas u ofensivas, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que amerite.

 

Art. 89º ACTOS PROCESALES–DÍAS Y HORAS HÁBILES.- Salvo lo dispuesto en normas especiales, los actos del proceso se practicarán en días y horas hábiles.

Principiada una diligencia judicial en hora hábil, podrán válidamente concluirse en una hora inhábil por acuerdo de las partes o por previa determinación del Juez.

 

Art. 90º INTÉRPRETE–OTRO IDIOMA.- Siempre que hubiere que verificarse una diligencia cualquiera en la que haya de intervenir alguna persona que no habla el idioma español, el tribunal designará a un interprete oficial o a uno ad hoc por él, quién deberá firmar la diligencia.

 

Art. 91º DILIGENCIA DELEGADA.- Los tribunales pueden comisionar a las autoridades judiciales o administrativas de trabajo, para que lleven a cabo las diligencias en las cuales ellos no puedan actuar por si mismos.

 

Art. 92º RESOLUCIONES–COPIAS GRATUITAS.- La Secretaría suministrará gratuitamente a las partes copias de las resoluciones que se deban notificar personalmente y de toda sentencia o auto que le ponga término al proceso.

 

Art. 93º EXPEDIENTE–FORMACIÓN.- De todo proceso se formará un expediente que comprenderá las actuaciones en cada una de las instancias el recurso de nulidad y los incidentes que se promuevan, debiendo plegarse los escritos, pruebas y otras actuaciones conforme a la prioridad de su presentación y producción, bajo pena de responsabilidad del inferior.

 

Art. 94º EXPEDIENTES–EXAMINACIÓN.- Los expedientes sólo podrán ser examinados:

1) Por las Partes.

2) Por los abogados.

3) Por las personas designadas para ejercer cargos como el de perito, depositario u otro auxiliar de la jurisdicción.

4) Por funcionarios del Ministerio de Trabajo, del Ministerio Público, de la Caja Nacional de Seguridad Social o similares y en general por todo funcionario público por razón de su cargo.

5) Por estudiantes de Derecho.

6) Por los Miembros de Directivas de las organizaciones sindicales.

7) Por las personas autorizadas por el Secretario o el Juez con fines de docencia o investigación.

8) Por cualquier otra persona que establezca la Ley.

El empleado que permita a persona distinta de las enumeradas anteriormente, el examen de actuaciones o expedientes, incurrirá en las sanciones disciplinarias a que haya lugar.

CAPÍTULO III

DE LA PÉRDIDA Y REPOSICIÓN DE EXPEDIENTE

 

Art. 95º EXPEDIENTE REPOSICIÓN.- Cuando se pierda un expediente o parte de él, el Secretario de oficio o a petición de parte, informará de inmediato al Juez, detallando quiénes eran los interesados en el proceso, el estado en que se hallaban en el momento de su pérdida y las diligencia realizadas para obtener su recuperación.

 

Art. 96º EXPEDIENTE REPOSICIÓN TESTIMONIO.- Sobre la base de informe del secretario, el Juez dispondrá la reposición del expediente con testimonios de los autos dictados y registrados en los libros del juzgado, copias de los escritos que presenten los interesados.

 

Art. 97º RECONSTRUCCIÓN DEL PROCESO.- Reconstruido el proceso, continuará el trámite que corresponda mediante auto expreso dictado por el Juez.

 

Art. 98º RECONSTRUCCIÓN DEL PROCESO–FALLO.- Antes de fallar sobre un proceso reconstruido el Juez decretará de oficio la producción de las pruebas conducentes o aconsejables para aclarar los hechos que la pérdida del expediente haya hecho oscuros o dudosos.

 

Art. 99º EXPEDIENTE PERDIDO–PRESUNCIÓN.- La pérdida de un expediente, hará presumir que perjudicaba al empleador razón por la cual se reputará como confesión de este, y repuesto el proceso dará lugar a la sentencia o auto condenatorio.

CAPÍTULO IV

DE LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS Y DE SEGURIDAD

 

Art. 100º MEDIDAS PRECAUTORIAS.- Antes de formalizarse la demanda o durante la substanciación del proceso, pueden pedirse las medidas precautorias y de seguridad siguientes.

Anotación preventiva.

Embargo preventivo.

Secuestro.

Intervención Judicial.

Inhibición general de bienes.

Arraigo.

 

Art. 101º MEDICAS PRECAUTORIAS DEL C.P.C.- Se aplicarán a la Justicia Laboral, salvo colisión con norma expresa de este Código, las medidas precautorias previstas en los Artículos 156º y 178º del Código de Procedimiento Civil.

 

Art. 102º ARRAIGO.- También podrán precautelarse los derechos del trabajador mediante el arraigo del demandado dentro de la jurisdicción de su domicilio, cuando se tenga temor de su alejamiento o huida y hasta que constituya garantía suficiente.

 

Art. 103º SECUESTRO.- Para la procedencia del secuestro deberá precisarse la cuantía reclamada al efecto de que esta medida se aplique sólo por dicho monto.

 

Art. 104º MEDIDAS PRECAUTORIAS–NO CESAN ACTIVIDADES.- Las medidas de secuestro, embargo preventivo e intervención judicial, no causarán el cese de actividades de la empresa o establecimiento de trabajo ni perjudicarán el normal desarrollo de sus labores.

 

Art. 105º MEDIDAS PRECAUTORIAS–SUSTITUCIÓN.- Las medidas precautorias y de seguridad podrán ser sustituidas en el momento en que el deudor constituya garantía real suficiente.

 

Art. 106º EMBARGO.- En los casos en que habiendo lugar a embargo, éste no pudiere hacerse efectivo, por no conocerse bienes del deudor, podrá solicitarse contra este la inhibición general de vender o gravar sus bienes.

 

También procederá esta medida cuando los bienes embargados no alcancen a cubrir el importe del crédito reclamando. Se dejará sin efecto la medida siempre que el deudor presente bienes suficientes o diere caución bastante.

 

Art. 107º MEDIDAS PRECAUTORIAS AL MINISTERIO.- Para los casos emergentes de ausencia, impedimento u otros del trabajo, podrán solicitar al Juez, cualquiera de estas medidas precautorias a las autoridades del Ministerio de Trabajo a los dirigentes sindicales, acreditando debidamente su personería de tales.

 

APREMIO EN ASISTENCIA FAMILIAR, SEGURIDAD SOCIAL Y SENTENCIAS LABORALES

Ley 1602, de 15 de dic. de 1994

Art. 11º Apremio en materia de asistencia familiar.

1) El apremio previsto por el párrafo tercero del Art. 149 del Código de Familia, podrá ser ordenado únicamente por el juez que conozca de la pretición de asitencia, no pudiendo exceder del plazo máximo de 6 meses, vencido el cual será puesto en libertad sin necesidad de constituir fianza, con el sólo compromiso juramentado de cumplir la obligación.

2) Ordenada la libertad prevista en el parrafo anterior, el juez podrá disponer nuevo apremio contra el obligado cuando transcurridos 6 meses de puesta en libertad no hubiere satisfecho el pago de las pensiones adeudadas.

Art. 12º Apremio en materia de seguridad social sentencias laborles.- Igual tratamiento que el artículo anterior, merecerá el apremio previsto con el Código Procesal del Trabajo y las leyes relativas a seguridad social.

TITULO II

DE LAS PARTES

CAPITULO PRIMERO

DE LA REPRESENTACION JUDICIAL

 

Art. 108º ABOGADO REPRESENTANTE.- Para litigar en causa propia o ajena se requerirá ser asistido por abogado inscrito.

El actor podrá delegar su representación en la persona de un abogado, un procurador, un familiar o una persona particular.

 

Art. 109º REPRESENTACIÓN POR DIRECTIVA.- También el trabajador podrá ser representado en juicio por miembros de la Directiva Sindical, a la cual se encuentra afiliado, dirigente que deberá apersonarse ante el Juez sólo con un certificado de idoneidad.

 

Art. 110º REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA.- Toda empresa tendrá un representado legal. Las personas jurídicas comparecerán en juicio porn medio de él, apoderados generales, especiales o convenionales, según el caso.

 

Art. 111º PERSONA JURÍDICA–DEMANDA.- El demandante no estará obligado a presentar con la demanda la prueba de la existencia de la persona jurídica contra la cual va dirigida, ni la que en el juicio debata como cuestión principal de este punto.

 

Art. 112º PERSONA JURÍDICA–CONTESTACIÓN.- La parte demandada, cuando fuere una persona jurídica de derecho privado, al contestar la demanda podrá acreditar su existencia, lo mismo que la calidad de representante de ella que invoque quien actúe en su nombre con las pruebas que señale la Ley.

Si el juicio se ha adelantado sin que se presente la prueba mencionada y no ha habido controversia sobre el particular, el Juez decidirá sin consideración a la falta de esa prueba.

 

Art. 113º PODER–PRESENTACIÓN.- El Juez de la causa siempre que se le presente un poder, lo admitirá si esta otorgado con los requisitos legales u ordenará su corrección si le faltare alguno, sin invalidar lo actuado.

 

Art. 114º PODER PARA INCOAR.- Los poderes para incoar, proseguir y terminar los juicios, otorgan al apoderado las facultades para establecer y seguir el proceso hasta su conclusión, como si fuere el poderdante pudiendo reconocer y ejercer todos los derechos otorgados a este, en su calidad de litigante.

CAPÍTULO II

LITIS CONSORCIO

 

Art. 115º DEMANDANTES–VARIOS.- Siempre que corresponda el mismo trámite, varias personas podrán actuar como demandantes o demandados en un mismo proceso en cualquiera de los siguientes casos.

a) Cuando las acciones se refieran a derechos y obligaciones comunes, se funden sobre los mismos hechos o en el mismo reglamento interno de trabajo, orden de servicio o contrato, pacto o convenio colectivo.

b) Cuando las acciones se refieran a pretensiones y obligaciones del mismo género fundados sobre los mismos hechos.

c) Cuando las acciones son conexas por el título o por el objeto, o por ambos elementos a la vez.

CAPITULO III

CONVOCATORIA A PROCESO

 

Art. 116º TERCERO INTERVENCIÓN EN JUICIO.- De oficio o a solicitud de cualquiera de las partes, el Juez podrá requerir a un tercero responsable de todo o parte de la obligación en que se funda la demanda o en cuya intervención tuviere interés legítimo, que se apersone en el proceso y haga valer sus derechos, El Juez correrá al tercero traslado de la demanda para que éste la conteste.

TÍTULO III

OBJETO DEL PROCESO

CAPÍTULO I

DE LA DEMANDA

 

Art. 117º DEMANDA CONTIENE.- La demanda debe contener:

a) La designación del Juez a quien se dirige.

b) El nombre de las partes y de sus representantes, si aquellas no comparecen o no pueden comparecer por si mismo, su vecindad, residencia o dirección si es conocida, o la afirmación de que se ignore la del demandado, bajo juramento.

c) Lo que se demanda, con especificación de los conceptos o derechos pretendidos, expresando con claridad y precisión los hechos u omisiones.

d) La cuantía, cuando su estimación sea necesaria para determinar el monto de los conceptos pretendidos.

e) Las razones o fundamentos de derecho en que se apoya.

 

Art. 118º PROCESO CUANTÍA.- La cuantía del proceso consiste en el valor económico de las presentaciones reclamadas. Para los efectos de los recursos permitidos por Ley, se considerará que la cuantía es:

a) Para el demandado la suma a que se le hubiera condenado.

b) Para el demandante será siempre el valor económico de las prestaciones sociales que reclama. No se admitirá ningún incidente sobre fijación o determinación de la cuantía del proceso, por ser ello de resorte exclusivo del tribunal.

 

Art. 119º DEMANDA COPIAS.- Con la demanda deberán presentarse tantas copias cuantos sean los demandados. Dichas copias tendrán por objeto surtir simultáneamente los traslados y deberán ser auténticadas por el secretario.

 

Art. 120º DEMANDA SE DIRIGE.- La demanda se dirigirá contra la parte a quien se reclama o contra su representante. Queda entendido que cuando la demanda se dirija contra la empresa o establecimiento, toda gestión que en el proceso realice el Gerente, Administrador o el representante del empleador, será válida no obstante, el empleador o su representante legal podrá, en cualquier momento apersonarse en el proceso y continuar la gestión.

 

Art. 121º DEMANDA SUBSANAR.- Antes de ordenar el traslado de la demanda, y si el Juez observare que no reúne los requisitos exigidos en el Art. 117º de este código, la devolverá al demandante para que subsane las diferencias que le señale.

 

Art. 122º DEMANDA AMPLIACIÓN.- La demanda podrá ser aclarada, ampliada, corregida, reformada, adicionada con nuevos hechos personas o pretensiones, hasta antes de ser contestada.

 

Art. 123º DEMANDA QUE NO CUMPLE CON FORMALIDADES.- Si el demandado notare que el Juez ha descuidado el cumplimiento del Artículo 117º del presente Código, lo manifestará antes de contestar a la demanda y el Juez resolverá inmediatamente lo que estime procedente sin ulterior recurso.

 

Art. 124º DEMANDA LEGAL–TÉRMINO CONTESTACIÓN.- Cuando la demanda esté en forma legal, el Juez dará traslado de ella al demandado con cinco días de término para contestarla, acompañando copia de la misma y apercibimiento de que si no la contesta dentro de este término, el proceso se seguirá en los estrados del tribunal.

La falta de contestación constituye un grave indicio en contra del demandado.

 

Art. 125º DEMANDA SIN CONTESTAR–SENTENCIA.- En caso de que la demanda no haya sido contestada, el Juez puede dictar sentencia, si las pruebas que se acompañaron preconstituidamente a la demanda dan base para ello, sin necesidad de otra prueba ni trámite.

 

Art. 126º DEMANDA–INTERRUPCIÓN–PRESCRIPCIÓN.- La interrupción de la prescripción por la presentación de la demanda por carta del trabajador, en contra de un deudor solitario, produce el mismo efecto respecto de los demás deudores.

CAPÍTULO II

DE LAS EXCEPCIONES

 

Art. 127º EXCEPCIONES–CLASES.- En el procedimiento social solo se admiten las siguientes excepciones:

a) Previas de incompetencia, impersonería, conexitud de causas e imprecisión o contradicción en la demanda.

b) Perentorias de pago, prescripción y cosa juzgada.

 

Art. 128º EXCEPCIONES PREVIAS.- Todas las excepciones previas se opondrán al mismo tiempo, antes de contestar a la demanda acompañado prueba preconstruida.

 

Art. 129º EXCEPCIÓN PREVIA–CONTESTACIÓN.- Opuestas a la excepción o excepciones previas, se correrá en traslado al demandante para que la conteste dentro de 3 días fatales desde la notificación.

Vencido el término correspondiente con o sin respuesta, el Juez pronunciará resolución en el término improrrogable de 3 días.

 

Art. 130º EXCEPCIONES–APELACIÓN.- Contra el auto que los resuelva procederá el recurso de apelación sólo en el efecto devolutivo. Si el apelante no provee los recaudos de ley para la elaboración del testimonio en el término cinco días computable desde su notificación con el auto de concesión de alzada, se declara desierto el recurso y ejecutoriado el auto interlocutorio apelado.

 

Art. 131º EXCEPCIONES–PROBADAS.- Cuando se declaren probadas las excepciones previas, se aplicaran las siguientes normas:

a) En la falta de competencia, el Juez se inhibirá del conocimiento de la causa remitiendo el proceso al Juez competentes.

b) En la falta de personería del demandado, el Juez ordenará la suspensión del proceso hasta que se subsane el vacío impugnado.

c) En la conexitud de causas, el Juez ordenará la remisión de obrados sólo cuando el juicio anterior haya sido iniciado en otro juzgado de trabajo.

d) En la ambigüedad de la demanda el Juez ordenará la suspensión del procedimiento hasta que el demandante aclare su demanda.

 

Art. 132º EXCEPCIONES–OPOSICIÓN.- La oposición de excepciones previas no suspenderá el plazo para contestar la demanda.

 

Art. 133º EXCEPCIONES PERENTORIAS.- Las excepciones perentorias serán resueltas juntamente con la causa principal.

En ejecución de sentencia solo podrán oponerse las excepciones perentorias sobrevinientes y fundadas en documentos preconstituidos.

 

Art. 134º PRESCRIPCIÓN NO ES DE OFICIO.- Los tribunales Laborales no podrán aplicar de oficio la prescripción que no fue invocada por quien o quienes podían valerse de ella.

 

Art. 135º EXCEPCIÓN DE PAGO.- La excepción de pago deberá ir acompañada de la liquidación y el recibo debidamente suscrito por el demandante. La de cosa juzgada, del testimonio correspondiente.

CAPÍTULO III

DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

 

Art. 136º CONTESTACIÓN DE DEMANDA–REQUISITOS.- La contestación de la demanda estará sujeta a los requisitos de los incisos a, b y c del Artículo 117º de este Código. Con la contestación deberá acompañarse la copia para notificarse con ella al demandante.

 

Art. 137º CONTESTACIÓN DEL DEMANDADO.- El demandado, al contestar a la demanda, expresará cuales hechos admite como ciertos y cuales rechaza o niega, explicando las razones de su negativa y consignado los hechos y motivos o excepciones en que apoya su defensa.

 

Art. 138º CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.- El demandado puede contestar a la demanda aunque no haya recibido el traslado, caso en el cual se entenderá por cumplido ese actuado.

 

Art. 139º DEMANDANTES–VARIOS.- Cuando los demandantes y demandados fueron dos o más el Juez, después de contestada la demanda, les ordenará que constituyan un solo apoderado o representante sindical, para que continúe el proceso, y si no lo hicieran, el Juez escogerá un apoderado o representante común.

 

Art. 140º CONTESTACIÓN AFIRMATIVA.- Si el demandado contestará afirmantivamente todos los puntos de la demanda, se tendrá por confesar a la parte y el Juez, sin más trámite, pronunciará sentencia declarándola probada. Si confiesa en parte, solo en esta se tendrá por probada, debiendo seguir el proceso sobre los demás puntos demandados.

 

Art. 141º REBELDÍA.- Cuando notificada legalmente de demanda al demandado o a su representante, no fuere contestada en el término previsto en el artículo 124 del presente Código, el Juez de oficio, o a petición de parte y en el día, lo declarará rebelde y contumaz sin requerir previo informe del Secretario disponiendo la prosecución de la causa en rebeldía del demandado, sujetando el proceso a término de prueba y ordenando se le haga saber ulteriores providencias mediante cedulón fijado en estrados.

 

Art. 142º REBELDE PUEDE ASUMIR DEFENSA.- El demandado declarado rebelde, sin ya impugnar los términos de la demanda, podrá asumir defensa en cualquier tiempo y en el estado en que se encuentre el proceso, previo pago de la multa previsto por Ley.

CAPÍTULO IV

DE LOS INCIDENTES

 

Art. 143º INCIDENTES.- Las cuestiones accesorias que sugieren en relación con el objeto principal del juicio, se tramitarán por la vía incidental.

 

Art. 144º INCIDENTES NO INTERRUMPEN EL PROCESO.- Los incidentes no interrumpirán la tramitación del proceso principal, a menor que fueren indispensables por la naturaleza de la cuestión planteada.

 

Art. 145º INCIDENTE PROCEDENTE.- Si el incidente fuese manifestante improcedente, el juez lo rechazará sin trámite.

 

Art. 146º INCIDENTE ADMITIDO.- Si el incidente fuera admitido se correrá en traslado a la otra parte que lo conteste dentro de tres días perentorios, vencidos los cuales se hubiere cuestiones de hecho que probar, el Juez abrirá un término probatorio de cinco días.

 

Art. 147º INCIDENTE CONTESTADO.- Contestado el incidente o vencido el plazo con o sin prueba, el Juez sin mas trámite dictará resolución.

 

De existir dos o mas incidentes acumulados y en estado de resolución podrán ser decididos en un mismo auto.

 

Art. 148º INCIDENTES RECHAZADOS–COSTAS.- Los incidentes rechazados se condenarán en costas y multas, que aumentarán en progresión geométrica hasta cinco veces, en caso de nuevos incidentes igualmente rechazados a la misma parte.

TÍTULO IV

DE LAS PRUEBAS

CAPÍTULO I

DE LAS NORMAS GENERALES

 

Art. 149º TÉRMINO DE PRUEBA.- Con la contestación negativa a la demanda se constituye la relación jurídico – procesal y en consecuencia, el Juez mediante auto abrirá un período de prueba de diez días comunes y perentorios y procesal a las partes fijando en forma precisa los puntos de hecho a probarse, resultantes de las expresas pretensiones del demandante y de los puntos específicos de la contestación.

Este auto podrá ser objetado por las partes dentro de tercer día y decidio mediante pronunciamiento previo e inmediato. La apelación se concederá solo en el acto devolutivo.

 

Art. 150º INVERSIÓN DE LA PRUEBA.- En esta materia corresponde al empleador demandado desvirtuar los fundamentos de la acción, sin perjuicio de que el actor aporte las pruebas que crea conveniente.

 

Art. 151º PRUEBAS POR TODOS LOS MEDIOS.- Durante el término probatorio las partes podrán valerse de todos los medios de justificación, como ser instrumentales, la confesión, el testimonio de terceros, la inspección judicial, los dictámenes periciales, los informes, los indicios, los medios científicos, y cualesquiera otro elemento racional que sirva a la formación de la convicción del Juez, siempre que no estén expresamente prohibido por la Ley, ni sean contrarios a la moral o al público.

Puede disponerse, asimismo reproducciones o fotografías de documentos, objetos, lugares o personas.

Es permitido, para establecer si un hecho puede o no realizarse de determinado modo, proceder a la reconstrucción del mismo.

 

Art. 152º PRUEBAS FUERA DE TÉRMINO.- El Juez podrá de oficio actuar y orientar todas las diligencias que tiendan al mayor esclarecimiento de los hechos controvertidos. Vencido el término probatorio y aún en segunda instancia sólo se aceptarán documentos de fecha posterior conforme a lo previsto en el Artículo 331 del Código de Procedimiento Civil.

Si el Juez no pudiera practicar personalmente las pruebas, por razón del territorio, comisionará a otro para que en la misma forma las practique.

 

Art. 153º PRUEBAS SOBRE LA MATERIA.- Las pruebas deben ceñirse a la materia del proceso y son inadmisible las que no se refieren a los hechos afirmados y no admitidos, así como las legalmente ineficaces.

El Juez puede rechazar de plano los medios de prueba prohibido por la Ley, notarialmente dilatorios o propuestas con el objeto de entorpecer la marcha del proceso. También podrá rechazar la práctica de pruebas obviamente inconducentes.

 

Art. 154º PRUEBAS NO REQUIEREN.- No requieren prueba los hechos afirmados por una parte y admitidos o reconocidos por la contraria, respecto a los cuales la ley no exija prueba especifica, los hechos notorios, los que estén amparados por una presunción de derecho y el derecho escrito que rigen en la nación.

 

Art. 155º PRUEBAS ORDENADAS POR EL JUEZ.- Además de las pruebas ofrecidos por las partes, el Juez podrá ordenar la práctica de todas aquellas que a sus juicio sean indispensables para el completo esclarecimiento de los hechos controvertidos. No obstante para decretar de oficio la declaración de testigos, será necesario que éstos aparezcan mencionados en otras pruebas o en cualquier acto procesal de las partes.

El juzgado debe, en cualquier momento, ordenar de oficio la repetición o perfeccionamiento de cualquier prueba, cuando ha sido mal practicada o sea deficiente.

 

Art. 156º COMPARECENCIA ORDENADA POR EL JUEZ.- En cualquier estado del proceso, el Juez podrá ordenar la comparencia de las partes, a fin de interrogarlas libremente sobre los hechos controvertidos. La parte citada podrá comparecer por medio de apoderado, salvo el caso de que se trate de hechos personales.

 

Art. 157º PRUEBAS FUERA DE TÉRMINO–JUEZ.- Aún vencido el término probatorio y dentro el plazo para dictar sentencia, el Juez podrá acordar para mejor proveer la práctica de cuantas pruebas estime necesaris.

Si la diligencia consiste en la confesión judicial o en pedir algún documento a una parte, y esta no comparece o no lo presenta en el plazo que se haya fijado, podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la contraria en relación con la prueba acordada.

 

Art. 158º PRUEBA APRECIACIÓN DEL JUEZ.- El Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas, y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes. Sin embargo cuando la Ley exija determinada solemnidad substantiem actus, no se podrá admitir su prueba por otro medio.

En todo caso, en la parte motivada de sentencia el Juez indicará los hechos y circunstancias que causaron su convencimiento.

CAPÍTULO II

DE LOS DOCUMENTOS

 

Art. 159º DOCUMENTOS SON: Son documentos los escritos, escrituras, certificados, planillas, libros de la empresa o del sindicato, tarjeteros, copias, impreso, planos, dibujos, fotografías, radiografías, sobres de pago, cheques, contraseñas cupones, etiquetas, telegramas, radiogramas, informes y en general, todo objeto que tenga carácter representativo o declarativo.

 

Art. 160º DOCUMENTO NEGATIVA DE PRESENTACIÓN.- Cuando el demandado se niega a presentar algún documento solicitado, por la otra, el Juez lo conminará a exhibirlo, bajo la alternativa de presunción de certidumbre.

 

Art. 161º DOCUMENTOS ORIGINALES.- Los documentos privados deben presentarse en sus originales para que tengan el valor que en este capítulo se les da, pero tendrán el mismo valor las copias de tales documentos en los casos siguientes:

a) Cuando la parte contra la cual se presenta la copia, la reconozca expresa y tácticamente como genuina.

b) Cuando la Copia haya sido compulsada y certificada por el Secretario.

c) Cuando se presente en copia fotostática o reproducida por cualquier otro medio técnico, siempre que sea autenticada por el funcionario encargado de la custodia del original.

d) Cuando el original no se encuentra en poder del deudor.

 

Art. 162º DOCUMENTOS NO FIRMADOS.-Los documentos no firmados sólo tendrán valor si son reconocidos expresamente por la parte a quien se atribuye o si se demuestra, por los medios comunes de prueba, que provienen de dicha parte.

Se exceptúan los libros de comercio debidamente registrados.

 

Art. 163º PRUEBAS COMPLEMENTARIAS.- También harán prueba los periódicos, revistas, libros, guías telefónicas, folletos y otras publicaciones impresas u otro que a juicio del Juez pueda formar convicción en su apreciación el Juez deberá tomar en cuenta las pruebas complementarias que se rindan.

Los escritos y notas taquigráficas pueden presentarse por vía de prueba, siempre que se acompañe su transcripción, especificando el sistema taquigráfico empleado, igualmente las cintas magnetofónicas.

 

Art. 164º DOCUMENTO EXTRANJERO.- Los documentos otorgados en un país extranjero tendrán fuerza probatoria, siempre que hubieran sido legalizados.

 

Art. 165º JUEZ PIDE INFORME.- El Juez de oficio o a solicitud de parte puede pedir informes a cualquier oficina pública o privada que, a su juicio, estime pertinente al proceso para verificar las afirmaciones de las partes.

El Juez apreciará estos informes según las reglas de la sana crítica.

CAPÍTULO III

DE LA CONFESIÓN PROVOCADA

 

Art. 166º CONFESIÓN PROVOCADA.- En los juicios sociales sólo se admitirá la confesión judicial provocada o juramento de posiciones, que deberá ser solicitado y absoluto dentro del término probatorio.

Si el emplazado no comparece ante el Juez, este en rebeldía, dará averiguados los puntos propuestos en el interrogatorio.

 

Art. 167º CONFESIÓN EXPRESA.- La confesión en materia laboral es expresa y divisible y el hecho admitido en ella no requiere más prueba.

 

Art. 168º PRUEBA INSUFICIENTE O CONTRADICTORIA.- El Juez de oficio, cuando estime que la prueba que existe en el proceso no sea suficiente, o sea contradictoria, o que la explicación de las partes puedan aclarar cuestiones dudosas o que dicha aclaración sea de importancia en el proceso, podrá decretar personalmente el interrogatorio de cualquiera de las partes, respecto al conocimiento que tenga sobre el particular.

CAPÍTULO IV

DE LOS TESTIGOS

 

Art. 169º TESTIGOS.- Hacen fe probatoria las declaraciones de dos o más testigos que concuerden en personas, cosas, hechos, tiempos y lugares.

Siendo los testigos trabajadores de entidades públicas o privadas, el Juez a petición de partes, hará conocer la situación al superior o jefe competente para concederle licencia sin descuento de sus sueldos o salarios.

 

Art. 170º TESTIGOS 15 AÑOS.- En materia social solamente podrán ser testigos las personas de ambos sexos mayores de 15 años. Los menores de edad, hasta 10 años, rendirán testimonios con carácter informativo.

 

Art. 171º TESTIGOS TACHA.- En los juicios sociales también rige lo previsto por el artículo 446 del Código de Procedimiento Civil.

 

Art. 172º TESTIGOS AUDIENCIA.- A la audiencia de recepción de prueba testifical podrán concurrir las partes asistentes por sus abogados para interrogar al testigo por intermedio del Juez, todo lo cual se hará constar en el acta respectiva que firmarán el Juez, testigo y el Secretario.

 

Art. 173º TESTIGOS ACTA.- Concluida la declaración será leída al testigo quien podrá hacer las modificaciones y aclaraciones que estime necesarias. Lo cual constará en el acta respectiva.

 

Art. 174º TESTIGOS ANALFABETOS.- Los testigos que no sepan escribir estamparán sus impresiones dígito pulgares, de esta circunstancia también se dejará constancia en acta.

 

Art. 175º TESTIGOS DECLARAN SOBRE.- Los testigos no están obligados a declarar sobre aquello que conozcan por razones de su ministerio oficio, profesión como ser:

a) Los ministros de cualquier culto religioso.

b) Los profesionales obligados legalmente a guardar el secreto.

c) Cualquier otra persona que por disposición de la Ley pueda o deba guardar secreto.

 

Art. 176º TESTIGOS RECIBIDOS POR EL JUEZ.- Para que las declaraciones de los testigos puedan estimarse como pruebas en los procesos, es necesario que se reciban por el Juez de la causa o por el comisionado o sean ratificaciones en la respectiva audiencia.

 

Art. 177º TESTIGOS CARGOS.- El Juez podrá ordenar, cuando lo considere conveniente, careos de los testigos entre sí y de estos con las partes.

 

Art. 178º TESTIGOS DOS HACEN PRUEBA.- Un testigo no puede formar por si solo plena prueba, por si presunción cuando es hábil, o indicio cuando su declaración se relacione con otros medios de prueba.

Sin embargo, se tendrá por prueba suficiente cuando, a juicio del juzgador declare con absoluta sinceridad y pleno conocimiento de los hechos, según las circunstancias especiales del caso.

CAPÍTULO V

DE LAS PRESUNCIONES

 

Art. 179º PRESUNCIONES.- La presunción legal que no admite prueba contraria forma plena prueba y examine de toda otra, y la presunción judicial admite prueba en contrario.

 

Art. 180º RECONOCIMIENTO MÉDICO–OMISIÓN.- La omisión del reconocimiento médico pre ocupacional hará presumir la inexistencia del riesgo antes de la contratación del trabajador, salvo prueba en contrario.

 

Art. 181º BALANCE LEGAL.- La falta de balance legal del empleador que tiene la obligación de presentarlo, hará presumir que ha obtenido utilidades.

 

Art. 182º PRESUNCIONES–CLASES.- Sin perjuicio de las presunciones precedentes, en las relaciones de trabajo regirán las siguientes presunciones:

a) Acreditada la presentación del servicio o la ejecución de la obra, se presume la relación de trabajo salvo prueba en contrario.

b) Todo contrato de trabajo se presume por término indefinido, salvo que se pruebe conforme a este Código que es por obra o tiempo definido y que la naturaleza de la prestación permite este tipo de contrato, que debe ser escrito.

c) La relación de trabajo termina por despido, salvo prueba en contrario.

d) El despido se entiende sin causa justificada, salvo prueba en contrario.

e) Acreditada la existencia del contrato de trabajo en dos fechas distintas dentro de un mismo año, se reconocerá salvo prueba en contrario, su interrupción.

f) Demostrando el salario ordinario devengado en los últimos tres meses de servicio se presumirá a favor del trabajador, salvo prueba en contrario, que dicho salario fue devengado en el tiempo anterior laborado, hasta en los últimos tres años.

g) Demostrado el pago del salario ordinario corresponde a seis meses consecutivos según la periodicidad, reglamentaria o acostumbrada en la respectiva empresa, se presumirá salvo prueba en contrario que los salarios ordinarios por el tiempo anterior han sido igualmente pagados.

h) Demostrado el pago de las remuneraciones de las vacaciones por el último año de trabajo, se presumirá, salvo prueba de contrario que están pagadas las causadas por los años anteriores.

i) La falta de presentación del libro a que se refiere el Artículo 41º del reglamento de la Ley General del Trabajo, hará presumir la existencia de horas extraordinarias trabajadas.

CAPÍTULO VI

DE LA INSPECCIÓN JUDICIAL

 

Art. 183º INSPECCIÓN JUDICIAL.- A solicitud de parte o de oficio, los jueces podrán señalar fecha y hora para la práctica de inspecciones o reconocimiento judiciales de lugares, cosas, bienes muebles, inmuebles, semovientes o de personas, pudiendo realizar en prima o segunda instancia.

 

Art. 184º INSPECCIÓN DE PARTE U OFICIO.- La parte que solicita la inspección o el Juez que lo disponga de oficio señalarán la materia u objeto sobre la que ha de recaer.

 

Art. 185º INSPECCIÓN NO EFECTIVA.- Si la inspección no se efectúa por acto deliberado de la parte contra quien debe realizarse. El Juez inferirá indicios contra el renuente.

 

Art. 186º INSPECCIÓN DE OFICIO.- Cuando la inspección se decretare de oficio puede verificarse en cualquier estado del proceso.

 

Art. 187º INSPECCIÓN INFORMACIÓN DE TERCEROS.- En el curso de la inspección, de oficio o a solicitud podrá recibirse la información de personas si ello fuere necesario para esclarecer los puntos objeto de la diligencia.

CAPÍTULO VII

DE LOS PERITOS

 

Art. 188º PERITOS.- Para apreciar o evaluar hechos de carácter científico, artístico o práctico, en primera o segunda instancia, el tribunal podrá recurrir a peritos aunque no lo pidan las partes.

 

Art. 189º PERITO–CRITERIO DEL JUEZ.- El Juez puede apartarse del criterio de los peritos.

 

Art. 190º PERITOS INFORMES.- Los informes periciales deberán presentarse en el plazo máximo de 5 días, computables desde la fecha del juramento del perito.

 

Art. 191º PERITO DIRIMIDOR.- Si los informes periciales no concuerdan. El Juez designará de oficio un dirimidor.

 

Art. 192º PERITOS EN SALUD.- En las conversaciones sobre riesgos ocupacionales actuarán pericialmente el Instituto Nacional de Salud Ocupacional y las respectivas juntas médicas.

 

Art. 193º PERITOS – DICTAMEN.- La parte que adujere la prueba pericial debe indicar el punto o los puntos sobre los cuales ha de versar el dictamen pericial.

 

Art. 194º PERITOS INFORMES ADICIONALES.- El Juez podrá ordenar que se repita o amplíe la prueba y que el perito rinda los informes adicionales que se le solicite.

 

Art. 195º PERITOS EMOLUMENTOS.- Los emolumentos del perito serán aprobados por el Juez y pagados por la parte que lo haya solicitado, el emolumento del dirimidor serán por ambas partes.

 

Art. 196º PERITOS DICTAMEN CIENTÍFICO.- El dictamen pericial será estimado por el Juez teniendo en consideración los principios científicos en que se funde, la relación con la materia de hecho, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y la competencia del perito.

CAPÍTULO VIII

DE LOS INDICIOS

 

Art. 197º INDICIOS.- Los indicios constituyen sólo prueba cuando por su importancia, número y conexción con el hecho que se trata de esclarecer, producen convicción en el Juez.

 

Art. 198º INDICIOS DE LA CONDUCTA.- El Juez podrá deducir indicios de la conducta procesal de las partes.

 

Art. 199º INDICIOS A FALTA DE OTRA PRUEBA.- La prueba indiciaria será considerada por los jueces de instancia, solamente a falta de otra prueba.

 

Art. 200º INDICIOS APRECIACIÓN.- El Juez apreciará los indicios en conjunto, teniendo en cuenta su gravedad, concordancia y convergencia y las demás pruebas que obran en el proceso, con arreglo a las reglas de la sana crítica.

CAPÍTULO IX

DE LA SENTENCIA

 

Art. 201º SENTENCIA.- Puesto el expediente por secretaría en el despacho del Juez, inmediatamente vencido el término de prueba, con o sin alegatos ni solicitud expresa de resolución, este pronunciará sentencia dentro del plazo establecido en el Artículo 79 de este Código.

 

Art. 202º SENTENCIA CONSIDERA.- La sentencia recaerá sobre todos los puntos litigados y constará de una parte considerativa y otra resolutiva y se dictará conforme a las reglas siguientes:

a) En la parte considerativa se indicará el nombre de las partes, la relación suscita de la acción intentada y los puntos materia de la controversia. En párrafos expresos se hará una relación de los hechos comprobados y alegados oportunamnete. Se hará referencia a las pruebas que obren en los hechos. En seguida se darán las razones y fundamentos legales que se estimen pertinentes, se citarán las normas legales y las razones doctrinales que se consideran aplicables al caso.

b) En la parte resolutiva, se indicará la decisión que se adopte con determinación obligatoria e inexcusable de la cuantía de las obligaciones que debe pagar el demandado. La liquidación que contenga deberá referirse a todas y cada uno de los conceptos a que se refiere el auto de prueba previsto en el artículo de este Código, bajo responsabilidad.

c) La parte resolutiva también comprenderá aquello que el trabajador hubiese omitido reclamar en la demanda y que en el curso del proceso se hubiera evidenciado y tenga conxitud.

 

Art. 203º SENTENCIA NOTIFICADA.- La sentencia será notificada primero a la parte afectada por el fallo, para que en los términos legales puede hacer uso de los recursos que le franquea la Ley.

 

Art. 204º SENTENCIA–COSTAS.- Cuando la sentencia sancione con costas al demandado, el honorario profesional será regulado en la proporción de 10% del monto condenado y en suma equitativa, cuando se trate de autos interlocutorios.

Dichos honorarios hubiese recibido ya por adelantado sus derechos por parte del trabajador, caso en el cual los honorarios regulados irán a resarcir los gastos efectuados por aquel.

TÍTULO IV

DE LOS RECURSOS ORDINARIOS

CAPÍTULO I

DE LA APELACIÓN

 

Art. 205º APELACIÓN–TÉRMINO.- Notificadas las partes con la sentencia, tienen el término perentorio de cinco días para interponer recursos de apelación fundamentada, del que se correrá traslado que será contestada dentro de igual término y de tres días tratándose de ambos interlocutores.

Vencidos estos términos, lo recursos serán rechazados.

 

Art. 206º APELACIÓN–EFECTOS.- La apelación de la sentencia en el juicio social será concedida mediante auto en el efecto suspensivo y dentro de las 24 horas de respondida la apelación fundamentada.

 

Art. 207º APELACIÓN CONCEDIDA.- Concedido el recurso se remitirá de inmediato el expediente al superior.

 

Art. 208º APELACION TERMINO PROBATORIO PUEDE REDUCIRSE.- Recibido el expediente por el superior, éste acturá conforme a las reglas del Código de Procedimiento Civil, reduciendo el término probatorio, si procede a cinco días.

 

Art. 209º AUTO DE VISTA–10 DÍAS.- La Corte Nacional del Trabajo y Seguridad Social, dictará auto de vista en el término de diez días de sorteado el expediente y cinco en los autos interlocutorios.

CAPÍTULO II

DEL RECURSO DE NULIDAD

 

Art. 210º RECURSO DE NULIDAD–INTERPOSICIÓN.- El recurso de nulidad será interpuesto ante la Corte Nacional del Trabajo y Seguridad Social en el término fatal de ocho días computables desde su notificación al recurrente con el auto de vista, acompañando depósito judicial por el monto condenatorio y los demás depósitos exigidos por ley.

 

Art. 211º RECURSO DE NULIDAD DEPÓSITO.- Si el recurrente no acompaña el certificado de depósito por el monto condenatorio o el recurso es presentado fuera del término, la Corte sin mas trámite rechazará el recurso declarando ejecutoriado el auto de vista. (Derog. Art. 300 LOJ)

 

Art. 212º RECURSO DE NULIDAD–REMISIÓN DE EXPEDIENTE.- Cuando el recurrente no provea el porte para la remisión del expediente al Tribunal Supremo en el término de 10 días desde su notificación con el auto que la concede se declarará desierto el recurso y ejecutoriado el auto de vista.

CAPÍTULO III

DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA

 

Art. 213º SENTENCIA EJECUTORIADA–CUMPLIMIENTO.- Las sentencias ejecutoriadas se harán cumplir por el Juez de primera instancia, que concederá a la parte perdidosa a un plazo de tres días para el efecto.

 

Art. 214º SENTENCIA EJECUTORIADA–PAGO.- Si como consecuencia de los recursos interpuestos, la sentencia ejecutoriada establece el pago de una suma determinada, quedando pendiente otra indeterminada, se hará efectiva la primera sin perjuicio de que se establezca con carácter inmediato el monto de la segunda.

 

Art. 215º SENTENCIA EJECUTORIADA–PAGO AL TRABAJADOR.- La cuantía de las obligaciones establecida en sentencia se pagará perfectamente al trabajador o sus herederos en forma personal, aunque su apoderado cuente con la facultad de cobrar dineros.

 

Art. 216º SENTENCIA EJECUTORIADA–3 DÍAS.- Si transcurridos los tres días para la ejecución de la sentencia, el litigante perdidoso no cumplió su obligación, el Juez librará mandamiento de apremio del ejecutado.

 

Art. 217º SENTENCIA EJECUTORIADA–AUTO DE VISTA.- La Corte Nacional del Trabajo y Seguridad Social, podrá ejecutar provisionalmente sus autos de vista siempre que sean confirmatorios de las sentencias de primer grado, para lo cual el interesado, ofrecerá fianza personal de resultas.

 

FIANZA DE RESULTAS D.S. 21858 de 19 de ene. de 1988

Art. 1º Se establece con carácter retroactivo la aplicación obligatoria de los artículos 943 y 923 del Código de Procedimiento Civil y demás preceptos concordantes, sobre fianza de resultas, en toda ejecución proviosional de autos de vista de la Corte Nacional del Trabajo y Seguridad Social, confirmatorios de sentencias de primer grado, según dispone el artículo 217 del Código Procesal del Trabajo.

Art.2º Se determina aclarativamente con igual carácter retroactivo que no podrá admitirse fianza de resultas simplemente personal sino sólo cuando el monto condenatorio en ejecución provisional no exceda de la suma de diez mil 00/100 bolivianos (Bs. 10000) debiendo exigirse necesariamente garantía hipotecaria, previamente calificada por la Corte Nacional de Trabajo para la ejecución provisional de todo auto de vista condenatorio por monto que sobrepase la cantidad de diez mil 00/100 bolivianos (Bs. 10 000) y que estuviere pendiente de recurso de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

 

Art. 218º LAUDOS ARBITRALES–EJECUTADOS.- En virtud a que los Tribunales Arbitrales en los conflictos colectivos son de naturaleza transitoria, los laudos arbitrales por comportar verdaderas sentencias al tenor del artículo 157º del Reglamento de la Ley General del Trabajo, serán ejecutados por la judicatura Laboral, en los mismos términos que una sentencia social ejecutoriada y de conformidad al presente Capítulo.

 

Art. 219º LAUDO ARBITRAL–EJECUCIÓN POR EL JUEZ.- Para el efecto del Artículo anterior, los trabajadores involucrados en el Laudo Arbitral, por si o por intermedio de sus dirigentes sindicales, se apersonarán ante el Juez del Trabajo acompañando copia legalizada de dicho Laudo, pidiendo las ejecuciones del mismo.

CAPÍTULO IV

DE LAS TERECERIAS

 

Art. 220º TERCERIA DOMINIO EXCLUYENTE.- En los juicios sociales solo serán admisibles las tercerías de dominio excluyente sobre el bien embargado. En tal caso el tercerista deberá interponer su acción acompañando inexcusablemente el instrumento que acredite su derecho de propiedad debidamente registrado.

 

Art. 221º TERCETISTA–DERECHO DE PROPIEDAD.- Si el bien embargado es mueble, el tercerista deberá demostrar su derecho de propiedad por todos lo medios de prueba preconstituida.

TÍTULO VI

DE LOS PROCESOS ESPECIALES

CAPÍTULO I

DEL PROCEDIMIENTO POR INFRACCIÓN DE LEY SOCIAL

 

Art. 222º INFRACCIÓN DE LEYES–DENUNCIA.- La denuncia por infracción de Ley Social, procede en aquellos casos en los cuales la infracción es manifiesta y puede ser demostrada con prueba preconstituida. No procede en los casos de interpretación legal o contractual o tratándose del esclarecimiento de hechos controvertidos.

 

Art. 223º INFRACCIÓN DE LEYES–DENUNCIA ANTE EL JUEZ.- Cuando se constate la infracción de leyes sociales, las autoridades del Ministerio de Trabajo presentarán denuncia escrita ante el Juez de Trabajo de su distrito, especificando el nombre del infractor, su domicilio, señalando las disposiciones legales infringidas con relación circunstancial de los hecho, fecha de la constatación y proponiendo el monto de la multa a aplicarse.

El Director General, el Inspector General, los directores departamentales y los jefes departamentales y regionales, bajo responsabilidad, llevarán registros y control de las denuncias que tendrán valor de prueba preconstituida y gozarán de presunción de certeza, salvo prueba en contrario.

 

Art. 224º INFRACCIÓN DE LEYES–ADMISIÓN.- Admitida la denuncia, el Juez de Trabajo ordenará la citación al denunciado simultáneamente con la apertura de término de prueba, para que en el término perentorio de diez días como máximo sin considerar ningún otro término, ofrezca la prueba de descargo que le asista.

 

Art. 225º INFRACCIÓN DE LEYES–DENUNCIANTE.- Es obligatoria la concurrencia de la autoridad denunciante en el trámite de la causa. La autoridad denunciante no podrá desistir, ni transigir y el Juez no admitirá dilaciones, los dirigentes sindicales podrán coadyuvar las denuncias.

 

Art. 226º INFRACCIÓN DE LEYES–EXPEDIENTE A DESPACHO.- Vencido el término de prueba y sin más trámite el Secretario pasará el expediente a despacho del Juez con nota expresa del día y hora en que lo hace bajo responsabilidad.

 

Art. 227º INFRACCIÓN DE LEYES–SENTENCIA.- El Juez dictará sentencia dentro de los cinco días siguientes, excusando al prevenido o imponiéndole la sanción que corresponda, con citación de las leyes infringidas y aplicables al caso.

 

Art. 228º INFRACCIÓN DE LEYES–APELACIÓN.- Notificada la parte afectada con la sentencia, ya personalmente o con cédula, podrá apelar dentro de los tres días subsiguientes a la fecha de su notificación, previo depósito judicial de la multa a la orden del Juez de Trabajo, caso contrario se rechazará su apelación quedando ejecutoriada la sentencia.

 

Art. 229º INFRACCIÓN DE LEYES–CERTIFICADO.- Ningún expediente será elevado a la autoridad que debe conocer el asunto en apelación sin previa entrega del certificado a que hace referencia el artículo anterior, dentro de los tres días señalados al efecto, indefectiblemente.

 

No haciéndose uso del recurso de apelación o no depositada la multa dentro de los tres días, la resolución adquiere ejecutoria, teniendo la parte sancionada nueve días computables desde la notificación con la sentencia, para hacer efectivo el pago de la multa que será depositada en la cuenta correspondiente, debiendo entregarse los certificados de depósito a la autoridad que dictó el fallo, en la forma prevenida.

 

Art. 230º INFRACCIÓN DE LEYES–APELACIÓN CONCEDIDA.- Concedida la apelación previos los requisitos anteriores, las actuaciones se remitirán sin mayor demora a la Corte Nacional del Trabajo y Seguridad Social, la cual fallará en vista de los antecedentes y sin más trámite, dentro de diez días improrrogables, bajo responsabilidad.

 

Art. 231º INFRACCIÓN DE LEYES–MANDAMIENTO APREMIO.- Pasados los nueve días sin el pago de la multa impuesta, el Juez del Trabajo expedirá el mandamiento de apremio contra el infractor, encomendando su ejecución a la

Policía de Seguridad para la efectividad de la sanción.

 

Art. 232º INFRACCIÓN DE LEYES–DESACATO.- En materia de denuncias o desacato a las autoridades del Ministerio del Trabajo, los jueces deberán determinar el cumplimiento de las disposiciones legales o las respectivas órdenes sin dilación, estableciendo en forma expresa, el cumplimiento de las normas violadas.

 

Art. 233º INFRACCIÓN DE LEYES–AUTO DE LA CORTE.- El auto de la Corte Nacional del Trabajo no admitirá ningún otro recurso ni ordinario ni extraordinario ni el de compulsa.

 

Art. 234º INFRACCIÓN DE LEYES–MULTAS.- Cuando la infracción fuese cometida por alguna compañía o sociedad, las multas se decretarán contra el representante o gerente que tuviere a su cargo la dirección de la fábrica o industria, siendo los patronos solidariamente responsables con aquel.

 

Art. 235º INFRACCIÓN DE LEYES–DOMICILIO.- Para los efectos jurídicos se entiende como domicilio legal del patrono, gerente o representante, el lugar de la infracción.

 

Art. 236º INFRACCIÓN DE LEYES–SANCIONES.- Las sanciones por infracción de las leyes sociales son independientes de las responsabilidades civiles o criminales que procedieran.

 

Art. 237º INFRACCIÓN DE LEYES–SANCIONES POR OMISIÓN.- Se sancionará igualmente sujetándose al mismo procedimiento y con una multa proporcional, todo acto u omisión que perjudique, perturbe, impida o dilate el servicio del Ministerio del Trabajo y sus dependencias o tergiversando las informaciones que se solicitaren, desacatando sus resoluciones o de cualquier otro modo.

 

Art. 238º INFRACCIÓN DE LEYES–FALLOS.- Si las autoridades llamadas al efecto, no dictaren su fallo dentro de los términos señalados en los artículos pertinentes serán pasibles por primera vez, a una multa del veinte por ciento del haber de un mes, del cincuenta por ciento por segunda vez y destitución en caso de reincidencia. Para establecer la retardación, bastará computar los términos con las fechas de notificación e ingreso de expedientes.

 

Art. 239º INFRACCIÓN DE LEYES–MODIFICACIÓN.- Modificarse el Artículo 121 de la Ley General del Trabajo y 165º de su Reglamento, en sentido de que los jueces sancionarán cada una de las infracciones, con multas de $b. 500.- a $b. 5.000.

 

Art. 240º INFRACCIÓN DE LEYES DE HIGIENE.- Las infracciones de leyes de Higiene y Seguridad Ocupacional, serán objeto del mismo trámite previsto en el presente Capítulo.

CAPÍTULO II

DEL PROCEDIMIENTO DE DESAFUERO SINDICAL

 

Art. 241º DESAFUERO SINDICAL–JUICIOS.- Los juicios sociales de desafuero sindical se tramitarán de conformidad a las reglas de los juicios sociales ordinarios, con la salvedad de que en este caso procede la reconvención por parte del trabajador.

 

Art. 242º DESAFUERO SINDICAL–SENTENCIA.- Se aclara que, en tanto no exista sentencia ejecutoriada de desafuero, el trabajador continuará en sus funciones.

CAPÍTULO III

DEL PROCEDIMIENTO SOBRE DECLARATORIA DE DERECHOS

 

Art. 243º DECLARATORIA HEREDEROS.- Los casos previstos en el Artículo 88 de la Ley General del Trabajo y su ampliación mediante Ley Nº 102 de 29 de diciembre de 1944 y D.S. Nº 1260 de 5 de julio de 1948, relativa a la declaratoria de derechos para cobro de los beneficios sociales fincados al fallecimiento de un trabajador a favor de su concubina e hijos, se determina que se sustanciarán ante el Juez de Trabajo y Seguridad Social en la vía sumarísima que sigue.

 

Art. 244º DECLARATORIA HEREDEROS–TÉRMINO DE PRUEBA.- El Juez admitirá la petición y simultáneamente sujetará la causa a término probatorio de 5 días para que la actora ofrezca los justificativos que le asistan.

 

Art. 245º DECLARATORIA HEREDEROS–AUTO MOTIVADO.- Vencido el término de prueba, el Juez dictará inmediatamente auto motivado dentro de los 3 días siguientes, rechazando la solicitud si hay lugar a ello, o declarando a la actora y a sus hijos con derecho a cobrar los beneficios sociales a que se refieren las disposiciones legales señaladas en el artículo 243º del presente Capítulo.

 

Art. 246º DECLARATORIA–HEREDEROS–OPOSICIÓN.- Suscitada oposición contra la solicitud de la concubina o sus hijos, el Juez convertirá en contencioso el trámite y los sustanciará empezando a correr en traslado la oposición y con sujeción a las reglas comunes del juicio social.

 

Art. 247º DECLARATORIA HEREDEROS–OPOSITOR.- El opositor se considerará como demandado que ha deducido excepciones.

 

Art. 248º DECLARATORIA HEREDEROS–SENTENCIA APELADA.- En este caso y en sentencia, el Juez determinará motivadamente quién o quiénes son acreedores a los beneficios sociales que dan lugar a este procedimiento.

La sentencia podrá ser apelada y recurrida de nulidad de conformidad a las previsiones de este Código.

CAPÍTULO IV

DE LOS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL

Y DE RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO SINDICAL

 

Art. 249º JUICIOS COACTIVO.- Los juicios coactivos de Seguridad Social y vivienda de interés social, se regirán por las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

 

Art. 250º JUICIO COACTIVO–NOTA DE CARGO.- El Ministerio de Trabajo tiene competencia para girar notas de cargo con el objeto de recuperar el patrimonio sindical, mediante juicio coactivo.

Estos trámites se sujetarán al mismo procedimiento previsto en el artículo anterior.

TÍTULO VII

DISPOSICIONES FINALES TRANSITORIAS

CAPÍTULO ÚNICO

DISPOSICIONES FINALES

 

Art. 251º VIGENCIA DEL C.P.T.- La presente Ley regirá desde la fecha de su publicación.

 

Art. 252º REMISIÓN AL. C.P.C. y L.O.J.- Los aspectos no previstos en la presente Ley, se regirán excepcionalmente por las disposiciones de la Ley de Organización Judicial y del Procedimiento Civil y siempre que no signifiquen violación de los principios generales del Derecho Procesal Laboral.

 

Art. 253º DEROGACIONES.- Quedan abrogadas todas las disposiciones legales contrarias a la presente Ley.

 

PROCEDIMIENTO LABORAL MODIFICACIONESS

- La Corte de trabajo es parte del poder judicial de acuerdo a lo dispuesto por el art. 300 LOJ.

- Art. 300 LOJ, deroga de los arts. 12 al 14, 16 al 33, 37 al 41 del C.P.T. relativo a la Corte de Trabajo.

 

- El mismo artículo deroga la disposiciones legales que fijan depósitos judiciales para recursos procesales y que crean timbres valores, etc.

- Las medidas precautorias no pueden aplicarse a las empresas capitalizadas. D.S. 24036

- La Ley de Abreviación procesal civil. art. 29, establece que el embargo y cualquier otra medida precautoria se ejecutarán antes de la citación con la demanda al ejecutado.

- Los Art. 11 y 12 Ley de Abolición de Prisión y Apremio Corporal, modifican el apremio corporal en materia laboral y familiar. Podrá ser ordenado por el juez de la causa no pudiendo exceder de 6 meses, vencido el cual será puesto en libertad sin necesidad de constituir fianza, con el solo compromiso juramentado de cumplir la obligación.

 

- Ordenada la libertad el juez podrá disponer nuevo apremio contra el obligado cuando transcurridos 6 meses desde la puesta en libertad no hubiera satisfecho el pago.

CÓDIGO DE SEGURIDAD SOCIAL

CÓDIGO DE SEGURIDAD SOCIAL

(Ley de 14 de dic. de 1956 )

 

Art. 1º Se tendrán como Ley de la República el CODIGO DE SEGURIDAD SOCIAL remitido por el Poder Ejecutivo al H. Congreso Nacional con mensaje especial Nº 1527/65 fechado el 19 de septiembre de 1956, con las siguientes modificaciones:

Art. 2º Serán partes integrantes del CODIGO de SEGURIDAD SOCIAL los siguientes anexos, incluidos en dicho Código:

Nº 1. “Lista de Enfermedades Profesionales que ocasiona incapacidades permanentes parciales o totales”.

Nº 2. “Lista Valorativa de Lesiones que dan lugar a incapacidad permanente parcial por Accidentes de Trabajo o Enfermedad Profesional”, y

Nº 3. “CÓDIGO NACIONAL DE RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA”, sustituyéndose la palabra “caucho” por los términos: “goma, caucho y similares”.

Art. 3º La Caja Nacional de Seguridad Social, en el término improrrogable de 6 meses de la promulgación de la presente ley, establecerá las estadísticas de los ex – trabajadores incapacitados permanentemente no comprometidos en su campo de aplicación, con el fin de estudiar el régimen de asistencia social que les corresponda.

Art. 4º El régimen de Vivienda Popular elevado a categoría de Ley en fecha 29 de octubre del presente año (1956)formará parte integrante del Código de Seguridad Social.

Por cuanto:

El H. Congreso Nacional ha sancionado la siguiente Ley:

El H. CONGRESO NACIONAL.

DECRETA:

 

TÍTULO I

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO I

NATURALEZA Y FINES

Art. 1º EL CÓDIGO DE SEGURIDAD SOCIAL.- Es un conjunto de normas que tiende a proteger la salud del capital humano del país, la continuidad de sus medios de subsistencia, la aplicación de medidas adecuadas para la rehabilitación de las personas inutilizadas y la concesión de los medios necesarios para el mejoramiento de las condiciones de vida del grupo familiar.

Art. 2º La aplicación de las normas de seguridad social, se efectuará mediante este código constituido por el Seguro Social Obligatorio, la Asignaciones Familiares y sus disposiciones especiales que tienen carácter obligatorio para todas las personas e instituciones comprendidas en el campo de aplicación del presente Código.

Art. 3º El Seguro Social tiene por objeto proteger a los trabajadores y sus familiares en los casos siguientes:

a) Enfermedad

b) Maternidad

c) Riesgos profesionales

d) Invalidez

e)Vejez y

g) Muerte.

Art. 4º Las asignaciones familiares comprenden:

1) El subsidio matrimonial.

2) El subsidio de natalidad.

3) El subsidio de lactancia.

4) El subsidio familiar.

5) El subsidio de sepelio.

Art. 5º La aplicación de los regímenes a que se refiere el artículo 2 se efectuará mediante:

a) La Caja de Seguridad Social de Ferroviarios. Ramas Anexas y Transportes Aéreos de Bolivia, que estará encargada de los regímenes del Seguro Social Obligatorio y de Asignaciones Familiares, para sus afiliados.

b) La Caja de Seguro Social Militar que estará encargada de los regímenes del Seguro Social Obligatorio y de Asignaciones Familiares para sus afiliados.

c) La Caja Nacional de Seguridad Social que estará encargada de los regímenes del Seguro Social Obligatorio y Asignaciones Familiares para todos los demás trabajadores incluidos en el campo de aplicación.

 

CAPÍTULO II

CAMPO DE APLICACIÓN

Art. 6º El Código de Seguridad Social es obligatorio para todas las personas nacionales o extranjeras, de ambos sexos, que trabajan en el territorio de la República y prestan servicios remunerados para otra persona natural o jurídica, mediante designación, contrato de trabajo, o contrato de aprendizaje, sean éstas de carácter privado o público, expresos o presuntos.

Art. 7º Para los fines de este Código, los miembros de la Seguridad Nacional, pertenecientes al Cuerpo Nacional de Carabineros y de Tránsito y demás agentes de la Fuerza Pública, se considerarán como empleados públicos.

Art. 8º Están obligatoriamente sujetos a los seguros de invalidez, vejez y muerte los nacionales que trabajan en el extranjero por cuenta del Estado o de empleadores bolivianos, siempre que sean remunerados por éstos.

Art. 9º Los trabajadores mencionados en el artículo 6º que pasen a la situación pasiva percibiendo rentas de invalidez, vejez de incapacidad permanente total continuarán percibiendo las prestaciones de los seguros de enfermedad y maternidad.

Los trabajadores mencionados en el Art. 6º, que pasen a la situación pasiva percibiendo rentas de invalidez, vejez o incapacidad permanente total, seguirán percibiendo las Asignaciones Familiares.

Art. 10º No están sujetas al Código de seguridad Social las siguientes personas:

Las que ejecuten trabajos ocasionales extraños a la actividad ordinaria del empleador, siempre que su duración no exceda de quince días.

Las personas afiliadas a una institución oficial extranjera para fines de los seguros de invalidez, vejez y muerte.

Las personas extranjeras empleadas por las agencias diplomáticas, consulares e internacionales que tienen su sede en Bolivia y que gocen de inmunidades y privilegios diplomáticos.

Las que ejecuten trabajos remunerados en moneda extranjera hasta la cuantía que señale el Reglamento.

Art. 11 El Poder Ejecutivo incorporará posteriormente en el campo de aplicación del Código de Seguridad Social, a los trabajadores independientes cuando se establezcan las condiciones económico–sociales y las posibilidades técnicas que permitan un eficaz otorgamiento de las prestaciones a este grupo de trabajadores.

Art. 12 Los trabajadores que no están sujetos obligatoriamente al Seguro Social Obligatorio, como los artesanos y otros trabajadores independientes podrán solicitar a la Caja su incorporación en uno o en los demás seguros siempre que tomen a su cargo la totalidad de la cotización y se sometan a las condiciones que el Reglamento especificará.

El asegurado que cesaré en un trabajo al Seguro Social Obligatorio podrá solicitar a la Caja la autorización para continuar voluntariamente asegurado en los seguros de enfermedad y maternidad, o de invalidez, vejez y muerte o ambos según los casos, quedando en tal caso, a su cargo la cotización total para el o los seguros que hubiesen escogido.

 

CAPÍTULO III

DEFINICIONES

Art. 13º Para los fines del presente Código, los términos indicados a continuación significan:

a) Empleador. La persona natural o jurídica a quien se presta el servicio y por cuya cuenta u orden se efectúa el trabajo, mediante un contrato público o privado, expreso o presunto de trabajo, o de aprendizaje, cualquiera sea la forma o modalidad de la remuneración. Asimismo, se considerarán empleadores a las cooperativas de producción y a los contratistas, subcontratistas o intermediarios en la explotación de empresas y negocios. Se considerarán igualmente empleadores al Estado, sus organismos dependientes y las instituciones de derecho público respecto de sus empleados y obreros.

b) Trabajador asegurado. La persona, sea obrero, empleado, miembro de cooperativa de producción o aprendiz, que está sujeta al campo de aplicación del presente Código.

c) Beneficiarios. Los miembros de Familia del asegurado protegido por las disposiciones del presente Código.

d) Derecho–habientes. Los herederos del asegurado, que el presente. Código reconoce para la percepción de las rentas y demás beneficios previstos en caso de muerte del causante.

e) Salario. La remuneración total que percibe el trabajador sea empleado u obrero, empleado público, aprendiz o miembro de cooperativa de producción como retribución de su trabajo, cualquiera sea la especie, forma y modalidad de pago. Para efectos del presente CODIGO se entiende igualmente por salario las retribuciones por concepto de trabajo extraordinario, suplementario o a destajo, comisiones, sobresueldos, gratificaciones porcentajes, honorarios, bonos de producción, de antigüedad, de categorización, usufructo, uso y habilitación o cualquier otra remuneración accesoria, exceptuando el aguinaldo. Los elementos que constituyen el salario para fines de cotización serán los mismos para los fines de prestaciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 61.

f) Cotización. El aporte a los regímenes del Seguro Social y de Asignaciones Familiares para la cobertura de las cargas financieras y que se asigne tanto al empleador como al asegurado. Así como, por su parte al Estado.

Los términos de “prima”, “aporte”, “cotización”, “tasa” y “contribución”, usados en el presente Código son sinónimos.

g) Prestaciones. Los beneficios otorgados en dinero o en especie (sanitarios, alimenticios y otros). Por cuyo medio la Seguridad Social realiza la protección del trabajador y su familia.

h) Subsidio. La prestaciones periódicas reconocidas a los asegurados en los casos de incapacidad temporal por enfermedad común, maternidad, accidente del trabajo y enfermedad profesional y las acordadas por el régimen de Asignacioens Familiares.

i) Renta. El pago periódico en determinada proporción del salario, reconocido a los asegurados, o el pago periódico en proporción de la renta del causante a los derecho–habientes, en los casos de incapacidad permanente por causa profesional, de invalidez, vejez o de muerte.

j) Caja. Cada una de las instituciones de carácter público, encargadas por el Estado de la gestión y aplicación del Código de Seguridad Social, en los respectivos grupos laborales.

El Reglamento ampliará o incluirá, las definiciones que considere convenientes.

 

TÍTULO II

DE LAS PRESTACIONES DEL SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO

CAPÍTULO I

DE LAS PRESTACIONES EN ESPECIE

 

SECCIÓN “A”

ENFERMEDAD

Art. 14º. En caso de enfermedad, reconocida por los servicios médicos de la Caja, el asegurado y los beneficiarios tienen derecho a las prestaciones en especie que dichos servicios consideren indispensables para la curación, o sea a la necesaria asistencia médica y dental, general y especializada, quirúrgica, hospitalaria y al suministro de medicamentos que requiera el estado del enfermo.

Son beneficiarios los siguientes familiares a cargo del trabajador:

La esposa, o la conviviente inscrita en los registros de la Caja o el esposo inválido reconocido pro los servicios médicos de la misma.

 

Los hijos legítimos, los naturales reconocidos y los adoptivos, hasta los 16 años o 19 años si estudian en establecimientos autorizados por el Estado, o sin límite de edad y son declarados inválidos por los servicios médicos de la Caja antes de cumplir las edades anteriormente indicadas.

El padre inválido reconocido por los servicios médicos de la Caja y la madre, siempre que no dispongan de rentas personales para su subsistencia.

Los hermanos, en las mismas condiciones de edad que los hijos, siempre que sean huérfanos o hijos de padres comprendidos en el inciso anterior, que no perciben rentas y que vivan en el hogar del asegurado.

Art. 15º El otorgamiento de las prestaciones en especie comienza a partir de la constación de la enfermedad por los servicios médicos de la Caja.

Art. 16º Las prestaciones médicas serán concedidas por un máximo de 26 semanas para una misma enfermedad en un período de 12 meses consecutivos.

En los casos en que se demuestre clínicamente que exista fundada posibilidad de recuperación del enfermo, la Comisión de Prestaciones de la Caja puede autorizar la ampliación de las prestaciones hasta un máximo de otras 26 semanas por una sola vez. Sin embargo, cesará en cualquier momento el derecho a las prestaciones si el enfermo es declarado inválido.

Las recaídas en el plazo de 30 días se considerarán como continuación de la misma enfermedad, para efectos del cómputo de los periodos previstos en el párrafo anterior.

Art. 17º La asistencia hospitalaria se concederá con un máximo de 26 semanas para una misma enfermedad en un período de 12 meses consecutivos.

En los casos que se demuestre clínicamente que existe fundada posibilidad de recuperación del enfermo, la Comisión de Prestaciones de la Caja puede autorizar, previo dictamen de los servicios médicos de la misma caso por caso, la extensión del tratamiento hospitalario hasta un máximo de otras 26 semanas pro una sola vez.

Las condiciones de hospitalización serán determinadas en el Reglamento.

Art. 18º El suministro de medicamentos requerido por el estado del enfermo procede mientras se preste la asistencia médica o dental, hospitalaria o quirúrgica.

Los medicamentos suministrados por la Caja deberán estar contenidos en envases especiales de la institución siendo terminantemente prohibida su venta, bajo sanciones, que establecerá el Reglamento, el que también especificará el procedimiento del suministro.

Art. 19º El derecho de las prestaciones en especie procederá cuando el asegurado acredite no menos de una cotización mensual en los dos meses inmediatamente anteriores al comienzo de la enfermedad.

En caso de cesantía de un trabajador sujeto al seguro, se requerirá la misma condición para el reconocimiento del derecho a las prestaciones.

En caso de muerte del trabajador asegurado, los beneficiarios tendrán derecho a las prestaciones en especie, siempre que se hubiese cumplido con las condiciones enunciadas en el primer párrafo del presente artículo.

Art. 20º En los lugares donde la Caja no disponga de servicios sanitarios propios o contratados, ésta podrá autorizar, caso por caso, al asegurado el empleo de servicios sanitarios particulares, La Caja abonará al interesado el total que importe esta atención.

Art. 21º Para recibir las prestaciones los asegurados y los beneficiarios deberán cumplir con las prescripciones sanitarias de los servicios médicos de la Caja.

Art. 22º Para la mejor defensa de la salud de los asegurados y de sus beneficiarios la Caja organizará un programa de medicina preventiva, cuyas medidas serán obligatorias en los plazos y condiciones que establezca el Reglamento. En particular, dicho programa comprenderá vacunaciones contra las enfermedades transmisibles y exámenes periódicos de salud, referidos a catastro pulmonar y examen serológico así como en su caso, los cuidados prenatales y de puericultura. Una vez que el programa de medicina preventiva esté en aplicación el derecho a las prestaciones de medicina curativa estará sujeto al cumplimiento de las prescripciones de dicho programa.

El programa de medicina preventiva de la Caja, encarará los problemas de la salud pública nacional, coordinando su labor con las entidades estatales existentes.

 

SECCIÓN “B”

MATERNIDAD

Art. 23º La asegurada y la esposa o conviviente del asegurado tiene derecho, en los períodos de gestación, parto y perpuerio, a la necesaria asistencia médica quirúrgica hospitalaria y al suministro de los medicamentos que requiera el estado de la paciente.

Art. 24º La asistencia sanitaria procede a partir de la fecha de constatación del estado de gravidez por parte de los servicios médicos de la Caja, hasta un máximo de 6 semanas después del parto.

Art. 25º En caso de aborto provocado sin prescripción médica, procede solamente el derecho a las prestaciones sanitarias indespensables.

Art. 26º Para tener derecho a las prestaciones se requiere no menos de seis cotizaciones mensuales en los 12 meses inmediatamente anteriores al mes en que se presuma la realización del parto.

En caso de cesantía de la trabajadora sujeta al seguro, se aplicará la misma condición para adquirir este derecho, y la prestación sanitaria respectiva, se extenderá hasta un máximo de seis semanas después del parto.

 

SECCIÓN “C”

RIESGOS PROFESIONALES

Art. 27º Los riesgos profesionales comprenden los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales.

Se entiende:

Por accidente del trabajo, toda lesión orgánica o trastorno funcional producido por la acción súbita y violenta de una causa externa, con ocasión o como consecuencia del trabajo, y que determine disminución o pérdida de la capacidad de trabajo y de ganancia o muerte del asegurado.

Por enfermedad profesional, a todo estado patológico producido por consecuencia del trabajo, que sobrevenga por evolución lenta y progresiva, que determine la disminución o pérdida de capacidad de trabajo y de ganancia o muerte del asegurado, y que sea provocada por la acción de los agentes novicios cuya lista figura en el anexo Nº 1 del presente Código.

Art. 28º En caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional, el asegurado tiene derecho:

A la necesaria asistencia médica y dental, quirúrgica, hospitalaria y al suministro de los medicamentos y otros medios terapéuticos que requiera su estado.

A la provisión, reparación y renovación normales de los aparatos de prótesis y ortopedia, cuyo uso se estima necesario por causa de la lesión.

Al tratamiento adecuado para su recuperación y readaptación profesionales.

Art. 29º El derecho a las prestaciones en especie comienza desde el acaecimiento del accidente del trabajo o el reconocimiento de la enfermedad profesional por los servicios médicos de la Caja hasta un máximo de 52 semanas. Sin embargo las prestaciones cesarán en cualquier momento si el trabajador accidentado o enfermo, es declarado con incapacidad permanente total o parcial por los servicios médicos de la Caja.

Art. 30º. El asegurado que haya sufrido un accidente de trabajo o presuma que esté efectuado por una enfermedad profesional debe comunicar este hecho al empleador directamente o por medio de tercera persona. El empleador debe comunicar a la Caja en el término de 24 horas el siniestro ocurrido o la enfermedad presunta, mediante los formularios de denuncia de accidente o de declaración de enfermedad profesional. En caso de que el empleador no presente oportunamente dicha denuncia será pasible de una multa cuyo monto establecerá el Reglamento. Los gastos de atención sanitaria, otorgada al asegurado correrán por cuenta del empleador hasta que éste presente la denuncia.

Art. 31º El otorgamiento de las prestaciones en especie a cargo de la Caja no excluye la obligación que todo empleador tiene, de conformidad con la Ley General del Trabajo y su Reglamento, de suministrar al trabajador accidentado o enfermo los primeros auxilios. Para este fin cada empleador tiene la obligación de mantener en el lugar del trabajo, un puesto de auxilio dotado de las drogas e implementos que determine la Caja.

En las minas y los centro alegados de las ciudades, este servicio estará a cargo de un sanitario hasta el límite de 30 trabajadores. Pasado este número, el empleador está obligado a contratar los servicios, de un facultativo.

La Caja está obligada a controlar el cumplimiento de esta medida imponiendo en caso de omisión un multa cuyo monto establecerá el Reglamento.

Art. 32º Todo asegurado que sufra accidente del trabajo o enfermedad profesional está obligado a someterse a los tratamientos médicos o quirúrgicos que los servicios médicos de la Caja reconozcan necesarios para evitar o reducir su estado de incapacidad permanente, para recuperar su capacidad de trabajo habitual o readaptarlo para otra ocupación. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la pérdida de las prestaciones en dinero.

Art. 33º La Caja instituirá de acuerdo a las condiciones establecidas en el Reglamento, los organismos necesarios para la realización del programa de readaptación y recuperación profesionales.

 

SECCIÓN “D”

DISPOSICIONES COMUNES A LAS PRESTACIONES EN ESPECIE

Art. 34º En caso de que los servicios médicos de la Caja determinen una intervención quirúrgica u otro tratamiento que el paciente considere peligroso para su vida, éste podrá solicitar la opinión de otro profesional que corrobore o discrepe de la opinión de los servicios médicos de la Caja para los fines consiguientes. Si el facutativo consultado no perteneciera a la Caja, sus honorarios serán cancelados por el paciente.

 

Art. 35º La Caja queda encargada del mantenimiento de una oficina de ocupación de los inválidos que habiendo sido readaptados y rehabilitados, deberán ser contratados a solicitud de la entidad en las empresas e instituciones en las cuales se crea conveniente.

Las empresas e instituciones están obligadas a cumplir con lo determinado en el párrafo anterior hasta cubrir el 10% del total de su personal con elementos readaptados y rehabilitados.

 

CAPÍTULO II

DE LAS PRESTACIONES EN DINERO

 

SECCIÓN “A”

CONDICIONES PARA EL DERECHO A LAS PRESTACIONES

 

a) De los subsidios de incapacidad temporal

 

SUBSIDIOS DE ENFERMEDAD

Art. 36º En caso de que la enfermedad determine un estado de incapacidad para el trabajo, el asegurado tiene derecho, a partir del cuarto día del reconocimiento de la incapacidad por los servicios médicos de la Caja, a un subsidio diario que se pagará mientras dure la asistencia sanitaria, conforme a los períodos previstos en el artículo 16.

Para el derecho al subsidio de enfermedad se aplicarán las disposiciones del artículo 19.

En caso de cese del trabajo, de un trabajador sujeto al seguro y cuando la enfermedad se produzca después de la cesantía el asegurado tendrá derecho a las prestaciones en especie según el artículo 19º, sin derecho a las prestaciones en dinero.

 

SUBSIDIO DE MATERNIDAD

Art. 37º La asegurada tiene derecho, siempre que cese de todo trabajo remunerado y se sujete a las prescripciones sanitarias de los servicios médicos de la Caja, a un subsidio de maternidad pagadero por un período máximo de seis semanas antes y seis semanas después del parto, siempre que cumplan las condiciones de cotización señaladas en el artículo 26.

 

SUBSIDIO POR ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD PROFESIONAL

Art. 38º En caso de incapacidad temporal, por accidente del trabajo o enfermedad profesional, el asegurado tiene derecho, a partir del cuarto día subsiguiente al del accidente o del reconocimiento de la enfermedad profesional, a un subsidio diario que se pagará mientras dure la asistencia sanitaria o se declare la incapacidad permanente.

 

b) De las Rentas

 

RENTAS POR ACCIDENTE DEL TRABAJO O ENFERMEDAD PROFESIONAL

Art. 39º Cuando los servicios médicos de la Caja declaren no procede más la atención curativa por haberse consolidado la lesión provocada por accidente del trabajo o enfermedad profesional, y el asegurado es declarado con una incapacidad permanente total o parcial, se le concederá una renta, en proporción al grado de incapacidad para el trabajo.

Art. 40º La incapacidad permanente total es la que como consecuencia del accidente del trabajo o enfermedad profesional, y el asegurado es declarado con una incapacidad permanente total o parcial, se le concederá una renta, en proporción al grado de incapacidad para el trabajo.

Art. 41º La incapacidad permanente parcial es la que disminuye definitivamente la capacidad de trabajo de la víctima de accidente del trabajo o enfermedad profesional. Los grados de incapacidad están determinados en la Lista Valorativa de las Lesiones, anexa al presente Código.

 

RENTAS DE INVALIDEZ

Art. 42º Tiene derecho a la renta de invalidez el asegurado que se invalide después de haber acreditado un mínimo de 60 cotizaciones mensuales, de las cuales no menos de 18 están comprendidas en los últimos 36 meses de calendario anteriores al reconocimiento de la invalidez, siempre que no hubiera cumplido las edades señaladas en el artículo 45 para la renta de vejez.

 

RENTAS DE VEJEZ

Art. 43º Se considera inválido al asegurado que después del tratamiento otorgado en los seguros de enfermedad o maternidad, se encuentre definitivamente incapacitado para el trabajo, en un grado superior al 60%, cuya determinación se hará en base a la Lista Valorativo de las Lesiones, anexa al presente Código.

Asimismo. Se consideran inválidos a los hijos del asegurado que al cumplir los 16 o 19 años siguen estudios en establecimientos autorizados por el Estado, se encuentren definitivamente incapacitados para el trabajo en un grado superior al 60%.

Art. 44º Al asegurado que sea declarado inválido sin cumplir las condiciones requeridas en el artículo 42º para el derecho a la renta de invalidez, pero que tuviere acreditadas cuando menos 24 cotizaciones mensuales, 6 de las cuales estén comprendidas en los últimos doce meses de calendario anteriores al comienzo de la invalidez, se le concederá en sustitución de la renta, una indemnización pagadera en una sola vez.

Art. 45º Tiene derecho a la renta de vejez el asegurado que hubiere acreditado no menos de 180 cotizaciones mensuales y hubiere cumplido las edades que, para el hombre y la mujer determine el estudio técnico actuarial a que se refiere el artículo 295.

Provisionalmente se señala las edades de 55 años para el hombre y 50 para la mujer, edades que serán susceptibles de variaciones de acuerdo a los resultados del estudio técnico–actuarial de referencia. Además, el citado estudio técnico–actuarial, de referencia. Además, el citado estudio técnico actuarial, establecerá las condiciones relativas al pago de la renta de vejez a edades inferiores o superiores a las que establezca el mismo estudio.

Art. 46º Teniendo en cuenta el carácter insalubre y peligroso del trabajo en el interior de la minas, se reconocerá una reducción en la edad de vejez igual al tiempo de servicios prestados en tales labores, manteniéndose la condición de un mínimo de 180 cotizaciones mensuales. El estudio técnico–actuarial a que se hace referencia en el artículo 295 definirá la edad mínima necesaria para gozar de este derecho e incluirá otras actividades insalubres para los mismos fines.

Art. 47º Al asegurado que llegare a las edades señaladas en el artículo 45 sin haber cumplido el mínimo de 180 cotizaciones mensuales y que no continuará en los seguros de invalidez, vejez y muerte, pero que tuviere acreditadas cuando menos 24 cotizaciones mensuales 6 de las cuales estén comprendidas en los últimos 12 meses de calendario anteriores al comienzo de la vejez, se le concederá en sustitución de la renta, una indemnización pagadera en una sola vez.

 

RENTAS DE DERECHO–HABIENTES

Art. 48º En caso de que un asegurado, en actividad de trabajo o en goce de subsidios de incapacidad temporal o de renta de incapacidad permanente, muere por causa directamente relacionada con accidente del trabajo o enfermedad profesional, se pagará rentas a los derecho–habientes de acuerdo a los artículos 51º al 54º y las prestaciones para funerales, de acuerdo al artículo 60º.

Art. 49º Tienen derecho a rentas los derecho–habientes del causante titular de una renta de invalidez o vejez, así como las derecho–habientes del asegurado que a la fecha de su fallecimiento hubiesen cumplido las condiciones para el derecho a la renta de invalidez o de vejez, establecido en los artículos 42 y 45 respectivamente.

 

Sin embargo, una vez que el asegurado hubiese cumplido 180 cotizaciones mensuales, el derecho a dejar renta en caso de muerte, subsistirá en cualquier tiempo sin que se requiera el cumplimiento de la condición de 18 cotizaciones mensuales en los 36 meses anteriores al fallecimiento, prevista en el artículo 42.

Art. 50º Los derecho–habientes del asegurado que falleciere sin haber cumplido las condiciones exigidas en el artículo 49 para dejar derecho a rentas en caso de muerte, pero tuviere acreditadas cuando menos 24 cotizaciones mensuales seis de las cuales estén comprendidas en los últimos doce meses de calendario anteriores al fallecimiento, tendrán derecho a recibir, en sustitución de la renta, indemnizaciones pagaderas en una sola vez.

Art. 51º La renta de viudedad se pagará en las condiciones siguientes:

a) Con carácter vitalicio, si la viuda ha cumplido la edad de vejez que para la mujer señala el artículo 45º o es reconocida incapacitada para el trabajo, a la fecha de fallecimiento del causante.

b) Con carácter temporario, durante un período de cinco años si la viuda tiene hijos, con derecho a renta de orfandad y no concurren las condiciones del inciso a). Sin embargo, si estas condiciones se realizan en el curso del período antes mencionado la renta se convertirá en vitalicia.

c) En forma de pago global, si la viuda no tiene hijos y no concurren las condiciones previstas en el inciso a).

d) Al viudo se reconocerá renta vitalicia si hubiera cumplido la edad de vejez que para el hombre señala el artículo 45 o si por causa de invalidez hubiera vivido a expensas de la asegurada.

La renta de viudedad cesará en cualquier momento en caso de nuevas nupcias, vida en concubinato o de recuperación de la capacidad para el trabajo.

Art. 52º La renta de viudedad se pagará en las condiciones previstas en el artículo anterior, a la esposa o a falta de ésta, a la conviviente que hubiere estado inscrita como tal en los registros de la Caja, por lo menos un año antes de la fecha de fallecimiento del causante, siempre que no hubiere existido impedimento legal para contraer matrimonio y que la vida en común se hubiere inciado dos o más años antes de deceso.

A falta de la esposa y en caso de no existir conviviente escrita en los registros de la Caja, tendrá derecho, a la renta, la conviviente que al momento del fallecimiento del asegurado, tenga hijos del causante y hubiese quedado en estado de gravidez para éste.

 

No tendrán derecho a renta de viudedad de divorciada por sentencia ejecutoriada antes de la fecha de fallecimiento del causante, y la esposa que hubiere estado separada dos o más años por su culpa.

Art. 53º Tienen derecho a la renta de orfandad los hijos menores de 16 años de edad, o de 19 años si siguen estudios en establecimientos autorizados por el Estado, o bien sin límites de edad, en caso de ser reconocidos inválidos siempre que la invalidez hubiere sobrevenido antes de las edades señaladas.

En todos los casos, la renta de orfandad cesará desde el momento en que el hijo contraiga matrimonio.

Art. 54º Tienen derecho a rentas en la proporción y cuantías previstas por los artículos 74º al 76º:

a) La madre del causante que hubiera vivido a sus expensas y que hubiera cumplido la edad de vejez que para la mujer determina el artículo 45º, o bien que sea inválida.

b) El padre del causante que hubiera vivido a sus expensas y que hubiera cumplido la edad de vejez que para el hombre determina el artículo 45, o bien que sea inválido.

c) Los hermanos del causante, que hubieran vivido en su hogar y a sus expensas, que tengan edades inferiores a 16 o 19 años si siguen estudios en establecimientos autorizados por el Estado, o bien sin límite de edad, en caso de ser inválido, siempre que la invalidez hubiere sobrevenido antes de las edades señaladas.

Las rentas a que se refieren todos los incisos que anteceden cesarán en cualquier momento cuando la Caja compruebe que los titulares de renta tengan condiciones económicas suficientes o hubieren recuperado su capacidad para el trabajo.

 

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 55º Cuando el asegurado tenga derecho, tanto a renta de invalidez como a renta por riesgos profesionales, se le concederá la prestación más favorable.

Art. 56º El asegurado o derecho–habiente que tenga derecho a dos o más rentas originadas por causas diferentes, recibirá la prestación más favorable y un incremento en relación a las otras, que será determinado en el Reglamento.

Art. 57º Todo titular de una renta que por su estado de incapacidad necesite del auxilio constante de una tercera persona, tiene derecho a un suplemento igual al 50% de su renta. Si el incapacitado fuese internado en un centro asistencial por cuenta de la Caja, el suplemento será suprimido.

Art. 58º El titular de una renta de incapacidad permanente total o parcial, o de una renta de invalidez, o los derecho–habientes que por su estado de incapacidad estén en goce de una renta, están obligados o someterse a los tratamientos sanitarios ordenados por la Caja, bajo pena de la suspensión de la renta, mientras eludan su cumplimiento.

El estado de invalidez de incapacidad permanente, total o parcial debe ser declarado expresamente por los servicios médicos de la Caja.

Art. 59º La Caja puede ordenar en cualquier momento, de oficio o a pedido del inválido, pero necesariamente a los 3 años de concedida la renta, la revisión del estado y grado de la incapacidad que dio origen a una renta por causa de accidente de trabajo o enfermedad profesional, con el fin de determinar si se ha producido reducción o aumento de la invalidez, procediendo en su caso a efectuar las variaciones consiguientes de la renta.

Asimismo, la CAJA en cualquier momento, pero necesariamente a los tres años de la fecha de concesión, puede llamar a una revisión médica a los titulares de una renta por invalidez común o a los derechos habientes inválidos a quienes se paga una renta. En caso de que no subsista el estado de invalidez, se eliminará la prestación de las prestaciones para funerales.

 

c) De las prestaciones para funerales.

Art. 60º. Las prestaciones para funerales por la muerte del asegurado o de su esposa o conviviente, se pagarán en las condiciones previstas en el Reglamento, a los derecho–habientes en orden de prelación siguiente:

a) Al viudo, a la viuda o conviviente o a los hijos:

b) En caso de no existir viuda e hijos, o de no haber ellos pagado los gastos de funerales, a la persona que demuestre haber sufragado tales gastos.

A falta de personas con derecho, según los incisos anteriores, la Caja correrá con los gastos de funerales hasta el límite establecido en el artículo 80.

 

SECCIÓN “B”

CUANTÍA DE LAS PRESTACIONES

 

a) De los subsidios de incapacidad temporal

 

SUBSIDIO DE ENFERMEDAD

Art. 61º El subsidio de enfermedad es equivalente al 100% del salario mínimo nacional del trabajador que deba percibir dicho subsidio, más el 70% del excedente del salario de base sobre el salario mínimo nacional.

El salario mínimo nacional a que hace referencia el párrafo anterior, es el fijado por el Poder Ejecutivo mediante Decreto Supremo.

El subsidio para los asegurados que gocen de pulpería con precios congelados, sea aplicará tomando el salario mínimo nacional de un trabajador perteneciente a esta clase de trabajadores.

 

El subsidio, dentro de las limitaciones establecida en el artículo 81, no podrá ser superior en ningún caso, al salario deducido al aporte del trabajador al seguro social.

Art. 62º A los efectos del artículo anterior entenderá por salario de base, el salario mensual promedio de los últimos tres meses anteriores al mes en el que se presente la enfermedad. Si el tiempo de cotización fuera inferior a tres meses el promedio será computado sobre los meses cotizados.

Art. 63º En caso de hospitalización de un asegurado que no tenga familiares a su cargo, el subsidio de enfermedad a pagarse será equivalente al 40% del subsidio calculado según los artículos 61 y 62.

En caso de concurrir cónyuge u otro familiar a cargo, el subsidio se abonará en la cuantía del 60%. En caso de concurrir cónyuge, hijos menores o más de un familiar a cargo se pagará en a cuantía del 80% del subsidio calculado según los artículos 61 y 62. (Reglamento de Reformas a la Seguridad Social de 12 de junio de 1987.- Decreto Supremo Nº 22407 de 11 de enero de 1990).

 

SUBSIDIO DE MATERNIDAD

Art. 64º El subsidio de maternidad es equivalente al 100% del salario mínimo nacional de la trabajadora que deba percibir dicho subsidio, más el 70% del excedente del salario de base sobre el salario mínimo nacional. Para hacer efectivo el pago de dichos subsidios, se tomará en cuenta lo previsto por los artículos 61 y 62.

 

SUBSIDIO POR ACCIDENTE DEL TRABAJO O ENFERMEDAD PROFESIONAL

Art. 65º El subsidio en caso de incapacidad temporal por accidente del trabajo o enfermedad profesional se calculará conforme a los dispuesto en los artículos 61º y 62º.

 

b) De las Rentas.

 

RENTAS POR ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD PROFESIONAL

Art. 66º La renta por incapacidad permanente total es equivalente al 100% del salario mínimo nacional del trabajador que deba percibir dicha renta, más el 30% del excedente del salario de base sobre el salario mínimo nacional.

El salario mínimo nacional a que hace referencia el inciso anterior es el fijado por el Poder Ejecutivo mediante Decreto Supremo.

Dicha renta, dentro de la limitaciones establecidas en el artículo 81, no podrá ser superior, en ningún caso, al salario reducido el aporte del trabajador al seguro social. El salario de base será calculado según lo establecido en el artículo 62.

Tratándose de trabajadores que gocen de pulpería con preciso congelados, se tomará el salario mínimo nacional de un trabajador perteneciente a esta clase de trabajadores. Además formará parte de la renta de incapacidad permanente total, el monto de la incidencia por pérdida de pulpería con precios congelados establecidos por el Poder Ejecutivo mediante Decreto Supremo. La referida renta de incapacidad permanente total así completada, servirá de base para el cálculo de las rentas de incapacidad permanente parcial según las modalidades señaladas en los artículos 67 al 69, así como para el cálculo de las rentas de derecho–habientes según los artículos 72 al 76.

Art. 67º En caso de incapacidad permanente parcial el asegurado tiene derecho a una renta, calculada sobre la renta que le hubiere correspondido por incapacidad permanente total en la proporción que, para cada lesión, establece la Lista Valorativa Anexa al presente Código.

Art 68º En caso de incapacidad permanente parcial que produzca una reducción de la capacidad de trabajo igual o inferior al 25% se pagará al inválido, en sustitución de la renta, una indemnización global equivalente a cuatro anualidades de la renta que le hubiere correspondido.

Art. 69º En caso de que el titular de una renta por incapacidad permanente parcial sea víctima de otro accidente del trabajo o enfermedad profesional, se constituirá una renta única de acuerdo a lo que establezca el Reglamento (Reglamento de Reformas a la Seguridad Social de 12 de junio de 1987. Decreto Supremo Nº 22407 de 11 de enero de 1990).

 

RENTAS DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

Art. 70º El monto de las rentas de invalidez o vejez es equivalente al 50% del salario de base mas un incremento por el tiempo de cotizaciones que excede de 180 meses. Dicha renta será calculada dentro de las limitaciones establecidas por el artículo 81. Los incrementos serán fijados por Decreto Supremo en base a los resultados del estudio técnico–actuarial a que hace referencia el artículo 295.

Tratándose de trabajadores que gozan de pulpería con precios congelados, se añadirá a la renta de invalidez o de vejez, el monto de la incidencia por pérdida de pulpería con precios congelados establecidos por el Poder Ejecutivo mediante Decreto Supremo. Las rentas de invalidez o vejez, así completadas servirán de base para el cálculo de las rentas a los de derecho–habientes, según los artículos 72 al 76.

Art. 71º Para los efectos del artículo anterior se entenderá como salario de base el salario mensual promedio de los últimos doce meses anteriores a la fecha de pago de la última cotización. Los períodos de incapacidad temporal debidos a enfermedad, maternidad o riesgos profesionales, hasta un máximo de 26 semanas, serán descontados de los 12 meses para fines de cómputo del promedio (Reglamento de Reformas a la Seguridad Social de 12 de junio de 1987. Decreto Supremo Nº 22407 de 11 de enero de 1990).

 

RENTAS PARA DERECHO–HABIENTES

Art. 72º El monto de la renta de viudedad es equivalente al 40% de la renta a que el causante hubiera tenido derecho en caso de incapacidad permanente total, invalidez, vejez, o de la que le hubiere correspondido a al fecha de su fallecimiento, pudiendo disminuir dicho porcentaje cuando concurran las circunstancias señaladas en los artículos 75 y 76.

Art. 73º El monto de la renta para cada huérfano es equivalente a 20% de la renta que le hubiere correspondido al causante en caso de incapacidad permanente total, invalidez o vejez, o de la que le hubiere correspondido a la fecha de su fallecimiento. En caso de que no haya viuda, o haya cesado el pago de la renta de viudedad, el 80% del monto de esta renta, se distribuirá entre los hijos derecho habientes. Dichos porcentajes podrán variar siempre que concurran las circunstancias señaladas en los artículos 75 y 76.

Art. 74º El monto de la renta de la madre o del padre es equivalente al 25% y el monto de la renta de cada hermano con derecho, es equivalente al 10% de la renta que le hubiere correspondido al causante por incapacidad permanente total, invalidez o vejez o de la que le hubiere correspondido a la fecha de su fallecimiento. Dichos porcentajes podrán variar siempre que concurran las circunstancias señaladas en los artículos 75 y 76.

La totalidad de las rentas del padre, madre y hermanos no puede exceder del límite indicado en el 2º párrafo del artículo 76.

Art. 75º La cuantía total de las rentas concedidas a los derecho–habientes en caso de muerte del causante por cualquier causa, no podrá ser superior a la renta de incapacidad permanente total, invalidez o vejez en curso de pago o la que le hubiere correspondido al asegurado a la fecha de su fallecimiento.

Art. 76º Si la cuantía total de las rentas de viudedad y orfandad sobrepasaran al 100% de la renta que hubiere correspondido al causante se procederá a las reducciones proporcionales de cada una de ellas, hasta dicho máximo. Al cese del pago de una de estas rentas por cualquier causa, se procederá a recalcular la nueva renta debida a cada uno de los demás interesados, dentro del límite de sus derechos.

Los padres y hermanos indicados en el artículo 74 ejercitarán sus derechos sobre la diferencia entre la renta de incapacidad permanente total invalidez o vejez del causante, o la que le hubiere correspondido a la fecha de su fallecimiento y la cuantía total de las rentas de viudedad y orfandad. La totalidad de las rentas de padre, madre y hermanos no puede exceder del 30% de la renta que hubiere correspondido al causante. Al cese de pago de una renta a estos derecho–habientes, por cualquier causa, se procederá a recalcular la renta debida a cada uno de los demás interesados, hasta el límite de sus derechos, (Reglamento de Reformas a la Seguridad Social de 12 de junio de 1987. Decreto Supremo Nº 22407 de 11 de enero de 1990).

 

INDEMNIZACIONES PAGADERAS EN UNA SOLA VEZ

Art. 77º El monto de la indemnización, pagadera en una sola vez, conforme a los artículos 44 al 47 respectivamente, es equivalente, por cada 6 meses o fracción de cotizaciones, a una mensualidad de la renta de invalidez o vejez que hubiere correspondido a 60 meses de cotizaciones según el artículo 70.

Art. 78º El monto de la indemnización de un derecho–habiente, pagadera en una vez, es equivalente, por cada seis meses o fracción de cotizaciones, a una mensualidad de la renta que le hubiere correspondido a este, si el causante hubiera fallecido sin haber cumplido las condiciones exigidas en el artículo 49 salvando las demás condiciones del 50 y computando la renta como si hubiera correspondido 60 meses de cotizaciones, según los artículos 42 y 70.

Art. 79º La indemnización global por viudedad, de acuerdo con el inciso c) del artículo 51 es equivalente:

a) A 18 mensualidades de renta, si la viuda tiene menos de 35 años, a la fecha del fallecimiento del causante.

b) A 24 mensualidades de renta, si la viuda tiene una edad de 35 a 50 años, a la fecha del fallecimiento del causante.

 

c) De las prestaciones para funerales.

Art. 80º Las prestaciones para funerales son iguales:

a) En caso de muerte por cualquier causa de un asegurado a una mensualidad del último salario.

b) En caso de muerte del titular de una renta de incapacidad permanente, invalidez o vejez a una mensualidad y media de la renta.

c) En caso de muerte de la esposa o conviviente del asegurado en actividad de trabajo o titular de una renta, las prestaciones para funerales se pagarán en la cuantía señalada en los incisos a) o b) según los casos.

 

DISPOSICIONES COMUNES A LAS PRESTACIONES EN DINERO

Art. 81º Para el cálculo de las prestaciones en dinero previstas en el presente Código, el salario se tomará en consideración en su totalidad hasta un límite máximo de Bs. 6000.- diarios o Bs. 180.000.- mensuales y en la proporción del 30% por las sumas excedentes.

El tope indicado, no podrá en ningún caso ser inferior al promedio general ponderado de los salarios de los trabajadores asegurados.

Art. 82º La revisión de los cálculos del artículo anterior se efectuará cuantas veces considere necesario el Consejo Ejecutivo de la Institución (Reglamento de Reformas a la Seguridad Social de 12 de junio de 1987. – Decreto Supremo Nº 22407 de 11 de enero de 1990).

 

TITULO III

DE LAS ASIGNACIONES FAMILIARES

CAPÍTULO I

DEL SUBSIDIO MATRIMONIAL

Art. 83º El subsidio matrimonial es una asignación que se otorga a la sociedad conyugal con hijos o sin ellos. (Reglamento de Reformas a la Seguridad Social de 12 de junio de 1987 – Decreto Supremo Nº 22407 de 11 de enero de 1990).

Art. 84º Los trabajadores casados incluidos en el campo de aplicación tendrán derecho a percibir Tres Mil Quinientos Bolivianos mensuales por concepto de subsidio matrimonial.

Art. 85º El subsidio matrimonial, se pagará al Jefe de familia de la sociedad conyugal.

Art. 86º Cuando ambos cónyuges trabajen en actividades comprendidas en el campo de aplicación del presente régimen, el subsidio matrimonial percibirá solamente el esposo.

Art.87º Los trabajadores acreditarán la calidad de cónyuges mediante el certificado de matrimonio o mediante la sentencia judicial respectiva en los matrimonios de hecho.

Art. 88º El derecho de subsidio matrimonial se reconocerá a partir del primer día del mes siguiente al de la presentación del certificado de matrimonio o testimonio de la sentencia que declare el matrimonio de hecho.

 

Art. 89º El subsidio matrimonial cesará en los siguientes casos:

a) Cuando admitida una demanda de divorcio se decrete la separación de cuerpos para lo cual el Juez que conozca la causa, remitirá de oficio una copia de la providencia a la Caja y al empleador que otorgaba el subsidio matrimonial.

b) Por sentencia ejecutoriada de divorcio.

c) Por muerte de cualquiera de los cónyeges.

Art. 90º La esposa abandonada percibirá el subsidio matrimonial directamente, previa demostración del abandono del esposo, mediante las pruebas determinadas por el Procedimiento Civil.

Art. 91º Las uniones concubinarias de trabajadores comprendidos en el presente Código, para hacerse acreedores al subsidio matrimonial podrán legalizar su estado civil en el régimen matrimonial siempre que no tengan impedimento. (Reglamento de Reformas a la Seguridad Social de 12 de junio de 1987. Decreto Supremo Nº 22407 de 11 de enero de 1990, pág 77).

Para este objeto, la Caja correrá con los gastos emergentes de la celebración del contrato matrimonial, pagando directamente al respectivo oficial del Registro Civil, los honorarios correspondientes de acuerdo al arancel vigente para el objeto. En los lugares en los cuales no existan Administradores Regionales de la Caja, el empleador correrá con los gastos aludidos en el presente artículo, efectuando el descuento en la respectiva planilla de cotizaciones.

 

CAPÍTULO II

DEL SUBSIDIO DE NATALIDAD

Art. 92º El subsidio de natalidad es una asignación designada a compensar los gastos producidos por el advenimiento del niño en el hogar de los trabajadores.

Art. 93º El subsidio de natalidad consistirá en el “AJUAR DEL NIÑO” y en una prestación en dinero equivalente a Diez Mil Bolivianos otorgados en una sola vez.

Art. 94º El ajuar del niño estará formado por el indumento indispensable del recién nacido, cuyo detalle será determinado por el Reglamento. (Reglamento de Reformas a la Seguridad Social D.S. de 12 de junio de 1987. Decreto Supremo Nº 22407 de 11 de enero de 1990).

Art. 95º Para la percepción del subsidio de natalidad los trabajadores acreditarán la filiación de sus hijos mediante los siguientes documentos.

Certificado de Nacimiento expedido pro el Registro Civil.

Certificado de Nacimiento otorgado por los Servicios Médicos de la Caja.

 

Art. 96º En los lugares en los cuales la Caja cuente con servicios asistenciales propios o contratados, el otorgamiento del subsidio de natalidad procederá solo en caso de que el nacimiento del niño se produzca en dichos servicios y se concederá del siguiente modo.

La prestación en dinero se otorgará directamente por la Caja al sostén de familia previa presentación de los documentos a que se refiere el artículo 95.

El “Ajuar del niño” se entregará directamente por la Caja a la madre del recién nacido cuando ambos sean dados de alta por los servicios asistenciales de la Caja.

Art. 97º En los lugares en los cuales la Caja no cuente con servicios asistenciales propios o contratados el subsidio de natalidad en metálico, así como el equivalente en dinero del “Ajuar del niño” será otorgado directamente por el empleador al sostén de familia. Para el efecto del presente artículo se fija en Treinta Mil Bolivianos el valor del “Ajuar del niño” (Reglamento de Reformas a la Seguridad Social de 12 de junio de 1987 – Decreto Supremo Nº 22407 de 11 de enero de 1990).

Art. 98º Se pagará el subsidio de natalidad por:

Los hijos legítimos.

Los hijos naturales reconocidos.

Los hijos naturales de la trabajadora asegurada.

Art. 99º La divorciada o viuda de un trabajador, sujeto al presente régimen, que quedare en estado de gravidez para este, antes de pronunciada la sentencia de divorcio o antes del fallecimiento del esposo, tendrá derecho a percibir el subsidio de natalidad de acuerdo a las condiciones señaladas en los artículos 93 al 98.

Art. 100º La concubina abandonada, la concubina cuyo conviviente hubiese fallecido que quedarse en estado de graviadez para este antes del abandono comprobado o el fallecimiento del conviviente, tendrá derecho a percibir el subsidio de natalidad según lo prescrito en los artículos 93 al 98.

 

CAPÍTULO III

DEL SUBSIDIO DE LACTANCIA

Art. 101º Se protegerá a los hijos menores de un año de los trabajadores comprendidos en el campo de aplicación, mediante un subsidio de lactancia consistente en productos lácteos que serán suministrados directamente por la Caja por un valor de Cinco Mil Bolivianos mensuales por cada hijo y distribuidos diariamente a la madre.

Art. 102º Cuando trabajan el padre y la madre, en actividades comprendidas en el presente régimen el subsidio de lactancia se otorgará solamente a la madre.

Art. 103º Se pagará el subsidio de lactancia por (Reglamento de Reformas a la Seguridad Social D.S. de 12 de junio de 1987. D.S. Nº 22407 de 11 de enero de 1990).

a) Los hijos legítimos.

b) Los hijos naturales reconocidos.

c) Los hijos naturales de la trabajadora.

d) Los hijastros del trabajador asegurado que vivan en hogar y a expensas de éste.

Art. 104º Los trabajadores acreditarán la filiación de sus hijos, para la percepción del subsidio de lactancia, mediante los siguientes documentos:

a) Certificado de Nacimiento otorgado por el Registro Civil.

b) El documento que acredite el reconocimiento, tratándose de hijos naturales reconocidos.

c) El certificado de nacimiento, una declaración jurada y el informe del Departamento de Asistencia Social de la Caja para los hijos naturales de la trabajadora asegurada.

Art. 105º Se reconocerá el suministro de productos lácteos desde el día del nacimiento del hijo y concluirá al fin del mes anterior, a aquel en que el hijo cumpla su primer año de edad.

Art. 106º El subsidio de lactancia no se interrumpe por la muerte del trabajador sujeto al presente régimen y se otorgará a la persona que acredite la tenencia del huérfano. A momento de haber cumplido un año de edad, este subsidio se transformará en subsidio familiar pagado directamente por la Caja a la persona que se halle encargada de su guarda de acuerdo al artículo 115.

Art. 107º Los hijos de la divorciada o conviviente abandonada, inscrita en los registros del seguro, darán derecho al subsidio de lactancia hasta el tiempo prescrito por el presente Código siempre que hubieren estado en goce de este derecho a momento de ejecutoriada la sentencia de divorcio o del abandono.

 

CAPÍTULO IV

DEL SUBSIDIO FAMILIAR

Art. 108º Los trabajadores incluidos en el campo de aplicación tendrán derecho a Tres Mil Quinientos Bolivianos mensuales por concepto de subsidio familiar por cada uno de sus hijos, dentro de la condiciones señaladas.

Art. 109º El subsidio familiar se pagará por cada uno de los hijos a cargo del trabajador, mayores de un años y menores de 16 o 19 años si siguen estudios en establecimientos autorizados por el Estado, o bien sin límite de edad en caso de ser reconocidos inválidos por los servicios médicos de la Caja siempre que la invalidez hubiere sobrevenido antes de las edades señaladas. Este subsidio será pagado directamente por el empleador, al sostén de familia. (Reglamento de Reformas a la Seguridad social de 12 de junio de 1987. Decreto Supremo Nº 22407 de 11 de enero de 1990).

Art. 110º Cuando el padre y la madre trabajen en actividades comprendidas en el presente régimen, el subsidio familiar se pagará solamente al padre. Cuando solo uno de ellos trabaje en actividades comprendidas en el campo de aplicación, el subsidio familiar percibirá éste.

Art. 111º El trabajador. Cuyo hijo o hijos trabajen sujetos a un contrato de aprendizaje de acuerdo a los artículos 28, 29 y 30 de la Ley General del Trabajo y 21 y 22 de su Decreto Reglamentario, tendrán derecho a percibir el subsidio familiar correspondiente.

Art. 112º Para los efectos del artículo 109 la situación de los hijos estudiante se probará mediante certificados de asistencia regular a los establecimientos en los cuales cursan sus estudios. Los directores de éstos, estarán obligados a otorgar dichos certificados a solicitud verbal de los interesados.

Art. 113º Se pagará subsidio familiar por:

a) Los hijos legítimos.

b) Los hijos legítimos por matrimonio subsiguiente de los padres.

c) Los hijos adoptivos.

d) Los hijos naturales de la trabajadora asegurada.

e) Los hijastros del trabajador asegurado que viva en su hogar y a expensas de éste.

Art. 114º Los trabajadores acreditarán la filiación de sus hijos para la percepción de subsidio familiar, mediante los siguientes documentos:

a) Certificado de Bautizo expedido por las autoridades eclesiásticas, para los nacidos antes del 1º de enero 1940.

b) Certificado de Nacimiento expedido por el Registro Civil para los nacidos después del 1º de enero de 1940

c) Certificado de Nacimiento y acta de legitimación para los hijos legítimos por matrimonio subsiguiente de sus padres.

d) Testimonio de sentencia judicial respectiva, para los hijos adoptivos.

e) El documento que acredite el reconocimiento, tratándose de hijos naturales reconocidos.

f) Una declaración jurada complementada por informe del Departamento de Asistencia Social de la Caja, independientemente del Certificado de Nacimiento, para los hijos naturales de la trabajadora asegurada – (D.S. del 12 de junio de 1987 Reglamento de Reformas a la Seguridad Social. Decreto Supremo Nº 22578 de 13 de agosto de 1990).

Art. 115º El derecho al subsidio familiar se reconoce a partir del primer día del mes en que el hijo cumpla el primer año de edad y concluye al fin del mes anterior a aquel en que el hijo, según los casos, cumpla las edades señaladas en el artículo 109.

Art. 116º El pago de subsidio cesará el momento en que cualquiera de los hijos señalados en el artículo 109 contraiga matrimonio.

Art. 117º En caso de fallecimiento de un trabajador sujeto al presente régimen, el subsidio familiar será pagado directamente por la Caja, a la persona que se halle encargada de la guarda de sus hijos.

Art. 118º En caso de divorcio de los cónyuges o de separación de los convivientes, se procederá en la siguiente forma:

El subsidio familiar se pagará a la persona que en caso de divorcio, haya sido encargada de la guarda del o de los hijos. Este extremo se lo acreditará mediante testimonio de las resoluciones del juez que conozca la causa.

El Subsidio es independiente de la persona alimenticia destinada a los hijos.

En caso de uniones concubinarias, en las que se produzca abandono de uno de los convivientes, el subsidio familiar se pagará a la persona encargada de la guarda de sus hijos. La tenencia de los hijos se probará mediante declaraciones recibidas por el Departamento Jurídico Social de la Caja, comprobada por el Departamento de Asistencia Social de la misma.

Art. 119º Los jueces que conozcan los juicios de divorcio, determinarán forzosamente en sus fallos que el subsidio familiar sea pagado al cónyuge o persona que este encargada de la guarda de los hijos. Por otra parte, los jueces y Cortes del Distrito de la República, están obligados a remitir a la Caja copia de todas las resoluciones que contengan disposiciones relativas a la situación de los hijos de los trabajadores comprendidos en el presente Código.

Art. 120º El Departamento Nacional de Menores, u otras instituciones similares que tengan a su cargo hijos de trabajadores incorporados en el presente Código, percibirán el subsidio familiar mientras dichos menores comprendidos en las edades señaladas por el artículo 109, permanezcan en las referidas Instituciones, las mismas que comunicarán esta circunstancia al empleador, quien depositará los subsidios que corresponden a los menores internados en la cuenta especial de estas entidades en el Banco Central de Bolivia, bajo control de la Caja respectiva.

 

CAPÍTULO V

DEL SUBSIDIO DE SEPELIO

Art. 121º Los trabajadores, cuyos hijos fallecieren, recibirán un subsidio de sepelio, pagaderos en una sola vez, por cada uno de ellos, en la cuantía y de acuerdo a las normas que a continuación se establecen.

Art. 122º El subsidio de sepelio se pagará a la persona que estaba a cargo del o de los hijos, en la siguiente forma:

a) Diez Mil Bolivianos por cada uno de los hijos fallecidos que daban derecho al subsidio de lactancia: (Ahora es de Bs. 55.000.- por determinación del D.S. Nº 4677).

b) Quince Mil Bolivianos por cada uno de los hijos fallecidos que daban derecho al subsidio familiar. (Ahora es de Bs. 80.000.- por determinaciones del D.S. Nº 4677).

El subsidio de sepelio se pagará siempre que el fallecimiento no se hubiera producido por falta grave atribuible a la persona que debe percibir dicho subsidio.

Art. 123º Para los efectos del pago del subsidio de sepelio, la muerte de los hijos del trabajador se acreditará mediante el certificado de defunción expedido por el Registro Civil o el certificado de los servicios asistenciales de la Caja.

Art. 124º El subsidio de sepelio será directamente pagado por la caja. En los lugares en los cuales no existan Administradores Regionales de la Caja, será pagado directamente por el empleador que descontará dicho pago de las planillas respectivas.

 

CAPÍTULO VI

DISPOSICIONES COMUNES

Art. 125º El trabajador tendrá derecho a las Asignaciones Familiares a partir del primer día del mes siguiente al que ingrese al trabajo.

Art. 126º En caso de que un trabajador sea dado de baja, por causa de incapacidad temporal debida a enfermedad común, accidente del trabajo o enfermedad profesional, seguirá percibiendo los beneficios, en la misma forma prescrita que para los otros trabajadores.

Art. 127º El trabajador en goce de renta por incapacidad permanente total, de vejez o de invalidez, percibirá los beneficios directamente de la Caja.

Art. 128º Cuando un trabajador queda cesante forzosa o voluntariamente, continuará percibiendo las Asignaciones Familiares hasta los dos meses a contar del primer día del mes siguiente a la fecha de la cesantía. El empleador o la Caja según los casos, continuará otorgando los correspondientes subsidios durante dicho lapso, previa exhibición del carnet de asegurado para evidenciar la cesantía del trabajador.

NOTA: SOBRE POLITICAS DE SEGURIDAD SOCIAL.D.S. 22407 DE 11 DE ENERO DE 1990.

ESTE DECRETO RTEGLAMENTA LOS ARTS.83 AL 88 DEL D.S. 22407. POLITICAS DE ACCION PARA CONSOLIDAR LA ESTABILIDAD Y PROMOVER EL CRECIMIENTO, EL DESARROLLO SOCIAL Y LA MODERNIZACION DEL ESTADO.

 

TÍTULO IV

DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO

CAPÍTULO I

DE LOS RECURSOS

Art. 129º Se establece a cargo de los asegurados activos, la contribución del 5% para los seguros de enfermedad y maternidad, y del 5% par los seguros de invalidez, vejez y muerte, a calcularse sobre el monto total de su salario sin limitación.

Estos dos aportes son los únicos que corren a cargo de los trabajadores para la percepción de todos los beneficios introducidos en el presente Código.

Art. 130º Además del aporte sobre el monto total de su salarios sin limitación introducido por el artículo anterior, los trabajadores activos que gozan del beneficio de pulpería con precios congelados deberán aportar con 7,5% sobre el monto total de la incidencia por pérdida de pulpería con precios congelados.

La incidencia por pérdida de pulpería precios congelados es la determinada por el Poder Ejecutivo mediante Decreto Supremo.

Art. 131º Los trabajadores que pasen a la situación pasiva percibiendo rentas de incapacidad permanente total, del invalidez o de vejez gozarán de los beneficios de los seguros de enfermedad y maternidad para él y sus beneficiarios, bebiendo aportar con el 5% sobre las rentas que perciben.

Art. 132º Se establece a cargo de los empleadores, la contribución del 21% para el Seguro Social Obligatorio a calcularse sobre el monto total de salarios sin limitación.

 

Además, los empleadores aportarán con el 13% para el régimen de Asignaciones Familiares a calcularse sobre el mismo monto total de salarios sin limitación (I).

Art. 133º Los empleadores que tienen trabajadores que gozan del beneficio de pulpería con precios congelados aportarán al Seguro Social Obligatorio con el 12% a calcularse sobre el monto total de la incidencia por pérdida de pulpería con precios congelados, independientemente del aporte a que hace referencia el artículo anterior.

Art. 134º Independientemente de la contribuciones patronales previstas en el artículo 136, el Estado aportará las contribuciones estatales al Seguro Social Obligatorio, en cuotas trimestrales vencidas, a calcularse sobre el monto total de salarios sin limitación percibidos por los trabajadores incorporados en el campo de aplicación del presente Código.

Esta obligación será efectiva a partir del 1º de enero de 1957, en la siguiente forma:

Conforme al Art. 39 del D.S. Nº 4538 del 15 de diciembre de 1956 se modifican las contribuciones de los empleadores al 30% en total, para los regímenes de enfermedad y maternidad, riesgos profesionales vejez invalidez y muerte, (asignaciones familiares y vivienda popular barata).

Decreto Supremo Nº 22578 de 13 de agosto de 1990.

Para el primer año 1% del monto total de salarios.

Para el segundo año 1,5% del monto total de salarios.

Para el tercer año 2% del monto total de salarios.

Para el cuarto año 3% del monto total de salarios.

Para el quinto año 4% del monto total de salarios.

Para el sexto año adelante 5% del monto total de salarios.

Estas contribuciones tienen carácter provisional, debiendo el Estado hacerse cargo de los incrementos eventuales que determina el estudio técnico–actuarial a que se hace referencia el artículo 295.

Art. 135º Para hacer efectiva su contribución el Estado consignará anualmente con el Presupuesto Nacional, las partidas correspondientes a la cobertura de las cargas financieras previstas en el artículos anterior.

Art. 136º El Estado, las Prefecturas y Municipalidades, deberán aportar las contribuciones que les corresponden como empleadores, para los empleados públicos y trabajadores que prestan servicios en obras y explotaciones de los organismos nacionales, departamentales o municipales, respectivamente, así como para los agentes de la fuerza pública, sujetos a las disposiciones del presente Código. Al efecto, en los presupuestos nacional, departamental y municipales, se consignarán anualmente las partidas necesarias para pagar a al Caja, el aporte patronal debido por estos organismos, el mismo que se hará efectivo a fin de cada mes. Iguales obligaciones les corresponden en las Universidades entidades autónomas, autárquicas y semifiscales.

Art. 137º A cuenta de su contribución el Estado destinará a los seguros de enfermedad y maternidad administrados por la Caja Nacional de Seguridad Social, el rendimiento de los siguientes impuestos:

El impuesto de un centavo de dólar americano por libra fina de estaño que se exporta del país.

El impuesto de un centavo de dólar americano sobre cada dólar o su equivalente que provenga de la exportación de los minerales no estañíferos.

La sexta parte del impuesto sobre las utilidades comercial e industrial, creado por Ley de 3 de mayo de 1928. Decreto Supremo de 6 de marzo de 1929, de 20 de julio de 1936 y 30 de noviembre de 1945.

El impuesto del centavo de dólar de cada gestión anual, a que se refieren los incisos a) y b) será pagado a la Caja cualquiera que sea el precio de los minerales mencionados, al tipo de cambio que por cada dólar pague a la Caja por sus importaciones realizadas en la gestión anterior.

Art. 138º A cuenta de su contribución estatal a los regímenes de Seguro Social Obligatorio, administrados por la Caja de Seguro Social de Ferroviarios y Ramas Anexas, el Supremo Gobierno destinará el rendimiento de los impuestos creados por los incisos a) –j) del artículo 40 de la Ley de 20 de noviembre de 1950.

Art. 139º A cuenta de la contribución estatal y de empleador que el Estado debe a los seguros de invalidez, vejez y muerte, administrados por la Caja Nacional de Seguridad Social, el Supremo Gobierno destinará el rendimiento de los impuestos creados para las Cajas de Jubilaciones, Pensiones y Montepíos Administrativa, Educacional, Comunicaciones, Judiciales y Municipales. Igualmente servirán a estos mismos fines los fondos provenientes de las acefalías en los presupuestos nacionales, departamentales y municipales.

Art. 140º A cuenta de su contribución estatal a los regímenes del Seguro Social Obligatorio administrados por la Caja Nacional de Seguridad Social, el Supremo Gobierno destinará el rendimiento de los impuestos creados para Caja de Gráficos y Periodistas así como los creados para incrementar el “Fondo de Empleados” de las entidades bancarias y ramas anexas.

Art. 141º Para los fines del presente Código, trece semanas de cotizaciones se consideran equivalente a tres meses. Los períodos inferiores a trece semanas, se computarán a razón de un mes por cada cuatro semanas, considerando como un mes cualquier remanente menor.

Art. 142º El Ministerio de Hacienda consignará en su presupuesto de divisas una partida anual para cubrir los gastos indispensables en moneda extranjera que importen la atención, mantenimiento y gestión de los regímenes introducidos por el presente Código (adquisición de material sanitario, drogas, materiales, aparatos, instrumentos, etc.)., procurando que la mayor parte de dicha asignación sea destinada a adquisiciones pagaderas al contado.

El Ministerio de Hacienda otorgará, en la oportunidad que solicite la Caja, el monto de moneda extranjera que precise para el cumplimiento de las funciones enunciadas en el párrafo anterior. Igualmente deberá, en el plazo máximo de 20 días, resolver la liberación de los impuesto aduaneros, a objeto de hacer viable oportunamente las importaciones que requiera la Caja.

 

CAPÍTULO II

DE LOS SISTEMAS FINANCIEROS DE LAS RESERVAS Y DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Art. 143º Los sistemas financieros de los regímenes de Seguro Social Obligatorio, así como la constitución de sus reservas, serán establecidos mediante un Decreto Supremo complementario, en base a los resultados del estudio técnico–actuarial a que se refiere el artículo 295º.

Art. 144º El régimen financiero de las Asignaciones Familiares es el de reparto simple, instituyéndose el “Fondo Nacional de Compensación de Asignaciones Familiares”, en el cual se realizará la compensación del Régimen.

Se constituirá un “Fondo de Reserva de Previsión”, hasta alcanzar el 20% del ingreso del último ejercicio anual. Los déficits que eventualmente se presentaren en la gestión serán compensados con cargo a dicho Fondo.

Art. 145º El otorgamiento de las prestaciones en especie o en dinero deberá hacerse con los recursos propios de cada régimen.

Art. 146º Todo excedente del “Fondo de Reserva de Previsión” del Régimen de Asignaciones Familiares está destinado a la posible reducción de la prima o bien al mejoramiento de las prestaciones. Para este objeto, la Caja Nacional de Seguridad Social, elevará anualmente al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, un informe proponiendo la adopción de las medidas conducentes.

Art. 147º La suficiencia de los recursos del Seguro Social Obligatorio, deberá ser comprobada por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social por lo menos cada tres años. Para este fin, la Caja Nacional de Seguridad Social presentará un balance actuarial general de las instituciones que gestionan el Seguro Social Obligatorio, proponiendo el Ministerio las variaciones que sean necesarias para reajustar el sistema de prestaciones, el sistema de cotizaciones, o ambos, según los casos.

Art. 148º En el régimen de Asignaciones Familiares cuando los casos de déficits no sean susceptibles de cubrirse normalmente con el “Fondo de Reserva de Previsión” se procederá al estudio y modificación de las contribuciones destinadas al mantenimiento del régimen proponiendo, mediante informe al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, la adopción de estas medidas.

Art. 149º Los gastos de administración de los regímenes introducidos por el presente Código a calcularse sobre el monto de aportes correspondientes a cada régimen serán los siguientes.

Seguro Social Obligatorio …..12%

Régimen de Asignaciones Familiares …….8%

Los gastos de administración no podrán exceder en ningún caso, el límite señalado. Sin embargo para su eventual modificación, la Caja elevará un informe al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, el que en caso justificado, podrán autorizar mediante Decreto Supremo.

Art. 150º La Caja queda autorizada para llevar su contabilidad en forma mecanizada. Su documentación contable, así elaborada servirá para los efectos legales consiguientes.

 

CAPÍTULO III

DE LAS INVERSIONES

Art. 151º Mientras no se determine, en base a los resultados del estudio técnico–actuarial a que se hace referencia en el artículo 295, el régimen de cotizaciones y en general, el régimen financiero, las reservas del seguro de riesgos profesionales y de los seguros de invalidez, vejez y muerte, no podrán ser invertidos sino para las siguientes finalidades:

En la proporción del 60% para construcción y provisión de equipos para establecimientos asistenciales de los seguros de enfermedad y maternidad. Estas inversiones se considerarán como préstamos concedidos a dichos seguros devengarán un interés anual del 5% y serán amortizados en un período no mayor de 15 años.

 

En la proporción del 10% para implantación de industrias de carácter social, como ser creación de institutos bioquímicos, fabricación de implementos de protección en seguridad industrial y otros que persigan los objetivos señalados con miras a aminorar los costos y mejorar la atención de los seguros de enfermedad, maternidad y de riesgos profesionales. Estas inversiones se considerarán como préstamos devengando un interés del 5% anual como mínimo y serán amortizados en un periodo no mayor de 15 años.

En la proporción del 20% para inversiones en bienes raíces o valores garantizados por el Estado, debiendo procurar una renta no menor del 8% anual.

En la proporción del 10% para préstamos individuales con garantía hipotecaria para construcciones de viviendas de interés social. Estas inversiones rentarán un interés no menor del 8% anual y serán amortizadas en un plazo no mayor de 15 años.

Queda terminantemente prohibida la inversión de los fondos de reserva, en empresas de fines lucrativos.

Art. 152º El Estudio técnico–actuarial a que hace referencia el artículo 295, señalará las formas más convenientes de inversión, complementando las determinadas en el artículo 151 y establecerá las proporciones definitivas para garantizar el correcto desarrollo técnico de estos regímenes.

Art. 153º Las inversiones de las reservas de los seguros de riesgos profesionales, invalidez, vejez y muerte, deberán hacerse en las mejores condiciones de seguridad, con la garantía de un rendimiento no inferior en ningún caso al 5% anual, cuidando igualmente que no estén expuestas al fenómeno de la desvalorización monetaria y de acuerdo a los artículos 151 y 152.

Art. 154º Las reservas y los superávits eventuales de gestión de los seguros de enfermedad y maternidad y del régimen de Asignaciones Familiares, se utilizarán en inversiones que no estén expuestas al fenómeno de la desvalorización monetaria y garanticen la liquidez indispensable para la gestión de dichos regímenes.

 

CAPÍTULO IV

DISPOSICIONES ESPECIALES

Art. 155º Los trabajadores que gocen del beneficios de pulpería con precios congelados, que perciban subsidios por incapacidad temporal, continuarán en goce de la pulpería en especie, mientras dure dichas prestaciones económicas y siempre que permanezcan en la misma empresa.

Los trabajadores que tengan el beneficios de pulpería con precios congelados y que perciban rentas de incapacidad permanente total o parcial, de invalidez, o de vejez cesarán en el goce del beneficio de pulpería en especie, y percibirán sus rentas de acuerdo a los artículos 66º y 71º.

Los derechos–habientes de los trabajadores que percibían pulpería con precios congelados no gozarán del beneficio de pulpería.

 

Art. 156º Cuando un asegurado preste servicios a dos o más empleadores, las cotizaciones a los regímenes de Seguridad Social, se pagarán por cada uno de los empleadores y por el asegurado de acuerdo al salario percibido en cada trabajo.

odas estas contribuciones parciales se computarán como una sola para efectos de la calificación del tiempo de cotizaciones.

El trabajador percibirá las Asignaciones Familiares correspondiente, solamente del empleador que utilice predominantemente sus servicios sancionándose la percepción de doble beneficio de acuerdo a los artículos 213 y 214.

Art. 157º En caso de que mediante Decreto Supremo, se modifique el salario mínimo nacional de los trabajadores que no tengan pulpería con precios congelado, así como el percibido por trabajadores que gozan de pulpería con precios congelados, la variación de dichos salarios mínimos para los fines de aplicación al presente Código, no será de efecto automático sino que será efectivo con carácter retroactivo a la promulgación del Decreto, una vez que un estudio técnico–actuariale a llevarse a cabo por la Caja, en el plazo de tres meses, determine las consecuencias financieras de esta variación y proponga al Poder Ejecutivo la cuantía de los salarios mínimos compatibles con el equilibrio financiero de los diferentes regímenes del presente Código.

El cambio del monto de la incidencia por pérdida con precios congelados no será de efecto automático y se sujetará a lo dispuesto en el párrafo anterior.

Art. 158º Para la calificación del tiempo de cotizaciones de los trabajadores que tienen años dobles legalmente reconocidos por servicios en fronteras, el Estado pagará la totalidad de los aportes estatal, patronal y del asegurado, por todo el tiempo reconocido que no se hubiese cotizado. Las planillas de pago de estas contribuciones serán presentadas a la Caja cada 31 de diciembre, consignado a todos los trabajadores a quienes se les hubiera reconocido años dobles en la gestión correspondiente. El pago de hará efectivo en el plazo máximo de 30 días de vencida la gestión correspondiente.

Art. 159º Toda vez que el Poder Ejecutivo establezca, mediante Decreto Supremo, un aumento general de salarios por causa de desvalorización monetaria, las rentas en curso de pago de incapacidad permanente parcial o total de invalidez o vejez y de derecho–habients, serán reajustadas en la proporción del 90% del promedio general ponderado del referido aumento de salarios. Las reservas para las rentas en curso de adquisición serán reajustadas en la misma proporción que el aumento de salarios establecidos. Dichos reajustes se harán efectivos en su totalidad mediante contribución especial del Estado con cargo al Presupuesto Nacional.

A los 60 días de la promulgación del Decreto de referencia, la Caja Nacional de Seguridad Social entregará al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, un informe técnico–actuarial que determinará los montos de la contribución especial que el Estado debe pagar a las diferentes Cajas. La contribución destinada a cada Caja será pagada en el término de tres meses a contar de la fecha de promulgación del Decreto de aumento general de salarios.

 

TÍTULO V

DE LA GESTIÓN

CAPÍTULO I

DE LA TUICIÓN Y APLICACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Art. 160º La tuición, orientación, supervisión y coordinación sobre los regímenes del Seguro Social Obligatorio y de Asignaciones Familiares establecidos en el presente Código, corresponden al Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.

Art. 161º El Ministerio del Trabajo y Seguridad Social ejercitará la tuición orientación, supervisión y coordinación a que se refiere el artículo anterior mediante la Dirección General de Seguridad Social.

Art. 162º La gestión, aplicación y ejecución de los regímenes de Seguridad Social, establecidos por el presente Código, estará a cargo de los siguientes organismos:

a) Caja Nacional de Seguro Social, que en adelante se denominará “Caja Nacional de Seguridad Social” (Caja de Seguro Social)

b) Caja de Seguro Social de Ferroviarios, Ramas Anexas y Transportes Aéreos de Bolivia.

c) Caja de Seguro Militar.

Art. 163º Las tres Cajas citada en el artículo anterior adoptarán la misma organización administrativa para la aplicación de los regímenes cuya gestión se encuentra a su cargo.

Art. 164º Los servicios actuariales, de estadística y máquinas así como de cuentas patronal e individual para toda la población trabajadora del país, incluidos los miembros del Ejército excepto los conscriptos estarán a cargo exclusivo de la Caja Nacional de Seguridad Social, que posee el equipo completo de máquinas.

Se aclara que la Caja de Seguro Social de Ferroviarios, Ramas Anexas y Transportes Aéreos de Bolivia tiene autonomía administrativa, económica y técnica y es la encargada de desarrollar la Seguridad Social para el grupo de sus afiliados, de conformidad con su Ley Orgánica.

 

Art.165º Para la mejor aplicación de los regímenes introducidos por el presente Código, así como para el constante mejoramiento en el plano técnico y social de las prestaciones de dichos regímenes las Cajas propondrán al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social las medidas conducentes.

Art. 166º Cada Caja presentará al Ministerio del Trabajo de Seguridad Social en el mes de diciembre de cada año, el presupuesto del año siguiente, y en el mes de abril, el balance general de la gestión del año anterior, tanto del Seguro Social Obligatorio como del Régimen de Asignaciones Familiares que estuviere a su cargo, acompañando ambos documentos con informes sobre los aspectos técnicos, administrativos y financieros de la gestión.

Art. 167º El control de la gestión de cada Caja estará a cargo de por lo menos un auditor designado por el Poder Ejecutivo, por un período de dos años, pudiendo ser reelegidos. Estos auditores serán imprescindiblemente profesionales titulados, fiscalizarán la gestión y la aplicación de las disposiciones sobre Seguridad Social, participarán en las reuniones de los Consejos, elevarán cuantos informes consideren convenientes para el mejor desempeño de su funciones y tendrán por función específica el auditar los balances anuales elevando sus respectivos informes.

 

CAPÍTULO II

DE LA CAJA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Art. 168º La Caja Nacional de Seguridad Social estará encargada de la gestión, aplicación y ejecución de los regímenes de:

a) Seguros de enfermedad, maternidad y riesgos profesionales para los trabajadores incluidos en el campo de aplicación, excepto los afiliados a la Caja de Seguro Social de Ferroviarios, Ramas Anexas y Transportes Aéreos de Bolivia y a al Caja de Seguro Social Militar.

b) Seguros de invalidez, vejez y muerte para todos los trabajadores incluidos en el campo de aplicación, excepto los afiliados a la Caja de Seguro Social de Ferroviarios, Ramas Anexas y Transportes Aéreos de Bolivia y a la Caja de Seguro Social Militar.

c) Asignaciones Familiares, para todos los trabajadores incluidos en el campo de aplicación, excepto los afiliados a la Caja de Seguro Social de Ferroviarios, Ramas Anexas y Transportes Aéreos de Bolivia y a la Caja de Seguro Social Militar.

Art. 169º La Caja Nacional de Seguridad Social es una institución de derecho público y tiene personería jurídica y autonomía de gestión, dentro de los límites previstos en los artículos anteriores. La Caja está liberada del pago de todo impuesto nacional, departamental y municipal, creado y por crearse, papel sellado y timbres y gozará de franquicias postales y telegráficas así como de exoneración de derechos aduaneros y de otros gravámenes fiscales, departamentales, municipales, universitarios y de cualquier otra naturaleza en la importancia de todos los materiales aparatos, instrumentos, medicamentos y otros elementos necesarios.

La Caja tendrá las mismas franquicias y rebajas acordadas a favor del Estado para el pago de fletes en las empresas de transporte particulares y estatales.

Los funcionarios y empleados de la Caja que viajen en comisión de servicio, gozarán de iguales franquicias que los funcionarios empleados públicos.

Art. 170º Los órganos de la Caja son:

a) El Consejo de Administración.

b) El Consejo Ejecutivo.

c) La Gerencia.

d) Las Administraciones Regionales.

Art. 171º El Consejo de Administración de la Caja estará formado por un Presidente, designado por el Presidente de la República de la terna propuesta por la Central Obrera Boliviana y por los siguientes miembros:

a) Dos representantes de la Corporación Minera de Bolivia para la minería grande.

b) Un representante de la Cámara Nacional de Minería, para la minería mediana y pequeña.

c) Un representante de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

d) Un representante de la Cámara Nacional de Industrias.

e) Un representante de la Cámara Nacional de Constructores.

Un representante de la Cámara Nacional de Comercio.

f) Un representante de los empleadores de banco y seguros.

g) Un representante del Estado en calidad de empleador de los empleados públicos que será el Contralor General de la República.

h) Dos representantes de los trabajadores mineros.

i) Dos representantes de los trabajadores petroleros.

j)j) Dos representantes de los trabajadores fabriles

l) Un Representante de los trabajadores en construcción.

m) Un representante de los trabajadores de comercio.

n) Un representante de los trabajadores de banco y seguros.

o) Un representante de los empleados públicos.

p) Un representante de la Confederación Sindical de Jubilados de Bolivia.

q) Cuatro representantes del Poder Ejecutivo.

r) El Gerente General de la Caja Nacional de Seguridad Social sin voto.

s) El Gerente Técnico de la misma, sin voto.

t) El Auditor de la misma, sin voto.

Art. 172º El Presidente y los miembros del Consejo de Administración durarán cuatro años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos por un solo período. Al cumplirse los primeros dos años se procederá mediante sorteo a la renovación de la mitad de los miembros del Consejo, con excepción del Presidente y de los miembros natos.

Los miembros del Consejo de Administración percibirán solamente una dieta por su presencia a cada sección del Consejo de Administración, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto Supremo de 26 de enero de 1956.

Art. 173º El Consejo de Administración tendrá las siguientes atribuciones:

a) Aprobar en el mes de noviembre de cada año el presupuesto general del año siguiente, que contendrá el plan financiero de las construcciones como el programa de inversiones con sus respectivos informes, antes de elevarse a conocimiento del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.

b) Aprobar en el mes de noviembre de cada año el presupuesto de divisas, anexo al presupuesto general con su respectivo informe, antes de elevarse a conocimiento del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social y de someterse a consideración del Ministerio de Hacienda.

c) Aprobar en el mes de abril de cada año, el balance general de la gestión del año anterior, con su respectivo informe, antes de someterse a consideración del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.

d) Aprobar trienalmente en el mes de septiembre el balance técnico–actuarial general con su respectivo informe, a que se refiere el artículo 147 antes de someterse a consideración del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.

e) Nombrar el Gerente General y el Gerente Técnico por dos tercios de votos de la totalidad de los miembros del Consejo.

f) Nombrar anualmente los miembros del Consejo Ejecutivo y sus respectivos suplentes.

g) Designar anualmente al Vicepresidente del Consejo.

h) Resolver todos los asuntos que el Consejo Ejecutivo o que las Gerencias eleven en consulta.

Art. 174º El Consejo de Administración deberá reunirse una vez cada trimestre, o en cualquier momento a pedido de por lo menos la mitad de su miembros.

En caso de impedimento, falta o ausencia ocasionales, el Presidente será sustituido por el Vicepresidente.

Art. 175º El Consejo Ejecutivo estará formado por el Presidente del Consejo de Administración, como Presidente, y los siguientes miembros elegidos entre los del consejo de Administración.

a) Un representante de los empleadores.

b) Dos representantes de los trabajadores.

c) El médico nombrado por el presidente de la Repúlbica.

d) El Gerente General sin voto.

e) El Gerente Técnico, sin voto.

f) El auditor, sin voto.

El Jefe del Departamento de Secretaria General desempeñará las funciones de Secretario sin voz ni voto.

Los miembros del Consejo Ejecutivo serán nombrados por el Consejo de Administración, por el período de un año, no pudiendo ser reelegidos sino pasado un año desde la terminación de su período.

Art. 176º Son atribuciones del Consejo Ejecutivo de la Caja:

a) Aprobar el presupuesto general y de divisas, balance anual de la gestión, plan financiero de construcciones y programa anual de inversiones con sus respectivos informes, antes de someterse al Consejo de Administración.

b) Aprobar trienalmente el balance técnico–actuarial general a que se refiere el artículo 147, antes de someterse al Consejo de Administración.

c) Ejecutar el programa de inversiones, aprobado por el Consejo de Administración.

d) Aprobar las operaciones sobre inversiones, transacciones, adquisiciones y enajenación de valores, y bienes muebles e inmuebles.

e) Aprobar las operaciones sobre inversiones, transacciones, adquisición y enajenación de valores y bienes muebles e inmuebles no consignados en los presupuestos mensuales.

f) Controlar la eficiencia de la labor del personal técnico y administrativo de la Caja.

g) Aprobar los estatutos y reglamentos internos antes de someterse a consideración del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.

h) Autorizar el establecimiento o supresión de las administraciones regionales.

i) Autorizar la exoneración colectiva de tres o más empleados de la Caja.

j) Decidir sobre los recursos de reclamación formulados por los asegurados y empleadores contra las resoluciones de los organismos administrativos de la Caja.

k) Encomendar al Presidente, Gerente General y Gerente Técnico cuantos estudios y proyectos considere convenientes para la mejor aplicación de los regímenes de Seguridad Social.

Art. 177º El Consejo Ejecutivo funcionará diariamente con un horario que permita el cumplimiento oportuno de las labores a sus cargo.

 

En caso de ausencia ocasional del Presidente o de uno de sus miembros, éstos serán sustituidos por los suplentes a fin de no perjudicar la labor.

Los miembros del Consejo Ejecutivo percibirán un sueldo por su trabajo, de conformidad a lo dispuesto, por el Decreto Supremo de 26 de enero de 1956. El Ministerio del Trabajo y Seguridad Socia impondrá la sanción de suspensión definitiva de su cargo de miembro del Consejo Ejecutivo a los que falten a las sesiones arbitrariamente, por más de tres veces consecutivas.

Art. 178º Serán atribuciones del Presidente del Consejo de Administración:

a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del presente Código, así como de su respectivo Reglamento.

b) Presidir las sesiones del Consejo de Administración y del Consejo Ejecutivo.

c) Convocar extraordinariamente a sesiones del Consejo Ejecutivo.

d) Ejercitar junto con el Gerente General la representación legal de la Institución.

e) Gestionar juntamente con el Gerente General la oportuna concesión de las divisas presupuestadas.

f) Vigilar el escritorio cumplimiento de las disposiciones emanadas de los Consejos de Administración y Ejecutivo por parte de las Gerencias.

Art. 179º El Gerente General será nombrado por el Consejo de Administración por dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros, por un período de seis años, pudiendo ser reelegido.

El Gerente General deberá tener amplios conocimientos sobre administración de entidades de seguridad social.

No podrá ser removido de su cargo en ningún caso sin previo proceso por culpas graves, delitos o incapacidad comprobada en el ejercicio de sus funciones.

En caso de impedimento, falta o ausencia ocasionales el Gerente General será sustituido por el Gerente Técnico.

Art. 180º Son atribuciones del Gerente General:

a) Representar legalmente a la Caja Nacional de Seguridad Social junto con el Presidente.

b) Elevar anualmente, con los respectivos informes, el presupuesto general y el presupuesto de divisas a consideración de los Consejos.

c) Elevar anualmente, con los respectivos informes, el plan financiero de construcciones y programa de inversiones a consideración de los Consejos.

d) Elevar anualmente con su respectivo informe el balance general de la gestión a consideración de los Consejos.

e) Elevar junto con el gerente técnico el balance técnico actuarial general, trienalmente a consideración de los Consejos.

f) Ejecutar el aprobado plan financiero de construcciones.

g) Ejecutar en base a los presupuestos mensuales aprobados o en base a las decisiones del Consejo Ejecutivo las operaciones sobre inversiones, transacciones, adquisición y enajenación de valores y bienes muebles e inmuebles.

h) Actuar como órgano ejecutivo en la implantación y desarrollo de la Seguridad social.

i) Cumplir los acuerdo y resoluciones de los Consejos de Administración y Ejecutivo.

j) Aplicar los estatutos y reglamentos internos de la institución debidamente aprobados.

k) Proponer el establecimiento o supresión de administraciones regionales.

l) Actuar con voz y sin voto en los Consejos de Administración y Ejecutivo.

m) Firmar toda la correspondencia oficial de la Caja Nacional de Seguridad Social y actuar como ordenador general de pagos de la misma.

n) Controlar y nombrar los jefes de División de Departamento y personal subalterno de acuerdo a las normas vigentes en el Estatuto de la Institución.

o) Disponer los aumentos de sueldos o salarios para el personal contratado, en base a los informes que solicite.

p) Exonerar al personal cuya separación se hubiese dispuesto de acuerdo al Estatuto y Reglamento Interno de la Institución.

Art. 181º El Gerente Técnico será nombrado por el Consejo de Administración por dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros, por un periodo de seis años, pudiendo ser reelegido. No podrá ser removido de su cargo sin previo proceso por faltas graves, delitos o incapacidad comprobada en el ejercicio de sus funciones.

Será necesariamente actuario matemático, o a falta de este auditor financiero titulado con experiencia en Seguridad Social.

En casos de impedimento, falta o ausencia ocasionales será reemplazado por el Jefe de la División Actuarial y Seguros.

Art. 182º El Gerente Técnico es el responsable del funcionamiento técnico de la entidad siendo sus funciones las siguientes:

a) Dirigir, coordinar y regular toda la actividad y funcionamiento Técnico–administrativo de la Caja.

b) Elaborar anualmente con sus respectivos informes el presupuesto general y de divisas.

c) Elaborar anualmente con sus respectivos informes el plan financiero de construcciones y el programa de inversiones.

d) Elaborar con el Contador General anualmente el balance general de gestión.

e) Elaborar trienalmente el balance técnico–actuarial general.

f) Aprobar por la comisión técnica creada por el artículo 187º el plan técnico de construcciones.

g) Ejecutar los planes de implantación y desarrollo de los centros sanitarios.

h) Ejecutar el programa anual de inversiones.

i) Estudiar y presentar los programas de medicina preventiva, recuperación y readaptación profesionales higiene y seguridad industrial, asistencial social, así como de todos los planes encaminados a la mejor protección social de los asegurados y sus beneficiarios.

j) Proponer cuantos estudios, proyectos y reformas sean necesarios para el buen desenvolvimiento técnico administrativo de la Institución.

k) Reemplazar al Gerente General en casos de impedimento o ausencia ocasionales de sus labores.

l) Integrar los Consejos de Administración y Ejecutivo sin derecho a voto.

m) Integrar la Comisión de Prestaciones.

Art. 183º El auditor será nombrado por un período de dos años por el Presidente de la República en base a terna propuesta por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, pudiendo ser reelegido. El Auditor será imprescindiblemente auditor financiero titulado.

Art. 184º El Auditor es directamente responsable de sus funciones ante el Poder Ejecutivo y tendrá las siguientes atribuciones.

a) Auditar el balance general de gestión, mediante informe que elevará al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, a los Consejos de Administración y Ejecutivo y a la Gerencia General.

b) Presentar obligatoriamente un informe semestral de profundo análisis de la situación económico–administrativa de la Caja.

c) Informar en cualquier momento al Consejo Ejecutivo sobre fallas comprobadas en el mecanismo administrativo o económico, para su inmediata regulación.

d) Informar al Ministerio del Trabajo y Seguridad social sobre la aplicación de las disposiciones en materia de Seguridad Social.

e) Integrar los Consejos de Administración y Ejecutivo, sin derecho a voto.

f) Cumplir con las instrucciones y que le fueren encomendadas por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.

Art. 185º Es incompatible el ejercicio de las funciones de Presidente, miembro del Consejo Ejecutivo, Gerente General, Gerente Técnico y Auditor con el desempeño de otro cargo público o privado o con el de otras actividades profesionales, comerciales o industriales, excepto el de Catedrático de Universidad.

Art. 186º La Comisión de Prestaciones que deberá resolver los casos prescritos en los artículos 15 y 16, así como los casos de controversia en la determinación de las prestaciones estará formada por:

a) El representante médico ante el Consejo Ejecutivo como Presidente.

b) El representante de los empleadores ante el Consejo Ejecutivo.

c) Uno de los dos representantes de los trabajadores ante el Consejo Ejecutivo.

d) El Gerente Técnico de la Caja.

e) El Jefe del Departamento de Recuperación y Readaptación Profesionales.

f) El Jefe del Departamento de Prestaciones de la Caja como Secretario, sin voto.

Art. 187º Se crea la Comisión Técnica que será el único organismo encargado de definir sobre la planificación de centros sanitarios y funcionamiento de los mismos, así como también de la solución de todos los problemas técnicos relacionados con la construcción de los centros sanitarios.

La Comisión Técnica estará formada por:

a) El representante médico ante el Consepto Ejecutivo.

b) El Garante Técnico.

c) El Jefe de la División Médica.

d) El Jefe del Departamento de Planeamiento Sanitario.

e) El Jefe del Departamento de Construcciones.

Los presupuestos de los centros sanitarios planificado, serán sometidos a la Gerencia General y a los Consejos Ejecutivos o de Administración, según los casos, para la aprobación financiera en dichos presupuestos.

Art. 188º En cada capital de Departamento y donde las necesidades del servicio lo requieran la Caja constituirá Administraciones Regionales, que serán los órganos mediante los cuales se cumplirán las finalidades del presente Código en cada zona geográfica.

Los Administradores Regionales serán nombrados por el Gerente General.

El Comité Regional de la Central Obrera Boliviana, nombrará un miembro en representación de los trabajadores locales, para el respectivo control, el que será elegido de entre los asegurados.

 

CAPÍTULO III

DE LA CAJA SOCIAL MILITAR

Art. 189º La Caja de Seguro Social Militar se organizará sobre la base de la fusión de las siguientes instituciones sociales militares.

a) Caja de Pensiones Militares

b) Caja de b) Sub–Oficiales y Músicos del Ejercito.

c) Sanidad Militar.

d) Vivienda Militar.

e) Cooperativas Militares.

f) Almacenes Centrales del Ministerio de Defensa Nacional.

g) Fábricas Militares.

h) Almacenes Centrales del Ministerio de Defensa.

Art. 190º El Poder Ejecutivo organizará, en el término de 30 días de la promulgación de este código, una Comisión encargada del estudio y organización de la Caja de Seguro Social Militar, la que expedirá su informe en el término no mayor de 120 días a partir de la fecha de su constitución.

Art. 191º Mientras se organice la Caja de Seguro Social Militar, los beneficios de que gozan sus afiliados serán cancelados por las instituciones existentes en la forma que actualmente los prestan.

 

TÍTULO VI

DEL RÉGIMEN JURÍDICO–ADMINSTRATIVO

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 192º Todo empleador que tenga a su servicio trabajadores sujetos al campo de aplicación del presente Código tiene la obligación de inscribirse en la Caja, en la forma y plazo que señale el Reglamento y obtener un “Número Patronal” de acuerdo a Capítulo I del Título VII.

Art. 193º Para el reconocimiento de los derechos otorgado por el presente Código, los asegurados deberán ser inscritos por el respectivo empleador en la Caja de acuerdo a las disposiciones del Reglamento. El trabajador que no sea inscrito en la Caja por el empleador, podrá solicitar directamente su inscripción.

Art. 194º El empleador es directamente responsable ante la Caja, del pago de la cotización patronal y de la cotización del asegurado, que será descontada del salario.

Art. 195º Los empleadores al efectuar directamente el pago de las prestaciones, la harán en base a la sola presentación de los documentos exigidos para el efecto. La documentación pertinente, entregada por los trabajadores, serán remitida, por los empleadores, a la Caja.

La Caja no reconocerá ningún pago directo, efectuado por concepto de prestaciones, que no esté debidamente respaldado por los documentos que exige el presente Código.

Art. 196º El trabajador por quien no se haya pagado las cotizaciones requeridas, no tendrá derecho al otorgamiento de las prestaciones por parte de la Caja, a excepción de las prestaciones sanitarias. La Caja cobrará al empleador negligente el doble de los gastos efectuados en dichas prestaciones, sin perjuicio del cobro coactivo de las cotizaciones devengadas.

 

Art. 197º Las mujeres casadas y los menores asegurados en al Caja serán considerados, para efectos del presente Código, como personas capaces de administrar libremente sus bienes, en lo que se refiere a la percepción de beneficios y a los actos y contratos que celebren con la Caja en su calidad de asegurados.

Art. 198º Para efectos del reconocimiento de los derechos de los asegurados y beneficiarios, constituirán plena prueba los registros y documentos emanados de la Caja o los que ésta tenga en su poder.

Art. 199º Las prestaciones otorgadas por el presente Código son inembargable, irrenunciables e intransferibles. Además, las prestaciones en dinero están exentas del pago de impuesto a la renta.

Art. 200º Para los efectos del pago de cotizaciones no se computará como parte integrante del salario las prestaciones otorgadas en el presente Código.

Art. 201º La Caja en los términos que señale el Reglamento, tiene la obligación de resolver toda solicitud de prestación o reclamación, comunicando por escrito al interesado la solución adoptada sobre su solicitud. En caso afirmativo, indicará la fecha de iniciación del beneficio y el monto de la prestación, en caso negativo, los motivos en que se funda este.

Art. 202º La Caja no podrá enajenar, vender ni transferir ninguno de sus bienes muebles o inmuebles, sin previa resolución del Consejo mediante remate con la intervención de un Notario y un representante del Ministerio Público.

Art. 203º La compra de bienes inmuebles y muebles, desde el monto que determine el Reglamento, se efectuará mediante llamamiento a propuestas, con todas las formalidades exigidas por Ley para esta modalidad de adquisiciones.

Art. 204º Las acreencias de la Caja tienen el carácter de privilegiadas, cuando provenga de cotizaciones o primas de los regímenes de Seguridad Social o de préstamos, y en los casos de concurso y de otros procedimientos que admitan prestación de créditos, gozarán de preferencia absoluta, excepto sobre los que se reconozcan por concepto de salario, por gastos judiciales y por administración y conservación de bienes concursados.

En casos de cobranza de créditos provenientes de contratos suscritos por la Caja, ésta podrá utilizar el procedimiento ejecutivo especial autorizado por leyes vigentes para uso de las instituciones de préstamos hipotecarios.

Art. 205º Los bienes inmuebles cuya ocupación sea indispensable para la mejor aplicación de los regímenes de Seguridad Social podrán ser expropiados de acuerdo a las disposiciones vigentes.

Se aplicará e procedimiento verbal establecido para el desahucio de los inquilinos que ocupan habitaciones u oficinas en los inmuebles de la Caja o en los que ella ejerce la administración legal, cuando, se requiera para los usos de los regímenes de Seguridad Social. Para este efecto se tomará en cuenta lo previsto por el inciso b) del artículo 15 del Decreto Supremo Nº 311 de 30 de abril de 1945.

Señalase el plazo de 30 días impostergables, a partir de la fecha de la Resolución del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, sobre el desalojo establecido en el anterior párrafo, para la ejecución del respectivo lazamiento.

Art. 206º Todas las entidades públicas y privadas del país están obligadas a facilitar las informaciones que requiera la Caja para la realización de los regímenes de Seguridad Social, bajo las sanciones señaladas en el Reglamento, en caso de incumplimiento.

Art. 207º Se incurrirá en sanción por cualquier acto u omisión que impide, perturbe o difiera la aplicación de los regímenes de Seguridad Social, la falta de adopción de las medidas de prevención y seguridad. Las infracciones y las sanciones serán especificadas en el Reglamento.

Art. 208º Las sanciones impuestas, de acuerdo al Reglamento no eximirán de otras responsabilidades de orden legal por las faltas en que se incurran.

 

CAPÍTULO II

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ASEGURADO

Art. 209º El contrato de trabajo de los asegurados no se interrumpe ni cesa por el hecho de que el asegurado esté en goce de algún subsidio de incapacidad temporal, cualquiera sea la causa que hubiera provocado dicha incapacidad.

Art. 210º En caso de que un siniestro, cubierto por el presente Código, sea provocado intencionalmente por el asegurado, la Caja no reconocerá el pago de prestaciones en dinero, sino únicamente las prestaciones sanitarias de emergencia. En caso de muerte intencional del asegurado, sus derecho–habientes percibirán las rentas y prestaciones correspondientes.

 

En caso de muerte del asegurado, provocado por hecho intencional de uno de sus derecho–habientes, el autor perderá cualquier derecho a las prestaciones del Código sin perjuicio de los derechos de los demás derecho–habientes. La Caja podrá repetir la acción de resarcimiento contra el autor.

Art. 211º Si un siniestro ocurre por hecho intencional o falta grave del empleador o su mandatario, o bien de una tercera persona, la Caja otorgará las prestaciones debidas con derecho a repetir el valor de las mismas contra el o los autores.

Art. 212º Los trabajadores que perciben subsidio familiar y de lactancia están obligados a comunicar al empleador, en el plazo de ocho días, el fallecimiento de sus hijos, acompañando el respectivo certificado de defunción. La percepción ilegal de estos subsidios dará lugar a la pérdida del subsidio de sepelio por el hijo fallecido, por el cual fraudulentamente se percibirá el subsidio familiar o de la lactancia, independientemente de las penalidades contenidas en el artículo 213.

Art. 213º Por toda suma ilegalmente percibida por concepto de Asignaciones Familiares, la Caja girará un pliego de cargo al trabajador que hubiere cometido la infracción, que se hará efectiva de la siguiente manera:

a) A los trabajadores que encuentren en goce de asignaciones familiares, se les descontará éstas, hasta el monto de lo indebidamente percibido, mas el 20% de recargo.

b) A los trabajadores que no gozan de otros subsidios se les descontará mensualmente de su remuneraciones las mismas cantidades recibidas ilegalmente, más el 20% de recargo.

Art. 214º Los trabajadores que por segunda vez, incurrieran en el fraude a que hace referencia el artículo anterior serán sancionados, independientemente de lo prescrito en tal artículo, con la pérdida definitiva de las asignaciones familiares en curso de pago quedando solamente a salvo los subsidios a que posteriormente pudieran tener derecho.

 

CAPÍTULO III

DE LAS COTIZACIONES

Art. 215º Todo empleador sujeto al campo de aplicación, está obligado a presentar mensualmente a las Administraciones Regionales de la Caja, doble ejemplar de su planillas de cotizaciones a los regímenes contenidos en el presente Código, juntamente con la planilla de pagos directos de Asignaciones Familiares y de Subsidios de Incapacidad Temporal con su respectivo resumen. Estas planillas deberán ser entregadas en el plazo máximo de 30 días de vencida la mensualidad correspondiente.

Art. 216º El incumplimiento en la entrega de planillas en el plazo citado en el artículo anterior será sancionado con una multa equivalente al 30% del capital declarado de la empresa.

 

Para las empresas que no tienen capital declarado, la multa será equivalente al 10% del monto total de sueldos y salarios de la ultima planilla entregada.

Las Administraciones Regionales de la Caja, girarán el pliego de cargo respectivo hasta el tercer día de vencido el plazo indicado.

Art. 217º En caso que el empleador no cumpla con el pago de la multa a que se refiere al artículo anterior, hasta el tercer día de habérsele notificado con el pliego de cargo, se procederá a su apremio. El Juez del Trabajo, expedirá de oficio, el respectivo mandamiento, siendo responsable por el retardo que se produjera.

Art. 218º Las multas recaudadas por concepto de mora en la entrega de planillas serán depositadas dentro del tercer día de recibidas dichas multas, en la cuenta de “Previsión Social” del Banco Central o su Agencia, remitiéndose una copia del certificado de depósito a la Dirección General de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Art. 219º Toda reclamación de los empleadores sancionados deberá formularse ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dentro del tercer día de su notificación con el pliego de cargo, previa presentación de certificado de depósito efectuado en la Caja del Monto de la multa impuesta, requisito sin el cual no se concederá dicho recurso. El Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, expedirá un fallo en última instancia mediante Resolución Ministerial, que no será susceptible de recurrirse de nulidad.

Art. 220º Los habilitados de las diferentes reparticiones u organismos estatales, departamentales o municipales, son responsables del cumplimiento del artículo 215.

Las planillas deberán ser faccionadas en dos ejemplares que serán remitidas a la Caja Nacional de Seguridad Social.

Art. 221º Los empleadores deberán pagar mensualmente las cotizaciones a la Caja, en un plazo máximo de 30 días de vencida la mensualidad correspondiente.

Si el empleador no paga en el plazo antes indicado, será pasible de las siguientes sanciones:

Pago de un interés de mora equivalente al porcentaje de interés anual que aplica el Banco Central de Bolivia para préstamos a particulares.

Pago de una multa equivalente a una fracción o a la totalidad de las cotizaciones devengadas. Esta sanción será aplicada de acuerdo a la escala progresiva siguiente:

1 mes de atraso, multa equivalente al 10% de cotizaciones devengadas.

2 mes de atraso, multa equivalente al 20% de cotizaciones devengadas.

3 mes de atraso, multa equivalente al 30% de cotizaciones devengadas.

4 mes de atraso, multa equivalente al 40% de cotizaciones devengadas.

5 mes de atraso, multa equivalente al 60% de cotizaciones devengadas.

6 mes de atraso, multa equivalente al 100% de cotizaciones devengadas.

El reglamento determinará otras modalidades que considere convenientes para garantizar el cumplimiento de las obligaciones patronales.

Art. 222º La Caja mediante su Departamento de Cotizaciones y órganos de inspección ejercitará el control de pago de las cotizaciones a fin de determinar la mora eventual de los empleadores y aplicar necesariamente las sanciones previstas en el artículo 221º. Para este fin una vez constatada la infracción, la Caja girará al empleador una Nota de Cargo con especificación de las cotizaciones devengadas, del importe de la multa y de los intereses por mora, la que se tramitará por la vía coactiva conforme a lo previsto en el artículo 223.

Art. 223º La Caja a base de la Nota de Cargo que gire, iniciará la acción coactiva ante el Juez del Trabajo, por las imposiciones, cotizaciones, primas, subsidios y aportes de cualquier naturaleza que le adeudare siempre que ellos no fueran cubiertos en el término de 30 días de vencida la mensualidad correspondiente, así como las deudas, amortizaciones, descuentos y créditos concedidos tanto en el capital, intereses y multas, por la demora en el pago de lo adeudado o por infracción de las disposiciones legales, reglamentarias o estatuarias vigentes sobre Seguridad Social.

En estas acciones coactivas, se observará el siguiente procedimiento:

a) El Juez del Trabajo dictará el auto de solvendo dentro de las 48 horas de presentada la demanda, ordenando el pago y librando a mismo tiempo mandamiento de embargo sobre los bienes del deudor, sin perjuicio de ordenarse la retención de fondos de los ejecutados en los bancos o entidades de crédito, con apercibimiento de apremio y costas.

b) La notificación personal con el auto de solvendo se hará al empresario, Gerente, Administrador o personero que esté a cargo de la empresa, dentro de las 24 horas de haberse dictado. Si buscado por dos veces no fuera posible la citación a cualquiera de los personeros indicados, con la sola representación del diligenciero, se ordenará la notificación mediante cedulón.

c) Contra el auto de solvendo no se aceptara otra excepción que la de pago, debiendo rechazarse de plano y aun de oficio, cualquier reclamo o solicitud.

d) Al tercer día quedará ejecutoriado el auto de solvendo y a solicitud de la Caja, el Juez de la causa librará el mandamiento de apremio contra el obligado o personero de la empresa, asimismo, señalará día y hora para el verificativo del remate sobre los bienes embargados

 

e) La parte ejecutada que hiciera uso de cualquier incidente, excepción perentoria o dilatoria, reclamo de cualquier naturaleza, recurso ordinario o extraordinario, deberá previamente empezar en las oficinas de la Caja, el importe de la suma total ejecutada. Todo escrito que presente el obligado, deberá estar acompañado del respectivo recibo franqueado por la Caja, sin cuyo requisito se tendrá por no presentado cualquier escrito o memorial.

f) Para la resolución de los reclamos o excepciones que se plantearon con el requisito señalado en el inciso anterior, se abrirá el término de 10 días con todos los cargos dentro del cual los interesados presentarán sus justificativos y e juez dictará auto motivado declarando probada o improbada la reclamación o, modificando el monto de la Nota de Cargo.

En caso de probarse la reclamación o de modificarse el monto de la Nota de Cargo se ordenará la devolución de la suma depositada, o del saldo resultante que la Caja cumplirá de Inmediato, siempre que ésta no apele a dicho auto.

Estos reclamos no tendrán lugar si el auto de solvendo su hubiere ejecutado, en cuyo se propondrá a la ejecución del mismo.

g) Contra las decisiones del Juez de Primera Instancia, las partes podrán apelar ante la Sala de Seguridad Social de la Corte Nacional del Trabajo. Si apelare la parte obligada, la Corte rechazará de oficio cualquier recurso en el que no estuviera acreditado el depósito de la suma ejecutada, en la forma prevista por el inciso c) de este artículo y ordenará el enjuiciamiento criminal del funcionario o funcionarios responsables por esta omisión.

h) Si la parte reclamante no justificare los extremos planteados, el Juez los rechazará con costas, que se regularán de acuerdo al inciso b) del artículo 34º del Decreto Ley de 18 de enero de 1938, elevado a Ley en 8 de diciembre de 1941.

i) Los tribunales de grado, jueces y funcionarios subalternos que no cumplieren estrictamente cualquiera de las disposiciones de este procedimiento coactivo, serán considerados reos del delito de prevaricato y sancionados de inmediato con la separación del cargo y dos años de prisión. A los efectos de calificación de fianza para obtener el beneficio de libertad provisional que impetraren los sindicado, por el delito indicado, se tendrá como base de la fianza la suma total que representa la respectiva Nota de Cargo.

Art. 224º Para la correcta aplicación de los regímenes del presente Código, la Caja está obligada a constituir un cuerpo de inspectores encargados de inspeccionar, bajo estricta reserva, los lugares de trabajo y examinar libros, contabilidades, archivos, listas de pago y demás documentos necesarios para el control de los salarios y cotizaciones. Las empresas e instituciones de cualquier naturaleza están obligadas a proporcionar toda la información requerida por los Inspectores, bajo las sanciones que señalará el Reglamento. Además la Caja organizará un cuerpo de inspectores encargados de supervigilar la aplicación de las disposiciones en materia de higiene y seguridad industrial. La Dirección General del Trabajo, prestará toda cooperación a estos dos cuerpos de inspectores conforme a las disposiciones del Reglamento.

 

CAPÍTULO IV

DE LAS INSTANCIAS Y RECURSOS

Art. 225º Para el conocimiento en segunda instancia, de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la Caja, se crea en la Corte Nacional del Trabajo, la Sala de Seguridad Social, que estará compuesta de tres vocales, más el Presidente que será el Presidente de la Corte Nacional del Trabajo.

El Presidente y los tres vocales de la citada Sala serán abogados con especialización en Derecho Social. Comprobada mediante dos años de actuación, por lo menos, en los Juzgados del Trabajo o en una institución de Seguridad Social.

El funcionamiento de esta Sala se regirá por las normas establecidas para la Corte Nacional del Trabajo.

Art. 226º La Sala de Seguridad Social conocerá:

En grado de apelación las resoluciones pronunciadas por la Caja Nacional Social, la Caja de Seguridad Social de Ferroviarios, Ramas, Anexas y Transportes Aéreos de Bolivia. Caja de Seguro Social Militar y demás entidades de derecho público en materia de Seguridad Social.

En grado de apelación, las resoluciones pronunciadas por los jueces del Trabajo, en los juicios coactivos instaurados por las Cajas por falta de pago de aportes.

En Única instancia, los juicios coactivos iniciados por el Departamento Nacional de Menores.

En la interpretación y aplicación de leyes en materia de Seguridad Social.

En única instancia, las cuestiones que se suscriten con motivo de la aplicación, de las disposiciones legales sobre Asignaciones Familiares, Vivienda Popular, Cooperativas en general, Mutualidades, Departamento de Menores y de Rehabilitación.

Art. 227º Anexo a la Sala de Seguridad Social, funcionará un cuerpo de tres médicos asesores con especialidad en medicina social, comprobada por certificados que acrediten haber trabajado por lo menos dos años en una institución donde hayan practicado dicha especialidad. Serán nombrados por el Ministerio de Trabajo, por un período de cuatro años y tendrán como función específica la dirección en última instancia de los casos de calificación médica.

Art. 228º El recurso de apelación ante la Sala de Seguridad Social de la Corte Nacional del Trabajo, deberá formularse en el término de cinco días de notificada la resolución pronunciada por la Caja. Dicha instancia contenciosa no se abrirá mientras no se haya resuelto el trámite ante la Caja.

Art. 229º Los autos de vista pronunciados por la Sala de Seguridad Social, podrán ser recurridos de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia, solo por falta absoluta de jurisdicción.

 

CAPÍTULO V

DE LA PRESCRIPCIÓN

Art. 230º. La obligación de la Caja para otorgar los beneficios del presente Código y la acción de los asegurados y beneficiarios a reclamarlos prescriben:

En el plazo de tres años para reclamación de los subsidios de incapacidad temporal.

En el plazo de tres años para reclamación de las rentas de incapacidad permanente parcial o total o de invalidez. En el mismo plazo para las indemnizaciones pagaderas en una sola vez por causa de invalidez.

Sin plazo para la reclamación de las rentas de vejez. Igualmente para las indemnizaciones pagaderas en una vez por causa de vejez.

En el plazo de tres años a partir de la fecha del fallecimiento del causante, para la reclamación de las rentas de derecho–habientes

En el plazo de tres años, a partir de la fecha del fallecimiento del causante, para la reclamación por los derechos–habientes de los beneficios que no hubieran sido percibidos por el causante.

En el plazo de un año, a partir del nacimiento o fallecimiento del hijo, para reclamar los subsidios de natalidad o sepelio, respectivamente.

En el plazo de tres años a partir del nacimiento del derecho, para reclamar el subsidio matrimonial y familiar.

Ninguna de la prestaciones económicas en curso de pago mencionadas en los incisos anteriores que son otorgadas mensualmente podrán acumularse por mas de tres mensualidades.

El subsidio de lactancia, en productos lácteos, no podrá ser acumulado por más de tres días consecutivos.

 

TÍTULO VII

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

DEL NÚMERO PATRONAL

Art. 231º Todas las empresas industriales, comerciales, bancarias, de servicios públicos, Ministerios, Direcciones Generales, Universidades, entidades autónomas y semiautónomas, autárquicas y semiautárquicas, sin ninguna excepción, están obligadas a inscribirse en la Caja Nacional de Seguridad Social y recabar el “Número Patronal” que les corresponda, con el cual debe indentificarse en todas sus relaciones con el Estado, las Cajas y las entidades de orden público y privado.

La Caja Nacional de Seguridad Social será la única encargada para llevar el Registro General del Número Patronal.

La obligación de inscribirse se extiende incluso a las empresas y entidades que no se hallan dentro del campo de aplicación del Código de Seguridad Social.

Art. 232º El Número Patronal se compone de siete cifras, las tres primeras sirven para la interpretación de la actividad económica y las cuatro restantes para la ubicación de la empresa, dentro de una correlativa.

El Código Nacional de Ramas de Actividad que constituye el Anexo Nº3 del presente Código, define las tres primeras cifras del “Número Patronal”.

Art. 233º Todas las entidades que tengan relaciones con empresas u organismos que están obligados a poseer Número Patronal, deberán exigir dicho Número otorgado por la Caja Nacional de Seguridad Social, consignándolo en sus libros y registros.

Los funcionarios que hubieren dado curso a cualquier trámite sin exigir la exhibición de Número Patronal serán pasibles de las sanciones que establece el Reglamento.

Art. 234º Todas las empresas u organismos públicos y particulares que tengan registradas sus actividades, están obligados a obtener, de la Caja Nacional de Seguridad Social, su Número Patronal en el término de sesenta días, a contar de la promulgación del presente Código.

Las empresas u organismos que omitieren el cumplimiento de esta obligación pagarán una multa de acuerdo a los artículos 216 al 219 con destino a la Cuenta de “Previsión Social”, sin perjuicio de cumplir la obligación señalada en el Presente Código.

Art. 235º A tiempo de otorgar el Número Patronal la Caja Nacional de Seguridad Social podrá requerir todos los datos que crea conveniente para la determinación del mismo.

 

CAPÍTULO II

DEL NÚMERO INDIVIDUAL DE IDENTIFICACIÓN

Art. 236º A partir de la promulgación del presente Código se instituye el sistema del “Número Individual” para la identificación de todos los estantes y habitantes de La República encomendándose la tuición, coordinación y aplicación, de dicho sistema a la Comisión Nacional del “Número Individual” que estará integrada por los siguientes miembros:

Director General del Registro Civil, como Presidente.

a) El Director General de Seguridad Social del Minsiterio del Trabajo y Seguridad Social.

b) El Jefe de Personal del Estado Mayor Genral.

c) El Director General de Educación del Ministerio de Educación.

d) El Director General de la Oficina de Estadística del Ministerio de Hacienda y Estadística.

e) Un representante de Servicio de Identificación de la Dirección General de Policias.

f) El Gerente Técnico de la Caja Nacional de Seguro Social.

Art. 237º El Número Individual consiste en una clave compuesta de nueve cifras que será formulada de la siguiente manera:

Año de nacimiento: dos últimos guarismos del año de nacimiento.

Mes de nacimiento y sexo: dos guarismos de acuerdo al siguiente Código.

 

SEXO

MESES VARONES MUJERES

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiem

Octubre

Noviemb

Diciemb 01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12 51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

Día de nacimiento 01 al 31.

La primera letra del apellido paterno.

La primera letra de apellido materno.

La primera letra del nombre de pila.

Art. 238º Se establece una numeración ordinal con un solo guarismo, que se añadirá al final de la fórmula para distinguir el caso de similitud de dos o más números individuales. Este número será incluido en caso de duplicidad y de acuerdo, al procedimiento que establezca la Comisión.

Art. 239º El Número Individual deberá estar íntimamente ligado con las características dactilares del individuo las que se transcribirán en los ficheros dactilares, existentes, para la identificación de las personas. Los ficheros dactilares de la Dirección General de Policías, de la Caja Nacional de Seguridad Social, de la Caja de Seguro Social de Ferroviarios, Ramas Anexas y Transportes Aéreos de Bolivia y Caja de Seguro Social Militar se organizarán con carácter nacional y servirán como únicos medios de identificación. Los citados organismos intercambiarán datos sobre los grupos de población que controlen a fin de establecer el mismo número individual para las personas inscritas en los registros de dos o más instituciones.

Art. 240º El número individual de las mujeres cualquiera que sea su estado civil estará formado solamente por sus datos de soltera.

Art. 241º Los extranjeros y los hijos de bolivianos nacidos en el extranjero, que se radiquen en el país, deberán recabar su correspondiente Número Individual de la Dirección General de Registro Civil.

Art. 242º Toda persona natural o física, que habita en el territorio de la República, deberá tener obligatoriamente inscrito en todos sus documentos personales el Número Individual.

Art. 243º El número Individual, para los nacidos después de la promulgación del presente Código, será inscrito en la partida de nacimiento del Registro Civil, para servir de dato fundamental y ser repetido en todos los documentos que se extendieran a favor del interesado, tales como:

Certificado de Nacimiento.

Libreta de Servicio Militar Obligatorio.

Cédula de Identidad Personal.

Libreta de Seguridad Social.

Libreta de Registro Cívico.

Certificado de Matrimonio y Libreta Familiar.

Pasaportes y Salvoconductos.

Licencia y Brevet para la conducción de vehículo.

Declaración de la renta y documentos para pago de impuesto.

Títulos profesionales y académicos.

Nombramientos y designaciones.

Pólizas de Seguro Privado.

Certificado de defunción o de óbito.

Todos los documentos establecidos u por establecerse posteriormente, que tengan relación con el Número Individual.

Art. 244º Se concede el término impostergable de un año, a partir de la promulgación del presente Código a las personas que no hayan inscrito su nacimiento en el Registro Civil, para que lo hagan de acuerdo a las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo de 5 de abril de 1945.

 

La Comisión establecida en el artículo 236, deberá presentar un proyecto de Decreto al Supremo Gobierno, por intermedio del Ministerios de Gobierno, en un término de 60 días, para la adopción de un procedimiento judicial sumario y económico que permita la inscripción de todas las personas en el Registro Civil, con inclusión de todos los datos requeridos para el otorgamiento del correspondiente “NÚMERO INDIVIDUAL”. En el mismo Proyecto, deberá introducirse las modalidades requeridas para los cambios de nombre.

Art. 245º Para las personas que lleven un solo apellido, el Número Individual, constituirá en una clave similar o la señalada en el artículo 237, pero, con la modificación de que en lugar de la iniciales de los apellidos paterno, y materno, contendrá las dos primeras letras del único apellido que lleven.

Art. 246º Para los menores abandonados huérfanos, expósitos y otros que se hallan bajo la protección del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, cuyo nacimiento no ha sido inscrito en el Registro Civil, el citado Ministerio prestará su cooperación y ordenará su inscripción investigando la filiación, fecha de nacimiento y otorgándoles un nombre, apellido o fecha de nacimiento en caso de que no los tengan.

 

CAPITULO III

DEL RÉGIMEN COMPLEMENTARIO FACULTATIVO DE INVALIDEZ Y VEJEZ

Art. 247º Se establece un régimen complementario facultativo de invalidez y vejez para los sectores laborales sujetos al campo de aplicación del presente Código que deseen el mejoramiento de las prestaciones de invalidez o vejez o la reducción de las condiciones establecidas para el otorgamiento de dichas prestaciones.

Cada sector laboral deberá tramitar ante la Caja el ingreso colectivo a este régimen facultativo.

Art. 248º Para efectos del artículo anterior es indispensable que la cotización aumente en relación con el esquema complementario de prestaciones.

La cuantía de las cotizaciones y prestaciones, será determinada en el estudio técnico–actuarial a que se refiere el artículo 295º, el que fijará igualmente las condiciones y normas definitivas del esquema facultativo, (Reglamento de Reformas a al Seguridad Social de 12 de junio de 1987. Decreto Supremo Nº 22407 de 11 de enero de 1990).

Art. 249º Los sectores que en el período comprendido entre la aplicación de los seguros de invalidez, vejez y muerte y los resultados del estudio técnico actuarial a que se refiere el artículo 295, deseen acogerse al régimen facultativo conforme al art. 247 podrán hacerlo aportando una cotización superior a la que determine el presente Código, cuyo excedente se acumulará en una cuenta especial de la Caja, para los fines consiguientes.

 

CAPÍTULO IV

DE LA PREVENCIÓN DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y DE LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES

Art. 250º Modificase en el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 2348 de 18 de enero de 1951 en los siguientes términos “Los Departamentos de Medicina Preventiva y de Seguridad Industrial de la Caja Nacional de Seguridad Social, quedan encargados de la aplicación y cumplimiento de las normas introducidas por el “Reglamento Básico de Higiene y Seguridad Industrial a que se refiere el mencionado Decreto Supremo.

Art. 251º Modificase el artículo 4 del Decreto Supremo citado en el artículo anterior, determinando que los casos de incumplimiento de las disposiciones del Reglamento Básico o de las Recomendaciones de los Departamentos de Medicina Preventiva y de Seguridad Industrial de la Caja Nacional de Seguridad Social, se sancionará de acuerdo a lo especificado en el artículo 216 y mediante el procedimiento señalado en los artículo 217 al 219 del Código de Seguridad Social.

Art. 252º Los Departamentos de Medicina Preventiva y de Seguridad Industrial de la Caja Nacional de Seguridad Social podrán independientemente de los preceptos existentes en el Reglamento Básico establecer todas las normas tendiente a prevenir los accidente del trabajo y enfermedades profesionales.

 

TÍTULO VIII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

Art. 253º La incorporación de las personas incluidas en el campo de aplicación se desarrollará progresivamente, por zonas geográficas, en consideración a las condiciones económico sociales y las posibilidades técnicas que permitan, en cada caso, un eficaz otorgamiento de las prestaciones del presente Código. Inicialmente, no estarán incorporados los trabajadores agrícolas y del servicio doméstico particular, debido a razones técnico–adiministrativas. En cuanto se salven estas dificultades se aplicará las disposiciones el presente Código a dichos grupos de trabajadores, mediante un Decreto Supremo Complementario.

 

Mientras se haga efectiva la aplicación en una zona geográfica, a los grupos no incorporados inicialmente, subsistirá para el empleador la obligación de cumplir con las disposiciones de la ley general del trabajo en relación con estos beneficios.

Art. 254º A partir de la promulgación del presente Código, se aplicarán las disposiciones, relativas a los seguros de enfermedad, maternidad y riesgos profesionales a los trabajadores comprendidos en el campo de aplicación del presente Código residentes en las ciudades de La Paz y Cochabamba.

Art. 255º Los seguros de enfermedad, maternidad y riesgos profesionales se aplicarán en los demás centros de la República, en los siguientes plazos:

A los 60 días de la fecha de promulgación, en las ciudades de Oruro, Potosí y Sucre.

A los 120 días de la fecha de promulgación, en las ciudades de Santa Cruz y Tarija.

Hasta el 31 de diciembre de 1957, para las demás localidades donde el número de trabajadores sea suficientemente importante, a criterio de la Caja.

Art. 256º Los aportes para los seguros de enfermedad, maternidad y de riesgos profesionales se pagarán en la zona geográfica respectiva a partir del primer día del mes anterior al que se inicie el otorgamiento de las prestaciones correspondientes. Estas prestaciones procederán para todos los asegurados, a partir del primer día del establecimiento de estos seguros en la respectiva zona geográfica. Después del sexto mes de establecidos los mencionados seguros, se aplicarán las normas contenidas en los artículos 19 y 26.

Art. 257º El Poder Ejecutivo en relación con el desarrollo de los seguros de enfermedad y maternidad otorgará las divisas en moneda extranjera y consignará las partidas correspondientes en el Presupuesto General de la Nación, para hacer efectivo dicho desarrollo, en base a los presupuestos que elaborará la Caja. Asimismo el cupo de divisas destinado a la adquisición de drogas y material sanitario que se otorga a las empresas para la atención y mantenimiento de sus servicios sanitarios, transferirá a la Caja a fin de que ésta utilice dicho cupo para los mismos fines.

Art. 258º El Ministerio de Higiene y Salubridad en el período inicial de aplicación de los seguros de enfermedad, maternidad y riesgos profesionales pondrá a disposición de la Caja sus centros sanitarios mediante la suscripción de contratos estrictamente sujetos al costo sin recargo alguno.

 

La obligación legal que tienen los médicos y enfermeras de desempeñar cargos en los servicios del Ministerio de Higiene y Salubridad en provincias para la obtención de sus títulos profesionales, se amplía igualmente a los servicios sanitarios de la Caja pidiendo indistintamente los egresados de las Facultades de Medicina y de las Escuelas de Enfermeras prestar sus servicios en cualquiera de las dependencias provinciales de los organismos señalados.

La Caja Nacional de Seguridad Social, creará, una Escuela de Enfermeras, cuyas egresadas obtendrán sus títulos en provisión nacional, de acuerdo a ley.

Art. 259º En las localidades donde la Caja no haya instalado aún sus servicios para el otorgamiento de las prestaciones sanitarias los trabajadores sujetos al seguro de riesgos profesionales, serán trasladados por cuenta de la empresa al lugar más en el que la Caja cuente con los servicios adecuados para el otorgamiento de dichas prestaciones.

Art. 260º Los seguros de invalidez vejez y muerte se aplicarán en toda la República a los trabajadores comprendidos en el presente Código, desde el 1º de enero de 1957.

Art. 261º El régimen de Asignaciones Familiares para los trabajadores incluidos por el presente Código se aplicará a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de promulgación del mismo.

Art. 262º Para hacer efectiva la aplicación de los seguros sociales y de asignaciones familiares en las fechas que para cada régimen se indica en los artículos 254 al 261, la Caja procederá a la inscripción o reinscripción de los empleadores y de los trabajadores.

La obligación de los empleadores de inscribir a sus trabajadores deberá cumplirse dentro del término de 60 días a partir de la fecha de promulgación del presente Código, para cuyo fin la Caja proporcionará los formularios correspondientes.

Art. 263º A la fecha de aplicación de los seguros de invalidez, vejez y muerte previsto en el artículo 260º, cesará automáticamente el Ahorro Obrero Obligatorio, establecido por Ley de 25 de enero de 1924.

El tiempo correspondiente al ahorro, acreditado en la cuenta de un trabajador en la antedicha fecha, se reconocerá como tiempo de cotizaciones para efectos de estos seguros transfiriendo el respectivo fondo de ahorro a los seguros de invalidez vejez y muerte, en la cuenta del trabajador interesado, el que adquirirá inmediatamente el derecho de tiempo de cotizaciones necesario para los fines de las rentas de invalidez, vejez y muerte, en las condiciones establecidas en el presente Código.

Art. 264º Los trabajadores sujetos al Ahorro Obrero Obligatorio, entregarán a la Caja, a tiempo de la inscripción o reinscripción prevista ene l artículo 262º, su Libreta de Ahorro con el saldo al 31 de diciembre de 1956.

Art. 265º El asegurado, en los seis meses desde la fecha de aplicación de los seguros de vejez, invalidez y muerte tiene la opción de declarar su disconformidad con la transferencia de su fondo de Ahorros a que se refiere el artículo 263. En este caso, no habrá lugar al reconocimiento del tiempo de cotizaciones según el mismo artículo separándose el respectivo fondo de ahorro que, podrá ser retirado solo en los casos previstos en la Ley de 25 de noviembre de 1941 y su Reglamentación.

Art. 266º Los fondos de las respectivas cuentas personales de ahorro, de los trabajadores que no declaren su disconformidad, serán transferidos a los seguros de invalidez, vejez y muerte, mediante una operación contable de carácter interno de la Caja, abonándose la tasas del 4% anual, desde la fecha, en que se depositaron en la Caja.

Los fondos de ahorro prescritos, existentes en la Caja, serán igualmente transferidos en calidad de reserva de los seguros de invalidez, vejez y muerte.

Art. 267º Durante los primeros seis años, desde la fecha de aplicación de los seguros de invalidez, vejez y muerte, el asegurado que no tuviera una cuenta de ahorros o que la hubiera retirado ante de la referida fecha de aplicación tendrá derecho a una renta de invalidez, si tuviera acreditadas con cotizaciones, por lo menos las tres cuartas partes del tiempo de calendario transcurrido entre la antedicha fecha y el comienzo de la invalidez siempre que el número total de las cotizaciones mensuales acreditadas no fuera menor de diez y ocho.

Art. 268º Durante los primeros 20 años, desde la fecha de aplicación de los seguros de invalidez, vejez y muerte, el asegurado que no tuviera, una cuenta de ahorro o que la hubiese retirado antes de la referida fecha de aplicación, tendrá derecho a una renta de vejez, al llegar a las edades señaladas en el artículo 45º, siempre que hubiere acreditado con cotizaciones, por lo menos las tres cuartas partes del tiempo de calendario transcurrido entre la antedicha fecha y la del cumplimiento de la edad requerida para tener derecho a la renta de vejez y que el número total de cotizaciones mensuales acreditadas no fuese inferior a sesenta.

Art. 269º En los períodos previstos en los artículos 267º y 268 los derecho–habientes percibirán las rentas a que tengan derecho si en la fecha del fallecimiento del causante, éste hubiese cumplido las condiciones requeridas para la renta de invalidez o vejez, según los artículos citados respectivamente, sin perjuicio del derecho provisto en el segundo párrafo del artículo 49.

Art. 270º Durante los primeros 20 años el asegurado que llegará a las edades señaladas en el artículo 45º, sin haber cumplido las condiciones mínimas del artículo 268º, pero tuviere acreditadas cuando menos 18 cotizaciones mensuales, seis de las cuales estén comprendidas en los últimos doce meses de calendario anteriores al comienzo de la vejez tendrá derecho en sustitución de la renta a una indemnización pagadera en una sola vez de acuerdo al artículo 77.

En caso de no existir el derecho a renta de derecho–habientes, en las condiciones establecidas en el artículo 269, se pagará una indemnización global de acuerdo al artículo 78, siempre que el causante tuviere acreditadas cuando menos 18 cotizaciones mensuales, seis de las cuales estén comprendidas en los últimos 12 meses de calendario, anteriores al fallecimiento.

Art. 271º Con respecto a los derechos de los asegurados que hubiesen transferido sus cuentas de ahorro a los seguros de invalidez, vejez, y muerte, de conformidad a lo previsto en el artículo 263, no serán aplicables los artículos 267º al 270 inclusive, del régimen transitorio, si no cuando la aplicación de éstos resultaren más favorables.

Art. 272º Todos los trabajadores que hubieran sido indemnizados a partir del 31 de octubre de 1952, incluidos los señalados en el Decreto Supremo Nº 4185 de 22 de septiembre de 1956 y el Decreto Supremo Nº 4488 de 6 de septiembre de 1956, dentro del régimen de Riesgos Profesionales establecido por el Título VII de la Ley General del Trabajo, y que a la fecha de la promulgación del presente Código tengan una incapacidad permanente total, tienen derecho a las prestaciones otorgadas por el Seguro de Riesgos Profesionales que establece el presente Código.

Art. 273º Los derecho–habientes de los trabajadores señalados en el artículo anterior percibirán igualmente las prestaciones del Seguro de Riesgos Profesionales del presente Código.

Art. 274º La cuantía de la renta de incapacidad permanente total de los trabajadores señalados en el artículo 272º, se establecerá de acuerdo a los artículos pertinentes del seguro de riesgos profesionales.

Sin embargo, esta renta no podrá ser inferior al salario mínimo nacional vigente de un obrero adulto masculino establecido por Decreto Supremo.

Art. 275º Los trabajadores indicados en el artículo 272º y sus derecho–habientes tienen derecho a las prestaciones de los seguros de enfermedad, maternidad, siempre que aporten la cotización de 5% sobre las rentas que percibían de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 131.

Art. 276º En el término de 30 días a contar de la fecha de promulgación del presente Código, todas las entidades estatales, semifiscales, autónomas y autárquicas que mantuvieran servicios sanitarios y asistenciales para la atención de sus trabajadores, elaborarán un balance de la situación de aquellos servicios y un inventario cuantitativo de sus existencias. En los sesenta días siguientes deberán entregar a la Caja dichos servicios (edificios concluidos o en construcción, instrumental, material sanitario y todas las existencias adquiridas para el efecto), de acuerdo, al inventario mencionado. La Caja acreditará al personal idóneo, en los diferentes, lugares, para hacer efectiva la recepción de los servicios y materiales señalados, los mismos que serán administrados por la Caja.

Los bienes fungible, drogas y medicamentos serán adquiridos por la Caja al precio de compra en base a inventario respectivo. El monto a que alcance dicha adquisición será reducido en las cotizaciones del empleador a los seguros de enfermedad y maternidad.

Art. 277º Si en el término de los 90 días señalados en el artículo, no hubieran entregado a la Caja los servicios sanitarios requeridos, serán posibles de una sanción consistente en el pago del 16% de interés anual sobre el valor del activo no entregado.

La Caja girará la nota de cargo correspondiente, cuya ejecución podrá hacerse en la vía coactiva, tanto para la entrega de dicho activo como para el pago de los intereses devengados de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 223.

Art. 278º Las entidades y empresas señaladas en el artículo 276 que cuentan con divisas propias en moneda extranjera para la adquisición de material sanitario y drogas destinadas a los servicios, que pasen a depender de la Caja, seguirán manteniendo el mismo ítem en su presupuesto de divisas. Dicha partida de divisas será entregada a la Caja a cuenta de pago de cotizaciones que se abonarán en sus respectivas cuentas, en moneda nacional, al tipo de cambio oficial.

Art. 279º Todo el material sanitario, drogas y otros, en trámite de importación o en tránsito, hasta la fecha de entrega de los servicios, pasarán a la Caja, previo pago del justo precio. Si existieran pedidos, pendientes de pago, la Caja cancelará los saldos correspondientes a las firmas vendedoras.

 

Art. 280º La Caja Organizará el suministro de productos lácteos a que hace referencia el artículo 101 en forma gradual y por zonas geográficas. Hasta que la Caja haga efectiva esta prestaciones, el subsidio de lactancia será pagado directamente por los empleadores, a la madre, en la cuantía de 5 mil bolivianos mensuales por cada hijo, (Reglamento de Reformas a la Seguridad Social de 12 de junio de 1987. Decreto Supremo Nº 22407 de 11 de enero de 1990).

La Caja hará conocer oportunamente a los empleadores la fecha desde la cual podrá otorgar directamente el suministro de productos lácteos. A fin de que se suspenda el pago directo en efectivo.

Art. 281º El subsidio de lactancia, pagado en dinero, se reconoce desde el primer día del mes en el cual el hijo nace y concluye al fin del mes anterior a aquel en que el hijo cumpla su primer año de edad.

Art. 282º Los trabajadores a domicilio, que dependen de un solo empleador, tienen derecho a percibir directamente de éste, todas las Asignaciones Familiares estatuidas por el presente Código.

Art. 283º Los trabajadores ocasionales o eventuales tienen derecho a percibir directamente de sus empleadores, las Asignaciones Familiares establecidas en el presente Código, siempre que su trabajo exceda de quince jornadas de conformidad a la siguiente escala.

Hasta 15 Jornadas de trabajo 50%

Hasta 16 ” ” 55%

Hasta 17 ” ” 60%

Hasta 18 ” ” 70%

Hasta 19 ” ” 75%

Hasta 20 ” ” 80%

Hasta 21 ” ” 85%

Hasta 22 ” ” 90%

Hasta 23 ” ” 95%

Hasta 24 ” ” 100%

La escala se aplicará para los fines de los subsidios matrimonial, de lactancia y familiar, debiendo pagarse los subsidios de natalidad y de sepelio en la cuantía total señalada en el presente Código. Estos subsidios serán pagados directamente por el empleador (Reglamento de Reformas a la Seguridad Social de 12 de junio de 1987.- Decreto Supremo Nº 22407 de 11 de enero de 1990).

Art. 284º En caso de que la prestación en especie del subsidio de natalidad, no pueda ser otorgada en la medida y en la forma señaladas por el presente Código, los empleadores que tienen a su cargo trabajadores a domicilio ocasionales o eventuales, incorporados por los artículo 282 y 283 deberán prestar este subsidio en dinero, en la cuantía de Treinta Mil Bolivianos independientemente del subsidio de natalidad en efectivo de Diez Mil Bolivianos. o sea Cuarenta Mil Bolivianos en total.

Art. 285º Los empleadores de los trabajadores a domicilio, eventuales u ocasionales incorporados por los artículo 282º y 283 no están sujetos a la contribución del trece por ciento debiendo otorgar todas las Asignaciones Familiares contenidas en el presente Código, directamente a sus trabajadores dependientes, hasta que los servicios técnicos administrativos de la Caja observen estos sectores labores.

El Departamento de Asignaciones Familiares del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, controlará el otorgamiento de estos beneficios obligando al cumplimiento de estas disposiciones a los empleadores comprendidos en los artículos 282 y 283 exigiendo mensualmente la presentación de las planillas de pago de subsidios.

Art. 286º Los trabajadores de los bancos y seguros en general serán incorporados a la Caja Nacional de Seguridad Social a los fines del seguro de enfermedad, maternidad y riesgos profesionales, a partir de la fecha de aplicación del presente Código, para los residentes en la ciudad de La Paz.

Los residentes en el interior de la República serán incorporados al mismo tiempo que los otros trabajadores.

Los trabajadores de los bancos y seguros serán incorporados a la Caja Nacional de Seguro Social, para los fines de los seguros de invalidez vejez y muerte, a partir del 1º de enero de 1957. En consecuencia, a partir de la indicada fecha el “Fondo de Empleados”, destinado a jubilaciones existentes en cada uno de los bancos o instituciones afines, será transferido con su activo y pasivo, a la Caja Nacional de Seguridad Social (Reglamento de Reformas a la Seguridad Social D.S. 22407 de 11 de enero de 1990).

Los fondos transferidos servirán para garantizar el servicio normal de las rentas a los jubilados y para el reconocimiento del número de cotizaciones de los activos, los cuales, por este hecho, conservarán sus derechos de acuerdo a los resultados del estudio técnico actuarial a que hace referencia el artículo 295º.

Art. 287º Los trabajadores de la industria gráfica y periodístas serán incorporados a la Caja Nacional de Seguridad Social, para los fines de los seguros de enfermedad y maternidad y riesgos profesionales a partir de la fecha de aplicación del presente Código.

Dichos trabajadores serán incorporados a la Caja Nacional de Seguridad Social, para los fines de los seguros de invalidez vejez y muerte desde el 1º de enero de 1957. En consecuencia, la Caja de Gráficos y Periodístas, quedarán incorporada, desde esa fecha a la Caja Nacional de Seguridad Social transfiriendo sus activo y pasivo a ésta.

 

Los fondos transferidos servirán para garantizar el servicio normal de las rentas a los jubilados y para el reconocimiento del número de cotizaciones de los activos, los cuales por este hecho, conservarán sus derechos de acuerdo a los resultados del estudio técnico–actuarial a que hace referencia el artículo 295.

Los empleados de planta de Caja de Gráficos Periodístas quedan incorporados en su totalidad a la Caja Nacional de Seguridad Social, con el goce de sus mismos sueldos y salarios y sus beneficios adquiridos.

Art. 288º Los trabajadores de la Administración pública Nacional, Departamental y Municipal quedarán incorporados a la Caja Nacional de Seguridad Social para los fines de los seguros de invalidez, vejez y muerte desde el 1º de enero de 1957. En consecuencia, las Cajas Autónomas de Jubilaciones Administrativas, de Jubilaciones de Educación, de Jubilaciones de Comunicaciones, de Jubilaciones, Pensiones, y Montepios del Ramo Judicial, de Jubilaciones Municipales y otras de la misma índole quedarán incorporadas desde el 1º de enero de 1957 a la Caja Nacional de Seguridad Social transfiriéndose a dicha institución el activo y pasivo de cada una de ellas.

Los fondos existentes servirán para garantizar el servicio normal de las rentas a los jubilados y para el reconocimiento del número de cotizaciones de los activos, los cuales por este hecho, conservarán sus derechos de acuerdo a los resultados de estudio técnico actuarial a que hace referencia el artículo 295.

El déficit actuarial eventual será liquidado a la Caja Nacional de Seguridad Social por el Estado hasta el 31 de diciembre de 1958.

Los empleados de planta de las Cajas incorporadas serán transferidos a las Cajas Nacional de Seguridad Social, con el goce de sus mismos sueldos, salarios y beneficios adquiridos.

Las industrias y explotaciones de las Cajas refundidas pasarán a depender de la Caja Nacional de Seguridad Social. El personal de dichas industrias y explotaciones gozarán de sus mismos sueldos, salarios y beneficios adquiridos.

Art. 289º Los jubilados y pensionistas de las ramas laborales que se encuentran incluidos en el campo de aplicación del presente código, percibirán como renta de vejez el monto de su último haber jubilatorio descontado el aporte impuesto para fines jubilatorios. Esta renta de vejez, podrá ser reajustada de acuerdo al artículo 159º. Los jubilados y pensionistas en todo lo demás se sujetarán a las normas establecidas en el presente Código.

Art. 290º Los empleados públicos que en la actualidad tienen expedientes de jubilación en trámite y que tengan una edad igual o superior a la señalada en el artículo 45, podrán acogerse a una renta de vejez de acuerdo a las normas del presente Código.

Esta renta se pagará con efecto retroactivo al primer día del mes siguiente en el que hubieran cumplido la edad señalada en el mismo artículo 45.

Los que tienen expedientes de jubilación en trámite y que tengan edades inferiores a las señaladas en el artículo 45, deberán, en los tres meses desde la fecha de aplicación de los seguros de invalidez, vejez y muerte, retirar su expediente e indicar a la Caja si desean acogerse a una renta de vejez que se otorgará de acuerdo a las escalas que figuran a continuación.

 

ESCALA PARA HOMBRES

AÑOS DE SERVICIOS RECONOCIDOSAÑOS DE SERVICIOS RECONOCIDOS

25 24 23 22 21 20

 

Porcentaje netode renta de vejez. Edad del trabajador en años umplidos al acogerse a la renta.

70%

69%

68%

67%

66%

65%

64%

63%

62%

61%

60%

59%

58%

57%

56%

55%

54%

53%

52%

51%

50% 55

54

53 55

52 54

51 53 55

50 52 54

49 51 53 55

48 50 52 54

47 49 51 53 55

46 48 50 52 54

45 47 49 51 53 55

46 48 50 52 54

45 47 49 51 53

46 48 50 52

45 47 49 51

46 48 50

45 47 49

46 48

45 47

46

45

 

ESCALA PARA MUJERES

AÑOS DE SERVICIOS RECONOCIDOSAÑOS DE SERVICIOS RECONOCIDOS

25 24 23 22 21 20

 

Porcentaje netode renta de vejez. Edad del trabajador en años umplidos al acogerse a la renta.

70%

69%

68%

67%

66%

65%

64%

63%

62%

61%

60%

59%

58%

57%

56%

55%

54%

53%

52%

51%

50% 50

49

48 50

47 49

46 48 50

45 47 49

44 46 48 50

43 45 47 49

42 44 46 48 50

41 43 45 47 49

40 42 44 46 48 50

41 43 45 47 49

40 42 44 46 48

41 43 45 47

40 42 44 46

41 43 45

40 42 44

41 43

40 42

41

40

Si en el lapso señalado en el párrafo anterior los empleados públicos aludidos no retiran sus expedientes, se les devolverá de oficio dichos documentos, presumiéndose que los interesados mantienen la intención de continuar trabajando con el fin de acrecentar el monto de la renta de vejez que se hará efectiva cumplida la edad señalada.

Igualmente, cualquiera de los trabajadores incluidos en el presente Código, que tuviere acreditado el tiempo de cotizaciones requerido, tiene el derecho de pedir por escrito se le aplique las modalidades señaladas en el presente artículo, en el plazo señalado.

Art. 291º Los trabajadores incluidos en el cambio de aplicación del presente Código que teniendo 20 o más años de servicio no hubieren hecho ningún trámite para acogerse al beneficio de jubilación, podrán hacerlo en el plazo de un año teniendo derecho a una renta de vejez, en la forma prevista por el artículo 290. En caso de no hacerlo en dicho plazo, se entenderá que se someten a las normas del presente Código.

Art. 292º Para los fines de los seguros de invalidez, vejez y muerte, cuando un trabajador que haya cotizado a una de las Cajas y pase depender de la otra por cambio de actividades laborales, la Caja donde primero cotizó hará un traspaso a la segunda de todos los aportes, tanto patronales, del Estado como del asegurado, el trabajador mantendrá todos sus derechos en la Segunda Caja para los efectos de sus cotizaciones en el régimen de invalidez, vejez y muerte.

Art. 293º El estudio técnico–actuarial a que se refiere el artículo 295 definirá las condiciones de incorporación en el Seguro Social Obligatorio y en el Régimen de Asignaciones Familiares de los choferes, transportistas y trabajadores artesanales.

La parte del estudio que trate de esta incorporación será aprobada separadamente en un lapso de tres meses a partir de la promulgación del presente Código.

Art. 294º Para la calificación del tiempo de cotizaciones de los trabajadores que tienen años dobles legalmente reconocidos por su concurrencia a la Campaña del Chaco, el Estado pagará la totalidad de los aportes por todo el tiempo reconocido.

El estudio técnico–actuarial a que se refiere el artículo 295 especificará las modalidades para hacer efectiva esta contribución.

Art. 295º Mediante estudio técnico–actuarial cuyos resultados serán aprobados por ley a los diez meses de promulgado el presente Código, se establecerán especialmente los siguientes elementos.

a) Cuantía de los incrementos de renta a concederse por las cotizaciones excedentes de 180 mensualidades así como la fijación de una renta mínima, conforme a lo previsto en el artículo 70, para las rentas de invalidez, vejez y muerte.

b) Señalamiento de las edades definitivas en el seguro de vejez en relación con lo dispuesto en el artículo 45.

c) Especificación de las condiciones necesarias para el reconocimiento del derecho a renta de vejez a edades inferiores o superiores a las definidas por el inciso anterior.

d) Determinación del límite mínimo de edad para la renta de vejez en el caso de los trabajadores del interior de la mina, en relación con el artículo 46º y la inclusión de otras actividades insalubres.

e) El monto definitivo de la prima necesaria para la cobertura del Seguro Social Obligatorio en relación con lo previsto en el artículo 134.

f) Determinación de los sistemas financieros de los regímenes del Seguro Obligatorio así como de constitución de sus reservas en base al artículo 143.

g) Verificación del porcentaje destinado a gastos de administración.

h) Establecimiento del valor actual de los derechos adquiridos por los activos y de las reservas para las rentas en curso de pago de los grupos indicados en los artículos 286, 287 y 288, a fin de determinar el déficit actuarial a que se refieren los mismo artículos.

i) Determinación de la forma y modalidades de incorporación al Supremo Social Obligatorio de los grupos de trabajadores o considerados inicialmente en el campo de aplicación, de acuerdo al artículo 253.

j) Determinación del monto de cotizaciones del Estado en caso de reconocimiento del tiempo doble de servicios para los excombatientes de la Campaña del Chaco, en relación con el artículo 294.

k) Determinación de las normas y condiciones definitivas del régimen complementario facultativo de invalidez y vejez así como la cuantía de las prestaciones en relación con el aumento de cotizaciones a que se refiere el Capítulo III del Título VII.

l) Determinación de la forma y modalidades de incorporación al Seguro Social Obligatorio de los choferes, transportistas y trabajadores artesanales según el artículo 293.

Art. 296º Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a las establecidas en la presente Ley.

 

LISTA VALORATIVAS DE INCAPACIDADES

 

ANEXO Nº 1

LISTA DE ENFERMEDADES PROFESIONALES QUE OCASIONAN INCAPACIDADES PERMANENTES PARCIALES O TOTALES

Se considera enfermedad profesional, todo estado morboso adquirido a consecuencia de la acción de agentes nocivo cuya lista figura a continuación, haciéndose presente que es condición necesaria para la calificación respectiva, la relación de causa a efecto entre la acción de dichos agentes y la incapacidad por ellos causada.

a) Incapacidad Permanente Parcial

Son enfermedades profesionales que ocasionan Incapacidad Permanente Parcial:

a) Las enfermedades profesionales que provoquen lesiones o pérdida anatómicas que figuran en la “Lista Valorativa de las Lesiones”, anexas, cuyos porcentajes deben tener en cuenta para la calificación del grado de incapacidad y consiguiente pagos de renta.

b) Las enfermedades profesionales que produzcan estados patológicos internos o externos sin lesiones o pérdidas anatómicas y que den lugar a una parte de la renta que hubiere correspondido al trabajador por incapacidad permanente total, debiendo determinarse en relación con los siguientes factores:

I. La estimación de la gravedad alcanzada por la enfermedad.

II. Las posibilidades de recuperación del enfermo.

III. La capacidad futura del rendimiento en la misma u otra ocupación.

IV. La reducción de ganancia ocasionada por la enfermedad.

La determinación de la renta definitiva se efectuará inmediatamente después de concluido el período de recuperación o readaptación profesional, periodo que tendrá una duración máxima de tres años, susceptible de prologarse por otros tres años más siempre que exista la fundada posibilidad de una completa recuperación en este período suplementario.

b) Incapacidad Permanente Total

Las enfermedades profesionales que ocasionen Incapacidad Permanente Total son aquellas lesiones orgánicas o trastornos funcionales graves y permanentes de un órgano vital o los estados patológicos reputados incurable y que, por gravedad, impidan al trabajador dedicarse a cualquier trabajo remunerado.

c) Lista de las substancias cuya producción y empleo pueden ocasionar enfermedades profesionales.

Ácido acético anhídrido

Ácido acético concentrado

Ácido clorhídrico

Ácido fórmico concentrado.

Ácido nitroso.

Ácido nítrico.

Ácido fénico (fenol).

Ácido pícrico (trinitrofenol).

Ácido sulfuroso.

Ácido sulfúrico.

Ácido sulfúrico anhídrico

Acridina.

Alcalis: potasa soda, potasa cáustica, soda cáustica

Alcaloides.

Aldehido acético.

Amoniaco.

Anilina y sus homólogos.

Arsénico y sus combinados.

Antimonio, sus preparados y compuestos.

Acetaldehido.

Acetona.

Acrolina.

Acetato de Amilo.

Alcohol de Amilo.

Alcohol de butilo.

Alcohol oxalico.

Asbesto.

Alquitrán sus vapores y aceites, brea de alquitrán.

Aceites minerales.

Actinio

Benceno y sus homólogos

Bencidina.

Bencina (bencina de petroleo) y sus homólogos.

Bromo.

Bromuro de bencilo.

Bromuro de metilo.

Bromuro de etilo

Bióxido de carbono

Bióxido de azufre.

Bagazo de caña.

Carburo de calcio.

Cal viva.

Clorato de potasio.

Clorato de sodio.

Cloro.

Cloroformo.

Cloruro de bencilo.

Cloruro de cal.

Cloruro de estaño.

Cloruro de etilo.

Cloruro de metilo.

Cloruro de fósforo.

Cloruro de azufre.

Cobre, sus aleaciones, compuestos y combinaciones.

Cresol

Cadmio.

Combinaciones de cormo.

Combinaciones de fluor.

Fluoruro de silice

Ácido silicofluorhídrico.

Ácido fluorhídrico.

Tetrafluoruro de carbón.

Combinaciones nítricas y mitrocloruradas de benceno y sus homólogos

Compuesto de talio.

Crema de tártaro.

Cianamida y cianamida de cal.Cianógeno y sus combinaciones

Dianicidinas.

Diaminas

Dicloruro de etilo.

Dimitrofenol

Dióxido de dietileno

Escencia de trementina y sus sucedáneos.

Eter clorofórmico

Eter merílico del ácido paratoluenosulfúrico

Formaldehido

Formíato de etilo

Fierro y sus derivados.

Gas nitroso.

Hidrógeno forforado.

Hidrógeno sulfurado.

Hidroxilamina (fenilhidroxilamina).

Halógenos de los hidrocarburos grasos.

Yodo.

Yoduro de metilo.

Yoduro de etilo.

Mercurio, sus combinaciones y amalgamas

Manganeso.

Mesotorio.

Nicotina.

Nitralinilina.

Nitroglicerina.

Nitrosocresol.

Nitrosodietilanilina

Nitrosodimetilanilina.

Nitrosofenol.

Óxido de carbono.

Óxido de etileno.

Peróxido de manganeso.

Persulfatos.

Fenilhidracina.

Polonio.

Fósgeno (oxicioruro de carbono).

Fósforo, y sus combinaciones.

Plomo, su combinaciones y aleaciones.

Peritrinitrina.

Piridina.

Quinina, preparaciones y derivados.

Radiúm y sus compuestos.

Radiotorio–radon.

Rayos X o sustancias radioactivas.

Silice, cuarzo (silicosis)

Sulfato de cobre.

Sulfato de diletílico.

Sulfocioruro de tolueno.

Sulfuro de carbono, sus derivados y compuestos.

Sulfuro de sodio.

Tetreclururo de acetileno.

Tetraclururo de carbono.

Tiocianato.

Toluidina.

Tricloroetileno.

Trementina–tomo

Torom.

Torio X

Uranio y sus sales.

Zinc y sus compuestos.

Enfermedades concurrentes

Las tuberculosis pulmonar únicamente cuando se evidencia directa exposición, profesional, o sea en: médicos, enfermeras, laboratoristas, veterinarios, matarifes, sirvientes y demás personas que realizan labor permanente con frecuente exposición al riesgo.

 

ANEXO Nº 2

LISTA VALORATIVA DE LESIONES QUE DAN LUGAR A INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL. POR ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD PROFESIONAL

 

1º En la lista A se consigna todas las lesiones que dan lugar a incapacidad relativa sin provocar una acentuada pérdida de la capacidad de ganancia del individuo. La indemnización en estos casos debe ser pagada en forma global según el artículo 66 del presente Código.

2º En la lista B se consigna las lesiones que provocan una acentuada incapacidad física y funcional que ocasionan una definida disminución de la capacidad de ganancia del individuo y que por consiguiente requiere de un periodo de recuperación o rehabilitación a la misma u otra actividad de trabajo.

Se consideran dos clases de rentas.

a) La renta temporal que dura mientras dure el periodo de recuperación o rehabilitación.

b) La renta definitiva es de carácter vitalicio y comienza inmediatamente de finalizado el periodo a que se hace referencia el inciso a).

La renta definitiva consigna en su columna respectiva un porcentaje mínimo y otro máximo, entre cuyos límites, el médico podrá calificar el grado de incapacidad que corresponde al trabajador.

3º No se hace diferencia para efecto de la calificación definitiva de la renta, sobre el lado del miembro afectado (derecho o izquierdo) en relación a la costumbre del individuo, ya que se considera que durante el período de recuperación o rehabilitación el miembro que queda será convenientemente adiestrado.

 

LISTA A

LESIONES QUE DAN LUGAR AL PAGO GLOBAL SEGÚN EL ART. 66 DEL CÓDIGO

CAPÍTULO I

MIEMBROS

Párrafo I Anquiolosis

A.- Miembro Superior

1. Del Hombro.

a) Buena posición desde la posición de20 g. adelante del plano frontal y 50g. en abducción. 15%

b) Mala posición, de 30g. a 37g.. 20%

2º Del Codo.

a) Buena posición, (ángulo agudo) 10%

b) Mala posición, (ángulo obtuso) 20%

3º De la muñeca.

a) Buena posición, (ángulo 135º) 5%

b) Mala posición, (ángulo 90º) 10%

4º Del codo pulgar.

a) Buena posición, (extendida en oposición) 3%

b) Mala posición, (de 8º a 10º) 5%

5º De los demás dedos. (por cada uno de ellos)

a) Anquilosis de la articulación metacarpo falángica respectiva. 1%

b) Incluyendo la anquilosis de las articulaciones interfalángicas respectivas.

B.- Miembro Inferior

6º De la cadera.

a) Buena posición (15º de flexión, 10º de abducción y ligera rotación). 15%

b) Mala posición (del 25º a 50º) 25%

7º De la rodilla.

a) Buena posición (mayor de 140g.) 10%

b) Mala posición (menor de 140º) 25%

8º De la garganta del pie.

a) Buena posición (ángulo 90º) 5%

b) Mala posición. 10%

9º Del pie.

a) Anquilosis de las articulaciones subastragalinas. 5%

b) El pie atrófico anquilosado doloroso con trastornos tróficos y circulatorios, equivale a la pérdida del pie. 25%

Párrafo II. Pérdidas de Segmentos Anatómicos.

A.- Miembro Superior

Dedos.

10º Pulgar.

a) Por pérdida del pulgar, con el metacar piano respectivo. 10%

b) Por pérdida del pulgar solo 8%

c) Por pérdida de la falangina 2%

11º De los demás dedos. (por c/u de ellos)

a) Por pérdida de dedo con el metacarpiano correspondiente. 6%

b) Por pérdida de dedo solo 4%

c) Por pérdida de la falangina 2%

d) Por pérdida de la falangeta 1%

B.- Miembro Inferior.

Pie y Dedos.Pie y Dedos.

12º Por pérdida del pie con conservación del talón. 20%

13º Primer dedo.

a) Por pérdida del primer dedo con el metatarsiano respectivo 6%

b) Por pérdida del dedo solo 3%

c) Por pérdida de la segunda falange 1%

14º De los demás dedos. (por cada uno de ellos)

a) Por pérdida del dedo con el metatarsiano correspondiente. 3%

b) Por pérdida del dedo solo 2%

Párrafo III. Acortamientos.

15º Del muslo.

a) Acortamiento de 2,5 cms. 5%

b) Acortamiento de 2,5; 4,5 cms. 8%

c) Acortamiento 4,5; 7,5 cms. 12%

d) Acortamiento de 7,5 cms. 12%

16º De la pierna.

a) Acortamiento hasta de 3,5 cms. 8%

b) Acortamiento 3,5 cms. 10%

Párrafo IV. Pseudoartrosis

A.- Miembro Superior.

17º Del brazo 20%

18º Del antebrazo

a) Ambos huesos 15%

b) Un solo huesos 8%

19º Del Pulgar 5%

B.- Miembro Inferior.

20º Del muslo 25%

21º De la rótula 5%

22º De la pierna

a) Ambos huesos 20%

b) De la tibia 10%

c) Del peroné 5%

Párrafo V.- Limitaciones de movimiento

A.- Miembro Superior.

23º Del hombro 10%

24º Del codo 8%

25º Del antebrazo

Limitaciones de los movimientosde promoción y supinación. 5%

26º De la muñeca

a) Limitación de los movimientos de flexínextensión. 6%

b) Limitación de la abducción–abdución 2% 27º De la mano

Limitación de movimiento de los dedos (por c/u de ellos). 2%

B.- Miembro Inferior

28º De la cadera 10%

29º De la rodilla

a) Limitación de los movimientos 3%

b) Movimientos laterales anormales 5%

c) Relajación de los ligamentos cruzados y otras lesiones intra–artificiales. 10%

30º De la garganta del pie 6%

Párrafo VI.- Cicatrices retráctiles.

31º De la axila cuando deja el brazo en educación completa 20%

32º En el pliegue del codo 10%

33º Aponeurosis palmar con rigidez en extensión o flexión. 8%

34º De la aponeurosis palmar con rigidez a la pronación o la supinación. 5%

35º De la oponeutosis palmar con rigidez combina. 12%

36º Del hueco popliteo con limitación de los movimientos de la rodilla. 8%

Párrafo VII.- Parálisis.

Completas por lesiones de nervios periféricos.

A.-Miembro Superior.

37º Del nervio Subescapular 8%

38º Del nervio circumplejo 15%

39º Del nervio músculo cutáneo 10%

40º Del mediano 20%

41º Del cubital, si la lesión es a nivel del codo. 15%

42º Del cubirtal, si la lesión es en la mano 10%

43º Del radial, si la lesión es por encima de la rama del triceps 20%

44º Del radial, si la lesión es por debajo de la rama del triceps. 15%

B. Miembro Inferior.

45º Del ciático popliteo interno 15%

46º Del ciático popliteo externo 15%

47º Del crural 20%

CAPÍTULO II

Párrafo I Cabeza Raquis.

48º Hundimiento del craneo. Cuando produzcan lesiones del facial. 15%

49º Fractura de vértebras cuando dejen rigidez permanente de la columna vertebral. 20%

Párrafo II.- Lesiones de la Cara.

50º Mutilación de la nariz cuando ha sido reducida a un muñón cicatrizado. 20%

51º Si hay obstrucción nasal y difi- cultad para la respiración. 10%

52º Maxilar Superior.

a) Pseudoartrosis con masticulación imposible 25%

b) Con masticación limitada 10%

53º Maxilar Inferior.

a) Pseudoartrosis con pérdida de substancias o que impide la masticación. 25%

b) Pseudoartrosis de la rama ascendente 10%

c) Pseudoartrosis en el cuerpo 15%

d) Consolidaciones viciosas, cuando no articulan los dientes o molares, haciendo la masticación limitada. 10%

e) En caso de prótesis con mejoría funcional comprobada disminución del 5% sobre los porcentajes anteriores.

54º Dientes.

a) Pérdida total de la dentadura, reposición. 5%

b) Bridas cicatrizadas que limitan la apertura de la boca con las molestias consiguientes 5%

55º Luxación irreductible de la articulación temporal maxilar. 20%

56º Amputación mas o menos extensas de la lengua con adherencias que provoquen dificultad en la fonación y deglusión. 15%

Párrafo III. Lesiones de los Ojos.

57º Visión doble (diploia)

58º Disminución de la agudeza visual en un ojo estando sano el otro. 10%

59º Dificultad de la visión en un ojo por opacidades desde la cornea. 8%

60º Entropión, electropión, simblefaron en grado tal que produzcan molestias acentuadas. 5%

Párrafo IV Lesiones de los OídosPárrafo IV Lesiones de los Oídos

61º Disminución de la agudeza auditiva en un oído. 8%

62º Disminución de la agudeza auditiva en ambos oídos. 20%

63º Vértigo laberíntico traumático debidamente comprobado. 20%

64º Pérdida o deformación excesiva del pabellón de la oreja.

a) Unilatera l5%

b) Bilateral 10%

CAPÍTULO III

Cuello, tórax, abdomen, pelvis.

Párrafo I.- Lesiones de la Laringe.

65º

a) Estrechamientos que produzcan trastornos en la fonación y la respiración. 15%

b) Si obliga al uso de cánula tranquial 25%

Párrafo II.- Lesiones del Tórax

66º Por incapacidad que queda a consecuencia de lesiones del esternón o costillas. Cuando produzcan una deformación o entorpecimiento funcional de los órganos toráxicos o abdominales. 15%

Párrafo III.- Lesiones abdominio, pélvica y génito–urinarias.

67º Cuando se produzcan en los órganos contenidos en el abdomen, lesiones en los que traigan como consecuencia alguna in-

capacidad, se indemnizará previa comprobación de la incapacidad. 25%

68º Por cicatrices yiciosas de las paredes el vientre que produzcan alguna incapacidad. 5%

69º Fractura de la rama isquio–pública o de la horizontal del pubis, cuando dejen alguna incapacidad, sea de trastornos vesicales o de la marcha. 25%

70º Lesiones del canal uretral 15%

71º Pérdida de un seno en personas menores de 40 años. 15%

 

LISTA B.

LESIONES QUE PUEDEN SER RECUPERABLES EN MAYOR O MENOR GRADO.

CAPÍTULO I

A.-Miembros.

Párrafo I.- Anquilosos.

1º De las dos articulaciones coxofemorales. (Renta Temporal)60% hasta (Renta Definitiva)50%

Párrafo II.- Pérdida de segmentos anatómicos.

2º Pérdida de un solo miembro o parte de él:

a) A nivel de la articulación escápulo-humeral. 50% 40% a 45%

b) A nivel 1/3 superior. 40% 30% a 35%

c) Por encima d el codo. 40% 20% a 30%

d) Por debajo del codo. 40% 15% a 25%

e) Por encima de la muñeca. 30% 10% a 25%

f) Pérdida de la mano. 30% 10% a 20%

3º Pérdida de ambos miembros superiores o parte de ellos. Se añadirá el 100% tanto en la renta temporal como en la renta definitiva de la pérdida del seguimiento correspondiente a la lista del inciso 2.

B- Miembros Inferiores.

4ºPérdida de un solo miembro o parte de él:

a) A nivel de la articulación Coxofemoral. 50% 40% a 45%

b) A nivel 1/3 superior. Muslo 50% 35% a 40%

c) Por encima de la rodilla. 44% 30% a 35%

d) Por debajo de la rodilla. 40% 20% a 30%

e) Por encima de la garganta del pie. 30% 15% a 25%

f) Pérdida del pie. 30% 10% a 25%

5º Pérdida de ambos miembros inferiores o parte de ellos. Se añadirá el 100% tanto en la renta temporal como en la renta definitiva de la pérdida de segmento correspondiente a la lista del inciso 4.

Párrafo III.- Parálisis completa por lesiones de nervios periféricos.

a) Parálisis total del miembro superior. 50% 35% a 40%

b) Del mediano con causalgia. 30% 20% a 25%

c) Parálisis total del miembro inferior. 50% 35% a 40%

d) Del ciático poplitco interno con causalgia.30% 20% a 25%

CAPÍTULO II

Cabeza y Raquis.

Párrafo I.- Lesiones cráneo–encefálicas y vertebro–medulares.

7º Hundimiento del cráneo. Se indemnizará según incapacidad que deje:

a) Cuando produzca monoplegia completa superior. 45% 35% a 40%

b) Cuando produzca monoplegia completa inferior 45% 35% a 40%

c) Cuando deje afasia y agrafia 50% 20% a 30%

d) Cuando produzca accidentes histero–epilépticos, trastornos nervioso profundos. 80% 60% a 70%

e) Cuando se produzca hemorragia celebral segunda de hemiplejía completa incurable. 90% 80% a 85%

8º Fractura de una o varias vértebras.

a) Con lesión medular (paraplegia) sin complicaciones esfinterianas 90% 70% a 80%

b) Con complicaciones esfisterianas 100% 90% a 95%

Párrafo II.- Lesiones de la Cara.

9º Por mutilaciones extensas cuando comprendan los dos maxiliares y la nariz. 80% 40% a 50%

Párrafo III.- Lesiones de los ojos.

10º

a) Pérdida de un ojo estando sano el otro.45% 20% a 30%

b)Pérdida de los Ojos 100% 70% a 95%

c)Pérdida de un ojo con disminución considerable de la agudeza visual del otro. 65% 40% a 60%

d)Pérdida de un ojo con disminución menos considerable de la agudeza visual del otro. 55% 30% a 45%

Párrafo IV.- Lesiones de los Oídos.

11º

a) Sordera completa de un oído. 35% 15% a 25%

b) Sordera completa de los dos oídos. 70% 40% a 60%

CAPÍTULO III

Lesiones abdómen, pelvis y génito–urinarias.

12º Pérdida total del pene que obligue a hacer micción por instrumento artificial. 60%

13º

a) Pérdida de los testículos en personas menores de 45 años. 50%

b) En personas mayores de 45 años. 20%

 

ANEXO Nº 3

“CÓDIGO NACIONAL DE RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA”

(Para ser aplicado por Entidades Estatales, Autónomas y Particulares, con carácter obligatorio en todo el territorio de la República).

 

A.- Código de Divisiones.

1)AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA.

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS

La extracción de minerales que se encuentran en la naturaleza en estado sólido, líquido y gaseoso. En esta división se incluyen las minas subterráneas y a flor de tierra, canteras y pozos y petróleo, con las actividades complementarias para la preparación y el enriquecimiento de los minerales de hierro y otros minerales en bruto, tales como la trituración, molienda, lavado y clasificación de los minerales, También comprende los trabajos de explotación de minerales.

2 y 3) INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

Se entiende por industria manufacturera la transformación mecánica o química de substancias inorgánicas en productos nuevos ya sea que el trabajo se efectúa con el empleo de máquina o a mano, en fábrica o a domicilio. Esta división comprende también el montaje de las partes de los productos manufacturados, exceptuando los casos en que tal actividad debe incluirse propiamente en la división 4 (Construcción).

Los establecimientos dedicados a trabajo se recuperación figuran en la división de industrias manufactureras correspondientes a la clase de producto reparado. Los servicios auxiliares, tales como instalaciones que proporcionan la energía, laboratorios, talleres de reparación, garajes y almacenes, explotados por el establecimiento industrial para su propio uso se clasifican en el mismo grupo en que figuran los establecimientos industriales al que pertenecen. Las oficinas administrativas, centrales y regionales se clasifican de acuerdo con la actividad principal de la empresa. El departamento de ventas de una empresa manufacturera figura en la categoría de la industria principal, exceptuando cuando puede comprobarse la existencia de establecimientos separados que se dedican a la venta al por mayor y al por menor.

4) CONSTRUCCIÓN

La construcción, reparación y demolición de edificios, carreteras, calles y puentecillos, los trabajos fundamentales de construcción tales como alcantarillas y canalización de aguas terraplenes de ferrocarriles, vías férreas, muelles, túneles, ferrocarriles subterráneos, carreteras elevadas, puentes, viaductos, represas proyectos de desagüe, proyectos sanitarios, acueductos, proyectos de riego y control de las inundaciones, plantas hidroeléctricas, instalaciones hidráulicas, conducciones de gas, oleoductos y otros tipos de construcciones fundamentales como dragado: limpieza de rocas submarinas, pilotaje, desecación, construcción de puertos y canales perforación de pozos artesanos aeropuertos, campos atléticos: canchas de golf, piscinas, canchas de tenis, zonas de estacionamiento, sistemas de comunicación tales como líneas telefónicas y telegráficas y toda otra clase de construcción ya sea comprendida por empresas particulares o autoridades gubernamentales.

También de armas plomeros enlucidores y electricistas.

Esta división no comprende los trabajos de construcción, reparación y demolición realizados accesoriamente por el personal de una Empresa para su propio uso, si tal Empresa figura en otra división.

5) ELECTRICIDAD GAS, AGUA Y SERVICIOS SANITARIOS

6) COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

Comerciantes que venden al por mayor y al por menor y distribuidores industriales, exportadores e importadores sucursales mantenidas por empresas manufactureras, agentes corredores y viajantes de comercio, estaciones de venta de petróleo al por mayor, acopiadores, compradores y asociaciones cooperativas para la venta de productos agrícolas al por mayor.

Además de los almacenes corrientes de ventas al por menor este grupo comprende establecimientos de ventas al por menor tales como estaciones de gasolina y agencias de venta de automóviles, vendedores ambulantes y buhoneros, cooperativas de consumo.

7) BANCOS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y OTROS ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS

8) TRANSPORTES, ALMACENAJE Y COMUNICACIONES

Incluye el transporte de pasajeros y de carga por tierra, agua o aire, los servicios relacionados con el transporte, almacenes que proporcionan servicios a personas que no sean sus propietarios, empresas telefónicas, telegráficas, de radiocomunicaciones y otros servicios de comunicación. Los estudios de radiodifución figuran en el grupo 932 (Teatros y Servicios Conexos).

9) SERVICIOS

B.- Código de agrupaciones

01) Agricultura y Ganadería.

02) Silvicultura, tala y corta.

03) Caza, caza mediante trampas y repoblación.

04) Pesca.

11) Extracción del carbón.

12) Extracción de minerales metálicos estañíferos.

13) Extracción de minerales metálicos no estañíferos.

15) Petróleo crudo y gas natural.

15) Extracción de piedra, arcilla y arena.

19) Extracción de minerales no metálicos y explotación de canteras, no clasificadas en otra parte.

20) Industrias manufactureras de productos alimenticios.

(EXCEPTUANDO INDUSTRIAS DE BEBIDAS)

Incluye la preparación de alimentos para el consumo humano y de productos conexos tales como goma de mascar, especies y alimentos preparados para animales y aves.

21) INDUSTRIAS DE BEBIDAS

Fabricación de bebidas espirituosas destiladas, vinos, bebidas malteadas, bebidas no alcohólicas y gaseosas. El embotellado que no implique preparación de bebidas figura en el grupo 601. (Comercio por mayor de productos alimenticios y bebidas).

22) INDUSTRIA DEL TABACO

La fabricación de productos tales como cigarrillos, cigarros, tabaco para fumar y mascar y rapé. También se incluye el desvene, la resecación y otros trabajos relacionados con la elaboración de la hoja que se emplea en la fabricación del tabaco.

23) FABRICACIÓN DE TEXTILES

Preparación de fibras textiles par hilado, fabricación de hilaza, hilo, géneros tejidos en telar, géneros tejidos a máquina, encajes, pasamanería, alfombras y tapices, ropa tejida a máquina, tejido y acabado de hilazas y telas, la fabricación de hule, linóleo y cuero artificial, apresto e impermeabilización de tejidos, fabricación de cordaje, soga y cordel.

24) Fabricación de calzado, prendas de vestir y otros artículos, confeccionados con productos textiles. Incluye la fabricación del calzado, guantes, sombrero, ropa accesorios del vestido y toda clase de artículos textiles confeccionados. La fabricación de prendas de vestir en las fábricas de destiles se clasifican en el Grupo 232 (Fábricas de tejidos de punto).

25) Industrias de la madera y del corcho. EXCEPTUANDO LA FABRICACIÓN DE MUEBLES

26) Fabricación de muebles y accesorios

27) Fabricación de papel de productos de papel. Fabricas de papel y cartón, y la fabricación de artículos de pulpa de madera, papel y cartón.

28) Imprentas, editoriales e industriales conexas.

29) Industria del cuero y productos de cuero EXCEPTUANDO EL CALZADO

El curtido, adobo y apresto de toda clase de cueros con excepción de las pieles de vestir y la fabricación de productos de cuero con excepción de calzados y otras prendas de vestir. La fabricación de calzado figura en el Grupo 241, (fabricación de calzado, excepto calzado de goma) y la fabricación de ropa de cuero figura en el Grupo 243 (fabricación de prendas de vestir, exceptuando el calzado).

30) Fabricación de productos de caucho.

31) Fabricación de substancias y productos químicos

32) Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón.

Refinerías de petróleo, hornos de coque y otros establecimientos dedicados a la manufactura de productos derivados del petróleo y del carbón.

33) Fabricación de productos minerales no metálicos. EXCEPTUANDO LOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y DEL CARBÓN

Fabricación de productos de arcilla, vidrio y productos de vidrio, cerámica, porcelana y alfarería, cemento, productos del concreto y otros productos similares no metálicos.

34) Industrias metálicas básicas.

Comprende la fundición y refinación de metales, laminación, estirado y aleación y fabricación de hierro colado, forjado y otras formas básicas de metales ferrosos y no ferrosos.

35) Fabricación de productos metálicos. EXCEPTUANDO MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE.

36) Construcción de maquinaria. EXCEPTUANDO MAQUINARIA ELÉCTRICA.

37) Construcción de maquinaria, aparatos, accesorios y artículos eléctricos.

38) Construcción de material de transporte. La construcción y reparación de material para el transporte de pasajeros y de carga por tierra, mar y aire.

39) Industrias manufactureras diversas. Comprende industrias manufactureras que no figuran en ninguna otra agrupación.

41) Construcción dependiente de empresas particulares.

42) Construcción dependiente de Administración Nacional.

43) Construcción dependiente de Administración prefectural.

44) Construcción dependiente de Administración Municipal.

45) Construcción dependinte de organismos o entidades autónomas y semi–autónomas.

51) Electricidad, gas y vapor.

52) Abastecimiento de agua.

53) Servicios Sanitarios.

60) Comercio en productos alimenticios y bebidas.

61) Comercio en tabaco.

62) Comercio en materiales crudos no comestibles, excepto combustibles.

63) Comercio en combustibles y lubricantes minerales y productos conexos.

64) Comercio en aceites y mantecas de origen animal.

65) Comercio en productos químicos.

66) Comercio en artículos manufacturados.

68) Comercio en maquinaria y material de transporte.

69) Transacciones y mercaderías diversas.

71) Bancos y otros establecimientos financieros.

72) Seguros privados.

73) Seguro Social.

74) Bienes Inmuebles.

81) Transportes.

82) Depósitos y almacenaje.

83) Comunicaciones.

91) Servicios de Administración Gubernamental y de entidades autónomas y semi–autónomas.

Servicios dependientes de la administración central, provincial o local, incluyendo los departamentos y oficinas administrativas del Gobierno. En este Grupo no se incluyen actividades distintas de las administrativas, como por ejemplo las relativas al Transporte. Comunicaciones, Educación, Higiene, Producción, Comercio y Adminsitración de establecimientos financieros, cada una de las cuales figura junto con otras actividades similares, en la agrupación industrial respectiva.

92) Servicios prestados al público y a las empresas comerciales.

Organizaciones públicas o particulares que proporcionan servicios al público y a las empresas Comerciales.

93) Servicios de esparcimiento.

La producción, distribución y exhibición de películas cinematrográficas, teatros, deporte y otros servicios de esparcimiento.

94) Servicios personales.

Servicios que generalmente incluyen al aseo personal o de los efectos personales.

99) Actividades insuficientemente determinadas o sin especificación de rama de actividad económica.

C. Código de grupos

0011. Agricultura.

Comprende todas las explotaciones agrícolas, cualquiera que sea el tipo de propiedad o sistema de explotación.

A los fines de la clasificación industrial, se entiende por explotación agrícola un terreno dedicado en todo o en parte a la producción agrícola, es decir, cereales y forrajes, frutas, semillas, hortalizas, flores, tanto al aire libre como en invernaderos, plantaciones de té, café y de goma, caucho y similares. También comprende los servicios agrícolas y las actividades conexas tales como el desmonte y la compresión de algodón, desgrane de maíz, embalaje de heno, trilla, servicios de horticultura tales como la pulverización de insecticidas, la recolección por contrato, el empaque de frutas, la poda, y el funcionamiento de los sistemas de riesgo.

012. Ganadería.

Ganadería, producción de leche, lana, aves de corral y huevos, miel, cría de conejos, animales destinados a la producción de pieles, capullos de gusano de seda, etc. Crianza y cuidado de animales domésticos, (los servicios veterinarios figuran en el Grupo 923, servicios médicos y sanitarios).

021. Silvicultura.

Bosques, plantación , replantación de árboles y conservación de los bosques, recolección de toda clase de productos no cultivados tales como gomas y resinas, látex, savias, cortezas, hierbas, frutas silvestres, flores, musgos, hojas, agujas de pino y caña.

 

Incluye la producción de carbón vegetal cuando se efectúa en los bosques.

022. Tala y Corte.

Tala y corte de árboles y transporte de la leña.

030. Caza, caza mediante trampas y repoblación.

Caza y caza mediante trampas de animales salvajes y repoblación de animales con fines lucrativos, no relacionados con la caza como deporte.

Pesca comercial en aguas dulces y saladas, Comprende la pesca de peces, crustáceos y moluscos, la caza de ballenas y focas, la recolección de algas, conchas, perlas, esponjas y otros productos marinos. También comprende la explotación de criaderos y viveros de peces y la ostricultura.

110. Extracción de carbón.

Las minas destinadas principalmente a la extracción de antracita y de carbones bituminoso tales como hulia, grasa, hulla seminegras y lignita.

La producción del carbón de coques y los productos derivados del coque figuran en el Grupo 322 (hornos de coque).

120. Extracción de estaño.

131. Extracción de mineral de hierro.

132. Extracción de wolfran.

133. Extracción de plomo, zinc, plata.

134. Extracción de minerales radioactivos.

139. Extracción de otros minerales metálicos.

140. Petróleo crado y gas natural.

La explotación de pozos de petróleo y de gas natural (inclusive la perforación y la explotación de exquisitos petrolíferos y arenas bituminosas. La explotación de eleoductos, como operación independiente figura en el Grupo 819 (transportes no clasificados en otra parte).

150. Extracción de piedra, arcilla y arena.

La extracción de piedra (inclusive pizarra, arcilla, arena y cascajo).

190. Extracción de minerales no metálicos y explotación de costeras. No Clasificados en otra parte.

La explotación de minas y canteras de materiales como asbesto, yeso, sal (inclusive la explotación de salinas sulfuro, asfalto, betún y otros minerales no metálicos con excepción el carbón, petróleo, piedra, arcilla, arena y cascajo. En este grupo se incluye la explotación del guano y la extracción y el corte de turba.

201. Matanza de ganado, preparación y conservación de carne.

Mataderos y frigoríficos, establecimientos dedicados a la matanza, preparación, embalaje y envase de carne de ave, *conejos * y caza menor. También se incluye la preparación de tripas para embutidos.

202. Fabricación de productos lácteos.

Fabricación de productos derivados de la leche, mantequilla, queso natural y elaborado, leche condensada y otras clase de leche concentrada, helados y sorbetes y otros productos lácteos alimenticios, el envase de la leche ya sea o no pasteurizada, figura en el grupo 002.

203. Envase y conservación de frutas y legumbres.

El envase (en recipientes herméticos) de frutas y legumbres inclusive jugo de frutas y de legumbres fabricación de conservas, mermeladas y jaleas, escabeche y salsas, sopas en lata, deshidratación y congelación rápida de frutas y legumbres.

204. Envase y conservación de pescado y otros productos marinos.

Incluye la conservación y preparación de pescado y otros productos marinos. Esta preparación comprende el proceso de salar, secar deshidratar, ahumar, curar, conservar en salmuera y vinagre, el envase hermético y la congelación rápida de productos merinos.

250. Manufactura de productos de molino.

Molinos harineros (harinas y forraje), el proceso de descargar, limpiar, pulir el arroz, cereales preparados para el desayuno, tales como avena, arroz, “corn flakes”. “wheat flakes”, semillas secas de lebuminosas, harina mezclada y preparada y otros productos a base de cereales y leguminosas.

Los molinos para descascarar el café están incluidos en este grupo. Los alimentos preparados para animales y aves figuran ene l grupo 209 (industrias alimenticias diversas).

206. Manufactura de productos de panadería.

Fabricación de pan, tortas, galletas, roscas, pasteles, pastas y otros productos de panaderías de fácil descomposición, bizcochos y otros productos de panadería semejantes “secos”. Los macarrones, fideos, tallarines y otras pastas figuran en el grupo 209 (Industrias alimenticias diversas).

207. Ingenios y refinerías de azúcar.

Fabricación y refinación de azúcar en bruto, jarabes y azúcar cristalizada o granulada de caña de azúcar o de remolacha azucarera.

208. Fabricación de cacao, chocolate y confituras.

Fabricación de cacao y chocolate en polvo a base del grano del cacao, chocolates, toda clase de confituras de azúcar, tales como dulces cocidos, caramelos, dulce de malvavisco de chocolate, pastillas y “fondants” fruta confitada, nueces azucaradas, nueces saladas, dátiles rellenos y productos similares, goma de mascar.

209. Industrias alimenticias diversas.

Industrias alimenticias no clasificadas en otra parte, tales como la fabricación de margarina, compuestos de grasas para cocinar, aceites de mesa o de ensalada, almidón y sus derivados, levadura en polvo, extractos y jarabes para dar sabor a los alimentos y jarabes, macarrones y productos similares, mostaza, vinagre, productos alimenticios preparados para animales y aves de corral, preparación de los huevos para su conservación, molienda de especies tostadura de café, transformación de hojas de té en té negro, preparación de la sal.

211. Destilación, rectificación y mezcla de bebidas espirituosas.

La destilación de alcohol para todo uso. La destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas tales como whisky, coñac, ron, ginebra, cordiales y bebidas compuestas (cocktailes).

212 Industrias vinícolas.

La producción de vinos, cidra de peras y otras bebidas fermentadas, exceptuando las bebidas malteadas y la chicha.

213. Cervecerías y fabricación de malta.

La producción de malta y bebidas malteadas tales como cerveza “ale”, “porter” y stout”.

214. Elaboración de chicha.

215. Fabricación de bebidas no alcohólicas y aguas gaseosas.

La fabricación de bebidas no alcohólicas tales como las bebidas gaseosas. Incluye también la gasificación de aguas minerales naturales.

220. Industria del tabaco.

La fabricación de productos del tabaco tales como cigarrillos, cigarros, tabaco para fumar y mascar y rapé.

También se incluye el desvene, la resecación y otros trabajos relacionados con la elaboración de la hoja que se emplea en la fabricación del tabaco.

231. Hilado, tejido y acabado de textiles por maquinaria.

Limpieza, cardado, peinado, hilado, tejido, blanqueo, teñido, estampado y acabado de hilazas y tejidos, fabricación de tejidos de malla cerrada y otros artículos de mercería, fabricación de tapices y alfombras.

Fabricación de encajes, tejidos trenzados y otros artículos de productos textiles básicos. Fábricas de yute.

232. Hilado, tejido y acabado de textiles autóctonos.

233. Fabrica de tejidos de punto.

Calcerería y otras fábricas de tejidos de punto.

Incluye la manufactura de prendas de vestir de tejido de punto en las propias fábricas.

Pero la fabricación de ropa de tejido de punto que se efectúe en fábricas de textiles, en el grupo 243 (fabricación de prendas de vestir, excepto el calzado).

234. Fábrica de cordaje, soga y cordel.

Incluye la fabricación de sogas, cables, cordaje, cordeles, redes y otros artículos conexos de cáñamo, yute, algodón, papel, paja, bonote, lino y otras fibras.

239. Fabricación de textiles no clasificados en otra parte.

La fabricación de linóleo y otros productos de superficie dura para cubrir los pisos (exceptuando la goma, caucho y similares) cuero artificial, hule y otras telas impregnadas e impermeabilizadas, esteras y alfombras de paja y de bonoto, fieltro, guata, borra, entretelas y otros rellenos de tapicería hechos de toda clase de fibras. Se incluye la recuperación de fibras de desperdicios y trapos.

241. Fabricación de calzado, excepto calzado de goma.

Incluye la fabricación de toda clase de calzado, polainas y botines de cuero, telas, substancias plásticas, madera y otros materiales exceptuando la manufactura del calzado por los fabricantes de artículos de goma, caucho y similares, la cual figura enel grupo 800 (fabricación de productos de goma, caucho y similares). La fabricación de hormas para zapatos y botas y los avíos de zapatero están comprendidos en este grupo.

242. Compostura de calzado.

La compostura de botas y zapatos (remiendo de calzado). En este grupo se incluyen los establecimientos en que se compone y también se fabrica calzado.

243. Fabricación de prendas de vestir, excepto el calzado.

Comprende la manufactura de prendas de vestir mediante el corte y la costura de telas, cuero, pieles y otros materiales, preparación y tejido de pieles, y la fabricación de paraguas y bastones. Los productos principales de este grupo son: trajes y ropa interior y de vestir, pasamanería sombreros, confecciones de pieles, guantes y mitones, tirantes, ligas y productos conexos, “robes de chambre” y batas, impermeables y otras prendas de vestir impermeabilizadas, ropa de cuero, ropa forrada en cuero de oveja, cinturones de fantasía de cualquier material, pañuelos, birretes y togas académicas, hábitos sacerdotales, trajes para representaciones teatrales. La limpieza, el planchado y la reparación de prendas de vestir, que no forman parte del proceso de fabricación figuran en el grupo 944 (lavanderías y servicios de lavanderías, limpieza y tejido).

244. Artículos confeccionados de materias textiles, excepto prendas de vestir.

Comprende a los fabricante que no se dedican a la manufactura de tejidos sino principalmente a la fabricación de artículos para el hogar tales como cobertores, colchas, almohadas, bolsas para ropa sucia, y fundas, para muebles, bolsas de materias textiles, artículos de lona, adornos bordadores, estandartes, banderas e insignias.

Se incluyen también los talleres dedicados a trabajos de despunte y plisado para el comercio.

250. Industrias de 15 madera y del corcho. EXCEPTUANDO LA FABRICACIÓN DE MUEBLES.

Comprende los aserraderos y talleres de acepilladura, la fabricación de tablas, tejas tonelería, chapas y maderas terciadas, las industrias dedicadas a la conservación de la madera y a la fabricación de productos acabados hechos entera o principalmente de madera, bambú, caña o corcho. La fabricación de muebles de madera figura en el grupo 260 (fabricación de muebles y accesorios), la fabricación de pianos e instrumentos musicales de madera se incluye en el grupo 396 (manufactura de instrumentos de música).

260. Fabricación de muebles y accesorios.

Incluye la fabricación de muebles para el hogar, oficinas, edificios públicos, despachos profesionales, restaurante, instalaciones de oficinas y tiendas, mamparas y persianas de cualquier material par puertas y ventanas.

271. Fabricas de pulpa de madera, papel y cartón.

Comprende la fabricación de pulpa de madera, trapos y otras fibras y la transformación de la pulpa en cualquier clase de papel cartón o cartón en planchas para construcciones.

272. Fabricación de artículos de pulpa de madera, papel y cartón.

La transformación del y del carón en productos tales como bolsas de papel, cajas y otros envases, tarjetas, sobres y papel de empapelar. Comprende también la manufactura de toda clase de artículos de pulpa de madera comprimida o moldeada, tales como platos y utensilios de pulpa de madera.

280. Imprentas, editorial e industrias conexas.

Comprende los establecimientos dedicadas a imprimir, litografiar y publicar diarios, periódicos, libros, mapas, atlas, música impresa y guías, trabajos de imprenta comerciales o por contrato, litografía comercial, fabricación de tarjetas de visita, fabricación de carpetas de hojas sueltas y carpetas para bibliotecas, encuadernación de libros, cuadernos de hojas en blanco, rayado de papel y otros trabajos relacionados con la encuadernación tales como el bronceado, dorado y bordeado de papel y el corte de los cantos, montaje de mapas y muestra, los servicios relacionados con las imprentas tales como la composición de tipo, el grabado a mano y en agua fuerte y placas de acero y bronce grabado en madera, fotograbado, electropía y estereotipía.

Las funciones de tipo de imprenta figuran en el grupo 350 (fabricación de productos metálicos, exceptuando maquinaria y equipo de transporte). El grabado en metales preciosos figura en el grupo 395 (fabricación de joyas y artículos conexos).

291. Curtiduría y talleres de acabado.

Incluye los establecimientos dedicados al curtido, adobado y acabado de toda clase de cueros y pieles, el repujado y charolado de cuero. Incluye también las peleterías.

292. Manufactura de artículos de Cuero. Exceptuando calzado y otras prendas de vestir.

La fabricación de artículos de cuero (exceptuando calzado y otras prendas de vestir), tales como equipaje, bolsas de mano, carteras, cigarreras y portallaves, portamonedas sillas de montar, arneses látigos y otros artículos de cuero de substitutos de cuero.

300. Fabricación de productos de goma, caucho y similares.

La fabricación de toda clase de productos de goma, caucho y similares, tales como llantas, calzado, artículos para la industria y artículos diversos hechos de caucho natural o sintético, gutapercha, balata o gutasiak, inclusive el caucho regenerado obtenido de las llantas usada, desperdicios, fragmentos desechos de goma y caucho, la fabricación de llantas reconstruidas y recubiertas.

311. Productos químicos industriales esenciales inclusive fertilizantes.

Comprende la fabricación de productos químicos industriales esenciales tales como ácidos bases, sales, productos químicos intermedios, tinturas, lacas y pigmentos, explosivos y fuegos artificiales, resinas sintéticas y otros materiales plásticos (incluyendo las libras sintéticas y caucho sintético fertilizante).

312. Aceites y grasas vegetales y animales.

Incluye la producción de aceites crudos, tortas y harinas obtenidas por trituración de semillas oleaginosas y nueces, la refinación e hidrogenización (o endurecimiento) de estos aceites, así como el de oliva y el de pescado, la clarificación y refinación de aceites y grasas animales.

La producción de margarina, grasas para cocinar y los aceites de mesa y para ensaladas figura en el grupo 209 (Industrias de alimentos diversas).

319. Fabricación de productos químicos diversos.

La fabricación de productos químicos no clasificados en otra parte, tales como preparaciones medicinales y farmacéuticas, perfumes, cosméticos y otros artículos de tocador, jabones y otros productos para el lavado y asco, pinturas, barnices y lacas, esmalte, tintas, cerillas, velas.

321. Refinerías de petróleo.

Refinerías de petróleo que producen gasolina (combustibles para motores), aceites combustible, lubricantes, aceites para alumbrado y otros productos derivados del petróleo crudo y fraccionado, fabricación de petróleo y derivados provenientes del carbón.

322. Hornos de coque.

Incluye los hornos de coque que no tiene relación con la distribución de gas alumbrado. Las fábricas de gas figuran en el grupo 512 (Producción y distribución de gas).

329. Fabricación de productos diversos del petróleo y del carbón.

Fabricación de asfalto para pavimentación y materiales para techado, ladrillo de hulla y combustibles aglomerados, aceites, lubricantes y grasas que no se fabrican en las refinerías de petróleo.

331. Fabricación de productos de arcilla para construcción.

Fabricación de productos de arcilla para construcción tales como ladrillos, baldosas, tuberías, crisoles y barro cocido para empleo en la arquitectura, revestimiento para hornos, tubos, y capiteles de chimenea, artículos refractorios.

332. Vidrios productos de vidrio.

La fabricación de vidrio y de productos de vidrio excepto el tallado de lentes de óptica que se clasifica en el grupo 292 (fabricación de Soportes Fotográficos e instrumentos de Óptica).

333. Fabricación de cerámica, loza y alfarería.

334. Fabricación de cemento hidráulico.

Los establecimientos que fabrican toda clase de cementos hidráulico, como cemento Portland, natural, para albañilería, mortero de puzolana, fibrocemento y cemento romano.

339. Fabricación de productos minerales no metálicos no clasificados en otra parte.

Incluye la fabricación de productos de concreto, yeso y estuco, lana mineral, piedra tallada y productos de piedra, abrasivo, productos de asbesto, de gráfico, y los otros productos de minerales no metálicos no clasificados en otra parte.

341. Industrias básicas de hierro y acero.

La fabricación de hierro y acero, inclusive todo el proceso de transformación desde la fundición en altos hornos hasta la fase de productos semi–acabados o sea la producción de lingotes, bloques, planchas o barras, laminación y transformación en formas básicas tales como láminas, placas, cintas, tubos y cañerías, rieles, varillas, hojalata, vaciados, y piezas forjadas.

342. Industrias básicas de metales no ferrosos.

La fundición y refinación de metales no ferrosos y su transformación en formas básicas tales como lingotes, barras, bloques, láminas cintas, círculos, secciones, varillas, tubos, cañerías vaciados y piezas de metal embutidas y estiradas.

350. Fabricación de productos metálicos. Exceptuado Maquinaria y equipo de Transporte.

La transformación de formas metálicas básicas en productos acabados tales como envase de hojalata y otros artículos de hojalata, herramientas de mano, cuchillería, ferretería, baterías de cocina, estampados metálicos, artefactos eléctricos, artículos fabricados de alambre, embalajes metálicos, cajas fuertes y cámaras de seguridad, resortes de acero, cerrojos, tuercas, arandelas y remaches, tubos desarmable, armas de fuego, incluyendo armas de fuego portátiles y accesorios, y otros productos metálicos no clasificados en otra parte.

En este grupo se incluyen la industrias que se dedican a esmaltar, barnizar y taquear, galvanizar, dorar, niquelar y pulir productos metálicos, trabajo de herrería y soldadura. La fabricación de artículos de plata y joyería en el grupo 395. (fabricación de joyas y artículos conexos).

360. Construcción de maquinaria, Exceptuando la Maquinaria Electrica.

La construcción de maquinaria y máquinas generadoras de fuerza motriz, excepto material eléctrico. También incluye los talleres mecánicos dedicados a la fabricación de piezas de maquinaria y equipo. La fabricación de motores de automóviles de acroplanos y de embarcaciones por fabricantes especializados en esa clase de motores, figura en el grupo correspondiente a la agrupación 38 (Construcción de Material de Transporte).

 

370. Construcción de maquinarias, aparatos accesorios y artículos eléctricos.

La fabricación de máquinas, aparatos, y artículos para la generación, acumulación, transmisión y transformación de la energía eléctrica, tales como generadores eléctricos y aparatos de transmisión y distribución de la electricidad, accesorios eléctricos inclusive utensilios de uso doméstico, alambre y cable, aislado, material eléctrico para vehículos automóviles y aviones, locomotoras y vagones de ferrocarril, lámparas eléctricas, equipo de comunicaciones y productos conexos, inclusive radios, fonógrafos, baterías eléctricas, aparatos de radiografía y de terapéutica, tubos electrónicos.

381. Construcciones navales y reparación de barcos.

Comprende los astilleros dedicados a trabajos de construcción y reparación de barcos, los establecimientos que se especializan en la construcción de motores para navíos, y los astilleros para la demolición de naves.

382. Construcción de equipo ferroviario.

La construcción y reconstrucción de locomotoras de cualquier tipo o anco de trocha, y de vagones de ferrocarril y tranvía para el servicio de carga y de pasajeros. En este grupo se incluyen la construcción de locomotoras y vagones de ferrocarril por las compañías ferroviarias y los trabajos de reparación efectuados en sus respectivos talleres.

383. Construcción de Vehículos Automóviles.

La construcción y ensamble total de vehículos automóviles tales como automóviles, particulares, automóviles y ómnibus comerciales, camiones y acoplados, vehículos para toda clase de transporte, motocicletas y vehículos automóviles para usos especiales (ambulancias, taxímetros, etc.). la fabricación de partes de vehículos de automóviles y accesorios tales como motores, frenos, embragues, ejes, engranajes, transmisores, ruedas y chasis.

En este grupo no se incluye las llantas y neumáticos (grupo 300), vidrios para automóviles (grupo 332) ni material eléctrico (grupo 370).

384. Reparación de vehículos automóviles y bicicletas.

Incluye la reparación de automóviles, camiones, bicicletas y toda clase de trabajo de reparación especializado como compostura de capotes de automóviles y del material eléctrico.

385. Construcción de bicicletas.

Comprende la construcción de bicicletas, triciclo de pedal, y sus partes, teles como sillones, ejes para asientos, armazones, engranajes, manubrios.

386. Construcción de aviones.

La construcción, ensamble y reparación de aviones, planeadores y partes de aviones tales como motores, hélices, pontones y trenes de aterrizaje.

La fabricación de instrumentos de aeronavegación figura en el grupo 391 (fabricación de Instrumentos Profesionales. Científicos de Medida y de Control).

 

389.Fabricación de material de transporte no clasificado en otra parte.

Fabricación de material de transporte no clasificado en otra parte como vehículos de tracción animal y de propulsión a mano

391. Fabricación de instrumentos profesional, científicos, de medida y de control.

La fabricación de instrumentos científicos de medida, de control y de laboratorio, instrumentos, equipo y artículos de cirugía, medicina y cirugía dental. La fabricación de aparatos de radiografía y de terapéutica eléctrica figura en el grupo 170 (Construcción de Maquinaria. Aparatos, Accesorios y artículos Eléctricos).

392. Fabricación de aparatos fotográficos e instrumentos de óptica.

La fabricación de instrumentos de óptica y lentes, artículos oftálmicos, aparatos y artículos fotográficos inclusive películas y placas sensibles.

393. Fabricación relojes

394. Compostura de relojes

395. Fabricación de joyas y artículos conexos.

Fabricación de joyas, platería y servicios de plata, utilizando metales preciosos, piedras preciosas y semipreciosas y perlas. Comprende el corte y tallado de piedras preciosas y semipreciosas, el estampado de medallas y la acuñación de monedas

369. Fabricación de instrumentos de música.

Fabricación de instrumentos de música, tales como pianos, instrumentos de cuerda, instrumentos de viento, instrumentos de percusión, discos de fonógrafo. La fabricación de fonógrafos figura en el grupo 370 (Construcción de Maquinaria, Aparatos, Accesorios y Artículos Eléctricos.).

399. Industrias manufacturas no clasificadas en otra parte.

Comprende la fabricación de artículos no clasificados en otra parte, tales como juguetes, artículos para deporte y atletismo lapiceros, lápices y otros artículos de oficina y para artistas, joyas de fantasía y artículos de novedad, plumas penachos y flores, artificiales, botones, escobas, y cepillos, pantallas, artículos funerarios, pipas y boquillas modelos y patrones, placas de identificación, escarapelas, emblemas y rótulos, equipos para salones de belleza y peluquería, letreros y anuncios de propaganda, hielo artificial, sellos metálicos y de caucho y “stencils”, artículos de materiales plásticos no clasificados en otra parte, redes para el pelo, pelucas y artículos similares. También se incluyen los trabajos de reparación que no pueden ser clasificados en ningún otro grupo de la división de industrias manufactureras.

410. Construcción dependiente de empresas particulares.

420. Construcción dependiente de Administración Nacional.

430. Construcción dependiente de Administración prefectural.

440. Construcción dependiente de Administración Municipal.

450. Construcción dependiente de organismos o entidades autónomas y semi-autónomas.

511. Producción, transmisión y distribución de energía eléctrica.

512. Producción y distribución de gas.

La producción de gas en fábrica y la distribución de gas natural o fabricado para el consumo doméstico o industrial.

513. Calefacción y fuerza motriz a vapor.

La producción y distribución de vapor para calefacción y fuerza motriz.

521. Abastecimientos de agua.

La captación, purificación y distribución de agua para uso doméstico e industrial. El funcionamiento de los sistemas de riegos figura en el grupo 011 (Agricultura).

531. Servicios Sanitarios.

Destrucción de desperdicios y desalojamiento de aguas de albañil. Los sistemas de desagüe están incluidos en este grupo.

601. Comercio a por mayor en productos alimenticios y bebidas.

Comprende: animales vivos destinados principalmente a la alimentación: carne y preparados de carne y productos lácteos: huevos y miel: pescado y preparados de pescado: cereales y preparados de cereales: frutas y legumbres, azúcar y preparados de azúcar, café, té, cacao y sus preparados, materias destinadas a la alimentación de los animales (excepto cereales sin moler), preparados alimenticios diversos, bebidas.

602. Comercio al por menor de productos alimenticios y bebidas.

603. Comercio mixto (al por mayor y por menor) en productos alimenticios y bebidas.

611 Comercio al por mayor en tabaco y sus manufacturas.

612. Comercio al por menor en tabaco y sus manufacturas.

613. Comercio mixto (al por mayor y por menor en tabaco y sus manufacturas).

621. Comercio al por mayor en materiales crudos NO COMESTIBLES, EXCEPTO COMBUSTIBLES.

Comprende: cueros, pieles y pieles finas sin curtir, semilla, nueces y almendras oleaginosas, caucho en bruto, incluso el caucho sintético y el regenerado, madera, tablas y corcho, pulpa y desperdicios de papel; fibras textiles (no manufacturadas en hilazas, hilos o tejidos) y desperdicios, abonos en bruto y minerales en bruto, excepto carbón, petróleo y piedras preciosas, minerales metalíferas y chatarra metálica, productos minerales y vegetales en bruto NO comestibles.

622. Comercio al por menor en materiales crudos No COMESTIBLES EXCEPTO COMBUSTIBLES.

623. Comercio mixto (al por mayor y por menor) en materiales crudos NO COMESTIBLES, EXCEPTO COMBUSTIBLES.

 

631. Comercio al por mayor en combustibles y lubricantes minerales y productos conexos.

632. Comercio al por menor en combustibles y lubricantes, minerales y productos conexos.

633. Comercio mixto (al por mayor y por menor) en combustibles y lubricantes, minerales y productos conexos.

641. Comercio al por mayor en aceites y mantecas de origen animal y vegetal.

Comprende aceites (excepto los aceites esenciales), mantecas, grasas y derivados de origen animal y vegetal.

642. Comercio al por menor en aceites y mantecas de origen animal y vegetal.

643. Comercio mixto (al por mayor y por menor) en aceites y mantecas de origen animal y vegetal.

651. Comercio al por mayor en productos químicos.

Comprende: elementos y compuestos químicos: alquitrán mineral y productos químicos crudos extraídos del Carbón, petróleo y gas natural: materiales para teñir, curtir o colorear: productos medicinales y farmacéuticos: aceites esenciales y productos de perfumería preparados para tocador, para pulir y limpiar y abonos manufacturados, explosivos y materiales y productos químicos deversos.

652. Comercio al por menor en productos químicos.

653. Comercio mixto (al por mayor y por menor) en productos químicos.

661. Comercio al por mayor en artículos manufacturados.

Comprende: cueros, manufacturas de cuero y pieles preparadas y curtidas, manufacturadas de goma o caucho, de madera y de corcho (excepto muebles): papel, cartón y sus manufacturas: hilazas, tejidos y artículos confeccionados de fibras textiles y productos conexos: manufacturas de minerales no metálicos, plata, platino, gemas y joyas: metales comunes y metales manufacturados, edificios prefabricados, artículos sanitarios, accesorios y artefactos para sistemas de cañería, calefacción y alumbrado: muebles y accesorios artículos de viaje, bolsas de mano y artículos similares: artículos de vestuario: calzado, instrumentos profesionales, científicos y de control: aparatos fotográficos y ópticos, relojes, artículos manufacturados diversos.

662. Comercio al por menor en artículos manufacturados.

663. Comercio mixto (al por mayor y por menor en artículos manufacturados).

681. Comercio al por mayor en maquinaria y material de transporte.

Comprende: maquinarias en general, maquinaria, aparatos y utensilios eléctricos, material de transporte.

682. Comercio al por menor en maquinaria y material de transporte.

683. Comercio mixto (al por mayor y por menor) en maquinaria y material de transporte.

691 Comercio al pro mayor de animales vivos. NO DESTINADOS A LA ALIMENTACIÓN.

692. Comercio al por menor de animales vivos. NO DESTINADOS A LA ALIMENTACIÓN.

693. Comercio mixto (al por mayor y menor) de animales vivos. NO DESTINADOS A LA ALIMENTACIÓN.

694. Transacciones.

Comprende: Paquetes postales: artículos devueltos y artículos objeto de transacciones especiales.

695. Comercio de mercaderías diversas.

710. Bancos y otros establecimientos financieros.

Bancos y otros establecimientos que se dedican a actividades similares, tales como casa de cambio, cámaras de compensación, corporaciones para operaciones bancarias en el extranjero y sucursales de bancos extranjeros: agencias de crédito con excepción de los bancos, tales como establecimientos de redescuento y financiamientos de préstamos industrial, de crédito agrícola, comercial, industrial y personal, sociedades cooperativas de crédito: compañía de inversiones: compañías “holding”: corredores y banqueros de valores y subscriptores de títulos y bonos, bolsas de valores y bancos de liquidación, bolsas de metales preciosos y otros establecimientos financieros tales como los dedicados a la compra y al registro de patentes, así como aquellos organizados para la protección de los tenedores de títulos.

720. Seguros privados.

Compañías de seguros de toda clase: de vida, incendio, seguro marítimo, de accidente, salud, títulos, obligaciones financieras, caso fortuito, caución y garantías: agentes y corredores de seguros: organizaciones que prestan servicios a los asegurados: consultores para los asegurados y oficinas de valuación de daños.

730. Seguro Social

740. Bienes inmuebles.

Este grupo comprende las personas dedicadas a toda clase de negocios inmobiliarios tales como la compra y venta, urbanización y administración. También se incluyen las compañías inmobiliarias y otras organizaciones similares cuyos ingresos provienen de la propiedad y del alquiler de casas, departamentos, garages públicos y propiedades similares, agentes de casas e inmuebles, cobradores de alquileres.

811. Transporte ferroviario.

Transporte por ferrocarril y servicios conexos tales como coche dormitorio, coche–comedor expresos.

812 Tranvías y ómnibus.

Líneas de ómnibus urbanas, suburbanas e interurbanas, tranvías, ferrocarriles elevados y subterráneos.

813. Transporte de pasajeros por carretera, EXCEPTUANDO EL TRANSPORTE POR ÓMNIBUS.

Taxímetros y otros coches, automóviles y vehículos de alquile, caballerizas, servicios de excursión en autobús y otros medios de transporte por carretera, exceptuando el servicio de ómnibus.

 

814. Transporte por carretera no clasificado en otra parte.

Transporte de carga por carretera: la explotación de instalaciones fijas para facilitar el transporte por carretera tales como carretera de peaje, puentes de carretera, terminales y lugares de estacionamiento.

815. Transporte por mar.

El transporte de carga y de pasajes por mar.

816. Transporte por agua, excepto por mar.

El transporte de carga de pasajeros principalmente por las vías fluviales y costeras y el suministro de servicios inherentes al transporte por agua, tales como la conservación y explotación, carga y descarga de barcos conservación y explotación de canales, salvamento de barcos y cargamento en peligro.

817. Transporte aéreo.

El transporte aéreo de pasajeros y de carga, ya sea en aviones del servicio regular o fletados especialmente, y la explotación de aeropuertos, campos de aterrizaje y otras instalaciones para la navegación aérea tales como radio–faros, centros de control de vuelo y estaciones de radar.

818. Servicios conexos con el transporte.

Comprende los servicios conexos con el transporte, tales como expedición, empaque y embalaje, agencias de transporte (inclusive agencias de turismo); alquiler de vagones de ferrocarril, comedores marítimos, inspección, examen de muestras y determinación del peso.

También incluye la explotación de corrales para ganado que proporcionan corrales, alimento y espacio para la venta de ganado provisionalmente guardado en espera de ser vendido o en tránsito al mercado o de regreso de él.

819. Transportes no clasificados en otra parte.

El transporte de petróleo en bruto y refinado y gas natural por oleoductos, considerado como operación independiente. También incluye todos los demás serviciso de transporte no clasificados en otra parte.

820. Depósito y almacenaje.

La explotación de servicios de almacenaje tales como almacenes (inclusive los almacenes de depósito), frigoríficos, guarda de muebles, servicios de cajas de seguridad, cuando tal almacenaje se ofrece, como servicio independiente.

830. Comunicaciones.

Servicios de comunicación proporcionados al público ya sea por correo, telégrafo o radio para la recepción acústica o visual. También se incluyen los servicios de intercambio o registro de mensajes. Los estudios de radiodifución figuran en el grupo

832 (Teatros y Servicios Conexos).

911. Servicios de Administración Nacional Civil.

912. Servicios de Administración Prefectural Civil.

913. Servicios de Administración Municipal Civil.

914. Servicios de Administración de entidades autónomas y semiartónomas no clasificadas en otra parte.

915. Ejército de Aviación Militar.

916. Policía Civil y Cuerpo de Carabineros.

917. Policía de Transito.

920. Instrucción pública gubernamental.

Comprende: Colegios, escuelas de enseñanza primaria y secundaria, escuelas técnicas, vocacionales y comerciales, jardines de infantes, escuelas de perfeccionamiento, escuelas para ciegos y sordo–mudos, escuelas de artes y oficios, de música y danza, otras escuelas de bellas artes. Las escuelas cuya finalidad principal es el esparcimiento, tales como las ecuelas de bridge, los estudios de baile y las escuelas de golf, figuran en el grupo 933 (Servicios de Esparcimiento, exceptuando teatros y cinematógrafos).

921. Universidades.

922. Enseñanza particular.

Comprende: colegios, escuelas de enseñanza primaria y secundaria, escuelas técnicas, cocacionales y comerciales, jardines de infantes, cursos por correspondencia, escuelas de perfeccionamiento, profesores particulares, escuela para ciegos y sordo–mudos, escuelas de artes y oficios, de música y danza, otras escuelas de bellas artes. Las instituciones y preceptores empleados en casa particulares de clasifican en el grupo 941 (servidos domésticos), las escuelas cuya finalidad principales es el esparcimiento, tales como las escuelas de bridge, los estudios de baile y las escuelas de golf, figuran en el grupo 933 (Servicios de Esparcimiento, exceptuando teatros y cimematógrafos).

923. Servicios médicos y sanitarios.

Comprende: Servicios médicos, quirúrgicos dentales y otros servicios sanitarios, servicios veterinarios, hospitales, sanatorios, clínicas y otras instituciones similares, clínicas de maternidad y pediatría, enfermeras y parteras ya sea que trabajen en servicios sanitarios oficiales o por cuenta propia, salas de consulta o clínicas de médicos, cirujanos y otros profesionales de la medicina: pedicuros, osteólogos y los que utilizan las fisioterapia y otras prácticas similares: cirujanos–dentistas: laboratorios médicos y dentales.

924. Organizaciones religiosas.

Organizaciones religiosas y establecidos por ellas mantenidos para fines de culto o el fomento de actividades religiosas. Los demás establecimientos dirigidos por organizaciones religiosas, tales como hospitales instituciones docentes y de beneficencia y salas de lectura, figuran en el grupo industrial respectivo.

925. Instituciones de Asistencia Social.

Las organizaciones que funcionan sin fines lucrativos para fomentar el bienestar de la comunidad (inclusive las dirigidas por los gobiernos), tales como la Cruz Roja YMCA, YICA, organizaciones dedicadas a la colectiva y distribución de contribuciones para fines caritativos, asociaciones de ayuda al viajero, sociedades de asistencia jurídica, sociedades de socorro a la infanci, guaderáias infantiles, organoros, asilos de ancianos, hogares para ciegos, organizaciones de caridad e instituciones similares.

926. Servicios Jurídicos.

Las oficinas de abogados y procuradores que proporcionan servicios jurídicos a particulares y organizaciones. Los departamentos jurídicos de las organizaciones clasificadas en otra parte no figuran en este grupo.

927. Servicios comerciales.

Los servicios prestados a empresas comerciales tales como los de ingenieros consultores, arquitectos, contadores, auditores de cuentas y tenedores de libros, agencias de publicidad, de información sobre crédito comercial, de ajuste y cobranza de cuentas: trabajos de duplicación impresión heliográfica, reproducción fotostática, dirección de la correspondencia, envíos postales y servicios de estenografía, recopilación venta de listas clasificadas de domicilio de personas y empresas.

928. Asociaciones comerciales y organizaciones obreras.

Asociaciones comerciales, cámaras de comercio, juntas de comercio, organizaciones obreras y otras organizaciones similares de empleadores y trabajadores.

 

929. Servicios prestados la público, no clasificados en otra parte.

Bibliotecas, museos, jardines botánicos y zoológicos: institutos de investigación y servicios científicos: organizaciones políticas, asociaciones cívicas, sociales y fraternidades.

931. Producción, Distribución y exhibición de películas cinematográficas.

Producción y distribución de películas cinematográficas y explotación de cinematógrafos: servicios relacionados con la producción y distribución de películas cinematográficas, tales como revelado, corte y ensamble de películas, alquiler y relación del material cinematográfico: oficinas de contratación de actores.

932. Teatros y servicios conexos.

Comprende los teatros, compañías de ópera, organizaciones de conciertos y compañías teatrales, servicios tales como las agencias de contratación de actores y de venta de billetes: estudios de radiodifusión: orquestas para bailes, orquestas sinfónicas y artistas empleados a base de contrato o mediante el pago de una suma fija.

933. Servicios de esparcimiento excepto teatros y cinematógrafos.

Estudios y salas de bailes: juegos de bolos, salas de billar, clubes y canchas de baseball, criket, fútbol y hockey, campos de atletismo y promotores de deportes, playas: piscinas de natación: pistas de patinaje sobre hielo o con patines de ruedas, escuelas de equitación, gimnasios, canchas de tenis, canchas de golf, hipódromos, parques y salas de diversiones, exhibiciones, carnavales, salas de tiro al blanco, circos y otros deportes, centros de diversiones de recreo.

941. Servicios domésticos.

Casa particulares que contratan trabajadores dentro y fuera de casa para ocupaciones consideradas generalmente como servicios domésticos. Este grupo comprende empleados como institutrices, preceptores y secretarios particulares.

942. Restaurantes, cafés, tabernas y otros establecimientos que venden bebidas y alimentos.

943. Hoteles, casas de huéspedes, campamentos y otros lugares de alojamiento.

Los establecimientos que proporcionan, mediante el pago de una suma, hospedaje, lugar y facilidades para acampar, ya sea que estén abiertos al público en general o reservado a los miembros de una organización determinada. Este grupo comprende, asimismo, los servicios de restaurantes explotados conjuntamente con los lugares de alojamiento.

944. Lavanderías y servicios de lavandería, limpieza y teñido.

Lavanderías mecánicas y a mano, suministro por contrato de ropa blanca lavada y planchada (uniformes, delantales, manteles, toallas, servilletas o pañuelos), limpieza, planchado, teñido y reparación de prendas de vestir y artículos domésticos.

945. Peluquerías y salones de belleza.

946. Estudios de retratos y fotografía comercial.

Fotografía para retratos, revelado e impresión de películas exceptuando las cinematográficas, fotografía para Agencias de Publicidad, Editoriales y otros fines industriales.

949. Servicios no clasificados en otra parte.

Servicios tales como pompas fúnebres y de cremación: limpieza de calzado: limpieza de chimeneas y ventanas, destrucción de parásitos, desinfección y fumigación, alquiler de trajes y demás servicios personales.

999. Actividades no bien especificadas o sin especificadas o sin especificación, de rama de actividad económica.

 

REGLAMENTO DEL CÓDIGO DE SEGURIDAD SOCIAL

D.Supremo 05315 de 30 de sep. de 1959

LIBRO I

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

 

TÍTULO I

NATURALEZA Y FINES

Art. 1º La Seguridad Social tiene por objeto proteger la salud del capital humano del país, la continuidad de su medios de subsistencia, la aplicación de medidas adecuadas para la rehabilitación de las personas inutilizadas y la concesión de los medios necesarios para el mejoramiento de las condiciones de vida del grupo familiar incluida la vivienda de interés social. (Conc. Art. 1º CSS. Rel Art.7 inc. k) y Art 159 CPE.)

Art. 2º La aplicación de las normas de Seguridad Social se efectuará de acuerdo al Código y a este Reglamento que estatuyen los regímenes del Seguro Social Obligatorio, de las Asignaciones Familiares y de la Vivienda Popular, que tienen carácter obligatorio par todas las personas e instituciones comprendidas en su campo de aplicación. (Conc. Art. 2 CSS.)

Art. 3º El Seguro Social Obligatorio tiene por objeto proteger a los asegurados en las contingencias que se indican y mediante las prestaciones siguientes:

a) Prestaciones en especie a los trabajadores y sus familiares en casos de enfermedad, maternidad o accidentes no profesionales:

b) Prestaciones en especie solamente a los trabajadores en casos de accidente de trabajo o enfermedad profesional.

c) Prestaciones en dinero solamente a los trabajadores en casos de enfermedad, maternidad, accidentes no profesionales, riesgos profesionales, invalidez y vejez.

d) Prestaciones en dinero a los derecho–habientes de los trabajadores fallecidos por cualquier causa.

e) Prestaciones para funerales en caso de muerte por cualquier causa de un trabajador y de su cónyuge o conviviente. (Conc. Art. 3 CSS. Rel Art. 158 CPE.)

Art. 4º Las Asignaciones Familiares comprenden:

a) El subsidio pre–familiar.

b) El subsidio matrimonial.

c) Los gastos de celebración del matrimonio civil.

d) El subsidio de natalidad.

e) El subsidio de lactancia.

f) El subsidio familiar y

g) El subsidio de sepelio.

(Conc. Art. 4 CSS.-Rel D.S. Nº 05126 de 30.12.58-Rel DD.SS. 10588 de 17. 11–72 y 10671 de 12–1–73 Subsidio de Hogar.-Rel D.S. Nº 10835 de 254–73- Ver: Arts.52 del D.L. 13214 de 24–12–75 y 32 D.L. 14643 de 3–6–77-Derog. Ley 924 de 154–87

Ver: Art. 25 D.S. 21637 de 25–6–87-Ver: R.A. 78 de 15–9–88.)

Art. 5º El Régimen de Vivienda Popular tiene por objeto proyectar, construir y adjudicar viviendas populares para los trabajadores y sus familiares.

 

rel. D.S. Nº 06816 de 3–7–64: Creación Consejo NI. De Vivienda. (Rel. D.S. Nº 09517 de 16–12–70: Creación Consejo NI. De Vivienda Minera.- Rel D.S. Nº 09724 de 19–5–71: Creación Consejo NI de Vivienda Petrolera.- Rel. D.S. Nº 10733 de 16–2–73: Creación Consejo NI. De Vivienda par Fabriles. Constructores y Gráficos. – Rel. D.S. Nº 10734 de 16–2–73. Creación Consejo de Vivienda Magisterio. Modif. Por Art. 2 D.L. 10173 de 28–3–72.-D.S. 09650 de 31–3–71: Régimen delegado U.M.S.A. – D.S. 09714 de 13–5–71: Régimen delegado U.M.S.F.X. –R.S. 167567 de 1–3–73: Régimen delegado S.N. Caminos –R.S. 170488 de 11–9–73: Régimen delegado C.B.F.– D.S. 13044 de 7–11–75: Régimen delegado Universidad Oruro.– D.I. 11901 de 21–10–74: Corporación Seguridad Social Militar.– R.S. 185414 de 24–11–77: Régimen delegado de la U.M.S.S.- Rrel con Art. 162 CSS: Ans. 296.394 al 402.541 y del 636 al 638 del REG. Derog. Creación F.O.N.V.I.)

 

TÍTULO II

CAMPO DE APLICACIÓN

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 6º La gestión y aplicación de los regímenes a que se refiere el artículo 2, se efectuará mediante las instituciones que se señalan en el Libro Quinto del presente Reglamento.

Art. 7º El Código de Seguridad Social es obligatorio para todas las personas nacionales o extranjeras de ambos sexos, que trabajan en el territorio de la República y prestan servicios remunerados para otra persona natural o jurídica mediante designación, contrato de trabajo o contrato de aprendizaje, sean estos colectivos o individuales, de carácter privado o público, expreso o presuntos. (Conc. Art. 6 CSS.: rel Arts. 253 CSS. 5 al 8 LGT. 5.6 y 7 D.R. LGT.- Ver R.A. 51 de 23–10.90.: R.A. 4 de 31–1–91)

Art. 8º Para los fines del Código los miembros de la Seguridad Nacional pertenecientes al Cuerpo Nacional de Carabineros y de Transito y demás agentes de la Fuerza Pública, se considerarán como empleados públicos. (Conc. Art. 7 CSS)

Art. 9º Las empresas, entidades, organizaciones o instituciones naturales o jurídicas, públicas o privadas, autónomas o semiautónomas, autárquicas o semiautárquicas, universidades, cooperativas en general solo en cuanto a sus trabajadores asalariados sujetos a la Ley General del Trabajo contratistas, subcontratistas o intermediarios, que tengan trabajadores a su servicio y que se encuentran incorporados al campo de aplicación de la Seguridad Social, de acuerdo a los artículos anteriores, están en la obligación de afiliarse a la institución aseguradora correspondiente e inscribir a sus trabajadores. El Estado y sus organismos dependiente, la Prefecturas, las Minicpalidades, los servicios cooperativos con sede en Bolivia, así como las organizaciones internacionales o sus representaciones con sede en Bolivia, tienen las mismas obligaciones.

La Dirección General de Seguridad Social determinará la inclusión al campo de aplicaicón del Código de las empresas e instituciones que se encuentran en una situación especial y dispondrá la Caja a la cual debe afiliarse. (Conc. con Arts.2 y 6 del D.L. 13214 de 24–12–75- Rel. Art 6 inc. a) Art. 13 CSS y D.L. 10776 de 23–3–73- Ver: Art. 83 D.S. 22407 de 11–1–90 ver D.S. 22101 de 29–12–88)

Art. 10º Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que tienen contratistas, subcontratistas u otros intermediarios que empleen trabajadores incluidos al campo de aplicación del Código, están solidariamente obligados a la afiliación de estos trabajadores, así como al pago de las cotizaciones patronales y laborales para los mismos. (Rel. Art. 193 CSS y Art. 6 D.L. 13214 de 24–12–75)

Art. 11º Las empresas que ejecuten trabajos temporales o eventuales están incluidas en el campo de aplicación del Código.

La suspensión temporal de la explotación de una empresa u otra institución de cualquier naturaleza, no corta su vínculo legal con la Caja. (Rel. Art. 192 CSS y Art. 2 D.L. 13214 de 24–12–75)

Art. 12º Las empresas que se asocien o formen consorcios, trust, holdings u otros, esta sometidos independienmente a la Seguridad Social. (Rel. Art. 2 D.L. 13214 de 24–12–75)

Art. 13º Están obligatoriamente sujetos a los seguros de invalidez, vejez y muerte los nacionales que trabajan en el extranjero por cuenta del Estado o de empleadores bolivianos, siempre que sean remunerados por éstos. (Conc. Art. 8 CSS)

Art. 14º Los trabajadores que ejecuten trabajos remunerados en moneda extranjera están incluidos en el campo de aplicación del Código de Seguridad Social, debiendo ser considerado su salario hasta un límite máximo de trescientos cincuenta dólares americanos o su equivalente en otra moneda extranjera. Igualmente quedan incorporados los trabajadores que perciben una parte de sus remuneraciones en moneda extranjera y otra en moneda boliviana, siendo considerado su salario en moneda extranjera hasta un límite máximo tal que añadido al salario en bolivianos, ascienda al equivalente de trescientos cincuenta dólares americanos. (Rel. Art. 6 CSS.: inc) d) Art. 10 CSS.:modif. En parte. Por Art. 58 D.L. 13214 de 24–12–75.: ver R.A. 64 de 22–11–90.: Art. 83 D.S. 22407 de 11–1–90)

Art. 15º Las personas que efectuen un trabajo en empresas o instituciones afiliadas a la Seguridad Social como aprendices, pasante o voluntarios, sean remunerados o no, serán asegurados en base a un salario teórico cuyo monto se determinará anualmente por disposición de la Dirección General de Seguridad Social, el mismo que no podrá ser inferior al mínimo nacional que les correspondería. (Rel. Art. 248 REG)

Art. 16º El cónyuge del empleador así como su familiares y parientes por afinidad que vivan en su hogar, serán asegurados solamente si una declaración expresa de dicho empleador a la entidad aseguradora informa sobre la calidad de trabajador regular de aquellos y con una remuneración normal para el trabajo que desarrolla.

Art. 17º El trabajador que goce de una renta de incapacidad permanente total o parcial, de invalidez o de vejez, así como los derecho–habientes de un trabajador fallecido que estén en goce de una renta de sobreviviente, tiene derecho a las prestaciones en especie de los seguros de enfermedad y maternidad, así como a la asignaciones familiares que por las demás disposiciones del Código de Seguridad Social le correspondieren. (Conc. Art. 9 CSS rel Art. 131 CSS,: modif, en parte, por Art. 75 D.L. 13214 de 2–12–75.: ver Art. 8 D.S. 21637 de 25–6–87)

Art. 18º Ningún empleador así como ningún trabajador podrá renunciar los derechos y obligacioens de la Seguridad Social, ni tampoco podrá rehusar someterse las disposiciones del Código y de este Reglamento, bajo las sanciones que se indican en los artículos 593 y 596, respectivamente.

Los empleadores, trabajadores u otras personas que tengan conocimiento de la existencia de empresas o trabajadores no asegurados están en la obligación de denunciar este hecho a la entidad aseguradora correspondiente o a la Dirección de Seguridad Social para que ordene su afiliación. (Rel. Art. 162, in fine. C.P.E. 481 REG y Arts. 2 y 6 del D.L. 13214 de 24–12–75.-Ver R.A. 4 de 31–1–91)

 

CAPÍTULO II

TRABAJADORES CON ASEGURAMIENTO DIFERIDO

Art. 19º Inicialmente, no están incorporados al campo de aplicación a que se refiere el artículo 7º de este Reglamento, los trabajadores agrícolas, los del servicio doméstico particular, los trabajadores a domicilio, los trabajadores temporales, los choferes, los gremiales y artesanos y los demás trabajadores independientes debido a razones técnicas, administrativas y financieras. En cuanto se salven estas dificultades el Poder Ejecutivo mediante Decreto Supremo expreso y en base a una informe técnico–financiero circunstanciado, incorporará uno o mas de estos sectores laborales a parte o a la totalidad de los regímenes del Código. (Rel. Arts. 11 y 12 CSS.: rel D.S. 08707 de 26–3–69.- Ver. Art. 83 D.S. 22407 de 11–1–90. R.A. 4 de 31–1–91)

Art. 20º Son trabajadores agrícolas los que perciben una remuneración en dinero o en especie para la ejecución del trabajo en el campo, en una hacienda o explotación agrícola, ganadera o forestal. El personal administrativo de dichas haciendas o explotaciones podrá ser asegurado de acuerdo al Título III del presente Libro.

 

Art. 21º Son trabajadores del servicio doméstico aquellos que se dedican en forma habitual a labores de aseo y otras tareas propias de un hogar, residencia o habilitación particular y que no impliquen lucro o negocio para el dueño de casa. (Rel. Cap. II. Título III L.G.T)

Art. 22º Son trabajadores a domicilio las personas a quienes se entrega materias primas u otros elementos de fabricación para que elaboren artículo en su hogar o en otro sitio elegido libremente por ellos pero sin la vigilancia y dirección inmediata de las personas o sus representantes por cuya cuenta trabajan.

Art. 23º Son trabajadores temporales aquellos que trabajan en labores estacionales o de temporada, tales como zafras, cosechas, etc. por un término no superior a noventa jornadas en el años y además que tengan otra ocupción permanente no asegurada. Los trabajadores de las empresas temporales a que se refiere el Art. 11 son de actividad inmediatamente asegurada de acuerdo al Capítulo I.

Art. 24º Son trabajadores independientes los que sin sujeción a un patrono, trabajen por cuenta propia o presten directamente sus servicios al público, tales como los que ejercen una profesión liberal, los artesanos, choferes propietario, pequeños comerciantes o industriales y en general, quienes ejerzan oficios u ocupaciones en forma autónoma. Igualmente se consideran trabajadores independientes a los arrendatarios Sub– arrendatarios o usufructuarios de fondos agrícolas a los funcionarios público sin sueldo fijo, como los notarios de fe pública, jueces parroquiales, recaudadores, licitadores y otros que son pagados con sujeción a tarifas especiales, así como los miembros de las cooperativas de producción. (Rel. Arts. 11 y 12 CSS.: ver Art. 83 D.S. 22407 de 11–1–90)

 

CAPITULO III

PERSONAS NO PROTEGIDAS

Art. 25º No están sujetas al campo de aplicación del Código de Seguridad Social las siguientes personas:

Los que ejecutan trabajos ocasionales extraños a la actividad ordinaria del empleador, siempre que su duración no exceda de 15 días.

Las personas extranjeras empleadas por las agencias diplomáticas, consulares e internacionales que tienen su sede en Bolivia y que gocen de inmunidades y privilegios diplomáticos.

 

Las personas que trabajan en Bolivia y son aseguradas a los seguros de invalidez, vejez y muerte en una institución oficial extranjera, no serán sujetas a estos seguros en Bolivia pero debiendo estarlo para los demás regímenes de Seguridad Social. (Conc. Art. 10 CSS. Ver Art. 83 D.S. 22407 de 11–1–90)

 

TÍTULO III

SEGURO SOCIAL VOLUNTARIO (I)

Art. 26º Las personas no incorporadas obligatoriamente a la Seguridad Social transitoria o definitivamente individual o colectivamente, por efecto de los artículo anteriores podrán afiliarse a una de las Cajas de Seguridad Social existentes para los fines de los seguros de enfermedad maternidad, riesgos profesionales, invalidez, vejez y muerte, debiendo en este caso aportar la totalidad de las cotizaciones, tanto laboral como patronal y estatal, que prevén las disposiciones legales vigentes. (Conc. Art. 12 CSS. e incs I) y II) del Art. 29º del D.L. 14643 de 3–6–77

Ver Art. 83 D.S. 22407 de 11–1–90. R.A. 25 de 18–3–88 Art. 30 D.S. 22578

Art. 27Los trabajadores que cesaren es su trabajo sujeto al Seguro Obligatorio podrán solicitar a la Caja a la cual estuvieron afiliados la autorización de continuar voluntariamente asegurados a los seguors de enfermedad, maternidad, riesgos profesionales, invalidez, vejez y muerte, quedando en tal caso a su cargo la cotización tanto laboral como patroal y estatal.

Art. 28Para fines de los artículos anteriores los trabajadores podrán escoger una de las tres posibilidades siguietnes, dentro del régimen normal, no debiendo aplicarse las disposiciones del libro VII.

a) Seguro Social en su totalidad que comprende: todas las prestaciones indicadas en el art.3 del presente reglamento. La cotización total es del 34.2 por ciento

b) Seguros de enfermedad, maternidad y riesgos profesionales solamente: La cotización total es del 19.5 por ciento

c) Seguro de invalidez, vejez y muerte solamente: La cotización total es del 14.7 por ciento.

Art. 29La remuneración mensual sobre la cual deberán aportar las personas que se acojan a los beneficios del presente Capítulo no podrá ser inferior en ningún caso al salario tope a que se refiere em Art. 164 del Reglamento

Art. 30Las Cajas podrán asegurar mediante contratos de adhesión tipo refrendados-en cada caso-por el Ministro de Trabajo y Seguridad Social a grupos de trabajadores no incorporados obligatoriamente al campo de aplicación del Código, siempre que no se vulnere las disposiciones del presente Capítulo.

Art. 31Los beneficios de los regímenes de Asignaciones familiares y Vivienda Popular no pueden ser objeto de contratos voluntarios, individuales o colectivos

Art. 32Para los fines del presente reglamento los términos indicados a continuación significan:

a) Empleador.- La persona natural o jurídica a quien se presta el servicio o por cuya cuenta u orden se efectúa el trabajo mediante contrato individual o colectivo, público o privado, expreso o presunto de trabajo o de aprendizaje cualquiera sea la forma y modalidad de la remuneración. Asimismo, se consideran empleadores a las cooperativas en general en cuanto a sus asalariados y a los contratistas, subcontratistas e intermediarios en la explotación de empresas y negocios. Se cnsideran igualmente empleadores al Estado, sus organismos depentientes y a las instituciones de derecho público respecto a sus empleadores y obreros.

b) Asegurado.- El trabajador, sea obrero, empleado o aprendiz, inscrito en los registros de la Caja, que está sujeto al campo de aplicación del Código. Igualmente el rentista que cotiza para los seguros de enfermedad y maternidad

c) Beneficiarios.-Los miembros de la familia del asegurado protegidos por las disposiciones del Código

d) Rentistas.- La persona que está en goce de una renta mensual de riesgos profesionales, invalidez o vejez.

e) Derecho-habientes.- Los herederos del asegurado o del rentista a los que el Código reconoce derechos para la percepción de las rentas y demás beneficios previstos en caso de muerte.

f) Salario.- La remuneración total que percibe el trabajador, sea empleado, obrero o aprendiz, como retribución a su trabajo cualquiera sea la especie, forma y modalidad de pago.

Para efectos del Código se entiende igualmente por salario, las retribuciones por concepto de trabajo extraordinario, suplementarios o adestajo, comisiones sobre sueldos, gratificaciones, porcentajes, honorarios y bonos de producción, de frontera de antigüedad, de categorización, usufructo, uso y habitación, alimentación o cualquier otra remuneración accesoria, exceptuando únicamente el aguinaldo y la prima.

Los elementos que constituyen el salario para fines de cotización, serán los mismos que para los fines de prestaciones sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 164 de este Reglamento.

g) Cotización.- El aporte a los regímenes del Seguro Social Obligatorio, de Asignaciones Familiares y de Vivienda Popular para el financiamiento de dichos regímenes que corresponden al empleador, al asegurado y al Estado. Los términos de “Prima”, “Cotización”, “Tasa”, y “Contribución” usados en el Código y su reglamento son sinónimos.

h) Prestaciones.- os beneficios en dinero o en especie (sanitarios, alimentaciones y otros), otorgado por el Código y su Reglamento.

i) Subsidios.-Las Prestaciones periódicas reconocidas a los asegurados en los casos de incapacidad temporalpor enfermedad común, maternidad, accidente no profesional, accidente de trabajo enfermedad profesional y las acordadas por el régimen de Asignaciones Familiares.

j) Renta.- El pago mensual que recibe el rentista es sustitución a su salario perdido en el trabajo por causas de riesgos profesionales, invalidez o vejez o a la parte del salario perdido a consecuencia de riesgos profesionales, de conformidad con las condiciones del Código. Igualmente el pago mensual reconocido a los derecho-habientes en proporción a la renta que perciba o que hubiese correspondido al causante.

k) Tasación de Oficio.- La determinación por la Caja de las cotizaciones debidas por una empresa cuando ésta no remita las planillas respectivas. beneficios previstos en caso de muerte.

l) Caja.- La Caja Nacional de Seguridad Social, así como las demás instituciones de carácter público encargadas de la gestión y aplicación del Código de Seguridad Social y del presente Reglamento a sus respectivos afiliados.

m) Código.- El Código de Seguridad Social con las disposiciones legales complementarias y vigentes.

n) Comisión de prestaciones.- La Comisión de Prestaciones encargada de cada Caja del otorgamiento del derecho a percibir beneficios.

LIBRO II

PRESTACIONES DEL SEGURO OBLIGATORIO

TÍTULO I

PRESTACIONES DEL SEGURO DE ENFERMEDAD

CAPÍTULO I

PRESTACIONES EN ESPECIE

Art. 33º En caso de enfermedad reconocida por los servicios médicos de la caja, el asegurado y los beneficiarios tienen derecho a las prestaciones en especie que dichos servicios consideren indispensables para la curación o sea:

a) Asistencia médica general;

b) Asistencia médica especializada;

c) Intervenciones quirúrgicas;

d) Servicios dentales;

e) Suministros de medicamentos.

Estas prestaciones se otorgan en consultorios externos, a domicilio y hospitales, de acuerdo a las prescripciones de los servicios médicos de la caja.

Art. 34º Son beneficiarios, exclusivamente, los siguientes familiares a cargo del trabajador.

a) La esposa o la conviviente inscrita en los registros de la caja que viva en el hogar del asegurado y/o a sus expensas o el esposo inválido reconocido por la comisión de prestaciones de la misma;

b) Los hijos legítimos, los naturales reconocidos y los adoptivos, hasta los 16 años, o 19 si estudian en establecimientos autorizados por el Estado; o sin límite de edad si son declarados inválidos por la Comisión y de las Prestaciones de la Caja antes de cumplir las edades anteriormente indicadas;

c) El padre inválido reconocido por la Comisión de Prestación de la Caja y la madre viuda, divorciada o soltera o cuyo esposo no perciba ningún ingreso y que viva en el hogar del asegurado y a sus expensas.

d) Los hermanos, en las mismas condiciones de edad que los hijos, siempre que sean huérfanos o hijos de padres comprendidos en el inciso anterior, que no perciban rentas y que vivan en el hogar y a expensas del asegurado, previo informe legal, el otorgamiento de las prestaciones a personas diferentes de las indicadas en los incisos anteriores, así como la inclusión en el Carnet de Asegurdo de personas sin derecho, será sancionado de acuerdo al Título V del Libro VI del presente Reglamento.

Art. 35º El trabajador activo y asegurado y sus beneficiarios tendrán derecho a las prestaciones en especie del seguro de enfermedad bajo las siguientes condiciones:

a) El trabajador y sus beneficiarios deberán cumplir previamente el trámite de afiliación y estar inscritos en los rgistros de la Caja. Esta entregará como testimonio de la afiliación un “Carnet de Asegurado” en el cual serán inscritos los beneficiarios con derecho. El ingreso o salida de un beneficiario deberá ser declarado oportunamente por el asegurado a fin de no obstaculizar el otorgamiento de la prestación.

b) La presentación del Carnet de Asegurado es imprescindible y previa a toda prestación en especie. Los beneficiarios deben prestar además del Carnet de Asegurado su “Carnet de Beneficiario” extendido por la Caja o su Cédula de Identidad personal para la identificación como a los beneficiarios inscritos en el Carnet de Asegurados.

c) Acreditar con el Carnet de Asegurado debidamente sellados por el empleados en la casilla correspondiente, no menos de una cotización mensual en los dos meses inmediatamente anteriores al comienzo de las prestaciones a otorgarse al trabajador o a uno de sus beneficiarios.

 

Art. 36º Los trabajadores pasivos en goce de una renta de riesgos profesionales de invalidez, o vejez, así como los derecho–habientes en goce de una renta de sobrevivientes tendrán derecho a las prestaciones en especie del seguro de enfermedad, siempre que aporten con la contribución determinada en el Art. 235 y que presenten su Carnet de Rentista. Además del Carnet de Rentista, el beneficiario de una trabajador pasivo deberá presentar su Carnet de Beneficiario o su Cédula de Identidad personal para indentificarlo como al beneficiario inscrito en el Carnet de trabajador rentista. (Conc. Arts. 9 CSS y 17 REG. Rel Art. 131 CSS)

Art. 37º El trabajador cesante de una actividad sujeta al campo de aplicación del Código y sus beneficiarios tendrán derecho a ls prestaciones en especie del seguro de enfermedad, siempre que la afección se declare y sea constatada por los servicios médicos de la Caja en el lapso de dos meses a contar de la fecha del retiro del trabajador y que las demás condiciones del Art. 35º sean cumplidas. En éstos casos el Carnet de Asegurado será sellado por la Caja. (Conc. Art. 19 CSS. 13 D.L. 14643 de 3–6–77- Rel Art. 56 REG y 24 D.L. 13214 de 24–12–75)

Art. 38º El otorgamiento de las prestaciones en especie comienza a partir de la constatación de la enfermedad por los servicios médicos de la Caja. (Conc. Art. 15 CSS.: rel Art. 13 D.L. 13214 de 24–12–75)

Art. 39º Las prestaciones médicas serán concedidas por el máximo de 26 semanas para una misma enfermedad en un período de 12 meses consecutivos. En los casos en que se demuestre clínicamente que existe fundada posibilidad de recuperación del enfermo, la Comisión de Prestaciones de la Caja puede autorizar la ampliación de las prestaciones hasta un máximo de otras 26 semanas por una sola vez. Sin embargo cesará en cualquier momento el derecho a las prestaciones si el enfermo es declarado inválido.

Las recaídas o recidivas producidas en el plazo de 30 días se considerarán como continuación de la misma enfermedad para efecto del cómputo de los períodos previstos en el párrafo anterior. (Conc. Arts. 16 CSS. rel 16 y 17 del D.L. 10173 de 28–3–72-11 D.L. 14643 de 3–6–77 y 30 D.L. 13214 de 24–12–75)

Art. 40º La asistencia hospitalaria se concederá por un máximo de 26 semanas para una misma enfermedad en un período de 12 meses consecutivos.

En los casos que se demuestre clínicamente que existe fundada posibilidad de recuperación del enfermo la Comisión de Prestaciones de la Caja puede autorizar previo dictamen de los servicios médicos de la misma, caso por caso, la extensión de tratamiento hospitalario hasta un máximo de otra 26 semanas por una sola vez. (Conc. Art. 17 CSS)

Art. 41º La Caja no podrá internar en sus centros hospitalarios a aquellos enfermos que puedan recibir tratamiento a domicilio. Este tratamiento se efectuará solamente cuando la residencia del paciente se encuentre en el radio urbano de la localidad donde esté el Centro hospitalario al que le correspondería acudir y siempre que las condiciones higiénicas domiciliarias sean compatibles con la atención que debe prestarse. El asegurado o beneficiario que esté fuera del radio urbano se trasladará a su costa hasta el lugar de su hospitalización.

La Caja está prohibida de otorgar prestaciones sanitarias de cualquier clase en los lugares de trabajo, debiendo siempre hacerlo en sus Centros Asistenciales propios o contratados o a domicilio. (Rel Art. 17 al 27 D.L. 13214 de 24–12–75 y 31 CSS)

Art. 42º El asegurado y sus beneficiarios podrán ser internados en clínicas particulares previa autorización expresa de la Comisión de Prestaciones y siempre que el caso sea de comprobada necesidad. Para el efecto la Caja elaborará un Reglamento Interno y reconocerá solamente el costo que dicha atención hubiera tenido en sus propios centros sanitarios, de conformidad a las tarifas que establecerá para estos casos, corriendo por cuenta del paciente la diferencia que hubiere. (Conc. Art. 20 CSS)

Art. 43º Si la Caja no dispusiera en sus propios centros sanitarios de la atención especializada que requiera un trabajador asegurado la Comisión de Prestaciones podrá autorizar, previa y expresamente el tratamiento del enfermo en servicios sanitarios particulares nacionales, corriendo por cuenta de la Caja el costo total de la atención. Los beneficiarios solo podrán ser autorizados para su atención en centros ajenos a la Caja en la forma establecida por el artículo 42. (Conc. Art. 20 CSS. Ver LA. 18 de 6–10–82)

Art. 44º Con excepción de los casos previstos en los dos artículos anteriores se prohibe el internamiento de los asegurados y sus beneficiarios en clínicas particulares. (Rel. Art. 20 CSS)

Art. 45º La Caja no está autorizada a enviar por su cuenta enfermos al exterior de la República para su tratamiento, examen u otra atención de cualquier naturaleza, debiendo otorgar todas las prestaciones sanitarias en sus propios centros o en los servicios particulares instalados en la República. (Rel Art. 20 CSS)

Art. 46º Los trabajadores asegurados deberán ser atendidos en los centros sanitarios de la Administración Regional de la Caja del distrito en que trabaje. La Administración Regional únicamente en los casos en que no cuente con los servicios especializados que precise el asegurado, podrá autorizar su traslado a otra Administración Regional que tenga dichos servicios y en este caso, reconocerá solamente los gastos de pasajes del paciente, de acuerdo a la tarifas que establezca la Caja para el efecto y los subsidios de incapacidad temporal si le correspondieran. (Rel. Art. 17 D.L. 13214 de 24–12–75)

Art. 47º Los trabajadores asegurados que se encuentren transitoriamente en otro distrito donde existen centros sanitarios de la Caja, podrán ser atendidos en dichos centros siempre que cumplan con las condiciones del artículo 35 y presten la autorización expresa del Administrador Regional del lugar donde se encuentren.

Art. 48º Para recibir las prestaciones en especie los asegurados y sus beneficiarios deberán cumplir con las prescripciones sanitarias de los servicios médicos y de la Comisión de Prestaciones de la Caja. (Conc. Art. 21 CSS y 69 R. LGT)

Art. 49º El suministro de los medicamentos requeridos por el estado del enfermo procede mientras se le preste la asistencia médica general o especializada, quirúrgica y dental, en consultorios externos, a domicilio en hospitales. (Conc. Art. 18 CSS)

Art. 50º La Caja está en la obligación de mantener un stock de productos farmacéuticos suficientes para la atención de sus asegurados y de acuerdo a una lista de medicamento–vademécum que limite el número de los productos a lo necesario y permita sustituir ciertos específicos costosos con similares de menor precio pero de igual efecto terapéutico. (Rel. R.S. 171142 5–12–73 Modif. En parte por R.A. IBSS Nº 03–090–76 de 28–10–76.La Caja no podrá adquirir productos farmacéuticos en farmacias particulares debiendo hacerlo por importación directa, por compra a los representante de firmas extranjeras o adquisiciones directas a los laboratorios nacionales.

Rel DD.SS. Nº 07073 de 22–2–65. 09741 de 12–6–71 e inc. II) Art. D.L. 14643 de 3–6–77)

Se prohibe terminantemente la distribución de productos farmacéuticos por las farmacias de la Caja en envases comerciales, debiendo estar contenidos en envoltorios especiales de la institución. (Conc. Art. 18 in fine CSS)

Art. 51º El médico que presta la atención y la farmacia de la Caja podrá otorgar los medicamentos solamente cuando el servicio competente de admisión o de calificación del derecho en caso de atención a domicilio haya constatado el derecho del paciente a dicha prestación. Solamente los facultativos contratados por la Caja tienen derecho a prescribir los medicamentos necesarios. Se prohibe la copia o aceptación por cualquier medio de recetas de facultativos ajenos a la Caja.

En cada formulario de receta no se podrá prescribir más de dos productos. Las recetas serán elaboradas y deberán llevar el sello del facultativo de la Caja que las prescriba.

Para permitir una valoración inmediata de la receta por las farmacias de la Caja, el vademécum será completado con listas valoradas de los productos farmacéuticos. Los valores serán estables para cada ejercicio anual, conforme a los costos que tengan al ser comprados directamente en la plaza de origen. (Rel. Arts. 17 al 27 del D.L. 13214 de 24–12–75)

Art. 52º Los productos farmacéuticos prescritos por la Caja que no pudieran ser despachados en sus farmacias, podrán ser comprados por los asegurados en farmacias particulares, debiendo la Caja reembolsar el valor de la receta reconocido por ella.

Los valores de los productos farmacéuticos prescritos en las recetas de la Caja deberán ser aprobados periódicamente por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social mediante Resolución Ministerial.

Art. 53º La Caja está obligada a cumplir estrictamente con todas las prescripciones legales del Ministerio de Salud Pública en materia de estupefacientes y otros productos similares.

Art. 54º Los servicios médicos de la Caja están obligados a la organización inmediata de laboratorios clínicos, siendo prohibida la atención en laboratorios particulares.

Asimismo, deberá proceder a la organización de un laboratorio químico para la fabricación o envase de productos farmacéuticos de gran consumo.

Art. 55º Las prestaciones en especie del seguro de enfermedad no comprenden anteojos, dentaduras, ni otros aparatos de prótesis y ortopedia que pueden solamente ser otorgados al trabajador cuando la necesidad de su uso provenga de un accidente del trabajo o de una enfermedad profesional, previa calificación de la incapacidad por la Comisión de Prestaciones. (Modif. En parte. Por Art.10 D.L. 14643 de 3–6–77)

 

CAPÍTULO II

PRESTACIONES EN DINERO

Art. 56º En caso de que la enfermedad determine un estado de incapacidad para el trabajo, el asegurado tiene derecho a partir del cuarto día del reconocimiento de la incapacidad por los servicios médicos de la Caja, a un subsidio diario que se pagará mientras dure la asistencia sanitaria conforme a los períodos previstos en los artículos 39 y 40.

Para el derecho al subsidio de enfermedad se aplicarán las disposiciones del artículo 35.

En caso de retiro de un trabajador sujeto al seguro y cuando la enfermedad se produzca después de la cesantía, el asegurado tendrá derecho a las prestaciones en especie según el artículo 37 sin derecho a las prestaciones en dinero. (Conc. com arts. 36 CSS y 30 D.L. 13214 se 24–12–75

-Rel Arts. 49 REG., 15 y 16 D.L. 13214 de 24–12–75)

Art. 57º El subsidio de enfermedad es equivalente al 100 por ciento del salario mínimo nacional del trabajador que debe percibir dicho subsidio, más el 7º por ciento del excedente del salario de base sobre el salario mínimo nacional.

El salario mínimo nacional a que hace referencia el párrafo anterior es el fijado por el Poder Ejecutivo mediante Secreto Supremo.

El subsidio no podrá ser superior en ningún caso al salario neto percibido por el trabajador activo, o sea el 92,5 por ciento del salario de base calculado de acuerdo al artículo 58 y descontando el impuesto a la renta. (Modif. Por Art. 28 D.L. 13214 de 24–12–75)

Art. 58º A los efectos del artículo anterior se entenderá por salario base al salario mensual promedio de los últimos tres meses anteriores al mes en que se presente la enfermedad. Si el tiempo de cotización fuera inferior a tres meses el promedio será computado sobre los meses cotizados.

En cumplimiento del artículo 164 del Reglamento, el salario de base calculado según el párrafo anterior, será considerado en su totalidad hasta un límite máximo de Bs. 1000.-diarios o Bs 3000.- mensuales y en la proporción del 3 por ciento de la suma excedente. (Modif. Por Arts. 28 y 58 D.L. 13214 de 24–12–75)

Art. 59º En caso de hospitalización de un asegurado que no tenga familiares a su cargo el subsidio de enfermedad a pagarse será equivalente al 40 por ciento del subsidio calculado según los artículos 57 y 58. En caso de concurrir el cónyuge u otro familiar a su cargo, el subsidio se abonará en la cuantía del 60 por ciento. En caso de concurrir el cónyuge, hijos menores o mas de un familiar a su cargo, se pagará en la cuantía del 80 por ciento del subsidio calculado según los artículos 57 58.

En caso de hospitalización de un rentista se reducirá su renta en la proporción señalada en el párrafo anterior para los subsidios de incapacidad temporal. (Modif. Por Art. 28 D.L. 13214 de 24–12–75)

Art. 60º Los partes de baja otorgados por los médicos de la Caja deberán ser presentados al empleador por el trabajador u otra persona, en el término máximo de 24 horas de haberse practicado la consulta. En caso contrario perderá el salario o el subsidio por el tiempo de retraso.

El parte de baja deberá contener el día y la hora de la consulta. Se prohibe dar partes de baja y alta simultáneamente. El parte de alta, que contendrá la fecha de restitución del asegurado al trabajo, será otorgado en la última consulta de comprobación del estado de salud. (Rel Arts. 489 al 491 REG. 16 y 27 D.L. 13214 de 24–12–75)

 

CAPÍTULO III

MEDICINA PREVENTIVA

Art. 61º Por el volumen de asegurados y beneficiarios que tienen derecho a las prestaciones sanitarias los planes de Medicina Preventiva. Medicina Curativa Medicina de Rehabilitación y Recuperación y Medicina de Trabajo, se organizará en unidades sanitarias conexas y coordinadas, dentro de un programa general de salud pública. (Rel Arts. 39 D.L. 10173 de 28–3–72 y 11 D.L. 14643 de 3–6–77)

Art. 62º El programa nacional de medicina preventiva comprenderá:

a) Vacunaciones contra enfermedades transmisibles.

b) Servicios de higiene materno–infantil, para la protección de la madre y del niño en las diferentes etapas de la vida.

c) Control de la tuberculosis, por medio de catastros tuberculinos y radiológicos para despistar la enfermedad en su iniciación.

d) Control de enfermedades venéreas, especialmente sifilis.

e) Control de cáncer en los consultorios de diagnóstico del cáncer y despistaje de esta enfermedad en las consultas regulares de policonsultorio.

f) Normas de higiene industrial, para la protección del elemento trabajador asegurado en el lugar del trabajo e higiene ambiental en su propia vivienda.

g) Servicios de higiene dental, profiláctica, par la prevención de las caries dentarias.

Un reglamento interno aprobado por el Consejo de Salubridad de la Caja, será introducido en el lapso de 180 días de la fecha de aplicación del presente Reglamento, debiendo especificarse las fechas de aplicación de cada uno de los programas, las extensión geográfica, el perñiodo de repetición y las condiciones de ejecución. (Conc. Art. 22 CSS)

Art. 63º Una vez que el programa general de Medicina Preventiva de la Caja esté en aplicación, el derecho a las prestaciones de medicina curativas estará sujeto al cumplimiento de las prescripciones de dicho programa. El Reglamento interno a que se refiere el artículo anterior especificará claramente esta obligación de los asegurados y de sus beneficiarios. (Rel. Art. 22 CSS)

Art. 64º Los servicios de Medicina Preventiva de la Caja mantendrán estrecha relación con los servicios de Salud Pública del país dependientes de otras instituciones, con el objetivo de conseguir el resultado más efectivo de la salud de los trabajadores. (Rel Art. 22 CSS)

 

TÍTULO II

PRESTACIONES DEL SEGURO DE MATERNIDAD

CAPÍTULO I

PRESTACIONES EN ESPECIE

Art. 65º La asegurada y la esposa o conviviente del asegurado tienen derecho en los períodos de gestación, parto y puerperio, a la necesaria asistencia médica quirúrgica, hospitalaria y al suministro de los medicamentos que requiera el estado de la paciente. (Conc. Arts. 23 y 24 CSS rel. Ley de 6–12–1949)

Art. 66º La trabajadora asegurada y la esposa o conviviente del trabajador asegurado tienen derecho a las prestaciones en especie del seguro de maternidad, bajo las siguientes condiciones:

a) Estar inscrita en los registros de la Caja, la que como testimonio de su afiliación entregará a la trabajadora un carnet de asegurada o un carnet de beneficiaria a la esposa o conviviente del trabajador. (Rel Arts. 6 y 7 D.L. 13214 de 24–12–75 y Arto 8 D.L. 14643 de 3–6–77)

 

b) Presentación del carnet de asegurado. Debidamente sellado por el empleador en la casilla correspondiente. La esposa o conviviente deberá presentar, además del carnet de asegurado, su carnet de beneficiaria o su cédula de identidad personal que acredite ser la esposa o conviviente inscrita en el carnet del asegurado. (Rel Art. 15 D.L. 13214 de 24–12–75)

c) Acreditar no menos de seis cotizaciones mensuales en los doce meses inmediatamente anteriores al mes que se presume la realización del parto. (Modif. Por Art. 12 D.L. 14643 de 3–6–77)

El médico o la matrona que atiende a la paciente deberá dar aviso abligatoriamente a la Administración del Centro Sanitario correspondiente de la fecha probable del parto para los fines de control.

Art. 67º La asegurada en goce de renta, así como la esposa o conviviente de un rentista, tendrá derecho a las prestaciones en especie del seguro de maternidad, siempre que aporte con la cotización establecida en el artículo 235 y que presente el carnet de rentista. Además del carnet de rentista, la esposa o conviviente de un trabajador pasivo deberá presentar su carnet de beneficiaria o su cédula de identidad personal que acredite ser la beneficiaria, inscrita en el carnet de rentista. La ciudad en goce de renta de viudedad tendrá derecho a las prestaciones del Seguro de Maternidad sólo hasta 3 días después del fallecimiento de su esposo, estando obligada al cumplimiento de los requisitos señalados. (Rel Art. 15 D.L. 13214 de 24–12–75 y 12 D.L. 14643 de 3–6–77)

Art. 68º La trabajadora cesante de una actividad sujeta al campo de aplicación del Código, así como la esposa o conviviente de un trabajador cesante, tendrá derecho a las prestaciones en especie del seguro de maternidad, siempre que los servicios médicos de la Caja constaten el estado de gravidez en el lapso de dos meses a contar de la fecha del retiro del trabajador y que las demás condiciones establecidas en el artículo 66 sean llenadas. En estos casos el carnet de asegurado del trabajador será sellado por la Caja. (Conc. Art. 26 CSS y Art. 25 D.L. 13214 de 24–12–75-Ver. R.A. 17 de 28–5–86)

Art. 69º La asistencia del parto se hará a domicilio o en un centro de maternidad de la Caja, de acuerdo a un Reglamento interno a establecerse por el Consejo de Salubridad de la Caja, teniendo en cuenta los factores de índole médica y social. La atención estará siempre bajo la dirección de un médico o de una matrona titulada.

Art. 70º La asistencia sanitaria procede a partir de la fecha de constatación del estado de gravidez por parte de los servicios médicos de la Caja, hasta un máximo de seis semanas después del parto. (Conc. Art. 24 CSS. rel Art. 27 D.L. 13214 de 24–12–75)

Art. 71º Sólo procederá el aborto por prescripción médica, cuando el Consejo de Salubridad de la Caja. (Rel. Art. 25 CSS)

Art. 72º Los servicios médicos de la Caja en conocimiento de un caso de aborto provocado sin prescripción médica, tienen la obligación de denunciarlo al Ministerio Público bajo responsabilidad penal, sin perjuicio de otorgar las prestaciones sanitarias indispensables que correrán por cuenta de la paciente. (Rel. Art. 25 CSS)

Art. 73º Las demás previsiones contenidas en el Capítulo I del Título I, sobre prestaciones en Especie del Seguro de Enfermedad, se aplicarán por analogía al presente capítulo.

 

CAPÍTULO II

PRESTACIONES EN DINERO

Art. 74º La asegurada tiene derecho, siempre que cese de todo trabajo remunerado y se sujete a las prescripciones sanitarias de los servicios médicos de la Caja, a un subsidio de maternidad pagadero por un período máximo de seis semanas inmediatamente antes y seis semanas después del parto, siempre que se cumplan las condiciones de cotizaciones señaladas en el artículo 66.(Conc. Art. 37 CSS y 31 D.L. 13214 de 24–12–75)

Art. 75º El subsidio de maternidad es equivalente al 100 por ciento del salario mínimo nacional de la trabajadora que debe percibir dicho subsidio mas el 70 por ciento del excedente del salario de base sobre el salario mínimo nacional.

El salario mínimo nacional a que hace referencia el párrafo anterior es el fijado por el Poder Ejecutivo mediante Decreto Supremo.

El subsidio no podrá ser superior en ningún caso al salario neto percibido por la trabajadora activa, o sea al 92.5 por ciento del salario de base calculado de acuerdo al artículo 76 y descontado el impuesto a la renta. (Modif. Por Art. 28 D.L. 13214 de 24–12–75. Rel. Arts. 16 y 27 del mismo Decreto)

Art. 76º A los efectos del artículo anterior se entenderá por salario de base el salario mensual promedio de los últimos tres meses anteriores al mes en que la asegurada se retiró de la empresa por incapacidad temporal proveniente de su astado de gravidez. El salario de base será considerado en su totalidad hasta un límite máximo de Bs. 10.000.- diarios o de Bs. 300.000.- mensuales y en la proporción del 30 por ciento de la suma excedente. (Modif. Por Arts. 28 y 58 D.L. 13214 de 24–12–75)

Art. 77º En caso de internamiento de una trabajadora en un centro sanitario el subsidio de maternidad será equivalente al 40 por ciento del subsidio calculado según los artículos anteriores. En caso de concurrir al cónyuge u otro familiar a su cargo, el subsidio.

Se abonará en la cuantía del 60 por ciento. En caso de concurrir el cónyuge hijos menores o más de un familiar a su cargo se pagará en la cuantía del 80 por ciento dePRESTACIONES POR ACCIDENTES NO PROFESIONALES. Arts.78-80l subsidio calculado según los artículos anteriores. (Modif. Por Art. 28 D.L.13214 de 24–12–75)

 

TÍTULO III

PRESTACIONES POR ACCIDENTES NO PROFESIONALES

Art. 78º Se entiende por accidente no profesional toda lesión orgánica o trastorno funcional producido por la acción súbita y violenta de una causa externa que no sea consecuencia del trabajo y que determine disminución o pérdida de la capacidad de trabajo y de ganancia o muerte del asegurado. Quedan excluidas las emergencias de los riesgos extraordinarios. (Rel. Arts. 21 CSS y 161 y 162 REG)

Art. 79º Las prestaciones en especie serán otorgadas por la Caja a los trabajadores asegurados y a sus beneficiarios de acuerdo a las condiciones y modalidades señaladas para las prestaciones en especie del seguro de enfermedad, Capítulo I. Título I del presente Libro.

Las prestaciones en dinero, consistentes en el subsidio de incapacidad temporal, serán otorgadas al trabajador asegurado de acuerdo a las condiciones y modalidades señaladas para las prestaciones en dinero del seguro de enfermedad, Capítulo II. Título I del presente Libro.

Art. 80º No están asegurados los accidentes no profesionales provenientes de riesgos extraordinarios a los cuales se expongan el trabajador o sus beneficiarios.

Se entiende por riesgos extraordinarios:

a) El uso de motocicletas, sea como conductor o pasajero.

b) La utilización de aviones que no efectúen un servicio público, los vuelos en aviones sin motor.

c) El servicio militar en el extranjero.

d) La participación en peleas, riñas y combates entre dos o más personas, a menos que el asegurado demuestre no haber intervenido primeramente en la riña o que ya ha sido atacado por los participantes o resulte herido socorriendo a otra persona.

e) Los peligros a los cuales se exponga el asegurado provocando violentamente a otras personas.

f) La resistencia a los agentes encargados de velar el orden público. La participación y la presencia voluntaria en asambleas o reuniones prohibidas por las autoridades.

g) Los hechos delictuosos cometidos por el asegurado o sus beneficiarios.

h) La exposición voluntaria a un peligro particularmente grave que pueda resultar, ya sea del acto mismo del asegurado, de la manera de realizar la acción, de las circunstancias concomitantes o de la situación social del asegurado, de la manera de realizar la acción, de las circunstancias concomitantes o de las situación social del asegurado.

Están aseguradas las consecuencias de actos de auxilio o de socorro de personas, aunque caigan bajo lo previsto en los incisos anteriores. (Modif. Por Art. 7 D.L. 14643 de 3–6–77 rel. Arts. 210 CSS. y 161 REG)

 

TÍTULO IV

PRESTACIONES DEL SEGURO DE INVALIDEZ

Art. 81º El asegurado o la asegurada que después de su tratamiento por enfermedad común, maternidad o accidente no profesional fuera declarado inválido por la Comisión de prestaciones de la Caja, con una incapacidad permanente para el trabajo en un grado superior al 6º por ciento cuya determinación se hará en base al procedimiento de evaluación, que constituye el Anexo Nº 7 del Reglamento, tiene derecho a una renta de invalidez, siempre que sean llenadas las condiciones de cotizaciones previstas en el artículo siguiente. (Modif. Por Art. 34 D.L. 13214 24–12–75. Ver. R.A. 54 de 27–7–89)

Art. 82º Tiene derecho a la renta de invalidez el asegurado que se invalide después de haber acreditado un mínimo de 6º cotizaciones mensuales, de las cuales no menos de 18 estén comprendidas en los últimos 36 meses de calendario anteriores al reconocimiento de la invalidez, siempre que no hubiera cumplido los requisitos señalados en el artículo 87º para la renta de vejez. Si el asegurado declarado inválido tuviere la edad y las condiciones par la renta de vejez se acogerá a esta. (Con. Arts. 42 CSS y 33 D.L. 13214 de 24–12–75)

La renta de invalidez será pagada a fin de cada mes, a partir del mes siguiente al del reconocimiento del derecho por la Comisión de Prestaciones de la Caja y siempre que no hubiere cumplido los requisitos señalados en el artículo 87º para la renta de vejez. Si el asegurado declarado inválido tuviere la edad y las condiciones para la renta de vejez se acogerá a esta. (Conc. Arts. 42 CSS y 33 D.L. 13214 de 24–12–75)

 

La renta de invalidez será pagada a fin de cada mes, a partir del mes siguiente al del reconocimiento del derecho por la Comisión de Prestaciones de la caja y siempre que el interesado haya cesado en su trabajo y haya cumplido con todos los requisitos legales establecidos. (Rel. Art. 499 REG. E inc. III) Art. 16 D.L. 14643 de 3–6–77, ver R.A. 7 de 4–2–83)

Art. 83º Al asegurado que sea declarado inválido, sin cumplir las condiciones requeridas en el artículo anterior para el derecho a la renta de invalidez., pero que tuviere acreditadas cuando menos 24 cotizaciones mensuales. 6 de las cuales estén comprendidas en los últimos doce meses de calendario anteriores al comienzo de la invalidez se le concederá, en sustitución de la renta, una indemnización pagadera en una sola vez. (Conc. Art. 44 CSS rel inc. II Art. 34 D.L. 14643 de 3–6–77)

Art. 84º El monto de la renta de invalidez a que se refiere el artículo 82, es equivalente al 5º por ciento del salario de base más un incremento de uno por ciento del salario de base por cada 12 meses de cotizaciones que exceden de 18º mensualidades. (Modif. Por Art. 37 D.L. 13214 24–12–75.que se complementa con el Art. 36 D.L. 14643 de 3–6–77)

Art. 85º Para los efectos del artículo anterior se entenderá como salario de base el salario mensual promedio de los últimos doce meses anteriores a la fecha de pago de la última cotización. Los periodos de incapacidad temporal debidos a enfermedad, maternidad o riesgos profesionales hasta un máximo de 26 semanas, seán descontados de los 12 meses para fines del cómputo del promedio.

El salario de base mensual calculado según el párrafo anterior será considerado en su totalidad hasta un límite máximos de Bs. 300.000.- mensuales y en la proporción del 30 por ciento por la suma excedente. (Modif. Por Art. 19 D.L. 14643 de 3–6–77)

Art. 86º El monto de la indemnización pagadera en una sola vez conforme al artículo 83 es equivalente por cada seis meses o fracción de cotizaciones a una mensualidad de la renta de invalidez que es igual al 50 por ciento del salario de base calculado según el artículo anterior. (Modif. En parte. Por Art. 37 D.L. 13214 de 24–12–75)

 

TÍTULO V

PRESTACIONES DEL SEGURO DE VEJEZ

Art. 87º El asegurado que hubiere cumplido las edades de 55 años si es hombre o de 50 años si en mujer y que hubiere acreditado no menos de 180 cotizaciones mensuales, tiene derecho a una renta de vejez pagadera a fin de cada mes, a partir del mes siguiente al del reconocimiento del derecho por la Caja, siempre que el interesado haya cesado en todo trabajo asegurado y haya cumplido con todos los requisitos legales establecidos. (Conc. Art. 45 CSS y 36 D.L. 13214 de 24–12–75-Ver. Art. 17 D.L. 14643 de 3–6–77.R.A. 54 de 27–7–89. R.A. 113 de 21–12–88

 

Art. 88º Al asegurado que llegare a las edades señaladas en el artículo 87 sin haber cumplido el mínimo de 18º cotizaciones mensuales y que no continuare en los seguros de invalidez, vejez y muerte, pero que tuviere acreditados cuando menos 24 cotizaciones mensuales seis de las cuales estén comprendidas en los últimos 12 meses de calendario anteriores a su retiro del trabajo, se le concederá en sustitución de la renta una indemnización pagadera en una sola vez. (Conc. Art. 47 CSS. rel inc. II) Art. 34 D.L. 14643 de 3–6–77)

Art. 89º El monto de la renta de vejez a que se refiere el artículo 87, es equivalente al 50 por ciento del salario de base mas un incremento del uno por ciento del salario de base por cada 12 meses de cotizaciones que excedan de 18º cotizaciones mensuales.

El salario de base será determinado de conformidad con el artículo 85. (Modif. Por Art. 37 D.L. 13214 24–12–75 que se complementa con Art. 36 D.L. 14643 de 3–6–77.- Ver. Art.4 D.S. 17932 de 9–1–81 ver. R.A. 7 de 4–2–83)

Art. 90º El monto de la indemnización pagadera en una sola vez, conforme al artículo 88º es equivalente por cada seis meses o fracción de cotizaciones a una mensualidad de la renta de vejez que es igual al 5 por ciento del salario de base calculado según el artículo 85. (Modif. en parte, por Arts. 37 D.L. 13214 de 24–12–75 y 19 D.L. 14643 de 3–6–77)

Art. 91º Teniendo en cuenta el carácter insalubre y penoso del trabajo en el interior de las minas, se reconoce una reducción en la edad de vejez prevista por el artículo 87º igual al tiempo de servicios prestados en tales labores, manteniéndose la condición de un mínimo de 18 cotizaciones mensuales.

La reducción de la edad de vejez a que se refiere el párrafo anterior, no podrá exceder de la edad mínima absoluta de 50 años para hombre y de 45 para mujeres. (Conc. Art. 46 CSS)

Art. 92º La inclusión de otras actividades insalubres y penosas a los beneficios señalados en el artículo anterior se determinará, caso por caso, por Decreto Supremo expreso en base a los resultados de un estudio técnico y financiero a presentarse para el efecto por la Caja interesada. (Rel Art. 46 CSS e inc. d) Art. 295 CSS)

Art. 93º En caso de cesantía prolongada e involuntaria de un trabajador que tenga edad inferior a la señaladas en el artículo 87º podrá acogerse a una renta de vejez, siempre que las demás condiciones el artículo 87 sean llenadas y que tenga por lo menos las edades mínimas absolutas de 5º años cumplidos si es hombre o de 45 años cumplidos si es mujer.

 

El monto de la renta calculada según los artículos 87º y 88 será reducido en un ocho por ciento por cada año de disminución de la edad hasta llegar a las edades mínimas absolutas indicadas en el párrafo anterior. (Ver. R.A. 89 de 27–9–88)

Art. 94º El trabajador que habiendo cumplido con las condiciones del artículo 87 aplace su derecho al goce de una renta de vejez al continuar trabajando, tendrá derecho a una renta de vejez cuyo monto se determina considerando un procentaje del salario de base incrementado.

En dos por ciento por cada 12 meses de cotizaciones que se efectúen después de haber cumplido las condiciones del artículo 87º, para el hombre y la mujer.

En tres por ciento por cada 12 meses de cotizaciones que se efectúen después de haber cumplido las edades de 6 años para el hombre o para la mujer.

En cuatro por ciento por cada 12 meses de cotizaciones que se efectúen después de haver cumplido las edades de 65 años para el hombre o para la mujer.

Los incrementos a que se refieren los incisos a), b) y c) se aplicarán solamente una vez cumplida la condición de 18 cotizaciones mensuales. En ningún caso el mosto de la renta de vejez o jubilación podrá ser superior al 90 por ciento del salario base.

Esta disposición no se aplicará a los trabajadores en goce de rentas de vejez o jubilación a la fecha de la promulgación del presente Reglamento. (Modif. por Art. 37 in fine D.L. 13214 de 24–12–75 y para el régimen complementario Art. 36 D.L. 14643 de 3–6–77)

Art. 95º El asegurado en goce de una renta de invalidez o vejez otorgada de acuerdo al Código que vuelva a trabajar en una ocupación asegurada, tiene derecho a una mejora de su renta al tiempo de volver a cesar en su nuevo trabajo, siempre que éste no hubiere sido inferior a dos años y hubiere renunciado a la renta de la cual estaba en goce en forma expresa entre la Caja, manifestando su intención de acogerse a los beneficios del presente artículo.

En este caso podrá de acuerdo a sus conveniencia, pedir un reajuste que contemple su nuevo salario de base o un reajuste de acuerdo a lo dispuesto en el artículo anterior.

Se aclara que todo rentista que trabaje como activo está obligado tanto como su empleador, el aporte de la cotizaciones de acuerdo al Código. (Ver R.A. 18 de 16–12–81

R.A. 89 de 27–9–88-R.A. 59 de 27–10–86-R.A. 8 de 19–1–89-R.A. 113 de 21–12–88)

Art. 96º Las personas en goce de una renta de vejez o jubilación que tienen edades desde 55 años cumplidos hasta 65 años si es hombre o desde 50 años cumplidos hasta 65 años si es mujer, que trabajen en empresas o instituciones incluidas al campo de aplicación de la Seguridad Social o en actividades independientes percibiendo un remuneración o ganancia, tendrán una disminución o suspensión de la renta de que gocen mientras realicen dicho trabajo y en relación al monto de esta ganancia. Se establece la escala siguiente de reducciones.

a) Si el monto de la remuneración o ganancia es inferior a la mitad del salario mínimo nacional que le correspondería, no hay reducción de la renta.

b) Si el monto de la remuneración o ganancia es igual o superior a dos veces el salario mínimo nacional que le correspondería, la renta es suspendida.

c) Si el monto de la remuneración o ganancia está comprendida entre la mitad y dos veces el salario mínimo nacional que le correspondería, la renta será proporcionalmente reducida.

La personas cuyas rentas fueren suspendidas por efecto del inciso b) podrán beneficiarse de lo dispuesto por el artículo 94 del presente Reglamento.

Las personas en goce de jubilaciones con edades inferiores a 55 años si es hombre o 50 años si es mujer, están sometidos a lo determinado en el presente artículo.

No se aplicará lo dispuesto en el presente artículo a las personas que estuvieren trabajando y percibiendo una ganancia, después de haber cumplido las edades de 65 años si es hombre o 62 años si es mujer. (Ver R.A, 59 de 27–10–86)

 

TÍTULO VI

PRESTACIONES DEL SEGURO DE MUERTE

Art. 97º En caso de que fallezca un asegurado en actividad de trabajo o en goce de subsidios de incapacidad temporal, de renta de incapacidad permanente total o parcial, de renta de invalidez o vejez, la Caja pagará rentas o indemnizaciones pagadera en una sola vez a sus derecho–habientes y las prestaciones para funerales de acuerdo a los siguientes artículos. (Rel. Art. 18 CSS. 97 REG. 38 y 48 D.L. 13214 de 24–12–75)

 

CAPÍTULO I

DE LAS RENTAS DE DERECHO HABIENTES

 

Condiciones Generales

Art. 98º Los derecho–habientes de un trabajador fallecido tendrán derecho a rentas de viudedad, orfandad, de padre, madre o hermanos, respectivamente, siempre que el trabajador a la fecha del fallecimiento, hubiese acreditado un mínimo de 60 cotizaciones mensuales, de las cuales no menos de 18 estén comprendidas en los últimos 36 meses de calendario anteriores a dicha fecha y que sean llenadas las demás condiciones establecidas en los artículos 102º, 107º y 109.

 

Sin embargo una vez que el asegurado hubiere acreditado 18º cotizaciones mensuales, el derecho a dejar rentas en caso de muerte subsistirá en cualquier momento, sin que se requiera el cumplimiento de la condición de 18 cotizaciones mensuales en los últimos 36 meses anteriores al fallecimiento.

Las rentas de derecho–habientes se pagarán a fin de cada mes a partir del mes siguiente al del reconocimiento del derecho por la Comisión de Prestaciones de la Caja. (Conc. Art. 49 CSS. y 38 D.L. 13214 de 24–12–75.-Ver R.A. 7 de 4–2–83)

Art. 99º La cuantía total de las rentas concedidas a los derecho–habientes en caso de muerte del causante por cualquier causa no podrá ser superior a la renta de incapacidad permante total, invalidez o vejez, en curso de pago o la que hubiere correspondido al asegurado a la fecha de su fallecimiento. (Conc. Art. 75 CSS y 41 D.L. 13214 de 24–12–75)

Art. 100º Si la cuantía total de las rentas de viudedad y orfandad sobrepasa el 100 por ciento de la renta que hubiere correspondido al causante, se procederá las reducciones proporcionales de cada una de ellas hasta dicho máximo. Al cese de pago de una de estas rentas por cualquier causa, se procederá a recalcular la nueva renta debida a cada uno de los demás interesados dentro del límite de sus derechos. (Modif. en parte por inc. II) Art. 14 D.L. 14643 de 3–6–77)

Art. 101º Los padres y hermanos ejercitárán sus derechos sobre la diferencia entre la renta de incapacidad permanente total, invalidez o vejez del causante o la que le hubiere correspondido a la fecha de su fallecimiento y la cuantía total de las rentas de viudedad y orfandad. Además, la totalidad de las rentas del padre, madre y hermanos ni puede exceder del 30 por ciento de la renta que le hubiere correspondido al causante.

Si la cuantía total del las rentas de padres y hermanos sobrepasa uno de los límites indicados en el párrafo anterior se procederá a la reducción proporcional de cada una de ellas, hasta dicho máximo. Al cese de pago de una renta a estos derecho–habientes por cualquier causa, se procederá a recalcular la renta debida a cada uno de los demás interesados hasta el límite de sus derechos. (Conc. Art. 76 CSS. 103 B) Rentas de Viudedad)

Art. 102º La renta de viudedad se pagará en las condiciones siguientes:

Con carácter vitalicio, si la viuda ha cumplido la edad de vejez que para la mujer señala el artículo 87º o es reconocida inválida por la Comisión de Prestaciones de la Caja a la fecha del fallecimiento del causante.

 

Con caránter transitorio, durante un período de cinco años, si la viuda tiene hijos con derecho a rentas de orfandad y no corren las condiciones del inciso a). Sin embargo, si estas condiciones se realizan en el curso del período antes mencionado la renta se convertirá en vitalicia.

En forma de pago global si la viuda no tiene hijos y no concurren las condiciones previstas en el inciso a)

Se reconocerá una renta vitalicia al viudo que hubiera cumplido la edad de vejez que para el hombre señala el artículo 87 o si por causa de invalidez hubiere vivido a expensas de la asegurada. (Modif. por Art. 39 D.L. 13214 de 2412–75 que se complementa con el Art. 14 D.L. 14643 de 3–6–77, ver R.A. 90 de 3–10–89)

Art. 103º La renta de viudedad se pagará en las condiciones previstas en el artículo anterior a la esposa o a falta de ésta a la conviviente que hubiese estado inscrita como tal en los registros de la caja, por lo menos un año antes de la fecha del fallecimiento del causante, siempre que no hubiese existido impedimento legal para contraer matrimonio y que la vida en común se hubiese iniciado dos o mas años antes del deceso. (Conc. Art. 52 CSS)

Art. 104º El monto de la renta de viudedad es equivalente al 40 por ciento de la renta a que el causante hubiera tenido derecho en caso de incapacidad permanente total, invalidez o vejez o de la que le hubiera correspondido a la fecha de su fallecimiento, pudiendo disminuir dicho porcentaje cuando concurran las circunstancias señaladas en los artículos 99 y 100. (Conc. Art. 72 CSS. y 39 D.L. 13214 de 24–12–75: ver Art. 16 D.S. 22578 de 13–8–90)

Art. 105º La indemnización global por viudedad de acuerdo con el inciso c) del artículo 102, es equivalente:

a) A 18 mensualidades de renta, si la ciudad tiene menos de 35 años a la fecha del fallecimiento del causante.

b) A 24 mensualidades de renta, si la viuda tiene de 35 a 50 años a la fecha del fallecimiento del causante. (Modif. por Art. 39 D.L. 13214 de 24–12–75 y Art. 14 D.L. 14643 de 3–6–77)

Art. 106º La derecho–habiente en goce de una renta vitalicia de viudedad que contraiga matrimonio o mantenga relación concubinaria, tendrá derecho a un pago global equivalente a 12 mensualidades de renta, siempre que haga conocer este hecho a la Caja, La renta de viudedad en curso de pago cesará en caso de nuevas nupcias o de vida en concubinato.

Asimismo, la renta de viudedad cesará en cualquier momento en caso de recuperación de la capacidad para el trabajo. Se presume existir concubinato en caso de nacimiento de un hijo después de 300 días de la muerte del causante. (Modif. por Art. 39 D.L. 13214 de 24–12–75 y Art. 14 D.L. 14643 de 3–6–77)

 

Rentas de Orfandad.

Art. 107º Tienen derecho a una renta de orfandad cada uno de los hijos menores de 16 años de edad o de 19 años si siguen estudios en establecimientos autorizados por el Estado o bien sin límite de edad, en caso de ser reconocidos inválidos por la Comisión de Prestaciones de la Caja y siempre que la invalidez hubiera sobrevenido antes de las edades señaladas.

En todos los casos la renta de orfandad cesará desde el momento en que el hijo contraiga matrimonio. (Conc. Art. 53 CSS. modif. en parte por Art. 40 D.L. 13214 de 24–12–75 que se complemente con Art. 15 D.L. 14643 de 3–6–77)

Art. 108º El monto de la renta para cada huérfano es equivalente al 20 por ciento de la renta que hubiera correspondido al causante en caso de incapacidad permanente total, invalidez, vejez o de la que le hubiera correspondido a la fecha de su fallecimiento.

En caso de que no haya viuda o haya cesado el pago de la renta de viudedad, el 80 por ciento del monto de esta renta se distribuirá entre los hijos derecho–habientes.

Dichos porcentajes podrán variar siempre que concurran las circunstancias señaladas en los artículos 99 y 100. (Modif. en parte, por inc. II) Art. 14 D.L. 14643 de 3–6–77 ver: 17 D.S. 22578 de 13–8–90 D) Rentas de Padres y Hermanos)

Art. 109º Tienen derecho a rentas los padres y hermanos que hubiesen vivido a expensas del causante y cumplan las condiciones del artículo 101 y las siguientes.

a) La madre del causante que hubiese cumplido la edad de vejez que para la mujer determina el artículo 87 o bien que sea invalida reconocidas por la Comisión de Prestaciones de la Caja en la fecha del fallecimiento de su hijo.

b) El padre del causante que hubiese cumplido la edad de vejez que para el hombre determina el artículo 87 o bien que sea invalido reconocido por la Comisión de prestaciones de la Caja en la fecha del fallecimiento de su hijo.

c) Los hermanos del causante que hubieran vivido en su hogar, que tengan edades inferiores a 16 o 19 años si siguen estudios en establecimientos autorizados por el Estado o bien sin límite de edad en caso de ser reconocidos inválidos por la Comisión de Prestaciones de la Caja y siempre que la invalidez hubiese sobrevenido antes de las edades señaladas.

Las rentas a que se refieren los tres incisos que anteceden cesarán en cualquier momento cuando la Caja compruebe que los titulares de dichas rentas tengan condiciones económicas suficientes o hubieran recuperado su capacidad para el trabajo. (Conc. Art. 54 CSS. modif. en parte, por parte por Art. 42 D.L. 13214 de 24–12–75.: Ver Art. 49 de este mismo Decreto)

Art. 110º El monto de la renta de la madre o del padre es equivalente al 25 por ciento para cada uno y el monto de la renta de cada hermano con derecho es equivalente al 10 por ciento de la renta que le hubiera correspondido al causante por incapacidad permanente total, invalidez o vejez o de la que hubiera correspondido a la fecha de su fallecimiento. Estas rentas procederán siempre que concurran las condiciones del artículo 101. (Modif. en parte por Art. 42 D.L. 13214 de 24–12–75)

 

CAPÍTULO II

DE LAS INDEMINIZACIONES PAGADERAS EN UNA SOLA VEZ

Art. 111º Los derecho–habientes del asegurado que falleciere sin haber cumplido las condiciones de cotizaciones exigidas en el artículo 98º para dejar derecho a rentas en caso de muerte, pero tuviere acreditadas cuando menos 24 cotizaciones mensuales, seis de las cuales estén comprendidas en los últimos doce meses de calendario anteriores al fallecimiento tendrán derecho a recibir en sustitución de una renta, indemnizaciones pagaderas en una sola vez cuyos montos se indican en el artículo 112. (Conc. Art. 5 rel Art. 506 REG. E inc II Art. 34 D.L. 14643 de3–6–77)

Art. 112º El monto de la indemnización pagadera un una sola vez a un derecho habiente de acuerdo al artículo anterior, es equivalente por cada seis meses o fracción de cotizaciones efectuadas por el asegurado a una mensualidad de la renta que hubiera correspondido al derecho–habiente respectivo, de acuerdo a los artículos 102º al 110º, si las condiciones mínimas del artículo 98º hubiesen sido satisfechas y calculadas en base a una renta del causante equivalente al 50 por ciento del salario de base determinado según el artículo 85. (Modif. en parte, por Art. 37 D.L. 13214 de 24–12–75 y Art. 19 D.L. 14643 de 3–6–77)

 

CAPÍTULO III

DE LAS PRESTACIONES DE FUNERALES

Art. 113º Las prestaciones para funerales por la muerte del asegurado o de su cónyuge a que se refiere el artículo 97, se pagarán a los derecho–habientes en el siguiente orden de prelación. A la viuda o conviviente, al viudo, a los hijos.

En caso de no existir viuda o hijos o de no haber ellos pagado los gastos de funerales, a la persona que demuestre haber sufragado tales gastos.

A falta de personas con derecho según los incisos anteriores, la Caja correrá con los gastos de funerales hasta el límite establecido en el artículo 114. (Conc. Art. 6 CSS. rel inc. II) Art. 2 D.L. 14643 de 306077)

 

Art. 114º Las prestaciones para funerales son iguales:

a) En caso de muerte por cualquier causa de un asegurado, a dos mensualidades del último salario.

b) En caso de muerte del titular de una renta de incapacidad permanente invalidez o vejez a tres mensualidades de la renta.

c) En caso de muerte de la esposa o conviviente del asegurado en actividad de trabajo o titular de una renta las prestaciones para funerales se pagarán en la cuantía señalada en los incisos a) o b) según los casos. (Modif. por Art. 2 D.L. 14643 de 306077)

 

TÍTULO VII

PRESTACIONES DEL SEGURO DE RIESGOS PROFESIONALES

CAPÍTULO I

PRESTACIONES EN ESPECIE

Art. 115º Los riesgos profesionales comprenden los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Se entiende:

a) Por accidente de trabajo, toda lesión orgánica o trastorno funcional producido por la acción súbita y violenta de una causa externa, con ocasión o como consecuencia del trabajo y que determine disminución o pérdida de la capacidad de trabajo y de ganancia o muerte del asegurado.

b) Por enfermedad profesional, a todo estado patológico producido por consecuencia del trabajo, que sobrevenga por evolución lenta y progresiva, que determine la disminución de capacidad de trabajo y de ganancia o muerte del asegurado y que sea provocada por la acción de los agentes nocivos cuya lista figura en el Anexo Nº 1 del Código.

La lista de la substancias a que se refiere el inciso anterior, podrá ampliarse o modificarse por Decreto Supremo en base a un informe técnico de la Dirección General de Seguridad Social al Ministro de Trabajo y Seguridad Social. (Conc. Arts. 27 81 y 82 LGT)

Art. 116º En caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional, el asegurado tiene derecho:

a) A la necesaria asistencia médica y dental, quirúrgica y hospitalaria y al suministro de los medicamentos y otros medios terapéuticos que requiera su estado.

b) A la provisión, reparación y renovación normales de los aparatos de prótesis y ortopedia cuyo uso se estime necesario por causa de la lesión y;

c) Al tratamiento adecuado para su recuperación y readaptación profesionales. (Conc. Art. 28 CSS. rel Arts. 55 REG y 10 D.L. 14643 de 3–6–77-Ver R.A. 17 de 28–5–86)

Art. 117º Todo empleador sujeto al campo de aplicación del Código tiene la obligación a tiempo de contratar a sus trabajadores, de constatar su estado de salud mediante los exámenes médicos radiográficos y de laboratorio que se transcribirán en el respectivo “Certificado de Salud de Ingreso”. El original y una copia de dicho Certificado serán remitidos a la Administración Regional de la Caja con el respectivo “Parte de Ingreso.”

Para que procedan las prestaciones sanitarias y económicas del seguro de riesgos profesionales, es requisito indispensable el reconocimiento de causalidad por la Comisión de Prestaciones o sea la relación de causa a efecto entre la acción de los agentes nocivos y otros riesgos peculiares del trabajo que realice el asegurado y la enfermedad profesional o el accidente sufrido teniendo siempre en cuenta el estado de salud en que ingresó el trabajador.

En los casos en que el trabajador carezca de Certificado de Salud de Ingreso o no se pueda establecer la relación de causalidad entre su trabajo y la enfermedad que padece no podrá hacerse acreedor a las prestaciones del seguro de riesgo profesionales, pero tendrá derecho a las prestaciones de los seguros de enfermedad invalidez y muerte, siempre que llene los requisitos de estos seguros. (Conc. Arts. 95 LGT. 115 R LGT. Inc. c) Arts 592. 512 REG e inc. c) 35 D.L. 13214 de24–12–75)

Art. 118º El asegurado que haya sufrido un accidente de trabajo o presuma estar afectado por una enfermedad profesional, debe comunicar este hecho al empleador directamente, por medio de un familiar o de tercera persona.

El empleador debe entregar al asegurado o al gestor de éste un comprobante de la denuncia con indicación de la fecha del aviso. En casos de que el empleador se niegue a dar tal comprobante, la comunicación será hecha a la Inspección Regional del Trabajo o al Administrador Regional de la Caja que dará la consiguiente constancia. (Conc. Arts. 3 CSS rel 85 LGT.del 85 al 88 R. LGT. Y 29 D.L. 13214 de 24–12–75)

Art. 119º El empleador debe comunicar a la Caja en el término de 24 horas, el siniestro ocurrido o la enfermedad profesional presunta, haya o no denunciado este siniestro el trabajador asegurado u otra persona.

La denuncia se hará mediante los formularios de denuncia de accidente o de declaración de enfermedad profesional elaborada por la Caja que el empresario debe poseer para estos casos debiendo dirigir dos ejemplares de la denuncia a la Administración Regional de la Caja, uno al Inspector Regional del Trabajo y uno a la División de Seguridad Industrial de la Caja.

Asimismo el empleador debe tener al día un registro de todos los accidentes o enfermedades profesionales ocurridos en su empresa o institución. (Conc. Arts. 3 CSS y 85 LGT. rel. 85 al 88 R. LGT. y 512 REG)

NOTA: Por D.S. Nº 15842 de 26–9–78 se crea el Formulario Único de Accidente de Trabajo.

Art. 120º De conformidad con la Ley General del Trabajo y su Reglamento, el empleador tiene la obligación de suministrar al trabajador accidentado o enfermo, los primeros auxilios hasta que la Caja esté informada del siniestro ocurrido de acuerdo al artículo anterior y que pueda asumir el otorgamiento de las prestaciones en especie en lugar del empleador. Para este fin cada empleador tiene la obligación de mantener en el lugar de trabajo, un puesto de primeros auxilios dotado de un botiquín y de los implementos que determine la Caja en cada caso, de acuerdo a la clase y condiciones de trabajo, a la distancia entre el lugar de trabajo y el centro sanitario de la Caja y otros factores que se determine mediante un Reglamento especial. El puesto de primeros auxilios estará a cargo de un sanitario para las empresas urbanas de 30 o más trabajadores. En las minas y centros de trabajo alejados de las ciudades, este servicio estará a cargo de un sanitario, hasta el límite de 30 trabajadores. Pasado este número el empleador está obligado a contratar los servicios de un facultativo.

Los gastos de atención sanitaria de acuerdo al párrafo anterior serán soportados íntegramente por la correspondiente empresa. Además, si la denuncia del siniestro no es presentada oportunamente por el empleador, éste correrá con los gastos hasta que la Caja sea informada y asuma la atención consiguiente.

La falta de cumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 119 y el presente será sancionado de acuerdo a lo especificado en los artículos 592 y 593 del presente Reglamento. (Conc. Arts. 31 CSS. 93 LOT y 103 R. LOT. Rel 30 CSS y 41 in fine, REG)

Art. 121º La Administración Regional de la caja apenas informada del accidente o de la enfermedad profesional, procederá a la constatación de las circunstancias causas y efectos, pudiendo reclamar la intervención de las autoridades públicas y en particular del Ministro de Trabajo y Seguridad Social si lo estima necesario. (Rel Arts. 3 CSS. 85 al 88 R. LOT. y 512 REG)

Art. 122º Siempre que las condiciones especificadas en el presente Capítulo sean cumplidas, el derecho a las prestaciones en especie pro riesgos profesionales procede a partir del comienzo efectivo de la labor, de acuerdo al contrato de trabajo y se extingue el último día de derecho al salario.

 

Las prestaciones en especie serán otorgadas desde la constatación del accidente del trabajo o el reconocimiento de la enfermedad profesional por los servicios médicos de la Caja, hasta un máximo de 26 semanas. En los casos que se demuestre clínicamente que existe fundada posibilidad de recuperación del paciente la Comisión de Prestaciones puede autorizar la ampliación de las prestaciones hasta un máximo de otras 26 semanas de una sola vez.

Sin embargo, las prestaciones cesarán en cualquier momento si el trabajador accidentado o enfermo es declarado con incapacidad permanente total o parcial, por la citada Comisión. (Conc. Arts. 29 CSS y 29 D.L. 13214 de 24–12–75, abroga el Art. 84 de la LGT)

Art. 123º Todo asegurado que sufra accidente de trabajo o enfermedad profesional está obligado a someterse a los tratamientos médicos o quirúrgicos que los servicios médicos o la Comisión de Prestaciones de la Caja reconozca necesarios para evitar o reducir su estado de incapacidad permanente, para recuperar su capacidad de trabajo habitual o readaptarlo para otra ocupación.

La Caja suspenderá el pago de las prestaciones en dinero hasta que el asegurado se avenga al tratamiento ordenado. (Conc. Arts. 32 y 58 CSS. rel 152 REG. 69 y 108 R. LGT)

Art. 124º Se aplicará por analogía toda disposición del Capítulo I, Título I del presente Libro, sobre prestaciones en especie del Seguro de Enfermedad, que no estén en contradicción con lo previsto en el presente Capítulo.

Además del Certificado de Salud de Ingreso a que se refiere el artículo 117º, el empleador está en la obligación de hacer constatar el estado de salud del trabajador que se retire, debiendo enviar dos ejemplares de dicho Certificado a la Caja. Al trabajador que se resista sujetarse al examen de salud de retiro no se le reconocerán las prestaciones del presente Título si después de efectuado su retiro se declara una enfermedad profesional. (Rel. Inc. c) Art. 592. REG)

 

LEY DE PENSIONES

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

 

Art. 1º ÁMBITO DE APLICACIÓN.- La presente Ley tiene el objetivo de asegurar la continuidad de los medios de subsistencia del capital humano, mediante el seguro social obligatorio de largo plazo en cumplimiento del artículo 158 de la Constitución Política del Estado y disponer el destino y administración de los recursos que benefician a los ciudadanos bolivianos de conformidad a la Ley 1544 de 21 de marzo de 1994 (Ley de Capitalización).

 

Art. 2º SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO DE LARGO PLAZO.- El seguro social obligatorio de largo plazo comprende las prestaciones de jubilación, invalidez, muerte y riesgos profesionales, en favor de sus Afiliados.

 

LEY DE PENSIONES

(LEY 1732 de 29 de noviembre de 1996 )

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1º ÁMBITO DE APLICACIÓN.- La presente Ley tiene el objetivo de asegurar la continuidad de los medios de subsistencia del capital humano, mediante el seguro social obligatorio de largo plazo en cumplimiento del artículo 158 de la Constitución Política del Estado y disponer el destino y administración de los recursos que benefician a los ciudadanos bolivianos de conformidad a la Ley 1544 de 21 de marzo de 1994 (Ley de Capitalización).

Art. 2º SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO DE LARGO PLAZO.- El seguro social obligatorio de largo plazo comprende las prestaciones de jubilación, invalidez, muerte y riesgos profesionales, en favor de sus Afiliados.

Art. 3º DESTINO DE LOS RECURSOS DE LA CAPITALIZACIÓN.- Los recursos provenientes de las acciones de propiedad del Estado en las empresas capitalizadas, transferidos en beneficio de los ciudadanos bolivianos especificados en el artículo 6 de la Ley de Capitalización, serán destinados al pago de una anualidad vitalicia denominada Bono Solidario (Bonosol) y al pago de gastos funerarios, de conformidad a la presente ley.

 

Art. 4º FONDOS DE PENSIONES Y ADMINISTRACIÓN.- Los recursos del seguro social obligatorio de largo plazo para la prestación de jubilación y los recursos de la capitalización especificados en el artículo anterior, conforman fondos de pensiones, administrado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

 

Art. 5º DEFINICIONES.- Para los efectos de la presente ley, se establece las siguientes definiciones:

Administradora de Fondos de Pensiones (AFP): Es la sociedad anónima de objeto social único, encargada de la administración y representación de los fondos de pensiones, constituida de conformidad a la presente ley y al Código de Comercio.

Afiliado: Es la persona incorporada al seguro social obligatorio de largo plazo.

Base de Datos del Fondo de Capitalización Colectiva: Es el listado de los Beneficiarios de la Capitalización, provisto por la Superintendencia de Pensiones.

Beneficiario de la Capitalización: De conformidad a la Ley de Capitalización, son los ciudadanos bolivianos residentes en el país, que al 31 de diciembre de 1995 hubiesen alcanzado la mayoría de edad.

Bono Solidario (Bonosol): Es el pago anual no heredable, efectuado en forma vitalicia en favor de los Beneficiarios de la Capitalización, de conformidad a la presente ley.

Capital Acumulado: Es el conjunto de recursos existentes en la Cuenta individual de cada Afiliado.

Compensación de Cotizaciones: Es la compensación a cargo del Tesoro General de la Nación, otorgada a los Afiliados, por cotizaciones efectuadas al Sistema de Reparto.

Cuenta Individual: Es la cuenta del Afiliado en el Fondo de Capitalización Individual, compuesta por las cotizaciones, la rentabilidad del fondo de capitalización individual en favor de ésta y otros recursos que establece la presente ley.

Derecho–habientes: Son las personas de uno de los siguientes grados:

¨ Primer Grado: Son, en orden de prelación, el cónyuge o conviviente supérstite, mientras no contraiga nuevo matrimonio o sostenga relación de convivencia, y los hijos del Afiliado, éstos sin prelación entre sí, desde concebidos aún no nacidos hasta los dieciocho (18) años de edad, los hijos que sean estudiantes hasta los veinticinco (25) años de edad, mientras vivan. Estas personas son Derecho–habientes en forma forzosa.

¨ Segundo Grado: Son, en orden de prelación, los progenitores y los hermanos menores de dieciocho (18) años de edad del Afiliado, si éste los declara expresamente a la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) o a la entidad aseguradora, cuando contrate su Seguro Vitalicio o Mensualidad Vitalicia Variable, según corresponda.

¨ Tercer Grado: Son las personas que no pertenecen a cualquiera de los grados anteriores y que son declaradas libremente por el Afiliado, a la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) o a la entidad aseguradora, cuando contrate su Seguro Vitalicio o Mensualidad Vitalicia Variables, según corresponda.

Los grados son excluyentes entre sí, en el orden mencionado.

Si alguna de las personas de los grados anteriores es declarada mediante sentencia ejecutoriada, autora, instigadora o cómplice de la muerte del Afiliado o de lesión que origine la invalidez definitiva del mismo, perderá su condición de Derecho–habiente.

El pago que corresponda a cada Derecho–habiente será determinado por reglamento.

Fecha de Inicio: Es la fecha determinada por la Superintendencia de Pensiones para el inicio de actividades de las Administradores de Fondos de Pensiones (AFP) que sean seleccionadas mediante la licitación pública internacional prevista en la Ley de Capitalización.

Ingreso Cotizable: Son los ingresos mensuales de una persona sin relación de dependencia laboral, libremente declarados al efecto del pago de cotizaciones al seguro social obligatorio de largo plazo. Los ingresos mensuales declarados no podrán ser inferiores a un salario mínimo nacional ni superiores al equivalente a sesenta (60) veces el salario mínimo nacional vigente.

Mensualidad Vitalicia Variable: Es la modalidad de Pensión Vitalicia, que el Afiliado o sus Derecho–habientes pueden contratas cuando existe el Capital Acumulado suficiente, cuando el Afiliado tiene sesenta y cinco (65) años o más, o cuando ha fallecido, cuyos montos son resultado de la mortalidad del grupo de pensionados y de la rentabilidad del fondo de capitalización individual administrado por la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) con la cual el Afiliado hubiera contratado dicha modalidad de Pensión.

 

Pensión: Es la prestación monetaria mensual pagada al Afiliado o a sus Derecho–habientes por la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) o la entidad aseguradora. El valor de la Pensión será calculado en Bolivianos con mantenimiento de valor respecto al dólar estadouinidense y su monto se pagará en Bolivianos.

Rentas en Curso de Adquisición: Son los beneficios previstos en el Sistema de Reparto pendientes de calificación, que corresponden a las personas que, a la Fecha de Inicio, cumplen con los requisitos previstos en las normas legales del Sistema de Reparto para acceder a los mismos.

Rentas en Curso de Pago: Son los beneficios previstos en el Sistema de Reparto, que hasta la fecha de promulgación de la presente ley han sido calificados por los entes gestores del Sistema de Reparto.

Salario Base: Es el monto que se utiliza con referencia para el cálculo de las Pensiones.

Para las pensionas de jubilación, el Salario Base es el promedio de los Totales Ganados o Ingresos Cotizables de los últimos cinco (5) años.

a) Si el Afiliado hubiese efectuado cotizaciones por cinco (5) años o más, el Salario Base será el promedio de los Totales Ganados o Ingresos Cotizables de los últimos cinco (5) años.

b) Si el Afiliado hubiese efectuado cotizaciones por más de dieciocho meses (18) meses y menos de cinco (5) años, a efecto de obtener las Pensiones de invalidez o muerte, el Salario Base será el promedio de los Totales Ganados o Ingresos Cotizables de los últimos dieciocho (18) meses.

c) Si el Afiliado hubiese efectuado cotizaciones por menos de cinco (5) años y hubiese fallecido o resultado inválido como consecuencia de accidente por riesgo común o por riesgo profesional, el Salario Base será el promedio de los Totales Ganados o Ingresos Cotizables realizados.

A efecto del cálculo del Salario Base, sólo se considerarán los Totales Ganados o Ingresos Cotizables, con mantenimiento de valor respecto al dólar estadounidense, sobre los cuales efectivamente se realizó cada cotización.

El Salario Base máximo aplicable para el artículo de Pensiones de invalidez y muerte será el equivalente a sesenta (60) veces el salario mínimo nacional vigente.

Seguro Vitalicio: Es la modalidad de Pensión, vitalicia y de monto fijo, que el Afiliado o sus Derecho–habientes pueden contratar en forma irrevocable con una entidad aseguradora de su elección, cuando existe el Capital Acumulado suficiente, cuando el Afiliado tiene sesenta y cinco (65) años o más, o cuando ha fallecido.

Sistema de Reparto: Es el conjunto de los seguros de invalidez, vejez y muerte y otros seguros, prestaciones y beneficios administrados por entidades de la seguridad social de largo plazo, ya existente al momento de promulgación de la presente ley, sometidas a las normas del Código de Seguridad Social o a otras normas específicas para actividades o personas de cualquier naturaleza.

 

Total Ganado: Es la suma de todas las remuneraciones mensuales de un Afiliado, provenientes de contratos laborales, antes de deducción de impuestos. El máximo Total Ganado para la cotización en forma obligatoria será el equivalente a sesenta (60) veces el salario mínimo nacional vigente.

 

Art. 6º TRATAMIENTO TRIBUTARIO.- Las cotizaciones al seguro social obligatorio de largo plazo y el Capital Acumulado para contratar el Seguro vitalicio o Mensualidad Vitalicia Variable establecidas por la presente ley no constituyen hecho generador de tributos.

La rentabilidad obtenida por los fondos de capitalización individual y los fondos de capitalización colectiva, así como las prestaciones y beneficios emergentes de aquellos, estarán sometidos a la legislación tributaria vigente.

También quedan sometidas al régimen general de tributación las primas para invalidez, muerte, riesgo profesional y las comisiones percibidas por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), así como las utilidades netas obtenidas por estas últimas.

CAPITULO II

PRESTACIONES Y BENEFICIOS

 

Art. 7º PRESTACIÓN DE JUBILACIÓN.- La prestación de jubilación se pagará al Afiliado, independientemente de la edad cuando tenga en su Cuenta Individual un monto que permita el financiamiento de una Pensión igual o superior al setenta por ciento (70%) de su Salario Base y de la prestación por muerte para sus Derecho–habientes.

A partir de los sesenta y cinco (65) años de edad, el Afiliado, independientemente del monto calculado en su Cuenta Individual, tendrá derecho a solicitar voluntariamente la prestación de jubilación en su favor y de sus Derecho–habientes.

La Pensión de jubilación se pagará como resultado del monto de la Cuenta Individual del Afiliado.

 

Art. 8º PRESTACIÓN DE INVALIDEZ POR RIESGO COMUN.- La prestación de invalidez por riesgo común consiste en una Pensión que se paga al Afiliado, en caso de sufrir incapacidad total y definitiva para efectuar un trabajo razonablemente remunerado no proveniente de riesgo profesional y a causa de un estado crónico, debido a enfermedad, a lesión o a la pérdida de un miembro o de una función.

La prestación de invalidez consiste en una Pensión equivalente al setenta por ciento (70%) del Salario base y en el pago del diez por ciento (10%) mensual del Salario Base del Afiliado, con destino a su Cuenta Individual, desde la fecha que indique la calificación de invalidez y corresponderá siempre que el Afiliado cumpla conjuntamente los siguientes requisitos:

a) Ser menor de sesenta y cinco (65) años de edad.

b) Haber efectuado al menos sesenta (60) cotizaciones al seguro social obligatorio de largo plazo o al Sistema de Reparto.

c) La invalidez se produzca mientras sus primas son pagadas o dentro de un plazo de doce (12) meses, computado desde que el Afiliado dejó de pagar cotizaciones.

d) Haber realizado al menos un total de dieciocho (18) primas en los últimos treinta y seis (36) meses inmediatamente previos a la fecha de invalidez, conforme a la calificación de invalidez.

Si el Afiliado cumple únicamente con los requisitos a), c) y d), tendrá derecho a la prestación de invalidez en uno de los siguientes casos:

1. Cuando hubiera pagado primas al menos durante la mitad del tiempo transcurrido entre la Fecha de inicio y la fecha de su invalidez de acuerdo a calificación.

2. Cuando hubiera pagado primas al menos durante la mitad del tiempo transcurrido entre la fecha en que el Afiliado efectuó el pago de la primera prima y la fecha de su invalidez de acuerdo a calificación.

El Afiliado ya pensionado por jubilación o cuya invalidez provenga de riesgo profesional, no tendrá derecho a las prestaciones de invalidez por riesgo común.

La prestación de invalidez por riesgo común se paga hasta la emisión de una calificación que suspenda la declaración de invalidez o hasta que el Afiliado cumpla la edad de sesenta y cinco (65) años. Desde esta edad, el Afiliado recibirá la prestación de jubilación.

 

Art. 9º PRESTACIÓN POR MUERTE.- La prestación por muerte consiste en Pensiones, que se pagarán en favor de los Derecho–habientes, en caso de fallecimiento del Afiliado.

Cada derecho–habiente percibirá una Pensión resultante de aplicar los porcentajes asignados por reglamento al porcentaje correspondiente a la totalidad del Capital Acumulado del Afiliado, porcentaje que no podrá ser inferior al setenta y cinco por ciento (75%) del Salario Base si éste no percibía Pensiones al momento de su fallecimiento, o al setenta por ciento (70%) de las Pensiones de invalidez o jubilación que percibía el Afiliado al momento de su fallecimiento. La suma de los porcentajes asignados por reglamento a los Derecho–habientes del Afiliado no podrá exceder de cien por ciento (100%).

Tendrán derecho a percibir la prestación por muerte los Derecho–habientes de primer grado, si no hubieren éstos, los de segundo grado de los Afiliados que, al momento de su fallecimiento cumplían los requisitos establecidos en el artículo 8 de la presente ley, aunque estos Afiliados no estuvieren percibiendo Pensiones de invalidez.

 

Percibirán la prestación por muerte los Derecho–habientes de todos los grados de los Afiliados que percibían Pensiones de jubilación al momento de su fallecimiento, provenientes del Seguro Vitalicio o Mensualidad Vitalicia Variable.

 

Art. 10º PRESTACIÓN POR RIESGO PROFESIONAL.- La prestación por riesgo profesional se pagará como consecuencia del accidente de trabajo o enfermedad profesional que provoque el fallecimiento o incapacite definitivamente al Afiliado para continuar realizando el trabajo que desempeñaba. La incapacidad podrá ser total o parcial, si en este caso supera el diez por ciento (10%) de la pérdida de su capacidad laboral en el trabajo que desempeñaba.

La prestación de invalidez por riesgo profesional en favor del Afiliado consiste en Pensiones correspondientes a un porcentaje de su Salario Base, de acuerdo al porcentaje de su incapacidad, determinado mediante calificación. Esta prestación se pagará cuando el porcentaje de invalidez dictaminado sea superior al veinticinco por ciento (25%).

La prestación de invalidez por riesgo profesional se paga hasta la emisión de una calificación que suspenda la declaración de invalidez o hasta que el Afiliado cumpla la edad de sesenta y cinco (65) años. Desde esta edad, el Afiliado recibirá la prestación de jubilación.

El Afiliado declarado inválido en un porcentaje de incapacidad profesional superior al diez por ciento (10%) e igual o inferior al veinticinco por ciento (25%) recibirá, por una sola vez, en calidad de prestación de invalidez por riesgo profesional, una indemnización equivalente a cuarenta y ocho (48) veces su Salario Base por el porcentaje de su incapacidad.

La prestación por muerte causada por riesgo profesional consiste en Pensiones en favor de los Derecho–habientes de primer y segundo grado. Cada Derecho–habiente percibirá una Pensión resultante de aplicar los porcentajes asignados por reglamento al Salario Base del Afiliado. La suma de los porcentajes asignados por reglamento a los Derecho–habientes del Afiliado no podrá excederse de cien por ciento (100%).

El derecho a la prestación se origina en el momento del inicio de la relación de dependencia laboral y termina seis (6) meses después de concluida la misma, siempre que el Afiliado no contraiga una nueva relación de dependencia laboral.

 

Art. 11º PROHIBICIÓN.- Ningún Afiliado podrá beneficiarse simultáneamente de prestaciones de invalidez por riesgo común y por riesgo profesional.

 

Art. 12º PRESTACIÓN POR GASTOS FUNERARIOS.- La prestación por gastos funerarios consiste en el pago por una sola vez de un mil cien 00/100 Bolivianos (Bs. 1.100.-) con mantenimiento de valor respecto al dólar estadounidense, en favor de la persona que acredite haber efectuado el pago de los gastos funerarios del Afiliado o del Beneficiario de la Capitalización.

Los gastos funerarios de los Beneficiarios de la Capitalización se pagan con recursos del fondo de capitalización colectiva, si éstos no son Afiliados. Este beneficio percibirán en doce (12) meses, a partir del fallecimiento del Beneficiario de la Capitalización, y su monto se integrará al Fondo de Capitalización Colectiva.

 

Art. 13º BONOSOL.- A partir de los sesenta y cinco (65) años de edad y hasta su fallecimiento, los Beneficiarios de la Capitalización recibirán el Bonosol.

El monto del Bonosol, para el período comprendido entre la Fecha de Inicio y el 31 de diciembre del año 2001, será fijado por reglamento, considerando que su valor actuarial presente sea equivalente al valor de mercado de la totalidad de los recursos que lo financian. En este período, los costos para obtener liquidez en los fondos de capitalización colectiva serán deducidos de los mismos, en partes iguales.

Desde el 1º de enero del año 2002 y cada tres (3) años, el monto del Bonosol será determinado por la Superintendencia de Pensiones mediante cálculo actuarial, considerando que no podrá ser inferior ni superior en veinticinco por ciento (25%) al último monto determinado.

El Bonosol será pagado en Bolivianos, en múltiplos de diez (10) con mantenimiento de valor respecto al dólar estadounidense.

Los montos del Bonosol serán pagados hasta el 31 de diciembre de cada año determinado, podrás ser cobrados hasta en cinco (5) años y prescribirán posteriormente, integrándose al fondo de capitalización colectivo.

En cada ocasión que se determine los montos del Bonosol, la Superintendencia de Pensiones dispondrá que los activos componentes de los fondos de capitalización colectiva sean distribuidos de acuerdo a cálculo actuarial, para permitir a cada uno de dichos fondos cumplir con los pagos del Bonosol y de los gastos funerarios correspondientes a los Beneficiarios de la Capitalización.

CAPITULO III

FINANCIAMIENTO

 

Art. 14º COTIZACIONES.- El Afiliado al seguro social obligatorio de largo plazo con relación de dependencia laboral, debe cotizar mensualmente el diez por ciento (10%) de su Total Ganado con destino a una Cuenta Individual.

El Afiliado sin relación de dependencia laboral podrá cotizar, con la periodicidad que determine la Superintendencia de Pensiones, el monto equivalente al diez por ciento (10%) de su Ingreso Cotizable, con destino a una Cuenta Individual.

Todos los Afiliados podrán incrementar libremente el monto de su Cuenta Individual, mediante cotizaciones adicionales, o destinado voluntariamente la totalidad o parte de sus beneficios sociales, hasta los montos máximos establecidos de conformidad con la presente ley.

Las cotizaciones al seguro social obligatorio de largo plazo efectuadas de conformidad a la presente ley, no constituyen tributos.

 

Art. 15º PRIMAS.- Para financiar las prestaciones de invalidez y muerte causadas por riesgo común, los Afiliados deben pagar una prima deducida en forma porcentual de su Total Ganado o Ingreso Cotizable, hasta cumplir los sesenta y cinco (65) años de edad.

La prima mencionada deberá ser pagada mensualmente a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) para los Afiliados con relación de dependencia laboral y con la periodicidad que determine la Superintendencia de Pensiones para los Afiliados sin relación de dependencia laboral.

Para financiar las prestaciones de invalidez y muerte causadas por riesgo profesional, el empleador deberá pagar co sus propios recursos una prima porcentual del Total Ganado de los Afiliados bajo su dependencia laboral, a la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) correspondiente, a partir del inicio de cada relación de dependencia laboral.

Las primas anuales para prestaciones de riesgos profesionales integrales serán determinadas para cada nivel de riesgo profesional. Cada nivel de riesgo tendrá u monto de prima homogéneo.

Los montos de las primas por riesgo común y por riesgo profesional serán determinados mediante licitación pública realizada por la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) bajo la supervisión de la Superintendencia de Pensiones, para seleccionar las entidades aseguradoras que aseguren las prestaciones que establece la presente ley.

Las primas por riesgo común y por riesgo profesional deberán ser identificadas separadamente de los registros contables de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y de las entidades aseguradoras que otorgan los seguros respectivos.

 

Art. 16º PAGOS CON EL SEGURO DE RIESGO COMÚN.- El seguro de riesgo común financiará las prestaciones de invalidez y muerte causadas por riesgo común, mediante los siguientes pagos:

a.- Las Pensiones de invalidez por riesgo común que correspondan.

b.- Diez por ciento (10%) mensual del Salario Base del Afiliado declarado invalido pensionado, con destino a su cuenta individual.

c.- La prestación por muerte causada por riesgo común de un Afiliado no pensionado por jubilación, ni mayor de sesenta y cinco (65) años de edad y que a la fecha de su fallecimiento cumplió con la totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 8 de la presente ley.

d.- La prestación por muerte causada por riesgo común, del Afiliado que se encontraba percibiendo prestación de invalidez.

e.- La prestación por gastos funerarios del Afiliado cuyo fallecimiento ha sido causado por riesgo común.

 

Art. 17º FINANCIAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE JUBILACIÓN.- Para acceder a la prestación de jubilación, el Afiliado deberá convenir, con los recursos de su Cuenta Individual, un contrato de Seguro Vitalicio o un contrato de Mensualidad Vitalicia Variable, destinados al pago de:

a.- Una Pensión vitalicia en su favor, que podrá concluir períodos fijos pactados de cinco (5), diez (10) o quince (15) años, durante los cuales la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) o la entidad aseguradora se comprometen al pago de la Pensión convenida, en favor del Afiliado o sus Derecho–habientes, sin considerar el fallecimiento del Afiliado. Si el Afiliado no tiene Derecho–habientes, la pensión convenida formará parte de la masa hereditaria del Afiliado. Cumplido el período fijo acordado, continuará el pago de Pensiones vitalicias al Afiliado que no haya fallecido.

b.- Prestación por muerte.

c.- Prestación por gastos funerarios.

 

Art. 18º PAGOS CON EL SEGURO DE RIESGO PROFESIONAL.- Con el seguro de riesgo profesional se financiarán las prestaciones de invalidez y muerte causadas por riesgo profesional, mediante los siguientes pagos:

a.- Las pensiones de invalidez por riesgo profesional que correspondan.

b.- Diez por ciento (10%) mensual del Salario Base del Afiliado declarado inválido pensionado, en proporción al grado de su invalidez, con destino a su cuenta individual.

c.- La prestación por muerte causada por riesgo profesional, de un Afiliado no pensionado por jubilación, ni mayor de sesenta y cinco (65) años de edad y que a la fecha de su fallecimiento cumplió con la totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 10 de la presente ley.

d.- La prestación por muerte causada por riesgo profesional, del Afiliado que se encontraba percibiendo prestación de invalidez.

e.- La prestación por riesgos funerarios del Afiliado cuyo fallecimiento ha sido causado por riesgo profesional.

 

Art. 19º USOS DEL CAPITAL ACUMULADO.- Los recursos de la Cuenta Individual del Afiliado fallecido que no tuviera Derecho–habientes con derecho a la prestación por muerte, forman parte de la masa hereditaria del difunto.

Los recursos de la Cuenta Individual del Afiliado fallecido que no tuviera Derecho–habientes de primer y segundo grado, o que no hubiera dispuesto de los mismos por herencia o legado, prescribirán en favor del Estado de conformidad al Código Civil.

Los recursos de la Cuenta Individual del Afiliado fallecido con más de sesenta y cinco (65) años de edad, no pensionado por jubilación y del Afiliado fallecido que no cumpla los requisitos para recibir las pensiones del seguro de riesgo común o por el seguro de riesgo profesional, serán utilizados para la concentración de Pensiones en favor de sus Derecho–habientes.

 

Art. 20º EXIGIBILIDAD DE LAS PRESTACIONES.- Las prestaciones de invalidez, riesgos profesionales y muerte deberán ser exigidas en un plazo máximo de doce (12) meses, contando desde el día en que ocurrió la invalidez o muerte. Vencido dicho plazo, los recursos prescribirán en favor del Estado.

 

Art. 21º OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL EMPLEADOR.- El empleador tiene la obligación de actuar como agente de retención y de pagar las cotizaciones, primas y comisiones deducidas del Total Ganado de los Afiliados bajo su dependencia laboral. El empleador se encuentra obligado a realizar los pagos de primas de riesgo profesional establecidos en la presente ley y a cubrir los costos del servicio de calificación de riesgo profesional.

Estos pagos se realizarán dentro del plazo determinado por la Superintendencia de Pensiones, que no podrá exceder de treinta (300 días calendario a partir del día en que devengan los sueldos o salarios de sus trabajadores o empleados. Vencido el plazo y en caso de incumplimiento en el pago, el empleador se construirá en mora y deberá pagar los intereses y recargos establecidos por la presente ley.

Las cotizaciones, primas, comisiones, intereses y recargos adecuados por el empleador, provenientes de obligaciones del Afiliado o del empleador, gozan del privilegio establecido en el inciso 2) del artículo 1345 del Código Civil y en el artículo 1493 del Código de Comercio.

Las cotizaciones, primas, comisiones, intereses y recargos no pagados por el empleador, en ningún caso podrán ser posteriormente cobrados a los Afiliados.

El empleador tiene el derecho de reclamar la calificación de invalidez y muerte de los Afiliados bajo su dependencia laboral efectuada por la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) para la prestación de riesgo profesional.

El empleador tiene el derecho de reclamar la clasificación del riesgo profesional, establecido por la entidad clasificadora de riesgo profesional.

 

Los reclamos especificados se sustanciarán ante la Superintendencia de Pensiones, de acuerdo a reglamento.

 

Art. 22º FONDOS DE PENSIONES.- La totalidad de las Cuentas Individuales a cargo de una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) conforman un fondo de capitalización individual. También forman parte del Fondo de Capitalización Individual la cuenta de Mensualidades Vitalicias Variables.

Los fondos de pensiones son patrimonios autónomos y diversos del patrimonio de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Cada uno de dichos fondos es indiviso, imprescriptible e inafectable por gravámenes o medidas precautorias de cualquier especie. Los bienes que componen los fondos sólo pueden disponerse de conformidad a la presente ley.

Los recursos constituidos en fideicomiso de conformidad con la Ley de Capitalización, serán asignados mediante decreto supremo entre las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que hayan sido elegidas en la licitación pública internacional prevista en la ley mencionada, constituyendo de esta forma los fondos de capitalización colectiva.

 

Art. 23º DEL PROCESO EJECUTIVO SOCIAL.- Procederá la ejecución social cuando se persiga el cobro de cotizaciones, primas, comisiones, intereses y recargos adeudados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

La sustanciación se realizará ante los jueces de trabajo y seguridad social, de acuerdo a las disposiciones del Código de Procedimiento Civil para el proceso ejecutivo.

Se considera título ejecutivo la nota de descargo de débito del empleador elaborada por la Administrador de Fondos de Pensiones (AFP).

No serán admisibles en este proceso las excepciones de compensación, remisión, novación y conciliación previstas en los numerales 8) y 9) del artículo 507 del Código de Procedimiento Civil.

Los procesos contra un mismo empleador por adeudos de cotizaciones, primas, comisiones, intereses y recargos, podrán ser acumulados a solicitud de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP).

Las sentencias que se dicten en estos procesos sólo admitirán recurso de apelación.

CAPITULO IV

AFILIACIÓN Y REGISTRO

 

ARTÍCULO 24º AFILIACIÓN.- La afiliación al seguro social obligatorio de largo plazo es personalísima, vitalicia e imprescriptible.

 

Las personas que inicien relaciones de dependencia laboral quedarán afiliadas al seguro social obligatorio de largo plazo, desde el inicio de dicha relación.

Las personas sin relación de dependencia laboral pueden afiliarse al seguro social obligatorio de largo plazo mediante el pago de su primera cotización.

Ningún Afiliado podrá mantener una Cuenta Individual en más de una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP).

 

Art. 25º REGISTRO.- Los beneficiarios de la capitalización, serán registrados en la Base de Datos del Fondo de Capitalización Colectiva, a través de una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), dentro de los cinco (5) años calendario a partir de la Fecha de Inicio, de conformidad a reglamento. Transcurrido el plazo indicado, quien no estuviere registrado, no podrá exigir los beneficios de la capitalización.

 

Art. 26º ELECCIÓN DE ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES (AFP).- Hasta el 31 de diciembre de 1999, los Afiliados al seguro social obligatorio de largo plazo y los Beneficiarios de la Capitalización que hubiesen cumplido los sesenta y cinco (65) años de edad, sólo podrán transferirse a otra Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), cuando cambien de residencia de un municipio a otro, en el cual la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) de origen no preste sus servicios.

A partir del 1º de enero del año 2000, los Afiliados, y los Beneficiarios de la Capitalización que hubiesen cumplido los sesenta y cinco (65) años de edad, podrán elegir libremente la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) que les preste servicios. Si no lo hicieren, corresponderá su asignación de acuerdo a reglamento.

A partir del 1º de enero del año 2000, el Afiliado a una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) podrá transferir libremente la administración de su Cuenta Individual a otra Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), en uno de los siguientes casos:

a.- Una vez que hubiera realizado al menos doce (12) cotizaciones a la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) en la que se encuentre Afiliado.

b.- Cuando cambie de empleador o cambie su residencia de un municipio a otro en la cual la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) de origen no preste sus servicios.

c.- Por incremento de las comisiones de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) en la cual se encuentre Afiliado o por incremento de las primas del seguro de riesgo común.

Todo empleador está obligado a respetar la elección de Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) efectuada por el Afiliado.

A partir del 1º de enero del año 2000, los Beneficiarios de la Capitalización que hubiesen cumplido los sesenta y cinco (65) años de edad, podrán transferirse de una a otra Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), en caso de incremento de comisiones o, por cualquier causa, hasta una vez al año.

CAPITULO V

ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (AFP)

 

Art. 27º ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (AFP).- La administración y el otorgamiento de las prestaciones de jubilación, invalidez, muerte, gastos funerarios y riesgos profesionales del seguro social obligatorio de largo plazo y la administración de los beneficios de la capitalización son responsabilidad de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

 

Art. 28º OTORGAMIENTO DE LICENCIA.- La licencia que autoriza a la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) realizar sus actividades, será otorgada por la Superintendencia de Pensiones mediante licitación pública.

 

Art. 29º REQUISITOS PARA OTORGAMIENTO DE LICENCIA.- Para realizar las actividades de Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) que establece la presente ley, se deberán cumplir con los siguientes requisitos previos:

a.- Tener personalidad jurídica reconocida en la República de Bolivia, como sociedad anónima, de conformidad al Código de Comercio.

b.- Tener objeto social único, de conformidad al artículo 30 de la presente ley.

c.- Constituir y mantener íntegramente pagado el capital mínimo de un millón de derechos especiales de giro (1.000.000 DEG), representado por acciones nominativas.

d.- Tener establecida la infraestructura necesaria para la realización de sus actividades.

e.- Cumplir con otros requisitos que se establezcan por reglamento.

 

Art. 30º OBJETO SOCIAL ÚNICO.- La Administrador de Fondos de Pensiones (AFP) debera tener objeto social único consistente en:

a.- Administrar y representar los fondos de pensiones.

b.- Cumplir con las prestaciones y servicios establecidos en la presente ley y sus reglamentos.

c.- Contratar los servicios necesarios para la realización de sus actividades.

d.- Poder invertir sus propios recursos en entidades que presten servicios de custodia de títulos–valores, de sistemas computarizados, de procesamiento de planillas, de recaudaciones, de cobro de mora y de pago de prestaciones del seguro social obligatorio de largo plazo.

e.- Poder ofertar Mensualidades Vitalicias Variables a los Afiliados y derecho–habientes, cuando corresponda.

 

Art. 31º OBLIGACIONES DE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (AFP).- Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) deberán cumplir con las siguientes obligaciones:

a.- Prestar sus servicios a los Afiliados o a quienes tengan derecho a ser Afiliados, sin discriminación.

b.- Administrar portafolios de inversiones compuestos por los recursos de los fondos de pensiones, de acuerdo a la presente ley y sus reglamentos.

c.- Otorgar los servicios relacionados con Mensualidades Vitalicias Variables.

d.- Cobrar las cotizaciones y primas devengadas, más los intereses que no hubieran sido pagados a la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) por el empleador, sin otorgar condonaciones.

e.- Representar a los Afiliados ante las entidades aseguradoras y autoridades competentes, con relación a las prestaciones de invalidez, muerte y riesgo profesional.

f.- Mantener separados el patrimonio y los registros contables de las Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) y de los fondos de pensiones.

g.- Cumplir con las disposiciones referentes a límites de inversión y clasificación de riesgos.

h.- Valorar diariamente las cuotas del fondo de capitalización individual que administren.

i.- Comunicar periódicamente a los Afiliados el estado de sus cuentas.

j.- Contratar los servicios necesarios para determinar si la muerte del Afiliado ha sido causada por riesgo común o por riesgo profesional, de acuerdo con el manual único de calificación establecido por reglamento.

k.- Contratar los servicios necesarios para determinar si la invalidez del Afiliado ha sido causada por riesgo común o por riesgo profesional y si ésta es parcial, total o definitiva, de acuerdo con el manual único de calificación establecido por reglamento.

l.- Deducir y pagar al ente gestor de salud corresponda, un porcentaje de las Pensiones de los Afiliados y sus Derecho–habientes que las perciban.

m.- Contratar los servicios de salud necesarios, hasta la recuperación de los Afiliados que sufran enfermedad o accidente profesional, o hasta que sean declarados inválidos permanentes y definitivos.

n.- Pagar las Pensiones, los beneficios de la capitalización y cumplir con otras obligaciones de pago establecidas en la presente ley, pudiendo utilizar servicios de terceros.

o.- Contratar con entidades aseguradoras seguros para sus Afiliados, para la cobertura de las prestaciones de invalidez y muerte causadas por riesgo común y por riesgo profesional.

p.- Contratar a las entidades clasificadoras de riesgo profesional para clasificar a los empleadores de acuerdo al nivel de riesgo profesional.

q.- Pagar la tasa de regulación en favor de la Superintendencia de Pensiones.

r.- Abstenerse de efectuar actos que generen conflictos de interés o de competencia desleal.

s.- Comunicar a la superintendencia de Pensiones todas las transferencias de acciones efectuadas por sus accionistas.

t.- Cumplir con otras actividades y obligaciones establecidas por ley, reglamentos o contratos suscritos con la Superintendencia de Pensiones.

 

Art. 32º SERVICIOS Y COMISIONES.- Los servicios de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) serán remunerados por las siguientes comisiones o primas, según corresponda:

a El servicio de administración de portafolio será remunerado mediante una comisión descontable de los fondos de pensiones administrados.

b El servicio de afiliación, procesamiento de datos y administración de prestaciones será remunerado mediante una comisión, descontable del Total Ganado o del Ingreso Cotizable del Afiliado a tiempo de efectuar la cotización.

c El servicio de pago de Pensiones del seguro social obligatorio de largo plazo y el servicio de administración y pago de los beneficios de la capitalización, serán remunerados mediante comisiones correspondientes a cada uno de los dichos pagos.

Para la cobertura del seguro de riesgo común y del seguro de riesgo profesional, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) cobrarán primas a los Afiliados y empleadores, según corresponda. Los valores de estas primas podrán modificarse para ser aplicados por períodos no inferiores a un (1) años.

Las comisiones y primas mencionadas serán reguladas de conformidad a la presente ley y sus reglamentos.

Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) podrán deducir los costos de transacciones y de la custodia de los fondos de pensiones administrados, de conformidad a reglamento.

 

Art. 33º INTERESES Y RECARGOS.- El empleador que no pague en la oportunidad debida las cotizaciones y otros recursos con destino a la Cuenta Individual del Afiliado bajo su dependencia laboral, deberá pagar un interés sobre cada suma no pagada, con destino a la Cuenta Individual, que será determinado por la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), aplicando la tasa que resulte mayor entre la rentabilidad promedio de los fondos de pensiones y la tasa bancaria activa comercial promedio.

También se aplicarán intereses, con los mismos criterios, sobre las primas y comisiones adecuadas a la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP).

Adicionalmente, el empleador deberá pagar en beneficio del Afiliado y de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), según corresponda, en compensación a la pérdida de beneficios o al incremento en costos respectivamente, recargos establecidos por reglamento, de conformidad a lo siguiente:

a.- Hasta un máximo del veinte por ciento (20%) del capital necesario para el financiamiento de Pensiones por invalidez o muerte, si el Afiliado hubiese sido declarado inválido o hubiese fallecido durante el período en que el empleador no pagó la prima respectiva, con destino a la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) que pague la prestación correspondiente.

b.- Hasta un máximo del cien por ciento (100%) del capital necesario para el financiamiento de Pensiones por invalidez o muerte, si el Afiliado hubiese sido declarado inválido o hubiese fallecido durante el período en que el empleador no pagó la prima respectiva, con destino a la Cuenta Individual del Afiliado, si es que éste no cumpliera los requisitos del artículo 8 de la presente ley, debido al incumplimiento del empleador.

 

Art. 34º CAUSALES DE INTERVENCIÓN.- La Superintendencia de Pensiones podrá intervenir a una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) cuando ésta incurra en alguna de las siguientes causales:

a.- Incumpla las obligaciones establecidas en el artículo 31º de la presente ley.

b.- Incurra en cualquiera de las causales de presunción de quiebra previstas en el artículo 1489 del Código de Comercio.

c.- Mantenga un capital inferior al mínimo legal, por un plazo que exceda de sesenta (60) días calendario.

d.- Cuando su infraestructura sea inadecuada, de acuerdo a mínimos estandarizados, para la prestación de sus servicios.

e.- Cuando no preste sus servicios durante diez (10 ) días calendario contínuos.

f.- Se transforme en cualquier otro tipo de entidad, mientras preste servicios de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

g.- Incumpla las obligaciones establecidas contractualmente con la Superintendencia de Pensiones.

 

Art. 35º INTERVENCIÓN, REVOCATORIA DE LICENCIA Y TRASPASO DE LOS FONDOS DE PENSIONES.- La intervención de una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) procederá mediante resolución administrativa de la Superintendencia de Pensiones, debidamente fundamentada. La interposición de recursos en contra de la resolución administrativa de intervención, no impedirá que la medida sea ejecutada.

Durante la intervención, la Superintendencia de Pensiones asume las facultades de la Junta General de Accionistas y designará interventor con facultades de administración que serán especificadas en su designación. En cualquier momento, el Superintendente de Pensiones podrá revocar la licencia de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP). En tal caso, el Superintendente de Pensiones dispondrá el traspaso de los fondos de pensiones a otra Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) y su integración con los fondos de pensiones administrados y representados por esta última.

La interposición de recursos en contra de la resolución administrativa de revocatoria de licencia no suspenderá el traspaso e integración de los fondos de pensiones.

Si la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) cuya licencia ha sido revocada es la única existente en el territorio boliviano o si existen más de dos (2) Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) con licencia, la Superintendencia de Pensiones deberá licitar la administración y representación de los fondos de pensiones de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) cuya licencia haya sido revocada.

La Superintendencia de Pensiones podrá contratar los servicios de una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), hasta el efectivo traspaso e integración de los fondos de pensiones como resultado de la licitación.

En todo momento, la Superintendencia de Pensiones también podrá disponer el cumplimiento de tareas específicas por los empleados y ejecutivos de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), que ha sido intervenida o cuya licencia ha sido revocada.

El traspaso e integración de los fondos de pensiones no podrán ser revertidos por los recursos interpuestos por la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), la cual podrá, sin embargo, recuperar su licencia.

 

Art. 36º DISOLUCION.- La disolución de una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) sólo procederá previa autorización de la Supertintendencia de Pensiones y por las causales establecidas en el Código de Comercio. En caso necesario, la resolución administrativa de la Superintendencia de Pensiones dispondrá la revocatoria de licencia y el traspaso de los fondos de pensiones de conformidad con la presente ley, o la integración entre fondos de pensiones de la misma especie, administrados por dos Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que se fusionen.

CAPITULO VI

ENTIDADES ASEGURADORAS Y ENTIDADES

CLASIFICADORAS DE RIESGO PROFESIONAL

 

Art. 37º ENTIDADES ASEGURADORAS DE RIESGO COMUN Y DE RIESGO PROFESIONAL.- Las prestaciones por riesgo común y por riesgo profesional deberán ser cubiertas mediante seguros contratados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) con entidades aseguradoras bolivianas autorizadas, desde la Fecha de Inicio.

Las entidades aseguradoras deberán ser seleccionadas mediante licitación pública para la prestación de estos servicios. La licitación será realizada por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y sujeta a requerimientos financieros y técnicos no menores a los mínimos establecidos por la Superintendencia de Pensiones para este propósito.

A partir de la fecha en que el seguro se encuentre vigente, la entidad aseguradora deberá asumir la responsabilidad plena para el pago de la totalidad de las prestaciones, constituyendo al efecto las reservas requeridas.

Una entidad aseguradora no podra contratar seguros con más de una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) para la cobertura de las prestaciones especificadas.

 

Art. 38º COBERTURA DE INVALIDEZ Y MUERTE POR ENTIDADES ASEGURADORAS.- La fecha a partir de la cual las coberturas de invalidez y muerte quedarán a cargo de las entidades aseguradoras será determinada por la Superintendencia de Pensiones, sujeta a las siguientes condiciones:

a.- La recepción de una certificación emitida por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, que establezca que al menos seis (6) entidades aseguradoras especializadas en la rama de seguro de vida autorizadas en Bolivia tengan la capacidad financiera para cubrir el cincuenta por ciento (50%) de las prestaciones descritas anteriormente y tengan la capacidad administrativa y recursos profesionales necesarios para proveer adecuadamente los servicios requeridos por esta ley, de acuerdo a los criterios determinados mediante reglamento.

b.- Que dicha fecha no podrá ser determinada antes de seis (6) meses ni después de un (1) año desde que la certificación referida en el inciso anterior ha sido emitida.

Una entidad aseguradora no podrá contratar seguros con más de una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) para la cobertura de las prestaciones especificadas.

 

Art. 39º ENTIDADES CLASIFICADORAS DE RIESGO PROFESIONAL.- La Superintendencia de Pensiones otorgará licencia a entidades especializadas en la clasificación de riesgo profesional. Estas entidades clasificarán a los empleadores según el nivel de riesgo profesional de cada uno de ellos, de acuerdo al manual de clasificación de riesgos profesionales. Las características de dichas entidades serán establecidas mediante reglamento.

CAPITULO VII

INVERSIONES

 

Art. 40º ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIO DE INVERSIONES.- Los recursos de los fondos de pensiones deberán ser invertidos por la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) exclusivamente en los títulos–valores y en los mercados financieros autorizados de acuerdo al reglamento respectivo, considerando los siguientes límites:

a.- No más del cinco por ciento (5%) del valor del fondo de capitalización individual deberá estar invertido en títulos–valores de un solo emisor o un grupo de emisores vinculados de acuerdo a reglamento. En caso de títulos–valores de riesgo soberano y de organismos internacionales, de primer orden conforme a criterios internacionalmente aceptados, las inversiones no deberán excede del diez por ciento (10%) del valor del fondo de capitalización individual.

b.- No más del veinte por ciento (20%) de los títulos–valores deberá pertenecer a una misma emisión o serie, de acuerdo a reglamento.

Los títulos–valores adquiridos para el fondo de capitalización individual deberán ser registrados, emitidos o transferidos a nombre del respectivo fondo de capitalización individual, especificando el nombre de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) correspondiente.

La Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) deberá mantener en entidades de custodia de títulos–valores o depósitos de valores autorizados por la Superintendencia de Pensiones, títulos–valores que representen, al menos, el noventa y cinco por ciento (95%) del valor de los fondos de pensiones.

La Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) deberá invertir toda la liquidez generada por el fondo de capitalización colectiva en cuotas del fondo de capitalización individual administrado por la misma Administradora de Fondos de Pensiones (AFP).

 

Art. 41º LÍMITES DE INVERSIÓN.- Las inversiones de los fondos de capitalización individual efectuadas por la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) estarán sujetas a límites por tipo genérico de instrumento, a límites por emisor, a límites por categoría y niveles de riesgo y a límites por liquidez del instrumento, de acuerdo a reglamento.

 

Los títulos–valores emitidos por el Tesoro General de la Nación o el Banco Central de Bolivia no estarán sujetos a los límites establecidos en la presente ley y sus reglamentos.

El Directorio del Banco Central de Bolivia fijará el límite máximo autorizado para inversiones en títulos–valores de emisores constituidos en el extranjero, el cual no podrá ser menor a diez por ciento (10%) ni mayor a cincuenta por ciento (50%) de cada fondo de capitalización individual.

Los límites de inversión por tipos genéricos de títulos–valores dentro de los rangos de límites de inversión establecidos por reglamento, serán fijados en conjunto por el Superintendente de Pensiones y el Superintendente de Valores.

 

Art. 42º DE LA CLASIFICACIÓN DE RIESGOS DE INVERSIÓN.- La clasificación de títulos–valores y emisores según niveles y categorías de riesgo, establecidas por reglamento, de las inversiones efectuadas con recursos de los fondos de pensiones, será realizada por clasificadoras privadas de riesgo constituidas y autorizadas de acuerdo a la norma correspondiente del mercado de valores.

 

Art. 43º DE LAS PROHIBICIONES.- Queda prohibida la inversión con recursos de los fondos de pensiones en entidades sin fines de lucro, cualquiera sea su régimen legal.

Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) no podrán tener vinculación patrimonial o de administración con la entidad de custodia de títulos–valores para los recursos de los fondos bajo su administración, sea directamente o por intermedio de terceras personas.

Las entidades aseguradoras, clasificadoras de riesgo o agentes de bolsa nacionales que se encuentren vinculados patrimonialmente a una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), sea en forma direct o mediante terceras personas, no podrán prestar los servicios previstos en la presente ley en favor de ninguna Administradora de Fondos de Pensiones (AFP).

Queda prohibida la compra de títulos–valores para los fondos de pensiones, los cuales sean de propiedad de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) a cargo de la administración del mismo, que sean de propiedad de sus directores, ejecutivos o personas relacionadas con dicha administración o de entidades vinculadas patrimonialmente como se específica en los dos párrafos anteriores, excepto en caso de transacciones efectuadas en bolsas de valores.

Queda prohibida la venta de títulos–valores de los fondos de pensiones en favor de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que los administran, o de los directores, ejecutivos o personas relacionadas con inversiones de dichos fondos de pensiones, o de las entidades vinculadas patrimonialmente y especificadas, excepto en caso de transacciones efectuadas en bolsas de valores.

 

Los resultados de las inversiones efectuadas con recursos de los fondos de pensiones de conformidad con la presente ley, no podrán ser objeto de acción legal por los Afiliados o terceros en contra de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), excepto la Superintendencia de Pensiones.

CAPITULO VIII

SISTEMA DE REGULACIÓN FINANCIERA (SIREFI)

 

Art. 44º CREACIÓN, OBJETIVOS Y ORGANOS.- Créase el Sistema de Regulación Financiera (SIREFI), cuyo objetivo es regular, controlar y supervisar las actividades, personas y entidades relacionadas con el seguro social obligatorio de largo plazo, bancos y entidades financieras, entidades aseguradoras y reaseguradoras y del mercado de valores, en el ámbito de su competencia.

El SIREFI, bajo tuición del Ministerio de Hacienda y desarrollo Económico, se encuentra regido por la Superintendencia General e integrado por la Superintendencia de Pensiones, la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros y la Superintendencia de Valores.

La Superintendencia General y las Superintendencias Sectoriales del SIREFI, como órganos autárquicos, son personas jurídicas de derecho público con jurisdicción nacional.

Son aplicables al Superintendente General y a los Superintendentes Sectoriales del SIREFI las disposiciones sobre nombramientos, estabilidad, requisitos, prohibiciones establecidas en la ley 1600 del 28 de octubre de 1994 (Ley SIRESE).

El Superintendente General será nombrado por un período de diez (10) años y los Superintendentes Sectoriales del SIREFI por un período de seis (6) años.

Asimismo, son aplicables al SIREFI las disposiciones sobre funciones, recursos de revocatoria y jerárquico, y otras que correspondan de la citada ley. Excepto disposición legal en contrario, los recursos interpuestos contra las resoluciones de los Superintendentes General y Sectoriales del SIREFI tendran efecto devolutivo.

La suplencia del Superintendente General corresponderá al Superintendente Sectorial del SIREFI de mayor antigüedad en el cargo. La suplencia de uno de los Superintendentes Sectoriales del SIREFI corresponderá a otro Superintendente Sectorial del mismo Sistema, designado por el Superintendente General.

Una alícuota parte de los ingresos de las Superintendencias Sectoriales del SIREFI debe ser destinada al financiamiento de la Superintendencia General del SIREFI.

Las normas sobre presupuestos establecidas en la Ley SIRESE se aplican al SIREFI. El presupuesto del SIREFI formará parte del Presupuesto General de la Nación, sujeto a las normas sobre elaboración de dicho Presupuesto aplicables por el Ministerio de Hacienda y Desarrollo Económico y el Poder Legislativo.

 

Art. 45º CREACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES.- Créase la Superintendencia de Valores, como parte del Sistema de Regulación Financiera (SIREFI), en sustitución de la Comisión Nacional de Valores. La Superintendencia de Valores tiene competencia privativa e indelegable. Tendrá domicilio en la sede de Gobierno, pudiendo establecer oficinas en todo el territorio nacional.

Hasta la dictación de la Ley de Mercado de Valores, la Superintendencia de Valores cumplirá con las funciones y atribuciones de la Comisión Nacional de Valores, de conformidad a las normas legales vigentes, con excepción de la atribución normativa, que será cumplida por el Poder Ejecutivo, mediante Decreto Supremo.

Las actividades de la Superintendencia de Valores se financiarán mediante una tasa de regulación, establecida mediante reglamento. Excepcionalmente, la Superintendencia de Valores podrá recibir soporte económico del Tesoro General de la Nación.

Los activos, derechos y obligaciones de la Comisión Nacional de Valores quedan trasnferidos a la Superintendencia de Valores.

CAPITULO IX

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

 

Art. 46º CREACIÓN, JURISDICCIÓN Y DOMICILIO.- Créase la Superintendencia de Pensiones, como parte del Sistema de Regulación Financiera (SIREFI). La Superintendencia de Pensiones tiene jurisdicción nacional y su competencia es privativa e indelegable. Tendrá domicilio principal en la sede de Gobierno, pudiendo establecer oficinas en otros lugares del territorio nacional. Quedan sometidas a la jurisdicción de la Superintendencia de Pensiones las personas, entidades y actividades del seguro social obligatorio de largo plazo y las que administren los beneficios de la capitalización.

 

Art. 47º OBJETIVO.- La Superintendencia de Pensiones tiene el objetivo de velar por el pago de prestaciones, la captación de cotizaciones, la seguridad, solvencia, liquidez, rentabilidad y otras actividades relacionadas con los fondos de pensiones, las Adminsitradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y otras entidades previstas en la presente ley.

 

Art. 48º TASA DE REGULACIÓN Y PRESUPUESTO.- Las actividades de la Superintendencia de Pensiones se financiarán mediante una tasa de regulación, que deberá ser deducida de los ingresos brutos de cada Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) o entidades que realicen actividades sujetas a regulación. Excepcionalmente, la Superintendencia de Pensiones podrá recibir soporte económico del Tesoro General de la Nación.

 

Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) pagarán a la Superintendencia de Pensiones la tasa anual de regulación, que no podrá exceder al mayor valor entre el cero como cero por cinco por ciento (0,05%) del valor total de los fondos de pensiones que administre cada una de ellas y el setenta y cinco por ciento (75%) de su capital mínimo exigido por la presente ley. Mediante reglamento se establecerá la forma de pago de la tasa de regulación y una escala descendente en función del valor total de los fondos de pensiones que administre cada Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), al efecto de la determinación del monto de la tasa de Regulación. Las restantes entidades sujetas a Regulación de la Superintendencia de Pensiones pagarán anualmente una tasa de regulación de acuerdo a reglamento.

 

Art. 49º FUNCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES.- La Superintendencia de Pensiones tendrá las siguientes funciones:

a.- Cumplir y hacer cumplir la presente ley y sus reglamentos, asegurando la correcta aplicación de sus principios, políticas y objetivos.

b.- Regular, controlar y supervisar el seguro social obligatorio de largo plazo y los beneficios provenientes de la capitalización.

c.- Otorgar, modificar y renovar las licencias, autorizaciones y registros, y disponer la revocatoria de los mismos en aplicación a la presente ley y sus reglamentos.

d.- Autorizar el funcionamiento, fusión y modificación de estatutos, de las entidades bajo su jurisdicción.

e.- Vigilar la correcta prestación de los servicios por parte de las personas y entidades bajo su jurisdicción.

f.- Celebrar contratos con las entidades bajo su jurisdicción, para la prestación de los servicios correspondientes.

g.- Supervisar, inspeccionar y sancionar a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y otras entidades bajo su jurisdicción, de acuerdo a la presente ley y sus reglamentos.

h.- Requerir la información financiera y patrimonial que sea necesaria para el cumplimiento de las funciones de la Superintendencia, sea de los directores, síndicos, ejecutivos o accionistas con mas del cinco por ciento (5%) del capital social de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) o de entidades sujetas a su regulación.

i.- Homologar las categorías de clasificación de riesgos de inversión.

j.- Investigar y sancionar las conductas que generen conflicto de interés, o las conductas que impidan, restrinjan o distorsionen la libre competencia o propendan a prácticas entre las entidades bajo su jurisdicción.

k.- Supervisar las transacciones y los contratos realizados por las entidades bajo su jurisdicción, relacionados con las actividades establecidas en la presente ley y sus reglamentos.

l.- Regular, controlar y supervisar la prestación de servicios de sistemas computarizados, procesamiento de planillas, recaudaciones, cobro de mora y pago de prestaciones del seguro social obligatorio de largo plazo.

m.- Disponer la intervención y disolución y, en caso necesario, fiscalizar la liquidación de las personas jurídicas bajo su jurisdicción.

n.- Disponer el traspaso de los fondos de pensiones de una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) a otra y en caso de disolución o revocatoria de licencia, disponer la integración de dichos fondos.

o.- Autorizar la distribución entre las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) de los activos componentes de los fondos de capitalización colectiva, de acuerdo a reglamento. Asimismo, autorizar la distribución de los activos de las cuentas colectivas de siniestralidad y de riesgos profesionales, a los efectos del segundo párrafo del artículo 53 de la presente ley.

p.- Elaborar las estadísticas de siniestros causados por riesgo común y por riesgo profesional y publicarlas periódicamente.

q.- Regular la determinación de la prima de los seguros de invalidez y muerte por riesgo común y por riesgo profesional y otros pagos para el financiamiento que establece la presente ley y sus reglamentos.

r.- Conocer y resolver de manera fundamentada, los recursos de revocatoria que le sean interpuestos de acuerdo con la presente ley, las normas procesales aplicables y sus reglamentos.

s.- Proponer al Poder Ejecutivo, normas de carácter técnico y dictaminar sobre los reglamentos relativos a su sector.

t.- Todas aquellas atribuciones que sean conferidas por la presente ley o necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

 

Art. 50º SUPERINTENDENTE DE PENSIONES.- La Superintendencia de Pensiones estará dirigida y representada por el Superintendente de Pensiones, que es la autoridad ejecutiva máxima de la misma. El Superintendente debe tener nacionalidad boliviana, poseer título universitario y por lo menos diez (10) años de experiencia profesional.

 

Art. 51º INTENDENCIAS.- El Superintendente de Pensiones podrá establecer intendencias regionales o funcionales mediante la designación de Intendentes, previa consulta al Superintendente General del SIREFI. El Intendente dictaminará únicamente en los asuntos que le sean encomendados por el Superintendente de Pensiones.

CAPITULO X

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

 

Art. 52º TIPOS PENALES.- Serán sancionadas penalmente las personas que incurran en los siguientes delitos:

a.- Falsedad ideológica según el artículo199 del Código Penal, para quien incurra en falsedad en los registros contables de los fondos de pensiones, de las cuentas individuales de cualquier Afiliado o de los montos de las contrataciones de los seguros y Mensualidades Vitalicias Variables.

b.- Abuso de confianza según el artículo 346 del Código Penal, para que incurra en infidencia con relación a las estrategias de inversión de los fondos de pensiones, hasta que dicha información tenga carácter público.

c.- Estafa según el artículo 335 del Código Penal, para quien use indebidamente información que no tenga carácter público, relacionada con los fondos de pensiones o su administración, en beneficio propio, de sus familiares o de terceros.

d.- Estafa según el articulo 335 del Código Penal, para quien realice actividad no autorizada por la Superintendencia de Pensiones, relacionada con la administración de prestaciones, servicios, pago de Pensiones, beneficios o captación de recursos en el territorio del Estado Boliviano, con destino a crear o administrar prestaciones del seguro social obligatorio de largo plazo.

e.- Apropiación Indebida según el artículo 345 del Código Penal, para el empleador que retenga montos de las cotizaciones, primas y otros recursos destinados al financiamiento de prestaciones del seguro social obligatorio de largo plazo.

Para efectos del presente articulo, los informes elaborados por la Superintendencia de Pensiones constituirán prueba pericial de oficio.

 

Art. 53º ADMINISTRACIÓN DE RIESGO COMÚN Y DE RIESGO PROFESIONAL POR LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (AFP).- Transitoriamiente y hasta la fecha determinada por la Superintendencia de Pensiones de acuerdo al articulo 38 de la presente ley, las primas para el financiamiento de las prestaciones por riesgo común formarán parte de una cuenta colectiva de siniestralidad para cubrir las prestaciones de invalidez y muerte por riesgo común. Durante el mismo período, las primas para el financiamiento de las prestaciones por riesgo profesional formarán parte de una cuenta colectiva de riesgo profesional para cubrir las prestaciones de invalidez y muerte causadas por riesgo profesional. Dichas cuentas serán administradas por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) como parte del fondo de capitalización individual. Durante el período de transición mencionado, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) tendrán derecho a deducir de las cuentas colectivas especificadas la Comisión establecida por licitación para los servicios descritos en el inciso b) del artículo 32 de la presente ley.

En el período indicado, las primas del seguro social obligatorio de largo plazo serán establecidas por la Superintendencia de Pensiones, siendo revisables anualmente para mantener la solvencia de las cuentas de siniestralidad y de riesgo profesional.

Anualmente, la Superintendencia de Pensiones dispondrá que los activos componentes de dichas cuentas sean distribuidos de acuerdo a cálculo actuarial para balancear los activos de las obligaciones. Durante este período, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) no estarán obligadas a contratar los servicios de salud mencionados en el artículo 31 de la presente ley.

Los saldos negativos de las cuentas especificadas serán cubiertos temporalmente con recursos del fondo de capitalización individual con cargo a primas a ser cobradas en el futuro.

Durante el período mencionado, la Superintendencia de Pensiones contratará profesionales médicos y otros profesionales para realizar la calificación de invalidez y muerte, causadas por riesgo común y por riesgo profesional.

Desde la fecha determinada por la Superintendencia de Pensiones de conformidad al artículo 38 de la presente ley, las obligaciones y derechos inherentes a las prestaciones de invalidez y muerte de riesgos comunes y riesgos profesionales serán asumidos por la entidad aseguradora contratada por la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) de acuerdo a la presente ley. Los recursos de las cuentas mencionadas serán transferidos a la entidad aseguradora correspondiente y serán considerados reservas matemáticas actuariales al efecto del establecimiento de las primas respectivas.

 

Art. 54º CLASIFICACIÓN DE RIESGOS DE INVERSIÓN TRANSITORIA.- Hasta que existan clasificadoras de riesgo privadas los Superintendentes Sectoriales del Sistema de Regulación Financiera (SIREFI) y dos (2) representantes de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) tendrán la función de clasificar riesgos de títulos–valores y emisores.

 

Art. 55º ENTIDADES.- A partir de la promulgación de la presente ley, los entes gestores de cualquier naturaleza que, de manera exclusiva, administren los regímenes de vejez, jubilación, invalidez, muerte, riesgos profesionales de largo plazo y seguros especiales de la seguridad social boliviana, mantendrán su personalidad jurídica sólo a los efectos de su liquidación.

Las entidades que continúen prestando seguros de salud o de seguridad social de corto plazo, quedan prohibidas de realizar actividades relacionadas con la seguridad social de largo plazo.

La personalidad jurídica del Instituto Nacional de Seguros de Pensiones quedará extinta a partir de la fecha de designación del Superintendente de Pensiones y sus activos serán asumidos por la superintendencia de Pensiones.

La Secretaría Nacional de Pensiones estará a cargo de la liquidación de los entes gestores especificados, deberá calificar las rentas en Curso de Adquisición y determinar las Compensaciones de Cotizaciones.

A los efectos de la presente ley, la Secretaría Nacional de Pensiones establecerá bajo su dependencia la Unidad de Reordenamiento y la Unidad de Recaudación. La Secretaría Nacional de Pensiones podrá designar los liquidarores de los entes gestores especificados en el primer párrafo del presente articulo.

 

Art. 56º LIQUIDACIÓN DE LOS ENTES GESTORES.- A partir de la promulgación de la presente ley y de acuerdo a reglamento, el patrimonio de las entidades especificadas en el primer párrafo del artículo anterior será objeto de administración y liquidación de conformidad a los siguiente:

a) Los activos fijos, valores, acciones y otros títulos valores, así como las acreencias y otros que corresponda serán administradas por los liquidadores designados por la Secretaría Nacional de Pensiones, quienes tendrán al efecto las facultades de administración y procesales necesarias, otorgadas por el Secretario Nacional de Pensiones.

b) Los bienes mencionados serán objetos de disposición y transferencia a cargo de la Unidad de Reordenamiento de la Secretaría Nacional de Pensiones.

c) Los pasivos serán objeto de inscripción ante la Secretaría Nacional de Pensiones, en el plazo de sesenta (60) días, computado desde la emisión del reglamento respectivo. Estos pasivos no comprenden las Rentas en Curso de Pago, las Rentas en Curso de Adquisición ni los aportes, cotizaciones y otros pagos efectuados con destino a la obtención de pensiones o beneficios de cualquier especie.

Todos los activos disponibles, valores y otros recursos obtenidos por la administración y liquidación serán destinados al Tesoro General de la Nación, previa deducción de los pagos de pasivos, obligaciones laborales y de los costos y gastos correspondientes.

 

Art. 57º PERIODO DE TRANSICIÓN.-. A partir de la promulgación de la presente ley y hasta la Fecha de Inicio, las personas que se encuentren cotizando al Sistema de Reparto o las personas que deban afiliarse a dicho Sistema, continuarán cotizando las tasas del Sistema de Reparto que les sean aplicables.

La recaudación de los aportes señalados en el párrafo anterior se realizará por la Unidad de Recaudaciones de la Secretaría Nacional de Pensiones con el apoyo de la Dirección General de Impuestos Internos, con destino a una cuenta fiscal del Tesoro General de la Nación. Al efecto, la Unidad de Recaudación tendrá las facultades legales necesarias y suficientes para el cobro de los adeudos por la vía coactiva social.

A partir de la promulgación de la presente ley, los afiliados al Sistema de Reparto con Rentas en Curso de Pago cobrarán sus rentas del Tesoro General de la Nación. Estas rentas se pagarán en Bolivianos con mantenimiento de valor respecto al dólar estadounidense.

A partir de la Fecha de Inicio las personas que hubieran cumplido con los requisitos que exige el Sistema de Reparto para acceder a sus beneficios y que voluntariamente deseen mejorar sus rentas, continuarán cotizando las tasas que les corresponda sobre sus salarios, con el objeto de incrementar por cada doce (12) cotizaciones un dos por ciento (2%) el monto de sus futuras rentas o la fracción que corresponda. Estos aportes deberán ser depositados en una cuenta fiscal del Tesoro General de la Nación.

A partir de la promulgación de la presente ley, la calificación de las Rentas en Curso de Adquisición se efectuará de conformidad a las normas legales del Sistema de Reparto y a un reglamento. Las Rentas en Curso de Adquisición, una vez calificadas, serán pagadas por el Tesoro General de la Nación, en Bolivianos con mantenimiento de valor respecto al dólar estadounidense.

 

Art. 58º VIGENCIA DEL SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO DE LARGO PLAZO.- El seguro social obligatorio de largo plazo previsto en la presente ley entrará en vigencia a partir de la Fecha de Inicio.

 

Art. 59º ASIGNACIÓN DE PERSONAS.- Las personas afiliadas al Sistema de Reparto excepto aquellas con rentas en curso de adquisición o rentas en curso de pago serán asignadas a la Fecha de Inicio a una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), de acuerdo a reglamento.

A partir de la promulgación de la presente ley y durante los primeros cinco (5) años desde la Fecha de Inicio, los Beneficiarios de la Capitalización serán asignados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) seleccionadas mediante la licitación pública internacional prevista en la Ley de Capitalización, de acuerdo a reglamento.

 

A la fecha de Inicio, la totalidad de las personas con Rentas en Curso de Pago o con Rentas en Curso de Adquisición por riesgos profesionales en el Sistema de Reparto, quedarán adscritas a la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) que les corresponda, para la administración de dicha prestación y para el pago de sus rentas mediante el seguro de riesgo profesional.

 

Art. 60º INCORPORACIONES.- Las personas sin cotizaciones al Sistema de Reparto a la Fecha de Inicio y que trabajan en relación de dependencia laboral, quedarán afiliadas al seguro social obligatorio de largo plazo, en los plazos a determinarse mediante reglamento, que no podrán exceder de veinticuatro (24) meses, contados desde la Fecha de Inicio. A efectos de la presente ley, dichas personas tendrán el tratamiento de quienes inician una relación de dependencia laboral y sus empleadores se encuentran exentos de todo pago de adeudos anteriores a las entidades del Sistema de Reparto.

 

Art. 61º ADEUDOS POR APORTES Y COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL.- Todas las personas o entidades que a la fecha de la promulgación de la presente ley adeuden aportes y cotizaciones para los regímenes de salud, riesgos profesionales de corto y largo plazo, seguros de invalidez, vejez, muerte, vivienda social y otros seguros, prestaciones y beneficios administrados por entidades sometidas a las normas del Código de Seguridad Social u otras específicas para actividades o personas de cualquier naturaleza, podrán cancelar dichas obligaciones de conformidad a ls normas del presente artículo.

Quienes sean deudores deberán presentar declaraciones juradas, de acuerdo a reglamento, estableciendo los montos que sean debidos a las entidades acreedoras al primer vencimiento de mes desde la promulgación de la presente ley.

Los montos adeudados serán pagados en el plazo de diez (10) años, contando a partir del 1? de enero de 1997, en cuotas iguales y trimestrales, aplicándose el interés legal establecido en el Código Civil. El pago de los montos totales liberará en forma definitiva al deudor de las obligaciones existentes, incluyendo las correspondientes a intereses, multas o recargos de cualquier naturaleza. El pago anticipado de estos adeudos liberará el empleador de la cancelación de los intereses legales.

Quienes no presenten las declaraciones juradas especificadas, y quienes no cumplan con los pagos en las condiciones previstas, quedarán sujetas al cobro coactivo de todas las obligaciones incluyendo intereses, multas y recargos de cualquier especie, que serán liquidados de conformidad a las disposiciones legales que dieron origen a las mismas.

 

La recaudación y cobro coactivo corresponderá a las entidades acreedoras correspondientes excepto en el caso de las entidades de la seguridad social de largo plazo, cuyos adeudos serán cobrados por la Unidad de Recaudación de la Secretaría Nacional de Pensiones, con las facultades legales necesarias y suficientes para el cobro de los adeudos por la vía coactiva social. La recaudación contará con el apoyo de la Dirección General de Impuestos Internos.

Las deudas de la entidades y empresas públicas por las obligaciones mencionadas, con excepción de los municipios y sus entidades dependientes, serán compensadas con las transferencias del Tesoro General de la Nación, efectuadas a las entidades sometidas a las normas del Código de Seguridad Social u otras específicas para actividades o personas de cualquier naturaleza, que administran regímenes de salud y vivienda social. Los montos netos resultantes de esta compensación con cada entidad acreedora, serán pagados por el Tesoro General de la Nación, si correspondiera, contra futuras transferencias a las mismas.

 

Art. 62º APORTES PATRONALES Y ESTATALES.- A partir de la Fecha de Inicio, el aporte patronal existente para los seguros de invalidez, vejez y muerte del Sistema de Reparto, se fusiona al sueldo o salario de los Afiliados con un mínimo del cuatro punto cinco por ciento (4.5%) incrementando su monto en dicho porcentaje.

A partir de la Fecha de Inicio, queda extinto el aporte estatal dispuesto por las normas legales del Sistema de Reparto.

 

Art. 63º COMPENSACIÓN DE COTIZACIONES.- Los Afiliados que hayan realizado al menos sesenta (60) cotizaciones en el Sistema de Reparto en forma previa a la Fecha de Inicio, tendrán derecho a la Compensación de Cotizaciones. Esta compensación se pagara mensualmente de manera vitalicia mediante una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) o una entidad aseguradora, a partir del momento que el Afiliado tenga derecho a la prestación de jubilación, de conformidad al artículo 7 de la presente ley. Si el Afiliado fallece antes de cumplir los sesenta y cinco (65) años de edad, la compensación de cotizaciones se pagará a los Derecho–habientes, de acuerdo a reglamento. El monto de la Compensación de Cotizaciones será destinado a financiar, en caso necesario, las prestaciones establecidas en los artículos 9 y 10 de la presente ley, en favor de los Derecho–habientes. Si existe diferencia entre el monto de la Compensación de Cotizaciones y el monto de las prestaciones de los Derecho–habientes, éstas será financiada con recursos provenientes de la cuenta colectiva de siniestralidad o de la cuenta colectiva de riesgo profesional previstas en el artículo 53 de la presente ley, o por la entidad aseguradora, según corresponda.

La Compensación de Cotizaciones para cada mes corresponderá el resultado de la multiplicación del número de años, o fracción de ellos, efectivamente cotizados por el Afiliado al Sistema de Reparto, por cero coma siete (0,7) veces el último salario mensual recibido para efectuar cotizaciones, dividido entre veinticinco (25).

 

Si el Afiliado ha realizado menos de sesenta (60) cotizaciones hasta la fecha de Inicio, recibirá una compensación por los aportes efectuados, por una sola vez, equivalente a cien (100) veces la Compensación de Cotizaciones, resultantes del cálculo previsto en el párrafo anterior. Dicho pago procederá en la fecha en que el Afiliado se jubile, o a la fecha de fallecimiento si este evento ocurre antes de la jubilación del Afiliado. El pago se efectuara en favor del Afiliado o de sus Derecho–habientes, según corresponda.

El monto de la Compensación de Cotizaciones se incrementará en dos por ciento (2%) del Salario Base por cada doce (12) meses de no exigibilidad de dicha compensación a partir de los sesenta y cinco (65) años de edad. Los Derecho–habientes que decidan no exigir su compensación de cotizaciones en los términos indicados, tendrán el mismo tratamiento.

El salario mencionado en el segundo párrafo de este artículo para el otorgamiento de la Compensación de Cotizaciones se calcula en Bolivianos con mantenimiento de valor respecto al dólar estadounidense y se pagará en Bolivianos.

El valor mensual de la Compensación de Cotizaciones no podrá superar veinte (20) veces el salario mínimo vigente.

Ninguna persona podrá ser acreedora conjuntamente a la Compensación de Cotizaciones y a Rentas en Curso de Pago o Rentas en Curso de Adquisición.

 

Art. 64º EXCLUSIVIDAD.- Dentro del plazo de cinco (5) años desde la Fecha de Inicio, la actividad de Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) será realizada en forma exclusiva por las entidades que hayan sido seleccionadas mediante el proceso de licitación pública internacional previstos por la Ley de Capitalización. Las comisiones que cobrarán las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) durante este período, serán determinadas mediante el proceso de licitación mencionado.

 

Art. 65º PRESTACIONES POR SEGUROS Y REGIMENES ESPECIALES.- Las prestaciones por seguros y regímenes especiales de largo plazo continuarán siendo pagadas de conformidad a reglamento.

 

Art. 66º DEDUCCIONES PARA LOS REGIMENES DE SALUD.- Las deducciones de un porcentaje de las pensiones o rentas para los regímenes de salud serán realizadas por la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) o entidad aseguradora y depositadas por las mismas en el ente gestor de salud que corresponda. El porcentaje de deducción será establecido anualmente de acuerdo a reglamento.

 

Art. 67º MODIFICACIONES A LA LEY DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS.- El plazo de ciento ochenta (180) días para el pago del aumento de capital previsto en el proceso de regulación patrimonial establecido en el artículo 113 de la Ley 1488 de 14 de abril de 1993 (Ley de Bancos y Entidades Financieras) se modifica a noventa (90) días a partir de la resolución de la asamblea.

Se modifica y complementa el artículo 114 de la Ley de Bancos y Entidades Financieras cuyo texto será el siguiente:

I. Si los accionistas de una entidad financiera no repusieran el capital de acuerdo al artículo anterior, el Directorio queda facultado para proponer:

1. A los acreedores de la entidad financiera, capitalizar parte o la totalidad de sus acreencias convirtiéndolas en acciones ordinarias.

2. A una o más entidades financieras, con autorización de la Superintendencia, que le otorgue un préstamo subordinado que será considerado como patrimonio de la entidad receptora. El préstamo subordinado deberá ser pagado con aumento de capital. Si dicho préstamo no es pagado en el plazo estipulado en el contrato se convertirá obligatoriamente en acciones a nombre del prestamista, por ministerio de esta ley.

En ningún caso el valor nominal de las acciones suscritas o del préstamo subordinado podrán representar más del cuarenta por ciento (40%) del capital y reservas de la entidad o institución prestamista.

II. Si a los treinta (30) días de vencido el plazo establecido en el artículo precedente, el Directorio no finaliza el proceso de capitalización de acreencias o no suscribe y recibe un crédito subordinado de acuerdo a lo establecido en los numerales 1 y 2 del inciso I) del presente artículo, la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras y el Banco Central de Bolivia podrán resolver en forma conjunta la intervención de la entidad financiera mediante resoluciones expresas. El interventor será designado por el Superintendente de Bancos y Entidades Financieras, ebiendo asumir las competencias que legal y estatutariamente correspondan a la junta general de accionistas y a los órganos directivos de la entidad, siendo aplicable durante todo el proceso de intervención el artículo 126 de la Ley de Bancos y Entidades Financieras, en lo que corresponda.

El interventor estará facultado para la adopción de las siguientes medidas:

a) Contraer créditos subordinados para establecer el patrimonio de la entidad hasta los requerimientos mínimos legales y operativos. Dichos créditos serán considerados como parte del patrimonio quedando exceptuados del límite establecido en el artículo 48 de esta Ley.

b) Cesar en sus funciones a los Directores, síndicos y plantel ejecutivo, contratando o ratificando a los que considere necesarios.

c) Disponer el registro contable de las pérdidas, castigos, previsiones y otros ajustes necesarios contra el capital y reservas, procediendo al canje y resellado de acciones al valor patrimonial proporcional residual.

d) Gestionar la reposición del patrimonio por medio de aportes de capital, préstamos subordinados y/o capitalización de acreencias del sector público.

Instaurar procesos administrativos internos a fin de establecer responsabilidades en la administración de la entidad financiera y, en su caso, iniciar las acciones judiciales correspondientes.

III. Los recursos para financiar la intervención provendrá de los instrumentos que para ese efecto disponga el Poder Ejecutivo.

IV. El proceso de fortalecimiento no podrá exceder el plazo de un (1) año de iniciada la intervención. La Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras y el Banco Central de Bolivia, con sujeción a la ley, determinarán los mecanismos más convenientes para la transferencia de las acciones de propiedad del Estado al sector privado, en un plazo no mayor a un (1) año de concluido el proceso de fortalecimiento de la entidad financiera”.

 

Art. 68º REGLAMENTACIÓN.- El Poder ejecutivo reglamentará la presente ley mediante Decreto Supremo.

 

Art. 69º ABROGACIONES Y DEROGACIONES.- Quedan derogados los artículos 105, 106, 158, 160 y el primer párrafo el artículo 159 de la Ley 1488 de 14 de abril de 1993 (Ley de Bancos y Entidades Financieras), todas las disposiciones legales del Sistema de Reparto y las disposiciones contrarias a la presente ley.

Queda abrogado el Decreto 07585 de 20 de abril de 1966.

Queda derogado el artículo 24 del Decreto 05035 de 13 de septiembre de 1958.

 

REGLAMENTO A LA LEY DE PENSIONES

D.S. 24469 de 17 de enero de 1997

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

 

Art. 1º (OBJETO).- El presente Decreto Supremo tiene por objeto reglamentar la Ley 1732 de 29 de noviembre de 1996 (Ley de Pensiones).

 

Art. 2º (DEFINICIONES).- Las definiciones establecidas en el artículo 5 de la Ley de Pensiones forman también parte del presente reglamento.

Para los efectos del presente reglamento, se establece las siguientes definiciones:

Accidente de Trabajo: Es el evento súbito o violento que provoca el fallecimiento o incapacidad del Afiliado o

Asegurado al Sistema de Reparto, que se presenta en algunas de las siguientes circunstancias:

a) En el lugar de trabajo y durante las horas de trabajo.

b) En el lugar de trabajo, fuera de las horas de trabajo, si el Afiliado o Asegurado se encuentra realizando funciones encomendadas por su Empleador.

c) En un lugar diferente al lugar de trabajo, si el Afiliado o Asegurado se encuentra realizando actividades relacionadas con su actividad laboral encomendadas por su Empleador.

d) Durante el horario de trabajo, independiente del lugar donde se produzca el accidente, siempre que el Afiliado o Asegurado se encuentra realizando una diligencia relacionada con su actividad laboral.

e) En el trayecto de o hacia su fuente de trabajo, siempre que el Empleador provea los servicios de transporte.

Afiliado Activo: Es el Afiliado con relación de dependencia laboral o Afiliado sin relación de dependencia laboral Registrado en una AFP, que no ha calificado para la recepción de una Pensión definitiva de invalidez total y que no se encuentra percibiendo prestaciones de jubilación provenientes del SSO ni ha generado prestaciones por muerte.

Afiliado Pasivo: Es el Afiliado Registrado en una AFP que ha calificado para la recepción de una Pensión definitiva de invalidez total o ha generado derecho a prestaciones por muerte, sea por Riesgo Común o Riesgo Profesional, o que percibe prestación de jubilación provenientes del SSO.

Agente de Bolsa: Es la persona autorizada por la Superintendencia de Valores para actuar como intermediario en las Bolsas de Valores nacionales de acuerdo a lo que se establece en la legislación del mercado de valores.

 

Aportes: Es el conjunto de Cotizaciones Mensuales, Cotizaciones Adicionales y Depósitos Voluntarios de Beneficios Sociales, correspondientes a un Afiliado.

Area de Exclusividad: Es el área geográfica de la República de Bolivia en el cual una AFP prestará servicios en condiciones de exclusividad durante un periodo igual o menor al Periodo de Exclusividad.

Asegurados al Sistema de Reparto: Son las personas con Rentas en Curso de pago, con Rentas en Curso de Adquisición o que a la Fecha de Inicio se encontraban adscritas o cotizando al Sistema de Reparto.

Beneficios de la Capitalización: Son el Bono Solidario y los Gastos Funerarios a favor de los Beneficiarios de la Capitalización.

Bolsa de Valores: Son las entidades en las cuales se negocian Títulos Valores cuya oferta pública se encuentra registrada y autorizada por autoridad competente.

Causante: Es el Afiliado Activo o Pasivo, cuyo fallecimiento genera derecho a prestaciones por muerte. También se utilizará este término para el Asegurado al Sistema de Reparto cuyo fallecimiento genera derecho a prestaciones por muerte.

Certificado de Saldo: Es el documento omitido por una AFP que contiene información sobre el saldo de la Cuenta Individual y el monto de la Compensación de Cotizaciones cuando corresponda, a una fecha determinada.

Comisiones: Son los montos de dinero percibidos por las AFP, en calidad de contraprestación por servicios prestados de conformidad a la Ley de Pensiones.

Compensación de Cotizaciones de Un Pago Global: Es la Compensación de Cotizaciones otorgada al Afiliado que hubiese realizado menos de sesenta (60) cotizaciones en el Sistema de Reparto en forma previa a la Fecha de Inicio.

Compensación de Cotizaciones Mensual: Es la Compensación de Cotizaciones otorgada al Afiliado que hubiese efectuado al menos sesenta (60) cotizaciones en el Sistema de Reparto en forma previa a la Fecha de Inicio.

Conflicto de Intereses: Es cualquier acto, omisión o situación de una persona natural o jurídica a consecuencia de la cual dicha persona pueda obtener ventajas o beneficios para si o para terceros porvenientes de la administración de los fondos, así como de la prestación de servicios a los Afiliados o Beneficiarios de la Capitalización.

Contrato de Pensión: Es el contrato celebrado entre el Afiliado, o sus Derecho–habientes cuando corresponda, para el pago de Pensiones de jubilación o de muerte con la Entidad Asegurada en la modalidad de Seguro Vitalicio o con la AFP que administra la modalidad de mensualidad Vitalicia Variable.

Contribuciones: Son los aportes, Primas y Comisiones.

Cotización Adicional: Es el monto del Total Ganado o Ingreso Cotizable que los Afiliados pagan pariódicamente y en forma voluntaria con destino a su Cuenta Individual, en forma adicional a su Cotización Mensual.

Cotización al Sistema de Reparto: Son los pagos realizados por el Asegurado o su Empleador para la cobertura de las contingencias de invalidez, vejez, muerte, regímenes especiales, y riesgos profesionales cuando corresponda al Sistema de Reparto o a la Unidad de Recaudación.

Cotización Mensual: Es la cotización del diez por ciento (10%) del Total Ganado o Ingreso Cotizable con destino a la Cuenta Individual.

Cuenta Colectiva de Siniestralidad: Son los recursos provenientes de las Primas para la cobertura de Riesgo Común que conforman una cuenta en el FCI, durante el periodo en que las AFP no contraten un Entidad Aseguradora para la cobertura de estos riesgos.

Cuenta Colectiva de Riesgos Profesionales: Son los provenientes de las Primas para la cobertura del Riesgo Profesional que conforman una cuenta en el FCI, durante el periodo en que las AFP no contraten una Entidad Aseguradora para la cobertura de estos riesgos.

Cuenta de Mensualidades Vitalicias: Son los recursos provenientes del Capital Acumulado a ser transferido por todos aquellos Afiliados, o sus Derecho–habientes cuando corresponda que opten por la modalidad de la prestación de jubilación de Mensualidades Vitalicias Variables.

Dependiente Nuevo: Es la persona natural que con posterioridad a la Fecha de inicio comienza una relación de dependencia laboral por primera vez en su vida.

Dependiente en un Nuevo Empleo: Es la persona natural que, con posterioridad a la Fecha de Inicio, comienza una nueva relación de dependencia laboral con el mismo u otro Empleador.

Depenendiente Antiguo: Es la persona natural que a la Fecha de Inicio, trabajaba en relación de dependencia laboral y era Asegurado al Sistema de Reparto.

Depósitos Voluntarios de Beneficios Sociales: Son los pagos efectuados por un Empleador a la Cuenta Individual del Afiliado, a solicitud del mismo, correspondientes total o parcialmente a desahucios, indemnizaciones por tiempo de servicios compensaciones por descansos laborales y otras bonificaciones de derechos laborales provenientes de una relación de dependencia laboral, excluido el Total Ganado.

Empleador: Es la persona natural o jurídica o privada, nacional o extranjera, que en el territorio de la República de Bolivia contrata a una persona natural en régimen de dependencia laboral, entendido éste de acuerdo a las leyes aplicables.

 

Empleadores Adscritos al Sistema de Reparto: Son los Empleadores que a la Fecha de Inicio se encotraban registrados al Sistema de Reparto.

Empleadores No Adscritos al Sistema de Reparto: Son los empleadores que a la Fecha de Inicio no se encontraban adscrito al Sistema de Reparto.

Enfermedad Profesional: Es todo estado Patológico que sobrevengan como consecuencia directa del trabajo o labor que desempeña el Afiliado Activo o Asegurado al Sistema de Reparto o del contacto con agentes nocivos que existieran en el lugar de trabajo.

Entes Gestores de Salud: Son las entidades públicas o privadas que proveen atención de salud a los Afiliados Activos, Afiliados Pasivos y Asegurados al sistema de Reparto.

Entes Gestores del Sistema de Reparto: Son las entidades que administran los regímenes de vejez, invalidez, muerte y riesgos profesionales del largo plazo del Sistema de Reparto vigentes hasta la fecha de promulgación de la Ley de Pensiones.

Entidad Aseguradora: Son las compañías de seguro que manejan los Seguros por Riesgo común y por Riesgo Profesional del SSO. O que ofrecen la modalidad de pensión el Seguro Vitalicio.

Entidad de Custodia: Es un Banco que presta Servicios de depósito, liquidación, compensación y cobro de ingresos de los Títulos Valores, así como información empresarial, reportes y otros relacionados a la administración de Títulos Valores en custodia a nivel global.

Examen Pre–Ocupacional: Es el examen médico que determina el estado de salud de un Dependiente Nuevo, de un Dependiente en un Nuevo Empleo o de un Dependiente Antíguo.

Fondos: Son el Fondo de Capitalización Individual (FCI) y el Fondo de Capitalización Colectiva (FCC.).

Fondo de Capitalización Colectiva (FCC): Es el fondo conformado con los recursos constituidos en fideicomiso de conformidad con el artículo 7º de la Ley 1544 de 21 de marzo de 1994 (Ley de Capitalización), proveniente de la capitalización de las empresas públicas.

Fondo de Capitalización Individual (FCI): Es el fondo compuesto por las Cuentas Individuales Cuenta de Mensualidad Vitalicia Variable, Cuenta Colectiva de Siniestralidad y Cuenta Colectiva de Riesgos Profesionales. Cuando corresponda y la inversión en cuotas del FCI con recursos provenientes de dividendos o venta de acciones del FCC.

 

Fondos de Inversión: Es el patrimonio integrado por aportes de personas naturales o jurídicas destinado a efectuar inversiones en Títulos Valores de oferta pública, administrado por sociedades anónimas dedicadas a esta actividad.

Gastos de Transacción: Se entenderá por Gastos de Transacción los siguientes:

a) Pagos a los Operadores derivados exclusivamente de servicios brindados por la compra y venta de Títulos Valores.

b) Gastos derivados de la monetización de las acciones del FCC de conformidad al presente reglamento.

Gastos Funerarios: Es el pago por una sola vez de un mil cien 00/100 bolivianos (Bs. 1.100) de diciembre de 1996 con mantenimiento de valor respecto al dólar estadounidense de acuerdo al Índice del Mantenimiento de Valor, a favor de la persona que acredite haber efectuado el pago de los gastos funerarios del Afiliado o del Beneficiario de la capitalización.

Grupos de Emisores Vinculados: Son los emisores de Títulos Valores que tienen vínculos de propiedad de administración o que responden a intereses financieros y crediticios comunes.

Indice de Mantenimiento de Valor: Es el factor determinado por la Superintendencia que se emplea para mantener el poder adquisitivo de los montos denominados en moneda nacional respecto al dólar estadounidense.

Información Privilegiada: Es cualquier información referida a emisores, a sus negocios, o a los Títulos Valores por ellos emitidos, no divulgada y cuyo conocimiento sea capaz de influir en la cotización de los Títulos Valores, También se entenderá por Información privilegiada aquella referida a operaciones de compra y venta que un AFP tiene la intención de realizar en el mercado de valores.

Intermediarios: Son las personas jurídicas contratadas por un AFP o por un Mandatario para prestar servicios de asesoramiento o ejecución de instrucciones de inversión con recursos de los fondos.

Invalidez por Riesgo Común: Es la disminución o pérdida de la capacidad del Afiliado o Asegurado al Sistema de Reparto para efectuar un trabajo razonablemente remunerado, causada por un Riesgo Común.

Invalidez por Riesgos Profesionales: Es la disminución o pérdida de la capacidad del Afiliado o Asegurado al Sistema de Reparto, par continuar realizando el trabajo que desempeñaba antes de su invalidez, causada por un Riesgo Profesional.

Ley de Pensiones: Es la Ley de la República de Bolivia Nº 1732 de 29 de noviembre de 1996.

Listado de Empleadores: Es un listado de nombres de Empleadores que la Superintendencia pondrá en conocimiento de las AFP.

 

Mandatarios: Son las personas jurídicas contratadas por una AFP para prestar servicios relacionados con las inversiones de los Fondos, bajo la modalidad de administración delegada a sus similares.

Manual de Normas de Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez: Es el documento que contiene los criterios para evaluar y calificar el grado de invalidez de un Afiliado así como la lista de Enfermedades Profesionales.

Mercados Primarios Locales: Son los mercados nacionales extrabursátiles donde se realiza la primera transacción de Títulos Valores de nueva emisión para oferta pública.

Mercados Secundarios Locales: Son las Bolsas de Valores de la República de Bolivia.

Mercados Primarios Extranjeros Autorizados: Son los mercados extranjeros en los que se realiza la primera transacción de Títulos Valores de nueva emisión.

Mercados Secundarios Extranjeros Autorizados: Se consideran Mercados Secundarios Extranjeros Autorizados:

a) Bolsas de Valores reconocidas en los mercados extranjeros por las autoridades competentes en que actuarán las AFP, sus respectivos Mandararios o Intermediarios.

b) Ruedas de Negación que cumplan con todas las siguientes condiciones:

1. Ser entidades que, en los países en que se encuentre la sede principal de sus negocios, se encuentren autorizadas para captar dinero del público o para intermediar dinero o valores por cuenta de terceros, siempre que efectúen diariamente este tipo de transacciones.

2. Que mediante sistemas gráficos, telefónicos, electrónicos u otros sistemas de comunicación, mantengan permanentemente informados a inversionistas, de manera que se asegure la libre competencia transparencia, libertad de oferta y demanda y equidad en las transacciones.

3. Que la entidad involucrada en la transacción de los Títulos Valores, tenga una calificación de los Títulos Valores de Largo Plazo que hubiera emitido, realizada por clasificadoras privadas internacionales aceptadas por la Superintendencia, no inferior a BBB de acuerdo a las equivalencias establecidas en la presente norma.

Nuevo Ingresante: Es la persona natural que a la Fecha de Inicio trabajaba en relación de dependencia laboral y no era Asegurado al Sistema de Reparto.

Número Único Asignado (NUA): Es el número único que se asigna a toda persona para quedar Registrada a una AFP., así como para registrar a los Beneficiarios de la Capitalización a la Base de Datos del Fondo de capitalización Colectiva. Dicho número no cambia en caso de traspaso.

 

Operadores: Persona natural o jurídica que realiza directamente operaciones de compra y venta de Títulos Valores en los mercados autorizados de conformidad al presente reglamento.

Pago Global: Es la prestación consistente en el pago por una sola vez. Otorgado al Asegurado al Sistema de Reparto que a la Fecha de Inicio cumple con los requisitos que establece la presente norma para ser acreedor a ese beneficio.

Pensión: Para los efectos del presente reglamento, la Pensión definida en el artículo 5º de la Ley de Pensiones, será pagada por las AFP y Entidades Aseguradoras, según corresponda, trece (13) veces al año. Dichas Pensiones corresponderán a los doce (12) meses del año y al aguinaldo navideño, que se paga antes del día 15 del mes de diciembre de cada año.

Pensión Base: Es el monto de dinero referencial al cual se aplican los porcentajes de asignación de Derecho–habientes para efectos del cálculo de Pensiones por muerte.

Período de Exclusividad: Es el plazo que fenece cinco (5) años luego de la Fecha de Inicio, durante el cual la actividad de AFP será realizada en forma exclusiva por las entidades que hayan sido seleccionadas mediante el proceso de licitación pública internacional previsto por la Ley de Capitalización.

Personas Relacionadas: Son las personas naturales o jurídicas con vínculo de propiedad, administración, o que responden a intereses comunes creados por relaciones laborales o familiares hasta el segundo grado de afinidad o consanguinidad de acuerdo a Cómputo Civil así como las que se originen en riesgos crediticios comunes.

Precio Perjudicial: Es aquel precio de transacción de un Título Valor, bien o servicio que no es aquel que un comprador o vendedor velando por su propio interés pagaría o recibiría por los mismo en un mercado abierto.

Prima: Es el porcentaje del Total Ganado o Ingreso Cotizable destinado a la cobertura del Seguro de Riesgo Común, también se refiere al porcentaje del Total Ganado destinado a la cobertura del Seguro de Riesgo Profesional en el SSO.

Registrado: Es toda persona a quien se le asignó un NUA o que teniéndolo suscribió el formulario de registro y traspaso.

Registro de los Afiliados: Es el archivo de los Afiliados que fueron Registrados por una determinada AFP.

Registro: Es cualquiera de los siguientes actos:

a) Aquel mediante el cual la AFP otorga un NUA al Afiliado o a la persona sin relación de dependencia laboral que realiza su primera cotización en una determinada AFP.

b) Aquel mediante el cual un Afiliado anteriormente registrado en otra AFP se Traspasa a una nueva, a través de la suscripción del formulario de registro y traspaso.

c) Aquel mediante el cual la AFP otorga un NUA al Beneficiario de la Capitalización.

Estos actos confirman el derecho de los beneficios que señala la Ley de Pensiones y determina la contratación de servicios con una AFP.

Registro a la Base de Datos del Fondo de Capitalización Colectiva: Es el archivo de Beneficiarios de la Capitalización que fueron Registrados por una determinada AFP.

Renta: Es el pago mensual que recibe el Asegurado al Sistema de Reparto en los casos de invalidez, vejez o el pago mensual a favor de los Derecho–habientes del Asegurado al Sistema de Reparto a su fallecimiento.

Rezagos: Recursos depositados por concepto de Contribuciones en una AFP, pero que no tienen identificación o respaldo satisfactorio para ser acreditados a una Cuenta Individual.

Riesgo Común: Son los accidentes o enfermedades que se producen por razones distintas a Accidentes de Trabajo o Enfermedades Profesionales y que originan el fallecimiento o incapacidad de los Afiliados o Asegurados al Sistema de Reparto.

Riesgo Profesional: Son los Accidentes de Trabajo o Enfermedades Profesionales que se producen como consecuencia directa del trabajo o labor desempeñada y que originan el fallecimiento o incapacidad de los Afiliados o Asegurados al Sistema de Reparto.

Salario Base: Es el salario utilizado para el cálculo de Pensiones de jubilación, invalidez y muerte en el SSO que se calcula de acuerdo al presente reglamento.

Salario Cotizable: Es la suma de todas las remuneraciones mensuales de un Asegurado al Sistema de Reparto, provenientes de contratos laborales, antes de deducción de impuestos. El máximo Salario Cotizable será el equivalente de veinte (20) veces el salario mínimo nacional vigente.

Seguro de Riesgo Común: Es el contrato que conviene la AFP con una Entidad Aseguradora para garantizar las prestaciones de invalidez y muerte, para sus Afiliados, originadas por Riesgo Común.

Seguro de Riesgo Profesional: Es el contrato que conviene la AFP con una Entidad Aseguradora para garantizar las prestaciones de invalidez y muerte, para sus Afiliados, originadas por riesgo Profesional.

Serie: Es el conjunto de Títulos Valores que guardan relación entre si por corresponder a la misma emisión y que poseen idénticas características en cuanto a su fecha de vencimiento, tasas de interés, tipo de amortización, condiciones de rescate, garantías y tipo de reajuste.

SSO: Es el Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo previsto en la Ley de Pensiones.

 

Superintendencia: Es la Superintendencia de Pensiones.

Superintendencia de Seguros y Reaseguros: Es el ente fiscalizador del sector asegurador.

Superintendencia de Valores: Es el ente fiscalizador del mercado de valores.

Territorio de Explotación Común: Es el territorio de la República de Bolivia donde más de una AFP esta autorizada a prestar sus servicios.

Título Valor: Es cualquiera de los documentos considerado como tal de acuerdo a la legislación del mercado de valores. Para fines de cálculo de la custodia requerida, se considera también Título Valor a los depósitos a plazo con un periodo igual o mayor a siete (7) días.

Títulos Valores de Corto Plazo: Son los Títulos Valores representativos de deuda cuyo plazo de vencimiento es menor o igual a trescientos sesenta (360) días.

Títulos Valores de Largo Plazo: Son los Títulos Valores representativos de deuda cuyo plazo de vencimiento es mayor a trescientos sesenta (360) días.

Títulos Valores Únicos: Son los Títulos Valores representativos de deuda con características propias, emitidos individualmente y que no conformen una Serie.

Traspaso: es el acto por el cual un Registrado mediante la Suscripción del formulario de registro y traspaso, contrata servicios con una AFP distinta a la de origen.

Unidad de Recaudación: Es la unidad dependiente de la Secretaría Nacional de Pensiones cuyas funciones principales son: recaudar a través de la Dirección General de Impuestos Internos los aportes de los Asegurados con Rentas en curso de Adquisición y los adeudos por aportes al Sistema de Reparto, calificar las Rentas en Curso de Adquisición, calcular, clasificar y gestionar la Compensación de Cotizaciones y pagar las Rentas.

Unidad de Reordenamiento: Es la unidad dependiente de la Secretaría Nacional de Pensiones cuyas funciones principales son: Intervenir y liquidar a los Entes Gestores del Sistema de Reparto de conformidad a la Ley de pensiones y sus reglamentos y transferir los recursos obtenidos de este proceso al Tesoro General de la Nación.

CAPÍTULO II

PRESTACIONES Y BENEFICIOS

PARTE I

DISPOSICIONES COMUNES

 

Art.. 3 (ACREDITACIÓN DE DERECHO–HABIENTES).- La AFP deberá solicitar al Afiliado que realice la solicitud de Pensión de jubilación o invalidez la lista de sus Derecho–habientes a la fecha de efectuada dicha solicitud. La acreditación de los Derecho–habientes deberá realizarse a través de la presentación de los siguientes documentos a la fecha de solicitud de Pensión por muerte:

a) Para los de Primer Grado: Certificados de matrimonio para cónyuge o declaratoria de juez para conviviente, cédula de identidad del cónyuge o conviviente, certificados de nacimiento y cédulas de identidad para los hijos.

b) Para los de Segundo Grado: Certificados de nacimiento y cédulas de identidad. Estos Derecho–habientes podrán reclamar derecho a Pensión por muerte, del Seguro de Riesgo Común o de Riesgo Profesional y de los Contratos de Pensión de Seguro Vitalicio o Mensualidades Vitalicias Variables, únicamente cuando éstos hubiesen sido expresamente declarados por el Causante. No se admitirán adiciones de Derecho–habientes que no hubiesen sido expresamente declarados por el Causante.

c) Para los de Tercer Grado: Certificados de nacimiento y cédulas de identidad, Podrán reclamar sus derechos a Pensión por muerte de Afiliados fallecidos con Pensión de jubilación, únicamente cuando éstos hubiesen sido declarados como tales por el Causante en el Contrato de Pensión. Los Derecho–habientes de Tercer Grado no tienen derecho a Pensión por muerte de los Seguros de Riesgo Común ni de Riesgo Profesional, aun cuando hubiesen sido declarados por el Causante.

El orden de prelación para los Derecho–habientes de Primer Grado y Segundo Grado será de acuerdo al Código Civil.

Los Derecho–habientes tendrán un plazo de doce (12) meses para reclamar Pensiones por muerte y acreditarse.

 

Art. 4º AJUSTE A LAS PENSIONES.- Las Pensiones de jubilación y de invalidez y muerte tanto por Riesgo Común como por Riesgo Profesional en el SSO se actualizarán de acuerdo al índice de Mantenimiento de Valor.

 

Art. 5º DESCUENTOS PARA ATENCIÓN EN SALUD.- Las Pensioes de jubilación, invalidez y muerte del SSO tanto de los Contratos de Pensiones como de los Seguros de Riesgo Común y Riesgo Profesional, serán sujetas a los descuentos para salud que establezca la Superintendencia. Las AFP y Entidades Aseguradoras serán responsables de realizar éstos descuentos y depositarlos en la entidad que establezca la Superintendencia.

PARTE II

PRESTACIÓN DE JUBILACIÓN

 

Art. 6º REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE PENSIÓN DE JUBILACIÓN.- Podrán solicitar Pensión de jubilación los Afiliados que cumplan con uno de los siguientes requisitos establecidos en la Ley de Pensiones:

a) Tener un Capital Acumulado que sumado a su Compensación de Cotizaciones cuando corresponda, le permita al Afiliado, obtener una Pensión de jubilación igual o superior al setenta por ciento (70%) de su Salario Base, incluyendo las prestaciones por muerte que correspondan a sus Derecho–habientes.

b) La AFP verificará el cumplimiento de este requisito tomando como parámetro la Pensi´´on que pueda obtener el Afiliado en la Cuenta de Mensualidades Vitalicias Variables administrada por la AFP, en la que se encuentre Registrado el Afiliado solicitante de Pensión jubilatoria.

c ) Haber cumplido sesenta y cinco (65) años de edad. En este caso la Pensión de jubilación resultante estará en función del Capital Acumulado sumado asu Compensación de Cotizaciones, cuando corresponda.

 

Art. 7º SOLICITUD DE PENSIÓN DE JUBILACIÓN Y CERTIFICADO DE SALDOS.- El Afiliado podrá solicitar la Pensión de jubilación, mediante el llenado de una solicitud de Pensión debidamente firmada. La firma de ese documento da inicio al trámite par la Pensión de jubilación.

Cuando el Afiliado hubiese presentado la solicitud de Pensión de jubilación, la AFP emitirá el Certificado de Saldos del Afiliado.

El Certificado de Saldos deberá contener como mínimo, la siguiente información, al último día del mes anterior a la solicitud de Pensión:

a) Saldo total de la Cuenta Individual en bolivianos y dólares estadounidense, con el detalle correspondiente a las Cotizaciones Mensuales Cotizaciones Adicionales y Depósitos Voluntarios de Beneficios Sociales, cuando corresponda.

b) Monto de la Compensación de Cotizaciones, cuando corresponda.

c) Valor de la cuota del FCI en bolivianos.

d) Número de cuotas correspondientes a la Cuenta Individual del Afiliado.

e) Valor en bolivianos de la unidad vitalicia de la Cuenta de Mensualidades Vitalicias Variables que administra la AFP.

 

Art. 8º SOLICITUD DE PROPUESTAS PARA LA PRESTACIÓN DE PENSIONES.- Una vez firmada la solicitud de Pensión, la AFP procederá a solicitar propuestas para la prestación de Pensiones del Afiliado o de su Derecho–habientes, al menos a un treinta por ciento (30%) de la Entidades Aseguradoras que ofrezcan Seguro Vitalicio. Las propuestas de las Entidades Aseguradores invitadas serán dadas a conocer a Afiliado o a sus Derecho–habientes, juntamente con ls Pensiones de Mensualidades Vitalicias Variables que ofrece dicha AFP.

Este servicio será gratuito para los Afiliados o sus Derecho–habientes y será cubierto con los recursos propios de la AFP.

 

Art. 9º SELECCIÓN DE MODALIDAD DE PENSIÓN.- El Afiliado con derecho a Pensión de jubilación podrá optar por alguna de las modalidades de Pensión establecidas en la Ley de Pensiones.

La selección de modalidad de Pensión es un trámite personal y se concreta mediante la suscripción por parte del Afiliado de un formulario especial para dicho propósito. Solo en los casos autorizados por la Superintendencia, el Afiliado podrá delegar la suscripción del formulario en un apoderado, especialmente designado mediante un poder notarial donde se especificará la modalidad escogida y la presentación del documento de identificación del Afiliado.

La AFP deberá efectuar el traspaso del saldo de la Cuenta Individual y el derecho a la Compensación de Cotizaciones, cuando corresponda, a la Entidad Aseguradora o a la AFP, según corresponda, con la que el Afiliado hubiera firmado el Contrato de Pensiones, dentro del plazo establecido por la Superintendencia previa constatación, por parte de la AFP. De que dicho contrato cumple con lo establecido en las normas legales para el SSO.

El traspaso de los recursos de la Cuenta Individual se materializará mediante la transferencia del total del valor del Capital Acumulado, a la fecha del traspaso, a nombre de la Entidad Aseguradora o AFP correspondiente.

 

Art. 10º FECHA DE DEVENGAMIENTO DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN.- La fecha de devengamiento de la Pensión de jubilación será la siguiente:

a) Si la solicitud de Pensión de jubilación fue suscrita hasta el día quince del mes, su pago corresponderá a partir del primer días del mes en que la solicitud fue firmada por el Afiliado.

b) Si la solicitud de Pensión de jubilación fue suscrita después del día quince del mes, su pago corresponderá a partir del primer día del mes siguiente en que la solicitud de Pensión fue firmada por el Afiliado.

 

Art. 11º PAGO DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN.- La AFP o la Entidad Aseguradora, según corresponda a partir del mes de la firma del Contrato de Pensión, realizará el pago de las Pensiones mensuales el último día hábil del mes respectivo y a más tardar hasta el día siete (7) del mes próximo, de conformidad a dicho Contrato.

Cuando el pago de las Pensiones de jubilación se retrasará el día establecido en el Contrato de Pensión, por cualquier motivo atribuye a las AFP o Entidades Aseguradoras excepto aquellas señaladas por la Superintendencia como de fuerza mayor o caso fortuito, dichas entidades, según corresponda deberán pagar las respectivas Pensiones más un interés sobre el monto no pagado aplicando la tasa que resulte mayor entre la rentabilidad promedio de los Fondos y la tasa bancaria activa comercial promedio nominal utilizada para créditos en moneda nacional con cláusula de mantenimiento de valor, publicada por el Banco Central de Bolivia. Si el retraso fuera imputable al Afiliado, las Pensiones retrasadas se pagarán sin recargo alguno.

Una vez suscrito el Contrato de Pensiones con el titular, la Entidad Aseguradora o AFP, según corresponda, deberá proceder al pago de la totalidad de las Pensiones por jubilación devengadas a partir de la fecha que corresponda según la suscripción del formulario de solicitud de Pensión, junto con la primera Pensión de jubilación.

 

Art. 12º COBRO DE LA COMPENSACIÓN DE COTIZACIONES.- Una vez suscrito el Contrato de Pensiones, la Entidad Aseguradora o la AFP según corresponda, deberá solicitar, de ser el caso, a la Unidad de Recaudación el monto correspondiente a la Compensación de Cotizaciones Mensuales del mes próximo a más tardar hasta el día veinte (20) de cada mes, para ser desembolsado el próximo mes a más tardar dos (2) días hábiles antes del último día de dicho mes a favor de la AFP o Entidad Aseguradora.

En caso de existir un retraso en e depósito del monto correspondiente a la Compensación de Cotizaciones Mensuales por parte de la Unidad de Recaudación, la entidad Aseguradora o AFP deberá pagar el valor de la compensación de cotizaciones Mensuales, por el periodo transcurrido entre la solicitud y el inicio del desembolso de la mismas, con sus propios recursos, para su posterior reintegro por la Unidad de Recaudación.

 

Si el retraso mencionado se produjo como consecuencia de un acto u omisión por parte de la Unidad de Recaudación, ésta deberá reintegrar a la AFP o Entidad Aseguradora, en un plazo no superior a los sesenta (60) días calendario, el monto pagado más el interés sobre el mismo aplicando la tasa que resulte mayor entre la rentabilidad promedio de los fondos de Pensiones y la tasa bancaria activa comercial promedio nominal utilizada para créditos en moneda nacional con cláusula de mantenimiento de valor, publicada por el Banco Central de Bolivia. En caso de existir una demora en el reintegro de dichos montos, los intereses a ser aplicados se incrementarán en un veinticinco por ciento (25%) cada sesenta días de no pago. Si el desfase se produjo como consecuencia de un retraso por parte de la AFP o Entidad Aseguradora, la Unidad de Recaudación devolverá únicamente el monto pagado por concepto de Compensación de Cotizaciones Mensual, sin interés alguno.

El cobro de las Compensaciones de Cotizaciones de un Pago Global, será tramitado por la entidad con la que el Afiliado hubiera firmado el Contrato de Pensiones, a través de la Unidad de Recaudación y será cancelado solo una vez que la Unidad de Recaudación efectúe el desembolso correspondiente.

PARTE III

RETIROS MINIMOS DE LA CUENTA INDIVIDUAL

 

Art. 13º RETIROS MÍNIMOS.- Las personas mayores de sesenta y cinco (65) años de edad cuya Pensión de jubilación resultante de su Capital Acumulado y su Compensación de Cotizaciones si corresponde, fuere inferior al sesenta por ciento (70%) del salario mínimo vigente, podrán acogerse a retiros mínimos. En estos casos, el Afiliado recibirá montos mensuales equivalentes al sesenta por ciento (70%) del salario mínimo vigente hasta que su Capacidad Acumulado sumado a su Compensación de Cotizaciones, cuando corresponda, se agote.

PARTE IV

MODALIDADES DE PENSIÓN

 

Art. 14º MODALIDADES DE PENSIÓN.- Para hacer efectiva la Pensión de jubilación, cada Afiliado podrá optar por una de las siguientes modalidades. La elección será irreversible y mutuamente excluyente:

a) Seguro Vitalicio

b) Mensualidad Vitalicia Variable

 

Art. 15º DERECHO A SUSCRIBIR EL CONTRATO.- Tendrán derecho a suscribir un contrato de Seguro Vitalicio o de Mensualidad Vitalicia Variable los Afiliados que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley y en este reglamento para obtener una Pensión de jubilación. También los Derecho–habientes de un Afiliado fallecido tendrán derecho a suscribir un contrato para dicha modalidades de Pensión, de acuerdo al presente reglamento.

 

Art. 16º CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LOS CONTRATOS.- Los contratos de Seguros Vitalicios y de Mensualidades Vitalicias Variables tendrán las siguientes características comunes:

a) Las Pensiones serán vitalicias para el titular, vitalicias y temporales para los Derecho–habientes, según corresponda.

b) Podrán contener cláusulas Pensión garantizada por periodos de cinco (5) diez (10) o quince (15) años.Los períodos garantizados de Pensión se refieren a los períodos en los cuales la Entidad Aseguradora o la AFP., según corresponda, deberá pagar el cien por ciento (100%) de la Pensión contratada por el titular a los Derecho–habientes, aún si éste fallece. El cálculo de la Pensión contratada deberá incorporar los periodos garantizados si el titular opta por esta alternativa.

c) Serán irreversibles puesto que una vez contratada la Pensión en la modalidad elegida, el contrato no podrá ser cancelado por ninguna de las partes involucradas y sólo tendrá término al fallecimiento del último Derecho–habientes que tuviese derecho a Pensión por muerte de acuerdo a lo establecido por el titular del contrato.

d) Será financiado con la totalidad del Capital Acumulado en la Cuenta Individual del Afiliado. Este saldo será transferido en su totalidad por la AFP como prima única, a la Entidad Aseguradora con la que el Afiliado suscribió Contrato de Pensión o a la Cuenta de Mensualidades Vitalicias Variables de la AFP que corresponda.

Una vez firmado el Contrato de Pensión y transferido el Capital Acumulado en la Cuenta Individual éste pasará a formar parte del patrimonio de la Entidad Aseguradora o de la Cuenta de Mensualidades Vitalicias Variables.

e) El contrato entrará en vigencia a partir de la suscripción del mismo por el Afiliado con la Entidad Aseguradora o AFP, según corresponda, la que será la única responsable y estará obligada al pago de las Pensiones de jubilación y de las Pensiones por muerte, de acuerdo al presente reglamento.

f) La Entidad Aseguradora o AFP deberá iniciar el pago de la Pensión de jubilación dentro del primer mes de vigencia del contrato y se devengará a contar de la fecha establecida en el presente reglamento.

g)En caso de fallecimiento del Afiliado, las Pensiones por muerte comenzarán a pagarse 30 días después de la recepción del Certificado de Defunción del Asegurado. Sin embargo, las Pensiones se devengarán a contar del día de fallecimiento del Afiliado. Las Pensiones por muerte corresponderán a los porcentajes asignados por el presente reglamento aplicados a la Pensión Base.

Se deberán pagar Pensiones por muerte a los Derecho–habientes que de acuerdo al Contrato de Pensiones corresponda. Si el contrato no incluyera a los Derecho–habientes de Primer Grado y éstos se presentasen dentro de los doce (12) meses establecidos en el presente reglamento, la AFP o Entidad Aseguradora deberá recalcular la Pensión para incluir a estos Derecho–habientes.

La Entidad Aseguradora o la AFP deberá pagar los Gastos Funerarios por una sola vez, de acuerdo al presente reglamento.

h) La AFP o Entidad Aseguradora deberá pagar, con recursos del Tesoro General de la Nación la Compensación de Cotizaciones a la que tuvieran derecho el Afiliado y sus Derecho–habientes.

i) Si el Afiliado o sus Derecho–habientes dejasen de cobrar Pensiones de jubilación o muerte, por un periodo de cinco (5) años a partir del último pago de Pensiones y no respondieran a tres notificaciones realizadas por al AFP o la Entidad Aseguradora con la frecuencia que establezca la Superintendencia, el Contrato de Pensiones quedará sin efecto definitivamente, y el saldo que pueda existir quedará a favor de la Cuenta de Mensualidades Vitalicias Variables para ser redistribuido entre los Afiliados que optaron por esta modalidad de Pensión, o a favor de la Entidad Aseguradora en el caso del Seguro Vitalicio.

j) La Entidad Aseguradora o la AFP deberá pagar al Afiliado o sus Derecho–habientes en su domicilio cuando éstos se encuentren impedidos de acudir a los centros de pago de dichas entidades por su avanzada edad, estado de invalidez o de enfermedad. La Supreintendencia será la encargada de determinar quienes califican para gozar de este beneficio adicionale informará a las entidades.

 

Art. 17º AUTORIZACIÓN A LAS ENTIDADES ASEGURADORAS PARA LA OFERTA DE SEGUROS VITALICIOS.- La Superintendencia definirá los criterios técnicos para que las Entidades Asegurados operen en el SSO ofreciendo la modalidad de Pensión de Seguro Vitalicio.

 

Art. 18º CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE SEGURO VITALICIO.- En contrato de Seguro Vitalicio deberá ajustarse a la normativa vigente en seguros de vida y tiene la característica específica de que el monto de la Pensión contratada, incluida la Compensación de Cotizaciones será fijo y corresponderá al menos de sesenta por ciento (70%) del salario mínimo vigente.

 

Art. 19º CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE MENSUALIDADES VITALICIAS VARIABLES.- El contrato de Mensualidad Vitalicia Variable tiene la característica específica de que el monto de la primera Pensión, incluida la Compensación de Cotizaciones, corresponderá al menos al setenta por ciento (70%) del salario mínimo vigente. En todo caso el monto de Pensión es variable y está en función de la mortalidad del grupo de pensionados que seleccionaron esta modalidad y de la rentabilidad de la cuenta de Mensualidades Vitalicias Variables.

PARTE V

PENSIÓN POR MUERTE DE UN AFILIADO CON PENSIÓN DE JUBILACIÓN

 

Art. 20º SOLICITUD DE PENSIÓN POR MUERTE DE UN AFILIADO CON PENSIÓN DE JUBILACIÓN.- Las Pensiones por muerte de un Afiliado con Pensión de jubilación serán pagadas por la AFP o Entidad Aseguradora correspondiente, a los Derecho–habientes de Primer Grado forzosamente y en ausencia de éstos a los de Segundo y Tercer Grado respetando para los del tercer grado el orden de prelación que hubieran sido expresamente declarados en el Contrato de Pensión.

Los Derecho–habientes deberán comunicar el fallecimiento del Causante a la entidad que estuviese pagando la Pensión, con el objeto de que ésta les pague las Pensiones por muerte de acuerdo a los porcentajes de asignación establecidos en el presente reglamento aplicados a la Pensión Base que corresponda.

PARTE VI

SEGURO DE RIESGO COMUN

SECCIÓN I

DISPOSICIONES GENERALES

 

Art. 21º FINANCIAMIENTO DEL SEGURO DE RIESGO COMUN.- El Seguro de Riesgo Común se financiará con la Prima mensual deducida del Total Ganado o Ingreso Cotizable de todos Afiliados que tengan una Cuenta Individual en el SSO.

El monto de la Prima será determinado mediante licitación pública por las AFP para la selección de las Entidades Aseguradoras que garanticen las prestaciones establecidas por la Ley de Pensiones. La prima que se determine será igual y única para todos los Afiliados registrados en una misma AFP.

 

Art. 22º RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LOS ENTES GESTORES DE SALUD.- Cuando los servicios médicos de los Entes Gestores de Salud determinen que la atención curativa ya no procede y que la afección o desorden es permanente e irreversible, estos tienen la obligación de emitir un diagnóstico, una copia del cual debe ser entregado al Afiliado y una copia con los resultados de exámenes, análisis, tratamiento y otros documentos respaldatorios del diagnóstico debe ser enviado a la AFP, en un plazo no mayor a los diez (10) días hábiles contando a partir del día en que el afiliado fue dado de baja o diagnosticado.

 

El diagnóstico emitido por los Entes Gestores de Salud no establece el grado ni el origen de la incapacidad o muerte del Afiliado. Los Entes Gestores de Salud no podrán emitir dictamen respecto al grado u origen de la invalidez.

En virtud del artículo veinte (20) de la Ley de Pensiones, las prestaciones de invalidez deberán ser exigidas en un plazo máximo de doce (12) meses contado desde el día en que los servicios médicos de los Entes gestores de Salud determinen que la atención curativa, ya no procede y que la afección o desorden es permanente e irreversible.

SECCIÓN II

PRESTACIONES DE INVALIDEZ POR RIESGO COMUN

 

Art. 23º SOLICITUD DE PENSIÓN DE INVALIDEZ.- La solicitud de Pensión de invalidez, debe estar firmada por el Afiliado o por su apoderado, cuando el Afiliado se encuentre completamente impedido para firmar dicha solicitud, adjuntando la lista y relación de sus Derecho–habientes de Primer y Segundo Grado y una copia del diagnóstico. La solicitud debe ser a su vez firmada por la AFP dando de esta manera su verificación a la afiliación del solicitante y al cumplimiento de los requisitos de cotizaciones requeridas para estar cubierto por el Seguro de Riesgo Común del SSO.

Si el Afiliado no contase con un diagnóstico, o éste fuere defectuoso o fuere rechazado por la AFP, ésta asignará los servicios médicos, de acuerdo a la lista de centros médicos habilitados por la Superintendencia , donde el Afiliado deberá acudir para obtener el mismo. Los costos de éstos servicios serán cubiertos por el Seguro de Riesgo Común.

 

Art. 24º CALIFICACIÓN Y DICTAMEN DE INVALIDEZ.- La calificación de invalidez se deberá realizar mediante la aplicación del Manual de Normas de Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez aprobado por Decreto Supremo.

El Manual de Normas de Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez establecerá un método uniforme de valorar los impedimentos fisiológicos, anatómicos y psicológicos de los Afiliados al SSO en Bolivia.

En entidad encargada de calificar, deberá emitir un dictamen indicando el grado de la invalidez y si el origen de la misma es por Riesgo Común o por Riesgo Profesional en el plazo establecido por la Superintendencia que no podrá superar los cuarenta y cinco (45) días calendario de recibida la solicitud.

 

Art. 25º REQUISITOS PARA PENSIONARSE POR INVALIDEZ.- Para tener derecho a Pensión de invalidez, los Afiliados deben cumplir conjuntamente con los requisitos establecidos en la Ley de Pensiones. Los plazos establecidos por la Ley de Pensiones se refieren a plazos que toman en cuenta los Aportes al SSO y los aportes o cotizaciones realizadas hasta la Fecha de inicio al Sistema de Reparto existente a la promulgación de la Ley de Pensiones.

 

Art. 26º (DERECHO A PENSIÓN DE INVALIDEZ).- Una vez que el Afiliado sea calificado como inválido de acuerdo a dictamen emitido por la entidad encargada de calificar. Al Afiliado tendrá derecho a Pensión de invalidez a partir de la fecha de presentación de la solicitud de Pensión de invalidez.

Los Afiliados que a la fecha de afiliación al SSO tengan una invalidez manifestada, no serán cubiertos por el Seguro de Riesgo Común para esa invalidez. Sin embargo, los Afiliados que tengan una invalidez no manifestada estarán cubiertos por cualquier invalidez sin excepción alguna.

Para propósitos de este reglamento, se entenderá por invalidez manifestada aquella que es previa a la fecha del registro o traspaso en una determinada AFP y que a esa fecha le impedía al Afiliado el funcionamiento de un miembro o el desempeño de una función, de una manera permanente e irreversible. La invalidez no manifestada es aquella que puede sobrevenir con posterioridad a la fecha de registro en una determinada AFP a pesar de haber podido ser originada en una fecha anterior.

 

Art. 27º RECHAZO DE LA INVALIDEZ.- El dictamen de Pensión de invalidez deberá rechazar la solicitud del Afiliado por alguno de los siguiente motivos:

a) Que el Afiliado presente una incapacidad inferior al sesenta por ciento (60%).

b) Que la incapacidad esté originada en accidentes o enfermedades de Riesgo Profesional.

c) Que el Afiliado hubiese fallecido durante el periodo de evaluación y calificación de invalidez.

 

Art. 28º FECHA EN QUE DEVENGA LA PENSIÓN DE INVALIDEZ.- Las Pensiones de invalidez devengarán desde la fecha de presentación de la solicitud de Pensión.

 

Art. 29º NOTIFICACIÓN DEL DICTAMEN.- Emitido el dictamen por la entidad encargada de calificar, que declare una invalidez total o que la rechace, ésta deberá hacer conocer dicho dictamen, dentro de los plazos establecidos por la Superintendencia que no podrá ser superior a los cinco (5) días hábiles, tanto a la AFP como al Afiliado.

 

Art. 30º SOLICITUD DE INFORMES ESPECIALES.- La entidad encargada de calificar está obligada a solicitar exámenes e informes de médicos especialistas en la evaluación del estado de invalidez de sus Afiliados, siempre que con los antecedentes aportados por los Entes Gestores de Salud y los exámenes practicados por otros médicos, no pudiera emitir dictamen.

Los exámenes e informes necesarios deberán ser realizados en los centros médicos habilitados por la Superintendencia y los gastos de los mismos, así como los gastos de traslado requeridos para la evaluación serán gratuitos para el Afiliado. Estos costos serán asumidos por el Seguro de Riesgos Común.

El Afiliado podrá presentar exámenes médicos adicionales que deberán ser considerados por la entidad encargada de calificar para emitir dictamen. En este caso, los costos de éstos exámenes, serán absorbidos por el Afiliado.

 

Art. 31º FINANCIAMIENTO DE LAS PENSIONES DE INVALIDEZ.- Hasta que el Afiliado declarado inválido, por la entidad encargada de calificar, cumpla de edad de 65 años o fallezca, la Entidad Aseguradora deberá pagar Pensiones de invalidez, con cargo a los recursos del Seguro de Riesgo Común.

Paralelamente, la Entidad Aseguradora deberá pagar la Cotización Mensual del diez por ciento (10%) del Salario Base, a la Cuenta Individual del Afiliado por el periodo de pago de la Pensión de invalidez.

En ningún caso, la Entidad Aseguradora pagará a nombre del Afiliado la Prima sea para Riesgo Común o Riesgo Profesional, ni cualquier otro cargo o Comisiones a las AFP.

 

Art. 32º SOLICITUD DE REVISIÓN DE DICTAMEN.- Los dictámenes que emita la entidad encargada de calificar serán pasibles de revisión por el Afiliado, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendarios siguientes de recibida su notificación. La solicitud de la revisión del dictamen deberá realizarse ante la Superintendencia, por escrito haciendo referencia a la resolución objeto de revisión.

Los costos de la revisión del dictamen, distintos a gastos administrativos de la Superintendencia, serán cancelados por la parte perdedora, sea el Afiliado o la Entidad Aseguradora, según corresponda.

 

Art. 33º DETERMINACIÓN DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ.- La Pensión de invalidez que percibirá el Afiliado es equivalente al setenta por ciento (70%) del Salario Base del Afiliado.

 

Art. 34º PAGO DE PENSIONES DE INVALIDEZ.- Las Pensiones de invalidez serán pagadas mensualmente con los recursos del Seguro de Riesgo Común, hasta que el Afiliado cumpla sesenta y cinco (65) años de edad o hasta que fallezca en cuyo caso se pagarán las Pensiones por muerte que correspondan.

 

Los pagos devengados serán pagados juntamente con el primer pago de Pensión, el mismo que se realizará el último día del mes siguiente de emitido el dictamen que establezca la invalidez. La fecha de pago de Pensión será a partir del último día hábil de cada mes hasta el día siete (7) del mes siguiente.

Si la entidad encargada de calificar no emitiera el dictamen en el plazo establecido por la Superintendencia, la Entidad Aseguradora tendrá que pagar las Pensiones devengadas, a partir de la fecha límite de emisión del dictamen, hasta la fecha de pago efectiva, con un interés aplicando la tasa que resulte mayor entre la rentabilidad promedio de los fondos de Pensiones y la tasa bancaria activa comercial promedio nominal utilizada para créditos en moneda nacional con cláusula de mantenimiento de valor, publicada por el Banco Central de Bolivia.

Si el Afiliado dejara de cobrar Pensiones de invalidez por un periodo de doce (12) meses a partir del último pago de Pensión y no respondieran a tres (3) notificaciones de la AFP o de la Entidad Aseguradora, las prestaciones de invalidez cesarán definitivamente, dando lugar a las prestaciones por muerte que correspondieran.

SECCIÓN III

PRESTACIÓN POR MUERTE POR RIESGOS COMUN

 

Art. 35º REQUISITOS Y PLAZOS PARA ACREDITAR DERECHO–HABIENTES.- Los Derecho–habientes con derecho a Pensión en el Seguro de Riesgo Común son, de acuerdo a la Ley de Pensiones:

a) Los Derecho–habientes de Primer Grado aún si no fueron expresamente declarados como tales por el Afiliado y en ausencia de éstos.

b) Los Derecho–habientes de Segundo Grado, únicamente si fueron expresamente declarados por el Afiliado como tales.

Los Derecho–habientes tendrán un periodo de doce (12) meses para acreditarse y reclamar su derecho a Pensión por muerte. Pasado este periodo, las personas que no iniciarán el trámite de solicitud de Pensión no tendrán derecho a la Pensión por muerte.

 

Art. 36º DERECHO A ELEGIR MODALIDAD DE PENSIÓN.- Los Derecho–habientes de un Afiliado Activo, mayor de sesenta y cinco (65) años de edad que hubiese fallecido dejando un Capital Acumulado que permita obtener a sus Derecho–habientes una Pensión que sumada a su Compensación de Cotizaciones cuando corresponda, sea de al menos el setenta por ciento (70%) del salario mínimo vigente, podrán contratar un Seguro Vitalicio o Mensualidades Vitalicias Variables de acuerdo al presente reglamento.

 

Art. 37º SOLICITUD DE PENSIÓN POR MUERTE DE UN AFILIADO ACTIVO O CON PENSIÓN DE INVALIDEZ.- Los Derecho–habientes para ejercer el derecho a la Pensión por muerte deberán suscribir la solicitud de Pensión por muerte, adjuntando el Certificado de Defunción del Afiliado Activo o pensionado por invalidez fallecido.

Una vez recibida la solicitud de Pensión, la AFP procederá a verificar la afiliación y cumplimiento de las cotizaciones necesarias para acceder a esta prestación.

Una vez recibida la solicitud, la Entidad Aseguradora solicitará a la Unidad de Recaudación la confirmación de la Compensación de Cotizaciones, requerirá la documentación faltante que permita acreditar a los Derecho–habientes y calculará la Pensión Base.

 

Art. 38º DETERMINACIÓN DE LA CAUSA DE MUERTE Y EMISIÓN DE DICTAMEN.- Una vez recibida la solicitud de Pensión por muerte de un Afiliado Activo o pensionado por invalidez, la entidad encargada de calificar, en un plazo a ser determinado por la Superintendencia que no podrá ser superior a quince (15) días hábiles, deberá emitir un dictamen indicando el origen del fallecimiento, sea por Riesgo Común o Riesgo Profesional.

 

Art. 39º FINANCIAMIENTO DE LAS PENSIONES POR MUERTE DE AFILIADOS ACTIVOS Y PENSIONADOS POR INVALIDEZ.- El pago de las Pensiones por muerte se realizará con los recursos del Seguro de Riesgo Común al que se le fusionará el Capital Acumulado en la Cuenta Individual del Causante, descontando las Cotizaciones Adicionales y Depósitos Voluntarios de Beneficios Sociales que el Causante pudo haber realizado. Para los Causantes con derecho a Compensación de Cotizaciones a partir de la fecha en que devenga la Compensación de Cotización, las Pensiones por muerte se pagarán con los recursos del Seguro de Riesgo Común y el monto correspondiente a la Compensación de Cotizaciones Mensual, de manera que sumadas ambas hacen la Pensión total que los Derecho–habientes deban recibir.

Si existieran Cotizaciones Adicionales o Depósitos Voluntarios de Beneficios Sociales, éstos deberán ser dispuestos de acuerdo con el artículo 45 del presente reglamento.

 

Art. 40º DETERMINACIÓN DE LA PENSIÓN POR MUERTE.- La Pensión por muerte se calcula aplicando los porcentajes de asignación de cada uno de los Derecho–habientes a la Pensión Base que corresponde al Causante.

 

Art. 41º PORCENTAJES DE ASIGNACIÓN.- Los porcentajes de los Derecho–habientes son aplicados a la Pensión Base, en las siguientes proporciones:

a) El ochenta por ciento (80%) si se trata de cónyuge o conviviente sobreviviente sin hijos con derecho a Pensión.

b) El sesenta por ciento (60%) si se trata de cónyuge o conviviente sobreviviente con un hijo con derecho a Pensión. En este caso, al hijo le corresponde el veinte por ciento (20%), si existirá uno sólo con derecho a Pensión. Este procentaje se elevará al ochenta por ciento (80%) para el cónyuge con derecho a Pensión, cuando el hijo único pierda el derecho a Pensión.

c) El cincuenta por ciento (50%) si se trata de cónyuge o conviviente con derecho a Pensión con dos o más hijos con derecho a Pensión. En este caso, se distribuye en partes iguales el cincuenta por ciento (50%) restante entre todos los hijos. El cincuenta por ciento (50%) del cónyuge o conviviente se elevará a ochenta por ciento (80%) cuando todos los hijos pierdan el derecho a Pensión.

d) Si no existiese viuda, entre todos los hijos con derecho a Pensión se distribuye el cien por ciento (100%) en partes iguales. Estos porcentajes deberán ser recalculados cuando alguno de los hijos perdiera el derecho a Pensión.

e) Si no existiese cónyuge o conviviente ni hijos con derecho a Pensión y los Derecho–habientes de Segundo Grado fueron expresamente declarados, les corresponde el veinte por ciento (20%) a cada uno de los padres y diez por ciento (10%) a los hermanos menores de edad.

f) Si no existiese viuda, hijos con derecho a Pensión ni Derecho–habientes de segundo Grado, a los Derecho–habientes de Tercer Grado les corresponderá el porcentaje que expresamente hubiera establecido el Causante.

La suma de los porcentajes de asignación del Cónyuge y de los hijos con derecho a Pensión no puede ser mayor al cien por ciento (100%) de la Pensión Base.

La suma de los porcentajes de asignación de los Derecho–habientes de Segundo y Tercer Grado no podrá exceder el sesenta por ciento (60%) de la Pensión Base.

Las Pensiones de los hijos deberán ser pagadas a nombre de la persona mayor de endad que tenga la custodia legal de los mismos.

 

Art. 42º CONFIRMACIÓN DE PENSIÓN POR MUERTE.- La AFP o Entidad Aseguradora, de acuerdo a lo establecido en el contrato, deberá emitir y enviar a los Derecho–habientes la confirmación de su derecho a la prestación por muerte, a más tardar dentro de los treinta (30) días de presentada la solicitud de Pensión.

La confirmación mencionada en el párrafo anterior debe incluir la nómina de los Derecho–habientes acreditados y la Pensión que le corresponde a cada uno de ellos.

 

Art. 43º FECHA EN QUE DEVENGA LA PENSIÓN POR MUERTE.- La Pensión por muerte devenga a partir de la fecha de solicitud de Pensión.

 

Art. 44º PAGO DE LA PENSIÓN POR MUERTE.- El pago de las Pensiones se iniciará a partir del último día hábil del mes en que la AFP o Entidad Aseguradora hubiese emitido la confirmación de Pensión o del mes siguiente si ésta fuera emitida entre los días veinticinco (25) a treinta (30) del mes.

Dicho pago debe efectuarse para todos aquellos Derecho–habientes acreditados y cubrirá el periodo comprendido entre el devengamiento de la Pensión y la fecha efectiva del pago. Las fechas de pago serán a partir del último día hábil de cada mes hasta el día siete (7) del siguiente mes.

Si los Derecho–habientes dejasen de cobrar Pensiones por muerte, por un periodo de doce (12) meses a partir del último pago de Pensión y no respondieran a tres (3) notificaciones realizadas por la AFP o Entidad Aseguradora, estas Pensiones cesarán definitivamente.

 

Art. 45º DESTINO DE LA CUENTA INDIVIDUAL DEL CAUSANTE.- Al fallecimiento de un Afiliado Activo menor de sesenta y cinco (65) años o Pensionado por invalidez, los Derecho–habientes podrán optar por una de las siguientes alternativas:

a) Si el Capital Acumulado en la Cuenta Individual del Causante, descontando las Cotizaciones Adicionales y Depósitos Voluntarios de Beneficios Sociales y sumada la Compensación de Cotizaciones, alcanza para que sus Derecho–habientes contraten una Pensión de Seguro Vitalicio o Mensualidades Vitalicias Variables, con una Pensión Base superior a la que le correspondería en el Seguro de Riesgo Común los Derecho–habientes deberán optar pro alguna de las modalidades de Pensión de conformidad con el presente reglamento. En este caso, el contrato de éstas Pensiones deberá realizarse con e total del Capital Acumulado.

b) Si el Capital Acumulado en la Cuenta Individual del Causante, descontando las Cotizaciones Adicionales y Depósito Voluntarios de Beneficios Sociales y sumada la Compensación de Cotizaciones, no alcanza para que sus Derecho–habientes contraten una Pensión de Seguro Vitalicio o Mensualidad Vitalicia Variable, con una Pensión Base superior a la que le correspondería en el Seguro de Riesgo Común éstos deberán permanecer en este seguro en cuyo caso el Capital Acumulado descontando las Cotizaciones Adicionales y Depósitos Voluntarios de Beneficios Sociales, deberá ser fusionado al Seguro de Riesgo Común para que este pague, a los Derecho–habientes, las Pensiones Vitalicias y temporales que correspondan.

En este caso, los recursos de la Cotizaciones Adicionales y Depósitos Voluntarios de Beneficios Sociales que se hubiesen registrado en la Cuenta Individual, serán empleados para firmar un Contrato de Pensiones o realizar retiros mínimos conforme al presente reglamento, con el objeto de incrementar las Pensiones de los Derecho–habientes.

SECCIÓN IV

AFILIADOS QUE NO CUMPLEN LOS REQUISITOS PARA ACCEDER AL SEGURO DE RIESGO COMUN

 

Art. 46º AFILIADOS INVÁLIDOS QUE NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA RECIBIR PENSIÓN.- Los Afiliados declarados inválidos de acuerdo a dictamen, que no cumplen con los requisitos para acceder a las prestaciones del Seguro de Riesgo Común, podrán hacer uso de su Capital Acumulado para pagarse Pensiones de invalidez, hasta que dicho capital se agote. Estas Pensiones no podrán ser inferiores al setenta por ciento (70%) del salario mínimo vigente.

 

Art. 47º AFILIADOS ACTIVOS FALLECIDOS QUE NO CUMPLEN REQUISITOS PARA PRESTACIONES POR MUERTE.- Los Derecho–habientes de Afiliados Activos fallecidos que no cumplían con los requisitos para acceder a las prestaciones por muerte del Seguro de Riesgo Común, podrán hacer uso del Capital Acumulado en la Cuenta Individual del Causante para financiarse pagos equivalente a los porcentajes de asignación aplicados al menos al setenta por ciento (70%) del salario mínimo vigente hasta que dicho capital se agote.

En aquellos casos en que el Causante tenía una Compensación de Cotizaciones Mensual, los Derecho–habientes utilizarán el Capita Acumulado para pagarse pensiones por muerte, hasta que éste se agote. A partir de la fecha en la que el Causante hubiera tenido sesenta y cinco (65) años de edad, los Derecho–habientes recibirán la Compensación de Cotización Mensual que corresponda.

PARTE VII

SEGURO DE RIESGO PROFESIONAL

SECCIÓN I

DISPOSICIONES GENERALES

 

Art. 48º VIGENCIA DEL SEGURO DE RIESGO PROFESIONALES A LARGO PLAZO.- El Afiliado con relación de dependencia laboral se encuentra cubierto por el Seguro de Riesgo Profesional a partir del primer día de trabajo hasta el último día de trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato laboral con un Empleador.

La cobertura por Riesgo Profesional estará dada por la AFP desde el inicio de la relación laboral y se mantendrá hasta un periodo máximo de seis (6) meses después de finalizada la misma o la fecha de inicio de una relación laboral.

 

Art. 49º FINANCIAMIENTO DEL SEGURO DE RIESGO PROFESIONAL.- El Seguro de Riesgo Profesional se financiará con la Prima mensual patronal pagada por los Empleadores, que corresponderá a un porcentaje sobre el Total Ganado de sus dependientes.

La Prima para el Seguro de Riesgo Profesional será diferenciada y se establecerá de acuerdo al nivel de riesgo y tasa de siniestralidad observada por tipo de actividad empresarial.

La Prima será determinada mediante licitación pública realizada por cada AFP para la selección de Entidades Aseguradoras que garanticen las prestaciones establecidas en la Ley de Pensiones.

 

Art. 50º OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR.- Son responsabilidades del Empleador la siguientes:

a) Registrar a su empleados al Seguro de Riesgo Profesional.

b) Pagar con sus propios recursos la Prima Mensual correspondiente a todos los trabajadores de su empresa.

c) Presentar, por si o mediante terceros a la AFP, los Exámenes Preocupacionales de sus dependiente, los mismo que deberán realizarse en los centros médicos habilitados por la Superintendencia pero no podrá ser superior a los diez (10) días hábiles de registrado el dependiente. El costo de estos exámenes correrá por cuenta de los Empleadores.

d) Facilitar los formularios de denuncia de Accidente de Trabajo, y llenar y remitir dichos formularios, a la AFP dentro del plazo establecido por la Superintendencia, sea que el Afiliado denuncie o no el accidente.

En caso de negarse a firmar dichos formularios, el Empleador será pasible a una multa establecida por la Superintendencia que no podrá ser menor a diez (10) salarios mínimos vigentes a la fecha de la multa. Estas multas deberán ser pagadas a la Superintendencia como recursos extraordinarios al presupuesto de la Superintendencia para cubrir los costos asociados a la revisión de los dictámenes del SSO.

Asimismo, el Empleador será pasible a los intereses y recargos establecidos en el artículo 33 de la Ley de Pensiones.

 

Art. 51º OBLIGACIONES DEL AFILIADO.- El afiliado que hubiera sufrido un Accidente de Trabajo o crea estar afectado por una Enfermedad Profesional debe acudir a los Entes Gestores de Salud para recibir la oportuna atención. En caso de accidente debe comunicar este hecho directamente a su Empleador, o por medio de terceros y llenar un formulario de denuncia de Accidente de Trabajo.

Dicho formulario debidamente llenado y firmado por el Afiliado, o quien sea su representante, y el Empleador deberá ser entregado a la AFP en un plazo establecido por la Superintendencia que no podrá ser superior a los diez días calendario (10) de ocurrido el Accidente de Trabajo.

El Afiliado tendrá derecho a Pensión de invalidez o muerte por Riesgos Profesionales a causa de un Accidente de Trabajo siempre y cuando la AFP reciba el formulario de denuncia de Accidente de Trabajo dentro el plazo establecido.

Si el Empleador se negase a firmar los formularios de denuncia de accidente, el Afiliado o su representante deberá denunciar este hecho ante la Superintendencia, en un plazo no mayor a los diez (10) días calendario de ocurrido el accidente, siendo suficiente esta denuncia para habilitarse como acreedor a las prestaciones del Seguro de Riesgo Profesionales.

En caso de Enfermedad Profesional, no será necesario llenar formularios de denuncia, sin perjuicio de que la Superintendencia posteriormente establezca mecanismos de contro para el caso de Enfermedades Profesionales.

Es obligación del Afiliado cooperar con la AFP o Entidad Aseguradora, acudiendo a la entrevista que ésta hubiera solicitado así como a los exámenes adicionales que se hubieran requerido. Si el solicitante no cumpliese con estas disposiciones en un plazo a ser determinado por la Superintendencia, que no podrá ser superior a los treinta (30) días hábiles, la AFP deberá ser informada para que ésta proceda a cancelar la solicitud de Pensión de dicho Afiliado. Si el Afiliado decidiera volver a solicitar Pensión de invalidez, deberá firmar un nueva solicitud y la Pensión, si corresponde, será devengada a partir de la presentación de esta nueva solicitud.

 

Art. 52º RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LOS ENTES GESTORES DE SALUD.- Los Entes Gestores de Salud tendrán las mismas responsabilidades y obligaciones que se establecen en el artículo 22º del presente reglamento.

 

Art. 53º ENTIDADES CLASIFICADORAS DE RIESGO PROFESIONAL.- La clasificación de las empresas para aplicar la prima diferenciada deberá ser realizada por entidades especializada en la clasificación de riesgos profesionales, autorizadas por la Superintendencia mediante un licitación pública internacional.

 

Art. 54º CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL.- Para la clasificación empresarial de acuerdo al nivel de Riesgo Profesional por tipo de actividad empresarial, la Superintendencia elaborará un Manual de Clasificación de Riesgos Profesionales que deberá establecer los requisitos mínimos y los esperados de seguridad ocupacional por cada tipo de empresa. Asimismo, deberá elaborar la metodología de determinación de Prima a ser aplicada. El manual y metodología de cálculo de Prima deberá ser dado a conocer a las empresas, pòr lo menos un año antes de su aplicación con el propósito de que éstas puedan adecuar su infraestructura y medidas de seguridad ocupacional.

SECCIÓN II

REGISTRO AL SEGURO DE RIESGOS PROFESIONALES

 

Art. 55º REGISTRO OBLIGATORIO.- Todos los Afiliados con relación de dependencia laboral, sean estos nacionales o extranjeros, deben ser obligatoriamente registrados en el Seguro de Riesgo Profesional, en los plazos establecidos en la Ley de Pensiones y el presente reglamento.

 

Art. 56º REQUISITOS DE REGISTRO.- Todo Afiliado al SSO con relación de dependencia laboral, deberá someterse a un nuevo Examen Preocupacional, de acuerdo al presente reglamento. El Examen Preocupacional deberá realizarse cada vez que el Afiliado cambie de Empleador, siempre y cuando este cambio se realice después de los doce (12) meses de realizado el Examen Preocupacional anterior.

Ningún trabajador podrá ser rechazado en el Seguro de riesgo Profesional.

 

Art. 57º REGISTRO DE COOPERATIVAS MINERAS.- Los cooperativistas mineros podrán registrarse al Seguro de Riesgo Profesional siempre y cuando se encuentren Registrados al SSO en su integridad, vale decir que deben tener una Cuenta Individual y que pagan la Prima correspondiente al Seguro de Riesgo Común.

 

El registro al Seguro de Riesgo Profesional estará sujeto a que las Cooperativas Mineras asuman la responsabilidad de Empleadores con respecto al SSO. Reteniendo los aportes de sus cooperativistas y remitiendo los mismos a las AFP en las que se encuentren registrados cada uno de ellos. Asimismo, deberán remitir sus planillas dentro de los plazos y condiciones establecidas en el presente reglamento.

La prima correspondiente al Seguro de Riesgo Profesional será determinada mediante licitación pública para Entidades Aseguradoras en función al nivel de riesgo que cada cooperativa Minera presente, de acuerdo a la clasificación de Riesgo Profesional realizada por las Entidades Clasificadoras de Riesgo Profesional.

Mientras no exista una clasificación de Riesgo Profesional, estas entidades no podrán registrarse al Seguro de Riesgo Profesional.

 

Art. 58º REGISTRO DE PASIVOS.- Todos los que a la Fecha de Inicio sean rentistas, por invalidez o muerte, del régimen de Riesgos Profesionales del Sistema de Reparto vigente a la promulgación de la Ley de Pensiones, con excepción de los rentista de la Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL) deben ser registrados al Seguro de Riesgo Profesional del SSO. Estos rentistas serán asignados entre las dos AFP por la Superintendencia, las que iniciarán el pago de Pensiones a partir del tercer mes de la Fecha de Inicio.

La Superintendencia es responsable de traspasar la información y archivos completos de estos Afiliados a las AFP.

SECCIÓN III

PRESTACIÓN DE INVALIDEZ POR RIESGO PROFESIONAL

 

Art. 59º CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN.- El Seguro por Riesgos Profesionales otorga prestaciones por invalidez permanente parcial y total de acuerdo a los siguientes porcentajes invalidez establecidos por la Ley de Pensiones.

Si la incapacidad es menor o igual al diez por ciento (10%) no se concederá prestación alguna.

Si la incapacidad en mayor al diez por ciento (10%) y llega hasta veinticinco (25%) se otorga una indemnización global por Riesgo Profesional.

Si la incapacidad es superior al veinticinco por ciento (25%) y menor o igual al sesenta por ciento (60%) se reconoce como invalidez permanente parcial y se concede Pensiones en proporción al grado de incapacidad que presente el Afiliado.

 

Si la incapacidad es superior al sesenta por ciento (60%) se reconoce como invalidez permanente total. La invalidez permanente total corresponde al cien por ciento (100%) de invalidez.

La invalidez permanente parcial o total no requiere de retiro forzoso del Afiliado. Sin embargo, si éste perdiera su trabajo como producto de la invalidez, la entidad encargada de calificar podrá determinar una Pensión mayor a la que le corresponde únicamente por grado de incapacidad.

Cuando un Afiliado con invalidez permanente parcial sufre una nueva incapacidad producto de accidente o enfermedad común o riesgo profesional, la entidad encargada de calificar deberá determinar si se suman las incapacidades, y si el origen definitivo de la invalidez es Riesgo Común o Riesgo Profesional, de acuerdo al Manual mencionado en el presente reglamento.

El dictamen deberá establecer si le paga el Seguro de Riesgo Común o el de Riesgo Profesional.

 

Art. 60º SOLICITUD DE PENSIÓN DE INVALIDEZ.- La solicitud de Pensión de invalidez se realizará de acuerdo a lo indicado en el artículo 23º del presente reglamento, para la solicitud de Pensión de invalidez por Riesgo Común. Se deberá incluir además el formulario de denuncia de accidente, en caso que la invalidez sea producto de un Accidente de Trabajo.

El periodo máximo par solicitar Pensión de invalidez es el doce (12) meses a partir de la fecha en que el Ente Gestor de Salud determine que la atención curativa ya no procede y que la afección o desorden es permanente e irreversible.

 

Art. 61º PENSIONES POR INVALIDEZ REQUISITOS.- Para tener derecho a Pensión de invalidez los Afiliado deben cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Pensiones y con los siguientes requisitos adicionales:

a) Ser dependiente Afiliado Activo o estar dentro de los seis (6) meses de haber concluido la relación de dependencia laboral.

b) Que su invalidez sea superior al veinticinco por ciento (25%)

c) Que su invalidez provenga de Riesgo Profesional.

d) Haber presentado los Formularios de denuncia de accidente, si la causa de invalidez era un Accidente de Trabajo.

Los requisitos deberán ser empleados a la fecha de presentación de la solicitud de Pensión de invaldiez, en caso de enfermedad y a la fecha del siniestro en caso de accidente, de acuerdo al formulario de denuncia del Accidente de Trabajo.

 

Art. 62º CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ.- La calificación de invalidez deberá realizarse aplicando el Manual de Normas de Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez utilizado en la calificación de invalidez por Riesgo Común Adicionalmente, se utilizará la lista de criterios y ponderaciones de reclasificación por tipo de actividad laboral, así como la lista de Enfermedades Profesionales por tipo de actividad.

La entidad encargada de calificar deberá emitir un dictamen indicando el grado de la invalidez y si el origen de la misma es por Riesgo Común o por Riesgo Profesional y tendrá un plazo a ser determinado por la Superintendencia que no podrá superar los cuarenta y cinco (45) días calendario desde que se inició la solicitud de calificación.

 

Art. 63º DERECHO A PENSIÓN DE INVALIDEZ Y DE LA FECHA DE DEVENGAMIENTO.- Una vez que el Afiliado sea calificado como inválido con incapacidad superior al veinticinco por ciento (25%) de acuerdo a dictamen emitido y se verifique el cumplimiento de los requisitos indicados en el presente reglamento tendrá derecho a Pensión de invalidez. La Pensión de invalidez por Riesgo Profesional se devenga a partir de la fecha de presentación de la solicitud de Pensión de invalidez.

Si la entidad encargada de calificar, no emitiera dictamen dentro del plazo establecido por la Superintendencia, la Entidad Aseguradora deberá pagar las Pensiones, devengadas entre la fecha límite de emisión de dictamen hasta la fecha efectiva de pago, con un interés aplicando la tasa que resulte mayor entre la rentabilidad promedio de los fondos de pensiones y la tasa bancaria activa comercial promedio nominal utilizada por créditos en moneda nacional con cláusula de mantenimiento de valor, publicada por el Banco Central de Bolivia.

Los Afiliados que a la fecha de afiliación al SSO tenga una invalidez manifestada, no serán cubiertos por el Seguro de Riesgo Profesional para esa invalidez. Sin embargo, los Afiliados que tengan una invalidez no manifestada estarán cubiertos por cualquier invalidez sin excepción alguna.

Para propósitos de este reglamento, se entenderá por invalidez manifestada aquella que es previa a la fecha del Registro o traspaso en una determinada AFP y que a esa fecha le impedía al Afiliado el funcionamiento de un miembro o el desempeño de una función, de una manera permanente e irreversible. La invalidez no manifestada es aquella que puede sobrevenir con posterioridad a la fecha de Registro en una determinada AFP a pesar de ahber podido ser originada en una fecha anterior.

 

Art. 64º RECHAZO DE LA INVALIDEZ.- El dictamen de Pensión de invalidez podrá rechazar la solicitud del Afiliado por alguno de los siguientes motivos:

a) La incapacidad está originada en accidentes o enfermedades de Riesgo Común.

b) La incapacidad sea inferior o igual al veinticinco por ciento (25%)

c) El fallecimiento del Afiliado durante el periodo de evaluación y calificación de invalidez. En tal circunstancia, una vez notificada del dictamen, la AFP deberá iniciar el trámite del pago de la Pensión de muerte.

 

Art. 65º NOTIFICACIÓN DEL DICTAMEN.- Emitido el dictamen por la entidad encargada de calificar, que declare el grado de invalidez o que la rechace, éste deberá ser comunicado en el plazo establecido por la Superintendencia que no podrá ser superior a los tres (3) días hábiles de emitido, tanto a la AFP como al Afiliado mediante nota oficial y adjuntando copia del mismo.

 

Art. 66º SOLICITUD DE INFORMES ESPECIALES.- Para la solicitud de informes especiales se aplicará el artículo 30 del presente reglamento.

 

Art. 67º INDEMNIZACIÓN GLOBAL.- Si el dictamen determina una invalidez por riesgo Profesional superior al diez por ciento (10%) pero inferior o igual al veinticinco por ciento (25%) el Afiliado será acreedor a una indemnización global y única equivalente a cuatro (4) anualidades de la Pensión que le hubiese correspondido, de acuerdo al grado de su invalidez.

 

Art. 68º FINANCIAMIENTO DE LAS PENSIONES DE INVALIDEZ.- Hasta que el Afiliado declarado invalido por la Entidad Aseguradora cumpla la edad de sesenta y cinco (65) años o fallezca, la Entidad Aseguradora deberá pagar Pensiones con los recursos provenientes del Seguro de Riesgo Profesional.

Adicionalmente, la Entidad Aseguradora, con cargo al Seguro de Riesgo Profesional, deberá pagar, por el periodo de pago de la Pensión de invalidez, la Cotización Mensual (10%) ala Cuenta Individual del SSO a AFP en la que se encuentre registrado el Afiliado. Dicha Cotización deberá ser aplicada a la Pensión de invalidez del Afiliado por invalidez permanente parcial o total.

En ningún caso, la Entidad Aseguradora pagará a nombre del Afiliado la Prima sea para el Riesgo Común o Riesgo Profesional, ni cualquier otro cargo o Comisiones de las AFP.

 

Art. 69º SOLICITUD DE REVISIÓN DEL DICTAMEN.- Los dictámenes que emita la entidad encargada de calificar serán pasibles de revisión, por el Afiliado y el Empleador, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes de recibida su notificación, ante la Superintendencia. Esta solicitud de revisión deberá ser realizada por escrito, y hará referencia al dictamen objeto de revisión.

Los costos de la revisión del dictamen, distintos a gastos administrativos de la Superintendencia, serán cancelados por la parte perdedora, sea el Afiliado, el Empleador o la Entidad Aseguradora, según corresponda.

 

Art. 70º DETERMINACIÓN DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ.- El monto de la Pensión de invalidez será resultado de aplicar el grado de incapacidad dictaminado al Afiliado al Salario Base del mismo.

 

Art. 71º PAGO DE PENSIONES DE INVALIDEZ.- Las Pensiones de invalidez serán pagadas mensualmente con los recursos del Seguro de Riesgo Profesional hasta que el Afiliado cumpla sesenta y cinco (65) años de edad o fallezca.

Las Pensiones de invalidez serán pagadas a partir del último día hábil de cada mes y hasta el día siete (7) del mes siguiente. El primer pago se realizará a fines del mes siguiente de emitido el dictamen.

SECCIÓN IV

PRESTACIÓN POR MUERTE POR RIESGO PROFESIONAL

 

Art. 72º REQUISITOS Y PLAZOS PARA ACREDITAR DERECHO–HABIENTES.- Los Derecho–habientes con derecho a Pensión en el Seguro de Riesgo profesional, así como los plazos para acreditación son los mismos que establece el artículo 35 del presente reglamento.

 

Art. 73º SOLICITUD DE PENSIÓN.- Los requisitos y procedimientos establecidos para solicitar Pensión por muerte son los mismos que establece el artículo 36º del presente reglamento.

Adicionalmente la solicitud debe incluir copia del formulario de denuncia de Accidente de Trabajo cuando corresponda.

 

Art. 74º DETERMINACIÓN DE LA CAUSA DE MUERTE Y EMISIÓN DE DICTAMEN.- Una vez recibida la solicitud de Pensión por muerte de un Afiliado Activo o pensionado por invalidez, la entidad encargada de calificar, en un plazo a ser determinado por la Superintendencia que no podrá ser superior a quince (15) días hábiles, deberá emitir un dictamen indicando el origen de la muerte, sea por Riesgo Común o Riesgo Profesional.

 

Art. 75º FINANCIAMIENTO DE LAS PENSIONES POR MUERTE.- La Entidad Aseguradora deberá pagar Pensiones con los recursos del Seguro de Riesgo Profesional hasta que el Causante hubiera cumplido los sesenta y cinco (65) años de edad. A partir de ese momento, el Seguro de Riesgo Profesional paga la Pensión complementando con el monto correspondiente a la Compensación de Cotizaciones, cuando corresponda, de manera que sumadas ambas hace la Pensión total que los Derecho–habientes deben recibir.

A la muerte del Afiliado, el Saldo en su Cuenta Individual correspondiente a las Cotizaciones Mensuales, y el derecho a Compensación de Cotizaciones serán transferidos por la AFP que administra dicha cuenta, y adicionado al Seguro de Riesgo Profesional para financiar las Pensiones Vitalicias o Temporales para sus Derecho–habientes. En estos casos, las Cotizaciones Adicionales y Depósitos Voluntarios de Beneficios Sociales que el Afiliado hubiera realizado serán empleados para firmar un Contrato de Pensiones o realizar retiros mínimos conforme al presente reglamento, con el objeto de incrementar las Pensiones de los Derecho–habientes.

Sin embargo si el Capital Acumulado en la Cuenta Individual del Causante, descontando las Cotizaciones Adicionales y Depósitos Voluntario de Beneficios Sociales y sumada la Compensación de Cotizaciones alcanza para que sus Derecho–habientes contraten una Pensión de Seguro Vitalicio o Mensualidad Vitalicia Variable con una Pensión Base superior a la que correspondería en el Seguro de Riesgo Profesional, los Derecho–habientes deberán optar por alguna de las modalidades de Pensión de conformidad con el presente reglamento. En este caso, el contrato de éstas Pensiones deberá realizarse con el total del capital Acumulado.

 

Art. 76º DETERMINACIÓN DE LA PENSIÓN MUERTE.- La Pensión por muerte se calcula aplicando los porcentajes de asignación de cada uno de los Derecho–habientes a la Pensión Base.

 

Art. 77º PORCENTAJES DE ASIGNACIÓN.- Los porcentajes de asignación de los Derecho–habientes son los mismos que establece el artículo 41 del presente.

 

Art. 78º CONFIRMACIÓN DE PENSIÓN POR MUERTE.- La AFP o Entidad Aseguradora, de acuerdo a lo establecido en el contrato, deberá emitir y enviar a los Derecho–habientes la confirmación de su derecho a la prestación por muerte a más tardar dentro de los treinta (30) días de presentada la solicitud de Pensión.

La confirmación mencionada en el párrafo anterior debe incluir la nómina de los Derecho–habientes acreditados y la Pensión que le corresponde a cada unos de ellos.

 

Art. 79º FECHA EN QUE DEVENGA LA PENSIÓN POR MUERTE.- La Pensión por muerte se devenga a contar de la fecha de la solicitud de Pensión.

 

Art. 80º EL PAGO DE LA PENSIÓN POR MUERTE.- El pago de las Pensiones se iniciará a partir del último día del mes en que la AFP o Entidad Aseguradora hubiese emitido la confirmación de Pensión o del mes siguiente, si esta fuere emitida entre los días veinticinco (25) a treinta (30) del mes.

El pago debe efectuarse para todos aquellos Derecho–habientes certificados y cubrirá el periodo comprendido entre el devengamiento de la Pensión y la fecha efectiva del pago. La fecha de pago será a partir del último día de cada mes hasta el día siete (7) del siguiente mes.

SECCIÓN V

PENSIONES PARA PASIVOS REGISTRADOS AL SEGURO DE RIESGO PROFESIONAL DEL SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO DE LARGO PLAZO

 

Art. 81º PAGO DE PENSIONES PARA PASIVOS REGISTRADOS.- El pago de Pensiones para todos los pasivos sean éstos por invalidez o muerte que percibían rentas del régimen de riesgos profesionales en el sistema vigente a la aprobación de la Ley de Pensiones y que fueron registrados en el Seguro de Riesgo Profesional del SSO. Se realizará con los recursos provenientes del Seguro de Riesgo Profesional.

Estas rentas serán canceladas en función a la calificación que tenían y de forma vitalicia, a partir del último día del tercer mes de la Fecha de Inicio.

PARTE VIII

PRESTACIÓN POR GASTOS FUNERARIOS

 

Art. 82º ACREDITACIÓN Y PLAZO DE REDENCIÓN.- Las personas que soliciten la redención de los Gastos Funerarios cualquiera sea su fuente de financiamiento, deberán presentar el certificado de defunción del fallecido, emitido por la autoridad del registro civil, conjuntamente con los siguientes documentos alternativos:

a) Factura comercial de los Gastos Funerarios.

b) Declaración jurada de un testigo que afirma que el portador del certificado de defunción realizó efectivamente los Gastos Funerarios.

El plazo máximo para reclamar la prestación por Gastos Funerarios será de tres (3) meses a partir del fallecimiento. Si transcurrido este periodo no se presentase reclamo alguno, la AFP o Entidad Aseguradora, según corresponda, deberá entregar a sola presentación del certificado de defunción, el monto de los Funerarios a cualquiera de los siguientes Derecho–habientes el cónyuge o conviviente sobreviviente a los hijos o a los padres del fallecido.

En el evento de que los Derecho–habientes no se presentasen a cobrar los Gastos Funerarios en un plazo máximo de doce (12) meses a contar de la fecha de fallecimiento del elegible, tales prestaciones prescriben y permanecen como activos del fondo o seguro correspondiente.

 

Art. 83º FINANCIAMIENTO DE LOS GASTOS FUNERARIOS.- Los Gastos Funerarios serán pagados por la Entidad Aseguradora o AFP según corresponda, con cargo al Seguro de Riesgo Común, cuando la muerte no hubiera sido originada por Riesgo Profesional en los siguientes casos:

a) Si el Afiliado fallecido hubiese sido Afiliado Activo.

b) Si el Afiliado Fallecido hubiese sido pensionado por invalidez.

La prestación por Gastos Funerarios será financiada, cuando el fallecimiento se origine en riesgo profesional con los recursos del Seguro de Riesgo Profesional, contratados por cada AFP.

La AFP o Entidad Aseguradora, de acuerdo a lo establecido en el contrato de riesgo profesional o riesgo común, deberá informar a los Derecho–habientes respecto del beneficio y de la suscripción del formulario respectivo.

Cuando el Afiliado fallecido tuviese un Contrato de Pensión con una AFP o Entidad Aseguradora, los Gastos Funerarios serán cancelados por la AFP o Entidad Aseguradora, según corresponda.

 

Art. 84º GASTOS FUNERARIOS FINANCIADOS POR EL FCC.- Las personas quienes acrediten haber sufragado los Gastos Funerarios de los Beneficiarios de la Capitalización, fallecidos con posterioridad al 31 de diciembre de 1996, registrados en la Base de Datos del FCC tendrán derecho a la prestación por Gastos Funerarios.

Durante los cinco (5) años calendario a partir de la Fecha de Inicio, las personas que soliciten el pago de Gastos Funerarios de Beneficiarios de la Capitalización no registrados en la Base de Datos del FCC, deberán previamente solicitar el Registro del presunto Beneficiario de la Capitalización a dicha Base de Datos a través de la AFP.

Las personas naturales que hubieran sufragado los Gastos Funerarios de dos (2) o más Beneficiarios de la capitalización, sólo podrán reclamar la reposición de los gastos correspondientes a dos (2) de ellos.

 

La AFP deberá pagar los Gastos Funerarios solicitados y documentalmente respaldados por el solicitante en el plazo que determine la Superintendencia que no podrá superar los siete (7) días calendario. Este plazo deberá ser suficiente para evitar que más de una AFP realice el pago de Gastos de Fenerarios de una misma persona registrada en la Base de Datos del FCC.

PARTE IX

FÓRMULAS DE CÁLCULO

 

Art. 85º CALCULO DE LA PENSIÓN BASE.- La Pensión Base se calculará de acuerdo a los siguientes casos:

a) Para Derecho–habientes de un Afiliado Activo fallecido por Riesgo Común corresponde al setenta por ciento (70%) del Salario Base del Causante calculado de conformidad a la Ley de Pensiones.

b) Para Derecho–habientes de un Afiliado Activo fallecido como consecuencia de enfermedad o accidente por Riesgo Profesional que no percibía Pensión de invalidez por Riesgo Profesional a la fecha de su fallecimiento, corresponde al Salario Base del Causante de conformidad a los siguientes casos:

1. Si el Afiliado hubiese efectuado cotizaciones por cinco (5) años o más, el Salario Base será el promedio de los Totales Ganados o Ingresos Cotizables de los últimos cinco (5) años.

2. Si el Afiliado hubiese efectuado cotizaciones por más de dieciocho (18) meses y menos de cinco (5) años, el Salario Base será el promedio de los Totales ganados o Ingresos Cotizables de los últimos dieciocho (18) meses.

3. Si el Afiliado hubiese efectuado cotizaciones por menos de cinco años, el Salario Base será el promedio de los Totales Ganados o Ingresos Cotizables realizados.

a) Para Derecho–habientes de un Afiliado con Pensión de invalidez por Riesgo Común: corresponde al setenta por ciento (70%) de la Pensión de invalidez que percibía el Causante a la fecha de su fallecimiento, dividida entre cero coma siete (0.7).

b) Para Derecho–habientes de un Afiliado Activo fallecido como consecuencia de enfermedad o accidente por Riesgo Profesional que percibía Pensión de invalidez por Riesgo Profesional a la fecha de su fallecimiento: corresponde al Salario Base del Causante. En este caso, para efectos del cálculo del Salario Base, la Pensión de invalidez por Riesgo Profesional que estuviese recibiendo el Causante se sumará al Total Ganado.

c) Para Derecho–habientes de un Afiliado con Contrato de Pensión corresponde al setenta por ciento (70%) de la Pensión de jubilación dividida entre cero coma siete (0.7).

 

Art. 86º CÁLCULO DEL SALARIO BASE.- El Salario Base se calculará de acuerdo a los siguientes casos:

a) Para las Pensiones de jubilación:

1. Para Afiliados con sesenta (60) o más Aportes: el Salario Base se calculará como el promedio de los últimos sesenta (60) Totales Ganados o Ingresos Contables

2. Para Afiliados con menos de sesenta (60) Aportes y con derecho a Compensación de Cotizaciones Mensual: el Salario Base se calculará como el promedio de los últimos sesenta (60) Totales Ganados Ingresos Cotizables o Salarios Cotizables.

a) Para las Pensiones de invalidez y muerte por Riesgo Común o riesgo Profesional:

1. Para Afiliados con menos de sesenta (60) o más Aportes, el Salario Base se calculará como el promedio de los últimos sesenta (60) Totales Ganados o Ingresos Cotizables.

2. Para Afiliados con menos de sesenta (60) Aportes pero con derecho a Compensación de Cotizaciones Mensual: el Salario Base se calculará como el promedio de los últimos sesenta (60) Totales Ganados, Ingreso Cotizables o Salarios Cotizables.

3. Para Afiliados con más de dieciocho (18) y menos de sesenta (60) Aportes: el Salario Base será el promedio de los últimos dieciocho (18) Totales Ganados o Ingresos Cotizables.

4. Para Afiliados con menos de dieciocho (18) Aportes pero con derecho a Compensación de Cotizaciones Mensual: el Salario Base se calculará como el promedio de los últimos dieciocho (18) Totales Ganados Ingresos Cotizables o Salarios Cotizables.

5. Para Afiliados con menos de sesenta (60) Aportes y que hubiese fallecido o resultado inválidos como consecuencia de accidente por Riesgo Común o por Riesgo Profesional: el Salario Base se calculará como el promedio de los Totales Ganados o Ingresos Cotizables sobre los cuales efectivamente se realizó cada Aporte.

6. Para Afiliados con menos de dieciocho (18) Aportes que hubiesen fallecido o resultado inválidos como consecuencia de enfermedad por Riesgo Profesional: el Salario Base se calculará como el promedio de los Totales Ganados o Ingresos Cotizables sobre los cuales efectivamente se realizó cada Aporte.

 

Art. 87º CALCULO DEL SALARIO COTIZABLE.- El Salario Cotizable se calculará de acuerdo a los siguientes casos:

a) Asegurados al Sistema de Reparto que a la Fecha de Inicio hubiesen efectuado sesenta (60) o más cotizaciones mensuales al Sistema de Reparto.

1) Si los Asegurados al Sistema de Reparto tuviese registradas cotizaciones al Sistema de Reparto existentes a esa fecha, el Salario Cotizable será el correspondiente al mes de octubre de 1996.

2) Si los Asegurados al sistema de Reparto no tuviesen registradas cotizaciones al Sistema de Reparto en el mes de la promulgación de la Ley de Pensiones, el Salario Cotizable será el último Salario Cotizable registrado sobre el que efectivamente se cotizó al Sistema de Reparto en fecha previa al mes de la promulgación de la Ley de Pensiones.

b) Asegurados al Sistema de Reparto que a la Fecha de inicio Hubiesen efectuado menos de sesenta (60) cotizaciones al Sistema de Reparto.

1) Si los Asegurados al Sistema de Reparto tuviesen registradas cotizaciones al Sistema de Reparto en el mes de la promulgación de la Ley de Pensiones en los Entes Gestores del Sistema de Reparto existentes a esa fecha, el Salario Cotizable será el correspondiente al mes de octubre de 1996.

2) Si los Asegurados al Sistema de Reparto no tuviesen registradas cotizaciones al Sistema de Reparo en el mes de la promulgación de la Ley de Pensiones, pero que tuvieran registradas cotizaciones al Sistema de Reparto con anterioridad a dicha fecha, el Salario Cotizable será el último Salario Cotizable registrado sobre el que efectivamente se cotizó al Sistema de Reparto en fecha previa al mes de la promulgación de la Ley de Pensiones.

3) Si los Asegurados al Sistema de Reparto no tuviesen registradas cotizaciones al Sistema de Reparto ni en el mes de la promulgación de la Ley de Pensiones ni con anterioridad a dicha fecha, pero que registren cotizaciones al Sistema de Reparto de manera previa a la Fecha de Inicio, el Salario Cotizable será el último Salario Cotizable registrado sobre el que efectivamente se cotizó al Sistema de Reparto en fecha previa a la Fecha de Inicio.

El Salario Cotizable se expresará en su valor equivalente a dólares estadounidenses de conformidad al índice de Mantenimiento de Valor. Para efectos de la presente norma el Salario Cotizable es la suma de todas las remuneraciones mensuales de un Asegurados al Sistema de Reparto, provenientes de contrato laborales antes de deducción de impuestos. El máximo Salario Cotizable será el equivalente de veinte (20) veces el salario mínimo nacional vigente.

PARTE X

BONO SOLIDARIO

 

Art. 88º BONOSOL.- La Superintendencia establecerá el monto de Bono Solidario (Bonosol) válido hasta el 31 de diciembre del 2001 determinando el valor de mercado, expresado en dólares estadounidenses, de los recursos provenientes de la capitalización en Fideicomiso, transferidos a las AFP, al valor establecido para el día de la transferencia.

A dicho valor se restarán cien millones 00/100 de dólares estadounidenses (US$ 100.000.00,00) correspondientes al valor presente de los Gastos Funerarios. Esta cifra resultante será expresada en millones de dólares estadounidenses y se dividirá entre seis punto cinco (6,5) con el objetivo de determinar el valor de la anualidad del Bono Solidario (Bonosol) para el primer periodo mencionado.

 

Art. 89º AJUSTES TRIENALES.- La Superintendencia, a través de un estudio actuarial, determinará el nuevo monto de la anualidad del Bono Solidario (Bonosol) que regirá durante cada trienio a contar del 1º de enero del 2002. El resultado de éste cálculo deberá darse a conocer entre los cuatro (4) y seis (6) meses anteriores a su vigencia.

La Superintendencia dispondrá y verificará las transferencias, entre AFP, de efectivo o de Títulos Valores valuados a su valor del mercado el día relevante, tal que se mantenga una relación equivalente entre los activos financieros del FCC respecto al valor presente de los derechos al Bono Solidario (Bonosol).

 

Art. 90º EXTINCIÓN DEL DERECHO A RECEPCIÓN DEL BONOSOL.- El derecho al Bono Solidario (Bonosol) se extingue por cualesquiera de las siguientes causas:

a) Muerte del Beneficiario de la Capitalización, sea que este hubiese o no percibido alguna vez un pago del Bono Solidario (Bonosol).

b) No cobro del Bono Solidario (Bonosol) durante cinco años consecutivos.

c) Fraude comprobado.

 

Art. 91º MODALIDAD DE PAGO DEL BONO SOLIDARIO (BONOSOL).- Las anualidades vitalicias representativas del Bono Solidario (Bonosol), serán pagaderas en bolivianos con mantenimiento de valor respecto al dólar estadounidense de acuerdo al índice de Mantenimiento de Valor, por las AFP a sola presentación, por el Beneficiario de la Capitalización Registrado, de su documento de identificación.

Las AFP podrán realizar convenios entre si para el pago de los beneficios de la capitalización.

CAPÍTULO III

FINANCIAMIENTO

PARTE I

DE LA RECAUDACIÓN

 

Art. 92º RESPONSABILIDADES DE LA AFP.- Las AFP son las responsables de la recaudación y de la recepción de la declaración formal de las contribuciones al SSO. de los intereses y recargos que correspondan a sus Registrados y a la AFP.

La AFP podrá efectuar la recaudación a través de sus propias agencias o sucursales o a través del sistema financiero bancario, celebrando los contratos respectivos. El costo que represente dicha recaudación será asumido íntegramente por la AFP.

La Superintendencia podrá autorizar a las AFP mediante norma expresa, contratar entidades financieras no bancarias para realizar la recaudación. Esta entidades deberán cumplir con requisitos mínimos de servicios que la Superintendencia de Pensiones establecerán conjuntamente con la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras.

La contribuciones al SSO, los recargos, interese recaudados por las AFP o las entidades financieras bancarias o no bancarias deberán ser depositadas en su totalidad o nombre de los Fondos de Pensiones especificando el nombre de la AFP que los administra, en cuentas corrientes bancarias en los plazos establecidos por la Superintendencia fijados de acuerdo a la cercanía de agencias bancarias respecto al lugar en el que se realizó la recaudación.

Las AFP deberán sujetarse a la normativa que establecerá la Superintendencia para la acreditación de la recaudación a las Cuentas Individuales, Cuenta de Siniestralidad, Cuenta de Riesgos Profesionales, Cuenta de Mensualidades Vitalicias Variables y AFP según corresponda. Asimismo en la acreditación de la recaudación en las cuentas bancarias en el FCI que administra cada AFP.

Los costos de Administración de las cuentas corrientes, para captar los depósitos iniciales y transitorios de la totalidad de las cotizaciones de los Afiliados, el producto de las sanciones pecuniarias y otros costos no incluidos en los Gastos de Transacción serán pagados por la AFP correspondiente.

 

Art. 93º RESPONSABILIDADES DEL EMPLEADOR.- Los Empleadores, una vez iniciada la prestación de servicios de un trabajador están obligados a declarar y efectuar el pago de las Contribuciones correspondientes a sus dependientes Afiliados al SSO en la AFP que estuviesen registrados, dentro del plazo establecido por la Superintendencia, que no podrá exceder los treinta días (30) hábiles del mes siguiente a aquel en que se devengó el salario, de acuerdo al tipo de Afiliado como sigue:

a) Para los Dependientes Antiguos incluidos o no en la lista de Empleadores que son asignados a las AFP a partir de la Fecha de Inicio.

b) Para los Nuevos Ingresantes, la fecha que se cumpla primero, entre la fecha límite del plazo para los Empleadores o la fecha en que se afilia y registra el empleado al SSO por iniciativa propia o del Empleador.

c) Para el Dependiente Nuevo para un Empleador, desde que inicia su relación de dependencia con ese Empleador.

Cuando el trabajador o empleado se encuentre recibiendo el subsidio temporal por enfermedad o accidente debido a Riesgo Común o Riesgo Profesional, el Empleador es responsable de retener y remitir las Cotizaciones Mensuales y Prima por Riesgo Común de dicho trabajador o empleado a la AFP correspondiente para ser acreditados en su Cuenta Individual y al Seguro de Riesgo Común, respectivamente.

Asimismo, el Empleador es responsable de continuar pagando la Prima correspondiente al Seguro de Riesgo Profesional para dicho trabajador o empleado.

Si el Afiliado estuviese percibiendo subsidios, los Aportes y Comisiones al SSO se realizarán sobre el monto total del subsidio que estuviese recibiendo dicho Afiliado.

En caso de que el trabajador o empleado esté enfermo, acogido a licencia médica, que estuviese con o sin subsidio temporal, el pago o declaración de las Contribuciones al SSO, también deberá efectuarla el Empleador dentro del mismo plazo.

 

Art. 94º RETRASOS EN DEPOSITOS DE LAS CONTRIBUCIONES.- Las Cotizaciones y otros recursos con destino a la Cuenta Individual del Afiliado, así como las Primas y Comisiones adeudadas a las AFP que no sean pagadas oportunamente, estarán sujetas a los siguientes pagos adicionales:

Intereses: Valor resultante de aplicar la tasa mayor entre la rentabilidad, calculada según circular dictada por la Superintendencia, obtenida por los Fondos de Capitalización Individual o la tasa de interés bancaria activa, en moneda extranjera, al monto no pagado por el Empleador, determinado por la AFP, considerando el periodo transcurrido entre el último día del plazo en que debió efectuarse el pago y el día que efectivamente se realice éste.

Los intereses que pague el Empleador que hubiese incurrido en pagos rezagados integrarán a las Cuentas Individuales de sus Afiliados en proporción a las Contribuciones pagadas rezagadamente por el Empleador.

El Empleador que efectuó las retenciones, y no las comunicó a la AFP o si la comunicación fue incompleta o errónea, deberá pagar a la AFP o beneficio de la misma, un interés incremental definido por la Superintendencia.

 

El Empleador que efectuó las retenciones establecidas en el primer párrafo de este artículo y no las pagó a la AFP, pero comunicó a dicha entidad, de modo completo y sin errores, que efectuó tal retención y si paga las Contribuciones un plazo no superior a tres (3) meses determinado por la Superintendencia, quedará liberado del pago del interés incremental antes señalado.

En cualesquiera de los casos anteriores, los intereses, serán pagados por el Empleador que efectuó la retenciones, sin lugar a que sean cobradas a los Registrados.

Las Contribuciones, Depósitos Voluntarios de Beneficios Sociales, e intereses adeudados por el Empleador a una AFP gozarán del privilegio establecido en el inciso uno I) del artículo 1345 del Código Civil y en el artículo Nº 1493 del Código de Comercio.

Para los efectos de aplicar diariamente los intereses a los pagos efectuados fuera de plazo, la Superintendencia mensualmente, emitirá una table que las AFP deberán utilizar para recaudar las Contribuciones pagadas en forma atrasada.

 

Art. 95º COBRO DE COTIZACIONES POR PROCESO EJECUTIVO SOCIAL.- La AFP está obligada y autorizada para ejercitar la personería jurídica de sus Registrados y se encuentra obligada a efectuar el cobro de las Cotizaciones.

Cotizaciones Adicionales, Depósitos Voluntarios de Beneficios Sociales Primas y de las Comisiones. más los intereses que no hubiesen sido pagados por el Empleador a la AFP. Para efectuar dicho cobro procederá la ejecución social, y el cobro antes referido procederá aún cuando el Registrado se hubiese traspasado de AFP.

 

Art. 96º CARGOS Y ABONOS BANCARIOS REGULARIZADOS POR LA ADMINISTRADORA.- Todo cargo o abono bancario que sea registrado incorrectamente por las entidades recaudadoras o las AFP deberá ser repuesto a la cuenta del Fondo que corresponda a más tardar el día hábil siguiente al cargo incorrecto realizado. De no cumplirse esta disposición estas entidades serán multadas y los recursos destinados a la Superintendencia de acuerdo a tabla establecida por la misma.

Los cargos bancarios que correspondan a la mantención de las cuentas corrientes y operaciones de los Fondos serán responsabilidad de la AFP.

 

Art. 97º DOCUMENTOS DE RESPALDO DE LA RECAUDACIÓN E INFORMACIÓN A LA SUPERINTENDENCIA.- Las AFP deberán remitir informe periódicos en medio magnéticos o transmisión directa y en los casos que indique la Superintendencia deberán estar respaldados por un documento físico sobre la recaudación y las cuentas corrientes manejadas para cada uno de los Fondos, abiertas o cerradas en los plazos y con el detalle y documentos de respaldo que requiera la Superintendencia.

PARTE II

DEPÓSITOS VOLUNTARIOS DE BENEFICIOS SOCIALES

 

Art. 98º DEPÓSITOS VOLUNTARIOS DE BENEFICIOS SOCIALES.- Los Afiliados podrán convenir con sus Empleadores o cualquier persona natural o jurídica el depósito de valores destinados a su Cuenta Individual, denominados Depósitos Voluntarios de Beneficios Sociales, con el único objetivo de incrementar el capital requerido para aumentar o anticipar el monto de la Pensión de jubilación.

El pago de dichos montos está sujeto al plazo legal definido en circulares.

Cuando dichos montos se paguen con atraso deberá cancelarse con los intereses pertinentes. Las sumas que podrán convenirse corresponderán a un monto fijo pagado en una sola oportunidad por el Empleador, a un porcentaje mensual del salario o a un monto fijo mensual.

 

Art. 99º CONCRECIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.- La concreción del convenio deberá realizarse mediante la suscripción del formulario correspondiente firmado por el Empleador u otra persona natural o jurídica y el dependiente.

En el caso, que el contrato fuera del Empleador con varios trabajadores Afiliados a la misma AFP se podrá suscribir un solo formulario con una mínima adjunta donde se registren los antecedentes personales y las firmas respentivas.

PARTE III

SISTEMA CONTABLE

 

Art. 100º FONDOS DE PENSIONES.- Los Fondos que administran las AFP son los siguientes:

a) El FCI compuesto por las Cuentas Individuales la Cuenta de Mensualidades Vitalicias Variables y la cuenta del FCC. El FCI está compuesto por cuotas de iguales características Transitoriamente, estará compuesto además por la Cuenta Colectiva de Siniestralidad y la Cuenta Colectiva de Riesgos Profesionales.

b) El FCC está inicialmente compuesto por las acciones de las empresas públicas capitalizadas y los retornos por estas generadas durante su periodo de fideicomiso, conforme a la Ley 1544 (Ley de

Capitalización. Posteriormente el FCC estará compuesto por acciones de las empresas públicas capitalizadas cuotas del FCI o una combinación de ambas.

El patrimonio de las AFP debe estar total y estrictamente separado de los Fondos que administra la AFP, sin ninguna posibilidad de que se produzcan traspasos entre el patrimonio de la AFP y los Fondos que administra. La única excepción se dará cuando la AFP cobre Comisiones a los Fondos por su administración y cuando los Fondo repongan a la AFP montos pagados por ésta correspondientes a los Gastos de Transacción y a las tarifas por los servicios de custodia.

Los pagos a los Operadores por los servicios de la compra y venta de Títulos Valores, que no constituyen la cartera original del FCC serán cargados al FCI que administra la AFP.

Las tarifas de la Entidad Custodia correspondiente a cuentas del FCI y FCC serán cargadas al respectivo fondo que administra la AFP.

La AFP deberá mantener contabilidades estrictamente separadas entre sus propios recursos o patrimonio y el de los Fondos que administra.

 

Art. 101º ESTADOS FINANCIEROS.- Para cada uno de los dos Fondos y las cuentas de Siniestralidad de Riesgos Profesionales y Mensualidades Vitalicias Variables que administra la AFP ésta deberá emitir con la periodicidad que determine la Superintendencia los siguientes Estados financieros:

a) Balance General

b) Estado Variación Patrimonial

c) Notas explicativas y complementarias

Las AFP emitirán, además de los estados financieros anteriores, con la periodicidad que determine la Superintendencia, los estados financieros del manejo de su recursos, documentos que deberán contener:

1. Balance General

2. Estado de Resultado de Pérdidas y Ganancias

3. Estados de Fuente y Uso de Fondos

4. Notas explicativas y complementarias.

 

Art. 102º PLAN DE CUENTAS.- Las AFP deberán sujetarse estrictamente al plan de cuentas del FCJ del FCC y de la propia AFP, que será determinado por el Poder Ejecutivo en un plazo que no podrá exceder al 31 de junio del año de 1998.

Este plan de cuentas será elaborado por la Superintendencia con la participación de las AFP.

 

Art. 103º REGISTROS CONTABLES.- Las AFP son las responsables permanentes de la consistencia, integridad y exactitud contable de la administración de los Fondos.

Las AFP deberá mantener los registros contables respaldados en medios físicos inalterables, con información de los saldos de las Cuentas Individuales, de los Rezagos, de acuerdo a especificaciones exigidas por la Superintendencia.

 

Art. 104º EXPRESIÓN DEL PATRIMONIO.- El patrimonio del FC y del ICC se establecerá diariamente, considerando todos los movimiento de ingresos, egresos y traspasos entre las Cuentas individuales. Cuenta de Siniestralidad y Riesgos Profesionales cuando corresponda, Cuenta de Mensualidades Vitalicias Variables, con la determinación de los Rezagos que corresponda.

Los movimientos de recursos de la administración del FCI se registrarán en bolivianos y en cuotas. La Cuenta de Mensualidades Vitalicias se expresará, además en unidades vitalicias.

 

Art. 105 ESTADO DE CUENTA.- Las AFP deberán enviar al Registrado de acuerdo a disposiciones de la Superintendencia, un informe referido a los movimientos registrados en el FCI. Este estado de cuenta deberá contener la siguiente información:

a) Periodo que comprende.

b) Datos personales de Afiliado y su domicilio.

c) Saldo inicial y final de Cotizaciones Mensuales, Cotizaciones Adicionales, Depósitos Voluntarios de Beneficios Sociales en número de cuotas y en monto en bolivianos.

d) Informe de movimientos en bolivianos y cuotas.

e) Saldo inicial y final de Primas pagadas al Seguro de Riesgo Común y al Seguro de Riesgo Profesional cuando corresponda.

f) Valor de la cuota del FCI.

g) Variación porcentual de la cuota en el año.

h) Rentabilidad del FCI

i) Número de Primas para los Seguros de Riesgo Común y Riesgo Profesional pagadas y monto de Primas cuando corresponda.

El formato del estado de cuenta deberá ser autorizado por la Superintendencia y las AFP no podrán efectuar publicidad o propaganda a través del mismo. La información contenida en el estado de cuenta, y la información de la Cuenta Individual de los Afiliados no podrá darse a conocer a terceras personas a no ser mediante orden judicial o autorización de la Superintendencia expresa y para cada caso.

PARTE IV

FONDO DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA

 

Art. 106º TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS DE LA CAPITALIZACIÓN ENTRE LAS AFP.- Las acciones y dividendos mantenidos en fideicomiso, resultantes de la capitalización de las empresas públicas, serán transferidos en partes iguales entre las empresas inicialmente licenciadas a funcionar como AFP, de acuerdo a la cláusula de terminación del mencionado contrato de fideicomiso.

 

Art. 107º RECURSOS DEL FCC.- La totalidad de la liquidez procedente de la cartera originalmente invertida en cuotas del FCI que la misma AFP administre.

Las AFP podrán monetizar los títulos de la cartera original del FCC a través de las modalidades siguientes:

a) Mediante su conversión en recibos de depósito.

b) Mediante colocaciones privadas. Estas colocaciones deberán estar en estricta sujeción a la legislación de los países en los cuales se realiza la operación.

Mediante un listado convencional en al menos una Bolsa de valores local y otra extranjera.

 

Art. 108º TRANSFERENCIA Y ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL FCC.- La Superintendencia entregará a las AFP a más tardar a la Fecha de Inicio, la Base de Datos del FCC con el listado parcial de los Beneficiarios de la Capitalización que a esa fecha estuvieran incluidos en la base de datos mencionada.

La asignación del listado de personas de la Base de Datos del FCC que realice la Superintendencia a cada AFP será la conformidad a el área de Exclusividad en la que éstas prestan sus servicios y según corresponda a la fecha del día de nacimiento par o impar de los ciudadanos bolivianos elegibles entre las AFP correspondientes de acuerdo al contrato resultado de la licitación pública internacional previsto por la Ley de Capitalización.

La Superintendencia tiene la facultad exclusiva de actualizar con la periodicidad que juzgue conveniente, la Base de Datos del FCC y transferir esta información a las AFP.

CAPÍTULO IV

AFILIACIÓN, REGISTRO, ARCHIVO REGISTRO Y TRASPASOS

PARTE I AFILIACIÓN AL SSO Y REGISTRO DE AFILIADOS EN LAS AFP

Art. 109 AFILIACIÓN.- La Afiliación al SSO es de carácter permanente, sea que el afiliado se mantenga o no trabajando en relación de dependencia laboral, ejerza una o varias actividades simultáneamente y tenga varios o ningún Empleador.

Toda persona que a partir de la Fecha de Inicio, inicie una relación de dependencia laboral quedará Afiliada al SSO desde el inicio de dicha relación, de conformidad a la Ley de Pensiones.

 

Las personas que a la Fecha de Inicio se encontraban trabajando en relación de dependencia laboral, adscritas o no al Sistema de Reparto, quedarán Afiliadas al SSO, de conformidad a la Ley de Pensiones y de acuerdo al presente reglamento.

Para efectos de la presente norma, relación de dependencia laboral es toda contratación verbal o escrita de servicios laborales por parte de los Empleadores independientemente del tiempo de la misma, de las condiciones de la prestación o si fuere por resultado, por tiempo o ambas.

 

Art. 110º REGISTRO A LAS AFP DE LOS AFILIADOS AL SSO.- Todo Afiliado deberá registrarse en una AFP en los plazos que se señalan en este Reglamento, subsistiendo su derecho a cambiar posteriormente de manera voluntaria de AFP.

El Afiliado o cualquier otra persona que no posea el NUA concretará su Registro en una AFP con el estampado del Número Único Asignado (NUA) por parte de la AFP en el formulario de registro que podrá ser llenado por el Afiliado, o su Empleador. El Afiliado deberá firmar el formulario en los plazos establecidos reglamentariamente. El Número Único Asignado será otorgado a través de normas emitidas por la Superintendencia.

El Afiliado que posea un NUA concretará su Registro en una AFP, debido a un Traspaso, con la suscripción y firma del formulario de registro y traspaso.

Ninguna persona podrá estar registrada a la Base de Datos del FCC en una AFP distinta a la cual se encuentre Afiliado y Registrado para el SSO.

 

Art. 111º REGISTRO DEL DEPENDIENTE NUEVO.- Los dependientes Nuevos deberán registrarse en una AFP mediante el otorgamiento del NUA de acuerdo a las siguientes condiciones:

a) En el Territorio de Explotación Común a partir de la Fecha de Inicio y en un plazo máximo de diez (10) días hábiles contados a partir del inicio de la relación de dependencia laboral, en la AFP de su preferencia.

b) En el Área de Exclusividad de una AFP, hasta el 31 de diciembre de 1999 en la AFP que presta servicios con exclusividad en esa área.

c) En el Área de exclusividad de un AFP a partir del 1º de enero del 2000 hasta el plazo máximo de diez (10) días hábiles contados a partir del inicio de la relación de dependencia laboral en la AFP de su preferencia.

d) En el territorio de Explotación Común a partir de la Fecha de Inicio en el Área de exclusividad a partir del 1º de enero del 2000 si el Dependiente Nuevo no se registró en el plazo señalado en el párrafo a) su empleador lo registrará en la AFP en la que tuviere Registrado el mayor número de sus dependientes en el plazo señalado por la Superintendencia el cual no podrá exceder de veinte (20) días, contados a partir de la fecha de iniciada la relación de dependencia laboral.

e) Si el Dependiente Nuevo se hubiese registrado con anterioridad a una AFP el Empleador estará obligado a respetar este Registro.

Cuando el Registro del afiliado sea realizado por el Empleador la AFP está obligada a contactar al Afiliado Registrado en un plazo no mayor de seis meses contados a partir de la fecha del otorgamiento del NUA, para que éste suscriba el formulario de registro.

 

Art. 112º REGISTRO DEL DEPENDIENTE ANTIGUO.- A partir de la Fecha de Inicio, los Dependientes Antiguos que se encuentren trabajando con empresas o instituciones que estén en el Listado de Empleadores serán asignados entre las AFP por la Superintendencia. El Empleador deberá respetar la asignación de sus trabajadores o dependientes a la AFP que les corresponda.

Cuando el Registro del Afiliado lo realice el Empleador o la AFP, en cumplimiento a la asignación de personas que ésta recibe, la AFP está obligada a contactar al Afiliado Registrado en un plazo no mayor de diez y ocho (18) meses contados a partir de la Fecha de Inicio para que éste suscriba el formulario de registro.

El Dependiente Antiguo queda obligado a efectuar su Registro solamente en el AFP asignada.

La AFP sólo podrá rechazar el Registro de un Dependiente Antíguo, en caso de que éste estuviera asignado a otra AFP.

A partir de la Fecha de Inicio, los Dependientes Antiguos con Empleadores no asignados en el Listado de Empleadores provisto por la Superintendencia, en el Territorio de Explotación Común, contarán con diez (10) días a partir de la Fecha de Inicio para elegir AFP. De no hacerlo, su Empleador lo registrará en la AFP en la que el Empleador tenga registrado el mayor número de dependientes, en un plazo establecido por la Superintendencia que no podrá exceder a veinte (20) días.

En el Área de Exclusividad y hasta el 31 de diciembre de 1999 los Dependientes Antiguos contarán con diez (10) días a partir de la Fecha de Inicio para registrarse en la AFP que preste servicios en dicho territorio de no hacerlo el empleador los registrará en la AFP de dicho territorio.

 

Art. 113º AFILIACIÓN Y REGISTRO DEL INDEPENDIENTE.- Las personas sin relación de dependencia laboral, quedarán Afiliadas al SSO. y Registradas a una AFP, de manera libre y voluntaria en la AFP de su preferencia, a través del pago de la primera cotización.

 

Art. 114º REGISTRO DE DEPENDIENTE EN UN NUEVO EMPLEO.- Al momento de emplear a un Dependiente el Empleador esta obligado a conocer si éste se encuentra Registrado en alguna AFP o se encuentra con la categoría de Renta en Curso de Adquisición del Sistema de Reparto.

Para el Afiliado Dependiente en un Nuevo Empleo, previamente Registrado en alguna AFP, su Empleador se encuentra obligado a comunicar a la AFP en la que su empresa en un plazo que no podrá exceder a los (20) veinte días calendario a aquel en que se inició la prestación de servicios.

Hasta el 31 de diciembre de 1999, en el Área de Exclusividad de un aAFP, el Empleador del Afiliado Dependiente en un Nuevo Empleo, que no estuviera registrado y que no fuere rentista en Curso de Adquisición, estará obligado a Registrarlo en un plazo no superior a veinte (20) días de iniciada la relación de dependencia laboral en la AFP que presta sus servicios con carácter de exclusividad en el territorio de residencia habitual del Afiliado Dependiente.

En el territorio de Explotación Común el Dependiente en un Nuevo Empleo que no estuviera Registrado en ninguna AFP, y no fuera rentista en Curso de Adquisición, contará con diez (10) días para elegir AFP., de no hacerlo, su Empleador lo registrará en la AFP en la que el Empleador tenga registrado el mayor número de dependientes en un plazo establecido por la Superintendencia que no podrá exceder a veinte (20) días.

Cuando el Registro del Dependiente de un Nuevo Empleo lo relice el Empleador, la AFP está obligada a contactar al Afiliado Registro en un plazo no mayor de seis meses contados a partir de la fecha del otorgamiento del NUA, para que éste suscriba el formulario de registro.

 

Art. 115º OBLIGACIONES DE LAS AFP.- La AFP que reciba una solicitud de Registro de una persona natural con relación de dependencia laboral deberá otorgar el NUA a esa determinada persona, conforme a procedimientos establecidos por la Superintendencia. Además deberá notificar tanto al empleado como al Empleador de la aceptación o rechazo de Registro dentro de los plazos establecidos por la Superintendencia, que no podrá superar los veinte (20) días luego de otorgado el NUA.

A partir del primero 1º de enero del 2000 las AFP no pueden rechazar en el Territorio de Explotación Común por ningún motivo, la solicitud de Registro a la AFP de ninguna persona natural que esté o no Afiliada al SSO.

 

Es de responsabilidad de las AFP que los formularios de Registro a la AFP y los formularios de Traspaso y los formularios de solicitud de pensiones estén correctamente llenados y no adolezcan de vicios de nulidad, ni contengan omisiones, borrones, enmendaduras o tarjaduras y cuenten con la firma, aclaración de firma, apellidos, nombres o número de la cédula de identidad u otros documentos que acrediten identidad del Registrado, o los datos y firma del representante de la AFP.

A partir de la Fecha de Inicio los Afiliados que provengan del Sistema de Reparto y cumplan con los requisitos del Seguro de Riesgo Común que en los plazos establecidos en este reglamento no estuvieran Registrados en ninguna AFP, estarán cubiertos para invalidez y muerte por Riesgo Común en la AFP que presta servicios en el Área de Exclusividad o en la AFP en la que el Empleador tenga un mayor número de sus dependientes.

Las AFP están obligadas a efectuar el contro de múltiple Registro, para lo cual deberá consultar entre ellas la existencia de Registros múltiples. Cualquier discrepacnia será resuelta por la Superintendencia.

La Superintendencia establecerá las reglas y los plazos aplicables para dirimir el múltiple Registro.

 

Art. 116º NÚMERO ÚNICO ASIGNADO.- El Número Único Asignado lo otorgará la AFP a través de normas emitidas por la Superintendencia.

La Superintendencia con el objeto de otorgar el NUA, dará cupos con códigos de NUA a cada AFP para que ellas a su vez otorgue este número tanto a los Afiliados como a los Beneficiarios de la Capitalización listados en la Base de Datos del FCC que serán registrados en la AFP.

 

Art. 117º AFILIACIÓN Y REGISTRO DEL NUEVO INGRESANTE.- Los Empleadores no adscritos al Sistema de Reparto en el Territorio de Explotación Común deberán registrar a todos sus dependientes en la AFP que les fuera asignada de acuerdo a la asignación de los empleadores realizada por la Superintendencia de acuerdo al Listado de Empleadores.

Estos dependientes serán. Registrados como Nuevos Ingresantes. El Registro mencionado deberá ser realizado a más tardar en las siguientes fechas:

a) Empleadores con más de noventa y nueve (99) trabajadores y empleadores hasta el 31 de octubre de 1997.

b) Empleadores con más de cuarenta y nueve (49) y menos de cien (100) trabajadores y empleados hasta el 31 de mayo de 1998.

c) Empleadores con menos de cincuenta (50) trabajadores hasta el 31 de diciembre de 1998.

Cuando estos Nuevos Ingresantes no sean dependientes de las empresas incorporadas en el Listado de Empleadores en el Territorio de Explotación Común, dichos dependientes podrán elegir libremente la AFP de su preferencia.

 

Los Nuevos Ingresantes deberán ser Registrados por sus Empleadores a una AFP en la fecha límite señalada, sin perjuicio del Registro que el trabajador o empleado pueda realizar antes de la fecha límite.

PARTE II

REGISTRO Y ASIGNACIÓN EN LA BASE DE DATOS DEL FCC

 

Art. 118º BASE DE DATOS DEL FONDO DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA.- La Superintendencia incluirá en la Base de Datos del FCC a los Beneficiarios de la Capitalización que cuenten con la identificación requerida. Esta Base de Datos se generará con los archivos de identificación legalmente habitados, o del Registro Único Nacional.

Cada uno de los ciudadanos listados serán Registrados en la Base de Datos del FCC en una determinada AFP, con la otorgación del NUA por esa AFP. En caso de que la persona listada en la Base de Datos del FCC se encuentre previamente Registrada en alguna AFP para el SSO. el NUA que se otorga para ser Registrado a la Base de Datos del FCC será el que fue otorgado a esa persona previamente.

Durante los cinco primeros años, contados a partir de la Fecha de Inicio la Superintendencia incluirá en la Base de Datos del FCC a los Beneficiarios de la Capitalización que durante este tiempo fueran identificados a partir de los archivos de identificación legalmente, habilitados o el Registro Único Nacional. Una vez cumplido este plazo no existirá posibilidad de incorporación de nuevas personas a la Base de Datos del FCC.

El Registro por una AFP a la Base de Datos del FCC confirma el derecho a los Beneficios de la Capitalización de acuerdo a previo cumplimiento de los requisitos para acceder a los mismos y determina la contratación de servicios con una AFP. El Registrado a la Base de Datos del FCC cuya edad sea igual o mayor a los sesenta y cinco (65) años de edad puede cambiar de AFP posteriormente.

 

Art. 119º CERTIFICADO DE REGISTRO.- Las AFP deberán otorgar certificados de Registro de conformidad a la Base de Datos del FCC a cualquier persona que lo solicite. Cuando la persona solicitante del certificado, según las evidencias sea elegible, y no obstante no se encuentre listada, la AFP levantará un listado provisional con tales personas y lo remitirá a la Superintendencia, la cual deberá pronunciarse sobre la incorporación o no de estas personas a la Base de Datos del FCC.

 

Art. 120º ASIGNACIÓN DE BENEFICIARIOS DE LA CAPITALIZACIÓN.- Durante el periodo de exclusividad las AFP podrán Registrar a los Beneficiarios de la Capitalización de acuerdo a los siguientes criterios:

a) Todo Beneficiario de la Capitalización radicado en un Área de Exclusividad, será registrado por la AFP que opere en esa área de Exclusividad.

b) Los Beneficiarios de la Capitalización radicados en los Territorios de Explotación Común, deberán ser Registrados por las AFP. De acuerdo al día de nacimiento del Beneficiario de la Capitalización. Esto es: si el ciudadano nación en un día impar se registra en una AFP, si nació en un día par, se registra en la otra AFP.

 

PARTE III

DEL ARCHIVO DE REGISTRADOS

 

Art. 121º ARCHIVO DE REGISTRADOS.- La Superintendencia creará el archivo de Afiliados al SSO y Registrados a las AFP y el archivo de Registrados a la Base de Datos al FCC y los mantendrá actualizados con la información que envíen las AFP.

El archivo de Registrados deberá contener la siguiente información mínima para cada uno de los Registrados, NUA, apellidos y nombre, número de documento nacional de identidad, fecha de Registro a la AFP, fecha de suscripción del formulario de registro, fecha de traspaso, información sobre traspasos, historia previsional, tipo de Afiliado, sexo, fecha y lugar de nacimiento, estado de vigencia de la cuenta, saldo de la cuenta Individual, Registro de las Primas para invalidez y muerte por Riesgo Común, Registro de las Primas para Riesgos Profesionales, saldo de la Cuenta Mensualidades Vitalicias Variables, cuando corresponda, fecha de cierre de cada una de las Cuentas Individuales y el Registro de los pagos efectuados de los Beneficios de la Capitalización cuando corresponda.

En caso de pertenecer únicamente a la Base de datos del FCC, se deberá mantener la siguiente información apellidos, nombre, NUA, fecha de Registro, fecha de Traspaso, fecha y lugar de nacimiento e historial de pagos, así como la información referente a su Registro y a los beneficios recibidos de Bonosol y Gastos Funerarios.

 

Art. 122º RESPALDO DEL ARCHIVO DE REGISTRADOS.- Las AFP deberán respaldar los Archivos de Registrados dentro de los primeros veinte (20) díad de cada mes, mediante la utilización de dispositivos magnéticos aprobados por la Superintendencia.

 

Art. 123º ARCHICO FÍSICO DOCUMENTAL.- Cada AFP deberá organizar un archivo físico con la documentación que genere cada Registrado en el período en que estuvo vigente su Cuenta Individual, su Cuenta de Mensualidades Vitalicias Variables, y los datos del Registro del FCC. En dicho archivo deberán constar los siguientes aspectos ineludiblemente:

a) Original del formulario de Registro.

b) Convenios firmados de Depósitos Voluntarios de Beneficios Sociales.

c) Original de la Compensación de Cotizaciones.

d) Otros antecedente que sean solicitados por la Superintendencia.

Este archivo físico es de responsabilidad de la AFP en la cual el Afiliado se registra y cotiza, Dicho archivo no deberá ser Traspasado de una AFP a otra, excepto en el caso en que la AFP deje de prestar servicios.

La AFP también resguardará el original de la orden de Traspaso, la documentación relacionada con la recaudación de las Cotizaciones, los antecedentes relativos a los trámites de Pensión iniciados en esa AFP y a los de solicitud de pago de Gastos Funerarios, los pagos del Bonosol y solicitud de pagos de Conpensación de Cotizaciones, cuando corresponda.

 

Art. 124º ALMACENAMIENTO Y RESPALDO.- Los registros auxiliares de las cuentas de mayor del patrimonio de los FCI conformado por los saldos de las cuentas de los Registrados, cuyos movimientos de ingresos, egresos y Traspasos se encuentran detallados a nivel individual de cada persona natural, se actualizarán mensualmente y su respaldo físico se hará mediante el uso de dispositivos magnéticos aprobados por la Superintendencia. Las AFP deberán almacenar en los medios mencionados, los antecedentes provisionales de sus Registrados y los libros comprobante, registro auxiliares y en general toda la documentación de respaldo que forma parte de la contabilidad de los FCI. Así como los Registros que comprueben los pagos de los beneficios de Bonosol y Gastos Funerarios y la autenticidad de la documentación respaldatoria de la identidad de los Afiliados y Registrados.

La totalidad de los documentos mencionados en el presente artículo y los artículos precedentes, deberán ser almacenados por cualquier medio utilizado por la AFP y aprobado por la Superintendencia y mantenidos en respaldos propios o externos, localizados en lugares distintos a aquellos en que la AFP presta servicios. Estos archivos serán accesible a la Superintendencia.

 

Art. 125º DEPURACIÓN DEL ARCHIVO FÍSICO.- Transcurridos 10 años desde que se realizó el procedo de almacenamiento, las AFP podrán destruir los documentos mencionados en el artículo anterior, previa autorización de la Superintendencia, adjuntando un certificado emitido por una empresa especializada en control de calidad que acredite que los documentos originales que se destruyen están almacenados de acuerdo a las normas ISO, en especial en lo que se refiere a la legibilidad e integridad y que la duración de la copia sea de un tiempo mínimo de cincuenta (50).

 

Art. 126º DOCUMENTOS DE PRESERVACIÓN PERMANENTE.- Los siguientes documentos no podrán destruirse, debiendo conservarse en sus archivos los originales:

a) Los formularios de solicitud de Registro a la AFP formularios de órdenes de traspasos, constancias de pagos de Gostos Funerarios y de pagos de Bonosol.

b) La historia institucional de la AFP

c) Los libros de actas de juntas de accionistas sesiones de directorio o comités resolutivos.

d) Los dictámenes de invalidez.

e) El documento original de Compensación de Cotizaciones.

Cuando una AFP solicite a otra AFP un documento, ésta podrá remitir una copia de la imagen almacenada con un sello que señale que se trata de una Copia del original firmada por el representante legal. Los documentos así almacenados, tendrán el mismo mérito probatorio que los documentos originales para los efectos de la Superintendencia.

PARTE IV

TRASPASOS DE AFILIADOS ENTRE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES.

 

Art. 127º TRASPASO DE AFP DE LOS AFILIADOS AL SSO.- Los Afiliados que se hubiesen Registrado en alguna AFP podrán cambiar libremente de administradora siempre que cumplan los requisitos exigidos en la Ley de Pensiones, entendiéndose este cambio como Traspaso de AFP.

Se define como AFP de origen a aquella en la cual el Registrado se encuentra al momento de solicitar el Traspaso y como AFP de destino a la Administradora elegida por el Registrado para transferir los fondos acumulados en su cuenta individual.

A partir del 1º de enero del 2000 el Registrado, podrá realizar Traspasos sólo en los siguientes casos:

a) Una vez que hubiese completado doce Cotizaciones continuas o discontinuas en la AFP de origen.

b) Por cambio de Empleador de acuerdo a lo dispuesto en normas de la Superintendencia.

c) Por cambio de residencia de un municipio a otro en el cual la AFP de origen no preste sus servicios.

d) Por incremento de Comisiones en la AFP de origen.

e) Por incremento de las Primas del Seguro de Riesgo Común.

Durante el periodo comprendido entre la Fecha de Inicio y el 31 de diciembre de 1999, el Afiliado Registrado a la AFP podrá cambiar solamente de AFP en el caso indicado en el inciso c).

 

Art. 128º CONCRECIÓN DEL TRASPASO.- El Afiliado que desee traspasar su Cuenta Individual a otra AFP deberá suscribir el formulario de solicitud de registro y traspaso en la AFP de destino ya sea en sus oficinas, agencias o a través de un agente de venta de la AFP de destino inscrito en el registro de promotores de la Superintendencia.

Ningún accionista, trabajador dependiente, ni promotor de la AFP podrá suscribir Traspasos mediante poder otorgado por el Afiliado.

 

Art. 129º PROCESO DE SUSCRIPCIÓN.- La AFP de destino deberá verificar que el formulario de solicitud de registro y traspaso contenga correctamente la fecha de la solicitud de Traspaso, los datos de identificación del Afiliado del Empleador si corresponde, que no registren enmendaduras, borrones o tarjaduras. Este formulario deberá llevar la firma del representante de la AFP de destino y del Registrado.

En el proceso de suscripción de la solicitud de registro y traspaso la AFP de destino y de origen no podrán exigir otros requisitos a los establecidos por Ley de Pensiones y por la Superintendencia. Tampoco podrán las AFP condicionar el Traspaso a circunstancias alguna u otorgar algún beneficio adicional en forma directa o indirecta para alcanzar este objetivo, que no sean los que se han establecido en la Ley de Pensiones.

La AFP de destino deberá verificar con la AFP de origen si el registrado cumple con los requisitos para efectuar el Traspaso. Cualquier controversia será dirimida por la Superintendencia previa consulta de la AFP de destino.

La AFP de destino será responsable de la fidelidad de los datos que el trabajador proporcione el momento de suscribir la solicitud de registro y traspaso, en especial los referidos a su identificación. La AFP de origen deberá traspasar la información requerida en los plazos establecidos por la Superintendencia.

Para los casos de Traspaso por cambio de residencia de un territorio de Exclusividad a otro, la AFP de origen tendrá el derecho de verificar la veracidad de la declaración de las personas que solicitan su traspaso. Sobre la base de la verificación. La AFP de origen podrá rehusar la solicitud de registro y traspaso.

El Gerente General de cada una de las AFP será responsable directo de la actuación de sus funcionarios, en especial de los actos cometido en la comercialización de los Traspasos que signifiquen perjuicios al Registrado.

PARTE V

PROCEDIMIENTO DE TRASPASO

 

Art. 130º ACTUALIZACIÓN EN LA AFP DE ORIGEN.- La AFP de origen deberá actualizar la Cuenta Individual luego de tomar conocimiento de la suscripción de la solicitud de registro y traspaso, dejando completamente al día los saldos de la totalidad de aquellos Registrados cuya solicitud hubiese sido aceptada.

La última actualización de las Cuentas Individuales cuyo Traspaso hubiese sido aceptado, comprenderá al menos lo siguiente:

a) Todos los abonos de la recusación de Cotizaciones, Primas y Beneficios Sociales, incluidos los del mes anterior al Traspaso.

b) Abono de Comisiones, Primas Cotizaciones, Beneficios Sociales del mes anterior.

c) Abono de Aportes realizados con anterioridad que por problemas de identificación no fueron declarados en la Cuenta del Afiliado y de otros movimientos.

d) Cargo de otros movimientos.

e) Cargo de Cobro de la Comisiones.

f) Cargo por traspaso de saldo hacia otra AFP correspondiente a cada uno de los saldos individuales del FCI, saldos adicionales por separado.

Los movimientos de la Cuenta Inidividual comprendidos entre el último estado de cuenta anual y el cierre por traspaso, incluyendo el cargo de la última actualización para dejar el saldo en cero, deberán ser informados por la AFP de origen dentro de la emisión de estados de cuentas que se envían al Registro con cuenta activa cada doce meses.

Para todos los efectos legales, se entenderá que el trabajador cuya solicitud de registro y traspasos aceptada por la AFP de destino, quedará registrado en la AFP de destino a partir día del mes en que corresponda traspasar su cuenta individual.

 

Art. 131º TRASPASO DE REGISTRO COMPUTACIONAL.- La AFP de origen deberá traspasar el registro computacional de la Cuenta Individual, que considera la totalidad de los movimientos del trabajador desde su incorporación al sistema y los datos del archivo de registrados, incluida la historia provisional, debidamente actualizados y los archivos de saldos en cuotas a la AFP de destino.

 

Art. 132º COMPENSACIÓN DE FONDOS POR TRASPASOS.- En el mes que se efectúa el traspaso del registro de una AFP a otra, se deberá realizar la transferencia de los fondos de la cuenta individual expresada en bolivianos. El valor de cuota que se utilizará para realizar la conversión a bolivianos, será el de cierre del día bursátil anterior al traspaso.

 

Los fondos de la cuenta individual del afiliado deben ser traspasados a nombre de los Fondos de Pensiones de Capitalización Individual de la AFP de destino, con la suscripción. Para el Fondo de Capitalización Individual de la AFP.

 

Art. 133º ACTUALIZACIÓN EN LA NUEVA AFP.- La AFP de destino deberá actualizar las cuentas individuales que se hubiese traspasado, incluida la historia provisional, a más tardar el día quince (15) del mes siguiente al traspaso de los recursos.

PARTE VI

TRASPASOS EN EL FCC

 

Art. 134º TRASPASOS EN EL FCC.- El registro en el SSO tiene prioridad al registro FCC, cuando se determinan los términos del traspaso.

Los registros a la base de datos del FCC mayores de sesenta y cinco (65) años, tienen derecho a traspaso entre AFP.

Hasta el 31 de diciembre de 1999, no están permitidos los traspasos de personas entre AFP, salvo en el caso en que el registrado se traslada a un territorio donde la AFP de origen no presta servicios.

A partir del 1º de enero del 2000 los traspasos de los beneficios de la capitalización registrados mayores sesenta y cinco (65) años de edad, están permitidos en caso de incremento de comisiones o por cualquier otra causa, hasta una vez al año.

La AFP de origen tendrá el derecho de verificar la veracidad de la declaración de las personas que solicitan su traspaso a otra AFP. Sobre la base de la verificación. La AFP de origen podrá rehusar la solicitud de traspaso.

CAPÍTULO V

ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES

PARTE I

OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA

 

Art. 135º SOLICITUD DE LICENCIA.- Una Sociedad Anónima de giro exclusivo para habilitarse como AFP, deberá solicitar licencia por escrito a la Superintendencia, mediante nota dirigida al Superintendencia de Pensiones a la que adjuntará copia de la decisión del Comité de Calificación que la habilita como ganadora de la licitación, conforme a las disposiciones a la Ley de Pensiones y sus normas complementarias, de acuerdo a formato establecido por la Superintendencia.

 

Art. 136º REQUISITOS MÍNIMOS.- La solicitud deberá estar firmada por el o los representantes legales y acompañada de los poderes y documentos que acrediten su personería asimismo deberán acompañar los documentos escritos a continuación.

Testimonio de escritura pública de constitución, estatuto y reglamentos debidamente inscritos en la Dirección General del registro de Comercio y Sociedades por Acciones.

La denominación de la sociedad que se constituirá como AFP deberá consignar la expresión administradora de Fondos de Pensiones.

Original y una copia legalizada de la utilización de registro en la Dirección General de Registro de Comercio y Sociedades Por Acciones.

Verificación de la suscripción y pago del cien por ciento (100%) del capital mínimo. Para comprobar la efectividad de dicho pago, los solicitantes deberán presentar un comprobante de depósito del capital pagado.

Acompañará a esta verificación un documento en que se señale el porcentaje de la participación accionaria de los socios en el capital pagado y en el suscrito, de acuerdo a formato establecido por la Superintendencia

Nómina y certificado de cédula de identidad de los accionistas con una participación superior al diez por ciento (10%) en la Sociedad que constituirá la AFP de los directores, síndico(s) y gerentes de la futura AFP.

Esta misma información deberá proporcionarse de las personas que trabajarán en la AFP y tendrán a su cargo la toma de decisiones de la inversión de los Fondos.

Si los accionistas son personas jurídicas, aquellos que tengan una participación de al menos un diez por ciento (10%) de la participación accionaria de tales personas jurídicas deberán suministrar lo siguiente:

1. Copia legalizada o documentos de constitución y estatutos debidamente inscritos en los registros públicos que correspondan y certificación donde conste expresamente que está debidamente autorizada para participar en el capital social de la AFP y que al tenor de las leyes respectivas no existe impedimento general ni particular alguno parta que aporten el capital necesario para operar en el Sector de Pensiones y que se encuentren facultadas para asumir las obligaciones, limitaciones y restricciones que establecen las normas pertinentes.

2. La última memoria publicada y estados financieros auditados correspondientes al último ejercicio anual. Cuando estos estados financieros tengan una antigüedad mayor a noventa (90) días, además deben presentar estados financieros no auditados cuya antigüedad sea menor a noventa (90) días.

3. Nómina domicilio certificación estatal de la identidad personal y autorización de la instancia que legitime la actuación de los accionistas.

Si la persona jurídica se hubiera constituido o habilitado en el extranjero y sus documentos estuvieran en idioma distinto del español, deberán adjuntar a las copias legalizadas en idioma original la traducción al español de los documentos citados, debidamente legalizada. Acompañará a estos documentos nómina de la persona o personas que realizaron la traducción o que fueron responsables de la misma con nombre y apellidos nacionalidad y certificación de la cédula de identidad o documentos similar emitido por el Estado correspondiente, así como con las firmas autógrafas de los traductores.

Oficinas debidamente instaladas para la atención al público con los servicios de sistemas y comunicaciones adecuados, con copia autenticada del documento legal que los habilite al uso y disfrute del mismo y de los servicios de sistemas comunicaciones y seguridad.

Contrato de prestación de servicios como AFP, resultado de la Licencia suscrito por la Superintendencia.

La información proporcionada en el presente artículo deberá se presentada en los plazos establecidos por la Superintendencia en concordancia con el contrato de prestación de servicios resultado de la Licitación.

 

Art. 137º OTROS REQUISITOS.- La Superintendencia podrá establecer otros requisitos de orden general que de ninguna manera podrán ser atentatorios a la igualdad de acceso y libertad de competencia de las AFP.

Las personas naturales que realicen la solicitud de habilitación y registro ante la superintendencia son solidariamente responsables de toda la documentación e información proporcionada a la misma. La falsedad o distorsión dolosa de los documentos o de la información presentada a la Superintendencia hace pasibles a las personas naturales responsables de acuerdo al párrafo anterior, a las penas establecidas en los artículos 198º, 199, 200 y 202 del Código Penal según corresponda.

 

Art. 138º PROCESO DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE REQUISITOS.- La sociedad solicitante junto a la solicitud presentada de conformidad al artículos 135, deberá acreditar en la forma establecida por la Superintendencia, el cumplimiento de todos los requisitos dispuestos en el presente reglamento.

 

La Superintendencia, resolverá mediante resolución expresa la solicitud de licencia. Si durante la evaluación de documentos y antes de la resolución, la Superintendencia encontrase omisiones y observaciones, aclaraciones o enmiendas, otorgándoles hasta un plazo improrrogable no mayor de treinta (30) días.

La Superintendencia no puede incorporar otros impedimentos o prohibiciones distintas a las expresamente señaladas en los artículos 19º y 310º del Código de Comercio, bajo pena de nulidad.

 

Art. 139º RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN.- Vencido el plazo del artículo anterior, hubiese o no presentado la sociedad solicitante las aclaraciones, subsanaciones u omisiones extrañadas, la Superintendencia dispondrá de un plazo improrrogable de treinta (30) días para dictar la resolución del artículo anterior.

En ningún caso el plazo entre la presentación de la solicitud y la de resolución podrá exceder de sesenta (60) días, bajo responsabilidad del Superintendente de Pensiones. En caso de haber vencido este plazo y no haber dictado la resolución, se entenderá que la solicitud ha sido denegada.

La resolución que concede la licencia será entregada en audiencia pública, para lo cual el Superintendente de Pensiones señalará día y hora para el verificativo de dicho acto.

 

Art. 140º PROHIBICIÓN DE LICENCIA TEMPORAL.- La Superintendencia no podrá otorgar licencias temporales a las AFP en ningún caso y bajo ninguna circunstancia.

 

Art. 141º PUBLICACIÓN DE LA LISTA DE LAS INSTITUCIONES REGISTRADAS.- La Superintendencia deberá publicar en la Gaceta Oficial de Bolivia, no después del 31 de marzo de cada año, un listado con todas las sociedades anónimas registradas y con licencia como AFP en Bolivia.

PARTE II

OBLIGACIONES DE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES

 

Art. 142º CUIDADO EXIGIBLE.- A menos que en la Ley de Pensiones, el presente reglamento, la licencia otorgada a la AFP o cualquier contrato celebrado entre la AFP y la Superintendencia, incluidas sus modificaciones posteriores, se exija un grado de diligencia diferente, la AFP deberá conducirse y realizar sus actividades con el cuidado exigible a un buen padre de familia.

 

Art. 143º OBLIGACIONES DE LAS AFP EN EL OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS.- Complementariamente a las obligaciones establecidas en el artículo 31 de la Ley de Pensiones, las AFP son también responsables de:

¨ Realizar el cálculo de las pensiones que correspondan al afiliado de conformidad a la Ley de Pensiones.

¨ Solicitar a nombre de los afiliados la compensación de cotizaciones cuando corresponda.

¨ Velar por los intereses de los afiliados, asegurando la mejor oferta posible en términos de solvencia financiera y bajas primas para los Seguros de Riesgo Común y de Riesgo Profesional.

¨ Retener el porcentaje de las Pensiones para el seguro de salud y pagar esta retenciones en las instancias y en los plazos que determine la Superintendencia.

¨ Recaudar las primas mensuales para los seguros y remitirla a las Entidades Aseguradoras.

¨ Pagar las prestaciones.

¨ Administrar los registros.

¨ Determinar la elegibilidad para las prestaciones.

¨ Procesar los reclamos y su calificación y evaluación de acuerdo a los manuales mencionados en el presente reglamento.

¨ Responsabilizarse de la clasificación de las empresas de acuerdo al Riesgo Profesional que éstas presenten.

¨ Para lograr este objetivo, las AFP deberán contratar Entidades Clasificadoras de Riesgo Profesional, mediante un proceso de licitación pública internacional en el que participarán entidades previamente autorizadas por la Superintendencia. Las AFP podrán delegar esta actividad a las Entidades Aseguradoras, si así lo desean. El costo de esta clasificación será asumido por el Seguro de Riesgo Profesional.

PARTE III

TRIBUTACIÓN

 

Art. 144º TRIBUTOS POR LAS COMISIONES.- Las AFP deberán emitir una única factura a nombre del Empleador por el total de las Comisiones pagadas por sus dependientes en base a las planillas de sueldos y salarios mensuales. El crédito fiscal contenido en tales facturas no podrá ser utilizado por el Empleador, debiendo distribuirlo mensualmente entre sus dependientes en la proporción que les corresponda, en oportunidad de liquidar el Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC–IVA).

Para el caso de los Afiliados independientes, las AFP deberán emitir facturas para cada uno de aquellos de acuerdo a las normas emitidas por la Dirección General de Impuestos Internos.

En el caso del cobro de las Comisiones a los Fondos y a las

 

Cuentas de Mensualidades Vitalicias Variables, Cuentas Colectivas de Siniestralidad y Cuentas Colectivas de Riesgos Profesionales, cuando corresponda por parte de las AFP las respectivas facturas se emitirán a nombre del Tesoro General de la Nación. Dichas facturas no generarán crédito fiscal a nombre del TGN ni de terceras personas.

PARTE IV

PUBLICIDAD AGENTES DE VENTA Y FORMULARIOS ÚNICOS

 

Art. 145º PUBLICIDAD.- Las AFP y los grupos económicos que conformarán una AFP podrán efectuar publicidad a partir del otorgamiento de licencia en el primer caso, y en el segundo caso desde el día de emisión del Decreto Supremo de Adjudicación de este servicio. La publicidad deberá hacerse de acuerdo a normas generales de la Superintendencia.

Ninguna entidad no constituida como AFP excepto en el caso de las entidades mencionadas en el párrafo anterior podrá arrogarse la calidad de AFP, ni utilizar dicha expresión para cualquier fin distinto al establecido en la Ley de Pensiones.

Las AFP deberán utilizar su publicidad basada en los conceptos que son relevantes en la administración de los Fondos, esto es la rentabilidad, el costo y los servicios que presta. Las AFP no deberán utilizar en su actividades promocionales la entrega de regalos, premios u otros medios similares que en forma directa o indirecta estimulen el registro de los Afiliados y Beneficiarios de la Capitalización que signifiquen beneficios distintos a los contemplados en la Ley.

 

Art. 146º RESPONSABILIDADES DE LAS AFP CON RESPECTO A LOS AGENTES DE VENTA.- Las AFP serán responsables del personal de ventas que contrate, en todo lo relacionado con actividades de comercialización de servicios Registro y Traspaso de los Afiliados, velando por la legitimidad de los documentos utilizados para el efecto.

El Gerente General de la AFP será responsable directo de la actuación de su funcionarios contratados como agentes de venta.

 

Art. 147º FORMULARIOS ESTANDAR.- Los formularios de uso común para el SSO y para los Beneficios Capitalización deberán ser de formato único para las AFP, establecidos por la Superintendencia.

CAPÍTULO VI

ENTIDADES ASEGURADORAS QUE PRESTAN SERVICIOS AL SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO

PARTE I

RESPONSABILIDAD DE LAS ENTIDADES ASEGURADORAS

 

 

Art. 148º RESPONSABILIDADES DE LAS ENTIDADES ASEGURADORAS EN EL OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS.- A partir del momento en que la AFP firme contrato con la Entidad Aseguradora y el Seguro de Riesgo Común y de Riesgo Profesional se encuentre vigente, la Entidad Aseguradora deberá asumir la responsabilidad plena por los servicios que la AFP le delegue de acuerdo a contrato cumpliendo al menos con lo siguiente.

Garantizar la solvencia del seguro y del pago de las prestaciones por Riesgo Común y Riesgo Profesional Calificar adecuadamente la invalidez asegurando una pronta atención en todas las localidades geográficas. Establecer contratos con servicios médicos autorizados por la Superintendencia para la realización, cuando sea necesario, de exámenes médicos de laboratorio u otros exámenes especializados y adicionales a los enviados por los Entes Gestores de Salud, para la calificación de la invalidez de los Afiliados que presenten solicitud de Pensión.

Descontar de las Pensiones que estuviese pagando a los Afiliados Pasivos y a los Derecho–habientes el porcentaje que determine la Superintendencia para cubrir el seguro de salud. Estos descuentos deberán ser depositados en la instancia y dentro los plazos establecidos por la Superintendencia.

Solicitar a la Unidad de Recaudación, hasta mayo de cada año, la suma de Compensaciones de Cotizaciones Mensual, de sus pensionados próximos a cumplir los 65 años de edad y de acuerdo a proyecciones, que la Entidad Aseguradora pueda requerir. La Unidad de Recaudación a su vez, será encargada de incorporar dicho requerimiento en el presupuesto fiscal del próximo año y tramitar los desembolsos.

PARTE II

DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA DE LAS ENTIDADES ASEGURADORAS DE LOS SEGUROS DE RIESGOS COMÚN Y RIESGO PROFESIONAL

 

Art. 149º CERTIFICACIÓN PARA COBERTURA DE INVALIDEZ Y MUERTE.- A los efectos del artículo 38º de la Ley de Pensiones la Superintendencia de Seguros y Reaseguros a la solicitud de la Superintendencia de Pensiones, emitirá una certificación por que se acredite que al menos seis (6) Entidades Aseguradoras especializadas en seguros de vida autorizadas en el país, cumplen con los requisitos establecidos en el presente reglamento, para la prestación de los Seguros de Riesgo Común y de Riesgo Profesional del SSO.

 

Art. 150º PROYECCIONES FINANCIERAS.- La Superintendencia de Pensiones deberá hacer conocer, a las Entidades Aseguradoras, y a la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, a más tardar hasta el 31 de marzo de cada año, las proyecciones financieras de primas y reservas para las prestaciones de invalidez y muerte por Riesgo Común y Riesgo Profesional del SSO. Estas proyecciones serán la base para que la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, a más tardar hasta el 31 de marzo de cada año, las proyecciones financieras de primas y reservas para las prestaciones de invalidez y muerte por Riesgo Común y Riesgo Profesional del SSO. Estas proyecciones serán la base para que la Superintendencia de Seguros y Reaseguros emita la certificación indicada en el artículo anterior .

Las proyecciones financieras deberán considerar el monto estimado de Primas para el año en curso y para cada uno de los siguientes tres (3) años, tomando en cuenta todas las AFP existentes. Asimismo, deberá contener los montos estimados para los reclamos a fin del año en curso y para cada uno de los siguientes tres (3) años.

 

Art. 151º PUBLICIDAD DE LA INFORMACIÓN.- La Superintendencia de Pensiones deberá publicar la información contenida en la certificación de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, en medios de presa de circulación nacional.

Adicionalmente, en un plazo no mayor a treinta (30) días de recibida la certificación, la Superintendencia de Pensiones, deberá comunicar públicamente la fecha en que la cobertura de las prestaciones de invalidez y muerte por Riesgo Común y Riesgo Profesional, será transferida por las AFP a las Entidades Aseguradoras. Esta fecha no podrá ser antes de seis (6) meses ni después de doce (12) meses de emitida la certificación por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros.

 

Art. 152º CONDICIONES PARA LA CERTIFICACIÓN.- La Superintendencia de Seguros y Reaseguros emitirá la certificación indicada en el artículo 38º de la Ley de Pensiones, una vez que se verifique, para cada una de las Entidades Aseguradoras contempladas en la certificación, la siguientes información:

a) Que el capital excedente y excedente de patrimonio de la Entidad Aseguradora, es al menos igual a los requerimientos de capital y excedente de patrimonio establecidos por el presente reglamento, considerando las estimaciones de Primas y reservas para reclamos, para el año en curso, de acuerdo al artículo 150º del presente reglamento.

b) Que el capital excedente y excedente de patrimonio de la Entidad Aseguradora, al final de cada uno de los tres (3) años, incluido su capital excedente y excedente de patrimonio al momento de la certificación y compromisos por capital adicional garantizados mediante cartas de crédito u otra forma de garantía aceptable para la Superintendencia de Pensiones, deberán ser por lo menos igual a los requerimientos de capital y excedente de patrimonio establecidos en el presente reglamento, considerando las estimaciones de Primas y reservas para reclamos, para el año en curso, de acuerdo al artículo 150º del presente reglamento.

c) Que la Entidad Aseguradora cuenta efectivamente con recursos administrativos y profesionales que demuestran que la Entidad Aseguradora tiene las condiciones necesarias para proveer adecuadamente los servicios requeridos para la cobertura de las prestacioens de invalidez y muerte por Riesgo Común y Riesgo Profesional del SSO.

 

Art. 153º CAPITAL EXCEDENTE Y EXCEDENTE DE PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES ASEGURADORAS.- Para determinar si las Entidades Aseguradoras cumplen con los requerimientos de capital del presente reglamento, el capital excedente y excedente de patrimonio de la Entidad Aseguradora será calculado como el excedente de sus activos sobre la sumas de sus obligaciones, el capital mínimo requerido por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros y sus reservas de capital y sus reservas patrimoniales facultativas. Los montos a ser utilizados deberán ser los que aparecen en el último estado financiero publicado, sujeto a los ajustes indicados en los artículos siguientes y adiciones o reducciones de capital, que hubieran ocurrido entre la fecha de publicado el reporte financiero y la fecha de certificación incluidos dividendos declarados.

 

Art. 154º AJUSTE AL VALOR DE LOS ACTIVOS.- Para propósito del artículo anterior, se tomará el valor de mercado de todas las inversiones en Títulos Valores de oferta pública, de una Entidad Aseguradora, cuando dicho valor exceda el valor de libros de tales activos, a la fecha de publicación de su último estado financiero.

 

Art. 155º AJUSTE AL VALOR DE LOS PASIVOS.- El valor de las reservas técnicas que se utilizará deberá ser el valor mayor entre el valor mostrado en el último estado financiero publicado y el valor a determinarse como sigue:

a) Para seguros de vida, las reservas calculadas como el excedente del valor presente de todos los beneficios y costos futuros asociados con cada póliza, sobre el valor presente de las primas futuras de cada póliza establecida utilizando supuesto actuariales incluidos márgenes apropiados de inseguridad. Para beneficios de seguros de vida, la tasa de mortalidad a ser utilizada no deberá ser inferior al noventa por ciento (90%) de las tasas de mortalidad aprobadas conjuntamente por la Superintendencia de Pensiones y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros o en su defecto las tasas de mortalidad observadas en las tablas de mortalidad desarrolladas por la Caja Nacional de Salud. Para Pensiones y otros beneficios de sobrevivientes, la tasa de mortalidad a utilizarse no deberá ser mayor al ochenta por ciento (80%) de las tasas de mortalidad aprobadas conjuntamente por la Superintendencia de Pensiones y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros o en su defecto las tasas de mortalidad observadas en las tablas de mortalidad desarrolladas por la Caja Nacional de Salud. Los intereses asumidos no deberán ser mayores a la tasa de interés de los bonos de más largo plazo emitidos por el Tesoro General de la Nación menos dos por ciento (2%).

b) Para pólizas de vida y de salud en grupo, y para pólizas de seguros generales, la póliza y las reservas para reclamos, incluidas las reservas para siniestros no reportados, deberán ser suficientes para cubrir los costos y gastos futuros, evaluados bajo principios actuariales e incluido un margen apropiado para desviaciones adversas.

Cuando la Entidad Aseguradora ha contratado un reaseguro con una reaseguradora no autorizada para cubrir reaseguro en Bolivia, las obligaciones de la Entidad Aseguradora no podrán ser reducidas para reflejar dicho reaseguro.

 

Art. 156º REQUERIMIENTO DE CAPITAL Y DE EXCEDENTE DE PATRIMONIO.- Los requerimientos de capital y excedente de patrimonio para cada Entidad Aseguradora deberán ser determinados de acuerdo al presente reglamento.

PARTE III

DETERMINACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE CAPITAL Y EXCEDENTE

DE PATRIMONIO

 

Art. 157º PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR LOS REQUERIMIENTOS DE CAPITAL Y DE EXCEDENTE DE PATRIMONIO.- Los requerimientos de capital y excedente de patrimonio para una Entidad Aseguradora en un determinado momento, deberán ser la suma del capital y excedente de patrimonio requeridos para el riesgo de activos de la aseguradora más el capital y excedente de patrimonio requeridos para el riesgo derivado de las operaciones de la Entidad Aseguradora, más el capital y excedente de patrimonio requerido para el riesgo derivado de las prestaciones de invalidez y muerte del SSO.

 

Art. 158º CAPITAL Y EXCEDENTE DE PATRIMONIO REQUERIDOS PARA EL RIESGO DE ACTIVOS DE LAS ENTIDADES ASEGURADORAS.- Los requerimientos de capital y excedente de patrimonio del riesgo derivado de los activos de la Entidad Aseguradora deberán calcularse como la suma de los siguientes porcentajes aplicados al valor de los activos de la Entidad aseguradora, de acuerdo al último reporte financiero publicado.

Cero por ciento. (0%) Efectivo y depósito al banco

Uno por ciento. (1%) Bonos de oferta pública y efectos comerciales de corto plazo

Cuatro por ciento.(4%) Bienes inmebles prestamos sobre pólizas prestamos hipotecarios y acciones de preferencia

Ocho por ciento.(8%) Cuentas por cobrar

Veinticinco por ciento.(25%) Todos los otros activos

Cuando las Entidades Aseguradoras tienen en sus balances una provisión por el valor perdido de algunos activos, el valor de dichos activos, el valor de dichos activos, utilizado para el cálculo de los requerimientos de capital y excedente de patrimonio, deberá ser el neto de dichas provisiones.

 

Art. 159º CAPITAL Y EXCEDENTE DE PATRIMONIO REQUERIDOS PARA EL RIESGO DE LAS OPERACIONES DE LA ENTIDAD ASEGURADORA.- El capital y excedente de patrimonio requeridos para el riesgo de las operaciones de la entidad aseguradora será calculada como la suma de los siguientes porcentajes aplicados a los montos establecidos a la fecha del último estado financiero publicado por la Entidad Aseguradora.

Cero punto cero tres por ciento (0.03%) aplicado al monto de seguros de vida en curso.

Dos por ciento (2%) aplicado a las reservas técnicas para seguros de vida.

Quince por ciento (15%) aplicado a las reservas técnicas para seguros generales.

Uno por ciento (1%) aplicado a las primas anuales generadas para seguros de vida, no incluidos seguros de salud.

Cinco por ciento (5%) aplicado a las primas anuales generadas para seguros generales.

Cuando la Entidad Aseguradora tiene un contrato de reaseguro con una Entidad Reaseguradora no autorizada en Bolivia, los montos referidos en el presente artículo no serán reducidos para reflejar dicho reaseguro.

 

Art. 160 CAPITAL Y EXCEDENTE DE PATRIMONIO REQUERIDOS PARA AFRONTAR EL RIESGO DE LOS SEGUROS MANDATORIOS DEL SSO.- Sujeto a las modificaciones establecidas en el artículo 153 del presente reglamento, el capital y excedente de patrimonio requeridos para afrontar los riesgos de los seguros del SSO, serán calculados como la suma de los siguientes porcentajes aplicados a los estimados en los riesgos a aseguar.

a) Diez por ciento (10%) aplicado a las primas anuales para el año terminando en esa fecha.

b) Cinco por ciento (5%) aplicado a las reservas para prestaciones de invalidez y muerte a esa fecha.

 

Art. 161º REASEGURO PARA EL SEGURO MANDATARIOS DEL SSO.- Cuando una Entidad Aseguradora ha convenido un reaseguro proporcional de la totalidad del riesgo derivado de las prestaciones de invalidez y muerte del SSO, con una o más reaseguradoras autorizadas en Bolivia, el capital y excedente de patrimonio requerido para esa Entidad Aseguradora deberá ser reducido como se señala más adelante, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que el contrato de reaseguro sea irrevocable por el período bajo consideración.

b) Cada reaseguradora deberá cumplir a satisfacción los requerimientos de capital y excedente de patrimonio establecidos en el presente reglamento, considerando el porcentaje de riesgo que asumirá.

De existir un acuerdo con una reaseguradora que cumpla satisfactoriamente con los requerimientos existentes, el capital y excedente de patrimonio requeridos para el riesgo derivado de los seguros del SSO, deberá ser calculado multiplicando el capital y excedente de patrimonio requeridos calculados de acuerdo al artículo 160 del presente reglamento, por un porcentaje de la retención neta de la Entidad Aseguradora más un veinticinco por ciento (25%) del porcentaje de reaseguro.

PARTE IV

CONTRATOS ENTRE LAS AFP Y LAS ENTIDADES ASEGURADORAS

PARA LAS PRESTACIONES DE RIESGO COMUN Y RIESGO PROFESIONAL

 

 

Art. 162º FECHA INICIAL DE TRANSFERENCIA DE RIESGOS.- Se entenderá por fecha inicial de transferencia de riesgos, la fecha en la que la cobertura para las prestaciones de invalidez y muerte por riesgo común y riesgo profesional del SSO es asumida por las Entidades Aseguradoras conforme al artículo 38 de la Ley de Pensiones. El término transferencia inicial de riesgos, se refiere a la transferencia de activos y pasivos de las cuentas colectivas de siniestralidad y de Riesgos Profesionales a la Entidades Aseguradoras, de acuerdo a los procedimientos y normas establecidas en el presente reglamento.

 

Art. 163º PROPUESTA DE COBERTURA.- Una vez hecha pública la fecha inicial de transferencia de riesgos, cada AFP, convocará a todas las Entidades Aseguradoras, autorizadas a manejar seguros de vida, con por lo menos ciento veinte (120) días de anterioridad a la fecha inicial de transferencia de riesgos, a la presentación de una propuesta de acuerdo a los términos establecidos en el presente capítulo.

 

Art. 164º TRANSFERENCIA INICIAL DE ACTIVOS Y PASIVOS.- La convocatoria a que se refiere el artículo anterior deberá prever que los activos de las cuentas de siniestralidad y riesgos profesionales, a partir de la fecha inicial de transferencia de riesgos, sean remitidos a las entidades aseguradoras. La entidad aseguradora deberá asumir la responsabilidad, a partir de la fecha inicial de transferencia de riesgos, por las prestaciones futuras y por los gastos de los siniestros o reclamos, reportados o no, pero surgidos como producto de eventos anteriores a la fecha inicial de transferencia de riesgos.

Adicionalmente a la información requirida en el presente reglamento, la convocatoria deberá incluir un estado de cuentas indicando los montos de activos de las Cuentas de Siniestralidad y de Riesgos Profesionales, a la fecha última disponible, así como una estimación de dicho monto proyecto a la fecha inicial de transferencia de riesgos.

Dicha estimación no comprometerá a la AFP, y la Entidad Aseguradora deberá verificar la información para presentar su propuesta, sin posibilidad de ajustes posteriores en las Primas u otros elementos de la propuesta.

PARTE V

REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADICIONAL Y EXCEDENTE DE PATRIMONIO

 

Art. 165º REQUISITOS.- En sus ofertas, las Entidades Aseguradoras deberán demostrar que cumplen los siguientes requisitos:

a) Que el capital excedente y excedente de patrimonio de la Entidad Aseguradora, sea al menos igual a los requerimientos de capital mínimo y excedentes de patrimonio establecidos por el presente reglamento, considerando las estimaciones de primas y reservas para reclamos, para el año en curso, de acuerdo a lo previsto por las AFP en la convocatoria.

b) Que el capital excedente y excedente de patrimonio de la Entidad Aseguradora, al final de cada uno de los años durante la duración del contrato, incluido su capital excedente y excedente de patrimonio al momento de la certificación y compromisos por capital adicional garantizados mediante cartas de crédito u otra forma de garantía aceptable para la superintendencia de pensiones, deberán ser por lo menos iguales a los requerimientos de capital y excedente de patrimonio establecidos en el presente reglamento, considerando las estimaciones de primas y reservas para reclamos, par cada uno de los siguientes años, de acuerdo a lo provisto por las AFP en la convocatoria.

c) Que la entidad aseguradora tenga la capacidad administrativa y de recursos profesionales, con experiencia y calificaciones para proveer adecuadamente la cobertura de las prestaciones de invalidez y muerte por riesgo común y riesgo profesional del SSO.

 

Art. 166º DISPOSICIONES APLICABLES.- En las propuestas de las entidades aseguradoras se utilizarán los mismos procedimientos de cálculo establecidos en los artículos 153º a 155 del presente reglamento, incluyéndose para los ajustes del valor de los pasivos, las prestaciones por invalidez y muerte del SSO, las pólizas y reservas para reclamos, de acuerdo a la metodología y estimaciones establecidas por la Superintendencia de Pensiones.

Cuando la Entidad Aseguradora ha contratado un reaseguro con una reaseguradora no autorizada para cubrir reaseguro en Bolivia, las obligaciones de la Entidad Aseguradora no podrán ser reducidas para reflejar dicho reaseguro.

 

Art. 167º REQUERIMIENTO DE CAPITAL Y DE EXCEDENTES DE PATRIMONIO.- Los requerimientos de capital y excedente de patrimonio par cada entidad aseguradora deberán ser determinados de acuerdo con los artículos 156 al 161 del presente reglamento.

Para propósito del presente reglamento, las estimaciones para las prestaciones de invalidez y muerte por Riesgo Común y Riesgo Profesional, deberán basarse en las estadísticas establecidas en el presente reglamento. Las AFP son responsables de proveer dichos datos.

PARTE VI

OBLIGACIONES ADICIONALES DE LAS ENTIDADES ASEGURADORAS

 

Art. 168º SUJECIÓN A LAS NORMAS-. Para la presentación de propuestas y prestación de servicios a que se refiere el articulo 38 de la Ley de Pensiones, las Entidades Aseguradoras quedan sujetas al cumplimiento de las normas del presente reglamento.

Las definiciones, cronograma de pagos. Estándares y otras reglas impuestas por la Ley de Pensiones y su reglamento, son jurídicamente vinculantes y obligatorias para las Entidades Aseguradoras, de acuerdo a la interpretación de la Superintendencia de Pensiones.

El contrato de seguros convenido entre al AFP y la Entidad Aseguradora en virtud del presente reglamento, deberá guardar relación con las normas establecidas en la Ley que rija el sector.

 

Art. 169º LIMITACIONES.- La entidad aseguradora no podrá asegurar a más de una AFP simultáneamente. Una Entidad Aseguradora que ya ha establecido un contrato con una AFP, no podrá presentar una propuesta a otra AFP, excepto cuando la fecha de convocatoria de la otra AFP sea posterior a la fecha de conclusión del contrato o si la Entidad Aseguradora ha recibido notificación de resolución de contrato de la AFP.

La Entidad Aseguradora podrá prestar propuestas a más de una AFP al mismo tiempo. Sin embargo, una vez que una AFP acepta su propuestas, deberá retirar todas su porpuestas pendientes.

Si la Entidad Aseguradora específica en su propuesta que la misma está condicionada al rechazo de otra propuesta, la Entidad Aseguradora podrá mantener su otra propuesta. Sin embargo, la AFP podrák rechazar la propuesta de la Entidad Aseguradora, si habiendo ganado la licitación ésta no retirará sus otras propuestas.

 

Art. 170º ESTADISTICAS PROPORCIONADAS.- La Entidad Aseguradora deberá proveer a la AFP de manera semestral y a más tardar dentro de los cuarenta y cinco días calendario del fin de cada período semestral, todas las estadísticas requeridas en el presente reglamento como parte del contrato. Asimismo, la Entidad aseguradora deberá proveer estadísticas similares a la fecha efectiva de conclusión de contrato y a más tardar dentro de los cuarenta y cinco (45) días de dicha fecha.

 

Art. 171º PRIMA GARANTIZADA Y REAJUSTES.- En sus propuestas, las entidades aseguradoras deberán especificar el período durante el cual la prima es garantizada y la fórmula de reajuste a ser utilizada al final de dicho período. La fórmula de reajuste deberá estar diseñada para ajustar la prima a un nivel apropiado para la cobertura a ser provista después de la fecha efectiva de cambio, sin tomar en cuenta las pérdidas debido a primas asadas inadecuadas.

 

Art. 172º PRIMA PARA RIESGOS PROFESIONALES.- Adicionalmente a los requerimientos del artículo anterior, la Entidad Aseguradora deberá proporcionar la siguiente información con respecto a la Prima de riesgos profesionales:

La prima aplicable a cada categoría de riesgo, de acuerdo a reglamentos.

La descripción detallada de los créditos, si hubiera alguno, que las Entidades aseguradoras otorgarán a cada empleador sobre la base de medidas particulares de prevención de riesgo y/o trayectoria favorable de reclamos.

La descripción, si corresponde, de cómo se aplicaría la fórmula de reajuste a las primas para cada categoría de riesgo.

 

Art. 173º CAMBIO DE PRIMA.- La entidad aseguradora no podrá incrementar la prima a menos que hubiera notificado a la AFP y a la Superintendencia de Pensiones, de su intención con por lo menos ciento veinte días de anticipación a la fecha efectiva de dicho cambio, y esta hubiera manifestado su aprobación.

El propuesto cambio de Prima no deberá resultar en un incremento durante el periodo en que la Prima está garantizada, de acuerdo a la propuesta.

Pasado el periodo de garantía establecido en la propuesta, el cambio no podrá resultar en un incremento mayor al incremento señalado en la propuesta por la fórmula de reajuste incluida en la propuesta.

PARTE VII

RENOVACION, RESOLUCION Y CONCLUSION DE CONTRATO

 

Art. 174º RENOVACIÓN DE CONTRATO.- A conclusión de contrato, si no existieran las condiciones requeridas para convocar a una nueva licitación, de acuerdo a lo establecido en el presente reglamento, la AFP y la Entidad Aseguradora con la previa aprobación de la Superintendencia de Pensiones, podrán acordar renovar el contrato por un período no mayor a tres años, siempre y cuando la entidad aseguradora garantice, para el período de duración de la renovación, que las primas a ser aplicadas después de la renovación no excederán aquellas aplicadas inmediatamente antes de concluido el contrato.

La renovación de contrato será permitida únicamente si la Entidad Aseguradora demuestra que tiene capacidad de satisfacer los requerimientos presentes y futuros de capital y excedente de patrimonio establecidos en el presente reglamento.

La Superintendencia de Pensiones podrá rechazar la renovación de contratos y requerir a la AFP la convocatoria a una nueva licitación cuando el precio de la renovación no guarde relación con el promedio de mercado, sea desventajoso para los Afiliados, o por otras causas debidamente justificadas.

 

Art. 175º RESOLUCIÓN DE CONTRATO.- Son causales de resolución de contrato suscritos entre las AFP y las entidades aseguradoras:

Que la Entidad aseguradora deje de ser solvente.

Que la entidad aseguradora no pueda satisfacer los requerimientos de capital y excedente de patrimonio establecidos en el presente reglamento, siempre y cuando la Superintendencia de Seguros y Reaseguros hubiera notificado a las Entidades Aseguradoras de la situación o concedido un plazo no superior a los treinta (30) días para subsanar la misma, sin que hayan podido subsanar la deficiencia.

Que la superintendencia de seguros y reaseguros determine que la continuación del contrato pone en riesgo la solvencia financiera de la Entidad Aseguradora.

Que la superintendencia de pensiones determine que la Entidad aseguradora no está habilitada para proveer de manera satisfactoria los servicios requeridos en el contrato.

Que las primas hubieran sido incrementadas de manera arbitraria y sin respetar la fórmula de reajuste establecida en la propuesta.

Si existiera una de las condiciones arriba citadas, la Superintendencia de Pensiones podrá autorizar a la AFP la transferencia de estos riesgos a otra Entidad Aseguradora por el periodo restante para completar el contrato resuelto sin seguir un nuevo proceso de licitación, si considera que están en riesgo los derechos de los Afiliados, de los beneficiarios de la prestaciones y de la AFP.

Si el contrato se resuelve por alguna de las causas arriba citadas, la AFP deberá notificar a la Entidad Aseguradora a la brevedad posible indicando la fecha efectiva de resolución de contrato. En tales casos, la fecha de resolución no estará sujeta a ningún tipo de retraso y será establecida como la fecha en que se pueda transferir el riesgo a otra Entidad Aseguradora.

 

Art. 176º CONVOCATORIA A NUEVA LICITACIÓN.- Cuando el contrato sea resuelto, la AFP deberá convocar a una nueva licitación, excepto cuando la Superintendencia de Pensiones hubiera autorizado el traspaso inmediato, en virtud del artículo anterior.

La AFP deberá convocar al menos con ciento veinte ( 120) días de anticipación a la fecha de conclusión de contrato, a una nueva licitación, salvo que la AFP tenga autorización de la Superintendencia de Pensiones para renovación de contrato sin la realización de una nueva licitación, de acuerdo con el articulo 174 del presente reglamento.

PARTE VIII

TRANSFERENCIA DE ACTIVOS Y PASIVOS

 

Art. 177º CAMBIO DE ENTIDAD ASEGURADORA.- A la conclusión del contrato, la AFP deberá notificar a la Entidad Aseguradora previa, el nombre de la Entidad Aseguradora nueva.

La Entidad Aseguradora previa deberá transferir a la Entidad Aseguradora nueva, a la fecha de conclusión, los activos y pasivos sujetos a transferencia de acuerdo a lo establecido en los artículos siguientes del presente reglamento. Asimismo, deberá transferir la información referente a las primas y prestaciones así como los archivos de los asegurados y de los reclamos, dentro del plazo de diez días a contar de la fecha de conclusión de contrato.

 

Art. 178º TRANSFERENCIA DE ACTIVOS.- La Entidad Aseguradora previa deberá remitir a la Entidad Aseguradora nueva un monto equivalente a la siguiente suma:

a) Primas recibidas con relación a la cobertura y servicios provistos a la fecha o después de la fecha de conclusión. Las primas devengadas a la fecha de conclusión son de propiedad de la Entidad Aseguradora Previa.

b) Pago de beneficios vencidos antes de la fecha de conclusión que no fueron pagados a la fecha de conclusión.

c) Las reservas técnicas para reclamos en liquidación a la fecha de conclusión, de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia de Pensiones.

d) El balance del fondo de estabilización a la fecha de conclusión.

Dicha transferencia deberá ser en efectivo, los montos recibidos de los Asegurados, con respecto a las Primas vencidas antes de la fecha efectiva de conclusión, o activos invertidos de acuerdo a los reglamentos que rijan para el sector asegurador para las inversiones de reservas técnicas, o una combinación de éstas. El monto considerado como transferido para inversiones será el valor de mercado de dichos activos a la fecha efectiva de conclusión.

 

Art. 179º PASIVOS A SER TRANSFERIDOS.- La Entidad Aseguradora nueva será responsable por los siguientes pagos, con excepción de los descritos en el artículo siguiente del presente reglamento, a partir de la fecha efectiva de transferencia:

a) Todos los pagos por prestaciones y gastos relacionados con reclamos presentados a la fecha o después de la fecha efectiva de conclusión.

b) Todos los pagos por prestaciones y gastos que se vencen a la fecha o después de la fecha efectiva de conclusión con relación a los reclamos presentados antes de dicha fecha.

c) El costo de los servicios a ser provistos a al fecha o después de la fecha efectiva de conclusión, de acuerdo a lo establecido en el nuevo contrato de seguro.

d) El balance del fondo de estabilización, de acuerdo a lo establecido en el presente reglamento.

 

Art. 180º OBLIGACIONES DE LA ASEGURADORA PREVIA.- Siempre y cuando la entidad aseguradora previa hubiera remitido a la entidad aseguradora nueva los activos descritos en el artículo 178 del presente reglamento, la Entidad Aseguradora previa estará libre de las obligaciones referentes a reclamos pasados o futuros, excepto los siguientes:

a) Cuando la Entidad Aseguradora previa recibe, después de la fecha de conclusión, la Primas relacionadas a la cobertura o servicios o ser provistos a la fecha o después a la fecha o después de la fecha de conclusión, ésta deberá remitirlos a más tardar dentro las veinticuatro (24) horas a la Entidad Aseguradora nueva.

b) Cuando una disputa de reclamo ha sido iniciada antes de la fecha efectiva de conclusión, la Entidad Aseguradora previa seguirá siendo responsable por los gastos asociados a dicha disputa y por la porción de los pagos por prestaciones adjudicadas retroactivamente, que debieron haber sido pagadas con anterioridad a la fecha efectiva de conclusión.

c) Cuando la reserva técnica sobre la cual las obligaciones transferidas fueron calculadas, no incluían algunos reclamos o Derecho–habientes y cuando las prestaciones otorgadas son mayores a las que se utilizaron para calcular las reservas, la Entidad Asegurado previa deberá reembolsar a la Entidad Aseguradora nueva el monto por el que se hubiera incrementado la reserva técnica utilizando las prestaciones correctas.

PARTE IX

DEL FONDO DE ESTABILIZACIÓN

 

Art. 181º FONDO DE ESTABILIZACIÓN.- La entidad aseguradora deberá comprometerse a mantener un fondo de estabilización acorde con lo establecido en el presente reglamento e incluir el balance del fondo de estabilización en los activos a ser transferidos a la Entidad Aseguradora nueva, a la fecha efectiva de conclusión de contrato.

 

Art. 182º BALANCE INICIAL DEL FONDO DE ESTABILIZACIÓN.- El balance inicial del fondo de estabilización a la fecha inicial de transferencia de riesgo, será de cero (0). El Balance inicial del fondo para subsecuentes contratos de seguro será el balance incluido en la transferencia de activos a la Entidad Aseguradora nueva a la fecha efectiva de contrato, de acuerdo al artículo 178º del presente reglamento.

 

Art. 183º BALANCE DEL FONDO DE ESTABILIZACIÓN DURANTE EL CONTRATO.- El balance del fondo de estabilización al final de cada año después de la fecha de vigencia del contrato, será calculado como la suma del balance del fondo al inicio del año con intereses al final del año, más las ganancias compartidas y menos los pagos realizados por pérdidas catastróficas de reparto durante el año, acumulado con intereses a final de año. Es este cálculo da un balance negativo, el balance a fin de año deberá ser cero (0).

Para propósito de calcular el balance del fondo de estabilización, la tasa de interés a usarse no deberá ser menor al promedio de la tasa de interés de bonos de más largo plazo emitidos por el Tesoro General de la Nación, durante el año.

El balance del fondo de estabilización, en todo momento del año, será determinado de la misma forma ajustado por el tiempo transcurrido desde principios de año.

 

Art. 184º GANANCIAS COMPARTIDAS.- Para fines de calcular el balance del fondo de estabilización, las ganancias compartidas para un determinado año serán calculadas como el cincuenta por ciento (50%) de la diferencia entre los ingresos y gastos del año siempre y cuando los gastos no superen al ochenta por ciento de los ingresos para el año, ambos definidos como sigue:

El ingreso del contrato durante el año será la suma de los siguientes montos:

a) Las Primas recibidas por la Entidad Aseguradora por la cobertura provista para el SSO desde el inicio del año hasta la fecha de valuación acumuladas con intereses a la fecha de valuación.

b) Los intereses acumulados a la fecha de valuación de las reservas técnicas al inicio del año.

Los gastos del contrato serán la suma de los siguientes montos:

c) El costo de pago de prestaciones vencidos desde el inicio del año a la fecha de valuación, acumulados con intereses a la fecha de valuación.

d) El incremento de reservas técnicas desde el inicio de año a la fecha de valuación, un decremento de reservas técnicas tratado como un gasto negativo.

 

Art. 185º PÉRDIDAS CATASTRÓFICAS COLECTIVAS.- Para propósitos del presente reglamento, un evento único, ocurrido con posterioridad a la fecha de transferencia de riesgo, que resulte en el pago de prestaciones por invalidez o muerte del SSO, en un cincuenta por ciento (50%) por encima de los datos proyectados en base a las tablas de invalidez y muerte.

Dentro de los noventa (90) días de ocurrido un evento potencialmente catastrófico, cada Entidad Aseguradora que recibió reclamos originados en dicho evento, deberá reportar, a la Superintendencia de Pensiones, el número de reclamos con derecho a prestaciones de invalidez y muerte, el monto de los pagos por prestaciones y la reserva para reclamos vigentes, a la fecha del reporte.

Transcurrido el periodo de noventa (90) días para reportar, la Superintendencia de Pensiones deberá determinar si el evento califica como evento catastrófico. Si el evento se califica como catastrófico, la Superintendencia de Pensiones deberá establecer el monto perdido sujeto a reparto como proporción del monto total pagado y de las reservas de reclamo para el evento, de acuerdo a lo reportado por la Entidad Aseguradora. La proporción sujeta a reparto será la relación entre el número de reclamos que exceda el cincuenta por ciento (50%) sobre el número de casos proyectados.

Una porción del monto perdido sujeto a reparto, correspondiente a la proporción que representan los salarios mensuales de los registrados de cada AFP al final del año anterior al de la catástrofe relacionada al salario mensual de los registrados de cada AFP al final del año anterior al de la catástrofe relacionado al salario mensual de los registrados en todas la AFP, será asignado a las AFP. Si el balance del fondo de estabilización de las Entidades Aseguradoras, a final del año anterior al de la catástrofe, reducido por Contribuciones anteriores a los eventos catastróficos durante el año, excede la porción correspondiente a la Entidad Aseguradora del monto perdido sujeto a reparto, la Entidad Aseguradora de la AFP deberá remitir a la Superintendencia de Pensiones un monto igual a dicha porción. Por otro lado, si el balance del fondo de estabilización es insuficiente, la Entidad Aseguradora deberá remitir a la Superintendencia de Pensiones el balance del fondo de estabilización referido en el artículo 183 del presente reglamento.

 

La Superintendencia de Pensiones deberá distribuir los montos recibidos de cada Entidad Aseguradora, a las Entidades Aseguradoras que hubieran reportado reclamos a raíz del evento catastrófico, en la proporción en que el costo de los pagos de beneficiarios y reservas de reclamos reportados por cada Entidad Aseguradora para el evento catastrófico, represente para el costo reportado por todas las Entidades Aseguradoras. El monto distribuido a cada Entidad Aseguradora deberá ser tratado, para propósitos estadísticos y para el cálculo la ganancia compartida bajo esta regulación, como pagos de beneficios negativos realizados por dicha Entidad Aseguradora.

PARTE X

INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBE CONTENER LA CONVOCATORIA

A LICITACIÓN PARA ENTIDADES ASEGURADORAS

 

Art. 186º DISPOSICIONES GENERALES.- La convocatoria a licitación deberá requerir, de cada entidad aseguradora, una propuesta para los seguros de invalidez y muerte por riesgo común y riesgo profesional del SSO, que cubra a todos los afiliados a las AFP.

La convocatoria deberá especificar la fecha, hora, lugar y forma de presentación y recepción de propuestas. La fecha en la cual se recibirán las propuestas no podrá se antes de los treinta (30) días de la fecha de convocatoria.

La convocatoria deberá requerir que las entidades aseguradoras entreguen al mismo tiempo, una copia de sus propuestas a la superintendencia de pensiones.

 

Art. 187º COBERTURA EN LOS CONTRATOS DE SEGUROS.- En la convocatoria a licitación, la AFP deberá especificar, de ser el caso, los servicios que esté dispuesta a realizar para la entidad aseguradora. Dichos servicios podrán concluir la verificación de la validez del reclamo, la calificación del reclamo, el cálculo de las pensiones, el pago de las prestaciones, etc.

Cuando la AFP ofrezca realizar servicios para la Entidad Aseguradora, la convocatoria deberá requerir a la Entidad Asegradora especificar la comisión que ésta ofrecería por los mencionados servicios.

La AFP será la entidad responsable de recaudar las Primas y remitirlas a la Entidad Aseguradora el derecho a acceder a los registros de la AFP en cualquier momento durante horas normales de trabajo, con el propósito de verificar la validez del reclamo y los montos de las prestaciones.

La Entidad Aseguradora tendrá derecho a recibir la Prima estipulada en el contrato y será responsable de la administración, reclamos y pago de las prestaciones definidas para los seguros de invalidez y muerte por Riesgo Común y Riesgo Profesional del SSO.

 

Art. 188º ADJUDICACIÓN.- La convocatoria a licitación deberá describir los criterios bajo los cuales se adjudicarán los contratos de seguros, y el puntaje que cada uno tendrá en la misma.

Los criterios utilizados par la adjudicación del contrato deberán considerar al menos lo siguiente:

a) Capacidad presente y futura de la Entidad Aseguradora para cumplir con los requerimientos de capital y excedentes de patrimonio especificados en los reglamentos.

b) Prima propuesta para los seguros, considerando los ajustes que puedan requerirse, de acuerdo al artículo siguiente del presente reglamento.

c) El período en el cual las primas están garantizadas y la fórmula de reajustes cuando corresponda.

d) La experiencia técnica de la entidad aseguradora para los seguros propuestos y otras responsabilidades.

e) Los recursos disponibles de la Entidad Aseguradora para proveer servicios adecuados.

La convocatoria deberá especificar la fecha en la que se realizará la adjudicación del contrato. Dicha fecha no podrá ser mayor a veinte (20) días después de la fecha de recepción de las propuestas.

La AFP deberá notificar a la Superintendencia de Pensiones y a todos los proponentes sobre la adjudicación del contrato, en el plazo máximo de tres (3) días hábiles. La AFP deberá asimismo, informar a la Entidad Aseguradora seleccionada, para cada uno de los servicios operacionales, si la AFP acepta realizar los servicios por las Comisiones indicadas en la propuesta.

 

Art. 189º COMISIÓN Y PRIMA CUANDO LA AFP PRESTA SERVICIOS.- Si en la convocatoria la AFP ha ofertado realizar algunos servicios de acuerdo con el artículo 187 del presente reglamento y la entidad aseguradora ha propuesto una comisión para los mismos, la primera propuesta por la aseguradora deberá ser ajustada y las comisiones se pagarán de la siguiente manera, si la AFP elige realizar dichos servicios.

Si la AFP elige realizar el pago de prestaciones, la Prima deberá ser reducida en el monto de la Comisión propuesta por la Entidad Aseguradora para dicho servicio y la AFP recolectará esta comisión de todos sus afiliados de acuerdo al contrato con la Superintendencia de pensiones.

Si la AFP elige realizar otros servicios por la Comisión propuesta por la entidad aseguradora, la prima no será ajustada por estos servicios y la AFP debe recibir su comisión de la Entidad Aseguradora.

Si la AFP elige realizar otros servicios por una comisión menor a la que propone la Entidad Aseguradora, la Prima deberá ser reducida por la diferencia entre la comisión propuesta por la Aseguradora y la de la AFP, y la AFP prestará dichos servicios por la comisión ofertada a cargo de la Entidad Aseguradora.

 

Art. 190º DURACIÓN DEL CONTRATO.- La convocatoria a licitación deberá especificar la duración del contrato de seguro, no pudiendo ser menor de tres años (3) ni mayor a seis (6) años. La entidad aseguradora, deberá indicar en su propuesta el período de garantía de la prima, el cual no podrá ser menor a dos años (2). La Entidad Aseguradora deberá también indicar la fórmula aplicable para el ajuste de prima después del período de garantía, si corresponde. La fórmula estará sujeta a reglas establecidas en el presente reglamento.

 

Art. 191º ESTADISTICAS.- La AFP deberá incluir las siguientes estadísticas a la convocatoria a licitación y deberá indicar la fecha en que estas estadísticas fueron establecidas. Las siguientes estadísticas deberán ser incluidas a la fecha de elaboración de las estadísticas, tanto para riesgo común como para Riesgo Profesional, separadamente.

a) Número de afiliados.

b) Para Riesgo Profesional, el número de empleadores afiliados.

c) Salario mensual cotizable.

d) Distribución por edad y sexo del número, salarios y balances de los Afiliados a las cuentas individuales.

e) Número de reclamos vigentes, separadamente por invalidez y por muerte.

f) Montos mensuales de pensiones pagadas.

g) Reservas técnicas para los reclamos en curso.

h) Lista de reclamos en curso, separadamente por invalidez y por muerte, indicando el número de Derecho–habientes y para cada uno de ellos las edades, el grado de relación y sus prestaciones en términos porcentuales del Salario Base del titular y en montos.

Las siguientes estadísticas, tanto para Riesgo Común como para Riesgo Común como para Riesgo Profesional separadamente, deberán ser incluidas para cada uno de los últimos cinco (5) años, incluido el año de elaboración de estadísticas, o para cada año de funcionamiento de la AFP si ésta no estuvo funcionando por lo menos por cinco (5) años.

1) Promedio de número de Afiliados.

2) Salario Total Asegurado.

3) Monto total de Pensiones de invalidez pagadas.

4) Monto total de Pensiones por muerte pagadas.

5) Monto total por Gastos Funerarios pagados.

6) Número de reclamos presentados por año.

7) Número de reclamos en curso a fin de cada año.

8) Reservas técnicas para reclamos en curso a fin de año.

Para riesgo profesional, las estadísticas arriba citadas deberán ser reportadas como total y para cada nivel de riesgo, de acuerdo a la definición de la Superintendencia de Pensiones.

Las reservas técnicas incluidas en estas estadísticas deberán ser calculadas usando métodos y supuestos establecidos por la Superintendencia de Pensiones.

 

Art. 192º PROYECCIONES INCLUIDAS.- La AFP deberá incluir en su convocatoria estimaciones para los siguientes valores, proyectados a la fecha de transferencia del riesgo y a fines de cada año siguiente al contrato:

a) Número de asegurados.

b) Salario anual de los asegurados.

c) Prima anual, basada en la prima aplicada actualmente a la fecha de referencia.

d) Reservas técnicas.

Dichas estimaciones no serán comprometedoras y no serán objeto de reajuste de primas, en caso d haber discrepancias entre los montos actuales a la fecha de transferencia de riesgo y las estimaciones.

CAPITULO VII

INVERSIONES

PARTE I

LIMITES DE INVERSION

 

Art. 193º GENERALIDADES.- Los recursos del FCI, salvo los saldos que se mantengan en recursos de alta liquidez, deberán estar invertidos en los Títulos Valores autorizados en el presente capítulo. Las inversiones estarán sujetas a límites por tipo genérico de Título Valor, a límites por emisor, a límites por categoría y niveles de riesgo, a límites por liquidez del instrumento y limites como porcentaje del valor del FCI, de acuerdo a lo que se establece en la presente norma.

 

Art. 194º INVERSIONES AUTORIZADAS Y LIMITES POR TIPO GENERICO DE TITULO VALOR.- Los recursos de los FCI sólo deberán ser invertidos en los tipos genéricos de Títulos Valores y en observancia a los límites máximos de inversión expresados como porcentaje del valor del FCI.

Estos límites serán fijados conjuntamente por el Superintendente de Pensiones y el Superintendente de Valores emitidos por emisiones locales y por el Director del Banco Central de Bolivia en el caso de Títulos Valores emitidos por emisores extranjeros, dentro de los siguientes rangos, expresados como porcentaje del valor del FCI.

a) Títulos Valores representativos de deuda emitidos por el Tesoro General de la Nación de Bolivia y Títulos Valores emitidos por el Banco Central de Bolivia, sin límite.

b) Bonos, bonos convertibles en acciones antes de su conversión, depósitos a plazo fijo y otros Tífulos Valores representativos de deuda distintos de cédulas hipotecarias, emitidos o garantizados por bancos constituidos en Bolivia. El límite máximo deberá ser fijado entre:

1) Veinte y cuarenta por ciento (20 y 40%) para el conjunto de Títulos Valores de Corto Plazo.

2) Treinta y cincuenta por ciento (30 y 50%) para el conjunto de Títulos Valores de Largo Plazo.

La suma de las inversiones, en Títulos Valores de Largo Plazo y Títulos Valores de Corto Plazo a que se refiere el presente inciso, no podrá exceder el cincuenta por ciento (50%) del valor del FCI.

c) Cédulas hipotecarias emitidas o garantizadas por bancos constituidos en Bolivia. El límite máximo deberá ser fijado entre treinta y cincuenta por cinto (30 y 50%).

La suma de las inversiones en los Títulos Valores de los incisos b) y c) no podrá exceder el sesenta por ciento (60%) del valor del FCI.

d) Títulos Valores representativos de deuda, incluidos los bonos convertibles en acciones antes de su conversión emitidos por sociedades comerciales constituidas en Bolivia diferentes de bancos y autorizadas para hacer oferta pública por la Superintendencia de Valores. El límite máximo deberá ser fijado entre treinta y cuarenta y cinco por ciento (30 y 45%).

e) Títulos Valores representativos de deuda, emitidos por municipios locales y que cuenten con clasificación de riesgos. El límite máximo deberá ser fijado entre cero y diez por ciento (0 y 10%).

f) Cuotas de Fondos de Inversión constituidos en Bolivia, El límite máximo deberá ser fijado entre cinco y quince por ciento (5 y 15%).

g) Acciones de sociedades anónimas, constituidas en Bolivia. El límite máximo deberá ser fijado entre veinte y cuarenta por ciento (20 y 40%).

h) Otros Títulos Valores no especificados en los incisos precedentes de emisores constituidos en Bolivia o de instituciones estatales cuya compra sea autorizada por la Superintendencia y que cuenten con la clasificación de riesgo permitida por el SSO. El límite máximo para el conjunto de estos i) Títulos Valores, deberá ser fijado entre cero y cinco por ciento (0 y 5%).

Títulos Valores representativos de deuda, emitidos o garantizados por estados extranjeros, bancos centrales o sus equivalentes, por organismos internacionales: bonos, acciones, bonos convertibles en acciones emitidos por empresas constituidas en el extranjero; cuotas de Fondos de Inversión constituidos en el extranjero y otros Títulos Valores autorizados expresamente por la Superintendencia, El límite máximo para el conjunto de estos Títulos Valores deberá ser fijado entre diez y cincuenta por ciento (10 y 50%).

 

Art. 195º AUTORIZACIÓN DE LAS INVERSIONES PARA EL PERIODO DE INICIO DE OPERACIONES DE UNA NUEVA AFP, DESPUÉS DEL PERIODO DE EXCLUSIVIDAD.- La Superintendencia deberá, por única vez al inicio de operaciones de una nueva AFP después del periodo de exclusividad, autorizar las inversiones de la misma sin sujeción a los límites de inversión. La determinación de la fecha de vigencia de los límites de inversión para las nuevas AFP, será atribución de la Superintendencia en un plazo no mayor de seis meses y deberá ser comunicado oficialmente a la AFP, noventa días antes de su efectivización.

PARTE II

FACTOR DE RIESGO PROMEDIO PONDERADO

Y FACTOR DE ATRIBUTOS Y SUS DETERMINANTES

 

Art. 196º FACTOR DE RIESGO PROMEDIO PONDERADO.- El factor de riesgo promedio ponderado, en adelante FRPP, es el multiplicador que limita las inversiones del FCI en Títulos Valores representativos de deuda emitidos por emisores constituidos en Bolivia, de acuerdo al riesgo ponderado de las emisiones de Títulos Valores de un mismo emisor. El FRPP es la suma de los productos entre el factor de riesgo asignado a cada Título Valor, de acuerdo a la categoría o nivel en que hayan sido clasificados, y el valor de la inversión del FCI respectivo en cada uno de estos Títulos Valores, todo esto dividido por el valor total de las inversiones del PCI en los distintos Títulos Valores representativos de deuda de ese mismo emisor.

 

Art. 197º FACTORES DE RIESGO.- Para efectos de cálculo del Fctor de Riesgo Promedio Ponderado (FRPP), se establecen los siguientes factores de riesgo correspondientes a cada categoría o nivel de riesgo para los Títulos Valores representativos de deuda:

a) Los factores de riesgo correspondientes a las categorías de riesgo establecidas para los Títulos Valores de Largo Plazo son:

CUADRO Nº 2

 

CATEGORÍA FACTOR DE RIESGO

AAA 1 (uno)

AA1. AA2. AA3 0.9 (cero coma nueve)

A1. A2. A3 0.8 (cero coma ocho)

BBB1. BBB2. BBB3 0.7 (cero coma siete)

BB1. BB2 0.6 (cero coma seis)

A categorías de riesgo iguales o inferiores a BB3 les corresponderá el factor de riesgo 0 (cero).

b) Los factores de riesgo correspondientes a los niveles de riesdo establecidos para los Títulos Valores de Corto Plazo son:

CUADRO Nº 3

 

NIVEL FACTOR DE RIESGO

Nivel 1 1 (uno)

Nivel 2 0.8 (cero coma ocho)

Nivel 3 0.6 (cero coma seis)

 

A niveles de riesgo iguales o inferiores a Nivel 4 (N–4) les corresponderá el factor de riesgo cero (0)

 

Art. 198º FACTOR DE ATRIBUTOS.- El factor de atributos, en adelante FA, es el multiplicador que limita las inversiones del FCI en acciones emitidas por emisores constituidos en Bolivia, de acuerdo al grado de liquidez de la acción de un mismo emisor y la concentración de propiedad del mismo.

El factor de atributos es el producto entre el factor de concentración de un emisor determinado y el factor de liquidez de la acción emitida por este mismo emisor.

 

Art. 199º FACTOR DE CONCENTRACIÓN.- Para efectos de cálculo del factor de atributos, se establecen los siguientes factores de concentración de acuerdo al grado de concentración máximo de la propiedad de la sociedad que se trate:

a) Uno (1), cuando ningún socio directa o indirectamente, pueda concentrar más de un treinta y dos por ciento (32%) del capital con derecho a voto.

b) Cero coma ocho (0.8), cuando la concentración máxima permitida sea superior a treinta y dos por ciento (32%)k y menor o igual al sesenta y cinco (65%) del capital con derecho a voto.

c) Cero coma cinco (0.5) cuando la concentración máxima permitida sea superior al sesenta y cinco por ciento (65%) del capital con derecho a voto.

La Superintendencia está facultada a modificar los factores de concentración.

 

Art. 200. FACTOR DE LIQUIDEZ.- Para efectos de cálculo del FA, se establecen las siguientes equivalencias entre el índice de liquidez y el factor de liquidez.

CUADRO Nº 4

 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ FACTOR DE LIQUIDEZ

IL £ 20% 0.3

20% < IL £ 50% 0.5

50% < IL £ 70% 0.7

70% < IL 1.0

El cálculo del índice de liquidez será efectuado por la superintendencia de valores en base a dos variables: I) el número de días transados de una determinada acción y II) el total de los días hábiles bursátiles.

El monto mínimo de transacción y la periodicidad para el cálculo del índice de liquidez será determinado por la Superintendencia, mediante circular.

 

La Superintendencia está facultada a modificar los factores de liquidez para los índices del presente artículo.

PARTE III

PROPORCIÓN DE INVERSIONES

 

Art. 201º LÍMITES POR EMISOR Y VALOR DEL FONDO.- Además de los limites por tipo genérico de Título Valor, las inversiones de los FCI no podrán exceder los siguientes límites por emisor y valor del FCI.

 

Art. 202º LÍMITES POR CATEGORIA Y NIVELES DE RIESGO.- Las inversiones realizadas con recursos de los FCI en Títulos Valores representativos de deuda, emitidos por emisores constituidos en Bolivia, estarán sujetas a los siguientes límites por categoría y nivel de riesgo.

a) Las inversiones en Títulos Valores de Largo Plazo, clasificados en categoría de riesgo BB1 y BB2, no podrán exceder el diez por ciento del valor del FCI.

b) Las inversiones en Títulos valores de largo plazo, clasificados en categoría de riesgo BBB1, BBB2 y BBB3, no podrán exceder el cuarenta por ciento del valor del FCI.

c) Las inversiones en Títulos Valores de Corto Plazo, clasificados en nivel de riesgo 3 (N-3),no podrán exceder el diez por ciento (10%) del valor del FCI.

d) Las inversiones en Títulos Valores de Corto Plazo, clasificados en nivel de riesgo 2 (N-2), no podrán exceder el cuarenta por ciento del valor del FCI.

En ningún caso se podrán realizar inversiones con los recursos de los FCI en Títulos Valores de Largo Plazo clasificados en categorías de riesgo inferiores a BB2, ni en Títulos Valores de Corto Plazo clasificados en niveles de riesgo inferiores a Nivel 3 (N–3).

La suma de las inversiones en Títulos Valores de Largo Plazo clasificados en categorías de riesgo BBB1, BBB2 y BBB3 emitidos por emisores locales y extranjeros no podrá exceder el cuarenta por ciento (40%) del valor del FCI.

La suma de las inversiones en Títulos Valores de Corto Plazo clasificados en nivel de riesgo 3 (N–3) emitidos por emisores locales y extranjeros no podrá exceder el cuarenta por ciento (40%) del valor del FCI.

PARTE IV

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS Y APROBACIÓN

DE TÍTULOS VALORES

SECCION I

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS Y APROBACIÓN DE TÍTULOS

VALORES DE EMISORES CONSTITUIDOS EN BOLIVIA

 

 

Art. 203º NIVELES DE RIESGO PARA LOS TÍTULOS VALORES DE CORTO PLAZO.- Los Títulos Valores de Corto Plazo susceptibles de ser adquiridos con los recursos de los FCI, se clasificarán en los niveles de riesgo definidos en el presente artículo, los que serán de aplicación general para las clasificaciones que realicen las clasificadoras privadas constituidas legalmente en Bolivia, o la instancia pertinente según lo dispuesto en la Ley de Pensiones.

Nivel 1 (N–1): Corresponde a aquellos Títulos Valores que cuentan con una alta capacidad de pago de capital e intereses en los términos y plazo pactados , la cual no se vería afectada en forma significativa, ante posibles cambios en el emisor, en el sector al que pertenece o en la economía.

Nivel 2 (N–2): Corresponde a aquellos Títulos Valores que cuentan con una buena capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, siendo susceptible de deteriorarse ante posibles cambios en el emisor, en el sector al que pertenece o en la economía.

Nivel 3 (N–3): Corresponde a aquellos Títulos Valores que cuentan con una suficiente capacidad de pago de capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible a debilitarse ante posibles cambios en el emisor, en el sector al que pertenece o en la economía.

Nivel 4 (N–4): Corresponde a aquellos Títulos Valores cuya capacidad de pago de capital e intereses en los términos y plazos pactados no reúne los requisitos para clasificar en los niveles de riesgo N–1, N–2, o N–3, pero, que posee información representativa para el periodo mínimo exigido para la clasificación.

Nivel 5 (N–5): Corresponde a aquellos Títulos Valores cuyo emisor no posee información representativa para el periodo mínimo exigido para la clasificación y además, no existen garantías suficientes para el pago de capital e intereses.

 

Art. 204º CATEGORÍAS DE RIESGO PARA LOS TÍTULOS VALORES DE LARGO PLAZO.- Los Títulos Valores de Largo Plazo, susceptibles de ser adquiridos con los recursos de los FCI, se clasificarán en las categorías de riesgo definidas en el presente artículo, las que serán de aplicación general para las clasificaciones que realicen las clasificadoras privadas constituidas legalmente en Bolivia, o la instancia pertinente según lo dispuesto en la Ley de Pensiones.

AAA: Corresponde a aquellos Títulos Valores que cuentan con muy con muy alta capacidad de pago de capital e intereses en los términos y plazos pactados la cual no se vería afectada ante posibles cambios en el emisor, en el sector al que pertenece o en la economía.

AA: Corresponde a aquellos Títulos Valores que cuentan con una alta capacidad de pago de capital e intereses en los términos y plazos pactados la cual no se verio afectado ante posibles cambios en el emisor, en el sector al que pertenece o en la economía.

 

A: Corresponde a aquellos títulos Valores que cuentan con una suficiente capacidad de pago de capital e interés en los términos y plazos pactados la cual es susceptible a deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, en el sector al que pertenece o en la economía.

BB: Corresponde a aquellos Títulos Valores que cuentan con capacidad de pago de capital o interese en los términos y plazos pactados, la que es variable y susceptible a debilitarse ante posibles cambios en el emisor, en el sector al que pertenece o en la economía, pudiendo incurrirse en retraso en el pago de intereses y del capital.

B: Corresponde a aquellos Títulos Valores que cuentan con una misma capacidad de pago de capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta en muy variable y susceptible de debilitarse ante posibles cambios en el emisor, en el sector al que pertenece o en la economía, pudiendo incurrirse en la pérdida del capital e intereses.

C: Corresponde a aquellos Títulos Valores que no cuentan con la capacidad para el pago de capital e intereses en los términos y plazos pactados, existiendo alto riesgo de pérdida de capital e intereses.

D: Corresponde a aquellos Títulos Valores que no cuentan con la capacidad para el pago de capital e intereses en los términos y plazos pactados y que presentan incumplimiento efectivo de pago de capital e intereses, o requerimiento de quiebra en curso.

E: Corresponde a aquellos Títulos Valores cuyo emisor no posee información representativa para el período mínimo exigido para la calificación y carecen de garantías suficientes.

Se autoriza añadir los numerales 1, 2 y 3 en cada categoría genérica, desde AA a B con el objeto de establecer una clasificación específica de los Títulos Valores de Largo Plazo de acuerdo a las siguientes especificaciones:

a) Si el numeral 1 acompaña a una de las categorías anteriormente señaladas, se entenderá que el Título Valor se encuentra en el nivel más alto de la calificación asignada.

b) Si el numeral 2 acompaña a una de las categorías anteriormente señaladas, se entenderá que el Título Valor se encuentra en el nivel medio de la calificación asignada.

c) Si el numeral 3 acompaña a una de las categorías anteriormente señaladas se entenderá que el Título Valor se encuentra en el nivel más bajo de la calificación asignada.

 

Art. 205º OBLIGATORIEDAD DE LA CLASIFICACIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA.- Los Títulos Valores representativos de deuda emitidos por emisores locales susceptibles de ser adquiridos con los recursos de los Fondos deberán estar clasificados por al menos dos clasificadoras de riesgo privadas constituidas y autorizadas en Bolivia de acuerdo a la norma legal correspondiente, debiendo considerar las AFP, para efectos de inversión, la clasificación menor dentro de las dos clasificaciones efectuadas.

Exista clasificadoras de riesgo privadas o mientras exista solamente una (1), los Superintendentes Sectoriales del Sistema de Regulación Financiera (SIREFI) y dos (2) representantes de las AFP, tendrán la función de aprobar o rechazar los Títulos Valores representativos de deuda en base a un informe elaborado por un equipo técnico dependiente de la Superintendencia.

La clasificación mínima aceptable será la categoría BB2 para Títulos Valores de Largo Plazo y Nivel 3 (N–3) para Títulos Valores de Corto Plazo.

Quedan exentos de clasificación los Títulos Valores emitidos por el Tesoro General de la Nación y por el Banco Central de Bolivia.

 

Art. 206º CLASIFICACIÓN DE LAS ACCIONES Y CUOTAS.- Las acciones emitidas por sociedades anónimas y las cuotas de fondos de inversión constituidos legalmente en Bolivia serán sometidos para su aprobación o rechazo ante la superintendencia, previo análisis realizado por su equipo técnico o la clasificación efectuada por clasificadoras privadas, cuando corresponda, de acuerdo a los siguientes criterios mínimos:

a) Para el caso de las acciones, se deberá considerar criterios mínimos referentes al emisor, a los estados financieros auditados de los dos (2) últimos años, niveles mínimos de cobertura de gastos financieros, liquidez y solvencia. La Superintendencia determinará la metodología de cálculo de los indicadores mencionados, el nivel mínimo exigible de los mismos y otros factores que considerase necesarios.

b) Para las cuotas de Fondos de Inversión se deberán considerar criterios mínimos que determine la Superintendencia en relación a la estructura de diversificación de las inversiones, liquidez de los activos del Fondo de Inversión, características de administración, políticas y criterios de inversión y cumplimiento de los mismos, nivel de endeudamiento y otros que a solo arbitrio determine la Superintendencia.

Los metodología para la aprobación de estos Títulos Valores será determinada por la Superintendencia mediante circular.

SECCION II

APROBACIÓN DE TÍTULOS VALORES EMITIDOS POR EMISORES

EXTRANJEROS Y DE LAS EQUIVALENCIAS

 

Art. 207º OBLIGATORIEDAD DE CLASIFICACIÓN DE LOS TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA.- Los Títulos Valores representativos de deuda emitidos por emisores constituidos en el extranjero susceptibles de ser adquiridos con los recursos de los fondos deberán estar clasificados por entidades clasificadoras privadas internacionales autorizadas en la presente norma, debiendo considerar las AFP para efectos de inversión, la clasificación menor dentro de las clasificaciones efectuadas.

La clasificación mínima aceptable para Títulos Valores de Largo Plazo será BBB3 y Nivel 2 (N–2) para Títulos Valores de Corto Plazo, de acuerdo a las equivalencias establecidas en el presente reglamento.

 

Art. 208º APROBACIÓN DE ACCIONES.- Para la aprobación de las acciones emitidas por emisores constituidos en el extranjero, se establece como requisito que el emisor de las mismas realice oferta pública de dichas acciones en los mercados de New York Stock Exchange (NYSE) o International Londo Stock Exchange.

La Superintendencia podrá autorizar otros mercados, en consideración al menos de los sistemas de fiscalización, regulación requisitos de listado para los emisores, como también el riesgo país en los cuales se encuentran establecidos los mercados.

 

Art. 209º APROBACIÓN DE LAS CUOTAS DE FONDOS DE INVERSIÓN.- Las cuotas de Fondos de Inversión constituidos legalmente en el extranjero, deberán ser autorizadas por la superintendencia a solicitud de las AFP o de dichos fondos, de acuerdo a requisitos que determine la Superintendencia mediante circular y en base a la clasificación de riesgo país donde esté localizado dicho fondo o su matriz, mercados en los cuales se transan sus cuotas, los sistemas de regulación, control y fiscalización sobre el fondo, estructura de diversificación de inversiones, características de administración, políticas y criterios de inversión y cumplimiento de los mismos, niveles y políticas de endeudamiento, concentración y liquidez de las cuotas.

 

Art. 210º EQUIVALENCIAS EN LA CLASIFICACIÓN DE RIESGOS INTERNACIONALES.- Para efecto del presente reglamento se establece las siguientes equivalencias para las categorías y niveles de riesgo locales establecidos en los artículos 203 y 204.

CUADRO Nº 5

TÍTULOS VALORES DE CORTO PLAZO

 

NIVELES

LOCALES MOODYS S & P DUFF & PHELLPS IBCA

Nivel 1 (N–1)

Prime 1:

(P–1) A–1+ D–1

D–1

D–1 A1

Nivel 2

(N–2) Prime 2:

(P–2) A–1 D–3

D–2 A2

Nivel 3

(N–3) Prime 3:

(P–3) A–3 D–3 D–3 A3 A3

Nivel 4

(N–4) No Prime B D–4

C B

Nivel 5

(N–5) D D–5 C

CATEGORÍAS

LOCALES MOODYS S & P DUFF & PHELLPS IBCA

AAA

Aaa

AAA

AAA

AAA

AA1 Aa1 AA+ AA+ AA+

AA2 Aa2 AA AA AA

AA3 Aa3 AA– AA– AA–

A1 A+ A+ A+

A2

A2

A

A

A

A3 A3 A– A– A–

BBB1 Baa1 BBB+ BBB+ BBB+

BBB2 Baa2 BBB BBB BBB

BBB3 Baa3 BBB– BBB– BBB–

BB1

Ba1

BB+ BB+ BB+

BB2 Ba2 BB BB BB

BB3

Ba3 BB+ BB+ BB+

BB2 Ba2 BB BB BB

BB3

Ba3 BB–

BB–

BB–

B1 B1 B+ B+ B+

B2 B2 B B B

B3 B3 B– B– B–

C Caa CCC+ CCC CCC

D Ca C

C1 DD CC

E C D DP C

PARTE V

MERCADOS Y TRANSACCIONES

SECCION I

MERCADOS LOCALES

 

Art. 211º ASPECTOS GENERALES.- Las AFP se encuentran autorizadas a invertir los recursos de los FCI en Títulos Valores transados en mercados Primarios Locales y Mercados Secundarios Locales, de acuerdo a las normas establecidas en el presente reglamento.

 

Art. 212º BOLSAS DE VALORES LOCALES.- Para realizar las inversiones con los recursos de los Fondos, las AFP deberán constatar que las mismas se efectúen en Bolsas de Valores constituidas en Bolivia, que cumplan los requisitos establecidos en las normas legales vigentes y que no hayan sido sujetas a suspensión de licencia en los últimos cinco años. En caso de que una Bolsa tuviera una antigüedad menor a cinco años esta disposición se aplicará al período de funcionamiento de la misma.

SECCION II

TRANSACCIONES Y PROCEDIMIENTOS LOCALES

 

Art. 213º TRANSACCIONES EN MERCADOS SECUNDARIOS LOCALES.- Todas las transacciones de compra y venta de Títulos Valores con los recursos de los FCI deberán realizarse en Mercados Secundarios Locales de acuerdo a las normas vigentes y a las disposiciones establecidas en el presente reglamento.

 

Art. 214º TRANSACCIONES EN MERCADOS PRIMARIOS.- Sin perjuicio de lo anterior, los Títulos Valores representativos de deuda emitidos por el Tesoro General de la Nación o el Banco Central de Bolivia, cuotas de Fondos de Inversión y Títulos Valores Unicos emitidos por instituciones financieras bancarias podrán ser adquiridos en mercados primarios locales.

La Superintendencia deberá autorizar los Títulos Valores Únicos así como los mecanismos de transacción en estos mercados.

Por otra parte, cuando una sociedad anónima realice una nueva emisión de acciones, éstas podrán ser adquiridas, con recursos del FCI, al precio de suscripción de dicha emisión, las que deberán ser pagadas al contado, siempre que el derecho a suscribir naciera de la calidad de accionista que tenga dicho fondo.

 

Art. 215º AGENTE DE BOLSA.- Los Agentes de Bolsa elegibles para operar con las AFP, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Estar legalmente constituidos de acuerdo a norma vigente del mercado de valores.

b) Cumplir permanentemente las exigencias técnicas y patrimoniales establecidas por las normas de regulación vigentes del mercado de valores.

c) No haber sido sujetos a sanciones impuestas por la autoridad del mercado de valores por lo menos en los últimos tres (3) años de operaciones. En caso de tener una antigüedad menor de tres (3) años, esta disposición se aplicará al período en el que el Agente de Bolsa estuviere operando. Los Agentes de Bolsa elegibles para operar con las AFP.

Los Agentes de Bolsa para operar con las AFP deberán además proporcionar a la Superintendencia la información que ésta requiera, dentro del plazo que se fije para el efecto y mantener permanentemente una cuenta corriente con la Entidad de Custodia autorizada para operar con la AFP.

Será responsabilidad de las AFP velar por el cumplimiento del presente artículo.

 

Art. 216º FORMALIZACIÓN DE LAS TRANSACCIONES.- Todos los Títulos Valores adquiridos para el FCI deberán ser registrados, emitidos o transferidos a nombre del respectivo Fondo precedido por el nombre de la AFP correspondiente, ya sea en los registros electrónicos respectivos, en los títulos físicos o en los estados de cuenta que correspondan.

Se entenderá también que la inversión se encuentra registrada a nombre de la AFP y con la leyenda “Para el Fondo de Capitalización Individual”, precedida del nombre de la AFP, ya sea mediante el registro directo de la inversión a nombre del fondo de la Entidad de Custodia o mediante el registro indirecto con una anotación a nombre de la respectiva Entidad de Custodia.

Si el Título Valor fuese al portador, la transacción se formalizará a momento de la entrega física del Título Valor a la Entidad de Custodia con la cual opere la AFP.

 

Art. 217º INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS AFP.- Las AFP deberán proporcionar a la Superintendencia la información que ésta les solicite, respecto de las inversiones que realicen, en la oportunidad y los plazos que ésta fije para tal efecto.

Toda la documentación que respalde las operaciones correspondientes a la inversión que con recursos de los Fondos se realicen, deberá permanecer en poder de las AFP, por un período mínimo de dos años, a contar de la fecha a que se produzca el hecho que originó la emisión de dicha documentación.

SECCION III

MERCADOS AUTORIZADOS EN EL EXTRANJERO

 

Art. 218º MERCADOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS AUTORIZADOS EN EL EXTRANJERO.- Los FCI podrán operar en Mercados Primarios Extranjeros Autorizados por la Superintendencia mediante circular, sólo para el caso de la compra de cuotas emitidas por Fondos de inversión legalmente registrados y constituidos en el país de origen.

La compra y venta de Títulos Valores representativos de deuda deberán realizarse sólo en Mercados Secundarios Extranjeros Autorizados. Las AFP también podrán transar cuotas de fondos de Inversión en Mercados Secundarios Extranjeros Autorizados.

 

Art. 219º MERCADOS SECUNDARIOS AUTORIZADOS PARA LAS TRANSACCIONES DE ACCIONES DE EMISORES CONSTITUÍDOS EN EL EXTRANJERO.- Los Mercados Secundarios Extranjeros Autorizados para las transacciones de los FCI, en acciones de emisores constituidos en el extranjero, serán los mercados de New York Stock Exchange (NYSE) o International Londo Stock Exchange.

La Superintendencia podrá autorizar otros mercados en consideración a los sistemas de fiscalización, regulación, requisitos de listado para los emisores, como también el riesgo país en los cuales se encuentran establecidos los mercados.

SECCION IV

TRANSACCIONES Y PROCEDIMIENTO DE

 

LAS INVERSIONES EN EL EXTRANJERO

 

Art. 220º TRANSACCIONES.- Las transacciones en el extranjero deberán realizarse de conformidad a lo establecido en el presente articulo.

a) Todas las compras que realicen las AFP, con recursos de los FCI, deberán efectuarse a través de Mercados Primarios Extranjeros Autorizados, según corresponda.

La forma de los actos que sean necesarios para la compra y la venta de los Títulos Valores respectivos y el cumplimiento de las obligaciones que se hayan originado para tal motivo, se regulará por las leyes del país, donde ellas tengan lugar.

b) Todas las inversiones de los FCI deberán registrarse a su nombre, precedido por el nombre de la AFP correspondiente, ya sea en los registros electrónicos respectivos, en los títulos físicos o en los estados de cuenta que correspondan. Se entenderá también que la inversión se encuentra registrada a nombre de la AFP y con la leyenda “Para el Fondo de Capitalización Individual”, precedida del nombre de la AFP, ya sea mediante el registro directo de la inversión a nombre del fondo en la Entidad de Custodia o mediante el registro indirecto con una anotación a nombre de la respectiva Entidad.

c) Toda transacción de Títulos Valores que realicen las AFP con recursos de los Fondos en el extranjero, deberá ser grabada en medios magnéticos y deberá contar con al menos dos ofertas o posturas distintas de operadores externos, debiendo las AFP seleccionar la más baja en el caso de compra y la más alta en el caso de venta.

 

Art. 221º PROCEDIMIENTOS.- Las transacciones que la AFP efectúen en los Mercados Primarios Extranjeros Autorizados y Mercados Secundarios Extranjeros Autorizados, con recursos de los Fondos, deberán ser realizadas a través de los siguientes procedimientos no excluyentes entre sí, a elección de cada una de ellas.

a) Compra o venta directa a los Intermediarios, o a través de éstos en Bolsas de Valores a entidades contrapartes o a otras entidades que estén autorizadas a operar dentro de los Mercados Extranjeros Autorizados.

b) A través de un Mandatario que cumpla con los requisitos establecidos en la presente norma y que sea autorizado por la Superintendencia para que administre las transacciones de los Fondos en el extranjero.

c) En el caso de las cuotas de participación emitidas por Fondos de Inversión legalmente registrados y constituidos en el extranjero, éstas se podrán adquirir o vender, ya sea directamente el emisor o a través de Intermediarios o Mandatarios.

Salvo disposición expresa emitida por la Superintendencia, las transacciones de los Títulos Valores autorizados en la presente norma se sujetarán a las regulaciones sobre transacciones establecidas en el presente reglamento.

 

Art. 222º AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE INTERMEDIARIOS.- Las AFP no podrán operar en el extranjero, a través de los intermediarios, hasta recibir autorización expresa de la Superintendencia.

La Superintendencia creará el registro de intermediarios en el extranjero elegidos para operar con la AFP. Una vez que una entidad quede inscrita en el registro de intermediarios estará habilitada par celebrar un contrato con cualquier AFP.

La Superintendencia podrá solicitar información que considere relevante para mantener a un Intermediario en el registro.

 

Art. 223º REQUISITOS DE LOS INTERMEDIARIOS.- Las entidades que actuen como intermediarios, para las inversiones que se realicen con los recursos de los FCI en el extranjero, deberán cumplir, al menos con los siguientes requisitos:

a) Que sean personas jurídicas, que estén sometidos y constituidos a las regulaciones y normas de su país de origen.

b) Que exista separación patrimonial absoluta entre su propio patrimonio y los recursos del FCI que administren.

c) Que al momento de la firma del contrato respectivo con la AFP, se encuentren administrando, efectivamente, recursos de terceros equivalentes, a no menos de cinco mil millones de dólares de los Estados Unidos de América (U$s. 5.000.000).

d) Que tengan una experiencia, no inferior a diez años (10), en la prestación de servicios de administración de inversiones.

e) Que pertenezcan al registro de intermediarios de la Superintendencia mencionado en el articulo anterior.

El cumplimiento de los requisitos indicados anteriormente, se acreditará ante la Superintendencia mediante certificados otorgados por un auditor externo extranjero, legalmente constituido en su país de origen y que esté registrado ante los organismos regulatorios correspondientes. El informe deberá contener la opinión de los auditores respecto al cumplimiento de los requisitos mencionados y deberá incluir copia de los antecedentes y documentos que respalden tal opinión. El certificado de los auditores externos extranjeros deberá presentarse junto con la solicitud de inscripción de los Intermediarios.

Los contratos que se realicen entre las AFP y los Intermediarios deberán regirse por las leyes de la República de Bolivia y en su defecto por las vigentes en los países en los que estén estos Intermediarios constituidos. Los contratos deberán ser sometidos a la aprobación de la Superintendencia.

Los contratos realizados en el marco de leyes extranjeras deberán establecer cláusulas de equidad con los clientes locales.

 

Art. 224º AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE MANDATARIOS.- Las AFP no podrán operar en el extranjero, a través de los Mandatarios, hasta recibir autorización expresa de la Superintendencia.

La Superintendencia creará el registro de Mandatario en el extranjero elegibles para operar con las AFP. Una vez que una entidad quede inscrita en el registro de Mandatarios, estará habilitada para celebrar un contrato de administración de inversiones con cualquier AFP.

La Superintendencia podrá solicitar información que considere relevante para mantener a un Mandatario en el registro.

 

Art. 225º REQUISITOS DE LOS MANDATARIOS.- Las entidades que actúen como mandatarios para las inversiones que se realicen con los recursos de los FCI en el extranjero deberán cumplir, al menos con los siguientes requisitos:

a) Que sean personas jurídicas que estén sometidas y constituidas a las regulaciones y normas de su país de origen.

b) Que exista separación patrimonial absoluta entre su propio patrimonio y los recursos del FCI que intermedien.

c) Que al momento de la firma del contrato respectivo con la AFP, se encuentren administrando, efectivamente recursos de terceros equivalentes, a no menos de diez mil millones de dólares de los Estados Unidos de América (U$s. 10.000.000.000).

d) Que tengan una experiencia, no inferior a diez años, en la prestación de servicios de administración de inversiones.

e) Que pertenezcan al registro de Mandatarios de la Superintendencia mencionado en el artículo anterior.

El cumplimiento de los requisitos indicados anteriormente se acreditará ante la Superintendencia, mediante certificados otorgados por un auditor externo extranjero constituido legalmente en el país de origen, y que esté registrado ante los organismos regulatorios correspondientes, El informe deberá contener la opinión de los auditores respecto al cumplimiento de los requisitos mencionados y deberá incluir copia de los antecedente y documentos que respalden tal opinión. El certificado de los auditores externos extranjeros deberá presentarse junto con la solicitud de inscripción de los Mandatarios.

Los contratos que se realicen entre las AFP y los Mandatarios deberán regirse por las leyes de la República de Bolivia y en su defecto por las vigentes en los países en los que estén estos Mandatarios constituidos. Los contratos deberán ser sometidos a la aprobación previa de la Superintendencia.

Los contratos realizados en el marco de leyes extranjeras deberán establecer cláusulas de equidad con los clientes locales.

 

Art. 226º DISPOSICIONES CONTRACTUALES.- En caso de que las AFP operen a través de un Mandatario, las estipulaciones del acuerdo entre las AFP y la entidad que presta el servicio se establecerán en un contrato escrito, copia del cual deberá ser remitido a la Superintendencia, en el plazo de quince días (15) a contar de la fecha de su firma debidamente traducido al español y legalizado, según corresponda. Dicho contrato deberá contener, al menos las siguientes estipulaciones:

a) La obligación del Mandatario de efectuar las transacciones para los Fondos, a través de los Mercados Secundarios Autorizados y en concordancia con las regulaciones de inversiones de los Fondos en el extranjero.

b) Las obligaciones del Mandatario de circunscribirse a las normas de inversión prohibiciones y toda la regulación vigente establecida en la Ley de Pensiones y sus reglamentos que tengan que ver con la adquisición de Títulos Valores que estén aprobados por la Superintendencia.

c) La obligación del Mandatario de actuar, de acuerdo a las instrucciones precisas que le da las AFP en cuanto a porcentajes y plazos máximos en que deberán ser enajenados determinados Títulos Valores, a fin de eliminar los excesos de inversión en conformidad a lo establecido en la presente norma.

d) La obligación del Mandatario de enviar a las AFP la confirmación que le sea entregada por la contraparte, ya sea comprador o vendedor, en su caso al perfeccionar cualquier transacción.

e) La obligación del Mandatario de enviar a la AFP información con la periodicidad que determine la Superintendencia por circular, relativa a la composición de las inversiones del FCI, que estén siendo administrados por él.

f) La duración y costo del servicio o servicios según corresponda.

g) La declaración explícita del Mandatario de que cumplirá con todas las disposiciones que establece la Ley de Pensiones y la reglamentación correspondiente a las transacciones de los Fondos en el extranjero que afecten su proceder como Mandatario.

La relación contractual entre la AFP y sus Mandatarios no puede incluir, por parte de la primera estipulaciones que restrinjan la libre elección, de los métodos de inversión.

Será responsabilidad de las AFP establecer todas las disposiciones contractuales adicionales que estime necesarias y que no contravengan los dispuesto en la legislación y normas complementarias vigentes, a fin de resguardar la seguridad y eficiencia en la administración de las inversiones de los FCI, en los Títulos Valores extranjeros permitidos de adquirir, con recursos del FCI administrado.

 

Art. 227º GASTOS DE MONETIZACIÓN DE LOS TÍTULOS VALORES DEL FCC.- Los gastos derivados de la monetización de la cartera original del FCC, serán pagados con recursos de estos fondos.

Los mencionados gastos serán compartidos por igual entre los FCC administrados por las AFP, independientemente de cual de ellas lidere las operaciones de monetización.

 

El presupuesto de monetización de los Títulos Valores de la cartera original del FCC, de acuerdo a las modalidades establecidas en el presente reglamento, deberá ponerse en conocimiento de la Superintendencia. La Superintendencia tendrá la facultad de aprobar o rechazar el presupuesto propuesto.

 

Art. 228º INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS AFP.- Las AFP deberán proporcionar a la Superintendencia la información que ésta les solicite, respecto de las inversiones que realicen en los Títulos Valores y operaciones autorizadas en el presente título, en la oportunidad y los plazos que éste fije para tal efecto.

Toda la documentación que respalde las operaciones correspondientes a la inversión que, con recursos de los Fondos se realicen en el extranjero, deberá permanecer en poder de la AFP, por un periodo mínimo de dos (2) años, a contar de la fecha a que se produzca el hecho que originó la emisión de dicha documentación.

PARTE VI

INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE EMISORES

CONSTITUIDOS EN EL EXTERIOR

 

Art. 229º TIPOS GENÉRICOS DE TÍTULOS VALORES AUTORIZADOS.- Los recursos del FCI, sólo podrán ser invertidos en los siguientes tipos genéricos de Títulos Valores emitidos por emisores constituidos en el extranjero.

a) Títulos Valores representativos de deuda emitidos o garantizados por Estados extranjeros y bancos centrales extranjeros o sus equivalentes.

b) Títulos Valores representativos de deuda emitidos por organismos internacionales.

c) Títulos Valores de deuda emitidos por empresas extranjeras.

d) Cuotas de fondos de Inversión extranjeros.

e) Acciones de empresas extranjeras.

f) Otros, Títulos Valores autorizados expresamente por la Superintendencia.

 

Art. 230º LÍMITES POR TIPO GENÉRICO DE TÍTULO VALOR.- La suma de las inversiones con recursos de los FCI, en los tipos genéricos de Títulos Valores, referidos en el artículo anterior de esta reglamentación no podrán exceder el límite de inversión máximo, establecido por el Directorio del Banco Central de Bolivia en el rango determinado por la Ley de Pensiones y el presente reglamento. Asimismo, la suma de las inversiones con recursos del FCI, en acciones emitidas por empresas y cuotas de Fondos de Inversión constituidos en el extranjero no podrá exceder el sub–límite de cuarenta por ciento del límite máximo establecido por las inversiones en el extranjero.

 

Art. 231º LÍMITES DE INVERSIÓN POR EMISOR.- Las inversiones con recursos de los FCI, además de cumplir los límites por tipo genérico de Título Valor deberán cumplir los siguientes límites por emisor.

a) Las inversiones en un mismo Estado extranjero emisor de Títulos Valores de riesgo soberano o en un mismo organismo internacional clasificados con una categoría mínima AAA en el caso de Títulos Valores de Largo Plazo o nivel 1 (N-1) en el caso de los Títulos Valores de Corto Plazo no deberán exceder del diez por ciento del valor del FCI.

b) La suma de las inversiones en Títulos Valores representativos de deuda emitidos o garantizados por un mismo Estado extranjero, o por un mismo organismo internacional no mencionados en el párrafo anterior, así como por un mismo banco central extranjero o su equivalente no podrá exceder el cinco por ciento (5%) del valor del FCI.

c) La suma de las inversiones con recursos de un FCI en Títulos Valores representativos de deuda y acciones de una misma empresa, constituida en el extranjero, no podrá exceder el dos por ciento del valor del FCI.

d) La suma de las inversiones con recursos de un FCI en cuotas de un mismo Fondo de Inversión constituido en el extranjero, no podrá exceder el tres por ciento (3%) del valor del FCI, ni el dos por ciento (2%) del valor del Fondo de Inversión.

 

Art. 232º LÍMITES POR CATEGORÍA Y NIVELES DE RIESGO.- Las inversiones realizadas con los recursos del FCI en Títulos Valores representativos de deuda de emisores constituidos en el extranjero estarán sujetos a los siguientes límites por categoría y niveles de riesgo de acuerdo a las equivalencias establecidas en el presente reglamento.

a) Las inversiones en Títulos Valores de Largo Plazo, clasificados en categoría de riesgo BBB1, BBB2, BBB3, no podrán exceder el treinta por ciento (30%) del límite máximo para las inversiones en el extranjero.

b) Las inversiones en Títulos Valores de Corto Plazo, clasificados en nivel de riesgo (N-2), no podrán exceder el veinte por ciento (20%) del límite máximo fijado para las inversiones en el extranjero.

En ningún caso se podrán realizar inversiones con los recursos de los FCI en Títulos Valores de Largo Plazo clasificados en categorías de riesgo inferiores a BBB3, ni en Títulos Valores de Corto Plazo clasificados en niveles inferiores a Nivel 2 (N-2).

PARTE VII

CUSTODIA DE TITULOS VALORES

 

Art. 233º OBLIGATORIEDAD DE CUSTODIA.- Como mínimo el noventa y cinco por ciento (95%) del valor de los Fondos, expresado en Títulos Valores, deberán mantenerse en entidades de custodia global en adelante Entidad de Custodia, según lo dispuesto en la presente norma.

 

Art. 234º MARCO REGULATORIO.- La Entidad de Custodia que opere con las AFP, además de lo establecido en las normas que regulan su funcionamiento deberá cumplir las disposiciones de la Ley de Pensiones y normas del presente reglamento.

 

Art. 235º RELACIÓN CONTRACTUAL AFP – ENTIDAD DE CUSTODIA.- Sólo las AFP deberán suscribir los contratos con la Entidad de Custodia, independientemente de las modalidades de inversión con la que dicha AFP opere.

Los contratos deberán ser previamente aprobados por la Superintendencia y contener al menos los siguientes servicios: Depósito, liquidación, compensación, cobro de ingresos de los Títulos Valores, información empresarial y reportes.

Sin perjuicio de lo anterior el contrato deberá contener además, las siguientes estipulaciones:

a) Que la Entidad de Custodia seguirá las instrucciones que emanen de las AFP o del o los Mandatarios que ella designe.

b) Que las cláusulas sobre termino de contrato prevean que los Títulos Valores de los Fondos no queden en ningún momento sin el adecuado servicio de custodia.

c) Que la Entidad de Custodia queda obligada a mantener los recursos o Títulos Valores de los Fondos disponibles a simple solicitud de las AFP o sus Mandatarios.

 

Art. 236º REGISTRO DE TRANSACCIONES.-

a) Todas las inversiones de los FCI deberán registrarse a su nombre precedida por el nombre de la AFP ya sea en los registros electrónicos respectivos en los títulos físicos o en los estados de cuenta que correspondan. Se entenderá también que la inversión se encuentra registrada a nombre de la AFP y con la leyenda “Para el Fondo de Capitalización Individual”, precedida del nombre de la AFP, ya sea mediante el registro directo de la inversión a nombre de dicho fondo en la Entidad de Custodia, o mediante el registro indirecto con una anotación a nombre de la respectiva entidad.

b) Las AFP no podrán pagar lo convenido en una inversión, sin haber recibido, por medios físicos, electrónicos o documento legal fehaciente, en la cuenta de la Entidad de Custodia los Títulos Valores correspondientes a ella. Se entenderá también que la entrega de los Títulos Valores que hayan tenido lugar cuando la entidad que realice la custodia haya anotado en sus registros, a nombre de los respectivos FCI de la correspondiente inversión o haya recibido confirmación electrónica de la transacción. Salvo lo procedimentalmente aceptado en el país en el cual la transacción tiene lugar.

c) La AFP al vender los Títulos Valores de los Fondos, no podrá hacer entrega de los mismos, sin haber recibido el pago del precio convenido. Salvo lo procedimentalmente aceptado en el país en el cual la transacción tiene lugar.

 

Art. 237º SEPARACIÓN DE LAS CUENTAS DE CUSTODIO.- Cuando se depositen Títulos Valores del FCI y del FCC, se entenderá que los depositantes son los Fondos, quedando obligada la Entidad de Custodia a llevar cuentas individuales separadas por cada fondo y AFP que administra dichos Fondo, la Entidad de Custodia deberá proveer un número de cuenta previamente al inicio de operaciones de la misma.

 

Art. 238º CUSTODIA REQUERIDA.- Se entenderá por custodia requerida al porcentaje mínimo del valor del Fondo, expresado en Títulos Valores que deberá mantenerse en custodia.

A partir de la fecha de Inicio, la custodia requerida será noventa y cinco por ciento (95%). Le medición de la custodia requerida, en cualquier día, deberá mostrar que el promedio de custodia de los últimos treinta (30) días, incluido el día de medición, resulta al menos el porcentaje de la custodia requerida.

Para fines de medición de la custodia requerida, serán considerados Títulos Valores los depósitos a plazo cuya duración remanente sea igual o superior a los siete (7) días.

Las AFP podrán presentar déficit de custodia debido exclusivamente al tiempo efectivo que demande la formalización de las transacciones, el pago de intereses y de dividendos.

Las AFP son las responsables, ante la Superintendencia de dar cumplimiento a las estipulaciones del presente artículo.

 

Art. 239º INFORMACIÓN DE LA CUSTODIA.- Las AFP y la Entidad de Custodia comunicarán a la Superintendencia, con carácter diario y al menos mensual respectivamente, la información que se detalla a continuación:

a) Código identificatorio de los Títulos Valores, bajo custodia.

b) Monto en custodia, valorizado según lo dispuesto mediante circular de la Superintendencia.

c) Total unidades nominales en custodia por Título Valor específico.

d) Extractos a la fecha de las cuentas corrientes mantenidas en la Entidad de Custodia.

e) Monto por concepto de:

1) Ingresos a custodia.

2) Egresos de custodia.

f) Total unidades nominales por Título Valor específico por concepto de:

1) Ingresos a custodia.

2) Egresos a custodia.

g) Cortes de cupón y reportes de dividendos.

h) Solo las AFP deberán comunicar la estructura del portafolio de los Fondos.

i) Cualquier otra información que solicite la Superintendencia con la periodicidad que la misma disponga.

 

Art. 240º RESPONSABILIDAD DE LAS AFP SOBRE LOS MOVIMIENTOS DE LOS TÍTULOS VALORES CUSTODIADOS.- El control del vencimiento, cobro de intereses, cobro de cupones, notificaciones, rescate anticipado, cualquier otro cobro que originen los Títulos Valores y demás operaciones relacionadas con el control de servicio serán de responsabilidad exclusiva de la AFP.

Sin perjuicio de lo antes señalado, la Entidad de Custodia podrá con autorización expresa de las AFP, hacer efectivos los derechos patrimoniales de los Fondos que deriven de los Títulos Valores recibidos en custodia.

Asimismo, la Entidad de Custodia podrá efectuar el corte de cupones y certificar la tenencia de los Títulos Valores respectivos.

 

Art. 241º INFORMACIÓN DE CUSTODIA MÍNIMA.- La Superintendencia determinará, mediante circular, un monto mínimo de custodia para cada Fondo administrado. En el evento que el nivel mínimo sea vulnerado, la Entidad de Custodia, deberá notificar del hecho a la Superintendencia, en el día que tome conocimiento del hecho.

 

Art. 242º ACCESO A INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD DE CUSTODIA.- Las Entidades de Custodia, deberán permitir el acceso de los funcionarios de la Superintendencia u otros pertenecientes a cualquier otra entidad que el ente fiscalizador disponga, a toda cuenta, registro o documento en que consten las inversiones de los Fondos, con el único propósito de colaborar con la Superintendencia en sus labores de fiscalización.

 

Art. 243º SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD DE CUSTODIA.- Cuando a la Entidad de Custodia se le revocare su autorización de existencia o se disuelva por cualquier causa, la Superintendencia dispondrá el traspaso transitorio de la cartera de valores en custodia a otra Entidad de Custodia autorizada por la Superintendencia.

 

Art. 244º COMUNICACIÓN SOBRE DISPONIBILIDADES DE ACEPTAR TÍTULOS VALORES EN CUSTODIA.-En el evento de que las Entidades de Custodia, por cualquier causa prevean que en cualquier plazo estarán imposibilitadas a ingresar Títulos Valores pertenecientes a los Fondos tal previsión deberá ser comunicada a la Superintendencia antes de que suceda dicho evento. Si la Entidad Custodia de manera imprevista no puede continuar ingresando Títulos Valores pertenecientes a los Fondos deberá comunicar en menos de un (1) día hábil a la Superintendencia dicha situación.

 

Art. 245º EXCLUSIVIDAD TEMPORAL DE LA ENTIDAD DE CUSTODIA PARA EL FCC Y FCI.- El gobierno de Bolivia, está facultado a determinar el plazo inicial de exclusividad de cinco (5) años a contar de la Fecha de Inicio y determinar las condiciones para el servicio de custodia por parte de la Entidad de Custodia. Las AFP celebrarán contratos de custodia únicamente con la citada entidad.

Ante cualquier causa que origine la suspensión de la Entidad de Custodia o un semestre antes del fenecimiento del plazo de exclusividad mencionado, las AFP bajo la supervisión de la Superintendencia harán una licitación pública internacional para otorgar la exclusividad de servicios de custodia global de las AFP, válida para el próximo trienio. En la mencionada licitación podrá participar la entidad autorizada para el periodo que termina. Cada semestre anterior al fenecimiento del plazo de exclusividad, las AFP bajo la supervisión de la Superintendencia procederán a realizar una licitación pública internacional para otorgar exclusividad en la prestación de servicios de custodia global para el próximo trienio.

 

Art. 246º CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE ENTIDADES DE CUSTODIA.- Los criterios para licitar pública e internacionalmente los servicios de custodia global, serán los siguientes:

a) Tener un monto mínimo equivalente a setenta y cinco mil millones de dólares estadounidenses (US$ 75.000.000.000) bajo su custodia.

b) Tener por lo menos quince (15) años de experiencia en el sector.

c) Tener una cobertura geográfica de al menos cincuenta (50) países.

d) Tener una clasificación mínima de A, en sus Títulos Valores de Largo Plazo de acuerdo a las equivalencias establecidas en la presente norma.

 

Art. 247º INGRESO Y EGRESO DE TÍTULOS VALORES.- Las AFP se regirán de acuerdo a las cláusulas estipuladas en el acuerdo general de provisión de servicios dictada por la respectiva Entidad de Custodia en todos aquellos aspectos que no se contrapongan con la normativa que rige a las AFP.

 

Art. 248º TARIFAS.- Las tarifas que cobre la Entidad de Custodia por los servicios contractualmente detallados en el proceso de licitación aprobado por la Superintendencia serán homogéneas para todas las AFP participantes y se harán efectivas con recursos de los Fondos.

Todo servicio adicional que brinde la Entidad de Custodia a las AFP, no mencionado en el contrato de custodia resultado del procedimiento mencionado en el párrafo anterior, será a cargo de la AFP que requiera dichos servicios.

El pago de las tarifas a las Entidades de Custodia serán de responsabilidad de las AFP.

 

Art. 249º LIBERTAD DE ELECCIÓN DE MODALIDADES DE INVERSIÓN.- Las cláusulas de los contratos AFP Entidad de Custodia deberán ser compatibles con la libre elección por parte de las AFP de las modalidades de inversión reglamentariamente permitidas. Tales cláusulas también deberán ser compatibles con la libre elección por parte de las AFP de los Agentes de Bolsa, Intermediarios o Mandatarios.

 

Art. 250º EXTRAVÍO DE TÍTULOS VALORES.- En caso de extravío de un Título Valor correspondiente a una inversión de uno de los Fondos que no se encuentre en custodia, la AFP deberá obtener un duplicado y comunicar el hecho en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas.

PARTE VIII

VALORACIÓN

 

Art. 251º GENERALIDADES.- Las AFP deberán valuar los Fondos que administran, según lo establecido en el presente reglamento.

La valoración de los Fondos será efectuada diariamente tomando en cuenta la totalidad de activos que los componen a precios de mercado. La valoración del FCI, determinará el valor de la cuota de este Fondo.

La Superintendencia, mediante norma de aplicación general, instruirá los procedimientos de valoración de Títulos Valores en base a la naturaleza de los mismos y la periodicidad de las transacciones.

Para fines del cumplimiento de sus labores de fiscalización, la Superintendencia deberá también valuar independientemente, las carteras de los Fondos encargadas en su administración a las AFP, a objeto de verificar el cumplimiento de los procedimientos impuestos a las administradoras.

 

Art. 252º VALORACIONES DEL FCI.- El valor del FCI será la sumatoria de los valores individuales de cada Titulo Valor que constituye la cartera de dicho fondo, expresado en bolivianos, adicionada a las tenencias monetarias en recursos de alta liquidez.

 

Art. 253º FUENTES.- Para la valoración del FCI se tomarán las siguientes fuentes:

a) En el mercado local, se tomará la información pública, generada por las Bolsas de Valores locales elegidas por la superintendencia. Se establecerá por circular los precios a utilizarse tanto para Títulos Valores transados como para los no transados.

b) En los mercados extranjeros tanto para las inversiones en Títulos Valores representativos de deuda como de capital, será válida la cotización “de mercado” de una agencia informativa financiera determinada por la Superintendencia.

c) Información oficial proporcionada por las entidades bancarias y entidades de Custodia de los saldos en los recursos de alta liquidez.

 

Art. 254º VALORACIÓN DEL FCC.- El valor del FCC será la sumatoria de los valores individuales de los activos resultantes del proceso de capitalización de conformidad a la Ley 1544 adicionados al valor de las cuotas del FCI cuando corresponda.

En tanto no se transen al menos el 5% de las acciones de las empresas públicas capitalizadas, el valor de cada una de estas, tendrá como referente el monto determinado en el proceso de capitalización.

Cuando al menos el cinco por ciento 5% de las acciones de una empresa capitalizada sea monetizada, el nuevo precio para las acciones de este emisor, será el de colocación o cotización bursátil de las mismas.

 

Art. 255º CONVERTIBILIDAD.- Para efectos del presente título, la Superintendencia determinará los tipos de cambio para las inversiones en otras monedas respecto de la moneda basada en los siguientes criterios:

Para el tipo de cambio oficial entre el dolar estadounidense y el boliviano, la referencia será el precio de venta dado a conocer el mismo día de la valoración por el Banco Central de Bolivia.

Para convertir otras monedas al dólar estadounidense se tomará la información de cotizaciones de “mercado” de cualquier agencia informativa financiera autorizada por la Superintendencia. El referente será el precio de compra de la moneda en cuestión conocido a la hora que determine la Superintendencia mediante circular.

 

Art. 256º VALOR DE LAS CUOTAS DEL FCI.- El valor de las cuotas del FCI expresado por lo menos con cuatro decimales, será el cociente entre el valor – del FCI, expresado en bolivianos y el número de cuotas del fondo al momento del cierre de las operaciones diarias.

 

Art. 257º VALOR DE LA CUENTA INDIVIDUAL.- La sumatoria del valor de las cuotas de cada Afiliado constituye el valor de la cuenta individual del mismo.

 

Art. 258º RENTABILIDAD DE LAS CUOTAS.- La rentabilidad nominal, en bolivianos de las cuotas del FCI relevante para un período elegido cualquiera, será el cociente entre la variación del valor terminal e inicial de la cuota y el valor inicial de la cuota. La rentabilidad real en bolivianos, de las cuotas del FCI, relevante para un período elegido cualquiera será el cociente entre uno (1) más la rentabilidad nominal y uno (1) más la tasa de variación del IPC, todo menos uno (1).

 

Art. 259º VALOR INICIAL DE LAS CUOTAS DEL FCI.- El valor inicial unitario, en el primer día de operación de una AFP para las cuotas del FCI, será otorgado por la Superintendencia y será un múltiplo de diez (10), simétrico para todas las AFPs.

 

Art. 260º VALORACIÓN DE LAS CUOTAS.- A partir del segundo día de operaciones de una AFP, las cuotas del FCI se valuarán al cierre de cada día.

PARTE IX

RECURSOS DE ALTA LIQUIDEZ

 

Art. 261º GENERALIDADES.- Las AFP podrán mantener recursos de alta liquidez en cuentas corrientes, cuentas corrientes de inversión automática overnight y en depósitos a plazo, con recursos de los Fondos. Las cuentas de inversión automática y depósitos a plazo deberán ser mantenidos en la misma Entidad de Custodia con la cual operen las AFP. Los recursos de estas cuentas y depósitos provendrán del producto de las ventas de Títulos Valores de los Fondos, los intereses y dividendos generados por los Títulos Valores, así como el producto de cualquier otro ingreso por concepto de administración de cartera.

Las cuentas corrientes también podrán ser abiertas en entidades bancarias nacionales autorizadas por la Superintendencia, para captar los depósitos iniciales y transitorios de la totalidad de las cotizaciones de los Afiliados, el producto de las sanciones pecuniarias y otros ingresos no provenientes de la administración de cartera, así como para administrar los recursos destinados al pago de beneficios del SSO y los Beneficios de la Capitalización. Los recursos acumulados en estas cuentas deberán ser transferidos a las cuentas de administración de cartera en la Entidad de Custodia en los plazos y condiciones que determine la Superintendencia mediante circular.

Las cuentas corrientes deberán estar abiertas a nombre del FCC y del FCI según corresponda, precedido del nombre de la AFP que lo administre.

 

Art. 262º PERSONAS AUTORIZADAS A MANEJAR LAS CUENTAS.- Las AFP deberán hacer conocer a la Superintendencia el nombre de las personas cuyas firmas estén autorizadas y registradas como válidas para la emisión de cheques. Tal información deberá ser actualizada, siempre que las AFP dispongan cambios en el listado de firmas.

 

Art. 263º EXCLUSIVIDAD DE LAS CUENTAS.- Las AFP están estrictamente prohibidas de utilizar los recursos de las cuentas corrientes de los Fondos para efectuar depósitos o pagos distintos a los correspondientes a los Fondos.

 

Art. 264º MEDIDAS PRECAUTORIAS.- Sobre las cuentas corrientes bancarias, mantenidas a nombre de cada uno de los Fondos por una AFP, no podrá decretarse medidas precautorias, excepto las contempladas en la Ley de Pensiones.

 

Art. 265º LÍMITES PARA LA CUANTÍA DE RECURSOS DE ALTA LIQUIDEZ.- De la totalidad del valor del FCI, administrado por una AFP, solo un cinco por ciento (5%) podrá ser mantenido en recursos de alta liquidez de acuerdo a lo que se establece en la presente norma.

 

Art. 266 DESTINO DE LOS EVENTUALES INTERESES.- Todos los intereses que eventualmente pudiera generar los recursos de alta liquidez a nombre de uno de los fondos, serán de propiedad del fondo correspondiene.

 

Art. 267 GASTOS DE TRANSACCION.- Las AFPs podrán descontar los Gastos de Transacción de los Fondos correspondientes de conformidad a los plazos y condiciones estabblecidos por la Superintendencia.

 

Art. 268 DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACION.- Las AFPs deberán disponer de los mecanismos relevantes paraa recibir paraa si y suministrar a la Superintendencia información completa y diaria sobre los movimientos en las cuentas bancarias.

PARTE X

EXCESOS DE INVERSION

 

Art. 269 EXCESOS DE INVERSION INVOLUNTARIOS.- Para efectos del presente reglamento, se consideran excesos de inversión involuntaria, cuando una AFP no cumpla con los límites de inversión con los recursos del FCI por alguna de las siguientes causales:

a) Por un cambio en la clasificación de riesgo de Títulos Valores que se encuentran en la cartera del FCI.

b) Por un cambio en los límites de inversión

c) Por conductas del emisor

d) Por fluctuaciones del mercado

e) Por cualquier otra causa que a juicio de la Superintendencia afecta a todos los FCI por igual

La Superintendencia deberá llevar un control y seguimiento diario de los excesos de inversión y sus regulaciones.

 

Art. 270º PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE LOS EXCESOS INVOLUNTARIOS.- En el evento de que la inversión realizada con recursos del FCI, en Títulos Valores de emisores constituidos en Bolivia o en el extranjero, sobrepase los límites de inversión autorizados, este exceso deberá ser contabilizado en una cuenta contable especial del FC y la AFP no podrá realizar nuevas inversiones en los mismo Títulos Valores o emisores afectados por el exceso mientras dicha situación se mantenga.

 

Art. 271º EXCESOS DE INVERSION INVOLUNTARIOS POR TIPOS GENERICOS DE TITULOS VALORES Y POR EMISORES.- Los accesos de inversión a los límites por tipo genérico de Título Valor, que en conjunto no superen el cinco por ciento (5%) del valor del FCI, podrán mantenerse hasta el momento en que la AFP estime obtener la máxima recuperación de los montos invertidos. Los excesos que superen el cinco por ciento (5%) del valor del FCI deberán eliminarse dentro del plazo que determine la Superintendencia.

Si el exceso se produjera por un cambio en los límites por tipo genérico de Título Valor, la Superintendencia determinará nuevos porcentajes y plazos para su regularización.

En el evento de que sobrepase un límite de inversión por emisor, en más de un veinte por ciento (20%) del límite máximo permitido, el exceso deberá eliminarse dentro de tres (3) años, contando desde la fecha en que se produjo.

 

Art. 272º EXCESOS DE INVERSION ORIGINADOS POR OTRAS CAUSAS.- Para efectos de este reglamento se entenderá por excesos de inversión, originados por otras causas, al incumplimiento por parte de la AFP, respecto de los límites de inversión por Título Valor y/o por emisor, por razones distintas a las mencionadas en el artículo 269 del presente reglamento.

 

Art. 273º TRATAMIENTO DE EXCESOS DE INVERSION ORIGINADOS POR OTRAS CAUSAS.- En caso de presentarse un exceso de inversión, originado por otras causas, la AFP deberá reembolsar el monto de la misma al FCI en caso de pérdida. Si existiera un superávit o beneficio en este proceso, los mismos deberán ser integrados al FCI.

 

Art. 274º CONTABILIZACIÓN DE LOS EXCESOS DE INVERSIÓN.- Las AFP que incurran en excesos de inversión deberán contabilizar los mismos en una cuenta especial del FCI para la cual se deberán habilitar subcuentas por cada tipo de inversión excedida sea por Título Valor o por emisor. Asimismo deberá habilitarse un registro auxiliar que deberá contener, en detalle, los Títulos Valores representativos del exceso de inversión y cualquier otra información complementaria que solicite la Superintendencia por norma general.

Adicionalmente, se deberá registrar el saldo actualizado para cada Título Valor que dio origen al exceso, y la fecha en que se produjo el exceso.

En el evento de que no se posible identificar los Títulos Valores representativos del exceso de inversión, en razón a que la causa que originó dicho exceso así lo justifique, deberá registrarse en el auxiliar, la identificación de los emisores o del tipo de Titulo Valor, causante del exceso de inversión y sus correspondientes saldos.

 

Art. 275. (RESPONSABILIDAD DE LAS AFP).- Sin perjuicio de las sanciones establecidas mediante el reglamento respectivo, las AFP son responsables por las pérdidas y gastos derivados por la contravención de las normas establecidas en el presente título, debiendo cubrir con sus propios recursos todas las pérdidas y gastos.

Las sanciones se aplicarán de acuerdo a las causales que originaron el exceso en base al reglamento.

PARTE XI

CONFLICTO DE INTERESES

 

Art. 276º PRINCIPIOS RECTORES DE LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS.- Las AFP, en relación a las inversiones de los Fondos que administran, están obligadas a buscar la adecuada rentabilidad y seguridad, con arreglo al principio de distribución de riesgos, preservando siempre el interés e integridad del patrimonio de los Fondos.

Las AFP están obligadas, en todo momento, a respetar y hacer prevalecer los intereses de los Fondos sobre los suyos. Cuando intervengan en la compra o venta de Títulos Valores deberán velar primero por los intereses de los Fondos procurando que en las transacciones se obtenga siempre el mayor beneficio o ventaja posible para éstos, antes que para sus propias inversiones e intereses.

Ante el potencial Conflicto de Intereses es responsabilidad de la AFP consultar con la Superintendencia para la aprobación o rechazo de la acción generadora del conflicto, antes de tomar la decisión de proceder con la misma.

Las personas naturales o jurídicas que a criterio de la Superintendencia, hubieran obtenido ventajas o beneficios para sí o para terceros provenientes de actos, omisiones o de su situación en relación con la administración de los Fondos, así como de la prestación de servicios a los Afiliados o Beneficiarios de la Capitalización, están obligadas a aprobar que sus actos, omisiones o situación no hubieren generado el conflicto de interés, cuya existencia presume la Superintendencia. En ningún caso de conflicto de interés, la Superintendencia correrá con la carga de la prueba.

 

Art. 277º BENEFICIOS PARA LAS AFP.- Las AFP o Personas Relacionadas a esta no pueden obtener beneficios directos o indirectos relacionados al objeto social único de las AFP excepto por:

a) Las Comisiones establecidas en el artículo 32 de la Ley de Pensiones.

b) Beneficios por las inversiones contempladas en el inciso d) del artículo 30 de la Ley de Pensiones.

c) Aquellos beneficios provenientes de los contratos establecidos con Entidades Aseguradoras para cubrir las prestaciones de invalidez y muerte por Riesgo Común y Riesgo Profesional.

 

Art. 278º INFORMACIÓN PRIVILEGIADA.- Los Accionistas, Gerentes, Directivos en general apoderados y Personas Relacionadas con inversiones de la AFP, así como cualquier otra persona que po cualquier motivo tenga acceso a Información Privilegiada referente a las operaciones o políticas o estrategias de inversión de los Fondos, deberán guardar reserva respecto a la misma.

Asimismo, a todas las personas señaladas en el párrafo anterior les está prohibido valerse de la referida información, directa o indirectamente, en beneficio propio, de Personas Relacionadas y de terceros.

Esta norma se hace extensiva a los funcionarios de la Superintendencia en cumplimiento de sus funciones de fiscalización, y profesionales o personas contratadas por la misma.

 

Art. 279º CONTRATOS.- Los contratos que deben suscribir las AFP con los Intermediarios, Mandatarios o Agentes de Bolsa, establecidos en el presente reglamento además deben incluir los siguientes aspectos:

a) El conocimiento, por parte del Intermediario, Agentes de Bolsa o Mandatario de los límites de inversión por tipo de Título Valor, emisor y otras especificaciones de establecidas en el presente reglamento.

b) La prohibición expresa del Agente de Bolsa, Intermediario o Mandatario, para adquirir para si o para Personas Relacionadas los Títulos Valores de los Fondos cuya negociación haya sido encomendada por la AFP respectiva.

c) Otras que asignen seguridad y eficiencia a las inversiones de los Fondos, así como al cumplimiento de las disposiciones legales en el país donde el cumplimiento del contrato se aplique.

d) El compromiso por el contrato de cumplir con todas y cada una de las normas de la Ley de Pensiones, reglamentos y otras normas, incluyendo específicamente las relativas al conflicto de interés.

 

Art. 280º PROVISIÓN DE SERVICIOS A LAS AFP.- Ningún servicio para las AFP deberá ser provisto a Precios Perjudiciales.

Los socios de una AFP y sus Personas Relacionadas, están autorizados a prestar servicios ordinarios a la AFP, mientras el precio del servicio no sea un Precio Perjudicial. Esta disposición rige para todos los casos, excepto aquellos expresamente prohibidos por la Ley de Pensiones.

Cuando las Entidades Aseguradoras, clasificadoras de riesgo o agencias de bolsa nacionales sea por sí o mediante terceras personas, no sean accionistas de una AFP o se encuentren exentas de vinculación patrimonial podrán prestar todos los servicios previstos en la Ley de Pensiones y en el presente reglamento a las AFP.

 

Art. 281º TRANSACCIONES.- Las AFP podrán invertir los recursos de los Fondos en Títulos Valores emitidos por sus proveedores de servicios siempre que el precio del servicio que esté prestando a la AFP no sea un Precio Perjudicial.

Las AFP podrán adquirir o vender, con recursos de los Fondos, Títulos Valores de/a carteras que sus Intermediarios Mandatarios o Agentes de Bolsa administren para terceros siempre que las transacciones no se realicen a Precios Perjudiciales.

Si las AFP invierten recursos de los Fondos con o en empresas o sociedades comerciales donde los directores, administradores, síndicos, socios, apoderados, o que de cualquier otra forma tienen control sobre las mencionadas empresas o sociedades comerciales o que son Personas Relacionadas, deberán informar a la Superintendencia que tal transacción se dio lugar, en un plazo que fije la Superintendencia el cual no podrá ser superior a siete (7) días hábiles.

PARTE XII

PROHIBICIONES

 

Art. 282º EXCLUSIVIDAD DEL USO DE LAS CUENTAS.- Las AFP no podrán, en ningún caso, hacer uso de la cuenta de custodia de uno de los Fondos para la manutención u operación de Títulos Valores que no pertenezcan a éste.

 

Art. 283º PROHIBICIONES GENERALES.- Las AFP no podrán aceptar Títulos Valores que no coincidan en cantidad, precio o naturaleza a los acordados en el mecanismo de transacción en el cual se efectuó la operación.

Cuando la AFP venda Títulos Valores en las Bolsas de Valores no podrá firmar contratos de traspaso ni entregar los Títulos Valores, ya sea por medios físicos o electrónicos sin haber recibido los dineros correspondientes.

 

Las AFP no podrán de modo alguno comprometer los recursos de los FCI, en un pacto de retroventa, retrocompra u otro similar, excepto en el caso autorizado por la Superintendencia. En el caso de que la AFP requiera liquidez para hacer efectivos los Beneficios de la Capitalización y no existan los mecanismos alternativos mediante los cuales la Superintendencia podrá autorizar contratos de esta naturaleza entre el FCI y el FCC que administra una misma AFP. El mecanismo y las condiciones de las transacciones serán dados a conocer por la Superintendencia al menos con treinta (30) días de anticipación a que suceda tal transacción.

Asimismo, las AFP no podrán adquirir Títulos Valores que estén afectos a prohibiciones o limitaciones de cualquier tipo tanto en cuento a su compra o venta, como en los referentes a sus flujos o a la recuperación del capital.

Las AFP no podrán comprar ningún tipo de Títulos Valores con los recursos del CI sobre los cuales exista una orden de no pagar.

Asimismo se prohibe a las AFP adquirir Títulos Valores que por sus características o condiciones se impida su compra con anterioridad al vencimiento de estos.

 

Art. 284º PROHIBICIONES DE INVERSIÓN PARA LOS FONDOS.- Las AFP, bajo ninguna circunstancia pueden comprar o vender Títulos Valores para los fondos a Precios Perjudiciales.

Las AFP se encuentran prohibidas de otorgar préstamos, generar créditos o de proveer bienes, servicios o facilidades de cualquier naturaleza con recursos de los Fondos a Personas Relacionadas.

Las AFP y sus Personas Relacionadas, no podrán registrar o recibir de ninguna manera en sus propias cuentas recursos provenientes de ninguna de las partes que intervinieron en las transacciones con recursos de los Fondos.

Las AFP no podrán adquirir ni vender, con recursos de los Fondos, Títulos Valores de o a cartera propia de los Mandatarios, Intermediarios, Agentes de Bolsa que les prestan servicios.

CAPITULO VIII

SANCIONES Y RECURSOS

PARTE I

RÉGIMEN DE LAS SANCIONES

 

Art. 285º ALCANCE DE LAS SANCIONES.- Sin perjuicio de las acciones por responsabilidad civil y penal que corresponda, los transgresores de las normas contenidas en la Ley de Pensiones, su reglamento y demás disposiciones complementarias, serán pasibles a sanciones impuestas por la Superintendencia.

 

Art. 286º CALIFICACION DE GRAVEDAD.- Las sanciones se calificarán por la Superintendencia, en base a los siguientes criterios:

a) Gravedad máxima: cuando la infracción o los actos u omisiones referidos haya sido provocados por el transgresor con premeditación o de forma dolosa, haya resultado propio o de terceros, o causando daño a terceros.

b) Gravedad media: cuando la infracción o los actos u omisiones referidos, hayan sido causados por negligencia, falta de pericia o culpa y causen daño.

c) Gravedad leve: cuando la infracción o los actos u omisiones, hayan sido provocados de manera preterintencional y en el resultado no exista el beneficio propio o de Personas Relacionadas al infractor.

d) Gravedad levísima: cuando la contravención haya sido causada sin intencionalidad y no exista daño para los Fondos, para las AFP, para el mercado donde actúen, para los beneficios del FC y en general para ningún Afiliado.

 

Art. 287º APLICACIÓN DE LAS SANCIONES.- Las sanciones que se aplicarán, por la Superintendencia, variarán desde una amonestación hasta la cancelación del registro y revocatoria de la autorización, según la gravedad de la infracción, acción u omisión, de acuerdo a lo siguiente:

a) Amonestación, aplicable a la primera vez si la infracción es calificada con gravedad levísima.

b) Multas o sanciones pecunarias, establecidas en su monto por la Superintendencia, para conductas reiterativas de lo anterior y para infracciones, actos u omisiones con gravedad leve o media.

c) Suspensión definitiva o temporal hasta un máximo de dos años a personas naturales o jurídicas comprendidas en el inciso 1) del artículo 49 de la Ley de Pensiones y personas naturales o jurídicas sujetas a fiscalización de la Superintendencia o que hubiesen recibido de ella su licencia de funcionamiento, para aquellas infracciones, actos u omisiones calificadas con gravedad media.

d) Revocatoria de licencia, de aquellas personas o entidades sujetas a fiscalización de la Superintendencia o que hubiesen recibido de ella su licencia de funcionamiento, por infracciones, acciones u omisiones que hayan sido calificadas con gravedad máxima.

 

Art. 288º FORMA DE APLICACIÓN DE LAS SANCIONES.- Las sanciones se aplicarán, por la Superintedencia, según la gravedad de la infracción, acción u omisión, dentro las previsiones de los artículos anteriores, mediante resolución motivada dictada por el Superintendente de Pensiones.

 

Las sanciones se impondrán tanto a personas naturales como a personas colectivas y podrán aplicarse más de una de las establecidas en el artículo anterior en forma simultánea por la misma infracción, acción u omisión.

Cuando se trate de personas colectivas las sanciones se aplicarán además a los directores, administradores, gerentes, apoderados u otras personas que hayan participado en las decisiones que motivaron la aplicación de las mismas.

 

Art. 289º CONTENIDO DE LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA.- Sin perjuicio de la acción por responsabilidad civil, las sanciones administrativas impuestas por la superintendencia de Pensiones, deberán incluir la obligación de cubrir todos los gastos y pérdidas ocasionadas por la violación de las normas, especialmente cuando se haya causado daño a los Fondos o los Afiliados al SSO.

 

Art. 290º RESPONSABILIDAD PENAL.- La resolución de la Superintendencia a que se refiere el artículo anterior, podrá disponer la remisión de antecedentes al Ministerio Público para proseguir con las acciones por responsabilidad penal si las hubiera.

 

Art. 291º SANCIONES PECUNARIAS.- Con el objeto de la aplicación de las multas por las infracciones cometidas a la Ley de Pensiones y sus reglamentos por las AFP, la Superintendencia se sujetará a las siguientes multas pecunarias según calificación de la gravedad de la infracción:

a) Infracción calificada como gravedad máxima De diez mil uno (10.001) a cien mil (100.000) dólares estadounidenses.

b) Infracción calificada como gravedad media De cinco mil uno (5001) a diez mil (10.000) dólares estadounidenses.

c) Infracción calificada como gravedad leve. Hasta cinco mil (5.000) dólares estadounidenses.

d) Infracción calificada como gravedad levísima: No sujeta a multa pecunaria.

Los montos de la tabla anterior se expresarán en bolivianos del 31 de diciembre de 1996 y serán con mantenimiento de valor de conformidad al Indice de Mantenimiento de Valor.

PARTE II

PROCEDIMIENTO Y LOS RECURSOS

 

Art. 292º PROCEDIMIENTO.- A tiempo de verificar la infracción, acción u omisión y antes de calificar la gravedad de la misma según lo establecido en el artículo 286 del presente reglamento, el Superintendente de Pensiones citará al infractor concediéndole un plazo no mayor a diez (10) días para la presentación de sus descargos y justificativos en forma escrita, luego de lo cual procederá a calificar y dictar la resolución motivada correspondiente.

 

Art. 293º PRUEBA PENDIENTE.- Si se hubieran ofrecido pruebas de descargo de hechos ocurridos en el extranjero o que los archivos u oficinas que contuvieran los documentos se encontrarán fuera de la República el Superintendente de Pensiones, a un solo arbitrio y si así lo considera necesario, podrá conceder un plazo extraordinario no mayor a diez (10) días para que el citado presente tales documentos.

 

Art. 294º FACULTADES DEL SUPERINTENDENTE.- El Superintendente de Pensiones, durante el plazo del artículo 292 y del artículo anterior del presente reglamento podrá requerir y realizar todas las diligencias e investigaciones que considere necesarias a fin de establecer la clasificación de gravedad de la infracción.

ç

Art. 295º RESOLUCIÓN.- Vencido el plazo del artículo 292, y en su caso la ampliación del artículo 293 del presente reglamento el Superintendente de Pensiones, deberá dictar la resolución correspondiente en un plazo no mayor a diez días.

 

Art. 296º RECURSOS.- Las resoluciones dictadas por la Superintendencia que aplican sanciones a los infractores de normas legales contenidas en la Ley de Pensiones, el presente reglamento, y demás normas complementarias, se podrán impugnar, por quien demuestre legítimo interés, a través del recurso de revocatoria y jerárquico contemplados en el artículo 44 de la Ley de Pensiones.

CAPÍTULO IX

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

PARTE I

ADMINISTRACION DE RIESGO COMUN Y RIESGO PROFESIONAL POR LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES

 

Art. 297º ADMINISTRACIÓN DE RIESGO COMÚN Y RIESGO PROFESIONAL POR LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES.- El período comprendido entre la Fecha de Inicio y la fecha a ser determinada por la Superintendencia a partir de la cual las coberturas de invalidez y muerte quedarán a cargo de las Entidades Aseguradoras, las prestaciones por Riesgo Común y por Riesgo Profesional serán administradas por las AFPs.

Durante dicho período, las AFPs administrarán las prestaciones de invalidez y muerte por Riesgo Común y por Riesgo Profesional, mediante cuentas colectivas denominadas, respectivamente. Cuenta de Siniestralidad y cuenta de Riesgos Profesionales.

 

Art. 298º FINANCIAMIENTO.- Durante dicho período se financiarán exclusivamente, la Cuenta de Siniestralidad con el aporte de los Afiliados al SSO, denominada Prima de Siniestralidad y la Cuenta de Riesgo Profesional con el aporte patronal, denominado Prima de Riesgo Profesional.

El primer año, la Prima de Siniestralidad para Riesgo Común será del dos por ciento (2%) del Total Ganado o Ingreso Cotizable de los Afiliados. La Prima por Riesgo Profesional será igualmente de un dos por ciento (2%) del Total Ganado de los Afiliados. A partir de los doce (12) meses de la Fecha de Inicio, la Superintendencia establecerá las Primas, las cuales serán revisables anualmente para mantener la solvencia de las cuentas. La revisión de dichas Primas deberá tomar en consideración los déficits de flujo que pudieron haber ocurrido en el transcurso del año y la diferencia entre el monto de activos y el valor de los pasivos para eventos ocurridos antes de la revisión. Los saldos negativos que pueda tener dichas cuentas serán cubiertos temporalmente con los recursos del Fondo de Capitalización Individual. Estos recursos serán devueltos con interés sobre el monto aplicando la tasa que resulte mayor entre la rentabilidad promedio de los fondos de pensiones y la tasa bancaria activa comercial promedio.

Los cooperativistas mineros no podrán acceder a la cobertura por Riesgos Profesionales mientras éstos sean manejados, a través de la Cuenta Colectiva de Riesgo Profesional, por las AFPs.

 

Art. 299º CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ.- Durante el periodo de administración de los riesgos de invalidez y muerte por las AFP, la calificación de la invalidez estará a cargo de la Superintendencia. La Superintendencia deberá establecer una Unidad Médica encargada de calificar los casos que las AFP le remitan, aplicando el Manual de Normas de Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez y la lista de Enfermedades Profesionales, ambos aprobados mediante Decreto Supremo.

La calificación de los casos deberá ser realizada por un grupo de profesionales especialistas, constituido por cinco (5) profesionales, dos (2) de los cuales deberán ser profesionales del área de salud, dos (2) profesionales del área social y un (1) profesional del área económica. Todos los miembros deberán deliberar conjuntamente para emitir dictamen.

 

Los cinco (5) miembros deberán designar un Presidente que será responsable de dirimir los casos cuando sea necesario. Las sesiones de calificación requieren de al menos tres miembros, dos de los cuales deberán ser profesionales del área de salud.

Las AFP podrán designar, de común acuerdo, un representante que hará las veces de Secretario, sin derecho a voto.

La Superintendencia es responsable de asegurar suficiente cobertura territorial para la calificación en todos los lugares así requeridos.

Los dictámenes emitidos por la Superintendencia será sujetos a revisión por parte del Afiliado o AFP, en caso de Seguro de Riesgo Común al que se adiciona el Empleador, en caso del Seguro de Riesgo Profesional. Para este propósito, el solicitante deberá hacer conocer su solicitud de revisión ante el Superintendente de Pensiones, indicando el objeto y fecha del dictamen.

La Superintendencia deberá emitir dictamen dentro los plazos fijados por el Superintendente de Pensiones que no podrá superar los 60 días calendario, a partir de la recepción de la solicitud por parte de la Unidad Médica de la Superintendencia.

 

Art. 300º PROCEDIMIENTOS TRANSITORIOS PARA SOLICITAR PENSIONES DE INVALIDEZ Y MUERTE POR RIESGO COMUN Y RIESGO PROFESIONAL.- Todos los procedimientos establecidos en los capítulos referentes a prestaciones de invalidez y muerte por Riesgo Común y Riesgo Profesional en el presente reglamento son aplicables durante el periodo de transición, con excepción de que las AFPs son las que administran estas prestaciones y la calificación la realiza la Superintendencia.

En este sentido, las AFP deberán remitir las solicitudes de Pensión debidamente completadas y firmadas, a la Superintendencia para que estas sean calificadas.

 

Art. 301º FECHA DE DEVENGAMIENTO Y DE LA FECHA DE PAGO.- Las Pensiones de invalidez y muerte se devengarán a partir del momento de prestación de la solicitud de pensión, y se pagarán a partir del último día hábil del mes siguiente de emitido el dictamen que establezca la invalidez y a partir del último día hábil del mes siguiente de presentada la solicitud de Pensión por muerte.

Los días de pago de Pensión serán a partir del último día hábil de cada mes hasta el día siete (7) del próximo mes.

Si existiera demora en el pago de Pensiones por parte de la AFP, ésta deberá ser pagada al siguiente mes con un interés sobre el monto aplicando la tasa que resulte mayor entre la rentabilidad promedio de los fondos de pensiones y la tasa bancaria activa comercial promedio nominal utilizada para créditos en moneda nacional con cláusula de mantenimiento de valor, publicada por el Banco Central de Bolivia.

 

Art. 302º FINANCIAMIENTO DE LAS PENSIONES DE INVALIDEZ.- Las Pensiones de invalidez, correspondientes al setenta por ciento (70%) del Salario Base, en caso del Seguro de Riesgo Común y al grado de invalidez por el Salario Base, en caso del Seguro de Riesgo Profesional, así como las Cotizaciones Mensuales destinadas a la Cuenta Individual del Afiliado, se pagarán con los recursos de la Cuenta de Siniestralidad o de la Cuenta de Riesgos Profesionales, hasta que el afiliado cumpla sesenta y cinco (65) años o fallezca.

 

Art. 303º FINANCIAMIENTO DE LAS PENSIONES POR MUERTE.- Las Pensiones por muerte se cubrirán con los recursos de la Cuenta de Siniestralidad o de la Cuenta de Riesgos Profesionales, a los que se deberán fusionar el Capital Acumulado de los Causantes descontando las Cotizaciones Adicionales y Depósitos Voluntarios de Beneficios Sociales, si corresponden. Las Pensiones por muerte corresponderán a los porcentajes establecidos en el presente reglamento, aplicados al Salario Base o Pensión Base. En estos casos, las Cotizaciones Adicionales o Depósitos Voluntarios de Beneficios Sociales que el Afiliado hubiera realizado serán empleados para firmar un Contrato de Pensiones o realizar retiros mínimos conforme el presente reglamento, con el objeto de incrementar las Pensiones de los Derecho–habientes.

Cuando el Capital Acumulado en la Cuenta Individual del Causante, descontando las Cotizaciones Adicionales y Depósitos Voluntarios de Beneficios Sociales, alcance para contratar una Pensión de Seguro Vitalicio o Mensualidades Vitalicias Variables con una Pensión Base superior a la que puedan obtener en el Seguro de Riesgo común o Riesgo Profesional, los Derecho–habientes deberán optar por una de las modalidades de Pensión de acuerdo a las condiciones establecidas en el presente reglamento. En estos casos, el Contrato de Pensión deberá hacerse utilizando todo el Capital Acumulado en la Cuenta Individual del Causante.

 

Art. 304º SOLICITUD DE LA COMPENSACIÓN DE COTIZACIONES.- Las AFP deberán solicitar a la Unidad de Recaudación, hasta mayo de cada año, la suma de las Compensaciones de Cotizaciones de sus Afiliados que se jubilarán durante el año en curso y el año siguiente, para que ésta Unidad incorpore en el Presupuesto Fiscal del próximo año y trámite los desembolsos del Tesoro General de la Nación.

PARTE II

NORMAS TRANSITORIAS SOBRE INVERSIONES

 

Art. 305º INVERSIÓN EN BONOS DEL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN.- Con la única finalidad de que el Tesoro General de la Nación obtenga financiamiento para el pago de las Rentas en Curso de Pago y la Compensación de Cotizaciones, desde la Fecha de Inicio y por un período no mayor a quince años, los recursos del FCI provenientes de los Aportes deberán ser invertidos obligatoriamente por cada AFP en Títulos Valores de Largo Plazo emitidos por el Tesoro General de la Nación de acuerdo a lo establecido en el presente reglamento. Esta inversión deberá ser realizada en el Mercado Primario Local.

El monto máximo anual que todas las AFP deberán invertir con los recursos de los FCI que ellas administran, en Títulos Valores mencionados en el párrafo anterior, será el menor entre ciento ochenta millones de Dólares Estadounidenses ($us. 180.000.000.00) y el total de los Aportes auales captados en el SSO.

Cuando el valor total de los Aportes anuales captados en el SSO exceda los ciento ochenta millones de Dólares Estadounidenses ($us. 18.000.000.00), el monto de inversión individual de cada FCI será el producto de ciento ochenta millones y el porcentaje de los Aportes captados en cada FCI respecto del valor total de los Aportes captados en el SSO.

Al inicio de cada gestión anual el Tesoro General de la Nación, la Superintendencia y las AFP establecerán un cronograma de emisiones y compra de estos Títulos Valores, que deberá ser aprobado por el Ministerio de Hacienda.

 

Art. 306º CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN.- Los Títulos Valores a que se refiere el artículo anterior deberán reunir las siguientes características:

a) Ser Bonos de deuda negociables.

b) Tener vencimiento a la fecha de emisión no superior a quince (15) años.

c) Estar expresados en Dólares Estadounidenses o en moneda nacional con mantenimiento de valor.

d) Expresar el pago de intereses al menos en forma anual, mediante cupones negociables.

e) Tener un programa de amortizaciones durante la vigencia del Título Valor.

f) Tener un interés variable. Para el primer año de emisión la tasa estará fijada en ocho por ciento (8%) anual en dólares estadounidenses. A partir del segundo año de emisión, una comisión revisará esta tasa en base al estudio técnico, considerando las tasas de interés internacionales y la evolución del riesgo país.

Las AFP quedan exentas de la obligatoriedad de compra establecida en el artículo 305 del presente reglamento, cuando los Título Valores emitidos no reúnan las características establecidas en el presente artículo.

 

Art. 307º DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE INVERSIÓN.- Transitoriamente a partir de la Fecha del Inicio y por un periodo determinado por la Superintendencia, las AFPs podrán invertir los recursos del FCI de acuerdo a las disposiciones transitorias establecidas en los artículos 308, 309, 310, 311 y 312 del presente reglamento, respetando los límites establecidos en la Ley de Pensiones.

Una vez que la Superintendencia determine la vigencia plena de los límites de inversión establecidos por reglamento, la decisión tendrá carácter de irrevocable e irrevisable.

 

Art. 308º INVERSIONES AUTORIZADAS.- Los recursos del FCI sólo deberán ser invertidos en los tipos genéricos de Títulos Valores detallados en el artículo 194 del presente reglamento.

 

Art. 309º LÍMITES POR TIPO GENÉRICO DE TÍTULO VALOR.- Los rangos y límites por tipo genérico del Título Valor para las inversiones del FCI establecidos en el artículo 194 del presente reglamento no son vigentes para el período transitorio, excepto el límite máximo determinado para Títulos Valores de emisores constituidos en el extranjero.

 

Art. 310º LÍMITES POR EMISOR.- Los únicos límites vigentes por emisores constituidos en Bolivia, para este período excepcional son los siguientes:

a) El cinco por ciento (5%) de las acciones suscritas de un solo emisor.

b) El veinte por ciento (20%) del valor total de las cuotas de un Fondo de Inversión y de las emisiones de Títulos Valores representativos de deuda de un solo emisor.

 

Art. 311º LÍMITES POR CATEGORÍA DE RIESGO.- Los recursos de los FCI sólo podrán ser invertidos en Títulos Valores representativos de deuda de emisores locales que cuenten con clasificación de riesgo mayor o igual a B2 para los Títulos Valores de Largo Plazo y N-4 para los Títulos Valores de Corto Plazo de acuerdo a los siguientes límites:

a) La suma de las inversiones en Títulos Valores de Largo Plazo, clasificados en categoría de riesgo B1 y B2 no podrá exceder el diez por ciento (10%) del valor del FCI.

b) Las inversiones en Títulos Valores de Largo Plazo, clasificados en categoría de riesgo BB1, BB2 y BB3 no podrán exceder el veinte por ciento (20%) del valor del FCI.

c) Las inversiones en Títulos Valores de Corto Plazo, clasificados en nivel de riesgo 4 (N-4), no podrán exceder el diez por ciento (10%) del valor del FCI.

d) Las inversiones en Títulos Valores de Corto Plazo, clasificados en nivel de riesgo 3 (N-3), no podrán exceder el veinte por ciento (20%) del valor del FCI.

Los niveles 1 y categorías de riesgo antes mencionados están definidos en los artículos 203 y 204 del presente reglamento.

Los recursos de los FCI podrán ser invertidos en Títulos Valores de renta variable de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 206 del presente reglamento.

La aprobación de los Títulos Valores emitidos por emisores extranjeros y sus respectivas equivalencias se realizarán de acuerdo a lo dispuesto en todos los artículos de la Sección II, Parte IV, Capítulo VII del presente reglamento.

 

Art. 312º VIGENCIA DE OTRAS DISPOSICIONES.- Para este periodo de excepción, se declaran plenamente vigentes las disposiciones siguientes contenidas en el Capítulo VII del presente reglamento:

PARTE V: Mercados y Transacciones

PARTE VI: Inversiones en Títulos Valores de Emisores Constituidos en el Exterior de la Custodia de Títulos Valores

PARTE VII: Valoración

PARTE VIII: Recursos de Alta Liquidez

PARTE IX: Excesos de Inversión

PARTE X: Conflicto de Intereses

PARTE XI: Prohibiciones

PARTE XII: Prohibiciones

PARTE III

RENTAS EN CURSO DE PAGO, RENTAS EN CURSO DE ADQUISICIÓN, COMPENSACIÓN DE COTIZACIONES Y ADEUDOS POR APORTES AL SISTEMA DE REPARTO

 

Art. 313º FUSIÓN DEL APORTE PATRONAL AL SALARIO DEL TRABAJADOR.- En virtud al artículo 62 de la Ley de Pensiones, a partir de la fecha de inicio, el aporte patronal del cuatro como cinco por ciento (4,5%) que el Empleador estuviere pagando a la Unidad de Recaudación, para las prestaciones de invalidez, vejez y muerte, se integrará al salario del Asegurado al Sistema de Reparto o Afiliado al SSO, para efectos de que éstos realicen sus aportes y cotizaciones en la Unidad de Recaudación o en el SSO según corresponda.

A partir de la Fecha de Inicio, los Asegurados con Rentas en Curso de Adquisición que continuaran trabajando cotizarán un doce como cinco por ciento (12,5%) de su Salario Cotizable para las prestaciones de invalidez, vejez y muerte a la Unidad de Recaudación.

A partir de la Fecha de Inicio el Empleador sólo realizará el aporte patronal para la cobertura de los Seguros de Riesgos Profesionales de sus dependientes.

Los empleadores de los Asegurados al Sistema de Reparto con Rentas en curso de adquisición de los Asegurados al Sistema de Reparto que continuaren trabajando, deberán realizar su aporte patronal en la Unidad de Recaudación, cuya Tasa de Cotización será la misma establecida para la prima de Riesgos Profesionales en el SSO.

 

Art. 314º GARANTÍA DE RENTAS DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE.- La Unidad de Recaudación es la responsable de realizar los siguientes pagos:

a) Rentas básica y complementaria por Invalidez, Vejez, Muerte y riesgos Profesionales, cuando corresponda, en favor de:

1) Asegurados al Sistema de Reparto con Rentas en Curso de Pago y sus Derecho–habientes.

2) Los Asegurados al Sistema de Reparto que hubieran renunciado a su renta de vejez para el mejoramiento de la misma, previo a la fecha de promulgación de la Ley de Pensiones y sus Derecho–habientes.

3) Asegurados al Sistema de Reparto con Rentas en Curso de Adquisición a partir de la fecha en que éstos asegurados soliciten la calificación de sus Rentas y sus Derecho–habientes.

4) Asegurados al Sistema de Reparto con Rentas de Curso de Adquisición que continuaren trabajando y se invalidaran o fallecieran por Riesgo Profesional.

b) Compensación de Cotizaciones Mensual y de Pago Global a los Afiliados al SSO y sus Derecho–habientes que cumplan los requisitos para la percepción de este beneficio.

Todos estos pagos se incorporarán en el presupuesto anual de la Unidad de Recaudación para efectos del pago con recursos del Tesoro General de la Nación.

 

Art. 315º RENTAS EN CURSO DE ADQUISICIÓN POR INVALIDEZ, VEJEZ, MUERTE Y RIESGOS PROFESIONALES.- Los Asegurados del Sistema de Reparto con Rentas en Curso de Adquisición tendrán derecho a solicitar en cualquier momento rentas de invalidez, vejez, muerte y Riesgos Profesionales a la Unidad de Recaudación siempre que a la fecha de inicio cumplieran los siguientes requisitos:

a) Asegurados al Sistema de Reparto procedentes de los Entes Gestores del Sistema de Reparto sujetos a la fecha de la promulgación de la Ley de Pensiones a la legislación del Código de Seguridad Social:

1) Haber cumplido cincuenta (50) años si son mujeres y cincuenta y cinco (55) años si son hombres.

2) Haber registrado al menos ciento ochenta (180) cotizaciones a los Entes Gestores del Sistema de Reparto y no menos de 24 cotizaciones al Fondo Complementario.

3) Estar recibiendo tratamiento por enfermedad común, maternidad o accidente no profesional a la Fecha de Inicio, y ser declarado inválido por el Ente Gestor de Salud respectivo, con una incapacidad permanente parcial o total en conformidad a las leyes y normas vigentes a la fecha de promulgación de la Ley de Pensiones.

4) Estar recibiendo tratamiento por Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional a la Fecha de Inicio, y ser declarado con incapacidad permanente parcial o total en conformidad a las leyes y normas vigentes a la fecha de promulgación de la Ley de Pensiones.

5) Haber iniciado el trámite para acceder a la prestación de Muerte por Riesgos Común o por Riesgo Profesional.

b) Asegurados al Sistema de Reparto procedentes de los Entes Gestores del Sistema de Reparto sujetos a la fecha de la promulgación de la Ley de Pensiones, a la Ley de la República de 7 de diciembre de 1926:

1) Haber aportado al menos doscientos cuarenta (240) cotizaciones al Fondo de Pensiones de la Banca Estatal o Fondo de Pensiones de la Banca Privada.

2) Estar recibiendo tratamiento por enfermedad común maternidad o accidente no profesional a la Fecha de Inicio, y ser declarado inválido por el Ente Gestor de Salud respectivo, con una incapacidad permanente parcial o total en conformidad a las Leyes y normas vigentes a la fecha de promulgación de la Ley de Pensiones.

3) Estar recibiendo tratamiento por Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional a la Fecha de Inicio y ser declarado inválido por el Ente Gestor de Salud respectivo, con una incapacidad permanente, parcial o total en conformidad a las leyes y normas vigentes a la fecha de promulgación de la Ley de Pensiones.

4) Haber iniciado el trámite para acceder a la prestación de Muerte de Riesgo Común o Riesgo Profesional.

Los Asegurados al Sistema de Reparto que hubieren cumplido al menos con las ciento ochenta (180) cotizaciones al Fondo de Pensiones Básicas (FOPEBA) y no menos de veinticuatro (24) a los Fondos Complementarios del Sistema de Reparto que le corresponda, deberán acogerse a la jubilación en los porcentajes que le correspondieren a la Renta Básica, Renta Complementaria respectivamente.

 

Art. 316º CÁLCULO DE LAS RENTAS DE VEJEZ EN CURSO DE ADQUISICIÓN.- La Unidad de Recaudación realizará la calificación y Cálculo de las Rentas de Vejez de conformidad a las Leyes y normas vigentes a la fecha de promulgación de la Ley de Pensiones que se expresará en el Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Adquisición de la Unidad de Recaudación, que será emitido por la Secretaría Nacional de Pensiones.

Los Asegurados con Rentas en Curso de Adquisición que a la Fecha de Inicio continuaren trabajando tendrán derecho a un incremento del dos por ciento (2%) de su salario base del Sistema de Reparto por cada doce (12) meses de cotizaciones adicionales al número de cotizaciones registradas al Sistema de Reparto a esa fecha.

 

Art. 317º CÁLCULO DE LAS RENTAS DE INVALIDEZ Y MUERTE POR RIESGO COMÚN Y RIESGO PROFESIONAL.- A partir de la Fecha de promulgación de la Ley de Pensiones las Rentas en Curso de Adquisición por vejez, invalidez y muerte por Riesgo Común y Riesgo Profesional se calificarán siempre que el Asegurado al Sistema de Reparto haya cumplido con todos los requisitos establecidos en el artículo 315 del presente reglamento.

La calificación y cálculo de estas Rentas la realizará la Unidad de Recaudación de conformidad a las Leyes y normas vigentes a la fecha de promulgación de la Ley de Pensiones, que se expresará en el Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Adquisición de la Unidad de Recaudación.

 

Art. 318º GASTOS DE FUNERALES.- La Unidad de Recaudación efectuará el pago de los Gastos Funerarios por la muerte del Asegurado al Sistema de Reparto que no tuviere derecho a esta prestación del FCC, a la persona que acredite haber efectuado los gastos de sepelio de dicho Asegurado de acuerdo al artículo 82 del presente reglamento.

 

Art. 319º PAGO GLOBAL.- El Asegurado al Sistema de Reparto que a la Fecha de Inicio hubiere cumplido las edades de cincuenta (50) años si es mujer y cincuenta y cinco (55) años si es hombre y no hubiere cumplido al menos ciento ochenta (180) cotizaciones mensuales, que no continuare cotizando y que tuviere acreditados cuando menos 24 cotizaciones mensuales, seis (6) de las cuales estén comprendidas en los últimos doce (12) meses calendario antes de haber cumplido las edades señaladas, se le concederá en sustitución de la renta una indemnización pagadera en una sola vez.

 

El monto de esta indemnización, es equivalente a una mensualidad por cada seis (6) meses o fracción de cotizaciones realizadas al Sistema de Reparto o a la Unidad de Recaudación de la Secretaría Nacional de Pensiones, de la renta de vejez.

La persona que hubiere cumplido los requisitos para recibir el Pago Global podrá elegir si desea recibir este beneficio o solicitar su Compensación de Cotizaciones y cotizar en el SSO.

 

Art. 320º AJUSTE DE LAS RENTAS.- Anualmente, por solo una vez a principios de cada año, las Rentas en Curso de Pago y las Rentas en Curso de Adquisición serán ajustadas en el porcentaje de la devaluación promedio del tipo de cambio de venta del boliviano, con relación al dólar estadounidense, observada en la gestión inmediatamente anterior, porcentaje publicado por el Banco Central de Bolivia.

 

Art. 321º CERTIFICACIÓN DE COTIZACIONES.- La Unidad de Recaudación será responsable de emitir una certificación de cotizaciones para todas aquellas personas que hubieran cotizado al Sistema de Reparto, estableciendo el número de cotizaciones efectivamente recibidas en los Entes Gestores del Sistema de Reparto a nombre de las personas correspondientes.

Las cotizaciones adecuadas por los Empleadores al Sistema de Reparto hasta la fecha de la Promulgación de la Ley de Pensiones establecidas en la Declaración Jurada de conformidad al presente reglamento serán reconocidas para efectos del cálculo de la Compensación de Cotizaciones siempre que el plan de pagos de dichas declaraciones juradas sea cumplido.

El Afiliado y Asegurado al Sistema de Reparto con Rentas en Curso de Adquisición podrá solicitar la revisión de la certificación de cotizaciones únicamente con los siguientes documentos originales:

a) Historia laboral certificada por cada empresa privada en la que trabajó la persona.

b) Altas y bajas otorgadas por el Ente Gestor de Salud correspondiente.

c) Finiquitos de las Empresas donde hubiere trabajado.

d) Papeletas de pago del salario del último mes cotizado a la fecha de promulgación de la Ley de Pensiones.

e) En el caso de los empleados públicos la Certificación de los Años de Servicio (CAS) de la Contaduría del Estado.

f) Parte de baja de su condición de trabajador activo otorgada por el Ente Gestor de Salud correspondiente.

La Unidad de Recaudación solamente dará curso a la solicitud de revisión efectuada por parte de los Asegurados o Afiliados una vez que contraste dicha documentación con sus archivos físicos y electrónicos. Cuando el motivo de la revisión se encuentre en los registros se procederá a su aceptación.

 

Art. 322º COMPENSACIÓN DE COTIZACIONES.- Los Afiliados al SSO, que hubieren efectuado cotizaciones al Sistema de Reparto y a la Unidad de Recaudación previo a la Fecha de Inicio, tendrán derecho a la Compensación de Cotizaciones Mensuales o la Compensación de Cotizaciones como Pago Global, según corresponda.

a) Compensación de Cotizaciones Mensual: Es la Compensación de Cotizaciones en favor de los Afiliados que hubieran realizado al menos sesenta (60) cotizaciones, continuas o discontinuas, al Sistema de Reparto y a la Unidad de Recaudación en forma previa a la Fecha de Inicio.

b) Compensación de Cotizaciones de Pago Global: Es la Compensación de Cotizaciones en favor de los Afiliados que hubieran realizado menos de sesenta (60) cotizaciones, continuas o discontinuas, al Sistema de Reparto y a la Unidad de Recaudación en forma previa a la Fecha de Inicio.

 

Art. 323º DEVENGAMIENTO DE LA COMPENSACION DE COTIZACIONES.- La Compensación de Cotizaciones Mensual devenga cada mes de manera vitalicia en favor de las siguientes personas y a partir de las siguientes fechas:

a) En favor del Afiliado, a partir de la fecha en la cual éste se jubila de conformidad al artículo siete (7) de la Ley de Pensiones.

b) En favor del Afiliado a partir de la fecha en la cual el Afiliado no jubilado cumpla los sesenta y cinco (65) años de edad.

c) En favor de los Derecho–habientes a partir de la fecha en la cual el Afiliado hubiera cumplido los sesenta y cinco (65) años de edad.

La Compensación de Cotizaciones de un Pago Global devenga por una sola vez, en favor de las siguientes personas y en las siguientes fechas:

a) En favor del Afiliado, en la fecha en la cual éste se jubila de conformidad al articulo siete (7) de la Ley de Pensiones.

b) En favor del Afiliado, en la fecha en la que el Afiliado no jubilado cumpla los sesenta y cinco (65) años de edad.

c) En favor de los Derecho–habientes del Afiliado, en la fecha del fallecimiento del mismo.

A partir de la fecha en la que devenga la Compensación de Cotizaciones Mensual su monto se incrementará en un dos por ciento (2%) del Salario Base por cada doce (12) meses de no exigibilidad de dicha compensación a partir de la fecha que el Afiliado cumpla los sesenta y cinco (65) años de edad.

La Compensación de Cotizaciones la paga la Unidad de Recaudación, a través de la Administradora de Fondos de Pensiones o la Entidad Aseguradora que hubiera contratado el Afiliado o sus Derecho–habientes para el pago de sus Pensiones.

Los Afiliados al SSO, o sus Derecho–habientes, que no cumplan los requisitos para acceder a las prestaciones de vejez, de Invalidez o de Muerte sea por Riesgo Común o Riesgo Profesional, establecidas en la Ley de Pensiones, recibirán el pago de su Compensación de Cotizaciones directamente de la Unidad de Recaudación.

 

Art. 324º CÁLCULO DE LA COMPENSACIÓN DE COTIZACIONES.- La Compensación de Cotizaciones Mensual se calcula en bolivianos, resultado de la multiplicación del número de años, o fracción de ellos, efectivamente cotizados al Sistema de Reparto y a la Unidad de Recaudación, por cero siete (0,7) veces el Salario Cotizable calculado de acuerdo al artículo 87 del presente reglamento dividido entre veinticinco (25).

El valor de la Compensación de Cotizaciones Mensual no podrá superar veinte (20) veces el salario mínimo vigente.

La Compensación de Cotizaciones del Pago Global es el monto expresado en bolivianos, resultado de la multiplicación del número de años, o fracción de ellos, efectivamente cotizados al Sistema de Reparto y a la Unidad de Recaudación, por setenta (70) veces el último salario cotizado con anterioridad a la Fecha de la promulgación de la Ley de Pensiones al Sistema de Reparto, dividido entre veinticinco (25).

La Compensación de Cotizaciones se paga en bolivianos con mantenimiento de valor a dólares estadounidenses de conformidad al Indice de Mantenimiento de Valor.

La Compensación de Cotizaciones para los Derecho–habientes, será el resultado de aplicar los porcentajes de asignación establecidos en el Reglamento de Beneficios del SSO, al valor de la Compensación de Cotizaciones que le corresponde al Afiliado.

 

Art. 325º EMISIÓN, CUSTODIA Y SOLICITUD DE PAGO DEL CERTIFICADO DE COMPENSACIÓN DE COTIZACIONES.- La Unidad de Recaudación emitirá un Certificado del valor de la Compensación Cotizaciones, Mensual o de Pago Global que corresponde a cada uno de los Afiliados.

La Unidad de Recaudación también emitirá el Certificado mencionado en el párrafo anterior en favor de los Afiliados que cumplan los requisitos correspondientes a solicitud del Afiliado a través de cualquier Administradora de Fondos de Pensiones.

 

La Unidad de Recaudación emitirá los Certificados de Compensación de Cotizaciones a la AFP que corresponda para la expresión de conformidad por parte de los Afiliados.

La AFP que reciba el Certificado de Compensación de Cotizaciones de los Afiliados que hubiera Registrado será la responsable del custodio del mismo hasta el momento en que este sea requerido por el Afiliado para acceder a las prestaciones del SSO.

La AFP que reciba la solicitud de Pensión, por parte de un Afiliado o sus Derecho–habientes, será la responsable de tramitar ante la Unidad de Recaudación el pago de la Compensación de Cotizaciones correspondiente. Sólo en este caso la AFP que custodió el Certificado de la Compensación de Cotizaciones deberá remitir el mismo a la AFP en la que el Afiliado inició su trámite de Pensión.

 

Art. 326º RIESGOS PROFESIONALES.- El régimen de Riesgos Profesionales a largo plazo a partir de la promulgación de la Ley de Pensiones será administrado transitoriamente por la Unidad de Recaudación hasta tres (3) meses vencidos luego de la Fecha de Inicio.

A partir de la fecha de Inicio la Unidad de Recaudación continuará administrando el regimen de Riesgos Profesionales únicamente para los asegurados al Sistema de Reparto con Rentas en Curso de Adquisición que continuarán trabajando.

A partir de la Fecha de Inicio las AFPs administrarán el régimen de Riesgos Profesionales para los rentistas por riesgos Profesionales del Sistema de Reparto y los Afiliados al SSO.

 

Art. 327º DECLARACIÓN JURADA.- La Declaración Jurada por parte de los Empleadores deudores a los Entes Gestores del Sistema de Reparto por aportes devengados hasta el treinta (30) de noviembre de mil novecientos noventa y seis (1996), deberá ser presentada ante la Dirección General de Impuestos Internos en los formularios dispuestos por dicha entidad, a más tardar a los sesenta días hábiles de la fecha de promulgación del presente reglamento.

Los Empleadores que a partir del 1 de diciembre de 1996 adeuden aportes a la Unidad de Recaudación se sujetarán a multas, intereses y recargos.

La Declaración Jurada contemplará además los adeudos por aportes laborales, patronales que hubieren resultado de:

a) Notas de Cargo.

b) Convenios de Pago en curso, en trámite o en vigencia comprobada.

c) Juicios Coactivos – Sociales en trámite.

La Declaración Jurada, deberá realizarse adjuntando obligatoriamente los siguientes documentos:

a) Información completa del empleador.

b) Planillas de salarios mensuales.

 

Art. 328º DECLARACIÓN JURADA POR APORTES DISTINTOS A LOS DISPUESTOS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL DE LARGO PLAZO.- La Declaración Jurada por montos adecuados a los entes gestores de salud y de vivienda social deberán ser presentados en las condiciones dispuestas por las leyes aplicables.

 

Art. 329º JUICIOS COACTIVOS SOCIALES CON SENTENCIAS EJECUTORIADAS.- Las Empresas con adeudos por aportes que hubieren sido sujetos a Juicios Coactivos Sociales, que estuvieren con sentencia ejecutoriada no podrán realizar Declaración Jurada, debiendo cumplir con la sentencia establecida por la vía judicial.

 

Art. 330º REVISIÓN.- Las declaraciones juradas serán objeto de revisión por parte de la Unidad de Recaudación en lo concerniente a adeudos por aporte laboral, aporte patronal, multas, intereses y otros recargos de acuerdo a lo determinado por el artículo 61 de la Ley de Pensiones. Si la declaración jurada resultase falsa, se procederá al cobro de las multas intereses y recargos.

 

Art. 331º INCUMPLIMIENTO.- Los deudores que no cumplan con la prestación de la Declaración Jurada, o cuya declaración esté incompleta o errónea serán pasibles a las sanciones establecidas en el artículo 61 de la Ley de Pensiones.

 

Art. 332º LIBERACIÓN DE MULTAS INTERESES Y RECARGOS.- La presentación de la declaración jurada liberará de modo definitivo a los deudores de multas, intereses y recargos acumulados al 31 de diciembre de 1995 y obliga únicamente al pago de los adeudos a las entidades gestoras de largo plazo por concepto de aportes laborales y patronales.

 

Art. 333º INTERESES Y PLAN DE PAGOS.- El monto total de la declaración jurada será pagado de acuerdo a un plan de pagos establecido con el siguiente procedimiento:

a) Se calcula el número de trimestres entre el trimestre inmediatamente posterior al que corresponde a la fecha de la presentación de la declaración jurada y el 31 de diciembre de 2006.

b) Las cuotas trimestrales sin intereses son el resultante de la división entre el monto total declarado y el número de trimestres resultante del inciso anterior (a).

c) Los montos trimestrales a pagar serán el monto de la cuota correspondiente al trimestre más el interés sobre el saldo de las cuotas establecidas en el plan de pago. El interés aplicable es el establecido en el Código Civil.

d) Los pagos se efectuan a la Unidad de Recaudación a través de la Dirección General de Impuestos Internos durante la primera semana hábil de cada mes correspondientes al trimestre en curso.

e) Las cuotas e intereses no pagados en los plazos y montos establecidos en el plan de pagos estarán sujetas al cobro coactivo de todas sus obligaciones incluyendo intereses multas y recargos de cualquier especie que serán liquidados de conformidad a las disposiciones legales que dieron origen previamente a la Ley de Pensiones, a las mismas. El interés en este caso será el que corresponda a la tasa de interés bancaria de préstamos en moneda nacional, a tres meses plazo.

 

Art. 334º DEUDAS POR APORTES DE LAS EMPRESAS PUBLICAS.- Las deudas por aportes devengados de Entidades y Empresas Públicas se someterán a lo determinado por el 61 de la Ley de Pensiones.

 

Art. 335º DEUDAS DE LAS ALCALDIAS MUNICIPALES Y OTRAS INSTITUCIONES Y ENTES DE PENSIONES.- Las deudas por aportes devengados por parte de las Honorables Alcaldías Municipales del país y otras instituciones y entes que administran prestaciones de largo plazo del Sistema de Reparto que adeudan por concepto de aportes devengados se sujetarán a lo determinado por el artículo 61 de la Ley de Pensiones.

Los señores Ministros de Estado, en los despachos de Hacienda y sin Cartera Responsable de Capitalización quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente decreto supremo.

 

LEY DEL TRABAJO DEL HOGAR

LEY DEL TRABAJO DEL HOGAR

Artículo 1. Definición.- Se considera trabajo del hogar a aquel que se presta en forma continua a una persona o familia en menesteres propios del hogar, y se preste servicios a un empleador que no persigue fines de lucro.

Están considerados en éste sector los que realizan trabajos de cocina, limpieza, lavandería, aseo, cuidado de niños, asistencia y otros que se encuentren comprendidos en la definición y sean inherentes al servicio del hogar.

No se considera trabajo del hogar aquellos, que son desempeñados en locales de servicio y comercio con fines lucrativos, aunque se realicen en casa particulares.

Artículo 2. Irrenunciabilidad de derechos.- El trabajo del hogar esta sujeto a lo dispuesto por el Art. 162 de la Constitución Política del Estado, concordante, con el Art. 4 de la Ley General del Trabajo, no pudiendo renunciarse a los derechos dispuestos por ley.

Artículo 3. Contrato.- El contrato de trabajo a falta de estipulación escrita se presume que es por tiempo indefinido, podrá ser verbal o escrito, siendo esta última forma obligatoria si el plazo excediera de un año, las obligaciones laborales deben señalarse en el contrato, debiendo estipularse en él todos los derechos laborales consagrados por ley.

Los contratos a plazo fijo están sujetos a lo dispuesto por el D.L. 16187 de 16 de febrero de 1979; Resolución Ministerial 283 de 13 de junio de 1962; Resolución Ministerial 193 de 15 de mayo de 1972.

Artículo 4. Contrato en suspenso.- En este caso, no puede efectuarse despido, toda vez que el contrato no se extingue sino que queda en suspenso por:

a) Inasistencia injustificada cuando no excede de 6 días continuos, b) período de enfermedad, c) vacaciones anuales, d) descanso pre y post natal, e) Licencia concedida por el empleador, f) interrupciones originadas por causa ajena a la voluntad del trabajador, g) suspensiones autorizadas por ley.

Artículo 5. Trabajo de menores.- Todo niña niño o adolescente que preste servicios del hogar, sea ajeno al núcleo familiar, pariente consanguíneo o mantenga algún grado de afinidad, se sujeta a lo previsto en el Código del Niño Niña y Adolescente, la Ley General del Trabajo y su Decreto Reglamentario.

Para contratarse a menores de edad se requiere: Autorización de sus padres; tutores o del Inspector del Trabajo; haber cumplido los catorce años; libreta escolar que acredite el vencimiento escolar del curso que corresponda. En todo contrato con menores se entenderá estipulada la cláusula que otorgue permiso de asistencia a la escuela

El contrato celebrado con menores de edad deberá ser refrendado por el Ministerio de Trabajo y Microempresa, con intervención del Organismo Estatal de Protección del Niño Niña y Adolescente y disposiciones que regulan sobre la materia.

Artículo 6. Remuneración.- Todo trabajo del hogar realizado bajo dependencia, esta sujeto al pago de salarios, indemnización por años de servicios, desahucio en caso de despido injustificado, aguinaldo, vacaciones, afiliaciones a la Caja Nacional de Salud, en el marco de lo dispuesto en la Ley General del Trabajo su Decreto Reglamentario, Código de Seguridad Social y disposiciones conexas, relativas a la materia.

Artículo 7. Afiliación y aportes a la Caja Nacional de Salud.- El trabajo del hogar esta sujeto a afiliación a la Caja Nacional de Salud, para cuyos efectos se realizarán los aportes y descuentos correspondientes de conformidad a lo dispuesto por el Código de Seguridad Social que rige para la materia.

Artículo 8 Jornada laboral.- El trabajo del hogar esta sujeto a la siguiente jornada de trabajo:

Diez horas de trabajo efectivo para los que prestan servicios con vivienda, ocho horas diarias de trabajo efectivo para los que prestan servicios sin vivienda, el tiempo destinado a la alimentación no se computará en la jornada laboral, la jornada laboral de menores será reducida en 1 hora de lo dispuesto en el presente artículo.

Artículo 9. Descanso.- Toda persona que desempeñe trabajo del hogar gozará de un día de descanso a la semana, el mismo que podrá ser fijado por acuerdo de partes de conformidad a la modalidad del servicio, con derecho al descanso de los días feriados dispuesto por ley.

Artículo 10. Vacación.- El trabajo del hogar esta sujeto al goce de 15 días de vacación y de 20 días en caso de menores, a partir del año cumplido, con el pago del salario integro por los días de vacación.

Artículo 11. Pago de horas extras.- Los servicios prestados fuera de la jornada laboral establecida en la presente ley, a solicitud del empleador, darán lugar al pago de horas extras de conformidad a lo dispuesto por el Art. 55 de la L.G.T.

Artículo 12. Remuneración.- El trabajo del hogar será remunerado mensualmente, con un salario no inferior al mínimo nacional cuando se trate de jornada laboral completa. El trabajo por medio tiempo será cubierto con la mitad del salario mínimo nacional. Los trabajos por labor específica, ciertas horas de trabajo o algunos días de la semana, deben tomar como factor de cálculo el salario mínimo nacional dividido por las horas trabajadas.

Se respeta los salarios, que por acuerdo de partes sean superiores al salario mínimo nacional.

En caso de fijarse un salario inferior al mínimo por jornada laboral completa se denunciara el hecho ante la autoridad competente, quien previa comprobación ordenará el reintegro del salario adeudado con carácter retroactivo, desde la fecha original de contratación.

Artículo 13. Aguinaldo.- El trabajo del hogar esta sujeto al pago de aguinaldo de Navidad a partir del tercer mes, con el pago de un salario o duodécimas si el servicio no alcanza a un año, de conformidad a lo dispuesto por la Ley General del Trabajo.

Artículo 14. Prohibiciones.- Todo Trabajo debe ser remunerado en moneda de curso legal, quedando prohibido el pago fraccionado del salario, o en especie. Así como la retención por parte del empleador de los efectos personales del trabajador, debiendo acudirse a la autoridad competente si se alega las causales del Art. 20 de la presente ley.

El empleador no podrá deducir o retener suma alguna que rebaje el salario, por concepto de alquiler, habitación, luz, agua, alimentación, atención médica y otros.

Artículo 15. Retiro.- Cuando el empleado fuera retirado injustificadamente y por causal ajena a su voluntad, el empleador deberá indenminizarle por el tiempo de servicios con una suma equivalente a un mes de sueldo por cada año de trabajo continuo, si el servicio no alcanza a un año se pagará duodécimas de manera proporcional a los meses trabajados, incluyendo los tres meses de prueba, tomando como factor de cálculo el salario percibido en los tres últimos meses.

Para efectos del pago de desahucio e indemnización por retiro forzoso o voluntario, el tiempo de servicios se computara a partir de la fecha en que estos fueron contratados verbalmente o por escrito incluyendo los tres meses de prueba.

Artículo 16. Término de prueba.- El trabajo del hogar esta sujeto a un término de prueba de 3 meses, pasado éste período se adquieren los derechos establecidos por la presente ley.

Artículo 17. Pre-aviso.- El pre-aviso de retiro por parte del empleador será de 30 días y por parte del trabajador de 15 días, si las partes omitieran el pre-aviso de retiro deberán pagar por concepto de desahucio, una suma equivalente al salario de los períodos establecidos.

Artículo 18. Indemnización.- Si el trabajador tuviere cinco o más años de servicios continuos y se retira voluntariamente, tendrá derecho a percibir indemnización por todos los años de servicio.

Si el trabajador se retira voluntariamente antes de cumplir los cinco años, no tiene derecho a la indemnización ni desahucio.

Artículo 19. Acumulación de derechos.- Los derechos adquiridos por los trabajadores cada cinco años si no se acogen al retiro voluntario o cuando no hayan sido pagados, serán acumulados. Si el trabajador es despedido en aplicación del Art. 20 de la presente ley, la pérdida de sus beneficios sociales sólo se aplicará al quinquenio vigente sin afectar los anteriores de conformidad a lo dispuesto por el D.L. 11478.

Artículo 20. No procede el pago de derechos laborales.- No habrá lugar al pago de derechos laborales cuando concurran las siguientes causales:

a) Perjuicio material causado con intención a los instrumentos de trabajo y bienes del empleador.

b) Inasistencia injustificada por más de 6 días continuos.

c) Incumplimiento parcial o total del contrato de Trabajo.

d) Abuso de confianza, robo, hurto.

e) Vías de hecho injurias, conducta inmoral.

f) Malos tratos a niños y ancianos que formen parte del grupo familiar.

g) No se requiere de pre-aviso de despido en caso de enfermedad contagiosa de los trabajadores del hogar, en cuyo caso no se paga desahucio, reconociéndose los demás derechos laborales establecidos en la presente ley.

Artículo 21. Obligaciones del empleador.-

a) Brindar al trabajador del hogar, un trato considerado, respetuoso acorde la dignidad humana, absteniéndose de maltratos físicos o de palabra.

b) Proporcionar a los trabajadores que presten servicios con vivienda, una habitación adecuada e higiénica; con acceso a baño y ducha para el aseo personal; la misma alimentación que consume el empleador; adoptar medidas necesarias para precautelar la vida, salud y moralidad del trabajador.

c) Otorgar permiso y facilitar estudios en escuelas, instrucción básica, técnica o profesional en horarios que no interfieran con la jornada laboral, previo acuerdo de partes.

d) En casos de enfermedad, accidente, o maternidad se deberá proporcionar los primeros auxilios y traslado inmediato por cuenta del empleador al hospital, si el trabajador no estuviera asegurado a la Caja Nacional de Salud, el empleador cubrirá los gastos que demande la atención médica.

e) Otorgar certificado de trabajo de conformidad a lo dispuesto por el Art. 16 del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo.

f) Otorgar el descanso pre y post natal de 45 días antes y 45 días después del alumbramiento.

Artículo 22. Obligaciones de los trabajadores.-

a) Guardar el debido respeto y consideración al empleador, su familia y personas que eventualmente concurran al hogar donde presta servicios.

b) Cuidar diligentemente los muebles, enseres y menaje que estén bajo su responsabilidad.

c) Cumplir con responsabilidad las tareas encomendadas y con el contrato de trabajo.

Artículo 23. Inamovilidad por maternidad.- La trabajadora del hogar embarazada, gozará de inamovilidad en su fuente laboral durante un año, de conformidad a lo dispuesto por la ley 975 de 2 de mayo de 1988.

Artículo 24. Denuncia por abuso, perversión, acoso sexual.- La Brigada de Protección de la mujer y Familia, Policía Ministerio Público y las autoridades competentes en lugares alejados, podrán recibir quejas o demandas de trabajadores del hogar sobre hechos de perversión; degeneración; abuso; acoso sexual, por parte de empleadores, hijos, parientes y otros, pudiendo iniciarse las investigaciones correspondientes por parte de las autoridades competentes.

La institución que procese o compruebe la denuncia, deberá remitir de inmediato los antecedentes del hecho a la Inspectoría de Trabajo para la regulación del pago de salarios y beneficios sociales, sin que se suspendan las acciones correspondientes.

De igual manera el empleador podrá recurrir a las instituciones mencionadas en el presente artículo en caso de que el trabajador del hogar cometa abusos, actos inmorales, agresión física o de otra índole, contra los integrantes de la familia donde presta servicios.

Disposiciones transitorias.- La presente ley queda sujeta a la reglamentación correspondiente:

Derogaciones.- Quedan derogadas todas las disposiciones contrarias a la presente ley.

Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional a los……… del mes de………de 2002 años.